Pocas residencias de ancianos

El IMSERSO ha publicado el primer Censo de las residencias de ancianos en España: 5.188 Centros, con 381.514 plazas, aunque 100.000 plazas están vacías, por el desigual reparto de oferta y demanda. España, el 4º país más envejecidos de Europa, tiene menos residencias de ancianos (4,11 plazas por cada 100 mayores) que la media europea (4,5) y la recomendación de la OMS (5 plazas), que sólo cumplen 5 autonomías, con un gran déficit de residencias en Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Andalucía, Cataluña y Madrid. El problema es que las autonomías apenas gastan en residencias, aunque el Estado les transfiere 4.000 millones más para Dependencia. Y que el 75% de las residencias son privadas y buscan la rentabilidad, impulsadas por Fondos de inversión extranjeros, constructoras y aseguradoras. Faltan ahora 100.000 plazas de residencias y 400.000 para 2050. Urge cambiar el modelo de residencia, más pequeña y con más servicios y personal, mientras se refuerza la atención de los mayores en su casa, para que no tengan que irse.

                     Enrique Ortega

El primer Censo de residencias, publicado en abril por el IMSERSO con datos de 2022, refleja que existen en España 6.831 Centros de atención residencial: 5.188 residencias de ancianos, 1.455 residencias para discapacitados y 188 Centros mixtos (para ambos colectivos). La mayor parte de las residencias de ancianos están en Cataluña 81023), seguida de lejos por Castilla y León (654), Madrid (469), Andalucía (427), Castilla la Mancha (411), Galicia (345), País Vasco y Comunidad Valenciana (321 residencias cada una). El informe señala que hay 381.514 plazas en las residencias para mayores, aunque sólo 288.765 estaban ocupadas a finales de 2022: hay 92.749 plazas vacías, que el IMSERSO no explica, aunque se deben a la desigualdad entre oferta y demanda en algunas regiones.

Más de 3 de cada 4 residencias de ancianos son de titularidad privada (77,3% del total) y sólo un 22,7% son de titularidad pública, aunque incluso una parte de estas residencias públicas las gestionan empresas privadas: sólo el 14,2% de todas las residencias de ancianos en España son de titularidad y gestión pública, siendo el 85,8% restante de gestión privada. En cuanto al reparto de las plazas, el 75% de los mayores están en residencias de titularidad privada. La mayoría de las residencias de mayores son pequeñas o medianas y sólo el 36,1% de los Centros tienen más de 75 plazas (de ellos, sólo el 3,4% de las residencias tienen más de 200 plazas), aunque estas residencias más grandes, en su mayoría privadas, concentran a dos tercios de los mayores residentes (al 66,3%).

La mayoría de las habitaciones en las 5.188 residencias de mayores censadas son dobles (el 56%) o triples (el 1%), siendo sólo el 43% de las habitaciones de uso individual (en las residencias públicas, suben al 48% y en las privadas bajan al 39%), según el IMSERSO. Es llamativo que sólo el 39% gestionen la accesibilidad y que sólo el 75% de las residencias permitan “sectorializar el edificio” por razones de seguridad o sanitarias (una cuestión clave en la pandemia). Un 79% de las residencias están dentro de los cascos urbanos, el 90,7% disponen de terraza o jardín exterior y sólo el 71% de las residencias disponen de acceso a Internet (un porcentaje que baja al 56,3% en las residencias públicas).

De los 288.765 mayores en residencias a finales de 2022, sólo el 13,6% están en Centros de titularidad y gestión pública, según el IMSERSO, estando el resto en residencias privadas (75,7%) o públicas con gestión privada (10,7%). Casi 3 de cada 4 mayores en residencias tienen más de 80 años (el 74,3%), otro 21,4% tienen entre 65 y 69 años y el 4,2% restante son residentes con menos de 65 años. Dos de cada tres mayores en residencias son mujeres (68,2%), porque viven más años que los hombres (el 31,8%). La mayoría de residentes tienen una dependencia moderada o severa (43,2% tienen grado 1 y 2) y algo más de un tercio (36,7%) son grandes dependientes (grado 3), siendo el resto de residentes dependientes pendientes de valorar o sin grado.

En las residencias de ancianos censadas por el IMSERSO trabajan 206.496 empleados (el 86,1 % son mujeres), el 95,4% de ellos en plantilla de los Centros y el resto (9.522 personas) subcontratados. Las residencias de titularidad y gestión pública tienen más del doble de subcontratados que las privadas (8,9% de las plantillas frente al 3,5%). Y en conjunto, las residencias disponen de 0,62 personas por residente (0,36 de atención directa, 0,11 de personal de 2º nivel y 0,15% de atención indirecta), pero hay más atención de personal en las residencias públicas (0,96 personas por residente) que en las privadas (0,55 personas por residente), que en definitiva tienen “ánimo de lucro”.

España, el 4º país más envejecido de Europa, tiene menos residencias de ancianos que la media europea. Este Censo aporta una ratio de 4,11 plazas por cada 100 mayores de 65 años, frente a 4,5% de media en Europa y a tasas mayores en el centro y norte de Europa: 7,5 plazas por 100 mayores en Paises Bajos, 7,1 en Suecia, 6,8 en Bélgica, 5,7 en Finlandia, 5,4 en Alemania y 5,1 en Francia, según este estudio de PwC. Y estamos lejos del 5% de plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), ratio que sólo cumplen 5 autonomías: Castilla y León (7,8 plazas por cada 100 mayores de 65 años), Castilla la Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%). Las autonomías con más déficit de residencias son Murcia (2,27 plazas por cada 100 mayores), Comunidad Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).

El problema no es sólo que falten residencias de mayores en media España, sino que cada vez hay más mayores y las plazas disponibles apenas crecen. Así, entre 2010 y 2020, aumentaron en 1,2 millones los españoles mayores de 65 años y las plazas en residencias sólo crecieron en 20.226 plazas, según el IMSERSO. Y hoy, con 9,4 millones de españoles superando los 65 años (1 de cada 5), sólo hay 381.514 plazas en residencias.

Lo que urge es aumentar las plazas en residencias para los dependientes que ya las necesitan: de los 190.000 dependientes “en lista de espera” para recibir una prestación pública, 30.000 mayores esperan una plaza en una residencia de ancianos, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han denunciado reiteradamente que muchos de estos mayores se mueren sin recibir la ayuda (45.360 dependientes murieron en 2022 esperando una ayuda que tenían reconocida). Actualmente, una plaza subvencionada en una residencia es una de las ayudas más difíciles de conseguir para los dependientes: de los 1.410.084 dependientes beneficiarios de una ayuda a la dependencia en abril, sólo 181.496 (el 12,87%) estaban en una residencia. Y eso, porque es la ayuda más cara de financiar, por lo que las autonomías concentran sus ayudas en servicios más baratos, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día o el pago a los cuidados familiares.

Con ello, el problema de las familias con mayores dependientes es que no encuentran una residencia subvencionada (el 75% son privadas) que sufren una larga lista de espera y cuyo precio es muy dispar, según la autonomía donde se viva: el precio público de una residencia está en 18.645 euros anuales, pero varía entre los 11.409 euros en La Rioja y los 22.392 euros en Extremadura. Y además, el precio varía según el mayor sea no dependiente (17.526 euros), dependiente (19.897 euros) o necesite atención psicogeriátrica (24.299 euros), según datos del IMSERSO. Así que muchos, que no quieren esperar o que tienen mayores ingresos, optan por una plaza no concertada, en una residencia privada. Y eso supone de media pagar 2.000 euros al mes (más en algunos lugares y Centros).

Por todo esto, la falta de plazas y la dificultad de recibir ayudas públicas, las residencias de ancianos se han convertido en un negocio para las empresas privadas que sostienen el 75% de la oferta de residencias en España y que facturan ya más de 5.000 millones anuales. Un negocio en auge, que ha atraído a muchos Fondos de inversión extranjeros (bastantes radicados en paraísos fiscales), a constructoras y aseguradoras, que están multiplicado sus inversiones en el sector (junto a inmobiliarias, la otra pata del negocio), concentrando la oferta en menos grupos, con compras e inauguraciones.

El top 10 de las residencias privadas está encabezado por la multinacional francesa DomusVi (propiedad del fondo británico ICG y capital francés) con 200 centros y 25.000 plazas. Le siguen el Grupo Clece, filial de la constructora ACS (Florentino Pérez), “los Albertos” y el Fondo BlackRock, con 145 residencias y 17.000 plazas. En tercer lugar, el grupo Orpea (cuyo mayor accionista es el fondo de pensiones Canadá Pension Plan, junto a inversores franceses y belgas), con 53 Centros y 8.800 plazas. En 4º lugar, el grupo Vitalia Home (vinculado al Fondo británico CVC y otros 2 fondos más, todos con sede en Jersey), con 54 Centros y 8.000 camas. En 5º lugar, el grupo español Ballesol (75,3% propiedad de la aseguradora Santa Lucía), con 50 Centros y 7.334 plazas, seguido de Mensajeros de la Paz, con 104 residencias y 6.364 plazas, y Sanitas Mayores (propiedad del grupo británico que controla Sanitas), con 47 Centros y 6.344 plazas. En 8º lugar, el grupo francés Amavir (propiedad de la familia Mulliez, la 5ª fortuna de Francia, dueños de Alcampo, Decathlon y LM), con 42 Centros y 6.223 plazas, seguido por Colisée España (otra multinacional francesa, aunque la mayoría corresponde al Fondo IK VIII Fund, con sede en Jersey), con 51 Centros y casi 6.000 plazas. Y en el 10º puesto del ranking, la Fundación San Rosendo, dependiente del obispado de Orense, con 47 Centros y 3.342 plazas para mayores.

Viendo las multinacionales y Fondos internacionales que controlan el negocio de las residencias de ancianos puede entenderse su apuesta por España, dado que seremos el país más envejecido del mundo en 2050 : el 30,4% de la población española tendrá más de 65 años, 16 millones de mayores (ahora son 9,4 millones). Eso les abre unas enormes perspectivas de negocio, con una demanda segura, a la que buscan ofrecer una oferta con más servicios, aunque más caros (y con los menores costes posibles).

El déficit de residencias para mayores es ya importante, porque si tuviéramos el 5% de oferta para los mayores que recomienda la OMS, España debería tener casi 100.000 plazas más que ahora (+93.486 plazas), según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Donde hacen falta más plazas hoy es en Andalucía (se necesitan 28.457 plazas más), Comunidad Valenciana (+21.900), Galicia (+14.902), Cataluña (+9.045), Madrid (+8.283), Canarias (+7.574), Murcia (+6.542) y País Vasco (+6.074 plazas). Y según el último Censo, las autonomías que tienen menos residencias para la población mayor de 80 años ( hay 18,11 centros por cada 10.000 mayores) son Ceuta y Melilla (8,23 centros por cada 10.000 mayores de 80 años), Murcia (,893), Andalucía (10,16) Baleares (10,34), Comunidad Valenciana (11,13) y Madrid (12,67 Centros).

Como cada vez habrá más mayores, este déficit de 100.000 residencias irá a más en las próximas décadas: en 2050, España debería contar con 400.000 plazas más de residencias de ancianos, hasta 785.000, más del doble que hoy (381.514), según este informe de la consultora PwC. El problema es quien las construye y financia, porque la gestión de la Dependencia (y de las residencias) es de las autonomías, no del Gobierno central. Y aunque financian el 60,4% del gasto público en Dependencia (el 39,6% restante lo aporta el Estado), cada vez “racanean” más. De hecho, el Gobierno Sánchez ha aumentado su aportación a la Dependencia en +4.000 millones en los últimos tres años (2021-2023) y muchas autonomías han aprovechado estos mayores recursos estatales para reducir ellas su gasto (ver Blog). Así que mucho me temo que las autonomías no promuevan las nuevas residencias que hacen falta y lo dejen en mano de las empresas privadas, que abrirán nuevos Centros sólo en los lugares que vean negocio.

Otro problema de las residencias de mayores es que hay una gran disparidad en la oferta, no sólo en precios, sino también en los servicios que ofrecen a los mayores, desde el tipo de habitación al personal y los cuidados. Por ello, el Gobierno Sánchez trató hace dos años de coordinar la oferta y crear un marco más homogéneo para las residencias en toda España. Así, el 28 de junio de 2022 aprobó con las autonomías un nuevo modelo de cuidados, que prohíbe la construcción de macro residencias para mayores, fijando un tamaño máximo para las futuras (no más de 75 plazas en zonas rurales, 90 en zonas medias y 120 plazas en ciudades) y unos requisitos mínimos de personal para mejorar la atención a los mayores: en 2029 se exigirá un trabajador de atención directa (desde auxiliares a fisios o terapeutas ocupacionales) por cada 2 residentes, frente a los 0,72 trabajadores que hay ahora.

La idea de mejorar la oferta futura y la calidad de las residencias es buena, pero hay que financiarla, porque encarecerá las instalaciones y la atención. Y por eso, sólo 10 autonomías votaron a favor de este Plan y 9 autonomías votaron en contra , una de ellas la “socialista” Castilla la Mancha (“ellos invitan y yo pago”, se quejó muy gráficamente su presidente, García Page). Así que con la pelea política actual y la mayoría de autonomías controladas por PP ( y Vox), no parece posible que este acuerdo avance y la mayoría de las autonomías se embarquen en mejorar su oferta de residencias en los próximo años.

El progresivo envejecimiento de España obliga a abrir nuevas plazas en residencias, mientras en paralelo se debería reducir una parte de la demanda mejorando la atención a domicilio de los mayores (para que no tengan que salir de casa). Urge poner más dinero en todo el proceso de atención a los mayores, en la Dependencia, la 4ª pata del Estado del Bienestar, que está claramente infra financiada. Basta ver los datos: el gasto público en Dependencia es de 8.312 millones anuales (y otros 2.134 millones que aportan las familias por copagos), frente a los 55.175 millones del gasto público en educación, los 92.000 millones que cuesta la Sanidad y los 190.687 millones que gastamos en pensiones. Hay margen para gastar más en Dependencia y en residencias asequibles y decentes. Y en atención domiciliaria, para que no tengan que irse. Es lo menos que les debemos a nuestros mayores.

Residencias de ancianos: pocas, caras y malas

La pandemia se ha cebado sobre los mayores que viven en residencias: 30.145 muertos oficiales hasta marzo (4 de cada 10 fallecidos por COVID-19). Y ha revelado la precariedad de medios y deficiente atención en esas residencias, el 74% privadas: 7 de los 9 mayores grupos en manos de inversores extranjeros. Además, las residencias son escasas y faltan 106.000 plazas para cumplir con los estándares de la OMS. Por eso, algunos mayores dependientes (50.000 ahora) esperan año y medio y más para encontrar una plaza pública o concertada, que les cuesta 650 euros y más (casi su pensión). Y si no pueden esperar, tienen que pagar una residencia privada, que cuesta 1.900 euros al mes (y más, según donde vivan). Urge un Plan nacional para construir residencias públicas (harían falta 335.000 nuevas plazas para 2050), homogeneizar servicios y precios, vigilar la calidad de la asistencia y asegurar su atención sanitaria. No podemos volver a dejar “tirados” a nuestros mayores. Y pronto nos tocará a nosotros.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 1 de cada 5 personas mayor de 65 años: 9.303.068 el 1 de julio de 2020, según el INE. Pero somos uno de los paises europeos con menos residencias para mayores, que hacen falta porque un tercio acaban necesitando ayuda o cuidados. Concretamente, hay 389.031 plazas en residencias de mayores, según el último censo recién publicado por el IMSERSO, con datos de finales de 2019. Son una media de 4,22 plazas por cada 100 mayores, muy lejos de las 5 plazas que recomienda tener la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y estamos por debajo de la media europea, que está en 4,6 plazas por cada 100 mayores, pero sobre todo lejos de las plazas en residencias que tienen los paises ricos del norte de Europa: 6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 el Reino Unido, según la consultora CBRE.

El problema no es sólo que tengamos pocas plazas en residencias para mayores. Lo más preocupante es que esas plazas han perdido peso, porque en la última década han crecido más los mayores que las plazas nuevas: entre enero de 2010 y enero de 2020 han aumentado en 1,2 millones los mayores de 65 años y se han creado sólo 20.226 plazas en residencias, según los datos del IMSERSO. Con ello, la tasa de plazas sobre ancianos ha caído de las 4,56 plazas (368.805) por cada 100 ancianos en 2010 a 4,22 en 2019.

Lo que se ha producido además en la última década es una recomposición en la oferta de plazas residenciales: ha caído drásticamente el peso de las residencias públicas (por los recortes y la falta de inversión en nuevas residencias) y han aumentado las plazas en residencias privadas, sobre todo en residencias concertadas (las financian las autonomías) y privadas, un nuevo negocio para inversores extranjeros y españoles. Los datos son muy explícitos: hay 5,542 residencias en España, 4.107 privadas (74,11%) y 1.435 públicas (el 25,89%), según el IMSERSO (2019). Pero de las 389.031 plazas disponibles, el 62% son plazas residenciales con financiación pública (la mayoría en residencias de gestión privada) y el 38% plazas privadas, que sólo pagan los usuarios.

Hay menos plazas en residencias de las que debería haber (según la OMS: el 5% de los mayores) en toda España, salvo en Castilla y León (7,8%), Castilla la Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%), las 5 únicas regiones con una oferta suficiente. En las 12 autonomías restantes faltan plazas, sobre todo en Andalucía (faltan 28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Madrid (9.283), Canarias (7.594), Murcia (6.502) y País Vasco (6.074), según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). En total, para cumplir el porcentaje de plazas que recomienda la OMS, España tendría que tener 106.344 plazas más en 12 autonomías. El mayor déficit de plazas en residencias se da en las grandes ciudades, sobre todo en zonas céntricas de las capitales.

Esta falta de residencias hace que los mayores y sus familias tengan problemas para encontrar una plaza, sobre todo en las residencias públicas (pocas) o en las residencias privadas concertadas. De hecho, hay unos 50.000 mayores dependientes (con dependencia severa o gran dependencia, grados III y II) a los que se les ha reconocido su derecho a una plaza subvencionada (pública o concertada) y que llevan meses esperando, en las listas de espera de la dependencia, una media de 460 días (y más de 2 años en Canarias). El problema es que, como más de la mitad (53,4%) tienen más de 80 años, muchos se mueren esperando plaza: unos 11.850 mayores murieron en 2020 esperando entrar en una residencia, según la estimación de los Directores de Servicios Sociales.

Los que consiguen plaza en una residencia pública o concertada tienen que pagarla con una gran parte de su pensión (o incluso no les llega). Las autonomías fijan un precio para las plazas públicas y otro para las concertadas, que son muy diferentes según las regiones. Así, en 2019, el precio medio fijado para una plaza en una residencia pública era de 20.685 euros y de 19.324 euros en una plaza concertada (lo que pagan a las empresas que la gestionan). Pero luego hay grandes diferencias. En las residencias públicas, Madrid paga 28.144 euros por plaza, el País Vasco paga 26.318 euros, Castilla y León 14,537 y la Rioja 10.460 euros, según los datos del IMSERSO. Y lo mismo pasa en las residencias concertadas: 32.771 paga por plaza el País Vasco, 21.900 la Comunidad Valenciana, 19.807 Cataluña y 14.537 euros al año Castilla y León (no hay datos de Madrid, Galicia o Extremadura).

Este es el precio máximo que permiten cobrar las autonomías en las residencias que financian (públicas y concertadas). Pero no es lo que pagan los mayores residentes, que están subvencionados y sólo abonan una parte del coste, entre el 36,3% (en las públicas: 7.500 euros anuales de media) y el 40,4% (en las subvencionadas: 7.809 euros), según los datos del IMSERSO. Y otra vez, hay grandes diferencias por autonomías. Así, un residente paga 13.109 euros al año (1.092 euros al mes) en una residencia pública del País Vasco, 8.184 euros (682 al mes) en Aragón o 5.889 en Madrid. Y en las residencias concertadas, el coste al usuario va de 13.210 euros en País Vasco (40,3% del coste) a 8.184 en Aragón (42,1%), 7.220 en Castilla y León (49,7%) o 6.599 euros en Andalucía (33,4%), a falta de datos de Madrid y 6 regiones más en las estadísticas del IMSERSO.

Dada la falta de plazas, las autonomías sacan periódicamente concursos para financiar plazas concertadas, ya que apenas se hacen residencias públicas (como tampoco viviendas públicas). Y lo que está pasando es que las empresas privadas que construyen o compran residencias privadas (hay un enorme mercado) pujan a la baja, “tirando precios” para ganar los concursos, como denuncian expertos del sector. Y eso es posible porque reducen al máximo el personal, escaso, precario y poco formado, para pagarlo poco: hay residencias donde el coste del personal no supera el 50% de los ingresos, cuando debería ser el 75%. Resultado: residencias con servicios low cost y  poca calidad en la atención, para asegurar márgenes.

Los mayores que no encuentran plazas subvencionadas (públicas o concertadas) tienen que pagar una residencia privada, sobre todo en las regiones con pocas residencias con financiación pública: es el caso de Madrid (sólo el 43,2% de las plazas son públicas o concertadas, la mayoría son privadas “puras”), Canarias (41,5% plazas de financiación pública y la mayoría restante privadas) y Galicia (40,9% plazas subvencionadas y 49,1% privadas), según los datos del IMSERSO, que destaca como las autonomías con mayor porcentaje de plazas subvencionadas a Ceuta (94,5%), Castilla y León (80,4%), País Vasco (74,4%) Murcia (73,8%), Castilla la Mancha (73,5%) y Cataluña (71,2% de las plazas).

Si no queda más remedio que pagar una residencia no subvencionada, el coste es muy alto y se lleva por delante la mayoría de las pensiones (recordemos: la pensión media de jubilación es de 1.140 euros y la de viudedad es de 713 euros). El coste medio de una residencia privada es de 1.900 euros mensuales, según la plataforma Cronoshare. Pero depende mucho de las regiones. Son más caras en el País Vasco (2.496 euros mensuales), Canarias, Navarra o la Rioja (2.233-2.221), Madrid (2.045) y Cataluña (2.014). Y más “baratas” en Castilla la Mancha (1.420 euros), Extremadura (1.450), Comunidad Valenciana (1.586), Castilla y León (1.645), Aragón (1.648) y Andalucía (1.748). Y si están en ciudades, cuestan un 20% más.

La falta de plazas, la gran demanda y los altos precios han atraído al negocio de las residencias de ancianos a importantes inversores, primero extranjeros y después nacionales, que buscan repartirse un mercado que facturaba 4.500 millones de euros en 2018, según la consultora DBK, y que ya superará ya los 5.000 millones anuales. Un negocio muy concentrado, donde los 5 mayores grupos copan el 23% del mercado, y un negocio dominado por inversores extranjeros, que controlan 7 de los 9 mayores grupos privados de residencias.

El líder es DomusVi, propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG, el tercer mayor grupo de residencias de Europa, que llegó a España en 2015 y tiene ya 142 residencias con 21.988 camas (el 56% concertadas). Le sigue otro grupo francés, Orpea, filial del grupo Orpea y con la participación  del fondo canadiense CPPIB, que opera en España desde 2006 y tiene 49 residencias y 8.992 camas (35% concertadas). El tercer grupo es Vitalia, fundado en 2010 y controlado por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo), con 55 residencias y 8.235 camas. Y el cuarto, otro grupo francés, Amavir, filial del grupo Maison de Famille (que controla Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias y 8.000 plazas. El quinto es Ballesol, el primero con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 camas. El 6º es Sanitas Residencial, de la británica BUPA, con 46 residencias y 6.302 camas. Le sigue Clece, la división de residencias de ACS (Florentino Pérez), con 80 centros y 4.600 camas. En 8º lugar, La Saleta, del grupo francés Colisée, el 4º mayor operador de geriátricos de Europa, con 45 residencias y 4.500 plazas.  Y en 9º lugar, Caser Residencial, del grupo asegurador suizo Helvetia, con 20 residencias y casi 3.000 camas.

En los últimos tres años, antes de la pandemia, se produjo un verdadero “boom” de compra de pequeñas residencias y construcción de otras nuevas, promovido por inversores extranjeros,  Fondos de capital riesgo (como Azora, el fondo buitre que compró viviendas sociales en Madrid y que está ya en el negocio de las residencias, con Orpea y con residencias propias ) , Sociedades de inversión mobiliaria (SOCIMIs como Adriano Care, que invierte en DomusVi y ha comprado residencias), constructoras y hasta el grupo ONCE (que tiene 7 residencias y 802 plazas a través de Ilunion Sociosanitario).  Saben que hay un tremendo mercado potencial (hacen falta 106.000 plazas) y precios altos, con los que buscan una rentabilidad del 5 al 10% de su inversión. Y saben que el negocio tiene un gran futuro: en 2050 habrá 15 millones de mayores de 65 años y harán falta 335.000 plazas más de las que existen hoy.

Sobre este boyante “negocio” cayó en 2020 el tsunami de la pandemia, provocando un cataclismo. El virus evidenció la realidad de las residencias y sus escasos medios, agravando los contagios y dificultando la actuación frente a la pandemia. Máxime en las residencias privadas, que suelen ser más grandes y tener más concentración de mayores (habitaciones dobles) y menos personal cualificado (también las públicas). Y agravado todo por la falta de supervisión de las autonomías, que en algunos casos agravaron el caos: está demostrado que Madrid prohibió a las residencias derivar enfermos graves a los hospitales, condenándolos a la muerte. Y la desatención ha provocado numerosas denuncias de familiares en los Juzgados, que tenían abiertas 441 diligencias a finales de 2020 (112 en Madrid), el 52% archivadas después.

El balance de la pandemia en las residencias  es estremecedor: han muerto 30.145 residentes por coronavirus o síntomas compatibles hasta el 28 de marzo, según Sanidad, un 40% de todos los muertos por la pandemia. Eso evidencia que se ha gestionado mal y lo vulnerables que son las residencias, más las privadas, por los medios, el personal y el mayor tamaño de los centros: durante la primera ola, hubo más mortalidad en las residencias de gestión privada de 8 autonomías (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Murcia, Cantabria, Baleares y Canarias) y en las residencias públicas de otras tres (Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura), según el seguimiento hecho por Manuel Rico, el autor del impresionante libro “Vergüenza. El escándalo de las residencias”.

A la vista de lo que ha pasado, es más urgente que nunca poner orden en el sistema de las residencias de ancianos, con un Plan que prepare el Gobierno con las autonomías. Hacen falta dos cosas: más residencias y homogeneizar los servicios, garantizando una atención asistencial y sanitaria decente. Urge construir residencias públicas (como viviendas públicas), para cubrir parte del déficit actual de plazas (106.000 plazas) y futuro (335.000 para 2050), sobre todo en las regiones con más déficit de plazas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias). Y luego, hay que aprobar unos requisitos mínimos para todas las residencias: medios físicos, tipo de habitación, personal, especialistas, asistencia sanitaria… Y homogeneizar las ayudas, para que no haya tantas diferencias entre lo que paga un residente en unas regiones que en otras. Y después, crear un sistema de seguimiento y vigilancia, con sanciones más elevadas y que sean públicas, para primar las residencias que no sean multadas y tengan determinadas estándares de calidad. El libro de Rico denuncia que sólo hay 219 funcionarios para controlar 5.552 residencias y que en los últimos 5 años sólo se han puesto 10 multas de más de 100.000 euros…

Realmente, hay pocas cuestiones tan decisivas y preocupantes como el futuro de las residencias de ancianos en España. La pandemia debería habernos alertado sobre su vulnerabilidad y las urgencias pendientes. Hay que conseguir más residencias, más baratas y de más calidad. Cueste lo que cueste, que para eso nuestros mayores han trabajado y pagado impuestos y cotizaciones  toda su vida. Se lo debemos: que vivan tranquilos y cuidados si no pueden estar en casa. Y también por puro egoísmo: cualquier día nos puede tocar a nosotros vivir en una residencia. Que sean dignas y seguras.

43.275 dependientes muertos esperando ayuda

Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

Pero el coronavirus ha empeorado las cosas, ha sido la puntilla para el deteriorado sistema de Dependencia: con el estado de alarma, se cerraron oficinas de atención y se retrasaron aún más los expedientes y las ayudas. Así, a 30 de abril, se habían reducido en 54.808 las solicitudes de ayuda (1.844.322 frente a 1.899.385 a finales de febrero), se habían reducido también las resoluciones (-13.837) y caía el número de beneficiarios: 1.375.740 a finales de abril, 12.974 menos que a finales de febrero (porque habían caído las entradas de expedientes y las resoluciones y habían muerto beneficiarios), según los datos del IMSERSO. Gracias a esta caída de solicitantes, se conseguía reducir las listas de espera, por primera vez en dos años: a finales de abril había 261.616 dependientes esperando una ayuda reconocida, 6.218 menos que en febrero.

El 21 de junio salimos del estado de alarma, volvió a funcionar la Administración, pero la gestión de la Dependencia siguió empeorando, según los últimos datos del IMSERSO. Así, a finales de septiembre, el número de solicitudes de ayuda era similar al de abril: 1.844.766, -54.619 menos que a finales de febrero. La resolución  de expedientes había empeorado (1.697.776), cayendo el triple que en abril (ahora -43.332 menos que en febrero). El número de beneficiarios de ayuda también siguió cayendo: 1.345.397 dependientes, -43.317 menos que en febrero (el triple que a finales de abril). También habían caído los que recibían ayudas: 1.111.492 dependientes, -9.387 menos que en febrero. Y lo único que ha mejorado es “la lista de espera”, los dependientes con ayuda reconocida que la estaban esperando: 233.905 a finales de septiembre, -33.930 menos que a finales de febrero. Un “milagro” fruto de que habían caído los beneficiarios y a que muchos habían muerto en estos meses.

Este empeoramiento de la Dependencia no ha sido igual en toda España, sino que hay autonomías que lo han sufrido más que otras. Así, la caída en el número de dependientes que reciben una prestación (-9.387 en toda España, entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre) se concentra en 9 autonomías, Ceuta y Melilla, destacando la caída de dependientes con ayudas en Madrid (-8.736), Cataluña (-7.608), Castilla la Mancha (-3.546) y País Vasco (-1.449 dependientes con ayudas), según los datos del IMSERSO. Y por el contrario, hay 7 autonomías donde hay ahora más dependientes recibiendo ayudas que antes de la pandemia, en especial la Comunidad Valenciana (+3.716), Extremadura (+2.335), Canarias (+1.037), Baleares (+949) y Murcia (+879). 

Y en cuanto a las “listas de espera” (recordemos: 233.905 dependientes con derecho a una ayuda que no les ha llegado, el 17,39% de los dependientes con derecho reconocido), tampoco son uniformes. En cabeza siguen Cataluña (31,21% dependientes en espera, un porcentaje similar al de febrero), La Rioja (27,63% en espera, casi como en febrero), Canarias (22,72%, menos que el 28,5% de febrero), Andalucía (21,9%, mejor que el 24,7% de febrero), Cantabria (19,1%, peor que el 17,78% de febrero) y Madrid (17,74% dependientes en espera, similar a febrero).  Y siguen con una lista de espera mínima Castilla y León (0,22%, frente al 1,22% en febrero), Ceuta (3,7%), Navarra (4,57%), Galicia (7.76%), Castilla la Mancha (7,78%) y Baleares (9,46%).

Lo dramático es que si hoy tenemos 33.930 dependientes menos en lista de espera para recibir ayuda que a finales de febrero es, básicamente, porque muchos dependientes han muerto estos meses, más que nunca antes por la pandemia. Así, el IMSERSO publicó el lunes los datos de dependientes muertos este año, obtenidos a partir del MoMo (sistema de monitorización de la mortalidad) que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Y el resultado es escalofriante: han muerto 132.654 dependientes entre enero y septiembre (36.505 fallecidos más de lo habitual, por la COVID 19) y de ellos, casi un tercio, 43.275 dependientes muertos estaban a la espera de recibir una ayuda (27.116 de la “lista de espera”) o pendientes de valorar su dependencia (16.159 dependientes más).

Son 158 dependientes muertos cada día en espera de ayuda este año, una cifra tremenda, que casi duplica la cifra de fallecidos pendientes en 2019, 85 dependientes al día, según estimaban los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). Y aquí también, el reparto de dependientes muertos en espera de ayuda o valoración  (esos 43.275 fallecidos) es desigual por autonomías, según los datos del MoMa/IMSERSO: 11.160 dependientes en espera han fallecido en Cataluña (2.880 estaban en “lista de espera”), 9.110 en Andalucía (4.018 de la “lista de espera”), 4.324 en Madrid (21 en “lista de espera”, 4.110 en la Comunidad Valenciana (2.396 de la “lista de espera”), 2.514 en Canarias (1.724 en “lista de espera”) y 1.922 en el País Vasco (247 en “lista de espera”). Así que estas 6 autonomías concentran el 76,5% de todos los dependientes muertos sin atender.

De paso, la estadística del MoMa y el IMSERSO revela que la pandemia se ha cebado sobre los dependientes: han muerto este año 82,9 de cada 1.000 beneficiarios de la dependencia, unos 31.800 más que otro año, por el COVID. Y lo peor lo han sufrido los dependientes reconocidos que vivían en residencias: han muerto 180,1 de cada 1.000, casi 1 de cada 5, frente a 56,8 por cada 1.000 que han muerto entre los que recibían la ayuda a domicilio. Y lo más estremecedor: han muerto más los dependientes que menos se podían valer, los que tenían una dependencia grave (grado III), 225,7 de cada 1.000, casi 1 de cada 4 dependientes graves en residencias. Y sobre todo en Cataluña (3.594 muertes “extras” en residencias sobre un año normal), Madrid (+2.842 muertes extras), Castilla la Mancha (+1.528), País Vasco (+580) y Andalucía (“exceso de 516 muertes sobre lo habitual). Y eso a pesar de que este año, hasta septiembre, la ayuda a dependientes en residencias ha sido la que más ha caído con la pandemia: de recibirla el 12,05% en febrero al 11,02% a finales de septiembre, porque unos se han muerto y otros han vuelto con su familia.

Eso sí, con la pandemia, las autonomías han seguido concentrando las ayudas a los dependientes en los servicios más baratos (“low cost”), que les permiten atender a más beneficiarios con el mismo dinero, según los datos del IMSERSO: teleasistencia (cuesta unos 35 euros al mes y suponía el 17,66% de las ayudas en septiembre), la ayuda a domicilio (17,51%), los cheques a las familias para que busquen ayuda (prestación vinculada a servicio, una especie de “privatización” del servicio que reciben un 10,96% de los dependientes pero un 47% en Extremadura, un 31% en Castilla y León o un 26,38% en Canarias) y los centros de día (6,45% de las ayudas), aunque todavía es mayoritaria (31,49% del total) la ayuda a las familias (de 153 a 387 euros al mes, según grado de dependencia),para que atiendan ellos a sus dependientes.

La pandemia y las muertes de dependientes han hecho saltar todas las alarmas en un sistema de Dependencia que ya tenía graves deficiencias antes. Los dependientes y sus familias no pueden seguir así, sufriendo las consecuencias de una gestión autonómica que utiliza los retrasos en los expedientes  y la utilización de servicios “low cost” para paliar la falta de recursos. Urge un Plan de choque, para dotar a la Dependencia de recursos públicos suficientes, sobre todo de una mayor aportación del Estado central, que ahora financia un 20% del gasto público en Dependencia, lo que obliga a las autonomías a aportar el 80% restante (cuando la Ley fijaba que ambas administraciones aportarían el 50/50). Y que obliga a las familias de los dependientes a unos copagos crecientes (el 19% del gasto total en dependencia) y a “buscarse la vida”  pagando cuidadores en casa o residencias privadas, muy caras y con deficientes servicios (como se ha visto con el COVID 19).

El Gobierno ha presentado a las autonomías, el 2 de octubre, un Plan de choque por la Dependencia, que quiere incluir en el Presupuesto 2021. Propone destinar 600 millones más a la Dependencia el año próximo, lo que permitirá reducir la “lista de espera” y crear 24.000 empleos. Además, propone mejorar el sistema de ayudas (establecer las cuantías mínimas que había en 2012), agilizar los procedimientos administrativos, establecer la teleasistencia como un derecho generalizado y aumentar el servicio de ayuda a domicilio.

El Plan del Gobierno “suena bien” pero es insuficiente. Para acabar con las listas de espera harían falta 1.500 millones de euros, según una reciente estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se podrían crear 70.000 empleos. Y además, piden que las autonomías agilicen trámites y simplifiquen ya procedimientos, sobre todo mientras dure la pandemia. Y además creen que hay que modificar la Ley de Dependencia, para permitir compatibilizar prestaciones y aumentarlas, lo que exige destinar más recursos públicos a la Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más (no sólo los 600 millones extras prometidos para 2021). Y en paralelo, reordenar y mejorar la calidad de las ayudas, con un Plan específico de construcción de residencias de ancianos públicas (el 73% de las plazas son privadas): harían falta 100.000 plazas públicas, coordinadas con una mejor atención hospitalaria de los residentes.

La pandemia ha desvelado las debilidades del sistema de Dependencia, como también lo ha hecho con nuestra sanidad, educación, protección social y modelo económico. Hay que aprovechar esta catástrofe para apuntalar las ayudas a los dependientes, con inversiones en cuidados que pueden ayudarnos a reconstruir la economía y el empleo, máxime cuando el creciente envejecimiento español va a duplicar el número de dependientes en 2050, según el CSIC. Hay que reforzar la Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), para proteger a los más débiles ante la pandemia y ante cualquier otra crisis futura. Es inadmisible que 158 dependientes mueran diariamente sin recibir una ayuda a la que tienen derecho, tras toda una vida trabajando. Deberían ser una prioridad en la reconstrucción del país. Se lo debemos.

El negocio de las residencias de ancianos

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 9 millones de mayores de 65 años. Y en 2050, seremos el 2º país más envejecido del mundo, con más de 15 millones de personas mayores. Los fondos de inversión extranjeros y también españoles han visto claro este negocio, invirtiendo recientemente más de 2.000 millones de euros en comprar y construir residencias de ancianos, muy escasas. Así, las residencias privadas facturan ya 4.500 millones al año y las 3 mayores empresas son francesas. Y cada año llega más capital extranjero, a ocupar el vacío que deja la escasez de residencias públicas (sólo 1 de cada 4), que llevan años sin construirse por los recortes. El problema para los mayores es que una residencia cuesta 1.900 euros al mes de media, más que la mayoría de pensiones. Y tienen que buscar que los cuiden sus familias o una residencia “low cost” de poca calidad. Urgen 100.000 nuevas plazas de residencias y que la mayoría sean públicas, no un negocio para inversores.

enrique ortega

En España vivían el 1 de enero 9.055.580 personas mayores de 65 años, según el último Padrón de habitantes del INE, un 19,2% de la población. Eso nos coloca como uno de los paises más envejecidos de Europa, tras Italia (22,6% de mayores), Portugal (21,8%), Alemania (21,4%) y Francia (19,7%), según Eurostat. Pero como España tiene más esperanza de vida (80,39 años los hombres y 85,74 años las mujeres) y la va a seguir teniendo, en las próximas décadas tendremos aún más viejos, según las proyecciones demográficas del INE. Así, en 2033 tendremos un 25,2% de mayores (12.329.5005 habitantes con más de 65 años) y en 2050 serán casi un tercio de la población (el 31,62%), 15.700.000 mayores de 65 años, lo que situará a España como el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón.


Este panorama demográfico, el mayor problema de fondo de España, conlleva un gran reto, para financiar la pensión futura de estos mayores españoles. Pero también implica estudiar cómo cuidar y atender a esos 15 millones de viejos futuros. Actualmente, dos tercios de los mayores viven solos (el matrimonio o su viuda/viudo) y eso provoca problemas de soledad y desatención, llegándose incluso a situaciones extremas, como ancianos que llevan años muertos en su casa. Otro tercio de los mayores, según algunas estadísticas, son atendidos por sus hijos (la mayoría, por sus hijas, que en muchos casos no pueden trabajar) o por cuidadores, generalmente inmigrantes. Son 3 millones de personas que necesitan ayuda, en especial ese millón largo que son oficialmente dependientes. Y aquí, el problema es que la falta de recursos públicos lleva a que unos 200.000 mayores estén “en lista de espera” para recibir una ayuda que les han reconocido, desde una teleasistencia a un Centro de Día o una residencia. Y 80 mueren cada día sin que les llegue la ayuda.


La solución para muchos mayores dependientes es ingresar en una residencia de ancianos. Pero la realidad es que hay pocas y son muy caras. El resultado son las “listas de espera”, más de 50.000 ancianos dependientes que cumplen hoy las condiciones para entrar en una residencia pública o concertada (privada subvencionada) y esperan una plaza hasta 4 y 5 años, si no se mueren antes. Se estima que son 18.500 en Cataluña, 10.000 en Madrid, 4.900 en Canarias, 2.600 en Galicia, 2.000 en el País Vasco, 1.500 en Extremadura, 860 en la Rioja…, a falta de datos oficiales. Y eso se debe a la escasez de residencias de ancianos, no sólo públicas sino también privadas. En España hay 4,1 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años (2019), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber 5 por cada 100 mayores. La media europea es de 4,6 plazas, pero los paises ricos del norte tienen más (6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 Reino Unido) e Italia sólo 1,85, según un informe de la consultora CBRE.


En España, la última cifra de residencias de ancianos (abril 2019) indica que hay 5.417 residencias, el 70,96% privadas (3.844) y un 29,04% (1.573) públicas. Y ofrecen 372.985 plazas (camas): el 72,84% son privadas (271.696 plazas, un 35% son concertadas: el Estado paga una cantidad por cada anciano alojado) y el 27,16% restante son públicas. Así que hay 1 plaza pública por cada 3 privadas. Pero esta es la media, porque hay varias autonomías donde las plazas en residencias públicas son mucho menores: Cantabria (sólo 14,1% plazas son en residencias públicas), Comunidad Valenciana (19,9%), Cataluña (20,3%), Andalucía (22,3%), Madrid (23,5%) y Murcia (24,1%). Y otras, pocas, donde hay una mayoría de plazas en residencias públicas: Extremadura (55,1% de las plazas), Melilla (59%) y Canarias (52,6%), según las estadísticas aportadas por el CSIC y Envejecimiento en Red.


El número de residencias y plazas ha crecido, pero menos que el número de ancianos, con lo que faltan plazas: unas 60.000 para llegar al ratio de 5 plazas por cada 100 ancianos de la OMS y un déficit real de 100.000 plazas, según la consultora CBRE. El problema adicional es que la falta de plazas no es homogénea sino que varía mucho por provincias y autonomías, según su porcentaje de mayores y su número de residencias. Así, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias, Murcia y Ceuta (2,2 plazas por cada 100 mayores), en la Comunidad Valenciana (una autonomía muy envejecida, con sólo 2,8 plazas por cada 100 mayores), en Baleares (2,9), en Andalucía (3), en Melilla (3,1), en Galicia (3,1 plazas, siendo la autonomía más envejecida: 25,2% gallegos tienen más de 65 años) y en Madrid (4,1 plazas). Y donde hay más oferta de residencias es en Castilla y León (7,6 plazas por 100 mayores en la 3ª autonomía más envejecida: 25,4% tienen más de 65 años), Castilla la Mancha (6,9), Aragón (6,5 plazas), Extremadura (6,2), Navarra (4,8), Cantabria y Asturias (la 2ª autonomía más envejecida: 25,7% de mayores) con 4,7 plazas y Cataluña (4,3).


Con este déficit y su reparto, hay muchos inversores, sobre todo fondos extranjeros, que han visto en España una gran oportunidad de negocio, por la vía de comprar residencias o construirlas. Así, el sector de las residencias de ancianos ha atraído más de 2.000 millones de euros de inversiones entre 2015 y 2017, según estimación de la consultora CBRE. Y el flujo de dinero ha seguido llegando hasta hoy. Lo que se busca son residencias bien situadas, (también en zonas costeras), mal gestionadas por propietarios españoles a los que se va con el dinero por delante. De hecho, se ha creado una cierta “burbuja” de compras, que ha subido un 50% los precios de las pocas residencias “disponibles”, según la consultora Angomed, que se dedica a “buscar oportunidades”. Y en paralelo, se están comprando edificios para reconvertir en residencias y hasta terreno para nuevas construcciones.


Tras esta “fiebre inversora” por las residencias españolas, el sector privado factura ya 4.500 millones de euros (2018) y se ha concentrado: hay 5 grandes grupos (4 extranjeros) que controlan el 23% del mercado (tenían el 14,6% en 2013) y los 10 primeros concentran ya el 30,9%, según el Observatorio sectorial DBK. El líder es el grupo francés DomusVi (el 3º en Europa en residencias), antes  controlado por el fondo francés PAI Partners y ahora propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG : llegó a España en 2015 y ya tiene 195 residencias y 25.000 plazas (camas). Le sigue el grupo también francés Orpea, filial del mismo grupo francés que tiene 96.500 plazas en Europa: llegó a España en 2006 y tiene ya 100 residencias y 8.000 plazas en residencias y centros de día. El tercero del ranking es Amavir, filial del grupo francés Maison de Famille (ligado a Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias, 40 centros de día y 8.000 plazas en 7 autonomías. El cuarto es Vitalia, empresa comprada en 2017 a Portobello capital por el fondo británico CVC  Capital Partners: tiene 40 residencias y 8.000 plazas, pero contempla inversiones para llegar a 10.000 plazas y subir al 2º puesto en el ranking del sector. Y en el 5º puesto, Ballesol, la única de las grandes con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 plazas.


Sigue en este ranking Sanitas mayores, propiedad de la británica BUPA, con 47 centros y 6.000 plazas residenciales. Y Saleta Care, filial de la sociedad belga Armonea, que compró el verano pasado 8 residencias y oferta 3.800 plazas. Y Caser residencial, con 19 residencias y 2.700 plazas. O el grupo francés Korian, líder europeo en el negocio de residencias (con 75.000 plazas), que ha comprado 13 residencias en Andalucía y Mallorca, con 2.000 plazas. Y la lista se engrosa cada día con constructoras que se meten a “gestionar residencias” (OHL, Sacyr, ACS, grupo Eulen…), con el Grupo Once (Ilunion sociosanitario tiene 7 residencias y 802 plazas),  y con fondos de inversión que se suman al negocio: el último HealthCare Activos Yeald, una SOCIMI (sociedad de inversión inmobiliaria) creada en septiembre de 2019 por fondos españoles para comprar y construir residencias.


Todos estos fondos de inversión, extranjeros y españoles, apuestan por el negocio de las residencias de ancianos porque existe una enorme demanda potencial (9 millones de mayores hoy, 15 millones en 2050) y saben que es un negocio “cautivo”, por la inexistencia de una oferta pública de residencias, que no se construyen apenas desde antes de la crisis. Y también saben que es un negocio muy  “rentable”, donde pueden poner altos precios al cliente, por la creciente necesidad del servicio y la falta de plazas en muchas ciudades y regiones, que se incrementará en el futuro: harán falta 200.000 plazas adicionales para 2030 y 400.000 para 2050, según la consultora CBRE.


Al final, el precio de una residencia de ancianos se ha disparado y eso (y la enorme demanda potencial) es lo que atrae a los inversores. Ya en 2017, la web Inforesidencias hablaba de un precio medio de 1.777 euros más IVA (1.954 euros). Y hoy, el precio oscila entre 1.500 y 2.000 euros, con un precio medio de 1.900 euros con IVA, según Cronoshare.com. Un coste que oscila mucho entre los 1.645 euros en Castilla León, los 1.914 euros en Galicia, los 2.030 euros en Cataluña o Madrid o los 2.469 euros del País Vasco. Eso sí, también hay residencias “low cost”  más baratas, en los extrarradios de las grandes ciudades, con pocos servicios y una mala atención que a veces se denuncia.


El problema para una persona mayor es que estos precios de las residencias son “prohibitivos”, incluso si encuentra una plaza en una residencia pública o concertada, donde paga sólo una parte, en torno al 42% según autonomías y residencias (son 800 euros, que en Baleares puede llegar a 1.000 euros). Recordemos que la pensión media en España era en octubre de 994 euros y que en el caso de las mujeres, mayoritarias entre los ancianos que necesitan una residencia, la pensión media de viudedad es de 730,90 euros. Así que una gran mayoría de ancianos no puede pagar ni una residencia pública ni una privada subvencionada y menos una residencia privada normal, salvo que venda parte de su patrimonio o hipoteque a sus hijos. Y sólo le queda depender del cuidado familiar o pagar a un cuidador en casa.


El problema es muy serio, no sólo porque un tercio de los mayores requieren ayuda sino porque muchos necesitan también cuidados médicos y psicológicos, que sólo se les pueden garantizar en una residencia geriátrica (lo que descargaría además la sanidad pública, desde hospitales a especialistas y Centros de salud, muy colapsados por los mayores).Pero no hay ningún Plan de residencias públicas, aunque se contemplaba en la Ley de Dependencia. Y no se invierte en ellas desde hace una década. Harían falta 100.000 plazas, sólo para cubrir el déficit actual, no las necesidades futuras. Y los expertos calculan que el coste de una residencia de 100 plazas son 10 millones de euros. Así que construir 50.000 plazas públicas costaría 5.000 millones de euros al Estado y las autonomías. Y otros 1.750 millones para subvencionar la estancia en 25.000 nuevas residencias privadas.


Pero a la vez que se planifica ampliar las residencias públicas, sobre todo donde hay menos y hacen más falta (recordemos: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia Canarias, Baleares, Andalucía y Madrid), hay que “poner orden” en el panorama actual de las residencias de ancianos, tal como pedía el último informe del Defensor del Pueblo y los profesionales del sector. Hay que “homogeneizar” el servicio, para que todas las residencias tengan las mismas exigencias de personal y profesionales, ya que ahora cada autonomía tiene unos ratios diferentes. Y homogeneizar también las ayudas al pago de una residencia, porque hoy son muy diferentes entre autonomías, con el objetivo de que el pago final no se lleva más del 70% de la pensión. También hay que potenciar las auditorías públicas de las residencias, para detectar y sancionar abusos en el cuidado de los ancianos (que siguen siendo noticia), publicando los resultados para que las familias sepan quién atiende mal. 


Bueno, las residencias de ancianos es un tema medio tabú, del que no se quiere hablar, pero que afecta a millones de españoles, por ser mayores o por sus padres. Y lo preocupante es que el Estado y las autonomías no afrontan la falta de plazas y dejan la vía abierta a los fondos de inversión, que sólo buscan rentabilidad a corto, a costa de altos precios y una atención “barata”. Es hora de decidirse a promover residencias públicas, de destinar parte del dinero generado por los mayores y sus familias a cuidarlos mejor. A no dejarles sólo en manos de los inversores. Para eso tenemos un Estado y unos impuestos.