El Gobierno Rajoy ha subido el gasto de Defensa para 2015, tras seis años de caídas. Pero esos recortes eran un espejismo, para
enmascarar subidas del gasto militar en estos tres años, vía créditos extraordinarios para pagar compras
de armamento aprobadas en 1997 (otra herencia de Aznar). El Gobierno ha pactado
con las empresas de armas un nuevo calendario de pagos, que obliga a
desembolsar 22.500 millones hasta 2030,1.500 millones extras al año. Una hipoteca que contrasta con la penuria del Ejército español en el día a día, con tanques, barcos
y aviones que no se usan porque no hay dinero para carburante (es de Gila). Además, Defensa será un “agente de ventas” de las
empresas de armamento, promoviendo
acuerdos con otros Gobiernos para fomentar nuestras exportaciones de armas
(España es el 7º vendedor mundial). Hay que poner
orden y modernizar la política de Defensa, para conseguir un Ejército más pequeño, más operativo y
más barato, sin trampas
presupuestarias.
En el Consejo de Ministros del 1 de agosto, mientras la mayoría de españoles salían de vacaciones,
el Gobierno Rajoy aprobaba un crédito
extraordinario de 883 millones de euros para pagar el
recibo anual de la compra por Defensa de aviones de combate (EF2000) y transporte
(A400), helicópteros (Tigre, NH90
y EC35) y misiles (Skype). Era el
tercer crédito extraordinario aprobado por el Gobierno Rajoy, que
aprobó dos similares en 2012 (1.782 millones) y 2013 (877 millones), con lo que ha habido un gasto extra en Defensa de 3.542 millones, un 20% del gasto presupuestado en
esos tres años. El objetivo de
estos créditos extraordinarios (convalidados
en solitario por el PP en el Congreso) era poder presentar cada año un Presupuesto de Defensa que bajaba (daba
mejor imagen con los recortes) y luego aprobar un gasto extra (que no se nota tanto) para pagar el
armamento comprado.
El origen de estos gastos está en una herencia
de Aznar (ver
aquí otras): los Programas
Especiales de Armamento (PEAS),
un ambicioso programa, aprobado en 1.997, para modernizar las Fuerzas Armadas, comprometiendo un gasto de 24.000
millones de euros en la compra de 19
nuevos sistemas de armamento (fragatas,
buques, submarinos, aviones de combate y transporte, helicópteros, tanques,
misiles, artillería…). Como era una cantidad desorbitada, el Gobierno Aznar
se inventó un truco contable: Industria
daba un crédito sin interés (con nuestro dinero) de 14.000 millones a las
empresas de armamento para que fueran fabricando y Defensa les pagaría el
nuevo armamento a partir de 2011. Para entonces, los contratos habían disparado
su coste, además de no estar incluido el mantenimiento del material. Y la hipoteca
se había convertido en unos 30.000 millones.
El Gobierno Zapatero
dejó crecer la burbuja y no pagó las primeras facturas, con la
excusa del déficit. Al llegar Rajoy
se encontró con la herencia y aprobó el primer crédito extraordinario, para
pagar los impagos de 2010 a y 2012. Y en 2013, el ministro Morenés se puso a renegociar con la industria un nuevo calendario de pagos, que el
Gobierno aprobó el 2 de agosto
(otra vez agosto) de 2013. Una renegociación
que ha sido un fiasco: se amplía
el plazo de pago (de 2025 a 2030) y a cambio se paga más de lo que se
debía (quedan pendientes 22.500 millones, 2.500 millones más), en un nuevo calendario donde se paga menos ahora (915,6 millones en 2014
y 873,5 en 2015, cuando antes eran 1.032 y 1.276) y más en el futuro (2.045 millones en 2020 frente a los 1.832 del
calendario anterior). El que venga
detrás, que arree. Y además, se paga
más dinero por menos material: en vez de 27 aviones de transporte A-400,
serán 14; en vez de 24 helicópteros Tigre, 18; en vez de 45 helicópteros de
transporte, serán 24; y en vez de 190 tanques Pizarro, 117. Eso sin olvidar el retraso en la compra de 4 submarinos S-8
porque los han fabricado… con exceso de
peso (parece de Gila), lo que nos
costará 800 millones extras (ahora parece que ya flotan, pero les falla la propulsión, con lo que no estarán hasta 2018).
La renegociación de
los PEAS es tan escandalosa que UPyD
ha presentado una proposición no de Ley para que el Congreso encargue una
auditoría para clarificar esta inmensa hipoteca. Y creen que la renegociación beneficia a las cuatro grandes empresas de armamento,
que han presionado al Gobierno con despidos (EADS-Airbus
ha anunciado un ERE, con 600 despidos en CASA) y con la “mala imagen” que
daría no cumplir con estos pagos a empresas multinacionales. El mayor proveedor
es el Programa Eurofighter (Italia,
Alemania, Reino Unido y España con CASA), que vende los aviones de combate Eurofighter 2000 (10.600 millones pendientes de
pagar). Le sigue de cerca el Grupo
Airbus (Francia, Alemania y España, con un 4% a través de CASA), que
fabrica el avión
de transporte A-400M (5.018 millones pendientes de pagar) y los helicópteros NH-90
(1.682 millones), Tigre
(1.515 millones) y EC-135
(65,2 millones). El tercer proveedor es la multinacional
USA General Dynamics, que compró
Santa Bárbara al Estado en 2001 y
que ha vendido al Ejército los tanques Leopard (2.508
millones pendientes) y Pizarro (786
millones por pagar). Y en cuarto lugar, Navantia,
un astillero 100% público que construye los submarinos S-80
(2.135 millones por pagar), los buques
BAM (509 millones) y las fragatas
F-100 (1.997 millones).
Un personaje clave en
toda esta historia es el ministro de Defensa Pedro Morenés.
Era Secretario de Estado de Defensa con
Aznar (1996-2000) cuando se aprobaron
estos millonarios programas de armamento. Y luego, como Secretario de Estado de Política Científica (2002-2004),
en Industria, fue responsable de aprobar
los créditos para que la industria de armamento fabricase estos
pedidos (créditos que aún
no han devuelto: suponen ya 15.260 millones, con intereses). En 2004, al llegar el PSOE al poder, Morenés vuelve al sector privado,
primero a un astillero (2009), luego (2010) a una empresa europea de misiles, MBDA (la segunda del mundo) y entre
medias es consejero
de Instalanza (2005-2009), la primera fabricante española de bombas de
racimo, prohibidas
en 2010. Tras un recurso contra el Estado por esa prohibición, impulsado
por Morenés, Defensa les compensa, en
enero de 2014 (con Morenés como ministro) adjudicándoles
el contrato
de los lanzagranadas Alcotán (4 millones de euros). En definitiva, “puerta
giratoria” de Morenés con la industria armamentista.
Ahora, Defensa,
además de asegurar el pago de la
hipoteca de los PEAS (1.500 millones extras anuales hasta 2030) va a ir más allá en su apuesta por la industria de armamento (en su mayoría extranjera, salvo CASA, Indra y Navantia): apoyará “las reformas normativas necesarias para que
el Ministerio de Defensa pueda gestionar programas de armamento con destino a
la exportación”, según dicen textualmente los Presupuestos 2015 (página
116 Libro amarillo). Para ello, añade, se
promoverán “acuerdos Gobierno a Gobierno” (o sea, el Rey y los ministros se
dedicarán a vender material militar en sus viajes) y se desarrollarán las
capacidades de OFICAEX, la Oficina de Apoyo a la
Exportación (Defensa). Todo por promover
las ventas de material de Defensa, donde España es el 7º
exportador del mundo.
Y entre tanto, el
Ejército español, en su día a día, está
paralizado, por culpa de los ajustes.
Y mientras busca cómo pagar sofisticados aviones de combate, tanques o submarinos, la realidad es que no
tiene dinero para pagar el carburante de tanques, barcos y aviones: los
pilotos se tienen que turnar para hacer horas de vuelo, los buques no salen a
la mar y los nuevos tanques Leopard están sin estrenar. Han mandado al desguace
el portaaviones “Príncipe de Asturias” porque no había dinero para
mantenerlo operativo. Y cuando hay una emergencia internacional, como la de Mali
en 2013, el presupuesto apenas da para enviar un avión de transporte.
Es como el Ejército de Gila, en “economía
de guerra”: en agosto pasado, el Gobierno aprobó también otro
crédito extraordinario de 30,56 millones para pagar gastos urgentes, desde carburante y compras a dietas y
formación de los militares.
Lo llaman “Ejército bonsái” porque tiene de todo pero pequeñito e inoperante.
Urge afrontar una reconversión
de la política de Defensa española, en
cuatro
frentes. Uno, el ajuste de
personal, que se lleva el 75% del gasto: tiene 79.000 personas y se estima que sobran
20.000, entre tropa y sobre todo jefes (hay 45.000 mandos). Dos, una renegociación
de verdad con las industrias militares, para que no impongan sus
productos y condiciones. Tres, una mayor
colaboración con otros países europeos (sobre todo del sur), para compartir
servicios y costes. Y cuarto, una nueva
política de Defensa, con un
Ejército más pequeño pero más operativo: España es un país peninsular,
donde no tiene sentido la Defensa basada en Tierra (tanques y artillería) y si
en la Armada y el Ejército del Aire, que juntos
gastan menos que Tierra. Es necesario apoyarse en unidades más pequeñas y especializadas, de intervención inmediata.
Y no pensar en una guerra convencional, con invasión por los Pirineos, sino en
las nuevas
amenazas: ciberdefensa,
terrorismo internacional, crimen organizado, catástrofes naturales, seguridad
líneas de suministro e intervención en conflictos exteriores. Y para todo
eso, hace falta otro Ejército con otras
armas, no las que compró Aznar en 1997.
No se trata de hacer
demagogia y desmantelar el Ejército, cuando formamos parte de Europa y la
OTAN, que acaba de pedir a los países (Cumbre
de Gales) reforzar su política de
Defensa (y más
gasto). Se trata de reestructurar
el Ejército español, huyendo de trampas contables y gastando
con eficacia, no en las armas que nos quiera “colocar” la industria con
el chantaje del empleo que crean. Si hay
recortes en sanidad, educación, dependencia, desempleo y gastos sociales, no podemos hacer gastos extras en armamento
ni estar hipotecados hasta 2030. Ejército sí, pero más pequeño, más
operativo, más eficaz y más barato.
