Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

La inflación cambia los hábitos de consumo

La guerra de Ucrania continúa y con ella los precios disparados, sobre todo de la energía (luz y carburantes) y los alimentos, que han subido un +11% el último año, el mayor alza en los últimos 28 años. Es doblemente preocupante, porque los alimentos son el 2º mayor gasto de las familias (tras la vivienda) y porque la subida afecta más a los hogares con menos recursos, que gastan porcentualmente más en alimentación. Por eso, está aumentando la pobreza alimentaria, que alcanza a 6 millones de españoles, con 2 millones recibiendo comida de los bancos de alimentos. Entre tanto, el campo se queja de que ellos no suben los precios, que aumentan por el camino, entre las industrias alimentarias, distribuidores y supermercados. Las familias han cambiado sus hábitos de consumo, recortando la cesta de la compra y buscando promociones y marcas blancas, que han aumentado su cuota. Urge controlar márgenes y precios de los alimentos, para frenar una especulación que aumenta la pobreza.

Enrique Ortega

La inflación en España sigue por las nubes, con una subida anual del +8,7% en mayo, la más alta desde 1986 (+9,3% en octubre). El IPC anual estuvo por debajo del 3% hasta el verano pasado, en que subió al 3,3% en agosto y al 5,4% en octubre, por la mayor demanda tras el paréntesis de la pandemia, los atascos en el comercio mundial y la subida de la energía, cerrando 2021 con una inflación anual del +6,5%. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y los precios se dispararon, hasta un máximo de +9,8% en marzo, que luego ha bajado algo en abril (+8,3%) y mayo (+8,7%). Los “culpables” de esta inflación disparada son, según el INE, los precios de la energía (el gasóleo ha subido un +33,9% el último año, la electricidad un +30,2% y la gasolina un 23,5%) y los alimentos (han subido un +11% el último año, la mayor subida conocida en España desde 1994, cuando empezó a publicarse el IPC).

La subida de los alimentos (+11%) es muy llamativa porque suben casi todos, pero sobre todo hay 14 alimentos básicos cuyo precio ha aumentado más del 10%: aceites y grasas (+44,7%: +36,5% el aceite de oliva y +95,4% otros aceites, sobre todo el de girasol), huevos (+25,3%), mantequilla (+17,6%), leche (+16,5%), cereales (+16,3%), yogures (+14,8%), pollo (+13,6%), pan (+12,6%), cordero (+12,6%), carne de vacuno (+12,3%), café (+11%), pescado fresco (+11,7%) y arroz (+10,2%), según el IPC de mayo.

La subida de estos alimentos es desigual por autonomías, según el INE: han subido más (del 11%) en algunas de las autonomías más pobres, como Melilla (14,5%), Extremadura (+12,9%), Murcia (+12,4%), Castilla y León (+11,9%), Canarias (+11,8%), Castilla la Mancha (+11,7%) y Andalucía (+11,6%), donde el peso de la alimentación es mayor en el gasto que en las autonomías más ricas (en el País Vasco, los alimentos han subido un 4,1%, en Cataluña un 9,3% y en Baleares un 9,5%). Y la subida ha sido también desigual por supermercados: los precios han subido más en las cadenas que eran más baratas y tenían algo más de margen para subirlos (+12,1% en Carrefour y +11,4% en Mercadona), subiendo algo menos en el resto (+9,5% en Eroski, +9,2% en Alcampo, +8,5% en Día, +8,4% en Caprabo y Condis y +7,7% en Hipercor), según un primer sondeo hecho en marzo por la OCU.

¿Por qué han subido tanto los alimentos? Ya estaban subiendo mucho a finales de 2021 (+5% en diciembre de 2021, frente a sólo un +1,1% un año antes), pero ahora su precio se ha duplicado por el impacto de la guerra de Ucrania, que ha recortado drásticamente la oferta de aceite (Ucrania y Rusia producen el 52% del aceite de girasol del mundo) y cereales (ambos paises exportan un tercio de los cereales mundiales), agravando la subida mundial de los alimentos, desatada por una mayor demanda y una menor producción por problemas climáticos y en el comercio mundial. Pero además, la subida de la energía y la guerra han agravado los costes de la energía y el transporte, aumentando los costes de la producción y distribución de alimentos. Y las empresas y supermercados han trasladado estos mayores costes a los precios al consumidor, aprovechando que los alimentos no pueden dejar de comprarse.

En el origen de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos se quejan de que ellos no son los culpables del aumento de precios, porque no han podido subirlos a pesar de que les han subido la energía, los piensos y los fertilizantes. Y los datos les dan la razón. En mayo, apenas cobraban un poco más por la mayoría de alimentos, mientras habían subido mucho más al consumidor, según el IPOD que publica mensualmente COAG. Vemos algunos ejemplos. El aceite de oliva, por el que les pagaban 3,38 euros/kilo (3,24 euros en enero) se cobraba al consumidor a 5,10 euros (+51%). La patata, por la que cobran 0,20 euros kilo (igual que en enero) se vende a 1,31 euros (+555%). La naranja, que ahora les pagan a 0,17 euros kilo (0,14 en enero) nos cuesta al consumidor 1,47 euros (+765%). La ternera la cobran a 4,91 euros el kilo (4,45 en enero) y nos cuesta 17,20 euros (+250%). El cerdo, de 1,57 euros que les pagan por kilo a 6,18 euros que nos cuesta (+294%).Y la leche, de 0,39 euros litro que cobran (0,35 en enero) a 0,80 que nos cuesta (+105%). En conjunto, el IPOD revela que pagamos los productos agrícolas 4,62 veces más caros de lo que cobran los agricultores y las carnes, leche y huevos, 2,79 veces más caros de lo que reciben los ganaderos.

A partir de ahí, los alimentos empiezan a sumar márgenes, desde el transporte, la industria agroalimentaria, la distribución y la venta final en tiendas y supermercados, eslabones que han aprovechado la coyuntura de la guerra de Ucrania y la subida de costes para aumentar los precios, cada uno los suyos. Y en otros casos, la industria agroalimentaria ha utilizado un truco: vender menos producto por el mismo precio (o por más). Lo llaman “reduflación”, una táctica comercial que ya denunció la OCU en abril, con una enorme cantidad de alimentos (ver ejemplos) a los que se ha quitado peso (desde yogures a pasta o botes de Cola-Cao) para venderlos al precio de antes o incluso un poco más caros. Es una manera “camuflada” (y legal) de subir los precios de los alimentos sin que lo notemos.

Esta subida generalizada de los alimentos ha forzado a los consumidores a “cambiar de hábitos” de consumo, según señalan los expertos. Por un lado, las familias han tratado de comprar menos, como revela el dato de que las compras de alimentos con tarjeta han caído un -2,4% entre enero y mayo, según los datos de BBVA Research. Lo que ha hecho la mayoría es ir más veces al Super y comprar menos cada vez, bajando el ticket medio. La otra tendencia ha sido dejar de comprar “caprichos” y centrarse más en los alimentos imprescindibles, buscando más promociones y descuentos: 4 de cada 10 hogares buscan ahora promociones en productos de gran consumo, según la consultora Kantar. Y el tercer cambio de hábitos es apostar más por las marcas blancas.

Precisamente, la inflación disparada ha conseguido que las marcas blancas consigan este año la mayor cuota de mercado de la historia: suponen ya el 43% de las ventas en el primer trimestre de 2022, frente al 38,4% hace un año, el 30,1% en 2010 y el 19,72% en 2002. Y las marcas de fabricantes, que se habían recuperado tras la pandemia (61,6% hace un año), bajan al 57% de las ventas. Eso también tiene que ver con la estrategia comercial: las marcas de fabricantes fueron las primeras en subir sus precios en marzo, mientras las marcas blancas aguantaron más y los subieron después, en abril y mayo, bastante más: un +18% de subida en las marcas blancas este año frente al +10% las marcas de fabricantes.

Esta ganancia de cuota de mercado de las marcas blancas ha permitido que ganen terreno este año los supermercados que se apoyan más en ellas, en especial Mercadona, el súper ganador de esta crisis: tiene ya un 26,3% de cuota de mercado (primer trimestre 2022), un +1,7% que a finales de 2021 (24,6%), gracias a que su marca blanca representa el 72% de sus ventas (68,3% en 2021), según la consultora Kantar. También gana cuota Carrefour (9,8%, un +0,5% que en diciembre), aunque su marca blanca solo supone el 28,4% de sus ventas. Se estancan Lidl (5,5% de cuota), Día (4,6%) y Consum (3,1%) y pierden cuota de mercado Eroski (baja del 4,5 al 4,2%) y Alcampo (baja del 3,2 al 3%).

La elevada subida de los alimentos (+11%) es doblemente preocupante, porque resulta un gasto clave en los hogares y les resulta muy difícil recortarlo. Así, en 2020 (último dato del INE), la alimentación supuso el 16,96% del gasto total de los hogares: 4.578,87 euros al año (381,54 euros al mes de media), sólo por detrás del gasto en vivienda (9.621 euros anuales, el 35,64% del total) y muy por encima de lo que gastan las familias en transportes (2.741 euros, el 10,16% del total) y en hostelería (1.752 euros, el 6,42%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Eso supone que si los alimentos suben un 10% este año, cada familia pagará 460 euros más, de media, al hacer la compra.

La otra razón de que la subida de los alimentos sea muy preocupante es que afecta más a las familias con menos recursos, porque porcentualmente gastan más en su alimentación. Así, los hogares con menos renta (hasta 12.000 euros anuales) gastan un 13% en alimentación, frente al 10% que gastan los que más ganan. Y gastan otro 20% en vivienda, gas, electricidad y calefacción, frente a sólo el 5% los que tienen ingresos altos. En total, los productos de primera necesidad, que son los que más suben ahora, suponen un 33% del gasto de las familias con menos ingresos y el 15% del gasto de las más ricas.

Eso está provocando un aumento de la pobreza alimentaria: en España hay 2,5 millones de hogares (el 13,3% del total), más de 6 millones de personas, que no tienen una dieta alimenticia adecuada, en cantidad y calidad,  según un estudio de la Universidad de Barcelona presentado en febrero, antes de la guerra de Ucrania. Y casi la mitad (975.000 hogares) sufren una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que han reducido el consumo de alimentos por falta de recursos. La mayoría son familias de rentas bajas y poco empleo, que han sufrido más la subida de los alimentos, pero el estudio revela que también se ven afectados hogares de clase media, sobre todo donde hay niños y discapacitados. Y el Banco de Alimentos alerta que si cerró 2021 ayudando a alimentarse a 1,5 millones de españoles, este año 2022 espera 450.000 peticiones más de ayuda alimentaria.

Además, la altísima inflación en general, al afectar más a las familias más desfavorecidas, está aumentando la desigualdad y la pobreza en España. Un estudio de la semana pasada, del IERMB, revelaba que la subida del coste de la vida, mayor en algunas regiones y grandes ciudades,  ha aumentado la pobreza un +37% en la Comunidad de Madrid (+434.000 pobres más) y un +35% en Cataluña (+150.000 pobres más). Y también ha subido la pobreza más de un 10% en  Bilbao, Cádiz, Girona, Santander, Sevilla y Vigo.

Ahora, si la guerra de Ucrania continúa, se espera una alta inflación durante todo el verano, por un alto consumo de energía (seguirán caros los carburantes, al aumentar la demanda por las vacaciones) y, sobre todo, por un alto consumo de alimentos, tanto por los españoles como por los extranjeros: si este verano se superan los turistas de 2019 (28,9 millones), será mucha más gente a comprar y consumir alimentos, lo que mantendrá muy altos sus precios (sobre todo, frutas y carnes). Y después, en otoño, los precios seguirán altos, tanto por la menor oferta de energía (Rusia) como por la esperada subida de los alimentos y materias primas: el Banco Mundial cree que subirán hasta 2024.

Así que si la inflación es un grave problema hoy, lo seguirá siendo el resto del año, aunque el Banco de España cree que la inflación actual (8,7%) bajará un poco, al +7,2% de media en todo 2022. Pero como los salarios y las pensiones suben mucho menos, seguiremos perdiendo poder adquisitivo, sobre todo las familias con menos ingresos. Y lo más preocupante son los precios de los alimentos, que seguirán altos hasta el otoño, agobiando a muchas familias. Por eso, urge tomar medidas, en dos frentes. Por un lado, frenar la escalada de subidas, con controles en los márgenes desde el campo al súper: es algo que debía vigilar el Gobierno, a través de Agricultura, Comercio y la Comisión de la Competencia. Por otro lado, hay que volcarse en ayudar a las familias más desfavorecidas, apoyando a las organizaciones que distribuyen alimentos. Y, sobre todo, ampliando el ingreso mínimo vital, que sigue sin funcionar: lo reciben 461.788 hogares (1.176.000 beneficiados), la cuarta parte de los que lo han solicitado y la mitad de lo prometido (llegar a 2 millones de beneficiados).

En resumen, que a todos nos preocupa la inflación, pero no nos afecta a todos por igual. Y es muy preocupante la subida de los alimentos, porque está muy  generalizada y porque ha disparado la pobreza alimentaria, “las colas del hambre”, una vergüenza para todos que hay que atajar con controles en los precios y ayudas eficaces que lleguen a más familias. Porque en el río revuelto de la inflación, unos ganan mucho y otros pierden mucho.

El campo, al límite

Los medios no informan del campo, porque creen que “no vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar sobre su preocupante situación: les pagan unos precios de saldo, les suben los costes, les congelan las ayudas, el clima se ceba con sus cosechas, los alimentos extranjeros les hacen competencia desleal y, para colmo, Trump y Putin han puesto aranceles y vetos a alimentos españoles. Así que 2019 ha sido “un año horrible”, donde cayeron la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC)  que se van a recortar y unas explotaciones poco rentables. Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.

enrique ortega

El año 2019 ha sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido (sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión de alimentos extranjeros y, para colmo, Putin renovando otro año más el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de mejoría. Y también cayó el empleo, siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019 (-31.700 empleos).


Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas por todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada, tras muchas décadas de dificultades. 


El primer problema que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias históricas y las inundaciones, que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que han superado los 600 millones de euros.


Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos (+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un 3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la subida del SMI  (de 735,90 a 900 euros en 14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950 euros, el nuevo coste salarial será 1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les caen los ingresos.


Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído el precio de la leche (0,316 euros por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes. Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes, que producen a pérdidas. Y para fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.


Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios (pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que aumentará la entrada de carnes (vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos. Además, también en junio, el presidente Putin prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de 2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al 25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos, zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones en 191,3 millones de euros extras. 


No es extraño que, con este panorama, los agricultores y ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación (las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido a la menor producción en cereales y vino (por la sequía) y a los bajos precios, sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió trabajadores en 2019: -31.700. Y además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos netos en el campo, cuando en el conjunto de la economía se crearon +2.397.800 empleos en esos 6 años.


Pero 2019, aunque haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental, porque va a más y no resulta fácil afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados y de los distribuidores y súper. Además, el campo español tendrá que hacer una “reconversión climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).


El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y también ricos), que inundan el mundo con alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más, agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio mundo.


Y cada vez con menos ayudas públicas, el tercer problema de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una propuesta de ayudas de la PAC para 2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5% del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700 millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la futura PAC.


Vamos al 4º problema de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio (como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche) como “producto escaparate” y el súper lo vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.


Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas denuncias a la Agencia de control AICA, sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG. Y en los productos ganaderos, el precio se multiplica por 3,05. Unos ejemplos, a diciembre de 2019: la patata nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15 euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la naranja 6,74 veces, la uva 4,75 veces, el plátano 4,06 veces, la ternera 4 veces, el cerdo 3,74, el pollo 3,44, el cordero 3,41 veces…


Llegamos al 5º problema de fondo: el abandono del campo. Si en 1999 había 1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%). Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy, en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000 explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros  también con menos animales (vacas y ovejas). Al final, la población ocupada en el campo ha caído drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a 793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y 4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales, cada vez más despobladas.


Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización” del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un 6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria, repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos de miles de pequeños productores, con pocas ventas por explotación. Así que el campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos. En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa. Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea, la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000 vacas… 


Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o cerdos y en frutas y verduras. 


Y luego hay un séptimo problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos todos: el agotamiento y desertificación de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan leguminosas para captar nitrógeno), la poca materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).


Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de la España rural y asegurar el abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente, primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.

Los precios de la leche se desploman

Los ganaderos están en pie de guerra porque se ha desplomado el precio que les pagan por la leche, incluso por debajo de 20 céntimos litro: menos de lo que vale un litro de agua. Esto pasa porque sobra leche en Europa, aquí se consume poca y desde el 1 de abril ya no hay “cuotas lácteas”: se ha liberalizado el mercado y las industrias compran la leche que quieren y pagan menos, presionadas por los grandes supermercados, que usan la leche súper barata como “producto reclamo”. Aun así, los consumidores pagamos la leche el triple de lo que pagan al ganadero y con una calidad cada vez menor, para sostener la ”guerra de precios”. Y la cuarta parte de los lácteos que consumimos son franceses. Ahora, con los precios por los suelos, desaparecerán explotaciones lecheras, tras haber cerrado ya 4 de cada 5. Menos empleo y leche de peor calidad. Ojo a comprar leche sólo por precio. No es agua.
 

enrique ortega

La leche en los supermercados nos ha bajado un 6% en el último año, con un precio medio de 67 céntimos por litro, según Facua. Pero en los últimos meses, el precio que pagan por esta misma leche a los ganaderos se ha desplomado, desde los 40 céntimos por litro que les pagaban en 2014 a menos de 20 céntimos que están pagando ahora a los ganaderos de Galicia y la cornisa cantábrica (se ha llegado incluso a los 18 céntimos). Los ganaderos están en pie de guerra, con protestas en media España, porque les pagan la leche al precio del agua cuando producirla les cuesta una media de 35 céntimos por litro. Y aseguran que así tendrán que seguir cerrando granjas lecheras. De hecho, hoy sólo sobreviven 20.000 explotaciones lecheras (9.000 en Galicia) de las 100.000 que había hace 20 años.

Los precios de la leche llevan cayendo desde el verano de 2014, en España y también en Europa (aunque menos). Los precios bajan, primero, porque sobra leche, en el mundo y en Europa, aunque no en España (hay que importar el 28% del consumo). Hay un exceso de leche y productos lácteos en el mercado internacional, coincidiendo con una bajada del consumo en China y en Rusia (importa menos por las sanciones europeas). Y estos excedentes están tirando a la baja de los precios en todos los países. Pero la puntilla ha sido el fin de las “cuotas lácteas” en Europa, desde el 1 de abril de 2015. Hasta ahora, los ganaderos europeos tenían limitada su producción, porque Bruselas no quería pagar excedentes. Pero ahora, ya no hay cuotas y países y ganaderos pueden producir lo que quieran, lo que ha aumentado aún más los excedentes y provocado un desplome de precios.

En España, este desplome de precios es mayor que en el resto de Europa. Así, en junio de 2015, el precio medio de la leche a los ganaderos europeos ha sido de 30,43 céntimos por litro, mientras en España era de 29,27 céntimos (en Galicia y el norte, menos), según datos de la Comisión Europea. Y lo más chocante es que el precio que se paga a los ganaderos en España, un país deficitario en leche (se importa el 28%), sea más bajo que en países donde hay excedentes de leche, como Francia (31,20 céntimos por litro), Dinamarca (31,32 céntimos) Holanda (30,50 céntimos) o Alemania (29,83 céntimos). Y eso se explica no sólo por la tendencia a la baja de los precios internacionales sino por otros factores propios y específicos de España.

Aquí se paga menos por la leche a los ganaderos porque son el eslabón más débil de una cadena donde otros presionan los precios a la baja. Primero, los grandes distribuidores y supermercados presionan a las industrias lácteas para que les ofrezcan leche cada vez más barata, para venderla como un “producto reclamo” en sus tiendas (el 60% de la leche que se vende son “marcas blancas”). De hecho, se ofrece leche entera en brik hasta a 0,54 euros litro. Y para poder ofertar este precio, las industrias presionan a su vez a los ganaderos, ofreciéndoles cada vez menos por la leche que recogen. Y ahora, con el fin de las cuotas, con la liberalización, el mercado se ha convertido en “la ley de la selva”, según denuncia la organización agraria COAG: las industrias recogen menos en unos sitios y más en otros para presionar a la baja los precios. Y aunque están obligados por Ley a hacer contratos anuales, están forzando a entregas mensuales, sin garantizar precios a más largo plazo. Y bajando la calidad de la leche recogida, para abaratar precios.

Además, las industrias lácteas, dominadas por las multinacionales francesas (una cuarta parte de la leche y lácteos consumidos en España son franceses), controlan el mercado, imponiendo condiciones a los ganaderos como un oligopolio: la Comisión de la Competencia (CNMC) les impuso (marzo 2015) una multa de 88,2 millones de euros  a nueve empresas (Danone, Peñasanta, Lactalis, Nestlé, Puleva, Pascual, Asturiana, CL Galicia y Senoble, la que hace los yogures a Mercadona,) y dos asociaciones del sector por "pactar precios" entre ellas, intercambiar información sobre compras y excedentes y “repartirse el mercado”, evitando comprar a ganaderos que quieren cambiarse de industria para mejorar condiciones. Ahora, los ganaderos se quejan, además, de que las industrias están alterando el mapa de producción láctea: están comprando menos leche en Galicia y cornisa cantábrica y más en el centro de España, Andalucía, Cataluña y Aragón, porque como ahora el mercado es libre buscan leche más próxima a los lugares de consumo, a las grandes ciudades. Por eso cae más el precio en Galicia y el norte y por eso los ganaderos que peor futuro tienen son los de las zonas montañosas, donde pesa más el coste de la recogida.

En España, el problema de la leche se agrava también porque somos el "vertedero" de la leche y los lácteos que sobran  en Europa, con lo que las grandes multinacionales europeas (francesas, holandesas, danesas, irlandesas, alemanas y polacas)  nos inundan de lo que no venden en sus países. El origen de todo está en el ingreso de España en la Comunidad Europea, en 1986. A cambio de que nos dejaran entrar, el Gobierno González aceptó que nos aplicaran unos cuotas bajísimas de producción de leche, que obligaron a cerrar explotaciones y nos dejaron en manos de las multinacionales europeas. Basta ver las cuotas que repartieron y que han funcionado hasta el 1 de abril: 6,5 millones de Tm para España frente a 30,22 millones de Tm Alemania (con el doble de población), 26 millones para Francia (un tercio más de población), 15,7 millones para Reino Unido, 11,9 millones para Polonia y 5,7 millones para Irlanda (con la décima parte de población que España).

Así que el negocio europeo fue no dejarnos producir leche apenas a cambio de vendérnosla ellos, sus multinacionales: cada año se importan 300.000 Tm de leche fresca (sobre todo francesa) y 2,3 millones de toneladas de quesos, mantequilla, yogures y lácteos, productos con más valor añadido. Y mientras, las industrias lácteas españolas, pequeñas porque trabajaban  en un mercado con pocas cuotas de producción, apenas pueden competir y se dedican básicamente a envasar leche, la parte del negocio con menos margen. Y ahora, con la liberalización del mercado en Europa, las grandes multinacionales lácteas tienen más leche con la que fabricar y nos van a inundar más de productos lácteos, con leche comprada sobre todo a sus ganaderos, a quien pagan más que  a los ganaderos españoles.

Así que lo más probable es que la leche o los yogures que acabamos de comprar en el súper sean de importación y con leche comprada en otros países, mientras nuestros ganaderos ven hundirse los precios y nuestras industrias apenas cuentan : la última española, Puleva, se vendió a la francesa Lactalis, sin que el Gobierno se haya preocupado de promover una o dos grandes lácteas españolas. Y las que hay tienen poco tamaño y menos capacidad de competir, dentro y fuera de España: el mercado lácteo es europeo y mundial.

Muchos consumidores pueden pensar que esta guerra de precios de la leche nos beneficia, aunque perjudique a los ganaderos. Pero no es así. Primero, porque aunque el precio de la leche en origen se desplome, a nosotros no nos trasladan toda la rebaja. De hecho, en junio, el precio medio de la leche en origen fue de 28 céntimos y el precio medio al consumidor era casi el triple, 0,79 euros por litro, según el Observatorio de precios COAG. Y además, hay una gran variedad de precios al consumidor, entre 54 céntimo y 1 euro por litro (según un reciente estudio de FACUA), fruto de una muy diferente calidad: como no hay normas estatales, las industrias tratan de competir a costa de rebajar la calidad de la leche, modificando de forma unilateral los parámetros de calidad de la leche que recogen al ganadero (para pagarles menos). Y el consumidor, con la crisis, no mira mucho la calidad y compra la leche más barata.

La situación del sector lácteo es preocupante: se desploman los precios y nos inundan de productos europeos, a costa de nuestros ganaderos y de nuestras industrias. El fin de las cuotas preocupa a los ganaderos de toda Europa (el Parlamento europeo acaba de aprobar una resolución de apoyo al sector), pero más en España, porque somos el eslabón más débil, tras haber medio desmantelado el sector. Y aún pueden cerrarse muchas más explotaciones, por lo que las organizaciones agrarias están pidiendo, a Bruselas y al Gobierno Rajoy, que intervengan. Piden más controles en la recogida de leche, para que las industrias no abusen y paguen por debajo del coste de producir leche. Y más vigilancia  a los distribuidores y supermercados, para que no vendan por debajo de costes. Además, proponen establecer un parámetro de calidad igual para toda España y que la Agencia de control alimentario investigue todo el camino de la leche de la vaca al consumidor.

Estaría bien un mayor control y acabar con los abusos. Pero no basta. Por un lado, hace falta que los ganaderos se unan, en cooperativas más grandes y con más poder de negociación. Por otro, hace falta industrias lácteas españolas más grandes, que compiten mejor dentro y fuera con las poderosas multinacionales europeas. También hay que fomentar el consumo de leche: cada español toma 74 litros al año (80 en 2008) frente a los 90 litros de media europea o los 190 litros por habitante de Irlanda. Y sobre todo, hace falta que los consumidores seamos más conscientes de la situación, comprendamos que si nos dedicamos a comprar la leche, el queso o los yogures más baratos, estamos contribuyendo a hundir a nuestros ganaderos y a nuestra industria, además de perder calidad. No se trata de pagar más para ayudarles, sino pagar la leche por lo que realmente vale si es buena. No es agua.