Curso escolar 2023-24: más alumnos y costes

Unos 8,3 millones de niños y adolescentes han vuelto a clase en 28.500 colegios e institutos, en un Curso escolar con novedades. La primera, que estudiarán 20.000 alumnos más, a pesar de la caída de la natalidad, por el aumento de la educación infantil (0-3 años), los alumnos hijos de inmigrantes y el récord en Formación Profesional (que supera por tercer año el millón de alumnos). Además, este curso se aplica totalmente la nueva Ley de Educación (Lomloe), con cambios en los contenidos de todos los cursos y la obligación de que todos los alumnos de FP hagan prácticas en empresas (algo complicado). Pero siguen faltando profesores y recursos para la enseñanza no universitaria, lo que obliga a que las familias españolas sean las que más gastan de Europa (aportan el 12% del gasto educativo), en un año donde sube la factura de libros, uniformes, transporte y comedor. Este menor gasto repercute negativamente en la calidad de la enseñanza, manifiestamente mejorable. Nos jugamos el futuro.

                 Enrique Ortega

Este nuevo Curso escolar  2023-24 marcará un récord de alumnos en las aulas de colegios e institutos, donde estudiarán unos 8.330.000 niños y adolescentes, 20.000 más que el curso pasado y una cifra récord desde el curso 1990-91 (cuando estudiaron 8.378.935 alumnos en las enseñanzas no universitarias, de infantil a Bachillerato). Se rompe así una tendencia de recorte de alumnos en los últimos cursos, por la caída de la natalidad en este siglo, lo que ha supuesto la pérdida de 450.000 alumnos de 0 a 15 años (en infantil, primaria y la ESO) en la última década, entre 2013 y 2023. Ahora, este curso se interrumpe la caída por tres causas: el aumento de la educación infantil (de 0 a 3 años), la presencia creciente de hijos de inmigrantes en los centros (sobre todo públicos) y el boom de la Formación Profesional (FP). 

El primer factor que aumenta los alumnos este curso es la mayor asistencia a los centros de enseñanza regulados de niños de 0 a 3 años, para cursar educación infantil: se esperan unos 475.000 niños escolarizados, lo que supone un empujón, dado que con la pandemia cayeron de 472.625 en 2019 a 388.974 en 2021. En los últimos 3 años, el Gobierno Sánchez ha distribuido 670 millones de euros entre las autonomías para que crearan 65.000 plazas de educación infantil gratuita (de 0 a 3 años, una franja en la que la educación no es obligatoria), en centros públicos y concertados. La consecuencia es que, ya en el curso anterior, España alcanzó un récord histórico de escolarización infantil (0 a 3 años) en centros autorizados, al margen de las guarderías: un 45,6% de los niños de 0 a 3 años. Con ello, somos uno de los paises con más tasa de escolarización infantil (23% en la UE y 27% en la OCDE), lo que resulta clave para el futuro: cuanto antes empiece la escolarización de los niños, mejores resultados educativos, según los expertos. 

El segundo factor que aumenta los alumnos este curso es que siguen creciendo los alumnos hijos de inmigrantes, con una mayor natalidad que las familias españolas. El curso pasado, los alumnos extranjeros en colegios e institutos ya rondaron el millón (944.992 en el curso 2022-23), cerca del 12% del total de alumnos, cuando sólo 5 años antes (curso 2017-2018) eran 687.774, el 8,5% del total (y sólo había 100.000 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, el 2% del total, en el curso 2000-2001). Sólo en Primaria, se han incorporado en los últimos 6 años casi 116.000 niños extranjeros. Esta mayor afluencia de alumnos extranjeros aporta una gran riqueza a la educación, al incorporar otras experiencias y culturas, pero también crea problemas por el idioma y la segregación. Sobre todo, porque estos alumnos extranjeros están concentrados en centros públicos  (el 76% del total: los centros concertados y privados acaban “segregándoles” por distintas vías) y en unas pocas autonomías (Levante, Cataluña, Madrid, Aragón, la Rioja Baleares y Canarias concentran un porcentaje de alumnos extranjeros superior al 15% del total de alumnos). 

Y el tercer factor de aumento de alumnos este curso es que sigue creciendo la matrícula de jóvenes en Formación Profesional, unos porque la prefieren al Bachillerato (son ya 7 años consecutivos en que se matriculan más jóvenes en FP que en Bachillerato) y otros porque habían dejado de estudiar y vuelven a hacerlo para estudiar FP, porque ofrece más garantías de empleo futuro. La realidad es que este será el tercer curso escolar en que la FP superará el millón de alumnos matriculados, con 1.132.364 alumnos matriculados, un 35% más que hace 4 años (se matricularon 838.764 en 2018-19). Dos tercios de estos alumnos de FP se han matriculado en centros públicos (unos 775.000), pero lo que más crece es la matrícula de FP en centros privados (más de 300.000 alumnos ya), ante la falta de plazas en los centros públicos. De hecho, los centros concertados se están volcando en ofrecer nuevas titulaciones de FP, con un alto coste, ante la escasez de plazas públicas. E incluso hay Fondos de inversión que apuestan por crear centros de FP, como un gran negocio educativo, mientras los sindicatos denuncian que hacen falta 300.000 nuevas plazas públicas de FP. 

Además de tener más alumnos, otra novedad de este Curso escolar 2023-24 es que se completa la aplicación de la nueva Ley de Educación (la Lomloe, Ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, la LOE), la 8ª Ley de Educación de la democracia, aprobada en diciembre de 2020, con los votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. A pesar de las reticencias de las autonomías gobernadas por la derecha, la Lomloe avanza y se aplica: el curso pasado se revisaron los contenidos de los cursos impares de Primaria, ESO y FP básica y este curso 2023-24 se aplicará a los contenidos de los cursos pares (2º,4º y 6º).

El cambio que pretende la nueva Ley (Lomloe) es modificar el anterior sistema de enseñanza, para que ahora se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Por ello, se han cambiado los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo (reglas para suspensos y repeticiones de curso). El problema ahora es que los contenidos serán diferentes entre regiones, porque los distintos Gobiernos autonómicos aprueban ahora entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Ahora, con la derecha (y Vox) gestionando los gobiernos de 11 autonomías, ya se han planteado polémicas por los contenidos de algunas asignaturas (Historia, Valores Cívicos, Sostenibilidad…). 

Otro cambio importante en este curso 2023-24 se va a dar en Formación Profesional, al aplicarse ya totalmente la nueva Ley de FP, que se aprobó en septiembre de 2021, con el voto en contra del PP y Vox y la abstención de ERC. Además de reformularse los cursos de FP, este año se hace obligatoria la formación “dual” para todos los alumnos de FP. Eso significa que el millón largo de alumnos de todos los cursos tendrán que cursar entre el 25 y el 35% de sus estudios (unas 500 horas anuales) haciendo prácticas en empresas, algunas remuneradas. Eso puede crear este curso “un tapón”, ya que hace falta que los Centros firmen acuerdos con cientos de miles de empresas para que colaboren con las enseñanzas de FP. Pero a la vez es la gran esperanza de reducir el paro juvenil (casi un 30% en España).

Además de estos cambios, preocupa otra vez este Curso escolar  2023-24 la falta de profesores y la tremenda precariedad de un tercio de sus contratos. En julio de 2023 fueron despedidos 110.000 profesores interinos, para no pagarles las vacaciones. Y ahora en septiembre, ha habido retrasos para recontratarlos y configurar las plantillas, lo que ha provocado que muchos centros iniciaran este curso sin toda la plantilla, sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla la Mancha. Y los sindicatos reiteran que faltan profesores, que se han perdido parte de los docentes de refuerzo contratados por la pandemia: CCOO pide un aumento del 15% de las plantillas, 100.000 docentes más. Y sobre todo, piden reducir la enorme precariedad: un tercio de los 760.000 profesores de colegios e institutos son interinos o tienen un contrato temporal (además de estar mal pagados). 

Además de la falta de profesores, urge atajar la deficiente calidad de la enseñanza no universitaria en España, sobre todo en los centros públicos. Los indicadores revelan que tenemos un serio problema educativo: alto porcentaje de repetidores, un 7,6% en ESO (la tasa más alta en Europa donde sólo repiten el 2,2%), que es del 9,2% en los centros públicos y del 4,3% en los concertados y privados, un alto porcentaje de fracaso escolar temprano (17,8% de jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado la ESO obligatoria, frente al 9,3% en la UE-25) y un altísimo porcentaje de “ni-nis”, jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan (17% en España frente al 13,7% en la UE-25). Y unos peores resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según todos los informes PISA.

Unos mediocres resultados educativos, muy dispares por autonomías, que contrastan con el hecho de que los estudiantes españoles den más horas de clase que sus compañeros europeos, según el último informe de la OCDE 2022: +7,3% de horas en Primaria y un +30% en Secundaria. Los expertos critican que este exceso de horas de clase, para cumplir temarios demasiado extensos, quita recursos (profesores y horas lectivas) para dedicarlos a refuerzos y desdobles, a reducir los alumnos por clase y ampliar las extraescolares. En general, los recursos se concentran en los alumnos sin problemas y no hay posibilidad de atender mejor a ese porcentaje creciente de alumnos que necesitan más seguimiento y atención y que son el núcleo que genera repetidores y abandono escolar. Sobre todo en los centros públicos, dotados de menos recursos y de más alumnos problemáticos. 

Y entramos en el meollo del problema, la falta de recursos y Presupuesto. En líneas generales, España gasta menos en educación que la mayoría de Europa y la OCDE, también en la enseñanza no universitaria: gastamos un 3% del PIB (1,3% en Primaria y 1,7% en Secundaria) frente al 3,2% de media en la UE-22. El gasto total por estudiante de Primaria es de 8.580 euros en España, frente a 10.141 euros en la UE-22 (10.622 en Alemania y 9.312 en Francia). Y en Secundaria el gasto educativo por alumno es de 10.706 euros, frente a 11.673 de media en la UE-22 (14.930 euros en Alemania y 13.475 en Francia), según el Informe 2022 de la OCDE. Y encima de gastar menos en colegios e Institutos, el gasto es muy desigual por autonomías: sólo gastan 899 euros por alumno no universitario en Asturias y 938 en Madrid, frente a 1.489 en Euskadi y 1.294 en Navarra, según la AIREF. 

Además, hay varias autonomías que apuestan por financiar y apoyar la enseñanza concertada, en perjuicio de la enseñanza pública, que está perdiendo alumnos en colegios e institutos. Así, en el último curso con datos oficiales (2020-21), el 67,3% de los alumnos no universitarios (de infantil a Bachillerato) estudiaban en centros públicos (frente al 71,5% en 2008), un 25,2% en concertados y un 7,6% en centros privados. Pero hay autonomías donde los alumnos en centros concertados y privados casi llegan a la mitad: País Vasco (48% en concertados y 1% en privados), Madrid (29,6% en concertados y 15,8% en privados), Navarra (32,8% en concertados y 1,5% en privados) o Cataluña (25,9% en concertados y 9,1% en privados). Y otras autonomías donde los alumnos en centros públicos rondan o superan el 80%, como Castilla la Mancha (83,2%), Extremadura (80%) o Canarias (76,4%). 

Este menor gasto en educación en España, sobre todo gasto público en los centros públicos, se compensa con un mayor gasto de las familias: España es el país europeo donde aportan más, un 12% del gasto educativo total (de Primaria a Bachillerato), frente a sólo el 5% en la UE y el 7% en la OCDE, según el informe Education at a Glance 2022. Además, en los últimos años, estos pagos educativos de las familias se han disparado con la inflación. Y este curso, el gasto por niño de la vuelta al cole ha rondado los 500 euros, según la OCU, por la subida de libros, material escolar y uniformes, a los que sumar las subidas en el transporte escolar, extraescolares y comedor escolar. Aquí tenemos un grave problema, según Save the Children: sólo el 11,2% de los colegiales reciben ayudas para el comedor escolar cuando hay un 27,4% de niños en situación de pobreza. Eso sí, el Presupuesto para becas (2.520 millones), que reciben un millón de estudiantes, creció en 1.000 millones desde 2018.

Hasta aquí el panorama educativo y los problemas de fondo con los que ha empezado este nuevo Curso escolar 2023-2024: cambios educativos, falta de medios y profesores, escasez de Presupuesto y muchas desigualdades por autonomías, con un resultado educativo manifiestamente mejorable. ¿Cómo mejorarlo? El Gobierno le pidió a la OCDE que analizara nuestro sistema educativo y propusiera soluciones, que se presentaron en junio: identificar los centros educativos con más peso de familias desfavorecidas y con bajas rentas y concentrar en ellos más recursos (dinero y profesores), premiando a los docentes que los elijan, mejorar la formación y reducir la precariedad del profesorado, reforzar horarios y atención del alumnado más vulnerable y potenciar al máximo la Formación Profesional. Acciones concretas que habrá de aplicar el próximo Gobierno, aunque ya será el curso que viene. Mientras, la urgente mejora de nuestra deficiente educación está en manos de las autonomías, que han de gastar más y mejor en educación, apostando por la enseñanza pública. Nos jugamos el futuro.

Curso escolar 2022-23: nueva Ley y más gasto

Ya han vuelto a clase los 8,25 millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Este curso 2022-2023 tiene muchas novedades, al aplicarse una parte de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que busca una enseñanza menos memorística y más práctica, con cambios en programas y libros de texto, un nuevo Bachillerato y la figura de un coordinador en los centros contra el abuso escolar. Un curso donde avanza la educación infantil (0-3 años) gratuita y la Formación Profesional, que ha duplicado alumnos. Y un curso sin restricciones frente al COVID, aunque más de la mitad de los niños sigue sin la vacuna completa. Lo más preocupante es que han vuelto a recortarse profesores contratados por la pandemia, hay más niños por clase y las familias pagarán más por libros, uniformes, transporte, comidas y extraescolares. Preocupa “el rodaje” de la nueva Ley y la falta de recursos para la enseñanza, en un año donde las autonomías tendrán más ingresos que nunca.

Enrique Ortega

Este nuevo curso escolar 2022-23, crecerá poco (un +1%) el número de alumnos que estudian enseñanzas no universitarias, que rondarán los 8.250.000 estudiantes, frente a 8.216.171 el curso pasado, según Educación. Se espera que sigan bajando los niños en Educación infantil (-282.000 niños matriculados que en 2011-2012) y en Primaria (-50.000 alumnos estudiando que en 2012), por el desplome de la natalidad en la última década, aunque seguirán creciendo los alumnos en ESO, Bachillerato y FP (se han duplicado los alumnos de 2010, superando ya el millón los matriculados el curso pasado), nacidos antes. Y siguen cayendo también los alumnos matriculados en los centros públicos (concentran el 67,4% de los estudiantes no universitarios, frente al 69% que había en 2010-11, bajando al 51% en el País Vasco y el 54,1% en Madrid), a costa de un fuerte aumento de la enseñanza concertada (enseña al 25,2% de alumnos, el 29,8% en Madrid) y la enseñanza privada (7,4% alumnos no universitarios, el 16,1% en Madrid).

Una novedad de este curso es que despega la educación infantil pública gratuita (de 0 a 3 años), gracias a que el Gobierno Sánchez aprobó en noviembre de 2021 una partida de 670 millones de euros para que las autonomías creen 65.000 plazas públicas de educación infantil (0-3 años) hasta 2024, la mayoría en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para favorecer la conciliación familiar y el trabajo de las madres. Gracias a este empuje y el propio de algunas autonomías, este curso habrá más guarderías públicas gratuitas en Galicia (guarderías públicas y concertadas), Castilla y León (gratis 2-3 años en centros públicos y concertados), Madrid (centros públicos), Andalucía y Cataluña (públicos y concertados).

Otra novedad de este curso es que entra en vigor la nueva Ley de Formación Profesional (aprobada en marzo de 2022, con la única oposición del PP y la abstención de Vox y ERC), que reformula las enseñanzas de FP, con una formación “dual” que obliga a incluir una parte del aprendizaje (del 25 al 35%) en las empresas, con una importante financiación pública (5.474 millones entre 2022 y 2025) para que las autonomías creen 80.000 nuevas plazas públicas de FP, que faciliten el empleo de los jóvenes. Con ello, las peticiones de matrícula en centros de FP se ha disparado aún más este año, aunque faltan plazas públicas (33.000, según CCOO, sobre todo en Madrid y Cataluña), lo que obliga a los alumnos y a sus familias a matricularse en costosos centros privados de FP, un nuevo negocio que ya ha atraído a Fondos de inversión extranjeros y nacionales.

Con todo, la mayor novedad de este curso escolar 2022-23 es que entra en vigor (parcialmente) la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006). Es la 8ª Ley de Educación de la democracia y se aprobó en el Senado en diciembre de 2020, con 142 votos a favor, 9 abstenciones y 112 votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. El cambio más importante de la LOMLOE es que pretende modificar el sistema de enseñanza, para que se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Para ello, se van a cambiar los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo. De momento, este año se empieza con los cursos impares (1º,3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP básica. Y el próximo curso, se ampliará el cambio de contenidos a los cursos pares (2º, 4º y 6ª).

Si ya es complicado cambiar los contenidos de la enseñanza de un año para otro, lo va a ser más este curso 2022-23 porque los cambios de contenidos se han retrasado, con lo que al principio de curso (entre el 5 y 12 de septiembre, según las regiones) no todos los centros tenían los nuevos libros de texto. Así, a primeros de septiembre, hay 7 autonomías, que representan el 57,5% del alumnado (4,5 millones de escolares), que no han aprobado y publicado los nuevos currículum, la programación y contenidos de los cursos impares que cambian: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, País Vasco, Cataluña y Canarias (4 gobernadas por el PP y “resistentes” a la LOMLE). Culpan del retraso al Gobierno central, que publicó el decreto de enseñanzas mínimas entre febrero y abril de 2022, pero Educación se defiende diciendo que han tenido tiempo suficiente, como demuestran las 10 autonomías “cumplidoras” (que publicaron los temarios entre julio y agosto).

Las 7 autonomías “retrasadas” han repartido a los centros borradores de los currículos y contenidos, para que puedan empezar a trabajar con los alumnos desde el primer día de clase. Pero las editoriales no pueden ultimar y editar los libros hasta que estas autonomías no publiquen los contenidos definitivos. Contenidos diferentes entre regiones, porque los gobiernos autonómicos aprueban entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Así se amplía las diferencias de contenidos entre autonomías, como se ha visto ya en Geografía e Historia, donde los alumnos de la ESO tienen 17 contenidos diferentes, según donde estudien…

Además del cambio en el sistema de enseñanza (“menos aprender de memoria y más entender y razonar”) y en los contenidos y libros de texto, este curso 2022-23 hay más cambios. Habrá una asignatura nueva, Educación en Valores Cívicos (similar a la Educación para la Ciudadanía de hace 15 años), y la asignatura de Religión dejará de tener valor en la nota media del expediente (importante para solicitar una beca o solicitar carrera). Y se introduce un nuevo Bachillerato General (poco a poco, en algunos centros), que se sumará a dos Bachilleratos artísticos (Música y Artes Escénica y Artes Plásticas, Diseño e Imagen), el Bachillerato de Letras y el de Ciencias (habrá 5 en total). Además, se crea un modelo transitorio de pruebas de Selectividad (con menos exámenes y más pruebas de competencias), en vigor hasta 2027, cuando se apruebe otro modelo “definitivo” .Y otro cambio destacable: los centros deben crear la figura de Coordinador de Bienestar y Protección, un profesor responsable de vigilar y evitar el acoso escolar, ciberataques, maltrato, autolesiones y suicidios.

Otra novedad importante de este curso escolar es que desaparecen las restricciones frente al COVID-19 (ni mascarillas ni distancia de seguridad  ni grupos burbuja), aunque la pandemia sigue ahí (1 millón de españoles más contagiados entre junio y septiembre, con 6.300 muertos con COVID los últimos tres meses) y más de la mitad de los niños de 5 a 12 años (3.815.164 en total) no están inmunizados: sólo tienen las dos dosis de la vacuna 1.741.903 niños, el 45,7% del total, según Sanidad. Un dato que revela un fracaso de la vacunación pediátrica y la falta de colaboración de las familias, que ahora se pueden ver afectadas (padres y abuelos) si la pandemia repunta este otoño-invierno en los centros escolares.

Una de las cuestiones que más preocupa este curso es la falta de profesores de apoyo, porque la mayoría de las autonomías han vuelto a despedir a profesores contratados en 2020 por la COVID. De hecho, de los 33.323 profesores de refuerzo contratados en 2020, sólo la mitad (17.297) siguen en activo, según denuncia CCOO de la Enseñanza: 12.000 fueron despedidos el curso pasado (2021-2022) y otros 4.000 se han perdido para este curso, a pasar de los fondos transferidos por el Gobierno a las autonomías en 2020, 2021 y 2022. Y a pesar de que en 2023, las autonomías recibirán del Estado los mayores recursos de su historia: 134.333 millones, un 24% más que en 2022 (+26.130 millones más).

Este menor gasto autonómico en profesores de refuerzo para 2022-23 agravará los problemas de la enseñanza: aumentará los ratios de alumnos por clase a los niveles de 2019, lo que impedirá reforzar la docencia para recuperarse de la pandemia y afrontar los cambios que exige la nueva Ley de Educación. Y además, dificultará reducir el abandono escolar y los repetidores, donde España es líder europeo. Precisamente, tener malos resultados educativos tiene más coste que el gasto en  reforzar profesores: España podría contratar 44.700 profesores más (y reforzar a 2,2 millones de alumnos) con lo que le cuesta al sistema la repetición de curso del 29% de los estudiantes de 15 años (costó 1.441 millones en el curso 2019-2020), según un informe de Save the Children, Así que recortar en profesores sale mucho más caro en repetidores, abandono escolar y mala calidad de la enseñanza.

Este menor gasto en educación del necesario es más preocupante porque hay autonomías que siguen “ahorrando” en educación, gastando menos que la mayoría, o bien porque “gastan en otras cosas” o porque ingresan menos con la “bandera” de bajar impuestos (más a los más ricos). En 2020, último año con datos homogéneos, España gastó 905 euros por habitante en educación, pero Madrid gastó mucho menos (725 euros), al igual que Asturias (826 euros), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866), Castilla la Mancha (870) y Aragón (889 euros), mientras el País Vasco gastaba casi el doble (1.329 euros por habitante), seguida de Navarra (1.146), Extremadura (1030) y Comunidad Valenciana (1.005 euros), según un estudio de los Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras España gasta menos en educación (55.625 millones en 2020, el 4,93% del PIB) que la mayoría de Europa (5,1%) y la OCDE (5,3%), las familias gastan más cada año en educar a sus hijos, tanto en los centros concertados (pago de cuotas “voluntarias”, libros, uniformes, transporte y comedor, extraescolares) como en los públicos (libros, uniformes y múltiples gastos obligados). De hecho, España es el país europeo donde las familias gastan más en educación, según el último informe de la OCDE: aportan un 13% del gasto total (86% el gasto público y 1% otros), frente al 8% de media que pagan en la OCDE y el 5% en Europa (1% en Finlandia, 6% en Irlanda, 8% en Italia y Francia, 9% en Reino Unido, 11% en Portugal y 12% en Alemania).

El problema se agrava este curso 2022-23, porque se ha disparado la inflación. Y eso está encareciendo el gasto escolar de las familias: 400 euros de media por hijo. Suben los libros de texto (+12%), el material escolar (se ha disparado el precio del papel), los uniformes, las actividades extraescolares, el transporte escolar (+10%) y los comedores escolares (+6%), uno de los gastos más preocupantes, porque 1 de cada 3 niños españoles vive en familias con problemas económicos y sólo el 11% recibe ayuda para pagar el comedor escolar, con lo que hay 500.000 niños que no van a poder pagar este curso el comedor escolar, según la ONG Educo. Por eso, las asociaciones de padres y los centros piden ayudas de choque para este curso, que complementen el aumento de becas que ya ha hecho el Gobierno: el gasto en becas educativas (para todas las enseñanzas, incluida la Universidad) ha aumentado un 45% entre 2017-18 (1.472 millones en becas) y 2022-23 (2.134 millones), adelantando 4 meses la convocatoria  este año (desde marzo).

Estamos pues al inicio de un curso complejo, donde los centros, profesores y alumnos tendrán que hacer un esfuerzo extra para poner en marcha la nueva Ley educativa, para ir cambiando poco a poco un sistema educativo menos basado en estudiar de memoria y más en aprender cuestiones útiles para el futuro. Esto exige un rodaje y tiempo, pero sobre todo medios personales y refuerzo a los alumnos con problemas. Y si apostamos por la Formación Profesional, por una enseñanza dual centro-empresa, hay que crear las plazas necesarias y colaborar con las empresas para que apuesten por la FP y luego no se quejen de que no encuentran trabajadores formados. Y sobre todo, hay que gastar más y de una forma uniforme en la enseñanza, para mejorar su calidad, porque hay demasiados repetidores, demasiado abandono escolar y demasiadas diferencias entre autonomías. Este curso 2022-23 debe ser el inicio de un salto educativo en España. Nos jugamos el futuro.

Educación: nueva Ley, viejos problemas

La próxima semana reabren colegios e institutos, tras el retraso por la nieve. Y entra en vigor la nueva Ley de Educación, la Lomloe, que nace con polémica aunque tiene más apoyos (7 partidos) que la controvertida Lomce (apoyada solo por el PP). La nueva Ley cambia el sistema de matriculación, ya esta primavera, para impedir que las familias más pobres y los niños inmigrantes se concentren en los centros públicos y los concertados “elijan” a sus alumnos. Y para el próximo curso, se cambiarán temarios y evaluaciones, para evitar un exceso de contenidos que no se pueden dar. Además, este año se aumenta la oferta de plazas de 0 a 3 años y el Presupuesto de Educación, un +139%. Pero tenemos una educación deficiente, con demasiados repetidores y alumnos que abandonan, escasas habilidades (PISA) y estudios poco útiles, que nos llevan a un 40,9% de paro juvenil, un escándalo. Si no han conseguido pactar la Ley, al menos acuerden su aplicación en los próximos meses.

Enrique Ortega

La nueva Ley de Educación, la Lomloe, aprobada a finales de diciembre, es la 8ª que se aprueba en España con la democracia, tras dos aprobadas en los ochenta (1980 y 1985), dos en los 90 (1990 y 1995) y las tres anteriores de este siglo (en 2002, que no llegó a aplicarse, 2008 y 2013). Y como las anteriores, ha sido imposible el consenso político, aunque tiene más apoyos (7 grupos políticos) que la anterior Lomce, la polémica Ley Wert que el PP aprobó en solitario en 2013, gracias a su mayoría absoluta (182 votos). El problema ahora es que el Gobierno Sánchez ha tenido que pactar la Lomloe y eso ha tenido “dos costes” sobre el borrador inicial. Uno, que la Lomloe elimina el castellano como lengua vehicular, para conseguir el apoyo de ERC y el PNV, algo poco práctico a corto plazo (hay sentencias del Constitucional y el Supremo que garantizan la enseñanza en castellano), pero que ha dado un arma a la derecha contra la Ley. Y la otra, que se refuerza el control de la enseñanza concertada y la apuesta por la enseñanza pública, para contentar a los grupos de izquierda y conseguir también el apoyo de Más País, Compromis y ERC, además del PSOE, Podemos, PNV y Nueva Canarias (178 votos a favor de la Lomloe).

Al final, la Ley de Educación que ha salido era “la única posible” (vistas las alianzas),aunque PP, Vox y Ciudadanos la utilicen para atacar al Gobierno, convocar movilizaciones y colgarla una serie de “sambenitos”, con la ayuda de los colegios concertados, que han calado en muchas familias que no se han leído la Ley (ver BOE 30 diciembre 2020): no da libertad de elección de colegio a las familias (falso), quiere acabar con la educación especial (falso) o  ataca a la educación concertada (falso). Lo que cuestionan estas críticas es un modelo de enseñanza que apuesta por la escuela pública y la integración en los centros, con un cambio en el modelo de enseñanza que reduzca el fracaso escolar.

El primer gran cambio de la Lomloe entrará en vigor esta primavera, cuando las familias quieran reservar la plaza de sus hijos para el curso 2021-2022. Ahora, los criterios para entrar en un centro serán no sólo la cercanía y tener hermanos, sino también el nivel de renta. Con ello, la Ley trata de que los colegios concertados acepten niños de familias con bajos ingresos y niños inmigrantes, que ahora son sistemáticamente “desviados”  a los colegios públicos. Dos datos: el 79% de los niños inmigrantes están en centros públicos y lo mismo el 90% de los hijos de las familias más pobres. A cambio, los colegios concertados intentan “elegir a sus alumnos”, buscando clases media y altas, a los que cobran cuotas disuasorias. Y así, tenemos colegios públicos con alumnos que obtienen peores resultados y que además han sufrido los recortes y colegios concertados con alumnos de más nivel y con más recursos, porque la enseñanza concertada ha aumentado las subvenciones públicas.

Los datos son muy elocuentes. Año tras año, ha ido ganando peso la enseñanza concertada (25,60% de los alumnos) y privada (7.30%), a costa de la pública (67,10% de los alumnos no universitarios). Y hay cinco autonomías, las más ricas, donde el porcentaje de alumnos que van a la concertada es mayor: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (46,17%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,7% alumnos en la concertada y privada). Y mientras, el peso de la educación concertada  es mucho menor en los barrios y autonomías más pobres: Melilla (sólo el 16,7% alumnos van a la concertada), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). Y en los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

Esta “segregación” de la enseñanza, fomentada por la Ley Wert, ha deteriorado la calidad de la enseñanza pública, porque está demostrado que los niños de familias con bajos ingresos tienen un peor rendimiento educativo, lo que concentra en los centros públicos mayores porcentajes de repetidores (casi la mitad del total se dan en alumnos con padres que tienen estudios básicos) y de abandono escolar (el 29,7% de alumnos entre el 20% de familias más pobres y sólo el 4,1% de abandono en el 20% de familias más ricas), según un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Además de tener más alumnos desfavorecidos, educativamente más “problemáticos”, la enseñanza pública ha sufrido los recortes del Gobierno Rajoy, entre 2012 y 2015, mientras que los centros concertados veían aumentar sus subvenciones. Entre 2009 y 2018, los conciertos educativos que han pagado las autonomías a los colegios concertados han subido en +448 millones (+7,6%), de 5.891 a 6.339 millones, mientras los colegios públicos perdían -1.553 millones esos años, un -5% de sus recursos, en perjuicio de la calidad de su enseñanza. Y casi un tercio de ese aumento de ayudas a la escuela concertada se fue a Madrid (+146 millones, un +16,7%), que les trasvasó 51,2 millones más en 2019.

Este doble “rasero” entre enseñanza pública (más alumnos desfavorecidos y pocos recursos) y enseñanza concertada (alumnos de clase media alta, fuertes subvenciones y cuotas a los padres) es lo que quiere romper la Lomloe, tratando de repartir de forma más equitativa los alumnos y fomentando los centros públicos, no los concertados, que nacieron en 1992 (con Felipe González) para “complementar” la enseñanza pública (al ampliarse la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años), no para sustituirla. Y eso ha provocado la rebelión de muchos colegios concertados, que temen por su negocio ahora que ha bajado la natalidad y no hay tantos nuevos alumnos. Y también muchos padres prefieren la segregación actual, poder elegir colegios mejores,  donde no haya niños pobres ni inmigrantes. Esa es la cacareada “libertad de elección de colegio” que defienden algunos: una enseñanza pública con peores alumnos y mal financiada y una concertada de más calidad y subvencionada.

Otro cambio que ha sido manipulado es el de la educación especial, la educación de los niños con discapacidad. Actualmente, la mayoría de estos 35.000 niños con problemas asisten a centros de educación especial y si sus padres quieren integrarlos en colegios “normales”, tienen muchas dificultades. Eso incumple la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas de la ONU, que España ratificó en 2008. La Lomloe da un plazo de 10 años para que los centros educativos “normales” se preparen para acoger paulatinamente a estos alumnos discapacitados en sus colegios, “salvo cuando sus necesidades exijan ser atendidas en centros especiales”, que seguirán existiendo (hay 480). Y siempre, con la opinión de los padres, que ahora no pueden muchas veces elegir llevarlos a colegios “normales”.

La Lomloe supone dos cambios más, a partir de la próxima semana. Uno, da mayor autonomía a los centros escolares en su organización y planificación educativa. Y el otro, da más competencias al Consejo escolar (profesores, familias y alumnos a partir ESO), que perdió competencias con la Ley Wert y ahora participará en la elección del Director y en la aprobación del proyecto educativo y la programación del centro.

Otros cambios de la Lomloe no se aplicarán hasta el curso que viene, el 2021-2022. El principal será el cambio en los “currículos”, en los programas educativos, que ahora son demasiado extensos y obligan a los profesores a una carrera contra reloj para impartirlos antes de junio (dejando a muchos alumnos por el camino). Los nuevos programas, que se introducirán paulatinamente en los dos próximos cursos,  serán más cortos y menos “enciclopédicos”,  basados menos en la memoria y más en el fomento de habilidades, en “enseñar al alumno a aprender”. El Ministerio de Educación ha invitado a las autonomías a elaborar estos futuros programas, que serán también de responsabilidad autonómica un 50% (el 45% en regiones sin lengua propia). Y se prevé que los centros puedan también decidir una parte de estos programas (en Portugal deciden el 25% de contenidos y funciona muy bien).

Junto a esta tarea, de fijar nuevos contenidos, la Ley contempla la posibilidad de fusionar asignaturas (hay alumnos que al pasar a la ESO tienen más asignaturas que años) y quita peso a la asignatura de Religión no cuente para selectividad y becas y pueda elegirse en su lugar una asignatura de Valores cívicos y éticos. Además, se eliminan los itinerarios educativos que desviaban en 3º de la ESO a la FP a los alumnos con malos resultados, incluyéndolos en un programa de diversificación curricular que les permita terminar la ESO. Y se suprimen también las reválidas de la Ley Wert (4º Primeria y 2º ESO), sustituyéndolas por 4 pruebas diagnósticas del sistema educativo (dos para todos los alumnos, en 4º primaria y 2º de la ESO y dos para una muestra de alumnos, de 6º primaria y 4º ESO), que servirán para evaluar la enseñanza, al estilo del informe PISA, sin calificaciones para los alumnos. Y también se limitan las repeticiones: sólo se podrá repetir una vez en Primeria y dos veces en toda la enseñanza obligatoria, con lo que los alumnos no repetirán automáticamente con 2 suspensos, sino que lo decidirán los equipos docentes, buscando lo mejor para cada alumno. Porque hoy, las muchas repeticiones (el 28,7% de los alumnos de 15 años)  son la antesala del fracaso escolar y tienen un alto coste: 3.340 millones al año, según Educación.

Además de estos cambios, la Lomloe apuesta por 3 cambios a medio plazo. Uno, aumentar las plazas públicas para la educación infantil, de 0 a 3 años. El Plan es aumentar en 8 años el porcentaje actual de plazas públicas (34%) al 55%, aumentando plazas en Ayuntamientos y autonomías, con 600 millones del Presupuesto en los próximos 3 años (en 2021 ya se gastarán 200 millones en crear 21.794 plazas de educación infantil). El segundo, crear un nuevo modelo de profesorado, aprobando en un año cambios en la formación universitaria de los profesores (quizás con una selectividad específica, como en Finlandia y Cataluña), renovando el sistema de oposiciones, mejorando la carrera profesional y quizás introduciendo el sistema de “prácticas tuteladas”, una especie de MIR como el de los médicos para profesores. Y el tercer cambio de calado de la Lomloe, el compromiso de aumentar el gasto en enseñanza, para que pase del 4,3% actual al 5% del PIB que tienen muchos paises de la OCDE, lo que supondría gastar 10.000 millones de euros más al año en educación.

De momento, este año 2021, el Presupuesto en Educación es uno de los que más crece, un +139%, dedicando 5.697 millones de gasto del Estado (más 42.500 millones las autonomías, que cargan con el grueso del gasto educativo). La mitad se destina a tres partidas: becas y ayudas, que suben 515 millones (+35%), la mayor dotación de la historia (2.090 millones), el aumento de plazas en la educación infantil (+200 millones) y la digitalización de la enseñanza (1.013 millones), para aportar 750.000 dispositivos a los centros y facilitar la enseñanza digital, muy retrasada: de los 28.000 centros públicos y concertados, 3.000 no cuentan con Internet de alta velocidad (sobre todo en Madrid, Barcelona y la España vaciada).

Hasta aquí lo fundamental de la nueva Ley de educación, la Lomloe, que ahora tiene que concretarse y aplicarse, en los dos próximos cursos, con el firme rechazo de las autonomías del PP, en especial Madrid y Murcia, aunque no tanto Castilla y León, Galicia y Andalucía (su consejero, Javier Imbroda, ha dicho que “la educación concertada no corre ningún peligro con la Ley Celáa”). Lo importante sería que si no se ha pactado la Ley, al menos se pacte lo más posible su aplicación, para mejorar la situación de la enseñanza en España, que es bastante deficiente. Basten algunos datos: lideramos el porcentaje de repetidores (28,7% de los jóvenes de 15 años han repetido frente al 13% en Europa y el 11,4% en la OCDE) y de abandono escolar temprano (17,3% jóvenes 18 a 24 años sólo tienen la ESO o ni siquiera, frente al 11,9% en Europa), mientras el 24,7% de los que hacen la ESO no terminan Bachillerato ni FP (el 16,6%) en Europa. Los alumnos de 15 años (4º ESO) sacan bajas  notas en comprensión lectora, ciencias y matemáticas (informe PISA 2018) y los alumnos de 10 años (4º Primaria) tienen un conocimiento deficiente en Ciencias y Matemáticas (Informe TIMSS 2019).

La primera consecuencia de esta deficiente educación, muy memorística y poco práctica, es que los jóvenes españoles tienen muy difícil trabajar: sólo están empleados (18-24 años) el 21,4%, frente al 29,9% en la UE y el 33,2% en la OCDE, según el Panorama de la Educación 2020 de la OCDE. Un 58,8% de esos jóvenes siguen estudiando (parecido al 57,5% de la UE y el 52,7% de la OCDE), pero tenemos muchos más jóvenes parados: el 19,7% ni estudia ni trabaja (son los “ni-nis”), frente al 12,9% en la UE y el 14,3% en la OCDE, con datos de 2019. Y si contamos los jóvenes de 16 a 25 años, el 40,9% están parados en España, frente al 17,7% en la UE-27, según Eurostat (2020). Un dato tremendo, que refleja el doble fracaso, de nuestro sistema educativo y nuestro modelo económico.

Con esta Ley educativa o con otra, habrá que mejorar la enseñanza en España, que sigue siendo muy discriminatoria (familias pobres e inmigrantes concentradas en centros públicos), clasista (el 45% de los hijos de padres con estudios básicos se quedan en ese nivel: no funciona el “ascensor social”), muy desigual por autonomías (en el gasto y en los resultados, según el informe PISA), demasiado memorística y poco útil para conseguir un trabajo. Habrá que cambiar programas, contar con profesores mejor preparados, tener más medios y más presupuesto. Y contar más con los profesionales y los centros, despolitizando la gestión educativa. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos.