Otro récord de bajas laborales

La patronal está obsesionada con el absentismo, con las bajas laborales. Los datos avalan su preocupación: 1,47 millones de trabajadores faltaron cada día a su trabajo en 2025, 1,1 millones por bajas médicas (+83% desde 2017). Y el coste de estas bajas (ILT) se ha triplicado, siendo 33.280 millones en 2025: 16.616 millones pagan las empresas y 17.164 millones la Seguridad Social, el 2º mayor gasto tras las pensiones. Estamos ante un problema grave, pero no se puede “culpar a los trabajadores", insinuando que “se escaquean” con las bajas, como hace la patronal. La causa de las bajas disparadas es el deterioro de la sanidad pública, que tarda meses en atender y curar y carece de medios para mejorar controles y reducir plazos. También ha crecido el estrés en el trabajo y muchos trabajadores se preocupan más de su salud, mientras los jóvenes no aceptan trabajar enfermos (como hacían sus padres). Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido varias veces para reducir las bajas, pero no logran acuerdos .  

                            Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empieza a superar la crisis financiera de 2008, y sobre todo tras la pandemia. En 2012, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo) rondaba el 4%, mientras las bajas por enfermedad (ILT) rondaban el 2% (el resto son ausencias por diversos motivos). A partir de 2014, sube ligeramente el empleo y también el absentismo, por encima del 5% en 2019 (las bajas por enfermedad suponen el 2,7% de las horas de trabajo). La pandemia trastoca las cifras, hasta picos de absentismo del 7% en 2021 y 2022, siendo el 5,8% por bajas por enfermedad. Y a partir de estos máximos, el absentismo ha bajado, pero poco: era del 6,6% en septiembre de 2025, un promedio diario de 1.477.549 personas que se ausentaron del trabajo, según el último estudio de Randstad. Y de ellas, el 5,2% no trabajaban porque estaban de baja médica (ILT), concretamente 1.164.129 trabajadores de baja.

Voy a centrarme en las bajas médicas (ILT), porque son el grueso de las bajas (el 79%), en esos 1,16 millones de trabajadores de baja a finales de 2025. La gran mayoría de estas bajas médicas (el 91%) son por contingencias comunes, por problemas temporales de salud (roturas y problemas de huesos y músculos, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, infecciones y problemas mentales), siendo una minoría (9%) las bajas derivadas de enfermedades profesionales. Un reciente informe de AIReF ha dado la alarma: las bajas médicas por contingencias comunes se han casi duplicado, pasando de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024 (+83%), mientras las bajas por enfermedades profesionales están estables (unas 700.000). Y a la vez, esas bajas por contingencias comunes son más largas: de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

Podría pensarse que hay más bajas médicas porque hay más gente trabajando (+3,4 millones de ocupados desde 2017). Pero no es por eso, como lo demuestra el dato de las bajas médicas por 1.000 trabajadores: eran 21,4 en 2017, saltaron a 28 en 2019, a 32,8 en 2022, a 36,5 en 2024 y a 38 bajas por 1.000 trabajadores en 2025, un salto enorme (+77,5%). Un porcentaje de bajas médicas superior al del resto de Europa: si en España suponían el 4,5% de las horas pactadas en 2024, la media europea era el 2,5%, en Italia el 0,7% y en Alemania el 3,2%, frente al 3,9% en Francia, un 4,1% en Bélgica y un 3,6% en Portugal, según este estudio de Ivie. Y la OCDE sitúa a España como uno de los paises occidentales con más bajas laborales, con una media de 4,9 semanas perdidas al año por enfermedad.

El problema de este alto nivel de bajas médicas no es sólo la pérdida de jornadas y de productividad, sino también su alto coste, no sólo para empresas y trabajadores sino también para la Seguridad Social. Actualmente, los tres primeros días en que no se trabaja por un problema médico, el trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, el trabajador cobra el 60% de su sueldo (mejor, de su base imponible) y lo paga su empresa. Entre el día 16º y el 20º de baja, cobra ese mismo 60%, pero ya se lo paga la Seguridad Social (el INSS) y desde el día 21 en adelante, lo sigue pagando el INSS (a través de las Mutuas), pero el trabajador cobra algo más, el 75% de su base imponible. Así que de baja se cobra menos, aunque hay convenios que complementan lo que se recibe (hasta el 80/91% del sueldo).

Así que las empresas pagan una parte del sueldo del trabajador del 4º al 15º día que está de  baja, unos costes que han pasado de 4.806 millones en 2015 a 16.116 millones pagados en 2025, según los datos oficiales. Y el mayor desembolso lo hace la Seguridad Social (el INSS), cuya factura por las bajas médicas ha pasado de 6.149 millones en 2015 a 17.164 millones en 2025, la 2ª mayor factura que paga la SS tras las pensiones. En conjunto, el coste total de las bajas médicas se ha triplicado en la última década, desde los 10.955 millones que costaban en 2015 a los 33.280 millones gastados en 2025.

Veamos el perfil del trabajador que está de baja, según el informe de la AIReF. Hay más mujeres (40 por 1.000 trabajadores, frente al 33,86 de media) que hombres (30), se da más entre jóvenes (41,1 por 1000 entre 25 y 35 años, 34,4 entre 35 y 45 años, 28,7 entre 45 y 55 y 29,7 entre 55 y 65 años), aunque los más mayores están de baja el doble de días. Cogen más bajas médicas y más largas los asalariados (38,3 por 1000 trabajadores, con 112,5 días de media) que los autónomos (10,7 bajas por 1000, de 42,4 días de media) y más los asalariados con contrato fijo que los temporales. Los sectores con más bajas médicas (ILT) son la industria, las actividades sanitarias y servicios sociales, el transporte y almacenamiento, el suministro de agua y residuos, junto a las actividades administrativas, sin olvidar también a la construcción y el turismo. En general, las bajas se concentran en las grandes empresas, más que en las pymes. Y por autonomías, las que tienen más bajas médicas son Navarra (52,2 por 1.000 trabajadores), Cataluña(49,1) y País Vasco (42,6), aunque donde más han crecido desde 2017 han sido en Canarias y Cantabria. Un dato llamativo es que un 25% de los trabajadores son los que concentran el 55% de las bajas y muchos repiten.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013, con lo que hay “menos miedo a perder el empleo) y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Otro factor que cada día cobra más peso es el aumento del “estrés” en el trabajo, que ha disparado la depresión y los problemas mentales de muchos trabajadores, que son ya la 2ª mayor causa por la que se pide ahora una baja laboral, según la SS. Y además, son las bajas cuya duración más ha aumentado, de 19 días hace una década a 45 días ahora. Según este informe de UGT, en 2025 se concedieron 420.783 expedientes de ILT por trastornos mentales y de comportamiento, sobre todo en comercio, hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades administrativas, Administración pública y educación. Y consideran que estos problemas mentales son culpa en muchos casos de la temporalidad y la  inseguridad laboral, las largas jornadas laborales y la presión y sobrecarga de trabajo o el trato con clientes, a los que se han sumado los problemas derivados de la digitalización y el teletrabajo más las negativas condiciones climáticas (olas de calor, inundaciones, incendios…).

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes dedicaran un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortaban al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y estaban de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, pedían más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero de 2024 que aprobaría una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondría que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trataba de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas. Pero dos años después, la medida sólo se aplica en 4 autonomías (Baleares, Asturias, Cataluña y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) porque la mayoría de las autonomías (PP) están retrasando la firma de los convenios.

En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las fuerzas sociales una vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el problema de las bajas hasta el pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana después, el 16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse sin resultados: los sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .

Mientras, la patronal denuncia el alto nivel de absentismo y pide que el control de las bajas pase a las Mutuas, en tanto muchas empresas recortan los complementos salariales que están pagando a los trabajadores de baja. Y los sindicatos rechazan que se “victimice” a los trabajadores y defienden que se mejore la sanidad pública, para recortar la espera de los trabajadores para diagnósticos y operaciones, mientras reiteran la necesidad de abordar los problemas de salud laboral y en especial los crecientes problemas de salud mental. Y la AIReF, defiende básicamente tres medidas: mejorar la conexión entre los agentes que gestionan las bajas (sanidad, SS, Mutuas, empresas y trabajadores), reducir las listas de espera en la sanidad pública  y dotar de más medios a la atención primaria y al INSS en el seguimiento y la gestión activa, con las Mutuas, de las bajas médicas.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así habrá menos absentismo.

Demasiadas muertes por trabajar

Cada día mueren 2 personas en el trabajo o yendo y viniendo de trabajar. Fueron 735 muertes por accidente laboral en 2025, 61 menos que en 2024, aunque aumentaron los muertos en la construcción (+29 fallecidos). Y España es el 6º país europeo con más muertes laborales en relación con los que trabajan. Los sindicatos denuncian que son “demasiadas muertes” y que muchas podrían evitarse si las empresas invirtieran más en prevención. Además, se quejan de que hay muchas enfermedades profesionales que no se reconocen, como algunos cánceres. En febrero de 2026, Gobierno y sindicatos han pactado una reforma de la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995, para reforzar la prevención y afrontar nuevos riesgos de salud mental, trabajo digital y cambio climático. Pero la patronal se descolgó del acuerdo, porque no quiere más normas sino regularlo en los convenios. Ahora falta aprobar los Decretos y la nueva Ley, algo que no será fácil por los enfrentamientos en el Congreso. Pero hay que tomar medidas para frenar estas “muertes silenciosas”. No puede ser que el trabajo mate.

                           Enrique Ortega

Este lunes, un hombre de 56 años murió al caer desde el tejado de una empresa en la que estaba trabajando en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 735 fallecidos en 2025, en el trabajo (584 muertes) o yendo y viniendo de trabajar (otros 151 muertos “in itinere”), según los datos recién publicados por Trabajo. Una cifra que reduce en 61 los 776 muertos en accidentes laborales en 2024 y que es algo menor a los 721 muertos en accidente laboral en 2019, antes de la pandemia, aunque ahora hay 2,5 millones de personas más trabajando. Aún así, son muchos más que los 558 muertos laborales de 2013, el mínimo desde antes de la crisis financiera (hubo 841 muertos en 2007), y la mitad de las 1.580 muertes en el trabajo (más de 4 diarias) que se contabilizaron en España en el año 2000.

Empecemos por los datos de los accidentes laborales, que prácticamente se estancaron en 2025: hubo 1.163.047 accidentes declarados, un 1,5% menos que en 2024 (1.181.202). Pero algo menos de la mitad (542.661, -1,8%) fueron “accidentes sin baja”, generalmente leves, porque muchos de estos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen en los últimos años). Algo más de la otra mitad fueron “accidentes con baja”, 620.386 en 2025, casi los mismos que en 2024 (628.300), aunque muy lejos de los accidentes con baja que había en España en plena “burbuja inmobiliaria” (1.022.067 en 2007), aunque es una cifra de accidentes con baja similar a la que había antes de la pandemia (650.602 en 2019). Pero hay que recordar que ahora trabajan en España 2,5 millones de personas más…

El grueso de los accidentes de trabajo con baja se produjo en el trabajo (529.838 accidentes,-19% que en 2024) y el resto fueron accidentes “in itinere” (90.548,+2,9% que en 2024), accidentes producidos al ir y venir de trabajar, que son los accidentes que más crecen en los últimos años, por accidentes de tráfico. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (70,2%), pero curiosamente son las mujeres quienes tienen más accidentes laborales “in itinere” (el 54% del total), quizás porque se desplazan más para conciliar el trabajo con llevar a los hijos al colegio o hacer las compras. La gran mayoría de los accidentados con baja son asalariados (95,4%) y el resto autónomos (4,6%).

Las actividades más peligrosas en 2025, con más accidentes laborales en el trabajo con baja, fueron la industria (96.068, el 18,3% del total), la construcción (78.845 bajas, el 15,06%), el comercio y la reparación de vehículos (69.968 accidentes, el 13,20%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (57.030, el 10,76%), la hostelería (50.837, el 9,59%), el transporte y almacenamiento (41.168, el 7,76%) y las actividades sanitarias y servicios sociales (40.864 accidentes, el 7,71%). Pero si tenemos en cuenta los que trabajan en cada sector, la “siniestralidad relativa” (accidentes por cada 100.000 trabajadores), las actividades más peligrosas son en realidad  la construcción (5.510 accidentes en el trabajo por cada 100.000 trabajadores), la minería (5.413), el suministro de agua y saneamiento (5.136), la industria (4.364), el campo (3.759), el transporte y almacenamiento (3.555), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.473) y la hostelería (2.731), los 8 sectores con más accidentes que la media (2.547 por 100.000 trabajadores). Y las autonomías más “peligrosas” para trabajar son, curiosamente, Baleares (3.791 accidentes/100.000 trabajadores), Navarra (3.655), Castilla la Mancha (3.227), La Rioja (3.155) y Aragón (2.912), por encima de la “siniestralidad” de Andalucía (2.720), Comunidad Valenciana (2.509),Cataluña (2.356) o Madrid (1927 accidentes/100.000 trabajadores).

Centrándonos en la gravedad de los accidentes laborales, en 2025 se produjeron en el trabajo 3.701 accidentes graves, de los que 584 fueron mortales (62 muertes menos que en 2024). De estas muertes en el trabajo, la mayoría fueron hombres (546 muertes, 62 menos que en 2024) y 38 fueron mujeres (igual que en 2024). Por edades, los trabajadores mayores son quienes tienen más muertes en el trabajo: entre 55 y 59 años (121 muertes en 2025), de 60 a 64 (105) y de 50 a 54 años (102 muertes). La 1ª causa de estas muertes en el trabajo son los infartos y derrames cerebrales y otras “causas naturales” (251 muertes, 15 menos que en 2024), que los sindicatos atribuyen en muchos casos al “estrés laboral”. Le siguen los golpes y caídas (97 muertes, 3 más que en 2024), los aplastamientos (82 muertes, 17 menos) y los accidentes de trafico (73 muertes, 23 menos). En el caso de las muertes “in itinere” (151 fallecidos, 1 más que en 2024), la mayoría fueron por accidentes de tráfico (138) y afectaron más a hombres (122 muertes,+2 que en 2024) que a mujeres (29,-1).

Centrándonos en las muertes en el trabajo (584 en 2025), las actividades más letales fueron los servicios (262 muertos, -64 que en 2024), la construcción (164 muertos, 29 más, por lo que “alertan” los sindicatos), la industria (110 muertes laborales, -6) y el campo (48 muertos, -21). Pero si tenemos en cuenta la “siniestralidad relativa”, el sector con más muertes en el trabajo es la construcción (11,32 muertes por 100.000 trabajadores), a mucha distancia del campo (6,68 por 100.000), la industria (4,52) y los servicios (1,61 muertos por 100.000 trabajadores, muy por debajo de la media: 2,81 muertes/100.000). Y por autonomías, las más letales para trabajar son Andalucía (95 muertes en el trabajo), Cataluña (91 muertes, su peor dato desde 2009), Comunidad Valenciana (66), Madrid (55) y Castilla la Mancha (41 muertes). Pero si lo comparamos con los trabajadores de cada región, la “siniestralidad relativa” cambia:  las más “letales” son Castilla la Mancha (5,32 muertos en el trabajo por 100.000 trabajadores), Asturias (5,24), Murcia (4,32), Galicia (4,23) y Castilla y León (3,98), frente a 2,95 muertes/100.000 trabajadores en Andalucía, 2,41 en Cataluña y 1,52 en Madrid.

Los accidentes y las muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen casi 2,2 millones de accidentes con baja (2.153.161 en 2023) y 2.972 muertes en el trabajo (2023), según los últimos datos de Eurostat. España es el 2º país europeo con más accidentes en el trabajo en relación a los que trabajan (2.707 accidentes por cada 100.000 trabajadores en 2023), sólo superado por Portugal (2.995 accidentes) y muy por encima de la tasa europea (1.500 accidentes por 100.000 trabajadores), cerca de Francia (2.644) y lejos de Alemania (1.620/100.000), Italia (1.182), Bélgica (1.513) o Dinamarca (1.578). Y en cuanto a las muertes en el trabajo, la tasa de España (2,28 muertes/100.000 trabajadores) supera a la media europea (2,28/100.000), a Paises Bajos (0,6), Alemania (0,91) o Bélgica (1,67), pero es menor que la mortalidad laboral en Francia (4,42 muertes/100.000) o Italia (2,62).

El trabajo no solo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales que en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y están creciendo: en 2024 (último dato oficial) se contabilizaron 26.803 partes de enfermedades profesionales,+4,6% que en 2023 y menos que antes de la pandemia (27.392 en 2019). De este total, la mayoría son partes sin baja (15.269), alcanzando los 11.534 con baja. Más de la mitad (54%) los dan las mujeres y por tramos de edad, la mayoría (19,84%) los dan las mujeres de 50 a 54 años y los hombres de 45 a 49 años (otro 19,7% de los partes).Por autonomías, las que concentran más partes por enfermedades profesionales en relación a sus trabajadores  son Murcia (362 por 100.000 trabajadores), Navarra (336), La Rioja (260), País Vasco y Comunidad Valenciana (162/100.000 trabajadores). Y las actividades con más bajas por enfermedad profesional son la minería (368 por 100.000 trabajadores, sobre todo en Extremadura y Galicia), la industria (301/100.000 trabajadores, sobre todo en Murcia, Navarra, la Rioja y País Vasco), la construcción (118), las actividades sanitarias (107) y administrativas (107) y la hostelería (106,99 partes/100.000 trabajadores).

Las causas que provocan estos partes de enfermedades profesionales son los agentes físicos (81,2% del total, la mayoría por posturas forzadas y movimientos repetitivos), los agentes biológicos (el 6,4%, sobre todo infecciones), las enfermedades de la piel (5,6%), la inhalación de sustancias (3,8%), los agentes químicos (3,27% del total) y sólo 104 bajas por enfermedad (el 0,37%) fueron por cáncer (107 en 2022). Precisamente, los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (104 casos en 2024, 54 por amianto) y que la mayoría de los casos se reconocen porque el trabajador afectado acaba en los Tribunales. UGT considera que 1 de cada 3 casos de cáncer en España podrían estar relacionados con la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo. Los trabajos con más riesgo, según detectó la Encuesta WES, son los relacionados con el amianto, la sílice cristalina respirable, las emisiones de motores diesel y el polvo de madera, aunque también el benceno, la radiación ultravioleta solar, el formaldehido, el cromo hexavalente y el plomo y sus compuestos orgánicos.

Los sindicatos valoran positivamente la reducción de muertes en el trabajo en 2025, aunque les preocupa la alta peligrosidad de la construcción y el aumento de las muertes “in itinere”. Pero reiteran que esas 735 muertes laborales son “excesivas” y muchas podrían evitarse si las empresas (y los trabajadores) cumplieran la normativa de riesgos laborales y si las pymes dedicaran más medios y personal a prevenir los riesgos laborales (que muchas empresas “subcontratan” fuera). Y denuncian que, tras el COVID y las crisis posteriores, muchas empresas “han bajado la guardia” y gastan menos en la prevención, a pesar de que por cada euro invertido en seguridad recuperan 2 euros. Además, los sindicatos se quejan de la falta de control, porque la inspección de Trabajo carece de medios para vigilar la seguridad en el trabajo (tienen 1 funcionario por cada 13.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 de media en la UE). Y denuncian también la falta de medios judiciales para acabar con la impunidad penal en los accidentes laborales: en 2023 hubo sólo 406 sentencias por siniestralidad laboral, 235 condenatorias, algunas sobre accidentes de hace 20 años (17 de 2001 a 2010).

En junio de 2021, la Comisión Europea aprobó un Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027, para atajar los accidentes y muertes laborales en Europa. Ahí se fijaba la obligación de crear una Mesa tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal) sobre seguridad laboral dentro del diálogo social, Mesa que se creó en España el 12 de febrero de 2024, con año y medio de retraso. Tras diversas reuniones sobre medidas a tomar, dos años después (el 10 de febrero de 2026) se ha alcanzado un Pacto entre el Gobierno, UGT y CCOO (la patronal CEOE no lo ha firmado) para mejorar y modernizar la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es de 1995. El objetivo es reforzar la normativa de seguridad laboral, mejorar la detección de las enfermedades profesionales y reforzar la protección de los trabajadores ante los riesgos de salud mental (la 2ª causa de bajas laborales) y los problemas de salud laboral que provocan la digitalización y el cambio climático.

Ahora, en un próximo Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará esta reforma de la normativa de seguridad laboral pactada con los sindicatos, mientras la patronal reitera que no ha firmado el acuerdo porque debería tratarse en la negociación de los convenios. Como el Gobierno sabe los problemas que tendrá esta reforma de la Ley en el Congreso (Junts, el PP y Vox votarán en contra, como apoyo a la patronal), la estrategia será aprobar también una serie de Decretos (que no haya que convalidar) para reformar los actuales Reglamentos de prevención de riesgos laborales en materia de riesgos psicosociales, digitales y climáticos, más cambios para lograr un mayor control del cumplimiento de la normativa vigente.

Al final, se intenta adaptar una Ley del siglo XX a los trabajos y riesgos laborales del siglo XXI, aunque la clave es que la normativa se cumpla, no sólo por las empresas (las pymes tienen menos medios) sino también por sus trabajadores (falta una mayor “cultura de la seguridad”), apostando por la vigilancia y las sanciones en caso contrario, porque se juegan vidas e incapacidades. Habría que alcanzar acuerdos, como país y empresa a empresa, para conseguir un objetivo a medio plazo: “muertes cero” en el trabajo. Es una tarea de todos: no podemos consentir que el trabajo mate.

El trabajo precario daña la salud mental

La pandemia y la nueva crisis desatada por la inflación y la guerra en Ucrania han deteriorado más la salud mental de los españoles: 4 de cada 10 valoran la suya negativamente, según una reciente Encuesta. Y gracias a un informe encargado por Trabajo a 45 expertos, sabemos que un tercio de las depresiones y problemas mentales son causados por la precariedad laboral: contratos inestables, largas jornadas, bajos salarios, mala valoración profesional, falta de incentivos, problemas con los jefes… El informe revela que 11,9 millones de españoles adultos (asalariados, autónomos y parados), el 50,8% del mercado laboral, están en una situación laboral “precaria”. Y muchos acaban con depresiones, angustias y hasta suicidios (11 al día), la mayoría sin tratamiento adecuado y consumiendo ansiolíticos a mansalva. Los expertos proponen medidas para reducir la precariedad y mejorar la deficiente atención a la salud mental, con la colaboración de convenios y empresas, lo que reduciría los problemas mentales. No es sano mantener una economía que funciona con trabajadores “dopados”.

Enrique Ortega

La salud mental es un problema que preocupa en todo el mundo, al haberse deteriorado con las últimas crisis, desde la crisis financiera de 2008 a la pandemia y la crisis actual por la inflación y la guerra en Ucrania. Aproximadamente, 1 de cada 8 personas en el mundo (más de 1.000 millones) sufren algún trastorno mental, según el informe 2022 de la OMS, lo que provoca graves problemas psicológicos y económicos, en medio de una desatención sociosanitaria general. En Europa, 1 de cada 6 personas (84 millones de europeos) tienen cada año un problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o trastornos por el uso del alcohol y drogas, afectando más a las clases sociales más desfavorecidas. Y en España, los datos oficiales indican que los problemas mentales tienen una elevada prevalencia entre los mayores de 15 años: afectan a 4,5 millones de españoles, el 11,1% de la población adulta.

Estos datos revelan que un 5,8% de españoles adultos (2.372.859 personas) tienen “ansiedad crónica”: son 1 de cada 12 mujeres, 1 de cada 28 hombres, 1 de cada 12 desempleados, 1 de cada 23 personas que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. Y otro 5,3% de españoles adultos (2.1608.302 personas) sufren “depresión”: son 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 31 hombres, 1 de cada 13 desempleados, 1 de cada 40 que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. La mayoría de estos trastornos mentales son derivados a los Centros de salud, que no cuentan con personal especializado, lo que se traduce en que híper recetan fármacos al paciente: España es el país del mundo que consume más ansiolíticos e hipnóticos por habitante, según las estadísticas internacionales. De hecho, casi el 11% de los adultos han consumido tranquilizantes, relajantes o partillas para dormir en las últimas semanas (1 de cada 7 mujeres). Y los enfermos aguantan así, “dopados”, hasta que su situación se agrava y acaban en las urgencias de un hospital o en una de las escasas unidades de atención psicológica de los hospitales, repletas y con listas de espera.

Y al final, muchos de estos pacientes con problemas mentales acaban suicidándose, la brutal constatación de que la atención mental falla. El 2021 se produjeron en España 4.003 suicidios (11 diarios) y todo apunta a que en 2022 se habrá alcanzado otro récord, dado el salto de suicidios en el primer semestre (2.015 suicidios). Cada año se suicidan en el mundo 700.000 personas, muchas con trastornos mentales. Y el suicidio es la 4ª causa de muerte prematura entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la OMS, quien reitera que en los paises desarrollados se dan más los suicidios en personas con problemas económicos, rupturas sentimentales o problemas de salud.

Este preocupante panorama de la salud mental se ha agravado con la pandemia y la actual crisis derivada de la inflación y la guerra en Ucrania, según la última Encuesta de la Confederación de Salud Mental de España, publicada en marzo de 2023: 4 de cada 10 encuestados valoran negativamente su salud mental y el 75% creen que la salud mental española se ha deteriorado tras la pandemia. Al preguntarles por las causas de este deterioro de su salud mental, los encuestados señalan tres factores: no poder pagar el alquiler o la hipoteca, miedo a perder el trabajo o temor a no poder pagar las facturas. En general, todos destacan que la 1ª causa de su angustia o depresión son sus condiciones de vida y de trabajo, sus dificultades económicas para llegar a fin de mes. Y en especial, la precariedad del trabajo, sobre todo de mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años.

Para analizar el efecto de la precariedad laboral en los trastornos mentales, el Ministerio de Trabajo encargó, en abril de 2022,  un Informe sobre precariedad laboral y salud mental (pionero en el mundo) a un equipo multidisciplinar de 11 expertos y 34 colaboradores externos a la Administración. El Informe se presentó el 17 de marzo y ofrece una conclusión apabullante: un tercio de los casos de depresión que se dan en España (170.000 de los 511.000 casos totales) se deben a la precariedad laboral. Y en consecuencia, podrían ser evitados (los casos, su atención sanitaria, sus costes y pérdidas económicas  y los suicidios que provocan) si los españoles tuvieran trabajos más decentes y menos precarios.

¿Cuál es la relación entre precariedad y trastorno mental? Así lo explica Joan Benach, doctor en Salud Pública y coordinador del Informe: “El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio”. Por eso, propone actuar en dos frentes: reducir la precariedad laboral y a la vez atender a los que sufren trastornos de salud mental por su situación laboral y socioeconómica.

El estudio tiene una primera parte que analiza el alcance de la precariedad laboral en España, con los datos más recientes. Y su conclusión es impresionante: a finales de 2022, 11,9 millones de españoles adultos (15 años y más), el 50,8% del mercado laboral,  estaban en una situación de precariedad laboral: son trabajadores con contratos temporales, trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario (trabajan por días o por horas porque no encuentran trabajo a jornada completa), subocupados (apenas trabajan), autónomos precarios (o por trabajo o por ingresos irregulares) y parados sin empleo que habían trabajado antes. En total, se suman 8.1 millones de asalariados. 1,2 millones de autónomos y 2,6 millones de parados, todos “precarios”. Un 50,8% del total del mercado laboral están “precarizados”, porcentaje que ha bajado algo desde 2019 (52%) pero que queda muy lejos de 2007 (48,4% precarios).

Esa es la precariedad laboral global, pero tienen más precariedad las mujeres (53,3% precarias), los mayores de 40 años (57,3%) y los jóvenes, sobre todo los que tienen estudios medios y superiores. Además de su precariedad laboral, el impacto en la salud mental es mayor en las mujeres, según este Informe, porque han de atender a su trabaja, su casa, sus hijos y hasta a sus padres dependientes. También se agrava la salud mental entre los precarios inmigrantes (el riesgo de problemas mentales se triplica al perder su trabajo), los autónomos y los trabajadores jóvenes empleados en plataformas digitales y Call centers. Y en todos los casos, tiene mucho que ver el nivel de renta, los ingresos de las personas precarias: el impacto negativo sobre su salud mental es 2,5 veces mayor entre los que tienen menos renta.

Además de la precariedad laboral, los problemas mentales se agravan por una deficiente atención sanitaria a estos enfermos, según revela el Informe de los expertos. Los médicos de familia poco pueden hacer, en consultas saturadas, más que recetarles psicofármacos para salir del paso. Y en los casos más graves, derivarlos hacia médicos especialistas o a Centros de Salud Mental, escasos y saturados. Hoy día, la demora para la primera visita psiquiátrica son 12 meses y con otro problema adicional: las visitas sucesivas de demoran demasiado (de 3 a 5 meses), lo que dificulta el seguimiento, junto a la enorme rotación de profesionales (que exige al paciente “empezar de nuevo con cada médico”). En el caso de los hospitales, hay pocas unidades y plantas de Psiquiatría, muy agobiantes para pacientes y familias. Y los Centros de Día y Rehabilitación, una buena solución, son aún más escasos. Resultado: el que quiere una buena atención mental, ha de pagarse un especialista privado.

Y en paralelo, las personas con problemas de ansiedad o depresión tienen otros problemas, desde el trabajo a la estigmatización social. Las empresas no facilitan las bajas por depresión (un 15% de las bajas totales) y estigmatizan a los que las piden, no ayudando al trabajador con cambios laborales. Y en muchos casos, estar de baja por depresión o tener problemas mentales aísla más a estos enfermos de la sociedad, dificultando su recuperación y agravando su situación. Falta una política integral para mejorar la salud mental, desde las empresas (Planes de detección de riesgos) a los Centros de Salud, los especialistas y los hospitales, mejorando los medios y el personal de atención sanitaria especializada, hoy claramente insuficiente: en España hay 9,6 psiquiatras por cada 1000 habitantes, menos de la mitad que la media europea, y 6 psicólogos clínicos para cada 100.000 habitantes, la tercera parte que en Europa.

Los españoles, sobre todo los más jóvenes, ven cada vez más claro los daños mentales que les están creando algunos trabajos con condiciones laborales muy precarias (contratos temporales, por días y horas, horarios sin límite como en algunas consultoras, actividades muy rutinarias, falta de integración y participación en la organización, escasas perspectivas de mejora y carrera laboral, bajos salarios…). Y así pasa que el 27% de los trabajadores están dispuestos a abandonar su trabajo, según un reciente estudio de InfoJobs y Esade, que refleja que los descontentos han aumentado un 4% (eran el 23% en 2021). Y curiosamente, un tercio de los que buscan irse del trabajo (el 32%) lo hacen “para proteger su salud mental”, por delante de los que buscan mejores condiciones económicas (27%) o los que buscan mayores posibilidades de conciliación laboral (24%). Así que la clave para cambiar de trabajo es “cuidar la salud mental”, el bienestar emocional más que el salario.

El informe sobre precariedad y salud laboral encargado por Trabajo propone un abanico de medidas para mejorar la salud laboral. La primera y previa al resto es contar con indicadores de precariedad laboral y su impacto sobre la salud mental de los trabajadores, para no actuar a ciegas y poder vigilar la evolución de los trastornos mentales. La segunda, Impulsar y aprobar un Código de Trabajo, para avanzar hacia un empleo digno y sostenible, reduciendo la precariedad (como ha hecho la última reforma laboral). Además, proponen reforzar la salud mental en las empresas, dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales y en la negociación de los convenios colectivos. El informe propone también  avanzar hacia la jornada laboral de 32 a 35 horas, reducir el trabajo parcial no deseado y seguir mejorando el salario mínimo, además de facilitar la conciliación laboral y fomentar la economía de los cuidados (para reducir el estrés de las mujeres). Y en paralelo, reforzar el sistema sanitario, desde los Centros de Salud a los especialistas y Unidades psiquiátricas en los hospitales, mejorando la prevención y el sistema de salud mental comunitario.

Este Informe y las recomendaciones que incluye deberían llevar a nuevas medidas legales para reducir la precariedad laboral (un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI), aprobando el nuevo Estatuto del Becario, la regulación específica de las plataformas digitales, el refuerzo de derechos en los sectores más precarizados y la incorporación de algunos trastornos mentales al Catálogo de enfermedades profesionales. Y resulta clave centrar parte de la inspección de trabajo (aunque tiene pocos medios) en vigilar las condiciones de trabajo (horarios, turnos) que más están provocando problemas mentales.  Además, el Informe abre otro debate que algún día debería lanzarse en España: la necesidad de avanzar en la “democratización del trabajo”, para conseguir que los trabajadores participen más en la organización de sus tareas”, porque la cultura empresarial del “ordeno y mando” y la generalización de “jefes tóxicos” está detrás del aumento del estrés laboral. Y por supuesto, el Informe de los expertos propone reforzar el sistema público de salud en la atención mental, con mayor coordinación y medios entre la atención primaria y la especializada y en colaboración con las empresas y sus políticas de salud laboral.

En definitiva, el deterioro de la salud mental en los últimos años es un fiel reflejo de la precarización de la economía y los retrocesos en las relaciones laborales tras varias crisis. Como dicen los autores del Informe, “necesitamos un modelo laboral saludable, sostenible y democrático”.  Que ir a trabajar no sea un suplicio y una fuente de estrés y de problemas mentales para muchos trabajadores. Para conseguirlo, no basta con que el Gobierno apruebe reformas para reducir la precariedad y dignificar salarios y empleos. Hace falta un cambio de mentalidad en los empresarios, que deben organizar sus negocios para que sean rentables pero no a costa de explotar y deprimir a sus trabajadores. “Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar, no es una sociedad sana”, señala el doctor Joan Benach, coordinador de este Informe sobre precariedad y salud mental. Tomen nota.

Pandemia, salud mental y suicidios

El Gobierno aprobó el 3 de diciembre la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, la primera en los últimos 12 años, tras apoyarla las autonomías por unanimidad. La pandemia ha agravado la salud mental de los españoles (sobre todo de niños y adolescentes), pero ya era mala antes: somos el 2º país UE (tras Portugal) con más problemas mentales y cada día se suicidan más de 10 españoles. En los Centros de salud, 1 de cada 4 consultas tienen relación con problemas psicológicos pero faltan especialistas (tenemos la mitad de psiquiatras y un tercio de psicólogos que Europa), camas de hospital y centros especializados, por lo que a muchos pacientes sólo les queda atiborrarse de tranquilizantes y antidepresivos. Ahora aumentarán los profesionales y recursos, con un teléfono 24 horas para suicidas. Es un paso, pero los expertos lo ven insuficiente, porque la salud mental es el gran reto sanitario del siglo XXI, según la OMS, con altos costes humanos y económicos. Sin salud mental no hay salud.

Enrique Ortega

La pandemia ha tenido unos costes “visibles” (5.400.000 españoles contagiados, 442.000 hospitalizados y 88.619 muertos oficiales) y otros costes “menos visibles”: pérdida de empleos e ingresos, cambios drásticos en nuestra forma de vida, angustia, temor y depresión. España ha sido el tercer país de la Unión Europea donde la pandemia ha tenido un mayor impacto negativo en su salud mental: ha afectado negativamente al 61% de la población, sólo menos que en Reino Unido (65%) e Italia (62%), más que en Polonia (60%), Francia (57%), Dinamarca (51%) o Alemania (44%) y bastante más que la media europea (ha afectado negativamente a la salud mental del 40% de europeos), según el reciente informe “Headway 2023. Mental Health Index”.

La revista científica The Lancet ha estimado que la pandemia ha causado ansiedad y depresión a 129 millones de personas en el mundo, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Y la OCDE estima que la pandemia ha agravado la salud mental (empeorando la depresión y la ansiedad) en todos los paises, en especial en Corea, México, Australia, Estados Unidos y Grecia, con una prevalencia del 21% de la población afectada en España, por debajo de la media de la OCDE (22%), Francia y Reino Unido (21%) o Estados Unidos (25%).

Los propios españoles, en la última Encuesta del CIS (2021), reconocen que han sentido tristeza o ansiedad con la pandemia (el 50%), que muchos han acudido a un psicólogo o psiquiatra (el 64%, la mayoría a la sanidad privada) y bastantes han recibido tratamiento farmacológico (el 5,8% de los encuestados: el 58,7% recibieron ansiolíticos y el 41,3% restante antidepresivos). El mayor deterioro de la salud mental se ha dado en niños y jóvenes, por el aislamiento y el recorte de interacción social: los trastornos mentales se han triplicado (del 1,1 al 4%) en los niños de 4 a 14 años, según un reciente informe de Save the Children. Lo mismo los trastornos de conducta (del 2,5% al 7%). También añaden que un 3% de niños y adolescentes han tenido “pensamientos suicidas”. Y destacan que estos problemas mentales son 4 veces mayores en niños y adolescentes de familias con bajos ingresos o en paro.

Pero los problemas mentales ya estaban ahí, muy presentes, antes de la pandemia, que los ha agravado. Así, en 2019, 84 millones de europeos (el 16,6%, 1 de cada 6 personas), sufrían trastornos mentales, según el informe “Headway 2023. Mental Health Index”. Y coloca a España como el 2º país europeo con más “prevalencia (%) de “desórdenes mentales”, 20.000 de cada 100.000 personas (20%), sólo por detrás de Portugal (21%) y por encima de Grecia (19%), Paises Bajos (18,5%), Francia (18%), Italia (17%) y Alemania (15%). Esta prevalencia varía del 18% de media en el norte de Europa al 15% en el Este.

Frente a estos recientes datos europeos (de 2019), en España sólo tenemos los datos de la última Encuesta de salud mental (ENSE) 2017, hecha por Sanidad. Ahí ya se reflejan unos datos preocupantes, que la pandemia ha agravado: 1 de cada 10 adultos españoles tienen problemas de salud mental, más las mujeres (14,1%) que los hombres (7,2%). El porcentaje es más alto en Murcia (30,8% de población con problemas) y menos en Extremadura (8,6%). La mitad sufren ansiedad crónica y la otra mitad depresión (en ambas enfermedades, las mujeres las sufren el doble que los hombres). La consecuencia es que el 3,8% de la población española (1,8 millones de personas) tiene dificultades  para realizar sus actividades cotidianas por problemas de salud mental, el 10,7% (5 millones) consumen ansiolíticos y otro 5,6% (2,65 millones de personas) consumen antidepresivos, más en Galicia y Asturias y menos en Cantabria, Ceuta y Melilla.

Otro dato llamativo es que más de 1 de cada 4 consultas (el 27,4%) en atención primaria (Centros de Salud) tienen ya relación con problemas psicológicos, aunque la falta de medios y de personal especializado impide atenderles correctamente y sólo el 10% se deriva a departamentos de salud mental: la mayoría de las consultas se resuelven con una receta de fármacos contra la ansiedad y la depresión. Y las listas de espera de especialistas son enormes, lo que obliga a muchos enfermos con problemas graves a acudir a urgencias, aunque existen pocas unidades de atención mental en los hospitales y pocos centros de atención especializada. Por ello, la mayoría de pacientes con estas patologías acaban en la sanidad privada. Y eso crea una enorme brecha en la salud mental: los pacientes con recursos acaban tratándose  y los que no los tienen (que además suelen tener más problemas mentales) están desatendidos.

La sanidad pública española tiene un grave déficit de recursos en materia de atención mental. Y eso se explica porque la destinan pocos medios. De hecho, España destina sólo el 5% del gasto sanitario total a la atención mental, frente al 5,5% de media en Europa, pero muy lejos del 11,3% que se destina en Alemania, el 10% en Suecia, el 9% en reino Unido, el 8,8% en Paises Bajos o el 8% en Francia, aunque Portugal destina el 5,2%, Italia el 3,5% y Grecia el 4,4%, según el reciente informe “Presente y futuro de la salud mental en España”, presentado en octubre. Y además de ser menor el gasto en salud mental, está desigualmente repartido por autonomías.

Otro grave problema de la atención mental en España es la falta de profesionales y medios. Tenemos una media de 30 profesionales de salud mental por 100.000 habitantes, la 2ª tasa más baja de Europa tras Bulgaria, muy lejos de Holanda (260 profesionales por 100.000 habitantes), Dinamarca (240), Finlandia (190), Francia (175), Alemania (140) e Italia (50). Y eso se debe a que tenemos menos psiquiatras, psicólogos o enfermeras de atención mental. En psiquiatras, España es el 2º país con menos profesionales de Europa (10,9 por 100.000 habitantes), tras Bulgaria (10,3), muy lejos de los psiquiatras que hay en Alemania (27,4 por 100.000 habitantes), Grecia (25,8), Paises Bajos (24,1), Finlandia (23,6), Suecia (23,5), Francia (22,9), Dinamarca (18,9), Italia (17,1) o Portugal (13,4 por 100.000 habitantes), según Eurostat (datos 2018). Y somos el único país donde no existe la especialidad de psiquiatra infantil. En psicólogos, España no llega a 5 por 100.000 habitantes, frente a 18 de media en la UE y 26 en la OCDE (faltarían 7.200 para llagar al estándar europeo). Y en enfermeras de atención mental, tenemos 1,96 por 100.000 habitantes frente a 152 en Dinamarca.

Pero el déficit es aún más flagrante en la atención hospitalaria, donde tenemos sólo 40 camas por 100.000 habitantes frente a 70 de media en la OCDE, 140 en Bélgica, 130 en Alemania, 80 en Francia, 260 en Japón, 130 en Corea y sólo 10 en Italia o 25 en Estados Unidos. Eso implica que sólo hay unidades especializadas de hospitalización en algunos grandes hospitales españoles y un número muy escaso de centros de salud mental, una asignatura pendiente de España desde los siniestros “manicomios”.

Con este escaso gasto y los pocos medios humanos y materiales, España tiene una salud mental con peor calidad que la media europea, según el índice Headway 2023 de calidad de salud mental: tenemos una nota de 4,3, frente al 4,8 de media en la UE-27, el 10 (sobre 10) de Paises Bajos, el 8,3 de Irlanda y el 7,7 de Italia o Dinamarca. Sorprende la baja nota de Francia (4 puntos) y Alemania (4,1), estando a la cola Grecia (1,7) y los paises del Este.

La deficiente atención a la salud mental, en todo el mundo y en España, tiene un alto coste humano, social y económico, según denuncia reiteradamente la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sólo en Europa, se producen 165.000 muertes anuales por problemas mentales, el 3,7% de todas las muertes, según el informe  “Headway 2023. Mental Health Index”. En el ranking de muertes anuales por desordenes y enfermedades mentales, destaca la alta mortalidad de la Europa del centro y norte: Reino Unido (91,5 muertes por 100.000 habitantes), Paises Bajos (86,8), Dinamarca (71,5), Suecia (64,8), Irlanda (60,4), Alemania (58,5), Luxemburgo (50,1), Bélgica (48,7) y Finlandia (43,8), todos por delante de España (40,8 muertos por 100.000 habitantes), la media europea (36,9), Portugal (36,2), Francia (34,8) Italia (31,2) y Grecia (13,7 muertos por 100.000 habitantes).

La causa principal de muerte por problemas mentales es el suicidio, una lacra en todo el mundo: se producen 700.000 muertes por suicidio al año, según la OMS, quien alerta de que hay 20 intentos por cada muerte consumada. En Europa se producen  unos 60.000 suicidios al año, siendo ya la 6ª causa de muerte en los menores de 70 años y la 4ª entre los jóvenes. Eso da una media de 11,7 muertes por suicidio en Europa por 100.000 habitantes, según Eurostat (2019), destacando en el ranking los paises bálticos (26 muertes por 100.000), Eslovaquia y Hungría, seguidos por Bélgica (15,4), Finlandia (15), Francia y Suecia (12,1), Paises Bajos (11,2), Alemania (10,5), Portugal (9,6), Reino Unido y España (7,5 suicidios por 100.000 habitantes en 2019), quedando lejos Italia (5,9) y Grecia (4,5).

España es de los paises europeos con menos suicidios, pero la cifra es muy preocupante: 3.941 muertes por suicido en 2020, 270 más que antes de la pandemia (3.671 en 2019). Es la cifra más alta de suicidios de la historia, más del doble de los 1.652 suicidios que se contabilizaron en 1980. Y desde hace 12 años, es la primera causa de muerte no natural, duplicando las cifras de los accidentes de tráfico. El 40% de los suicidios se producen entre los 40 y los 60 años, pero el año pasado se suicidaron 14 menores de 14 años y 48 adolescentes de 15 a 19 años. Lo peor es que esta estadística oficial (INE) no recoge todas los suicidios, porque los expertos estiman que algunos se camuflan para evitar la estigmatización del muerto y su familia. Además, estiman que se producen 80.000 tentativas de suicidio al año y que hasta 2 millones de españoles “han pensado en el suicidio alguna vez”.

El  coste de la salud mental no es sólo en vidas, sino que tiene elevados costes económicos, derivados del coste de la atención sanitaria a los enfermos (aunque sea bajo, aumenta el déficit de la sanidad) y, sobre todo, los costes de las bajas laborales y las incapacidades, así como el deterioro de la productividad en las empresas y las economías. De hecho, la depresión es ya la 3ª causa de discapacidad laboral en el mundo y será la 1ª en 2030, según vaticina la OMS, que estima los costes de la mala salud mental en el 4,2% de la economía mundial (PIB). En Europa, los expertos estiman el gasto en el 4% del PIB europeo (600.000 millones de euros), entre el mayor gasto sanitario (190.000 millones), los gastos en programas sociales vinculados (170.000 millones) y los gastos por discapacidad y menor productividad (240.000 millones). España es el 8º país europeo con más costes por la salud mental: el 4,1% del PIB (unos 50.000 millones de euros anuales), por detrás del coste en Dinamarca y Finlandia (5,2% PIB), Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Suecia o Alemania (4,9%) y Austria (4,2% del PIB), según el informe “Headway 2023. Mental Health Index”.

Todas estas vidas perdidas y estos altísimos costes podrían reducirse con unas mejores políticas de atención a la salud mental, según la OMS, que considera la salud mental como el mayor reto sanitario del mundo en el siglo XXI. En España, la atención mental lleva décadas desatendida y la pandemia ha sido un aldabonazo, una llamada de atención sobre la gravedad de la situación. La alerta llegó incluso al Congreso, de la mano del diputado Íñigo Errejón (Más Madrid), que pidió, el 17 de marzo de 2021, un Plan de Salud Mental (ganándose el grito “¡Vete al médico!”, del diputado del PP Carmelo Romero…). Unos meses después, el 9 de octubre,  el presidente Sánchez recogió el guante y convocó en la Moncloa a los expertos y profesionales en salud mental para informarles de un “Plan de choque Salud Mental y COVID 2021-2024”, al que se destinan 100 millones de gasto, anunciando medidas como  la creación de un Teléfono 24 h para el suicidio (en 2022) y la incorporación a las especialidades médicas de la Psiquiatría infantil y adolescente.

Dos meses después, el 3 de diciembre, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026, que es la primera en 12 años (la anterior se aprobó en 2009 y no se renovó en 2013), un Plan a medio plazo que el día anterior aprobaron por unanimidad las autonomías, que tendrán que financiarlo y gestionarlo. La nueva Estrategia de Salud mental tiene 10 líneas de actuación, entre las que destacan la atención especial a la infancia y adolescencia, el enfoque de género,  la prevención y detección precoz de los trastornos mentales, la recuperación de los enfermos en el ámbito familiar y comunitario, la mayor coordinación entre instituciones y profesionales y el apoyo a la formación e investigación. Y en paralelo, se obliga a las empresas a que integren en sus planes de prevención la salud mental de sus trabajadores.

La mayoría de los expertos y profesionales en salud mental creen que la Estrategia aprobada es “un avance”, un punto de partida, pero “insuficiente y poco ambicioso”, porque no fija  objetivos medibles ni asegura la financiación necesaria. Y sin más fondos, profesionales y medios, cualquier estrategia de salud mental será  poco eficaz. Así que ahora falta, en cada Presupuesto, destinar recursos sanitarios a contratar profesionales y a aumentar camas y centros de atención mental, para reducir el déficit de medios que tenemos con Europa. Y no sólo el Gobierno central: la clave está en las autonomías, que son las que financian y gestionan la sanidad y también la salud mental. Urge que tengan una financiación suficiente y que se acuerde un catálogo de servicios mínimos homogéneo, para que la atención mental no dependa de donde uno vive. Retos que hay que afrontar con acuerdos y decisión política, escuchando a los profesionales. Sin salud mental no hay salud.