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jueves, 14 de mayo de 2026

Funcionarios: 35 horas y más oposiciones

A partir del 16 de mayo, 250.000 funcionarios y empleados del Estado pasarán a trabajar 35 horas a la semana, 2,5 horas menos que ahora, por un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Un horario reducido que se cumple desde hace años en 11 de las 17 autonomías y en 35 de los 56 grandes Ayuntamientos, mientras no se ha conseguido recortar la  jornada a 37,5 horas a todos los trabajadores, por el veto de Junts, PP y Vox. Pero esta reducción  de jornada a la mayoría de trabajadores públicos choca con dos problemas: necesitamos reforzar las plantillas del Estado (menores que en 2010, por las jubilaciones), a pesar de las abultadas oposiciones convocadas desde 2019, y urge reducir su precariedad: un tercio de los empleados públicos son interinos, lo que ha provocado sentencias contrarias del Tribunal de Justicia UE y dos dictámenes en abril de la Comisión Europea para que España lo solucione en dos meses. El Gobierno ha convocado  a las autonomías para reformarlo. Es urgente.

                 La mitad de los funcionarios del Estado trabajan ahora 35 horas semanales

Esta jornada de 35 horas no es nueva para los empleados públicos. Empezó a aplicarse en algunas Administraciones Públicas (sobre todo en autonomías y Ayuntamientos) en los años 90, pero su aplicación se interrumpió en 2012, cuando el Gobierno Rajoy prohibió este horario (dentro de su política de “ajustes y recortes”) y estableció como norma general para todas las Administraciones Públicas las 37,5 horas semanales. Esta limitación se suprimió en 2018 y varias entidades públicas volvieron a recuperar la jornada de 35 horas. Ahora la tienen 11 de las 17 autonomías (Andalucía, Aragón, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla la Mancha, Extremadura, País Vasco, Canarias, Castilla y León y Asturias) y 35 de los Ayuntamientos de las 56 grandes ciudades españolas (no trabajan 35 horas los empleados municipales de Valencia, Palma, Alicante, Vitoria, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Albacete, Castellón, Salamanca, Huelva, León, Jaén, Lugo, Cáceres, Ciudad Real, Soria y Teruel).

Pero los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) no recuperaron las 35 horas de otras Administraciones, lo que lleva años siendo un caballo de batalla de los sindicatos de funcionarios. En 2022, el recorte de jornada en la AGE fue incluido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado entre el Gobierno, UGT y CCOO, sin la presencia de CSIF (el sindicato mayoritario en la Administración), que no se incorporó hasta noviembre de 2025. Y con los 3 sindicatos, el Gobierno acordó explícitamente, el 27 de marzo de 2026, implantar el recorte de jornada en gran parte de la Administración del Estado, con una Resolución publicada en el BOE el 15 de abril y que los organismos han de aplicar desde este 16 de mayo.

El acuerdo establece una jornada de 35 horas (frente a las 37,5 actuales) para 246.500 funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), algo menos de la mitad del total (son 540.830 empleados públicos en la AGE), porque el acuerdo no incluye a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, personal de la Administración de Justicia (tendrán las 35 horas, pero tras concretarlo en una mesa sectorial)  y los funcionarios de Prisiones (a negociar también). Los distintos Ministerios, la Seguridad Social y los organismos públicos afectados han tenido un mes para reajustar horarios y turnos (para asegurar la atención al público y los servicios), de tal manera que a partir de este sábado 16 de mayo ha de aplicarse el nuevo horario de 35 horas, con el mismo sueldo.

La Resolución del Gobierno concreta los nuevos turnos para estos empleados públicos de la AGE. El horario de mañana ya no será de 9.00 a 14.30, sino de 9.00 a 14.00. Esto suma 25 horas. “El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7.00 y las 9.00 de lunes a viernes y entre las 14.00 y las 18.00 de lunes a jueves, así como entre las 14.30 y las 15.30 horas los viernes”, agrega la Resolución. El horario de mañana y tarde pasa a ser de 9.00 a 16.30 horas (antes era hasta las 18.00) y el de tarde de 15.00 a 20.00 (antes era hasta las 19.30). Además, la jornada intensiva de verano no cambia: se mantiene en seis horas y media entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, “a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 de lunes a viernes” en horario de mañana. En horario de tarde, transcurrirá por norma general entre las 14.30 y las 21.30 horas. Por otra parte, los empleados públicos en régimen de especial dedicación, con mayores responsabilidades y, mejores salarios, empezarán a trabajar 37 horas y media, en vez de las 40 actuales.

Además de este recorte de horario, el acuerdo establece la flexibilidad horaria: 1 hora de margen para entrar y salir a los empleados públicos que tengan que cuidar a niños menores de 12 años, mayores o discapacitados. Y se incluye el compromiso del Gobierno de impulsar el teletrabajo en la Administración Pública (AGE), que se reguló en 2021 (tras la COVID) como “voluntario y reversible” pero que ahora se practica poco y de forma arbitraria. La idea del Ministerio y los sindicatos es pactar pronto una regulación más clara y precisa, que podría consolidar un modelo de trabajo 3 días en remoto y 2 presenciales, siempre con la condición de asegurar la atención al público en todos los servicios. Y en paralelo, el Gobierno y los tres sindicatos del sector público, firmaron el 28 de noviembre un pacto salarial para asegurar una subida del 11,4% hasta 2028 para los 3 millones de empleados públicos (la subida del 2,5% de 2025 se abonó en diciembre, con efectos desde enero), tras una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010.

Este recorte de jornada ya implantado para la mitad de empleados de la Administración General del Estado (246.500 de 540.830) podría presionar a las autonomías (1.934.335 empleados públicos) a rebajar la suya (en el caso de las 6 autonomías donde se trabajan 37,5 horas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares) al igual que a los 21 Ayuntamientos de grandes ciudades que no la han rebajado. Pero los expertos no creen que ayude a la rebaja de jornada en las empresas privadas, sobre todo después de que Junts, PP y Vox rechazaran en el Congreso, el 10 de septiembre de 2025, debatir el proyecto de Ley de reducción de Jornada a 37,5 horas (desde las 40 horas actuales), aprobado por el Consejo de ministros el 6 de mayo de 2025, en cumplimiento del pacto de Gobierno PSOE-Sumar.

Con ello, los trabajadores de empresas privadas trabajan ahora más horas que la mayoría de los empleados públicos: la jornada media pactada por todos los trabajadores en 2025 (4º trimestre) era de 151,7 horas al mes (37,92 horas semanales), según el INE, pero casi la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas semanales efectivas: 9,33 millones (el 41,8% de los ocupados) trabajan de 40 a 49 horas semanales y otros 1,20 millones (el 5,4% del total) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA de marzo. Los empleados que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

Ahora se han mejorado los horarios y los sueldos de muchos funcionarios y empleados públicos, pero siguen con dos graves problemas de fondo. Uno, que son insuficientes en muchos destinos, porque su número se ha reducido con los años, debido a que han crecido más las jubilaciones que las contrataciones, especialmente en la Administración General del Estado (AGE): eran 597.021 empleados en 2010, cayeron hasta 512.577 en 2018 y aunque han aumentado después, eran 540.830 en 2025, 47.000 empleados públicos (AGE) menos que en 2010, aunque la población en España ha aumentado en 3 millones de habitantes en estos 15 años. En los Ayuntamientos, a pesar de ese aumento de la población censada, las plantillas se han estancado: de 632.719 empleados públicos en 2015 a 632.030 en 2025. Donde sí han aumentado mucho es en las autonomías y Universidades: de una plantilla conjunta de 1.450.479 trabajadores en 2015  a 1.934.335 en 2025 (+33,3%).

En conjunto, las plantillas públicas cayeron de los 2.680.219 empleados en 2010 a 2.611.747 en 2018, para crecer luego hasta los 3.107.195 empleados públicos que había en 2025. Un crecimiento del +19% en los últimos 15 años, algo superior al aumento del conjunto de trabajadores, que ha sido el +15,1%: de 18.476,900 ocupados en 2010 a 19.344.100 en 2018 (crecieron mientras bajaban los empleos públicos) y los 22.268.000 ocupados en 2025. Con todo, el porcentaje español de empleados públicos sobre el total de trabajadores era del 15,4% en 2024, menos que la media OCDE (18,4%) y que paises como Suecia (28,2%), Dinamarca (27,3), Francia (20,7%), Bélgica, Reino Unido (17,1%) y Austria, aunque más que EEUU (14,6%), Italia (13,7%) o Alemania (11,5%) : ocupamos el puesto 25 de 38 paises en el ranking de funcionarios en la OCDE. Así que es otro mito que “tenemos muchos funcionarios”…

El otro problema que tenemos con los empleados públicos (además de que son pocos para un país que ya roza los 50 millones de habitantes) es que su situación laboral es muy precaria, porque más de un tercio de los 3 millones son interinos o tienen un contrato temporal, debido a que muchas Administraciones (sobre todo las autonomías, en la sanidad y educación, y los Ayuntamientos) han cubierto las jubilaciones y nuevas necesidades con personal temporal, que en muchos casos lleva años (y décadas) así. Los datos son espeluznantes: hay 1.237.526 funcionarios (904.603) y personal laboral (332.927) con contratos temporales y de interinidad, lo que supone que son “precarios” casi el 40% del personal público (el 39,82%). Esta temporalidad es especialmente preocupante en la Sanidad (334.925 interinos, el 45% de las plantillas), en Educación (225.616 interinos, el 33%), en la Universidad (92.345 temporales, el 48% de las plantillas), en  los empleados de las autonomías (81.613 temporales, el 34%), el personal interino de la Administración Local (225.888, el 36% de las plantillas) y los interinos en Justicia (18.786, el 34% del personal), bajando el porcentaje de precariedad en las Agencias estatales (3.832, el 19%) y en la Administración General del Estado (24.976 interinos en la AGE, el 5% de las plantillas).

Unas cifras de temporalidad espeluznante (casi 40%), muy superior al porcentaje de asalariados temporales en el conjunto de la economía (14,77% en marzo, según la EPA) y muy superior al tope del 8% que marca la Comisión Europea, que obligó a reformar esta situación como condición para pagar una parte de los Fondos Europeos (en el verano de 2025, España no cobró 626 millones de estos Fondos UE por no haber aprobado la reforma para reducir el porcentaje de empleados públicos temporales). Además, este 14 de abril, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) ha emitido una sentencia considerando que las soluciones que aplica España a la alta temporalidad de los empleados públicos (indemnizaciones tasadas, oposiciones anuales y la figura del “indefinido no fijo”) “no son suficientes” para evitar el abuso y reparar el daño. Tras este dictamen, el Tribunal Supremo español ha emitido una sentencia este martes donde cierra la puerta a hacer fijos a los interinos que hayan encadenados contratos temporales, salvo que aprueben una oposición, y propone una indemnización adicional (hasta de 10.000 euros) en caso de despido si ha habido abuso de la temporalidad.

Este grave problema de la temporalidad de los contratos públicos se produce después de que distintas oposiciones, hayan dado la fijeza a 419.000 trabajadores públicos en los últimos 5 años. Precisamente, el Gobierno Sánchez ha convocado más de 274.000 plazas de oposiciones desde 2019 (saltando de las 20.911 convocadas por Rajoy en 2017 a las 40.146 plazas convocadas en 2024 y las 37.017 convocadas este 2026), tanto para cubrir nuevas plazas como para incorporar a interinos como fijos. Pero aún así, hay 1,2 millones de empleados públicos interinos, el 60% de ellos en las autonomías, que son las que gestionan el personal en la Sanidad, la Educación la Universidad o la Justicia. 

Tras la sentencia contra España del TJUE, por la situación de los empleados públicos temporales, la Comisión Europea ha vuelto a reaccionar, enviando el 29 de abril 2 dictámenes motivados al Gobierno español, instándole a que presente una reforma en el plazo de 2 meses (antes del 29 de junio) si no quiere que abran otro expediente sancionador y lo envíen a los Tribunales comunitarios. Ante esta decisión, el Ministerio de la Función Pública convocó a las autonomías el 7 de mayo, para tomar medidas (dado que la mayor temporalidad está en las autonomías y Ayuntamientos) y evitar la multa con la que amenaza Europa (además de la pérdida definitiva de esos 626 millones de Fondos UE). De momento, se han creado 2 Grupos de trabajo para estudiar “posibles cambios normativos”.

Así que España debe aprobar una reforma urgente para evitar la multa europea y reducir la alta precariedad de los empleados públicos, algo que no ayuda a que trabajen con eficacia. Además, habrá que aumentar las próximas oposiciones, para pasar a fijos a parte de estos interinos, lo que tendrá un coste elevado para autonomías, Ayuntamiento y la Administración del Estado. Pero no hay otro camino, porque necesitamos más que nunca unos servicios públicos que funcionen bien y no estén cortos de plantillas, como ahora. Eso obliga a tener también unos ingresos públicos crecientes, algo que choca con la rebaja de impuestos por la que apuestan autonomías y Ayuntamientos controlados por PP y Vox. Es hora de tener unas plantillas públicas con contratos decentes y bien pagados, porque su trabajo es clave para que funcione mejor el Estado del Bienestar, que debería se la prioridad de todos. A ello: es urgente.

jueves, 27 de junio de 2024

Empleados públicos: insuficientes y precarios

El Gobierno aprobará el 2 de julio convocar 40.000 nuevos empleos públicos en el Estado, que se suman a las 600.000 plazas convocadas desde 2018 en el Estado, autonomías y Ayuntamientos (aunque sólo un tercio se han cubierto). Pero sólo hay 277.500 empleados públicos más que en 2011, por los recortes de Rajoy, lo que provoca escasez de personal en muchos organismos, desde el DNI a Tráfico o las oficinas de empleo y de la SS. Aunque persiste el mito de que “tenemos muchos funcionarios”, los datos indican que España está en linea con Europa y tenemos menos empleo público que Francia o los nórdicos aunque más que Alemania e Italia. El otro problema es que un 30% de los empleados públicos tienen contratos temporales o son interinos, casi la mitad en sanidad o educación, lo que ha motivado varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia para que los hagan fijos. Urge una reforma a fondo de la Función Pública, para conseguir más personal, bien formado y con contratos decentes.

                   Oposición para cubrir oferta de empleo público

En mayo se superaron los 3 millones de empleados públicos cotizando a la Seguridad Social, exactamente 3.023.133 afiliados, un 60% trabajando en las autonomías (1.840.990 empleados públicos), otro 24,5% empleados en los Ayuntamientos y Diputaciones (741.683) y sólo un 14,5% trabajando en la Administración General del Estado (440.760 empleados públicos afiliados a la SS). Aunque estos 3 millones de empleados públicos son un récord histórico, sólo suponen 310.000 más que los afiliados públicos en 2011, el anterior máximo (2.690.099 en julio de 2011).

El empleo público todavía trata de recuperarse de los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012, siguiendo los ajustes de Bruselas. Así, los empleados públicos cayeron del máximo de 2.690.099 ocupados en julio de 2011 a 2.583.504 empleados en julio de 2018, a poco de irse Rajoy de la Moncloa. Un recorte de -52.677 empleados públicos entre 2011 y 2018, según el Boletín Estadístico de Personal público, al no sustituirse las jubilaciones y despedirse a personal contratado. Pero este ajuste de personal recayó en exclusiva en el Estado (-67.315 ocupados), porque en estos años duros aumentaron las plantillas de las autonomías (+6.713 empleados) y los Ayuntamientos (+5.582 empleados).

En la segunda mitad de 2018, el nuevo Gobierno Sánchez empezó a reponer parte de las jubilaciones de empleados públicos, convocando nuevas plazas de empleo público hasta 2023 (160.000 en la Administración del Estado), abriendo también la mano autonomías y Ayuntamientos. Con ello, en julio de 2023 había en España 2.967.578 empleados públicos, +384.074 ocupados que en el mínimo de 2018, según el Boletín Estadístico de Hacienda. El mayor aumento de personal se ha vuelto a dar en las autonomías (trabajan 347.113 personas más que en 2018), siendo mucho menor el aumento de plantillas públicas en los Ayuntamientos (+21.348) y en el Estado central (+15.613, un tercio sólo de los empleos perdidos entre 2012 y 2018).

¿Tenemos muchos funcionarios, como señala un mito popular? La respuesta corta es no. Los datos revelan que hay 3,5 millones de ocupados en el sector público, según la última EPA (marzo 2024), los que dicen que trabajan para la administración (aunque sólo 3 millones coticen a la SS). Y estos 3,5 millones suponen un 16,71% de todos los ocupados en España (21.250.000), un porcentaje que se ha mantenido estable desde 2018 (el empleo público suponía el 16,45% del total), a pesar del aumento de las plantillas públicas. La media europea (UE-27) de empleados públicos estaba en el 17% del total en 2020 (último dato de Eurostat). Y tenían más porcentaje de empleados públicos que España los paises nórdicos (29% de los ocupados en Suecia, 28% en Dinamarca, 25% en Finlandia). Estonia y Croacia (23%), Lituania (22,5%) y Francia (22%), siendo menor su peso en Alemania (el 11% del empleo es público), Paises Bajos (12%), Italia (14%) o Portugal (15%).

Así que no tenemos “un exceso” de personal público. Y basta intentar renovar el DNI o el carnet de conducir, ir a una oficina de empleo o intentar arreglar los papeles de la jubilación para comprobar la falta de personal (y las consiguientes “colas”), por no hablar de la falta de personal en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como en muchos Ayuntamientos. Y hay un dato impactante que relativiza el aumento (pequeño) del empleo público: entre 2011 y 2023 se crearon en España 3.439.400 nuevos empleos y el empleo público creció estos años sólo en +277.479 ocupados. A lo claro: sólo 1 de cada 12 nuevos empleos creados en España desde 2011 han sido en el sector público (+277.479), los 11 restantes se han creado en el sector privado (3.161.921 nuevos empleos).

Para afrontar este “déficit” de empleos públicos, por jubilaciones que no se han cubierto y mayores necesidades en los servicios públicos (hay casi 1,5 millones de habitantes censados más), los Gobiernos de Sánchez han ido aprobando convocatorias de plazas de empleos públicos: 160.000 entre 2018 y 2023, sólo en la Administración General del Estado. Y lo mismo han hecho las autonomías y Ayuntamientos. En conjunto, se estima que las tres administraciones han convocado unas 600.000 nuevas plazas de empleo público entre 2018 y 2023. Pero sólo un tercio se han cubierto (225.000), según datos del CSIF. En unos casos, por retrasos entre la convocatoria de plazas y la adjudicación (todavía están pendientes plazas del empleo público ofertado en 2023). Y en otros, por problemas burocráticos en las convocatorias (hay puestos que no se cubren porque no hay suficientes candidatos que aprueben), que impiden cubrir las plazas. De hecho, la Función Pública reconoce que hay miles de plazas de estas convocatorias públicas que han caducado por mala gestión y no volverán a convocarse…

Ahora, el Gobierno Sánchez aprobará  una nueva convocatoria de plazas públicas en la Administración central del Estado para 2024, la mayor hasta ahora: 40.121 plazas, 10.600 de promoción libre (cualquiera puede presentarse a la oposición), 10.600 de promoción interna (para interinos) y otras 8.681 plazas para Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad (6.260 abiertas y 2.161 de promoción interna). Los sindicatos apoyan esta convocatoria pero creen que es “insuficiente”, aunque valoran que se concentre en los servicios de atención pública más faltos de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico.

El primer gran problema estructural de la Función Pública es que muchos servicios están “cortos de personal” y necesitan ampliar plantillas. Pero el problema quizás más grave es la enorme precariedad del empleo público: casi un millón de los que trabajan para la administración tienen un empleo temporal, algunos durante décadas. Dos ejemplos. En Canarias, un funcionario de Justicia lleva 27 años trabajando como “interino” (cubriendo el puesto de un funcionario). En el Hospital de la Princesa, en Madrid, un médico de urgencias lleva con un contrato temporal desde 2005 (como el 83% de médicos del centro)… 

Lo que ha pasado en los últimos 12 años, además del recorte de personal, es el aumento de la precariedad del empleo público, para contrarrestar la prohibición de contratar. En principio, el ajuste de Rajoy de 2012 prohibía sustituir a los jubilados (“tasa de reposición” cero de 2012 a 2014, el 50% en 2015 y menos del 100% después) y hacer nuevas contrataciones de personal. Pero como los servicios públicos no podían parar, el Estado y sobre todo las autonomías y Ayuntamientos se buscaron subterfugios” para contratar, cubriendo con  personal laboral (“interinos”) los puestos que habían dejado libres los funcionarios jubilados y contratando a personal temporal para cubrir otros puestos.

Las cifras evidencian otra vez lo que ha pasado: la precariedad se ha disparado en las administraciones desde los ajustes. En 2011, el 61,45% de todos los empleados públicos (2.690.099) eran funcionarios por oposición (1.653.246), repartiéndose el resto entre personal laboral (690.278, el 25,65%) y “otros” (básicamente interinos que ocupaban puestos de funcionarios), 346.323 ocupados ( 12,87% del total). En sólo 12 años, en 2023, la proporción de los funcionarios de carrera ha caído a menos de la mitad de las plantillas (1.472.277, el 49,6% de todos los empleados públicos), mientras ha seguido aumentando el personal laboral (ahora son 853.703, el 28,7%) y, sobre todo, se ha casi duplicado el peso de los “interinos”: son ya 641.599 empleados públicos, el 21,6%.

El problema de la mayoría del personal laboral y de los interinos es que su trabajo es “temporal”, no tienen fijeza y pueden perder su empleo si se recortan costes y servicios o si el puesto lo acaba cubriendo un funcionario. De hecho, la estadística oficial señala que el sector público en España tenía una “tasa de temporalidad” del 29,58% a finales de 2023, más del doble de la tasa de temporalidad del sector privado (que ha bajado al 13,2%, gracias a la reforma laboral). Se estima que casi 1 millón de empleados públicos tienen un contrato temporal, más en las autonomías (44% de los empleados públicos son temporales) que en los Ayuntamientos  (20%) y que en la Administración central (sólo 5% son temporales). Y esta mayor temporalidad autonómica se concentra en Canarias (59% empleados públicos), País Vasco (57%), Comunidad Valenciana (51%), Murcia o Baleares (47%), Asturias o Aragón (46%) y Madrid (44%), sobre todo en Sanidad (más del 50% en 10 regiones) y Educación.

El Gobierno Sánchez sacó adelante en el Parlamento, en diciembre de 2021, la Ley 20/2021, para reducir esta disparada temporalidad del sector público, del 30% al 8% a finales de 2024. Y para ello, la Ley permitía que el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos convocaran concursos de estabilización (reducidas), para sacar plazas de interinos y que puedan optar a ellas los que trabajan ahí temporalmente. Pero además de aprobarlas, los interinos aportan puntos por los años de experiencia, con lo que se las quedan los que llevan más años y las aprueban. En otros casos, muchas plazas de reposición (abiertas) no se acaban de cubrir y por ello siguen en sus puestos los interinos. Así que apenas ha bajado la tasa de temporalidad, porque sólo se han cubierta 225.000 de las 600.000 plazas ofertadas (las que se aprueban ahora en 2024 no se cubrirán hasta 2025, como pronto). Y con ello, parece evidente que el objetivo de rebajar la temporalidad el 8% tardará años en conseguirse.

Por eso, muchos temporales e interinos recurren a los tribunales, cuando pierden su puesto o antes, para que les reconozcan la fijeza tras décadas trabajando en la administración. La tendencia de los tribunales españoles ha sido no aceptar la fijeza o dictar bajas indemnizaciones. Sólo en los últimos años, los tribunales y el Supremo han empezado a admitir la conversión de algunos temporales de la administración en indefinidos no fijos”, un invento laboral : es una figura intermedia entre funcionario y personal temporal, que no es fijo (su contrato puede finalizar cuando un funcionario ocupe su puesto”) y no tiene tampoco la protección de los funcionarios (sólo se les puede despedir por motivos disciplinarios). La única ventaja de ser “indefinidos no fijos” es que si les despiden, tienen una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 meses (los temporales tienen 12 días).

Los empleados públicos españoles y los propios tribunales han acudido en  varias ocasiones al Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) para que se pronuncie sobre contratados e interinos. Y hay dos sentencias recientes. Una del 22 de febrero de 2024, relacionada con los 360.500 trabajadores públicos temporales, en la que el TJUE) dictamina que los procesos de estabilización en marcha en España (ofertas públicas de empleo) y las mayores indemnizaciones no son suficientes y que sólo cabe hacer fijos a estos empleados públicos que llevan más de 3 años (y décadas) trabajando como temporales. El 13 de junio, el Tribunal europeo de Justicia ha emitido otra sentencia, relacionada esta vez con los 800.000 interinos estimados, en la que vuelve a dictaminar que se les haga “indefinidos: esta vez no habla de “fijos” sino de hacerles “indefinidos”, pero no acepta esa fórmula del Supremo de “indefinidos no fijos” y defiende que tengan la protección de un trabajador indefinido (que puede ser despedido por distintos motivos y tienen menos protección que un funcionario).

Ahora, tras estas 2 sentencias del TJUE, el Gobierno dice que la pelota de los temporales e interinos de las distintas administraciones la tiene el Tribunal Supremo, que debe fijar jurisprudencia para el resto de tribunales. Y sólo después, según lo que decida, pensarán si promueven algún cambio legal sobre la contratación pública. Mientras, el nuevo ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, está estudiando abordar una reforma a fondo de la Administración Púbica y sus políticas de contratación. Por un lado, ya ha anunciado que va a suprimir en 2025 las actuales tasas de reposición (sustituir al 100% de los jubilados y el 120% en algunos organismos más necesitados), que son un corsé que limita la planificación de las plantillas públicas. Su idea es hacer una previsión de necesidades a medio plazo y estudiar cómo cubrirlas, mejorando los procesos de selección de personal y tratando de incorporar talento joven (y digital) a las distintas administraciones públicas.

El reto es enorme, porque hay que reforzar los servicios públicos, tanto por la mayor demanda de servicios de más calidad como para sustituir a los muchos empleados públicos que se van  a jubilar en dos décadas, porque tenemos unas plantillas muy envejecidas (el 59% de los empleados públicos tienen 50 años o más). Y habrá que encajar esta nueva política de personal con la urgente digitalización de muchos servicios públicos. Todo ello exige planificar a medio plazo necesidades, personal (cuántos de ellos funcionarios y cuantos con contratos “decentes”, no temporales), horarios (más amplios y diversificados), sueldos, promoción y consideración (no puede ser que los mejores cerebros acaben en el sector privado) y, sobre todo, el reparto entre el Estado, las autonomías y las entidades locales, que ahora crecen “cada una a su aire” . Y en paralelo, mejorar la formación, profesionalidad y eficiencia de los empleados públicos, con una mayor conciencia de que trabajan para los ciudadanos, que somos los que pagamos su sueldo. El objetivo debe ser reformar a fondo una Administración anclada en el siglo XIX y prepararla mejor para este siglo XXI.

lunes, 3 de octubre de 2016

Sentencias europeas contra la precariedad


Tres sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, todas del 14 de septiembre, han revolucionado el panorama laboral español, desde empresas y despachos de abogados a sindicatos, patronales y políticos. En esencia, una defiende que los interinos cobren la indemnización de un fijo cuando son despedidos y las otras dos, que no se pueden encadenar varios contratos temporales para cubrir un puesto fijo. Las sentencias han lanzado el debate sobre las indemnizaciones de los contratos temporales, menores que las de los fijos. Pero el debate debía ser otro: España tiene el doble de contratos temporales que Europa, porque se abusa de ellos para contratar. Y esta precariedad es un cáncer para la economía: hunde salarios y cotizaciones (de ahí el “agujero” de las pensiones) y resta productividad a las empresas. Urge pactar una nueva reforma laboral que mejore la calidad del empleo, fomentando los contratos fijos para empleos estables. No podemos competir a base de “contratos basura”.
 
enrique ortega

La primera sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), del 14 de septiembre, responde a un recurso de una trabajadora del Ministerio de Defensa contratada como secretaria interina para sustituir a una liberada sindical. Al volver ésta a su puesto, fue despedida sin cobrar ninguna indemnización, como pasa con todos los interinos, según el Estatuto de los Trabajadores. Ahora, la sentencia del TJUE establece que hay que indemnizarla, como a cualquier interino (sea del sector público o privado) y pagarla lo que le correspondería de indemnización al trabajador fijo al que sustituye. O sea, que aunque sea una empleada temporal (que tienen en España una indemnización de 12 días), el TJUE equipara su indemnización a la de un fijo (20 días por año).

Esta primera sentencia tiene una gran repercusión, ya que en España hay más de medio millón de interinos, trabajadores que ocupan temporalmente el puesto de otro mientras está de baja o en excedencia. Hay unos 200.000 interinos en empresas privadas y otros 382.187 interinos en la Administración pública: 322.559 en las autonomías (169.828 en la sanidad pública, 116.477 en la educación, 26.632 en las consejerías y 9.622 en la Justicia autonómica), 32.776 en los Ayuntamientos, 9.711 en las Diputaciones, 10.393 en los Ministerios y 6.748 interinos más en las Universidades. La mayoría de estos interinos laborales son mujeres (70%) y también jóvenes (casi la mitad). Ahora, todos ellos, cuando se les acabe el trabajo tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. Incluso, según los sindicatos, podrán reclamarla judicialmente los que hayan sido despedidos en el último año, porque la Ley señala que las reclamaciones de cantidad no prescriben hasta pasado un año.

La segunda sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), también del 14 de septiembre, responde a otro recurso de una enfermera del Hospital Clínico de Madrid, a la que despidieron tras haber tenido 7 contratos temporales para el mismo puesto en cuatro años. La sentencia del TJUE establece que “el encadenamiento de  contratos temporales para un puesto que es fijo incumple el derecho comunitario y que la normativa debe poner límites a estos contratos. De hecho, la legislación española lo hace (los contratos temporales deben tener una duración máxima de 2 años, ampliables a 12 meses más por convenio), pero la sanidad pública se rige por un Estatuto que sí permite encadenar contratos sin límite (el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud españoles, en vigor desde 2003).

La tercera sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), también del 14 de septiembre, responde a un doble recurso similar. Por un lado, de una auxiliar administrativa que trabajaba en la sanidad vasca e hilvanó 14 prórrogas en su contrato antes de ser despedida. Y el otro, de un arquitecto municipal que trabajó con contratos temporales 7 años en el Ayuntamiento de Vitoria. En los dos casos, el Tribunal europeo reprocha a la Administración española el utilizar la “falsa temporalidad, encadenar contratos temporales para cubrir puestos fijos.
Precisamente, la sanidad pública española, acogiéndose a ese Estatuto que ahora cuestiona el TJUE, ha conseguido ser el sector con más contratos temporales: el 30,4% de las plantillas sanitarias tienen contrato temporal, según un informe de CCOO. Y un tercio de los médicos. Ahora, las autonomías (responsables de la Sanidad pública) se ven obligadas a acabar con estos “contratos encadenados”, o bien despidiendo a médicos y enfermeras, o bien convocando plazas para hacerlos fijos. CCOO ya ha reclamado una convocatoria especial de 94.000 plazas en la sanidad pública para acabar con esta temporalidad. Y sólo unos días después de la sentencia del Tribunal europeo de Justicia, el Tribunal Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo ha reconocido como personal  indefinido" (fijo) a 9 empleadas del Servicio Gallego de Salud que trabajaban como eventuales pero cubriendo "necesidades permanentes que no justifican un nombramiento temporal", según la sentencia.

Pero el encadenamiento de contratos temporales durante años para un mismo puesto es algo que no sucede sólo en la sanidad pública. Es también habitual en la enseñanza, en la Universidad, en la Justicia y en toda la Administración pública, así como en muchas empresas privadas. Y por ello, esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia puede abrir una vía para miles, millones de reclamaciones, de personal público y privado con contrato temporal. Se teme una avalancha de demandas ante los Juzgados de lo Social, que ya están colapsados (con juicios marcados para dentro de 2 y hasta 4 años). Y esto va a agravar la situación económica de las autonomías, que tendrán que pensar en aprobar nuevas partidas de gasto en el Presupuesto de 2017 para convocar nuevas plazas para cubrir  personal temporal y para pagar indemnizaciones al personal interino que despidan.

Con todo, la mayor consecuencia de estas tres sentencias del Tribunal Europeo de Justicia es que han reavivado en España el debate sobre los contratos temporales y la precariedad. Los sindicatos y algunos expertos creen que las sentencias abren la vía a igualar la indemnización por despido de los trabajadores temporales y fijos. El Gobierno en funciones dice que no, que las sentencias sólo hace referencia a los interinos y a los trabajadores sanitarios. Y la patronal cree que se han interpretado mal, porque en España, la indemnización por despido de un trabajador fijo o temporal es la misma: 20 días por año trabajado si es un despido objetivo por causas económicas (y 33 días por año trabajado si es improcedente). Y es cierto: si hay un ERE y una empresa despide, cobran la misma indemnización los fijos que los temporales. Pero si a un trabajador temporal se le acaba su contrato (en puridad, no es un despido sino el fin del contrato), se le indemniza con 12 días por año trabajado, no con 20. Una indemnización que se paga en algunos países de Europa (Francia o Portugal) y no en otros (Bélgica y en Holanda y Gran Bretaña sólo a los que llevan más de 2 años trabajando).Y que aquí se aprobó para encarecer estos contratos a las empresas, para disuadirles de que abusen de los temporales.

Ahora, con estas tres sentencias, los sindicatos y algunos expertos creen que se abre la vía para reclamar judicialmente que un trabajador temporal cobre 20 días de indemnización por año trabajado en lugar de los 12 actuales. Otros expertos creen que no y al final, la cuestión queda en  manos de los Tribunales, salvo que el próximo Gobierno legisle algo al respecto. De momento, el PP ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso para suprimir los contratos interinos, en la Administración y en las empresas. Con ello no se resuelve el problema, ya que autonomías, Ayuntamientos y empresas tendrán que seguir cubriendo los puestos de bajas y excedencias, ahora con contratos temporales más caros (porque tendrán derecho a una indemnización, al menos de 12 días por año trabajado).

Al margen de esta polémica sobre la cuantía de la indemnización a los trabajadores temporales, la cuestión de fondo es otra: la enorme temporalidad de los contratos en España. De los 15.187.800 españoles asalariados, 3.906.400 trabajan con contratos temporales, un 25,72% según la última EPA. Un porcentaje que es el mayor de Europa, tras Polonia, y que casi duplica la media europea (14% de temporales). Y lo peor es que los nuevos contratos que se hacen son casi todos temporales: en julio y agosto últimos, en pleno verano, el 92,58% de todos los contratos que se hicieron fueron contratos temporales. Y un 40% de ellos, por menos de un mes (24,4% por 1 semana o menos). Y lo mismo viene pasando desde la reforma laboral de 2012 hasta hoy.

Así que tenemos un país donde uno de cada cuatro trabajadores es temporal y donde sólo un 7,5% de los nuevos contratos son fijos. Esta enorme precariedad no solo es mala para quien la sufre directamente, sino que es un cáncer para toda la economía. Primero, porque hunde los salarios, los de los temporales (ganan un 37% menos que un fijo) y también arrastran a la baja al resto (el salario más corriente ya está en 15.500 euros brutos, unos 1.000 euros netos en 14 pagas, según el INE). Segundo, porque con estos bajos salarios se hunden las cotizaciones a la Seguridad Social y eso ha provocado un enorme déficit en las pensiones, obligando a echar mano de la mitad de la “hucha” para pagarlas. Tercero, porque estos contratos temporales son los que tienen más riesgo de perderse y aumentar el paro (el 89% de los contratos temporales no se hacen fijos). Cuarto, porque los trabajadores temporales están peor formados y empeora así la competitividad de las empresas, aumentando además los accidentes laborales. Y quinto, porque, al tener un empleo temporal, la cuarta parte de los españoles se lo piensan mucho a la hora de formar una familia, tener hijos, comprar una casa (78,5% jóvenes viven con sus padres) o simplemente gastar. Y eso retrae el consumo, el crecimiento y el empleo, retrasa la salida de la crisis.

Por todo ello, urge poner orden en el mercado laboral y reducir una temporalidad que es de escándalo. Los sindicatos piden un cambio del Estatuto de los Trabajadores, que es de la transición, de 1980. Y todos los partidos menos el PP piden la derogación de la reforma laboral de 2012, con una nueva normativa, aprovechando las dos sentencias europeas. Ciudadanos insiste en aprobar el contrato único: que todos los contratos sean indefinidos y con una indemnización menor al principio que vaya creciendo después. “Suena bien” pero muchos expertos critican que sólo serviría para “precarizar todos los contratos”: reduciría la indemnización de los actuales contratos fijos y en el futuro todos los contratos serían igual de precarios que ahora los temporales (“contrate fijo y despida cuando quiera porque será más barato que ahora”). Mientras, el PSOE defiende que haya solo tres tipos de contratos (indefinido, temporal y de relevo) y medidas para reducir la precariedad.

El problema de fondo es que los empresarios, que son los que tienen que contratar, no sólo están a gusto con la alta temporalidad actual, sino que piden más. De hecho, la patronal CEOE ya pidió en 2015ampliar el uso de los contratos temporales”, para que puedan encadenarse más de 2 años, y refundir el contrato por obra con el eventual, en un contrato temporal “sin causa”, con una duración máxima de 2 años (un contrato “cajón de sastre” con el que puedan contratar temporalmente para casi todo. Y en paralelo, la patronal insiste en pedir los “mini-jobs”, contratos basura para jóvenes, con un sueldo inferior al salario mínimo y 12 días de indemnización por año trabajado. O sea, piden más precariedad. Y ahora se quejan de que las sentencias europeas encarecerán el despido y por tanto la contratación de nuevos trabajadores.

De momento, el problema de la precariedad laboral y los trabajos temporales ha saltado a primera línea con estas tres sentencias europeas y tendrá que ser una prioridad para el futuro Gobierno. Al margen de las reformas legales que puedan hacerse, la principal medida debería ser aplicar la Ley: que no se hagan contratos temporales o por horas para trabajos que son fijos o a jornada completa. Y para eso hace falta actuar en dos frentes. Uno, con el palo, aumentando las inspecciones y las multas de la inspección de Trabajo, que apenas actúa: hay pocos inspectores (1.878 funcionarios, la mitad por trabajador que en Europa) y sólo dedican el 1,13% de su trabajo a investigar el fraude en los contratos temporales. Por eso, la inspección sólo ha conseguido convertir en indefinidos 227.446 contratos temporales fraudulentos en los últimos 4 años, una "miseria" de 56.000 regularizaciones al año. El otro frente es utilizar la zanahoria: incentivar los contratos fijos, con bajada de cotizaciones y recargo a los temporales.

Hay que apostar por un nuevo modelo laboral, que fomente el trabajo estable y mejor pagado, para colaborar así en la recuperación del consumo, la competitividad, el crecimiento y el empleo. Porque la precariedad es un cáncer para las personas y la economía. No podemos aspirar a competir en Europa y en el mundo con “contratos basura”, con un mercado laboral más parecido a Marruecos o a China que a Francia o Alemania. Hay que apostar de una vez por el trabajo digno y de calidad. Por decencia moral y por el bien de la economía. Y más si lo dicen ahora los Tribunales.

domingo, 25 de marzo de 2012

Llegan los recortes más duros, por triplicado


Se acabaron los “paños calientes”. Tras las elecciones en Andalucía y Asturias, llegan los recortes más duros, por triplicado: los del Estado central, Ayuntamientos y autonomías, que serán los peores, porque van a recortar más en sanidad, educación y gastos sociales. Pero no sólo habrá recortes y despidos (más de 300.000 empleados públicos contratados). Nos van a brear a subidas, sobre todo Ayuntamientos y autonomías, desde las tasas por agua y basuras al aumento de las matriculas universitarias o nuevos impuestos autonómicos sobre la gasolina, la compra de coches, la venta de casas, las recetas o el turismo. Al final, 34.000 millones de ajuste que se van a traducir en menos consumo, menos inversión y más paro. Y al final, con menos crecimiento, ingresarán menos y habrá que hacer otro recorte en otoño.
enrique ortega
Bruselas ha querido dejar claro quien manda en las cuentas españolas y ha forzado a Rajoy a hacer un recorte del déficit mayor (+5.300 millones): del 8,5% del PIB al 5,30% (en vez del 5,80%), lo que supone recortar 34.074 millones de euros en 2012. Un reto casi imposible, ya que en mayo de 2010, el ajuste ZP recortó 15.000 millones y en todo 2011, el Gobierno y las autonomías sólo recortaron otros 8.800 millones. Ahora toca ajustar cuatro veces más y sólo quedan nueve meses para hacerlo.

La mitad del recorte (17.037 millones) le toca al Estado central, en los Presupuestos que se presentan el 30 de marzo. Casi un tercio está hecho con la subida de impuestos (IRPF e IBI: 6.475 millones) aprobada en diciembre. El resto saldrá de todas las partidas (salvo pensiones y pago intereses deuda), con una rebaja del 12,5% en los Ministerios, que llegará al 40% en inversión pública (6.000 millones menos para infraestructuras). Pero no será suficiente. Rajoy tendrá que bajar el coste de los funcionarios, rebajando complementos y quizás alguna extra (una paga menos son 4.500 millones de ahorro), como ha hecho Cataluña. Y  acabará recortando plantillas estatales (687.000 empleados), de interinos y contratados.

Pero no bastará con hacer recortes. El Gobierno tendrá que buscar más ingresos y podría  subir los impuestos especiales que pagamos al comprar carburantes, tabaco y alcohol, rebañando 1.000 millones. Y subirnos  tasas. También puede rebajar deducciones en el impuesto de sociedades, un coladero para ahorrarse impuestos las grandes empresas. Y un poco de “contabilidad creativa”: cambiar subvenciones por créditos, para reducir el déficit.

El ajuste más duro lo harán las autonomías, no tanto por la cantidad (14.907 millones) como porque su gasto no es fácilmente recortable: el 71% se va en sanidad, educación y gastos sociales. Y además, el recorte concentra (73% del total) en cuatro autonomías, las que tienen más déficit: Cataluña (-4.335 millones ajuste), Andalucía (-2.469),  Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034). Un esfuerzo titánico si se recuerda que Cataluña, líder en recortes, sólo rebajó su déficit en 1.134 millones en 2011. Ahora tiene que ajustarlo cuatro veces más.

Los recortes de las autonomías van a ir primero por la vía de gastos de personal, el 40% del presupuesto. Cataluña ya ha rebajado un 5% las pagas extras para 2012 y otras podrían imitarla, según haga Rajoy con los funcionarios estatales. Y habrá más recortes de plantilla, ya que de los 1,3 millones de empleados autonómicos, 434.942 no son funcionarios (y la mitad son interinos o cargos de libre designación). Y tendrán que suprimir la mayoría de las 2.276 empresas públicas autonómicas. Además, van a suprimir obras públicas, reducir costes y alquileres, vender los edificios que puedan y reducir subvenciones a empresas, familias y Ayuntamientos.

Pero los recortes no son suficientes. Las autonomías van a subirnos impuestos: transmisiones patrimoniales (Baleares, Extremadura, Andalucía) y Actos Jurídicos Documentados (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). Y crean otros nuevos, a la producción de energía y nucleares (Castilla y león), infraestructuras (Baleares) o residuos (Cantabria y Castilla y León). Y las que no lo han hecho ya (11 autonomías), subirán el céntimo sanitario a los carburantes (Baleares y Navarra).Otras subirán las tasas universitarias o el agua. Y algunas, como Cataluña, cobrarán (desde junio) 1 euro por receta y entre 1 y 3 euros por dormir en hoteles. Y el último invento que han acordado todas: cobrar por renovar la tarjeta sanitaria (10 €).

El recorte de los Ayuntamientos es pequeño (1.064 millones), pero la mayoría están quebrados y tienen que sanear a fondo sus cuentas. Empezarán por sus plantillas (45% del gasto), rebajando sueldos e ingresos (con menos horas), ajustando plantillas (un tercio de sus 656.000 empleados son interinos) y cerrando muchos de los 1.793 consorcios municipales. Tendrán que meter la tijera en sus gastos “impropios”, un 20% del total: protección civil, educación, servicios sociales y, sobre todo, en deporte y cultura (financian dos tercios de la cultura en España). Y nos subirán tasas (basuras, agua), aparcamiento, multas y todos los servicios, empezando por los transportes municipales.

El ministro de Hacienda va a forzar estos recortes de autonomías y Ayuntamientos, ya que tienen que presentar sus Planes de ajuste el 30 de marzo (Ayuntamientos) y el 30 de abril (autonomías), a cambio de ayudarles a pagar las facturas a proveedores en mayo (35.000 millones). Si  no, además, no les dará los adelantos de impuestos ni les dejará endeudarse. Como Bruselas con Grecia. A cambio, tratará de aprobar reformas (en los medicamentos, en la sanidad, en las prestaciones sociales) para ayudarles a hacer el ajuste.

Al final, el primer efecto de los recortes por triplicado va a ser el despido de unos 300.000 empleados públicos, contratados e interinos, entre Estado, autonomías, Ayuntamientos y empresas públicas. Y una caída de la actividad, la inversión y el consumo, junto a mayores estrecheces para los que más sufren  la crisis, al reducirse las ayudas. Medidas que agravan la recesión y el paro, ya graves antes de estos recortes. Y lo peor es que caerá la recaudación y en otoño harán falta más recortes. Y en 2013. Nos metemos más en el pozo.