Se dispara la pobreza energética

Enero está siendo un mes muy frío en toda España y eso aumentará los problemas de las familias que tienen dificultades para calentar su vivienda: 8,5 millones de personas sufren “pobreza energética” en España, un 17,5% de la población, casi el doble que la media europea y el triple que en 2008 (5,9%). Aunque el Gobierno ha aumentado las ayudas a estas familias, con el bono social eléctrico y térmico, sólo las reciben 1,7 millones de personas, la quinta parte de los que tienen problemas para calentarse y pagar la luz. Este año, la luz seguirá cara y lo mismo la calefacción, por lo que el Gobierno ha prorrogado estas ayudas a las familias en situación de pobreza energética. Pero la medida, que se incluye dentro del Decreto de revalorización de pensiones y prórroga del “escudo social” está pendiente de convalidarse en el Congreso y tanto la derecha como Junts amenazan con no aprobarla. Urge tomarse en serio este grave problema, que tantas familias no puedan pagar la energía.

                    8,5 millones de españoles sufren "pobreza energética"

En 2025 volvió a subir la luz, como en 2024 y 2023, aunque el recibo no dio los sustos de 2022, tras la invasión de Ucrania. En el mercado mayorista en origen, el precio medio ha sido 65,52 euros MWh, una subida del +4,2% sobre el precio medio de 2024 (62,90 euros MWh), por el aumento del precio del gas en la primera parte del año y la subida de los costes del CO2, aunque han evitado una mayor subida las lluvias de primavera y el aumento de la generación fotovoltaica. A partir de este precio en origen, el recibo de la luz que pagan los consumidores con tarifa regulada (8,5 millones) ha subido +12%, hasta una factura media de 69,34 euros mensuales (frente a 61,88 euros en 2024 y 60,34 euros de 2023, muy lejos ambas de los 105,48 euros que pagamos en 2022), según la OCU. Y en cuanto a la calefacción, la media del recibo subió un 13% en 2025 (a 640 euros anuales).

Ahora, en 2026, se espera otra subida del recibo de la luz, aunque puede bajar en origen hasta un 12%, dado que los futuros prevén un precio medio en el mercado mayorista de 56,70 euros MWh (que volvería a bajar a 54,25 euros MWH en 2027), según estimaciones de OMIP. Sin embargo, el recibo que pagamos podría subir este año. A los que tienen tarifa reducida, por la subida de peajes (cargos aprobados por el Gobierno) y, sobre todo, porque REE seguirá manteniendo “de guardia” varias centrales de gas, para evitar apagones, lo que supone un recargo en la factura. Y los que tienen una tarifa “libre” (20 millones de consumidores) verán como en la revisión anual de tarifas le suben, por estos cargos, al menos un 10%. Eso sí, la tarifa regulada del gas para calefacción baja más del 5%.

En definitiva, pagar este año la luz y la calefacción será caro, aunque puede haber algunos ahorros (ya también subidas si hay más conflictos geopolíticos). Y como el invierno está siendo frío, todo apunta a que la factura de la luz y la calefacción será un coste importante para muchas familias, junto a los alquileres (o hipotecas), la alimentación y el transporte. Por eso preocupa que aumenten las personas con problemas para calentar su casa o pagar la luz: el pasado invierno (2024-2025), el 17,5% de los españoles no pudieron calentar correctamente sus casas, según Eurostat. Eran más de 8,5 millones de personas con “pobreza energética”, el triple que en 2008 (entonces eran el 5,9% de la población).

España (con ese 17,5%) es el 4º país con  más “pobreza energética” de Europa, sólo por detrás de Bulgaria y Grecia (19% de personas con pobreza energética) o Lituania (18%) y duplica la media europea (9,2% de población con pobreza energética), según Eurostat, quedando muy por delante de Alemania (6,3%), Francia (11,8%), Italia (8,6%), Polonia (3,4%), Suecia (4,1%), Dinamarca (4,4%) o Finlandia (2,7%), paises mucho más fríos que España. Además, 1 de cada 3 familias españolas tuvo que retrasar el pago de sus facturas energéticas el invierno pasado, según otro Informe sobre pobreza energética 2024. Y existe una “pobreza energética “oculta”: un 15% de las familias tuvieron que recortar otros gastos básicos, como la compra de alimentos, para pagar las facturas de calefacción.

Esta pobreza energética en España es desigual, según el estudio. Afecta mucho más a las familias que viven de alquiler (un 33% sufren “pobreza energética”, casi el doble de la media española) que a los que tienen su casa en propiedad (17,5% de pobreza energética). Y hay una gran diferencia por autonomías: en Canarias y en las regiones más ricas (Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, la Rioja, Cataluña y Baleares) baja la tasa de pobreza energética (al 9%) y sube en las más pobres (al 23% en Extremadura, el 14,3% en Andalucía o el 12,3% en Murcia). Y además, preocupa el alto porcentaje de la pobreza energética “ severa” : un 9,35% de las familias (4,5 millones de personas) que dedican un porcentaje excesivo de sus ingresos a las facturas, incurren en retrasos severos de pago o no pueden mantener temperaturas adecuadas (por debajo de 18°C-21°C).

Frente a este grave problema de la pobreza energética, el Gobierno Zapatero creó en 2009 una ayuda, el bono social eléctrico, que se reformó en 2017 y se amplió en octubre de 2018, con el Gobierno Sánchez, que creó el bono social térmico. Dos formas de ayuda frente a la pobreza energética que son un avance pero que sólo ayudan a 1.703.511 personas, 1 de cada 5 afectados por la pobreza energética (8,5 millones). Veámoslas con detalle.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz que beneficia a las familias más vulnerables, que tienen problemas serios para pagar el recibo. El descuento varía según los ingresos del beneficiado: se rebajaba un -42,5% la factura eléctrica (descuento vigente del 30 de junio al 31 de diciembre de 2025) a los consumidores “vulnerables” (ingresan menos de 12.600 euros al año los solteros, 19.320 euros  las parejas con un niño y menos de 23.500 euros las familias con dos niños) y el descuento era del -57,5% para los consumidores “vulnerables severos” (ingresan menos de 6.300 euros al año los solteros, menos de 9.660 euros las parejas con 1 hijo, menos de 11.760 las familias con dos hijos, menos de 16.800 euros anuales las familias numerosas y menos de 16.800 euros los pensionistas). Además, hay un tercer grupo de beneficiados, los consumidores “en exclusión social” (atendidos por los servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías) que no tienen que pagar nada de luz (ni se la pueden cortar) y a quien esas administraciones pagan el 50% del recibo.

Este bono social eléctrico, esos descuentos en el recibo de la luz, los solicitan los beneficiarios potenciales a su compañía eléctrica, que se los aplicará si cumplen los requisitos, aunque realmente cargan después este coste al resto de los consumidores  (a través del concepto “financiación del bono social” incluido en las facturas de la tarifa regulada, aunque  los consumidores con contrato “libre” lo acaban pagando también). En 2025 había 1.703.511 consumidores beneficiados por el bono social eléctrico, medio millón más que antes de dispararse los precios de la energía por la invasión de Ucrania (1.218.120 beneficiarios en 2021). Más de la mitad de estas ayudas se concentran en Andalucía (348.435 beneficiarios), Comunidad Valenciana (223.306), Cataluña (189.705) y Madrid (187.639).

El bono social térmico, la otra ayuda complementaria disponible, es un pago anual único para ayudar al pago de los gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Su cuantía depende de la zona climática donde vive el beneficiario (más en Ávila que en Canarias), del grado de vulnerabilidad (ingresos) y de lo que aporte opcionalmente la autonomía a esta ayuda, que se financia con los Presupuestos del Estado (su coste fue de 312 millones en 2025, frente a 75 millones abonados en 2019). En 2025, la ayuda del bono social térmico variaba entre 40 y 373 euros anuales. Esta ayuda se abona en cuenta entre enero y agosto a todos los que disfruten del bono social eléctrico en diciembre del año anterior, pero este abono lo gestionan las autonomías y eso supone una gran descoordinación y retraso en las ayudas, por lo que algunos dicen que existen “17 bonos sociales térmicos”. En 2025, los beneficiarios del bono social térmico fueron 1.649.625 personas, medio millón más que en 2019.

Estas dos ayudas a los gastos energéticos se han ido prorrogando en los últimos años, la última vez hasta el 31 de diciembre de 2025. Unos días antes de vencer el plazo, el 22 de diciembre pasado, El Gobierno llegó a un pacto con EH Bildu para prorrogar estas dos ayudas durante todo 2026. Y al día siguiente, en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el Gobierno aprobó formalmente la prórroga, en un Real Decreto que incluyó también la prohibición de desahucios y el mantenimiento del “escudo social” más la revalorización de las pensiones. Ahora, todas estas medidas, incluida la prórroga de las ayudas a la pobreza energética, han de ser convalidadas en el Congreso, algo problemático dado que Junts asegura que no va a apoyar ningún Decreto del Gobierno, como PP y Vox.

Tenemos un antecedente de lo que puede pasar: hace un año, el Gobierno llevó al Congreso un Decreto semejante, para prorrogar el escudo social y revalorizar las pensiones y Junts lo tumbó, con PP y Vox, para ratificarlo unos días más tarde con algunos cambios y la partición del Decreto en dos (pensiones y otras ayudas). Ahora, PP, Vox, Junts y PNV no confirman si apoyarán este Decreto y critican que el Gobierno haya mezclado la revalorización de pensiones con la prórroga de ayudas contra la pobreza energética, la prohibición de coste de suministros básicos (luz, gas o agua) o la prohibición de los desahucios.

Mientras se concreta esta nueva “pelea política” lo que está en el aire son la prórroga de las ayudas a 1.7 millones de personas que tienen problemas para pagar la luz y calentar su casa, junto a la prohibición de que les corten los suministros. El bono social eléctrico y térmico es una ayuda importante para muchas familias, pero resulta insuficiente a la vista de los datos: 4 de cada 5 afectados por la pobreza energética no reciben ninguna ayuda. Los expertos lo achacan al exceso de requisitos y a la burocracia, que llevan a que muchos potenciales beneficiarios de las ayudas ni siquiera las pidan. Y también hay una gran descoordinación entre Administraciones, por lo que las ONGs  piden más implicación de los servicios sociales de los Ayuntamientos, para atender mejor las necesidades energéticas.

En paralelo a las ayudas, la Comisión Europea ha pedido a los paises otras medidas para paliar la pobreza energética, como potenciar las ayudas a la rehabilitación de viviendas, para que estén mejor aisladas y las familias puedan gastar menos en luz y calefacción. En este tema, España está retrasada, a pesar de las importantes ayudas a la rehabilitación energética con Fondos europeos: se rehabilitan energéticamente el 0,8% de las viviendas, cuando la Comisión Europea considera que deberían rehabilitarse el 2% cada año.

Ahora, el Gobierno debe aprobar finalmente la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, cuyo borrador presentó en septiembre de 2025. El Plan tiene 4 ejes de actuación (caracterización de la pobreza energética y creación de un Observatorio, protección de los consumidores, mejoras estructurales de las viviendas y mayor coordinación de las distintas Administraciones), concretados en 12 medidas: aumento del bono social, mejora y ampliación del bono social térmico (incluido en verano), concesión directa ayuda a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, prohibición de cortes de suministro e integrar medidas de descarbonización en la protección social energética. Algunas organizaciones sociales y ONGs creen que habría que ser más ambiciosos en esta nueva Estrategia, para cubrir a más personas energéticamente vulnerables, en colaboración con Ayuntamientos, autonomías y las propias compañías eléctricas. Y algunos proponen crear un Banco de Energía, al estilo de los Bancos de Alimentos, para canalizar donaciones (de energía o de dinero) a las familias más vulnerables.

En resumen, el pago de la luz y la calefacción supone cada vez un coste mayor para muchas familias, que no pueden afrontarlo, con lo que no pueden calentar sus hogares o lo hacen a costa de reducir otros gastos. Y España, al igual que en la pobreza general, es también líder en Europa en esa pobreza energética, que afecta a casi 1 de cada 6 españoles (17,5%). Urge ayudarles este mes de enero, con la convalidación en el Congreso de la prórroga del bono social eléctrico y térmico. Y después, habría que acordar un sistema de ayudas más eficaz, que llegara a la mayoría de los afectados (ahora 4 de cada 5 están desatendidos), no sólo con descuentos y ayudas en las facturas sino con medidas estructurales para rehabilitar las viviendas y reducir el gasto energético. Un gasto que angustia cada invierno a muchas familias.

Los "trucos" del bono social eléctrico

Una de las pocas cosas que han pactado el Gobierno y el PSOE ha sido el bono social eléctrico: rebajar la factura de la luz y no cortársela por impago a los más pobres, medidas que entrarán en vigor este otoño. Queda “muy social”, pero está lleno de “trucos”. Primero, quién paga: según el Gobierno, el bono social lo pagarán las eléctricas, pero ellas dicen que lo repercutirán y nos lo cargarán en la factura de la luz, después de haberlo ganado en los Tribunales. Y cuando una familia no pague los recibos, se obligará a los servicios sociales a pagar la mitad: si no, las eléctricas pueden cortarles la luz. Un “chantaje” a Ayuntamientos y autonomías, colapsados y sin Presupuesto. O sea, los políticos se hacen la foto y los demás pagamos. Todo por no ir al fondo del problema: tenemos la luz más cara de Europa, porque pagamos costes de más. Y hay demasiadas familias pobres, que no necesitan “caridad” sino más trabajo y más ingresos. Sean serios y no hagan demagogia.

 

                                                                                                              enrique ortega

Pagar el recibo de la luz está siendo un problema desde que se inició la crisis, porque han bajado drásticamente los ingresos de las familias (menos trabajo y unos salarios que se han reducido del 5 al 15%) y mientras ha subido mucho el precio de la luz, un 52% desde 2008 a 2014, casi el doble que en Europa (+34%), según Eurostat. Con ello, un 8% de los hogares españoles (4.200.000 personas) tiene problemas para pagar el recibo de la luz, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Y 625.000 hogares sufrieron el corte de luz por impago de recibos en 2015, según los datos publicados por la Comisión de la Competencia (CNMC). Todo ello porque el recibo de la luz supone más del 10% de los gastos totales para 1 de cada 6 familias, muchas de las cuales han tenido que reducir su consumo de electricidad para vivir y calentarse. De hecho, en España hay más de 5 millones de personas en situación de “pobreza energética”, según los estudios de ACA. Y este problema provoca hasta 7.100 muertes al año en España, según la OMS, el doble que el tráfico.

La pobreza energética se ceba en cuatro autonomías pobres (Andalucía, Extremadura Castilla la Mancha y Murcia), en familias con bajos ingresos por paro o empleo precario, con bajo nivel educativo y especialmente madres solteras o separadas con hijos, inmigrantes no europeos y personas mayores, especialmente jubilados con pensiones mínimas. El 14 de noviembre pasado, una de estas jubiladas, Rosa, de 81años, murió asfixiada en su casa de Reus, a consecuencia de un incendio provocado por una vela con la que se alumbraba tras haberle cortado la luz Gas Natural por impago de los recibos.

La muerte de Rosa y la ola de frío de este invierno llevaron al Gobierno y a los políticos a actuar, a tomar medidas tras varios años impasibles ante la pobreza energética. En diciembre de 2016, el Gobierno Rajoy y el PSOE pactaron un acuerdo sobre el bono social eléctrico, apoyado después por Ciudadanos, que fue convalidado en enero de 2017 en el Congreso y que ahora está pendiente de la aprobación de Bruselas, con lo que se espera que entre en vigor este otoño. El acuerdo contempla dos medidas. Por un lado, se mantiene y reforma el bono social eléctrico, que supone una rebaja de la factura de la luz del 25 al 40% para las familias con menos ingresos. Por otro, se crea un nuevo mecanismo para evitar los cortes de la luz a las familias más pobres que no paguen los recibos.

El bono social eléctrico va dirigido sólo a una serie de colectivos “vulnerables” que podrán disfrutar de la rebaja del 25% del recibo de la luz: familias con bajos ingresos (de 9.681 euros anuales sin hijos y hasta 16.135 euros con 2 hijos menores), familias con todos sus miembros en paro, pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas (ganen lo que ganen, una injusticia), además de víctimas del terrorismo y de la violencia de género más familias con discapacitados. Y en el caso de que estas familias ganen menos de la mitad de esos topes (de 4.840 a 8.067 euros anuales), se les considera  “vulnerables severos” y el bono social les permite rebajarse hasta un 40% del recibo de la luz. Eso sí, con dos condiciones más: no pueden consumir la luz que quieran (tienen unos topes de consumo) y tienen que tener una tarifa regulada (PVPC), no pueden tener un contrato libre de los que ofrecen las eléctricas (y que son ya el 58% de todos los contratos de la luz). Además, tienen que solicitar a las eléctricas el bono social y renovar cada año la solicitud.

En total, se estima que 2,5 millones de españoles tienen derecho al bono social, cuyos descuentos (del 25 al 40%) costarán este año unos 230 millones de euros. ¿Quién lo paga? Según el Gobierno Rajoy, las eléctricas y las comercializadoras de electricidad. Pero ellas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea, que lo acabaremos pagando todos en el recibo. Y si no, irán a los Tribunales y lo ganarán, como ya han hecho. Veamos la historia. En realidad, el bono social es una idea del Gobierno Zapatero, que lo introdujo en 2009, tras pactar con las eléctricas que lo pagaban ellas, a cambio de otras ventajas. Pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó al Gobierno, en 2012, a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló otra vez a su favor, en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2012 y octubre de 2016 (503 millones de euros, pendientes de pagárselos).

Mientras el Gobierno dice que ahora serán las eléctricas las que paguen el bono social, trata de ganar el pleito legal con las eléctricas, para lo que presentó, a finales de 2016, un recurso ante el Tribunal Constitucional  (aún no admitido hoy) contra la última sentencia que perdió en octubre . El Gobierno quiere que el Constitucional presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque entiende que el Supremo se extralimitó al interpretar una directiva europea. En definitiva, trata de ganar en los Tribunales europeos lo que ha perdido dos veces en los Tribunales españoles: que las eléctricas paguen el bono social. Y mientras, ha aprobado un “truco legal” afrontar el pago de  los 503 millones que debe a las eléctricas del bono social 2012-2016: ha incluido una enmienda en la Ley de Presupuestos 2017 para que ese dinero pueda pagarse con el remanente del sistema eléctrico (algo prohibido). Una “chapuza legal” para evitar que esos 503 millones los paguemos en el recibo.

Así que está en el aire quien paga el bono social, algo que se va a dilucidar en los Tribunales por mucho que el Gobierno diga que lo pagarán las eléctricas. Y queda ver la otra novedad de lo aprobado por el Gobierno, con apoyo del PSOE y Ciudadanos: la nueva normativa para impedir los cortes de luz a las familias que no paguen los recibos. Una medida que sólo beneficiará a los “vulnerables severos”, las familias que tienen menos ingresos (entre  4.840 a 8.067 euros anuales). Son unas 900.000 personas en toda España. Ahora se establece un protocolo por el que se amplía de 2 a 4 meses el plazo para pagar los recibos pendientes y si no se hace, las eléctricas deben informar a estos clientes de que vayan a los servicios sociales y se registren como “vulnerables severos”, tras haberles informado cuatro veces de que les pueden cortar la luz. Y aquí viene “el truco”: si los servicios sociales no pagan el 50% de los recibos pendientes, la eléctrica puede cortarles la luz. Legalmente.

Así que Gobierno, PSOE y Ciudadanos han pactado un sistema pero los que tienen que pagarlo son autonomías y Ayuntamientos, que financian los servicios sociales. “Ellos se hacen la foto y otros pagan”, dicen gráficamente los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han denunciado el sistema. Y se quejan de que se ejerce una tremenda presión sobre unos servicios sociales ya colapsados, que atienen a más de 8 millones de españoles y que apenas tienen recursos (3.500 millones anuales, de los que sólo 100 aporta la Administración central). Así que para evitar el corte de la luz a los más pobres, los servicios sociales tendrán que dejar de prestar otras ayudas (comida, pago alquileres, ropa, formación…).

El coste de impedir estos cortes de luz se estima en 300 millones de euros anuales, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, casi el 10% del presupuesto global de los servicios sociales municipales. Además, de un recargo de trabajo, porque serán los servicios sociales los que deberán gestionar todo el papeleo y renovarlo cada año. Un extra muy costoso, sobre todo para las cuatro autonomías que más sufren los cortes por impago: Andalucía (249.722 clientes vulnerables, con un coste extra de 80 millones), Comunidad Valenciana (129.567 clientes vulnerables y 44 millones de gasto extra), Madrid (112.526 y 165 millones) y Cataluña (95.549 clientes vulnerables y 32 millones de coste extra).

Pero no es sólo el “chantaje” y el coste extra que se carga a los servicios sociales municipales. Es que la propuesta aprobada es un mal sistema, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, por varias razones. La  primera, porque es una norma “paternalista”: deja en manos de los servicios sociales el pago del recibo (que deberían pagar las familias con ayudas públicas o el Presupuesto). La segunda, porque se fomenta el fraude: si una familia “vulnerable severa” sabe que si no paga la luz (con descuento del 40%) se la pagarán los servicios sociales, dejará de pagar (aunque pueda). Y además, deja en manos de las eléctricas todos los datos “sociales” de sus clientes.

Como se ve, ambas medidas, la rebaja en el recibo de la luz y el sistema para impedir el corte por impago, tienen “truco”: quien lo paga. Una cuestión que en Europa se resuelve de distintas maneras: hay paises como Alemania, Reino Unido o Grecia, donde las ayudas al pago de la luz las paga el Estado; y otros donde las pagan consumidores, eléctricas y Gobierno, como Francia, Italia o Portugal. Pero además, hay muchas peticiones para mejorarlo. Por un lado, el bono social sólo afecta a la factura de la luz, no a la del gas y el butano, como piden la OCU, autonomías, Ayuntamientos y muchos expertos. Por otro, no se incluye específicamente a los que viven solos, un colectivo muy vulnerable. Y la Defensora del Pueblo pide que no se limiten las ayudas a los que tienen una tarifa regulada sino a todos los que lo necesiten, sin limitar en exceso su consumo (abusos no, claro) y que se tomen medidas para evitar el colapso actual de los servicios sociales, que explican casos como el de Rosa.

Pero hay una cuestión de fondo: el bono social eléctrico es un “parche” que trata de paliar dos problemas estructurales: el alto coste de la luz y el alto nivel de pobreza en España. Mientras no se afronten estos dos problemas, habrá pobreza energética y cortes de luz.

El primer problema, los altos costes de la luz en España, es patente: pagamos 0,176 euros por kilowatio (media 2016), un 34,3% más cara que la media europea (0,131 euros/kW) y la luz más cara de Europa, por encima de Reino Unido (0,153 €/kW), Alemania (0,139 €/kW), Portugal (0,123 €/kW) y Francia (0,111 €/kW), según Eurostat. Y lo mismo las empresas: pagan 0,084 €/kW, un 18,3% que la media europea (0,071 €/kW industrial). Este mayor precio de la luz en España no es casualidad: se debe a que pagamos costes de más con el recibo, tanto en la producción de electricidad (se paga un exceso sobre lo que realmente cuesta producir el kilowatio hidráulico y nuclear) como en el transporte y distribución y en el rosario de costes que nos cargan al recibo y que debería pagarse vía Presupuestos (ayudas producción islas, a las renovables, al parón nuclear y la deuda eléctrica) o no pagarse. Urge hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que realmente cuesta.

El otro problema es la creciente pobreza, por el paro, la precariedad laboral y los bajos salarios, que provocan que haya 10 millones de adultos vulnerables, 1 de cada 4 españoles, según el reciente informe de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Un problemón  que exige mejorar la ayuda a los parados, reducir la precariedad laboral, subir salarios y aplicar una agresiva política de empleo, además de crear una renta básica para las familias más desfavorecidas, al menos las 629.700 familias sin ningún ingreso, según la EPA.

En definitiva, que el bono social eléctrico está muy bien, aunque sea una chapuza cómo se financia y falte mucho por mejorar. Pero no deja de ser “caridad”, un “parche” para evitar dramas y muertes, con el que hay que seguir pero buscando en paralelo resolver los dos graves problemas que hay detrás: unos precios de la luz desorbitados y demasiada pobreza. Mientras no se aborden de verdad estos 2 problemas de fondo, todo lo demás serán “parches”. Aunque los partidos queden muy bien “vendiéndolos"  como medidas sociales  muy progresistas por la televisión. Sean serios y no hagan demagogia.

Un país de hogares solitarios

En 1 de cada 4 hogares españoles vive una persona sola: separados, divorciados, jóvenes y mayores que viven solos, la mitad “por obligación”. Son 4,6 millones de personas, 1 de cada 10 españoles, el triple de “solitarios” que hace 25 años. Pero España es uno de los paises donde viven menos personas solas: el 25,2% de hogares, frente al 31,8% en Europa o el 45% en Dinamarca. Y eso, porque en España, los jóvenes no tienen empleo ni ingresos para irse del hogar familiar y muchos mayores viven con sus hijos o en residencias en vez de solos como en la Europa del norte. Con todo, cada vez hay más españoles que viven solos y eso está cambiando el consumo, los alquileres, la sanidad y la asistencia social. El Gobierno debería tomar medidas para ayudar a los mayores que viven solos, 3 de cada 4 son mujeres con bajas pensiones de viudedad. Porque muchos ancianos están abandonados y la soledad les causa depresiones y enfermedades. Hay que atenderles mejor.


                                                                                            enrique ortega

Los hogares españoles están hoy mucho más vacíos que hace 25 años. Si en 1991 había una media de 3,2 personas por hogar, en 2001 había bajado a 2,9 y en 2016 son 2,5 personas de media por hogar, según la Encuesta continua de Hogares 2016 del INE. Ello se debe a que las parejas tienen ahora menos hijos (1 y como mucho 2) y  a que hay muchas más personas que viven solas: separados, divorciados, jóvenes y mayores. Así, de los 18.406.100 hogares registrados en España, un 25,2% son hogares unipersonales, donde vive una persona sola. En total, son 4.638.300 españoles “solitarios”, según el INE, 1 de cada 10 habitantes. Y su número se ha triplicado en los últimos 25 años, pasando de 1.581.055 personas que vivían solas en 1991 (el 13,3%) a 2.876.572 en 2001 (el 20,27%) y a los 4.638.300 (25,2%) de hoy. Con ello, los hogares unipersonales son hoy los segundos más frecuentes, tras los hogares con dos personas (30,5%) y por encima de los de tres personas (21%).

¿Quién vive solo en España hoy? De los 4.638.300 “solitarios” censados, 4 son mayores de 65 años (1.933.300) y los otros 6 son jóvenes y adultos no jubilados (2.705.100 personas). La mayoría son mujeres (2.476.700) y sólo el 46,6% son hombres (2.161.600). Por estado civil, destacan los “solitarios” solteros (45,8%), seguidos de los separados o divorciados (17%), casados (6%) y viudos (30,2%). Y por autonomías, las que tienen más hogares unipersonales son Cataluña (750.000), Andalucía (736.000), Madrid (655.000) y Comunidad Valenciana (517.000), aunque en porcentaje relativo, hay más hogares con gente sola en Asturias (29,7% de hogares unipersonales), Castilla y León (28,7%), La Rioja (28,5%), País Vasco (27,2%) y Aragón (27,1%), según la Encuesta continua de hogares 2016 del INE.

Aunque los hogares unipersonales se han triplicado desde 1991, España es todavía uno de los paises europeos donde hay menos gente que vive sola: hay un 25,2% de hogares unipersonales frente al 31,8% de estos hogares en Europa (UE-28), con lo que hay 18 paises con más “hogares solitarios” que España, según Eurostat. El ranking lo encabeza la Europa del norte: Dinamarca (45% de hogares unipersonales), Finlandia (40,8%), Noruega (40,6%), Alemania (40,5%), Suecia (39,9%) y Holanda (39,6%), seguidos de Austria (37%), Bélgica (34,3%), Francia (35,8%) o Italia (34,3%). Y entre los paises con menos “solitarios”, la Europa del sur y del Este: Chipre (20,8%), Portugal (21,4%), Irlanda (22%), Rumanía (22,1%), Hungría (22,8%), Malta (23,3%), Bulgaria (24,2%), Polonia (24,4%), España (24,6%) y Grecia (25,7%).

La causa de que en Europa haya más hogares donde sólo viva una persona es doble. Por un lado, los jóvenes europeos se emancipan antes que los españoles y viven por su cuenta en mayor medida que aquí. Y por otro, las relaciones entre padres e hijos son diferentes: en la Europa del sur hay más costumbre de que los hijos se hagan cargo de los padres y vivan con ellos, mientras en la Europa del norte hay más “independencia” intergeneracional. Baste un dato: en España, el 54,3% de los padres mayores de 65 años tienen contacto con los hijos todos los días, mientras en Europa sólo tienen este contacto diario el 37,8% de los padres jubilados (y en Dinamarca el 18,3%), según un estudio de Eurofound 2012.

Veamos con detalle los dos grupos de españoles que viven solos: los jóvenes y adultos no jubilados y los mayores de 65 años. Primero, los 2.705.100 “solitarios” menores de 65 años en 2016 (1.228.528 más que en 2001). La mayoría son hombres (1.595.800) y en los últimos años han crecido los que viven solos porque se han separado o divorciado, mientras se reducían los jóvenes que viven solos, por la crisis. De hecho, la edad media de los jóvenes para independizarse ha subido en España a 29,4 años, frente a 26,1 años de media en Europa, los 20,7 años de Suecia , los 23,7 de Alemania, los 23,8 años de Francia o los 24,9 años de Reino Unido, según datos de Eurostat (2016). Y hay un dato todavía más llamativo: en España, el 80,3% de los jóvenes de 19 a 29 años (5.233.406 jóvenes) sigue viviendo con sus padres frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y si tomamos a jóvenes algo más mayores, entre 22 y 29 años, el 70% de los españoles viven con su familia, frente al 16% en Francia, un 21% en Alemania o un 30% en reino Unido, según un informe de la OCDE (2015).

¿Por qué los jóvenes españoles no se lanzan a vivir solos? Por su penosa situación económica. Primero, la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) es en España del 40,5% (la segunda más alta tras el 48% de Grecia), más del doble del paro juvenil de la UE-28 (17,2%) y la zona euro (19,4%), según Eurostat. Y segundo, los jóvenes con empleo tienen un trabajo muy precario: el 73% de los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen contratos temporales frente a un 43,8% de media en Europa (UE-28). Con ello, su incertidumbre laboral es muy alta y su salario muy bajo: un tercio de los jóvenes españoles de 16 a 29 años (casi 2,5 millones) son oficialmente “pobres”, ingresan menos del 60% de la media de ingresos española. O sea, ingresan menos de 8.209 euros netos anuales, según el INE. Así no hay forma de irse de casa y ponerse a vivir solo o en compañía y formar un hogar.

Veamos al otro grupo de los que viven solos, los mayores de 65 años: forman 4 de cada 10 hogares solitarios, según la Encuesta continua de Hogares 2016. Son 1.933.300 personas mayores que viven solas, 552.000 más que en 2001. Y de ese total de mayores solos, el 70% son mujeres mayores solas (y cuanto más mayores, más solas: el 21,4% de las que tienen entre 65 y 74 años viven solas y el 39,7% de las que tienen más de 85 años). En España, los mayores que viven solos suponen el 22,9% de todos los hogares de personas mayores (2016), un porcentaje que no ha dejado de crecer desde 1991 (hace 25 años, sólo el 16,6% de mayores españoles vivían solos). Con todo, esta proporción de “mayores solitarios” es también menor en España que en Europa: 24% en 2015 frente a 32,2% de mayores que viven solos en Europa, según Eurostat. Donde hay más mayores viviendo solos es en los países nórdicos y centro Europa: 40% del total en Dinamarca o Finlandia, 39% en Suecia, 38% en Francia, 34% en Alemania o 32% en Reino Unido. Y donde menos en la Europa del sur: 31% de mayores en Italia y 24% en Portugal, España o Grecia.

La explicación de que en España tengamos menos mayores que viven solos que Europa es múltiple. Por un lado, hay razones familiares y educativas: en la Europa del sur funcionan mejor las redes familiares y las hijas están más acostumbradas a cuidar a los padres en casa. Por otro lado, en el norte y centro de Europa existen más ayudas sociales para que los ancianos puedan vivir en su hogar, con asistencia externa. Y como contraposición, las pensiones españolas son muy bajas (el 47% son menores de 650 euros) y no permiten a muchos jubilados vivir solos, con lo que acaban aportándolas a sus hijos, también como forma de ayuda para salir adelante todos. Y en el caso de las mujeres, su pensión de viudedad es aún más exigua y les dificulta vivir solas: la pensión media de viudedad es de 645 euros al mes y hay 538.000 viudas (casi 1 de cada 4) que reciben menos de 400 euros de pensión al mes.

Con todo, 1.933.300 mayores de 65 años viviendo solos (el 22,9% de todos los mayores) son muchos mayores solitarios. Y esa abultada cifra, que crece año tras año, conlleva varias consecuencias económicas. La primera, cómo estos “mayores solitarios” consiguen sobrevivir y pagar con su exigua pensión la comida (17,4% de su gasto frente al 15% en el presupuesto de los menores de 65 años), los gastos de vivienda (39,9% frente al 31,8% el resto) y la salud (4,7% frente al 3,5%), ya que en lo demás gastan mucho menos: en ocio (10,2% frente a 15,1%), en vestir (3,8% frente al 5,1%) y en los demás bienes y servicios (24% frente al 29,5%), según la Encuesta de presupuestos familiares del INE. Con la crisis, muchos mayores solitarios se han encontrado con que no pueden pagar la luz o la calefacción y están a la cabeza de la pobreza energética.

Otro elemento clave del aumento de mayores que viven solos es su atención sanitaria y social, para evitar que su salud se deteriore o se mueran solos, como se informa con demasiada frecuencia. Debería existir un Plan de choque de la sanidad pública para tener censados a estos mayores que viven solos y asegurarles una asistencia sanitaria y social frecuente, con la ayuda de la teleasistencia. De hecho, la soledad es un grave problema que acaba teniendo efecto sobre la salud de los mayores, provocando en un 10% de los casos depresiones y enfermedades, según los expertos.

El aumento de los hogares donde vive una sola persona, sea mayor, joven o de mediana edad, está revolucionando el consumo y lo va a modificar mucho más, desde la presentación de los alimentos (no es lo mismo comprar para uno que para cinco) a los servicios (lavadora para uno). Y va a aumentar la oferta de servicios comunes para personas solas, desde comedores a lavanderías. Y lo mismo en la vivienda: promotores y constructores tendrán que pensar cada vez más en pisos-estudio para jóvenes, adultos y mayores que viven solos y a los que no compensa comprar o alquilar una casa de varias habitaciones.

En paralelo, el Gobierno debería actuar en dos frentes, a la vista de los datos de españoles que viven solos. Por un lado, fomentando que los jóvenes puedan emanciparse y vivir solos (o formar familias) como en Europa. Eso pasa por mejorar la formación y educación de los jóvenes (somos un país líder en abandono escolar: el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años, frente al 10,7% de media en Europa), para que estén mejor preparados para trabajar en lo que se demanda, ampliando la Formación Profesional, los contratos en práctica y la contratación estable de jóvenes, menos precarizados y mejor pagados.

Por otro, hay que tratar de apoyar más desde el Estado a los mayores que viven solos. Primero, reforzando su asistencia social y sanitaria, con un servicio de visitas frecuentes al domicilio y teleasistencia, que prevengan enfermedades y depresiones. Segundo, fomentando servicios comunes y desarrollando proyectos como los  pisos tutelados y viviendas compartidas iniciados en Madrid. Tercero, promoviendo ayudas para el acogimiento familiar de los mayores y co-financiando cuidadores a domicilio, una fuente de trabajo y residencia para jóvenes. Y por supuesto, trasvasando los ancianos más vulnerables de sus viviendas a residencias de mayores, lo que exige aumentar las plazas disponibles y, sobre todo, redistribuirlas mejor porque hay regiones con poquísimas residencias para ancianos (2,22 por 100 habitantes mayores de 65 años en Canarias, 2,91 en Valencia, 2,95 en Andalucía, 3,06 por 100 en Galicia) y otras mejor dotadas (7,43 plazas por 100 mayores en Castilla y León, 7,09 en Castilla la Mancha,6,38 en Aragón ó  5,16 por 100 en Navarra).

Al final, de los 4.638.300 españoles que viven solos, algo más de la mitad (59,4%) lo hacen por voluntad propia, pero casi la mitad (40,6%) se ven obligados a ser “solitarios” , según una encuesta de la Fundación Once (2015). Y la mayoría de estos “solitarios obligados”  son ancianos que se han quedado solos, el 70% de ellos mujeres. Aquí es donde deberían centrarse las ayudas públicas, para mejorar su vida y sus últimos años. Si es posible en su casa, mejor, pero reduciendo riesgos y problemas. Y si no, evitando que malvivan solos, facilitando su atención familiar o en una residencia. Es lo menos que merecen.

 

La luz ha bajado pero vuelve a subir

El clima (las lluvias y el viento) ha ayudado a que paguemos menos por la luz hasta mayo, en que subió, como también en junio. Este verano seguirá subiendo, porque con el calor habrá menos energía hidráulica y eólica, las más baratas. Además, el Supremo ha autorizado que las eléctricas carguen una subida extra de 2 euros por recibo, en agosto o septiembre, por revisión del margen de comercialización desde 2014. Con todo, la luz, que ha bajado un 9,8% en el primer semestre, podría acabar 2016 bajando sólo la mitad,  tras subir un 10% la pasada Legislatura. España es el 5º país con la electricidad más cara de Europa, duplicando el precio de los 28. Y eso porque pagamos costes de más a las eléctricas, que multiplican sus beneficios. Además, tenemos la luz más sucia del continente, mucha generada con carbón y gas. Urge que el futuro Parlamento apruebe una auditoría de costes para que paguemos la luz por lo que vale y que sea más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El precio de la luz cambia cada día (y cada hora) y tiene mucho que ver con el clima. Por eso, al haber llovido bastante y hecho mucho viento en los primeros meses de 2016, la electricidad bajó entre enero y abril, un 19,5%, ayudada también por la decisión electoralista de Rajoy de bajar la luz en enero (un -0,7% la parte regulada), tras haberla bajado (también por las anteriores elecciones del 20-D) en agosto (-2,2%).  En mayo, la luz volvió a subir un 0,7%, por el calor y porque las eléctricas pararon por recarga dos centrales nucleares (Trillo y Ascó II), sustituyendo su producción con centrales de carbón y gas, que producen luz más cara. Y en junio ha subido otro 9%, con lo que el recibo medio (4 kW de potencia y 210 kWh de consumo mensual) habrá bajado un 9,8% el primer semestre, según la Comisión de la Competencia (CNMC).

Ahora, en el segundo semestre, se espera que la luz siga subiendo, sobre todo durante el verano, por la menor producción hidroeléctrica (los embalses están llenos, pero no se puede soltar agua ante riesgos de sequía por un verano que se anuncia muy caluroso) y eólica (menos viento), lo que aumentará la generación de electricidad con carbón, gas y fuel, más caros. Y además, en agosto o septiembre, las eléctricas nos harán una subida extra, de unos 2 euros por recibo, que afectará a los 13 millones de usuarios con tarifa regulada (PVCP). Un recargo consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo, que dio la razón en 2015 a una demanda de las eléctricas porque el pago por comercialización de la luz (fijado en 2009) no cubría los costes (sólo el 60%) y había que subirlo. La CNMC hizo los estudios pertinentes y decidió que el nuevo margen debía subir de 4 a 5,24 euros anuales (mínimo). Y el Gobierno Rajoy ha aprobado este nuevo margen, con dos efectos, dos subidas. Una, que las eléctricas pueden refacturar la luz de todos los usuarios con tarifa regulada desde abril de 2014, lo que supone un recargo extra de 26 millones de euros a pagar por los usuarios. Y además, ya para el futuro, las eléctricas nos cargarán este nuevo margen anual de 5,24 euros por la comercialización de la luz.

Con todo ello, el recibo de la luz subirá en la segunda mitad de 2016, después de haber bajado un 9,8% en el primer semestre, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y podría cerrar el año 2016 con una bajada media del 5%, la primera desde 2013. En la pasada Legislatura de Rajoy (2012-2015), el recibo de la luz subió, para una familia media, un 9,88%: subió un 7,47% en 2012, bajó un 1,97% en 2013 y un 0,23% en 2013 y volvió a subir un 4,61% en 2014. La asociación de consumidores Facua ha hecho un muestreo de recibos y aumenta esta subida en la pasada Legislatura hasta el 16,2%, lo que supondría a las familias haber pagado 500 euros más de luz los pasados cuatro años.

Sea mayor o menor la subida, el hecho es que España tiene un precio de la luz que es el 5º más caro de Europa, sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia, según los últimos datos de Eurostat (2º semestre 2015): 23,7 euros por 100 kWh frente a 21,1 euros en la UE-28 (un 12,3% menos) y 22,1 euros en los paises euro (un 7,2% menos). Y mucho más cara la luz que en Francia (16,8 euros por 100 kWh) o Reino Unido (21,8 euros). Si se mide el precio en función del poder de compra en cada país, España sale perdiendo más en la comparativa: el precio real se convierte en 26,5 euros por 100 kWh, frente a 21,1 euros en la UE-28 y 21,6 euros en la zona euro. Y nos coloca como el 3º país con la luz más cara en poder de compra, empatados con Rumanía y sólo por detrás de Portugal y Alemania. Y eso porque aquí pagamos menos impuestos con la luz: un 21% del recibo frente al 33% de media en Europa y un 38% en la zona euro. Eso quiere decir que si los españoles pagáramos los mismos impuestos que el resto de europeos, la luz sería todavía un 12% más cara.

Estos mayores precios son frutos de años de subidas de la luz, sobre todo durante la crisis. Así, los precios de la electricidad en España han subido un 52% entre 2008 y 2014, 81 euros por Mwh, el doble de lo que subió en el resto de Europa (+ 42 euros/Mwh). Una factura que muchas familias españolas, en paro o con sueldos muy bajos, no pueden pagar, lo que ha elevado un 70% la pobreza energética desde 2011: ahora hay 5.155.901 españoles (el 11,1% de la población) con problemas para pagar el recibo de la luz, según el INE. Son 2,1 millones más de “pobres energéticos” de los que había cuando Rajoy llegó a la Moncloa en 2011. Y con ello, a más de medio millón de familias se les cortó la luz en 2015 por impago de los recibos (sólo con datos de Iberdrola y Endesa). Además, se ha recortado el bono social, el descuento del 25% en el recibo a jubilados, parados y familias numerosas, que ahora sólo disfrutan 2.445.000 familias cuando lo tenían más de 3 millones en 2010.

¿Por qué pagamos la luz más cara que en el resto de Europa? Básicamente, porque pagamos costes de más, por tres caminos. El primero, contratando más potencia de luz de la que necesitamos. Los españoles seguimos con el viejo temor a que “nos salte el automático”, a quedarnos sin luz, y preferimos contratar más potencia de la que necesitamos. Antes no era muy costoso, pero desde 2013, con la “reforma” eléctrica aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho, en 2013 y 2014, la parte de potencia contratada del recibo (el 92% a los consumidores domésticos y 145% a los industriales). Y así, ahora, pagamos más por la potencia contratada que por la luz que consumimos. Y si no, mire su último recibo de la luz: en el mío, he pagado 34,75 euros por potencia contratada y 32,74 euros por energía consumida. La cuestión es que un 20% de los españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan, según un estudio de Mirubee. Y eso supone que 3,6 millones de hogares tienen un contrato de luz inadecuado y están pagando potencia de más, una media de 52,82 euros extras por familia que engrosan los beneficios de las eléctricas.

Pero hay más. El mayor extracoste que pagamos con el recibo procede del sistema de precios que fijó en su día Aznar (Ley eléctrica 1997) y que no se han atrevido a desmantelar ni ZP ni Rajoy. En esencia, consiste en pagar un sobreprecio a los kilovatios que producen las centrales hidroeléctricas y nucleares (en buena parte amortizadas), así como otros recargos en el recibo para ayudar a las centrales de carbón y gas (cuando sobra potencia instalada) y a los grandes consumidores (empresas cementeras, aluminio, siderurgia…). También pagamos extracostes para ayudar a las renovables, al carbón nacional, al transporte y la distribución de electricidad, por el parón nuclear y para pagar la deuda eléctrica, extracostes que en parte debían pagar los Presupuestos. Según un estudio de Jorge Fabra, hemos pagado 28.000 millones de euros de más en los últimos 10 años. Y así seguimos.

Pero hay una tercera vía de pagos “extras”: el fraude, las “trampas” que los expertos achacan a las eléctricas, aunque muchas no se pueden demostrar. Se trata de ir cerrando y abriendo centrales (nucleares, hidráulicas, de carbón, fuel o gas) según cambien los precios en el mercado, no buscando generar la luz más barata sino sus mayores beneficios (por menos costes). Un comportamiento que ya provocó, en noviembre de 2015, una multa de 25 millones de euros de la CNMC a Iberdrola, por “considerar probada la manipulación de precios en 2013”: Iberdrola “cerró el grifo” de sus centrales hidroeléctricas para subir artificialmente el precio de la energía hidroeléctrica y con ello forzar al suministro de electricidad nuclear, de carbón y gas, con las que obtuvo más margen, según considera probado el expediente de la CNMC. Y esto es algo que no sólo se hace en España: Iberdrola se enfrenta ahora en EEUU a una multa de 330 millones de euros por presunta manipulación del precio de la luz: el organismo regulador FERC acusa a la filial USA de Iberdrola de alterar la cotización de precios en el mercado mayorista de la electricidad  y provocar que los consumidores de California pagaran entre 2 y 3 veces más cara la luz de lo que debían.

Además de pagar la luz más cara de lo que realmente cuesta producirla, pagamos una luz más sucia. España es, con Malta, Chipre e Islandia, uno de los 4 únicos paises europeos que aumentó sus emisiones de CO2 en 2014, un 0,5%, cuando Europa las bajaba (-4,1% la UE-28). Y una parte de la “culpa” (junto a los coches, los transportes y las grandes empresas contaminantes) la tienen las eléctricas, que han aprovechado la caída internacional de precios para aumentar la producción de luz con carbón, fuel y gas natural, lo que más contamina. Así, en 2015, el consumo de carbón creció un 24% y el de gas natural para electricidad un 18,8%. Y el carbón , la energía que emite más CO2, se convirtió en la segunda fuente de producción de electricidad (20,3% del total), por detrás de la nuclear (21,8%) y por delante de la energía eólica (19%), la segunda fuente en 2014. Y las centrales de ciclo combinado (gas y fuel) generaban el 10,1% de la electricidad, casi tanto como las centrales hidroeléctricas (11%) y muy por delante de la luz de origen solar (5,1%). Este año 2016, ha bajado algo el peso del carbón, en beneficio de la energía eólica (19,7%), pero aún es la tercera fuente y generó el 17,2% de la electricidad en los últimos 12 meses, según Red Eléctrica.

Ante este panorama, es normal que un 26% de los usuarios de la luz se declaren poco o nada satisfechos, según el panel de hogares de la CNMC. Y eso que casi  la mitad de los usuarios (46,6%) reconocen que no entienden el recibo de la luz e incluso no saben qué tarifa tienen (el 45,4%). En los últimos años, las eléctricas nos han bombardeado con ofertas y "tarifas planas", para atraer a más usuarios al “mercado libre”, que se llama así porque las eléctricas fijan “libremente” las tarifas, mientras los demás usuarios tienen tarifas reguladas, que modifica el Gobierno una o varias veces al año. Actualmente, el “bombardeo publicitario” ha provocado que ya sean más los españoles con tarifas “libres” (12.900.000) que los que pagan un recibo con tarifas reguladas o PVCP (12.750.000 usuarios). En general, hay que pensarse mucho cambiar a una tarifa “libre”, porque muchas ofertas son engañosas, con letra pequeña, y “tarifas planas” que penalizan mucho luego los excesos de consumo.

En cualquier caso, seamos consumidores con tarifas libres o reguladas, lo que debemos tener claro es que pagamos una luz muy cara (un 12,3% más que en Europa los particulares y hasta un 20% más las empresas). Y que eso pasa, fundamentalmente, porque pagamos costes de más, que multiplican los beneficios de las eléctricas españolas, más rentables que las del resto de Europa. Y además, una luz “más sucia”, que contamina más. Por eso, el futuro Parlamento debería tener como prioridad ajustar el precio de la luz, encargando una auditoría de costes que refleje lo que debería costar la luz con un beneficio razonable. Y, en paralelo, apoyar las energías renovables, penalizadas con el Gobierno de Rajoy, porque no es de recibo que Alemania o Reino Unido tengan más energía solar que España.

Se puede y se debe bajar el recibo de la luz, para ponerla a un precio “europeo”. Basta con pagarla por lo que realmente cuesta y producirla de forma más eficiente, sin tantas centrales de carbón, fuel y gas, que sobran (hay exceso de capacidad)  y además contaminan. Pero eso exige que el Parlamento y el futuro Gobierno se enfrenten al  oligopolio eléctrico, con un enorme poder económico, político y mediático. Hay que hacer la transición energética, empezando por el sector eléctrico, que sigue con el poder que tenía en el franquismo. Y lo pagamos cada mes en el recibo. Y en el aire. Luz y taquígrafos.