EPA junio 2026: a por los 23 millones trabajando

Los recientes datos de empleo y paro confirman que la economía española lleva 6 años creando empleo (hay 22,77 millones de personas trabajando, casi 3 millones más que antes de la pandemia) y bajando el paro, ahora por debajo del 10% (9,87%), algo que no sucedía desde marzo de 2008, con 6 autonomías por debajo del 8%. El motor de este pujante empleo es el fuerte crecimiento de la economía, empujado por el consumo, el turismo, las exportaciones, los Fondos europeas y los inmigrantes (ya hay 3,75 millones de extranjeros trabajando). Ahora se espera alcanzar los 23 millones de ocupados este año y superar los 24 millones en 2029.  Pero no podemos “dormirnos en los laureles”, porque tenemos más paro y menos empleo que Europa. Además, la incertidumbre internacional podría reducir el crecimiento y el empleo. Urge estar vigilantes y preparar medidas para fortalecer el empleo si hay problemas en los próximos meses. Hay que reciclar a los parados de larga duración y reformar de una vez las oficinas de empleo, que funcionan mal.

                           Enrique Ortega

El 2º trimestre del año suele ser bueno para el empleo, por la Semana Santa (cayó en abril) y por los contratos previos al verano. Este año 2026, tras un primer trimestre donde cayó el empleo (-170.300), el 2º trimestre ha seguido la tradición y se han creado 486.000 nuevos empleos, según la EPA publicada este martes, algo menos que la primavera de 2025 (+503.000 empleos). Con ello, se afianza  la recuperación del empleo iniciada en el verano de 2022, tras la pandemia, y la ocupación en España va camino de los 23 millones de personas: había 22.779.000 personas trabajando a finales de junio, la mayor cifra de ocupados de nuestra historia. Y 2.974.100 personas más trabajando que a finales de 2019.

Para valorar el carácter histórico de los 22,77 millones de ocupados basta hacer un repaso al empleo en los últimos 60 años: en 1965 había 12 millones de personas trabajando en España (12.024.150) y una cifra similar a la muerte de Franco (12.857.720 en 1975), para caer después a un mínimo histórico en 1985 (11.004.200 trabajando, por la reconversión industrial) y remontar a finales de siglo (14.689.830 ocupados en 1999). A partir de ahí, los ocupados crecen, hasta 16,6 millones en 2002, 18,9 millones en 2005 y se alcanza el máximo en septiembre de 2007 (20.753.500 ocupados). Con la crisis financiera, el empleo cae año tras año hasta alcanzar el mínimo en diciembre de 2013 (17.135.200 ocupados). Luego se recupera poco a poco, para cerrar 2019 con 19.966.900 trabajadores. Y la pandemia hunde el empleo a otro mínimo en 2020 (18.607.300 ocupados en junio). Pero a partir de este suelo, el empleo se recupera con fuerza y supera los 20 millones en marzo de 2022 (20.084.799) y los 21 millones en junio de 2023 (21.056.600), para superar ahora los 22,77 millones de trabajadores, 10 millones más de personas trabajando que hace 60 años.

En el 2º trimestre, el aumento del empleo ha sido gracias a los servicios (+397.400 empleos), sobre todo la hostelería y el turismo, pero también han creado empleo la construcción (+56.600) y la industria (+38.200), cayendo sólo en la agricultura (-6.200 empleos).  El empleo se ha creado básicamente en el sector privado (+501.600 empleos) y se ha perdido en el sector público (-15.600 empleos), por el fin de contratos en enseñanza y sanidad, según la EPA de junio. La creación de empleo se ha repartido casi por igual entre los hombres (+236.300 empleos) que entre las mujeres (+249.700). Y ha sido porcentualmente mayor la creación de empleo entre los menores de 25 años (+120.500 empleos) y entre los que tienen de 25 a 39 años (+201.200 empleos). Esta vez, la mayoría del empleo creado ha sido para extranjeros (+356.300 empleos, por el efecto de la regularización: ya hay 3.756.900 extranjeros trabajando en España) y ocupados con doble nacionalidad (+102.100 empleos: hay 1.249.100 trabajando), creciendo menos el empleo de los españoles (+143.800). Por autonomías, donde más creció porcentualmente el empleo fue en Baleares (+108.000), aumentando mucho en Cataluña (+130.800), Andalucía (+63.400) y Madrid (+62.100), cayendo sólo el empleo en Canarias (-25.100) y Galicia (-6.100).

La importante mejora del empleo en el 2º trimestre (+486.000 empleos) no se traducido toda en una bajada similar del paro (-213.300 parados), porque en paralelo han aumentado los españoles activos, las personas que buscan trabajo ahora: los “activos” han aumentado en +272.700 personas, impidiendo bajar más las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay 452.500 personas más buscando trabajo que hace un año). Y hay un récord histórico de adultos “activos” (trabajando y buscando trabajo): 25.274.300 activos, 2,11 millones más que antes de la pandemia (23.158.800 “activos” a finales de 2019). Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo.

El  paro ha bajado en el 2º trimestre (-213.300 parados) gracias a los servicios (-170.300 parados), por el tirón en el turismo, la hostelería y el comercio, y a los que perdieron su primer empleo hace un año (-57.700 parados ahora), mientras baja poco el paro en el campo (-22.400), la industria (-10.900) y la construcción (-5.400), con 53.400 jóvenes que buscan su primer empleo, según la EPA de junio. El desempleo baja más entre las personas de 25 a 54 años (-185.100 parados), los de más de 55 años (-47.800) y los de 16 a 19 años (-33.700 parados), aumentando sólo entre los que tienen de 20 a 24 años (+33.700 parados). Y baja el doble el paro entre las mujeres (-145.400) que entre los hombres (-67.900 parados), reduciéndose lo mismo entre españoles y con doble nacionalidad (-106.600) que entre extranjeros (-106.600 parados). Por autonomías, el paro baja porcentualmente más en Baleares (-47.400 parados), destacando la caída en Cataluña (-92.600 parados), Comunidad Valenciana (-23.200), Galicia (-14.900) y País Vasco (-12.400 parados). Y el paro sube sólo en Andalucía (+5.400), Murcia (+3.410), Asturias (+900) y Extremadura (+600 parados).

La cifra total de parados EPA baja de los 2,5 millones  (2.495.300 parados a finales de junio 2025), algo que no pasaba desde junio de 2008 (2.385.700 parados) y que supone 2,5 veces menos de parados que en lo peor de la crisis financiera (6.278.200 parados en marzo de 2013) Y la tasa de paro baja al 9,87%, según la EPA, mucho más baja que antes de la pandemia (13,78% en 2019) y la menor tasa de paro desde marzo de 2008 (9,60%). Eso sí, todavía duplicamos la tasa de paro europea (6% en la UE-27 en junio) y casi triplicamos la alemana (3,9% de paro), según Eurostat. También baja este trimestre la tasa de paro de los jóvenes (menores 25 años), al 23,77% (15,5% en la UE-27).

Hay otros datos preocupantes del paro que también mejoran, según la EPA de junio. El primero, que hay 764.200 hogares con todos sus miembros en paro, 32.700 hogares menos que hace un año. El segundo, que sólo 8 regiones tienen una tasa de paro superior a la media (9,87%) : Ceuta (22.41% de paro), Melilla (20,74%), Andalucía (14,56%), Extremadura  (13,22%), Castilla la Mancha (11,81%), Canarias (11,60%), Comunidad Valenciana (10,88%) y Murcia (10,83% de paro). Y ya tenemos 11 autonomías con una tasa de paro rozando el 8% e incluso por debajo (6,11% de paro Baleares, 7,11% País Vasco, 7,34% Cantabria, 7,58% Madrid, 7,90% Cataluña y 7,94% Galicia). Y el tercero, que bajan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin encontrar trabajo: son 892.500 desempleados, el 35,7 % de todos los parados (eran el 38,8% hace un año).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En mayo de 2026, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.686.936 desempleados: menos de la mitad (47,28%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 1.027,4 euros de media y el resto (52,72%) cobraban un subsidio asistencial de 480 euros. Así que sólo el 73,60 de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.291.982 en junio) cobran algún subsidio. Pero en realidad, con los datos del paro estimado hoy (2495.300 parados), sólo cobran alguna ayuda el  67,6% de los parados EPA (en 2019 cobraban el 61,5%).

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer semestre, el 42,87% de los contratos firmados fueron indefinidos, un porcentaje similar al de la primera mitad de 2025 (42,67%) y de 2024 (43,56% indefinidos), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16.629.300 asalariados con contrato indefinido, el 84,9% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021, antes de la reforma laboral). Lo que también crece son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+22.600 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados (3.116.500 en junio), sobre todo por las mujeres (el 71,44% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero algo menos que en 2025, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +2,8% en 2025). El último cuadro macroeconómico, aprobado por el Gobierno el 29 de junio, prevé que crezcamos este año más de lo esperado en abril (+0,4%), a pesar de los conflictos geopolíticos y los altos precios de la energía, con lo que esperan que el empleo crezca en 2026 un +2,4% (+539.119 nuevos empleos), algo menos que en 2025 (+605.400 empleos), pero más de los empleos creados en 2024 (+468.100 empleos). Con ello, la previsión del Gobierno es alcanzar los 23 millones de personas trabajando a finales de 2026 ( y una tasa de paro del 9,9%). Y esa estimación prevé que el empleo siga creciendo (menos) en los años siguientes para superar los 24 millones de empleados en 2029 (4 millones más que en 2019), con una tasa de paro entonces del 8,5%.

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el 2º país de Europa (tras Finlandia) con la mayor tasa de paro: 9,87% en España frente al 5,9% en la UE-27 y el 4,9% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: en marzo de 2026,  trabajaban el 72,7% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 76,3% que trabajaban en Europa, el 75,2% en Francia o el 81,5% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene todavía 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,6 millones de españoles menos de los que deberían  trabajar si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar y modernizar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”  En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de los parados con más problemas para recolocarse : parados de larga duración (el 35% de todos los parados llevan buscando empleo más de un año), mayores de 55 años (son el 20% de los parados) y los parados con poca formación (el 46% de todos los parados no tienen la 2ª etapa de la ESO o más). Eso exige planes de formación y reciclaje para orientarles a los empleos que más se demandan e incentivos a las empresas que los contraten.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque están colapsadas (se tarda días en conseguir una cita previa para solicitar el subsidio) y además no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 3 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 93.395 empresas y 29.777 ofertas de empleo. Urge reforzar la plantilla de la SEPE (que tiene 2.000 trabajadores menos de los que necesita), mejorar su sistema informático (pésimo) y cambiar la operativa de estas oficinas (gestionadas de forma muy desigual según las autonomías), para que se dediquen menos a tareas burocráticas y más a recolocar a los parados.

En definitiva, todos debemos alegrarnos porque siga creciendo el empleo y haya 22,77 millones de personas trabajando en España, 10 millones más que hace 60 años. Pero todavía trabaja menos gente que en Europa (de los que están en edad de trabajar) y muchos empleos son todavía precarios, demasiados a tiempo parcial y con bajos salarios. Y, sobre todo, muchos empleos se concentran en los servicios, con altibajos en las contrataciones, y todavía pocos en la industria, las empresas tecnológicas y exportadoras, que ofrecen empleos más estables y mejor pagados. Además, no podemos olvidar que hay mucha incertidumbre en la economía mundial, por la geopolítica, las guerras y los nuevos aranceles de Trump, situación que acabará perjudicando al empleo. Así que habrá que estar vigilantes y dispuestos a tomar medidas para salvar estos 22,77 millones de empleos y conseguir que sigan creciendo, hasta esos 24 millones previstos para 2029. Debería ser nuestro gran reto como país.

Los jóvenes, precarios, mal pagados y aislados

Que la situación económica de los jóvenes es alarmante no es noticia, desgraciadamente. Lo más preocupante es que se han beneficiado poco del fuerte crecimiento del empleo tras la pandemia, que siguen teniendo mucho paro y empleos precarios y mal pagados. Y que ahora, con los alquileres y pisos por las nubes, no pueden formar una familia ni emanciparse. Pero además, un reciente informe señala otros dos problemas de fondo para los jóvenes. Uno, que el bajo crecimiento de la población lastra la economía mientras a sus padres les benefició el “baby boom”. Y el otro, que la política y la economía benefician hoy más a los mayores que a los jóvenes, que son menos que los jubilados y no tienen casi protagonismo político. Urge tomar medidas para evitar que malviva toda una generación y acabe siendo utilizada por la extrema derecha. Medidas que van desde la educación y formación a los contratos, los sueldos y condiciones laborales, la conciliación laboral y, sobre todo, la vivienda.

                           Enrique Ortega

El fuerte crecimiento económico de España tras la pandemia se ha traducido en un récord de nuevos empleos, pero los jóvenes se han beneficiado menos de ellos que el resto de la población. Los datos son elocuentes: la ocupación aumentó en casi 1,8 millones de personas (+1.798.500) entre finales de 2019 y marzo de 2025, según la EPA y sólo un 22% de estos nuevos empleos fueron para menores de 30 años (+403.400 empleos) mientras los mayores de 45 años aumentaron su ocupación en +1.734.600 empleos. Los jóvenes de 16 a 19 años sólo aumentaron su ocupación en +8.600 empleos (+5,8%), los de 20 a 24 años en 186.600 empleos (+20,5%) y los de 25 a 29 años en +208.200 empleos (+12,1%), mientras los mayores de 55 años, por ejemplo, ganaron +1.066.400 empleos (+29,42%). 

Y lo mismo pasa con el paro: se redujo de 3.191.900 desempleados a finales de 2019 a 2.789.200 en marzo de 2025 (-402.700 parados), según la EPA, pero sólo bajó el desempleo de los jóvenes (16-24 años) en -12.500 parados (-2,70%), mientras bajaba el paro en 422.000 personas (-19,02%) entre los de 25 a 54 años y subía en +31.000 parados (+6%) entre los mayores de 55 años, por el aumento del paro de larga duración. Y el paro juvenil  (menores 25 años), aunque ha bajado (del 30,5% en 2019 al 25,6% en marzo de 2025), es todavía casi el doble del europeo (14,8%) y cuatro veces el de Alemania (6,8%), según Eurostat.

Así que el crecimiento, el empleo y la bajada del paro han beneficiado menos a los jóvenes, que tienen un problema de entrada: tardan varios años en colocarse y tienen una tasa de empleo más baja que el resto de la población y que en el resto de Europa. Así, en España, la tasa de empleo es del 42,3% entre los 16 y 29 años (trabajan menos de la mitad de los que podrían hacerlo), mientras es del 67% para el conjunto de la población (16 a 64 años). Y si comparamos a nuestros jóvenes con Europa (la estadística de Eurostat se refiere a los jóvenes de 15 a 29 años), en España trabajan el 40,3%, frente al 49,5% en la UE-27, el 62,9% en Alemania, el 48,6% en Francia y el 34,4% en Italia.

Trabajan menos jóvenes en España por 2 razones, según los expertos. Una, por el modelo económico español, que tiene empresas más pequeñas y un menor peso de la industria y la tecnología, con un exceso del sector servicios, que ofrece un empleo más vulnerable. Y la otra, por la menor formación de los jóvenes españoles, con más universitarios pero menos con formación media y FP: hay una “brecha” del 37% entre los empleos que buscan las empresas y la formación de los jóvenes que buscan empleo, según un informe de McKinsey. Y además, eso provoca que España sea el país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en la UE-27.

El siguiente problema de los jóvenes, cuando ya encuentran un empleo, es que suele ser muy precario y mal pagado. En 2024, el 60,5% de los contratos de los menores de 30 años fueron temporales, según un reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y además, muchos contratos de los jóvenes son a tiempo parcial, por horas o días: más de la cuarta parte de los jóvenes que trabajan (el 27,7%) tienen uno de estos contratos a tiempo parcial, el doble que el conjunto de trabajadores (la parcialidad global afecta al 14,1% de los ocupados). En consecuencia, en 2024 había 852.900 jóvenes (16 a 29 años) trabajando a tiempo parcial (la mayoría, 518.600, mujeres jóvenes). Y lo más preocupante es que casi la mitad de estos jóvenes que trabajan menos horas (el 46%) lo hacen porque no encuentran un trabajo a jornada completa, según los datos de la EPA.

Con tantos empleos temporales y a tiempo parcial, la consecuencia es que el sueldo de los jóvenes es más bajo que el del resto de los trabajadores.: el salario medio bruto de los menores de 30 años es de 1.558 euros mensuales, un 27% más bajo que la media de sueldos en España, según el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y por franjas de edad, hay sueldos aún más bajos: 11.313,36 euros brutos de media ganan los menores de 20 años (el 40% de la media nacional), 15.364 euros es el sueldo medio de los que tienen de 20 a 24 años (el 55% de la media) y 21.039 euros el sueldo anual de los que tienen entre 25 y 29 años (el 75% de la media nacional), según la Encuesta de salarios del INE (2023).

Además de estos bajos sueldos brutos, el sueldo neto de los jóvenes es también bajo, porque pagan impuestos y cotizaciones. Aunque muchos jóvenes no declaran, por sus bajos sueldos, soportan una alta carga fiscal por pago de cotizaciones sociales e IVA. Así, los jóvenes menores de 20 años pagan un 6,45% de su sueldo bruto (11.313 euros anuales) en cotizaciones, los que tienen de 20 a 24 años (y ganan 15,364 euros) pagan un 7,31% entre IRPF más cotizaciones y los que tienen entre 25 y 29 años (que ganan 21.039 euros brutos) pagan un 18,56% entre IRPF y cotizaciones, según el Consejo de Economistas. Y a la hora de comprar y pagar el IVA, los menores de 35 años son los que dedican más parte de sus ingresos a pagar IVA: el 7,7%, frente al 6,6% los que tienen entre 55 y 64 años, el 6,4% los que tienen entre 65 y 74 años y el 6,3% los mayores de 75 años.

Además de la precariedad y los bajos sueldos, los jóvenes llevan una década sufriendo el disparatado precio de la vivienda, tanto la compra (los pisos han subido un +55,4% entre 2014 y 2024) como el alquiler (+81% subida desde 2024). Mientras la mayor parte de sus padres tienen su casa en propiedad (el 70%), sólo el 42% de los hogares jóvenes ha podido comprar o acceder a una vivienda. Y la mayoría tiene que alquilar, algo difícil porque apenas hay alquileres disponibles (cada oferta tiene 35 potenciales inquilinos) y porque su precio está disparado (1.305 euros de media en España, 1.953 euros en Madrid y 2.151 en Barcelona, según Idealista) y obliga a los jóvenes a destinar el 40% y más de su sueldo a pagar el alquiler, algo que limita su emancipación y su movilidad geográfica.

De hecho, los jóvenes se emancipan en España a los 30,3 años (era a los 28,4 años en 2008), frente a los 26,4 años en la UE-27 y los 23 y 24 años a los que se emancipan en Francia o Alemania. Y además, muchos jóvenes, al no ver oportunidades en España, emigran: entre 2021 y 2024 han salido de España 650.000 jóvenes de 18 a 35 años, buscando una oportunidad laboral y vital en el extranjero, según el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. En paralelo, muchos jóvenes no pueden irse a trabajar a otra ciudad distinta a la que viven sus padres (en la hostelería o como profesores, médicos o policías) porque no pueden pagar allí el elevado alquiler (caso de Madrid, Barcelona y las islas).

Junto a todos estos problemas, los jóvenes españoles sufren una “doble desventaja estructural”, según el reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. La primera, que la demografía no les ayuda (como a sus padres) sino que les supone ahora un lastre: si en el siglo pasado (entre 1980 y 1999), el crecimiento per cápita creció mucho (+59,4%), en gran parte fue por la demografía, el “baby boom” (aportó un 11,15%). Pero ahora, entre 2000 y 20129, el crecimiento per cápita ha sido la tercera parte (+20,34%) ha sido porque la demografía (pocos nacimientos) ha lastrado el crecimiento (-2,76%). A lo claro: la demografía frena ahora el crecimiento de los jóvenes mientras empujó el de sus padres.

La otra desventaja, más polémica, es que la política económica y las prioridades de los Gobiernos son los mayores y no los jóvenes, porque son más y votan, según el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Si en los años 80 y 90, los padres de los jóvenes actuales protagonizaban la economía y la política, sus hijos “no tienen aliados”, según el estudio, que insiste en el protagonismo económico y político de los mayores. Y se apoyan en que las pensiones se llevan ya el 30% del gasto público y suponen el 12,9% del PIB, siendo “las más generosas de Europa”: la pensión pública  representa el 77% del último salario en España, frente al 62,6% en Paises Bajos, el 59,3% en Italia, el 41,6% en Francia o el 36,8% en Alemania, según datos de Eurostat (2022).

En definitiva, el estudio señala que hay un desequilibrio en las prioridades y el gasto a favor de los mayores (que son más: 10 millones de españoles tienen más de 65 años) y en perjuicio de los jóvenes (hay 7 millones entre los 18 y 30 años), que además se encuentran socialmente más aislados, “pasando de la política” y sin cauces propios de representación institucional (salvo la “atracción” por la extrema derecha en muchos casos). Por eso, estos expertos piden “reequilibrar el contrato generacional”, destinar más recursos a las políticas juveniles y a mejorar la productividad de la economía, para alentar un crecimiento de fondo, al margen de la demografía. Y por eso piden que se cumpla una regla sencilla: por cada nuevo euro que España gaste en mayores, que se gaste otro euro en políticas dirigidas a los jóvenes. Y que en todas las nuevas Leyes y en el Plan de recuperación en marcha, se tenga en cuenta el impacto sobre los jóvenes.

Además de orientar más la política y la economía a los jóvenes, los expertos coinciden en la necesidad de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario sigue sin aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace más de 700 días). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas hoy escasas e ineficaces.

En resumen, que la situación de los jóvenes es cada vez más preocupante en España, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Jóvenes sin oportunidades

La OCDE ha dado la alerta en su reciente informe sobre España: los casi 7 millones de jóvenes españoles tienen serios problemas de altísimo paro, poco empleo y precario, bajos sueldos y difícil acceso a la vivienda, lo que hace que dos tercios sigan viviendo con sus padres. Y el 16% de nuestros jóvenes  tienen problemas de salud mental. Toda esta preocupante situación de los jóvenes es “un lastre para el potencial de crecimiento futuro de España”, advierte la OCDE.  Y propone medidas para mejorar la formación de los jóvenes, de la escuela a la Universidad, potenciando la Formación Profesional y contando más con las empresas para saber los perfiles que necesitan. También mejorar las oficinas de empleo, que hoy no sirven para colocar a los jóvenes. Promover viviendas en alquiler para jóvenes, además de ayudas autonómicas que hoy no funcionan. Y un Plan de empleo juvenil para incentivar su contratación y ofrecerles empleos decentes. Hay que dar más oportunidades a los jóvenes: nos jugamos el futuro.

   

                 Enrique Ortega

En España hay casi 7 millones de jóvenes entre 16 y 29 años (6.906.808 en 2022), un 14,5% de toda la población, según el INE. De ellos, el 46% trabajan (3.178.500 a finales de septiembre de 2023), otro 41,3% estudian (2.852.511) y el 12,7% restante (877.164 jóvenes) ni estudian ni trabajan, son “ni-nis”: España es el 4º país europeo con más jóvenes “ni-nis”, tras Rumanía (19,8%), Italia (19%) y Grecia (15,4%), por encima de la media europea (11,7%) y sobre todo de Paises Bajos (sólo el 4,2% jóvenes son “ni-nis”), Suecia (5,7%), Portugal (8,4%), Alemania (8,6%), Irlanda (8,7%), Finlandia (9,5%) y Francia (12%).

El problema de fondo de muchos jóvenes españoles empieza en su educación, insuficiente en muchos jóvenes, señala el informe de la OCDE, que habla de que “salen de sus estudios con pocas habilidades”. De hecho, España es uno de los paises occidentales con más porcentaje de jóvenes poco formados: el 26,5% de los jóvenes de 25 a 34 años tiene sólo la ESO o menos, frente al 12,2% en Europa (UE-25) y el 13,8% en la OCDE, según el informe Panorama de la Educación 2023 de la OCDE. Y por el otro lado, España es uno de los paises occidentales con más jóvenes universitarios: el 50,5% de los jóvenes (25 a 34 años) tiene un título, frente al 44,7% en la UE-25 y el 47,2% en la OCDE. Pero, en cambio, tenemos pocos jóvenes con una formación intermedia (Bachillerato o FP), la que consigue muchos empleos: la tienen el 22,9% de los jóvenes españoles frente al 43,1% de los europeos y el 39,4 % en la OCDE. Y ello se debe, en gran medida, al poco peso de la Formación Profesional (FP) en España: sólo la cursaban (en 2021) el 24% de los que estudian al terminar la ESO (la mayoría hacen Bachillerato), frente al 37,2% en Europa, el 55% en Paises Bajos, el 51,5% en Italia, el 36,9% en Francia y el 32,1% en Alemania, según la OCDE.

En definitiva, tenemos muchos jóvenes con poca formación, demasiados que estudian carreras sin salida y pocos con estudios intermedios y FP, lo que más buscan las empresas. Una formación deficiente, que es fruto de nuestro menos gasto en educación, de unos planes de estudios muy memorísticos y poco prácticos, un profesorado insuficiente y precario (que precisa reciclarse) y una enseñanza pública colapsada por alumnos con problemas. Todo ello se traduce en altas tasas de repetición de los jóvenes (un 7,6% en ESO, el porcentaje más alto en Europa, donde sólo repiten curso el 2,2%) y en un mayor abandono escolar temprano (jóvenes que no estudian al acabar la ESO): un 13,9% en España frente al 9,7% en la UE. Además, los jóvenes españoles tienen peores resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según los informes PISA.

Con esta deficiente formación, a los jóvenes españoles les resulta más difícil trabajar que al resto de jóvenes europeos, también porque nuestra estructura económica (más pymes,  más servicios y menos industria, menos innovación y tecnología) ofrece menos empleo (75% de los adultos europeos trabajan frente al 64,5% de españoles). El informe de la OCDE revela que son más los jóvenes españoles que van directamente al paro al acabar sus estudios (el 9%, frente al 4% en la UE, el 2% en Alemania y el 3% en Holanda) y menos los que encuentran directamente un trabajo. La mayoría han de esperar 4 años o más, en el subempleo y en empleos precarios. Y al final, la tasa de ocupación de los jóvenes españoles no llegaba al 40% en 2022 (38,8% entre 15 y 29 años), según Eurostat, mientras en la UE-27 trabajan casi la mitad de los jóvenes (49,2%), el 79,3% en Paises Bajos, el 64,2% en Dinamarca, el 63,9% en Austria, el 61,7% en Alemania, el 58,7% en Irlanda, el 57,2% en Finlandia y Suecia, el 48,6% en Francia o el 43,1% en Portugal, estando sólo peor en Italia (33,8% jóvenes trabajando) y Grecia (33,1%).

Además de trabajar menos, los jóvenes españoles tienen trabajos muy precarios. Por un lado, tienen un mayor porcentaje de contratos temporales que el resto de españoles, aunque esta temporalidad se ha reducido con la reforma laboral de 2022: un 68,11% de los contratos son temporales entre que trabajan entre 16 y 19 años, un 47,86% entre 20 y 24 años y un 26,48% entre 25 y 48 años, frente al 17,25% de contratos temporales entre todos los españoles que trabajan, según la EPA de septiembre. Y esa tasa de temporalidad de los jóvenes en España (35% entre los 16 y 29 años) es el triple que la media europea. Además, los jóvenes tienen un mayor porcentaje de empleo a tiempo parcial (por horas o por días): el 48,6% de los jóvenes que  trabajan con 16 a 19 años, el 30,9% de los ocupados con 20 a 24 años y el 14,3% de los que trabajan con 25 a 29 años. Eso da una media de un 22,5% de contratos a tiempo parcial entre los jóvenes (16 a 29 años), frente al 12,6% con trabajo parcial entre todos los ocupados en España. Y lo más importante: el 44% de los jóvenes que trabajan pocas horas(o días) lo hacen “obligados”, porque no encuentran un trabajo a tiempo completo, mientras en Europa sólo les pasa esto al 17% de los jóvenes que trabajan a tiempo parcial, según este informe de Trabajo.

Los jóvenes no sólo tienen trabajos más precarios, más contratos temporales y a tiempo parcial, sino que un tercio largo están “sobre cualificados”, realizan un trabajo para el que no necesitan la alta formación que tienen (economistas trabajando en un bar o abogadas de cajeras de supermercado): España lidera la sobre cualificación en la UE, con un 36,1% de nuestros universitarios, frente al 22,1% de los licenciados europeos, según Eurostat.

Con tanto empleo precario, los jóvenes españoles tienen sueldos más bajos que el resto de trabajadores: si el sueldo medio en España era de 25.896,22 euros brutos en 2021 (1.900 euros netos al mes en 12 pagas), según el INE, un joven de menos de 20 años ganaba casi la tercera parte (9.180 euros brutos, 675 euros netos al mes en 12 pagas),  un joven de 20 a 24 años ganaba la mitad (13.224 euros brutos, menos de 1.000 euros mensuales en 12 pagas) y un ocupado con 25 a 29 años ganaba una cuarta parte menos (19.089 euros brutos, sobre 1.400 euros netos al mes en 12 pagas). En definitiva, el sueldo medio de los menores de 29 años ronda los 13.830 euros brutos al año, la mitad que el conjunto de trabajadores. Y  los universitarios ganan menos de 1.500 euros al mes en los 4 años siguientes a licenciarse, según un estudio del BBVA e IVIE.

Estos bajos ingresos de los jóvenes les llevan a muchos a una situación real de pobreza y exclusión social, que se considera cuando alguien gana menos del 60% de los ingresos medios del país. En España, en 2022, había 9.522.000 personas en situación de pobreza, un 20,4% de los españoles, según los datos oficiales publicados por el INE. Y de ellos, 1.474.000 eran “pobres jóvenes”, de 16 a 29 años, según la EAPN. En consecuencia, los jóvenes son el 2º grupo de edad con más tasa de pobreza (el 22,5%), solo por detrás de los niños (27,7% de menores de 16 años viven en hogares “pobres”) y por encima de la tasa de pobreza de los de 30 a 44 años (19,2%), de 45 a 64 años (18%) y de los jubilados (18,7% pobres).

Con estos ingresos tan bajos, a los jóvenes les cuesta mucho emanciparse y aún más formar una familia, sobre todo en la última década, al haberse disparado los alquileres: han subido un +68,7% desde 2014 hasta ahora, según Idealista, y el alquiler medio está ya en 11,8 euros por metro cuadrado, lo que implica que un piso de 90 m2 se alquila ya por 1.062 euros (y por mucho más en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades). Si el sueldo medio de un joven era de 1.089 euros en 2022 (según el Consejo de la Juventud), pagar un alquiler le suponía de media el 83,9% del sueldo. Y sumando los recibos obligatorios, se “comería” el 93,6% del sueldo.

 Por eso, la mayoría de los jóvenes españoles no pueden emanciparse, como alerta el reciente informe de la OCDE sobre España: el 66% de nuestros jóvenes (de 18 a 34 años) viven con sus padres, frente a una media del 49% en la UE-27. Y somos el 4º país europeo donde más jóvenes siguen viviendo con sus padres, tras Grecia (72% no se emancipan), Portugal (71%) e Italia (69%).Y este altísimo porcentaje de jóvenes que siguen viviendo  con sus padres (66%) contrasta con el bajísimo porcentaje en los paises nórdicos (13% en Suecia, 16% en Dinamarca) y el bajo porcentaje en centro Europa (31% jóvenes viven con sus padres en Alemania, 36% en Paises Bajos, 37% en Reino Unido, 43% en Francia y 44% en Bélgica), según el informe de la OCDE.

Esta imposibilidad de independizarse (el 65% de los jóvenes que viven con sus padres querrían dejar el hogar familiar), junto al elevado paro juvenil (el 27,8% de los menores de 25 años están en desempleo en España, el doble que en la UE-27, con 14,2% de paro, y cinco veces el paro de los jóvenes alemanes, el 5,8%), la tremenda precariedad de su trabajo y el bajo sueldo de la mayoría provocan una gran insatisfacción en los jóvenes y aumentan su desinterés por participar en la sociedad donde viven y en la política. Y esa insatisfacción se manifiesta además en problemas de salud mental: un 16% de los jóvenes españoles encuestados por la OCDE reconocen haber sufrido algún trastorno mental (más del doble que en 2017). Y sólo la mitad buscó ayuda profesional. Otro estudio reciente, de la Fundación Mutua y FAD Juventud, alerta que el 59,3% de los encuestados (de 15 a 29 años) “reconocen padecer problemas de salud mental”. Y un 31,7% de ellos están tomando fármacos por ello.

Este informe de la OCDE sobre España es tajante, tras analizar esta falta de oportunidades de nuestros jóvenes, su baja tasa de emancipación y su preocupante salud mental: “es un lastre para el potencial futuro de España”. Y a continuación, la OCDE aporta una serie de medidas para corregir lo que considera un hecho: que los jóvenes españoles “tienen más difícil que los de otros paises de su entorno la transición a una vida adulta independiente, productiva y feliz”. Proponen  al futuro Gobierno actuar sobre todo en la educación, el empleo, la vivienda y la salud mental de los jóvenes.

El primer conjunto de medidas que proponen se refieren a la mejora de la educación, desde la escuela a la Universidad, con programas concretos para reducir el abandono escolar, la mejora de la formación de los docentes y una enseñanza que mejore las habilidades de los alumnos. Y se centran sobre todo en potenciar más la Formación Profesional, donde faltan plazas públicas (300.000 según los sindicatos) y donde la nueva formación dual (que contempla impartir entre un 25% y un 35% de prácticas, unas 500 horas anuales) exige más de 1 millón de empresas que colaboren. Y sobre la formación universitaria, la OCDE pide que las empresas participen más con las Universidades en los planes de estudio.

Otro frente donde proponen cambios es en las políticas de empleo, para que las oficinas públicas de empleo ayuden más a los jóvenes a colocarse, sobre todo a conseguir el primer empleo (ahora, sólo el 2% encuentra empleo gracias a las oficinas de empleo). Advierten que los jóvenes españoles apenas acuden al SEPE: sólo el 25% contactan con las oficinas para buscar trabajo, frente al 53% que lo hacen en la UE o el 52% en Francia. Proponen más gasto y más personal (España destina la mitad que Europa) para conseguir que los jóvenes tengan más acceso a un trabajo, como se hace por ejemplo en Holanda.

Otra propuesta de la OCDE es que España aumente el parque público de viviendas, que sólo son 300.000 viviendas,  el 2,5% del parque total, frente al 9,3% en Europa (el 30% en Paises Bajos, 17,5% en Reino Unido y el 5% en Alemania). Urge promover más viviendas en alquiler (públicas y privadas), para afrontar los 120.000 viviendas que se necesitan cada año (y sólo se terminan 80.000), la mayoría para los jóvenes. Y mejorar las ayudas públicas a los jóvenes que conceden las autonomías, que la OCDE considera insuficientes: sólo benefician al 10% de los jóvenes en Madrid, por ejemplo, según lo que ingresan los jóvenes (los que ganan menos de 1.800 euros) y que el alquiler sea inferior a 900 euros al mes. Y además, la OCDE propone más atención a la atención pública mental de los jóvenes españoles.

En resumen, la OCDE propone mejorar las oportunidades de los jóvenes españoles, con más  empleo, mejores sueldos y alquileres más asequibles, para lo que se deben mejorar la educación y la contratación de los menores de 29 años, su inserción laboral, las ayudas al alquiler y a su salud mental. Urge mejorar el empleo de los jóvenes, su trabajo y su sueldo, facilitarles una vivienda y formar una familia. Conseguir que vivan mejor que nosotros.

La apuesta por la Formación Profesional (FP)

Este lunes, la Comisión Europea alertó a España sobre 2 problemas graves de nuestra economía: la elevada deuda y el paro, que duplica la media europea. Un paro muy relacionado  con la baja formación de los españoles, incluidos los jóvenes, que apenas estudian Formación Profesional (FP), a pesar de que con una profesión encuentran más fácil trabajo que con Bachillerato o una carrera. Por eso, en la última década, con la crisis, ya estudian FP el doble de jóvenes. Pero aún son pocos. La nueva Ley de Formación Profesional, que entró en vigor en abril, quiere multiplicar las plazas y cambiar la enseñanza de FP, haciendo que los alumnos estudien y hagan prácticas a la vez. Y acreditará una competencia profesional a 4 millones de trabajadores formados pero sin un certificado. El objetivo es aumentar la formación de jóvenes y trabajadores, para que consigan mejor empleo y bajar el paro a niveles europeos. Hará falta medios y tiempo.

Enrique Ortega

La Comisión Europea, en su último “examen” de primavera nos ha recordado que tenemos un grave problema estructural de paro, al margen de la coyuntura económica de cada momento: duplicamos siempre la tasa de paro media de la UE-27. En 2013, en lo peor de la anterior crisis, el paro en España llegó al 26,1% de la población activa, más del doble que la media europea (11,6%) y cinco veces el paro alemán, según Eurostat. Luego, en 2019, en plena recuperación, el paro español bajó casi a la mitad (14,1%), pero seguía siendo más del doble del europeo (6,8%) y cinco veces el paro alemán (3%). Y ahora, en marzo de 2022, tras el COVID y la guerra, ha seguido bajando, al 13,5%, pero sigue duplicando con creces el paro europeo (6,2% en la UE-27) y cuadruplicando el paro alemán (2,9%). Y si miramos el paro juvenil (menores de 25 años), el problema es aún mayor: 29,6% de paro juvenil en España, frente al 13,9% en la UE-27 y el 5,5% en Alemania.

¿Por qué España tiene el doble de paro que Europa? Hay varias razones, desde nuestro modelo económico (demasiado peso de los servicios y poca industria: muchos bares y hoteles y pocas manufacturas), el bajo desarrollo tecnológico, el exceso de pymes y la falta de grandes empresas, el menor ahorro e inversión y un menor peso de las exportaciones,  pero, sobre todo, la baja formación de los españoles, que dificulta su empleo. Los últimos datos de la OCDE (2021) son muy elocuentes: el 37,1% de los adultos españoles (25-64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (17,1% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo el 13,9% están poco formados).Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), el problema persiste, aunque algo menos: un 28,3% tienen “poca formación” (ESO o menos) frente a sólo el 12,3% en Europa.

En el caso de los jóvenes, España tiene 2 problemas serios que explican que tengamos el doble de personas poco formadas. Por un lado, la baja calidad de la enseñanza, demasiado “memorística”, que alimenta los alumnos repetidores y rebaja el nivel de comprensión de los adolescentes, según indican los malos resultados en los informes PISA.  Y por otro, tenemos mucho más abandono escolar temprano: un 13,3% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado sus estudios sin acabar la FP o el Bachillerato (y no hacen ninguna formación), frente al 9,7% de media en Europa, según los datos de Eurostat (2021). Además, este abandono escolar temprano es mayor entre los hombres jóvenes (16,7%) que entre las mujeres (9,7%).

En cuanto a los adultos, el problema de la baja formación es que muchos se pusieron a trabajar jóvenes, sin estudios o habiéndolos dejado, con lo que  casi la mitad no pueden acreditar una formación, aunque tengan experiencia. Los datos indican que hay 12.382.300 adultos en edad de trabajar que tienen una profesión acreditada pero también hay 10.478.400 activos que no tienen una profesión acreditada, aunque vivan de ella. Y además, los trabajadores españoles se forman poco en el trabajo, bien porque las empresas no les ofrecen cursos de reciclaje o porque ellos no los hacen. El caso es que en España se dedica una media de 17 horas anuales a la recualificación permanente, frente a 50 horas en Alemania y entre 80 y 85 horas en las empresas líderes mundiales. Y además, en España se da el contrasentido que los fondos de formación, que se pagan con cuotas de empresas y trabajadores, no se usan (el 82% de las empresas no los utilizan) y no se gastan.

En el caso de los jóvenes, se da otro problema peculiar en España: apenas estudian Formación Profesional (FP), quizás por la mala imagen que ha tenido la FP, vinculada a “obreros” y “malos estudiantes. El resultado es que, durante décadas, todos los padres querían que sus hijos fueran universitarios (o al menos “bachilleres”). El fruto de esta percepción es que España, el país de Europa con más paro juvenil, es también uno de los paises con menos jóvenes que estudian FP: sólo un 12% se matricula en Formación Profesional, frente a un 25% de media en la UE-27 y el 40% en Alemania (el país con menos paro juvenil). Y después,  a la hora de elegir en la ESO si hacen Bachillerato o FP, sólo un 36% de jóvenes españoles han elegido FP, frente a un 43% de media en Europa, que sube en el caso de Alemania (45%), Italia (55%) y Reino Unido (65%), según la OCDE.

Con la crisis de 2008-2010, esta situación empezó a cambiar, porque muchos jóvenes veían que no encontraban trabajo con Bachillerato e incluso con una carrera universitaria, mientras las empresas buscaban jóvenes con FP, más preparados para un trabajo concreto. Además, en septiembre de 2018, el Gobierno Sánchez empezó su apuesta por la FP, acompañada después en julio de 2020 con un Plan de Modernización de la Formación Profesional, un proyecto “estrella” del presidente Sánchez y su ministra Celáa, que ya había apostado por la FP como consejera del País Vasco (una autonomía “pionera”, con excelentes resultados en FP).

La crisis, el aumento de ofertas de empleo para la FP y los nuevos Planes dieron un vuelco a la Formación Profesional, que empezó a despegar desde 2012 y sobre todo desde 2019, duplicando el número de alumnos en la última década: de 582.576 matriculados en 2010-2011 se saltó a 861.906 en 2019-2020 y 1.013.912 alumnos matriculados en FP en el actual curso 2021-2022, según los datos de Educación. Y además, este es el 7º curso consecutivo en que los matriculados en FP superan a los que estudian Bachillerato (700.810).

Es un salto importante, pero aún estamos lejos de los jóvenes que estudian FP en Europa. Por eso, el Gobierno Sánchez prometió a la Comisión Europea, dentro de las reformas estructurales vinculadas a recibir los Fondos Europeos, una nueva Ley de Formación Profesional, que aprobó el 7 de septiembre de 2021 y que ha estado debatiéndose medio año en el Congreso y el Senado, donde se aprobó el pasado 23 de marzo, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox y ERC. Ahora, la Ley ya está en vigor, desde el 20 de abril, y tiene 2 objetivos: vincular más la FP a las empresas y reducir el paro juvenil. Y, en paralelo, reconocer en los próximos 4 años un certificado profesional a 4 millones de trabajadores que no tienen acreditadas sus competencias, adquiridas por la experiencia, no por el estudio.

La primera novedad de la nueva Ley de Formación Profesional  es que reformula el sistema en 5 niveles o módulos. Los tres primeros (A, B y C) son cualificaciones para adultos (mayores de 16 años), con una acreditación parcial de competencias(A), un certificado medio de competencias (B) y un certificado profesional de competencias (C), a los que podrán optar los trabajadores que conozcan los oficios pero no tengan una titulación. Serán títulos sin validez académica, pero que les facilitará su trabajo futuro. Los dos niveles siguientes (D y E) tendrán validez académica: el nivel D incluye el grado básico, medio y superior de FP y el nivel E supone un grado mayor de especialización, con cursos de especialista (en grado medio o superior), que incluyen la realización de un tipo de Máster. Los distintos niveles, del A al D, se podrán ir acumulando y acreditando en un Registro estatal de FP.

El segundo gran cambio de la Ley se refiere a la enseñanza de FP en los niveles educativos, el D y el E (especialista). La novedad es que toda la enseñanza será ahora mixta, con teoría en los centros de FP y prácticas en empresas siempre. Así, toda la FP será ahora “dual”, con dos niveles: el “general” (entre el 25 y el 35% de la formación se dará en empresas) y el “intensivo” (con más del 35% de la formación en las empresas, que se comprometen además a hacerles un “contrato de formación”).

Otra novedad de la Ley es que se facilita “el puente” de las FP con las Universidades. Hasta ahora, al final de la ESO, se abrían dos caminos disociados: Bachillerato y Universidad o FP de Grado medio y luego Superior. Ahora, se facilita que haya conexión entre las dos vías educativas, con la convalidación de asignaturas y el tránsito de la FP a la Universidad y viceversa. Ya en los últimos años se ha visto a licenciados en una carrera que luego hacen FP de grado Superior, porque ven que así se colocan mejor. Ahora lo tendrán más fácil.  De hecho, la Universidad de Málaga será la primera Universidad en ofrecer ciclos formativos de FP en el próximo curso 2022-2023…

Un cuarto cambio de la nueva Ley es que se acercarán las futuras titulaciones a lo que demanden las empresas, que tratarán así de que la FP forme en lo que ellas necesitan (el 55% de las empresas se quejan de que tienen problemas para encontrar trabajadores en muchas áreas). Ya se han aprobado 25 nuevas titulaciones y estudios de FP en los últimos 2 años y ahora, las empresas tendrán más posibilidades  de influir en los programas y colaborar en la formación de los alumnos, al ser obligatorias las prácticas en empresas.

El quinto punto clave de la nueva Ley de FP es la importancia que se da a la orientación profesional, tanto en colegios e institutos (para que profesores y centros fomenten la FP como una salida con futuro), como entre los alumnos y sus familias. Es clave promover “un cambio de mentalidad”, que estudiar FP no es una enseñanza de 2ª ni para ser “fontanero o mecánico”, sino que incluye temas de futuro (como inteligencia artificial o tratamiento de datos). Que es una vía formativa que facilita el empleo futuro.

Precisamente, el problema del empleo futuro es que no habrá hueco para los que estén poco formados y se va a concentrar más en la formación media, la que promueve la FP. Así, un estudio de Cedefop revela que para 2025, sólo el 16% del empleo disponible será para los que tienen baja formación (hoy acceden al 35% de los trabajos) y que el 50% de los trabajos serán para los que tienen una formación media y el otro 34% para los que tengan alta formación. Por eso, el objetivo de la Ley es que, dentro de 4 años, el porcentaje de españoles con baja formación (y pocas posibilidades de trabajo) baje del 37,1% actual al 15% (la UE-22 tiene un 17,1% hoy y Alemania el 13,9%). Y eso gracias a que haya más jóvenes estudiando FP y a que se certifique su profesión a 4 millones de adultos.

La nueva Ley de FP nace con una financiación de 5.474 millones en cuatro años (2022-2025), de los que 2.075 millones serán Fondos europeos. De momento, el Gobierno acaba de aprobar, el 17 de mayo, 1.239 millones para la Formación Profesional, un dinero que transfiere a las autonomías (ver el reparto), que gestionan la enseñanza. El objetivo es crear 88.000 nuevas plazas de FP en el próximo curso 2022-2023, que se sumarán a las 120.000 nuevas plazas creadas en los dos últimos años. Y además, acreditar a 785.000 trabajadores sin título, de los 4 millones que se pretende acreditar en estos cuatro próximos años (un objetivo ambicioso, porque sólo se acreditaron 300.000 en la última década). Y una parte del dinero aprobado (680 millones) irá también a ofrecer más cursos de reciclaje profesional a parados y trabajadores en activo.

Formación, formación y formación, en cursos de reciclaje y sobre todo en cursos de FP para jóvenes, que tengan que ver con lo que las empresas y el futuro van a demandar. Se trata de mejorar la formación de los españoles, para que tengamos una tasa de paro “europea”. Eso pasa por dedicar más dinero a la formación y a la FP, a crear centros de enseñanza suficientes (faltan en las grandes ciudades), con más autonomía y flexibilidad en los programas educativos, en estrecha relación con empresas y Universidades. Y un cambio de mentalidad en los centros educativos, en los alumnos y sus familias, para que nadie se avergüence de decir que estudia FP, sino que sea un sinónimo de formación y empleo. Es un proceso que requiere fondos, dedicación y tiempo. Pero si funciona, bajará el paro.

EPA septiembre 2021: empleo pre-pandemia ya

Ahora hay 64.100 personas más trabajando en España que antes de la pandemia, según la EPA del tercer trimestre, publicada hoy. Gracias a que se ha creado mucho empleo este verano (+ 359.300), sobre todo por el turismo, que se suma al empleo récord del 2º trimestre (+464.900). Y también baja el paro (-127.100), pero menos, porque aumentan más los que buscan trabajo, sobre todo jóvenes. Ya han salido de la crisis los trabajadores mayores de 45 años y 10 autonomías, aunque no los jóvenes ni Madrid, Canarias, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y la Rioja, que tienen aún menos ocupados. Pero tenemos dos problemas serios: el 89% del empleo que se crea es temporal y casi la  mitad de los parados no cobran subsidio. Hay que reforzar la ayuda a los parados y mejorar su formación, modernizando las oficinas de empleo, que no les recolocan. Y mejorar las políticas de empleo, ahora que tendrán un 33% más fondos que en 2020. Hay que volcarse en el empleo.

Enrique Ortega

El verano suele ser un buen trimestre para el empleo, por la mayor actividad en el turismo y la hostelería. Y este año se ha cumplido la norma, con una creación de 359.300 empleos en el tercer trimestre, según la EPA publicada hoy por el INE. Es la mayor creación de empleo en los últimos veranos (+69.400 en 2019 y +183.900 en 2018), salvando la excepción del verano de  2020, en que el empleo tuvo un aumento histórico (+569.600 ocupados), porque España salía a finales de junio del confinamiento y la actividad se disparó ese verano. Con ello se afianza la recuperación del empleo, con una creación de +1.423.800 empleos en los últimos 15 meses (junio 2020- septiembre 2021), un aumento que compensa ya el empleo perdido en lo peor de la pandemia (-1.359.700 empleos entre diciembre 2019 y junio 2020). En resumen, que tenemos 64.100 personas más ocupadas que antes de la pandemia, aunque recordemos que hay 239.230 trabajadores “aparcados” en ERTEs. Y más de 20 millones de españoles trabajando (20.031.000), algo que no se veía desde finales de 2008.

En el tercer trimestre de 2021, la ganancia de empleo ha sido gracias a los servicios (+377.200 empleos creados), sobre todo la hostelería, el turismo y el comercio, pero también ha creado bastante empleo la industria (+63.000) y los han perdido la agricultura (-49.600) y la construcción (-31.200), creándose muchos más empleos en el sector privado (+314.800)  que en el público (+44.500), según la EPA. Y sorprende que la mayor creación de empleo se haya dado en las mujeres (+185.400 frente a +173.900 en los hombres) y entre los más jóvenes (+67.000 nuevos empleos entre 16 y 19 años y +132.400 entre 20 y 24 años). Y por autonomías, el empleo ha crecido en el 2º trimestre en casi todas (salvo Andalucía y La Rioja), pero más en Cataluña (+62.300 ocupados), Canarias (+50.000), Baleares (+47.900), Galicia (+35.800) y Comunidad Valenciana (+34.600).

No todos los grupos, sectores y regiones han recuperado ya el empleo anterior a la pandemia. Por sexos, los hombres no han  recuperado aún el empleo de finales de 2019 (trabajan         26.100 menos), pero las mujeres sí tienen más empleo que en 2019 (+90.200 ocupadas). Y por edades, hay más jóvenes de 16 a 24 años trabajando que en 2019 (+105.500), pero hay menos trabajando de 25 a 44 años (-437.700) y más trabajando con más de 45 años (+397.300), los menos afectados laboralmente por la pandemia.  Y hay ya mucha más gente trabajando  en los servicios (+122.400) y la construcción  (+97.000), aunque menos que en 2019 en la industria (-35.600) y  en el campo (-32.400). Y destaca también que 10 autonomías tienen ya más gente trabajando que en 2019, mientras las otras 7 no han recuperado el empleo pre-COVID: Canarias (-62.000), Madrid (-45.200), Comunidad Valenciana (-22.900), Castilla y León (-6.300), Navarra (-2.500), Aragón (-2.100) y la Rioja (-300 ocupados).

La importante mejora del empleo en el tercer trimestre de 2021 (+359.300) no se ha traducido toda en una bajada del paro (-127.100 parados) porque en paralelo han aumentado los españoles activos, las personas que buscan trabajo ahora, tras lo peor de la pandemia: los “activos” han aumentado en 232.200 personas, impidiendo bajar más las cifras del paro. Es un proceso que se ve trimestre a trimestre (hay 547.900 personas más buscando trabajo que hace un año). Y ya hay más adultos “activos” (trabajando y buscando trabajo) que en 2019: 23.447.700 frente a 23.158.800 a finales de 2019. Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo mismo que ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo.

El  paro ha bajado en el 3º trimestre (-110.100 personas), pero ha sido sólo en la industria (-18.800), los que perdieron su empleo hace un año (-171.200) y entre los que buscan su primer empleo (-28.500), porque ha aumentado el paro en los servicios (+42.100), la agricultura (+28.700) y la construcción (+20.600), porque hay más gente buscando trabajo ahora que sube el empleo. El paro ha bajado más entre las mujeres (-95.100) que entre los hombres (-32.000.Baja mucho más entre los mayores de 25 años (-119.500 parados entre 25 y 54 años), menos entre los más jóvenes (-65.500), subiendo sólo entre los mayores de 55 años (+65.500 parados).  Por autonomías, el paro baja más en Cataluña (-51.900), Baleares (-28.400), Castilla y León (-27.600) y Galicia (-25.700) y sube en 6 autonomías, destacando los aumentos en Andalucía (+41.100) y Murcia (+13.800 parados), según la EPA.

La cifra total de parados se sitúa en 3.416.700 desempleados, con una tasa de paro del  14,57%, todavía muy lejos de la tasa de paro europea (6,8%) o alemana (3,6%). Y baja unas centésimas la tasa de paro de los jóvenes (menores 25 años), al 31,15% (16,2% en la UE-27). Hay otros datos también muy  preocupantes. El primero, que hay 1.122.100 hogares con todos sus miembros en paro (+108.900 que antes de la pandemia). El segundo, que seguimos con 5 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa” : Ceuta (27,07%), Canarias (23,89%, un 5% más de paro que antes de la pandemia) Andalucía (22,41%, un 2% más que en 2019), Melilla (19,4 %, un 7% menor) y  Extremadura (17,92%, un 6% menos que en 2019). Y las 6 regiones que tenían un paro inferior al 10% en 2019, lo han empeorado con la pandemia, sobre todo La Rioja (del 9,89% de paro a 12,21% hoy), Madrid (del 9,99% a 11,84% ahora) y Baleares (del 9,91% al 10,57%), empeorando también bastante el paro en la Comunidad Valenciana (del 14,13% al 16,12%). Y el tercero, que aumentan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son 1.638.600, el 48% de los parados (eran 1.387.000, el 43,5% a finales de 2019).

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En agosto de 2021, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.977.033 desempleados: casi la mitad (46,3%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado) de 839,6 euros de media y el resto (53,7%) cobraban un subsidio asistencial de 451,92 euros. Pero en esta cifra están incluidos los 239.230  trabajadores que están en ERTE y cobran las tres cuartas partes de su sueldo del SEPE. Así que, en realidad, sólo 1.737.803 parados cobra algún subsidio, el 50,86% de los parados que refleja la EPA de hoy. Eso significa que casi la mitad de los parados (49,14%) no cobran ninguna ayuda pública, cuando en 2019 eran sólo el 38,5%. Así que la pandemia nos ha traído más paro, pero ahora son menos los que reciben ayuda, porque muchos llevan demasiado en paro y se les ha agotado el subsidio. De hecho, CCOO denuncia que un 40% de los parados inscritos en el SEPE con experiencia laboral (han trabajado antes) no cobran ninguna ayuda por desempleo.

En los últimos 21 meses (diciembre 2019–septiembre 2021), con la pandemia, el paro ha crecido en +224.800 desempleados y la tasa de paro sube del 13,78% al 14,57%, según la EPA, sobre todo entre las mujeres (+123.400 frente a 101.400 parados más los hombres), entre los que tienen de 25 a 54 años (+44.200) y los jóvenes de 20 a 24 años (+37.800), entre los que perdieron su empleo hace un año (+285.400 parados) y los que buscan su primer empleo (+45.800 parados). Hay  menos parados que antes de la pandemia en los servicios (-82.000), la industria (-28.800) y la construcción (-6.000), pero más parados en el campo (+10.400). Por autonomías, el paro ha bajado con la pandemia en Murcia (del 16,08 al 14,65%) y Extremadura (del 23,48 al 17,92%),  subiendo sobre todo en Baleares (del 9,91 al 10,57%), Canarias (del 18,78 al 23,89%), Cataluña (del 10,45 al 10,92%), Madrid (del 9,99 al 11,84%), y la Comunidad Valenciana (del 14,13 al 16,12%), según la EPA.

La pandemia ha afectado más negativamente a España que a la media de Europa, en una mayor pérdida de empleo pero con un menor aumento del paro, según refleja la EPA y las estadísticas de Eurostat de junio 2021. Así, el empleo cayó en España un -1,3% en 18 meses (diciembre 2019-junio 2021), mientras en la UE-28 caía sólo un -0,4%, en Italia un -1% y en Alemania un 2,2%, aumentando el empleo sólo en Francia (+1,3%). Y el paro ha aumentado en España (diciembre 2019-junio 2021) un +0,3%, una subida del desempleo menor que en la UE-27 (+0,6%) y que en Alemania (+0,4%), Francia (bajó un 0.4%) o Italia (-0,5%), debido a que aquí ha habido en el último año y medio menos personas que se han apuntado al desempleo, menos “activos” (más “desanimados”) porque veían muy difícil encontrar empleo. Eso sí, el paro juvenil (menores 25 años), doble en España que en Europa, ha aumentado más en el último año y medio: +3% en España frente a +2,1% en la UE-27.

Ahora, todo apunta a que seguirá mejorando el empleo en España, si se asienta la recuperación en el 4º trimestre, con un mayor crecimiento que el del último medio año (+1,1 % en el 2º trimestre y una previsión de 2,7% en el 3º, según el Banco de España), un horizonte lastrado por la alta inflación (5,5% anual, la más elevada desde 1992) y los problemas de abastecimiento y materias primas de muchas empresas. Pero de momento, parece que el empleo aguanta y la Seguridad Social espera 100.000 nuevos empleos en octubre, un aumento de la afiliación mayor  que el de agosto (+76.541) y septiembre (+82.184 afiliados).

El problema de fondo es la mala calidad del empleo que se crea. En los 9 primeros meses de 2021 se han firmado 13.788.700 contratos (más de 50 por cada empleo) y de ellos, el 89,42% han sido contratos temporales, por meses, semanas y hasta por días, un porcentaje similar al de los nuevos contratos firmados en la última década (del 90% al 92% temporales). Y en paralelo, un tercio de los nuevos contratos (33,63%) son contratos a tiempo parcial, por horas o días, no porque el trabajador lo quiera sino porque es el único contrato que encuentra (sobre todo mujeres y jóvenes). Con unos empleos tan precarios, los que encuentran un trabajo reciben sueldos más bajos que antes de la pandemia. Y la masa salarial cayó un -5,1% en 2020, el doble en España que en Europa (-2,2%), según Eurostat.

Esta precariedad de los nuevos empleos es la que provoca una tremenda dualidad del mercado de trabajo: tenemos ahora un 26% de trabajadores con contrato temporal (similar al 26.10% en 2019) mientras el 74% restante tienen contratos fijos, con más estabilidad y mejores sueldos (de media ganan un 32% más que los trabajadores temporales, según el INE). Esta es la principal asignatura pendiente de España, lo que exige una verdadera reforma laboral, para fomentar los contratos estables y reducir la precariedad, como nos exige Europa.

La otra gran asignatura pendiente del empleo es conseguir que en España trabaje más gente, que la economía ofrezca más empleo, dado que el modelo económico actual sólo permite emplear al 62,4% de españoles activos frente al 68,2% ocupados de media en la UE-27 y el 75,6% empleados en Alemania, según Eurostat. Eso significa que si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más. Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, conseguiríamos que trabajaran 4.161.000 adultos más que ahora. Lograrlo pasa por conseguir una economía más competitiva y mejorar la productividad, algo que nos va a costar tiempo. Pero hay que empezar poniendo los cimientos, avanzando en dos frentes: mejorar la formación de empleados y parados y destinar más recursos al fomento del empleo. Para 2022, España contará con 7.642 millones, un 33% más dinero que en 2020. Pero habrá que gastarlo bien, en incentivos a la contratación y en formación. Y urge modernizar las oficinas de empleo, que sólo recolocan a un 2% de los parados.

En resumen, hemos superado el bache de empleo de la pandemia, con más gente trabajando que en 2019, pero queda mucho por hacer para tener un empleo y un paro europeo. Hay que consolidar la recuperación y aprobar una reforma laboral que permita crear más empleo y de más calidad, con el apoyo de patronal y sindicatos si queremos que sea eficaz. A ello.