La vivienda, una "emergencia nacional"

La vivienda agrava sus problemas, con nuevas subidas de los pisos y alquileres. Y el gasto en  vivienda supone ya un tercio del gasto total de las familias, hasta el 42% para las que ganan menos. El problema de fondo sigue siendo que faltan viviendas: la oferta aumenta en 95.000 casas nuevas cuando se crean 240.000 nuevos hogares al año. Así tenemos un déficit de 750.000 viviendas, lo que dispara precios y alquileres. El Banco de España alerta de que estamos ante “una emergencia nacional”, que exige una mayor coordinación entre el Estado y las autonomías, hoy inexistente. Una “emergencia económica”, que frena el consumo, el crecimiento y el empleo, pero también una “emergencia social”: 10 millones de inquilinos agobiados, frente a 5 millones de caseros que ingresan 28.000 millones al año. Dos nuevas “clases sociales” enfrentadas por la vivienda, que agrava las desigualdades sociales. Urge tomar medidas sobre el suelo, la financiación, la rehabilitación de pisos vacíos, los pisos turísticos y de temporada, construyendo más, para aumentar la oferta de viviendas.

              Los alquileres transfieren 28.000 millones al año de los inquilinos a sus caseros

El problema de la vivienda en España sigue de mal en peor, a la vista de los datos del primer semestre. Los precios de la compraventa de vivienda han subido otro +3,5% en el primer trimestre, con lo que los pisos son ya un +12,9% más caros que hace un año, según el INE. El precio medio de venta en junio era de 2.823 euros/m2, según el portal Idealista, un máximo histórico que se dispara en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid (6.013 euros/m2) y Barcelona (5.269 euros/m2). Con ello, el precio de la vivienda ha subido un +65,3% en los últimos 7 años (junio 2019-.junio 2026), más del doble que el IPC (+24,8%) y el triple de lo que han subido los sueldos (+21,32%).Y además, la subida de los pisos se acompaña con una subida de los tipos de interés: el Euribor ha subido un +0,717% en el último año (hasta el 2,798% en junio), lo que encarece ahora una hipoteca media (173.331 euros a 25 años) en 66 euros más al mes (792 euros más al año).

Y el panorama de los alquileres es aún peor, con subidas reiteradas impulsadas por una alta demanda de familias que no pueden comprar piso y sólo les queda alquilar. En junio, el precio medio del alquiler era ya de 15,3 euros/m2 (1.377 euros por un piso de 90 m2), según el portal Idealista, pero se disparaba hasta 23,7 euros/m2 en Madrid (2.133 euros por 90 m2) y 23 euros/m2 en Barcelona (2.070 euros por 90 m2), con 29 de las 52 capitales en máximos históricos del alquiler. Unos precios que obligan a muchos jóvenes (y familias) a alquilar por habitaciones, a precios aún más disparados: 521 euros de media, según Fotocasa, que suben hasta 650 euros en Barcelona y 620 euros en Madrid. Y eso después de que los potenciales inquilinos sufran un duro proceso de “selección” (donde quedan fuera muchos jóvenes y familias, sobre todo inmigrantes) y múltiples exigencias, muchas ilegales.

Este oscuro panorama está agravando las cuentas de los 4 millones de hogares (el 20%, con unos 10 millones de personas) que viven de alquiler en España. Según los últimos datos del INE, el gasto de todas las familias españolas en vivienda (alquiler, hipoteca y recibos de agua, luz y calefacción) fue de 11.665 euros por hogar en 2025, el 33,2% de todo el gasto familiar, un porcentaje que ha subido año tras año (suponía el 30,98% del gasto total en 2016). Es la mayor partida de gasto familiar, muy por delante de dos partidas cuyo porcentaje de gasto también crece, la alimentación (16%) y el transporte (11,5%). Pero lo más preocupante es que en las familias con menos ingresos (el 20% con menos renta), el peso de los gastos de vivienda es muy superior: el 41,9% en 2025 (40,1% en 2016). Casi la mitad de su gasto se lo lleva la vivienda, lo que reduce su consumo en otras partidas de gasto, frenando así el crecimiento económico y el empleo.

El problema de fondo es la falta de viviendas: hay poca oferta y mucha demanda. En 2025 se sumaron al parque de vivienda 94.791 nuevas viviendas, según el Ministerio de Vivienda, frente a los 238.990 nuevos hogares creados en el país, según el INE. Y desde 2019, sólo se han sumado 636.486 viviendas al parque existente (27.099.556 viviendas en 2025), mientras la población española crecía cuatro veces más (+2.633.665 habitantes desde 2019). Eso ha ido acumulando un “déficit de vivienda” que el Banco de España acaba de subir de 600.000 a 750.000 viviendas que hacen falta, la mitad concentradas en 6 provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Una “brecha” de viviendas que seguirá creciendo, porque el INE estima que se crearán 2,2 millones de hogares en España los próximos 15 años.

La construcción de nuevas viviendas va muy lenta: las 93.650 viviendas terminadas en 2025 (80.792 “libres” y 12.858 protegidas (VPO) son el tercer peor dato del siglo, frente a las 647.179  construidas en 2007 (579.665 libres y 65.514 VPO), que bajaron a 276.883 en 2010 y al mínimo de 44.630 en 2016, según los datos del Ministerio. Este año, la construcción ha mejorado algo, pero poco: se han iniciado 39.196 viviendas en el primer trimestre (35.148 “libres” y 4.048 VPO, el mejor dato de iniciación de viviendas protegidas desde 2012), un 12,7% más que en el primer trimestre de 2025 (34.779 viviendas iniciadas). Pero, a este ritmo, se terminarán este año unas 105.000 nuevas viviendas, la mitad de las que necesitamos.

Además de construir más viviendas nuevas, habría que poner en venta y alquiler una buena parte de los 3,8 millones de viviendas vacías, la cifra estimada por el Observatorio del Alquiler. Pero ojo, esta medida no sería la panacea, porque la mayoría de estas viviendas vacías están en zonas rurales, en municipios de menos de 100 habitantes (ahí están el 75%), con lo que sólo un 10% de viviendas vacías están en zonas tensionadas, donde ayudaría conceder más ayudas a los propietarios para rehabilitarlas y alquilarlas a precios asequibles.

Otra vía para aumentar las viviendas para alquiler es frenar el desvío de viviendas a los usos turísticos y al alquiler de temporada, dos destinos que buscan muchos caseros para evitar la normativa de los alquileres normales. En España había en mayo 341.001 pisos turísticos, concentrados en Andalucía (90.649), Cataluña (51.305), Comunidad Valenciana (51.268), Canarias (48.356) y Baleares (21.304). Un número que se ha reducido este año, por las trabas de algunas autonomías y Ayuntamientos, aunque han recibido el espaldarazo del Supremo, que emitió en mayo una sentencia que anuló el registro estatal de estos alquileres turísticos, por considerar que es una competencia autonómica. Y otros alquileres que habría que frenar son los de temporada (por meses, para estudiantes y trabajadores), que suponen ya el 27% de todo el mercado del alquiler, según Idealista, superando esa media en Barcelona (55% alquileres son de temporada), San Sebastián (49%), Bilbao y Cádiz (44%), Girona y Pamplona (41%), Santander (36%) y Granada (35%).

Si se redujeran los pisos vacíos y los alquileres turísticos y de temporada, podría haber 1 millón más de viviendas para alquilar y comprar, bajando los precios. Pero la clave del problema sigue siendo construir más, aumentar la oferta, construyendo al menos 200.000 viviendas al año, una gran parte para destinarla al alquiler a precios asumibles y VPO de renta social. Para relanzar la construcción de viviendas en España , hay que actuar sobre varios factores: suelo, financiación, normativa, costes y mano de obra. Veámoslos. La clave es aumentar la financiación para la vivienda. Se da el contrasentido de que España es el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda (52.200 millones en impuestos estatales, autonómicos y locales, el 6,90% de toda la recaudación), pero es uno de los paises que menos gasta, que menos invierte en vivienda: 7.614 millones en 2025, el 0,45% del PIB, frente a paises que destinan del 1 al 3,5% de su PIB a la vivienda.

La clave está en que las autonomías, que gestionan la vivienda, y los Ayuntamientos gasten mucho más en vivienda, dado que el ladrillo les aporta gran parte de su recaudación. Hasta ahora invierten poco y el 70% de lo que invierten es dinero que les transfiere el Estado. Las autonomías que menos gastan en vivienda son Castilla y León (174 millones entre 2021 y 2024), Cantabria (102 millones) y Murcia, mientras las que más gastan son Cataluña (1.971 millones entre 2021 y 2024, Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones).

Como se ve, inversiones mínimas para afrontar el primer problema de los españoles. El Gobierno Sánchez ha multiplicado la inversión estatal en vivienda, que saltó de los 453 millones que gastaba Rajoy en 2017 a 3.500 millones en 2025. Ahora, el Gobierno aprobó en abril el Plan de Vivienda 2026-2030, que pretende triplicar el gasto del anterior Plan , hasta los 7.000 millones de euros (ojo, sólo 1.400 millones al año). El Plan tiene una novedad importante: el Estado central aporta un 60% de esos Fondos para la vivienda pero sólo a cambio de que las autonomías aporten el 40% restante (en los Planes anteriores sólo aportaban el 28% del gasto total ). En principio, las autonomías gobernadas por el PP (11) se mostraron en contra del Plan, dentro de su política de “desgaste” al Gobierno. Pero luego han echado cuentas y han visto que si lo apoyan van a recibir mucho más dinero para gastar en vivienda. Unos ejemplos: Andalucía recibirá 1.197 millones (+877 millones que en el Plan anterior), Madrid 1.113 (+815 millones), Cataluña 1.015 millones (+473), Comunidad Valenciana 798 millones (+558), Galicia 399 millones (+293), Castilla y León 378 millones (+277) o Murcia 308 millones (+258). Esto explica el “milagro” de que en la reunión de la ministra con las autonomías para desarrollar el Plan de Vivienda 2026-2030, celebrada el 21 de mayo, todas votarán a favor del reparto… Ahora falta que colaboren en la aplicación concreta del Plan y en la efectividad de sus ayudas.

Tras la financiación, el 2º cuello de botella de la vivienda es el suelo, la falta de suelo urbanizado, listo para construir. Los promotores se quejan de que no hay suelo disponible, salvo a precios disparados, pero un experto que lo ha analizado con detalle concluye que hay suelo disponible para construir 7 millones de viviendas… Y de ese suelo, en zonas urbanas hay suelo finalista para construir 3 millones de viviendas (1,5 millones en las 15 principales capitales y áreas metropolitanas). El problema, añade, es que estos suelos llevan bloqueados dos décadas, por problemas en la propiedad (el 70% de este suelo es privado y sólo un 30% municipal), que no quiere o no puede ponerlo en el mercado, porque requiere hacer inversiones que no se hacen: antes los bancos financiaban a dueños del suelo y promotores a ponerlos en el mercado, pero ahora no. Además, mucho suelo urbanizable está pendiente de litigios y recursos  a los  Planes, que se podrían agilizar si se aprobara la reforma de la Ley del suelo que el PP y partidos autonómicos vetaron en el Congreso. 

Además de aumentar la financiación y desbloquear el suelo urbanizable, urge facilitar financiación a los promotores privados y públicos (Ayuntamientos) para promover viviendas, agilizando los complicados trámites administrativos y coordinando las actuaciones (Estado, autonomías, Ayuntamientos, dueños del suelo, promotores, bancos y el ICO), junto con la empresa pública de vivienda (Casa 47). Deberían crearse Comisiones de vivienda autonomía por autonomía y ciudad por ciudad, donde todos buscaran la manera de promover más viviendas. Algo que piden todos los expertos y que no se hace. Y en paralelo, tomar medidas para convencer a los propietarios de que alquilen sus viviendas, con empresas estatales que aseguren los alquileres (como Bizigune en el País Vasco) y con incentivos fiscales a los caseros que alquilen pisos vacíos y a precios “razonables”.

Llevamos años hablando del grave problema de la vivienda pero apenas se avanza en soluciones, básicamente por los enfrentamientos entre el Gobierno y las autonomías que gestionan la vivienda. El Banco de España acaba de alertar de que estamos ante una “emergencia nacional”, que exige acuerdos para evitar que la vivienda frene el crecimiento y el empleo (al reducir el consumo de inquilinos e hipotecados) y la actividad de muchas empresas (turismo, agricultura, industria, comercio) e instituciones (hospitales, enseñanza), que no pueden contratar porque sus trabajadores no encuentran alojamiento.

Pero el problema de la vivienda es también una “emergencia social”, porque condena a no llegar a fin de mes (incluso a caer en la pobreza) a los 4,1 millones de hogares que viven en alquiler (unos 10 millones de españoles). Y esto aumenta la desigualdad. Así, los inquilinos (1 de cada 5 españoles) tiene una renta media anual de 21.335 euros, muy inferior a los 32.120 euros de renta media que tienen los propietarios (14,05 millones de hogares, unos 34 millones de españoles). Y si vemos la renta media de los propietarios que alquilan (el 39% de los caseros tienen una vivienda alquilada y un 61% son particulares con varias viviendas o empresas), es de 51.000 euros anuales (2,39 veces las de su inquilino) y hasta 80.000 euros si alquilan 2 o más viviendas (3,7 veces la renta de sus inquilinos), según un reciente estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC.

A lo claro: el problema de la vivienda se ha convertido en un negocio para unos (2,4 millones de caseros individuales) y en una losa para otros (10 millones de inquilinos), que les “trasfirieron” de sus ingresos 28.000 millones anuales (que agobian sus cuentas y hacen más ricos a otros). Una transferencia de rentas que alimenta la desigualdad, porque casi la mitad de los alquileres se pagan al 10% de españoles más ricos, según el estudio. Y además, encubre otra transferencia, de jóvenes a mayores: un tercio de los pagos por alquiler (el 62% de jóvenes) los ingresan caseros mayores de 65 años…

En conclusión, la vivienda no es sólo un problema sino también “una bomba de relojería social”, porque enfrenta a inquilinos y propietarios y a jóvenes con mayores, provocando una penosa “emergencia social”, que alimenta el descontento y la polarización política. Es hora de alcanzar un Pacto político y social por la vivienda, que reparta costes e ingresos, que ayude a los que más lo necesitan y controle un negocio que antepone la inversión al derecho a la vivienda. O resolvemos esta emergencia económica y social o nos estallará cualquier día.

Faltan viviendas: apenas se construye

Los alquileres siguen subiendo mes a mes (+6,7% hasta abril) y son un 70% más caros que hace una década, comiéndose el 40% del sueldo de los inquilinos. Y la compra de un piso se ha encarecido otro +7% anual, con los tipos de interés por las nubes. El problema de la vivienda se agrava, mientras la Ley de Vivienda cumple un año y resulta no sólo inútil sino contraproducente: muchos propietarios afrontan los topes al alquiler desviando sus casas a alquileres turísticos y de temporada o vendiéndolas. En consecuencia, cada vez hay menos oferta, lo que encarece el alquiler. Y se construyen sólo 100.000 casas nuevas, la 8ª parte que en 2016. El problema de fondo es que faltan viviendas, para alquilar y comprar, unas 150.000 al año. Y eso dispara los precios. Por eso urge un Pacto entre administraciones, promotores y bancos para movilizar suelo y dinero y construir más viviendas. Y en paralelo, incentivar a los propietarios (no asustarlos) para que alquilen con seguridad.

                    Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava mes a mes. Los alquileres llevan ya 10 años consecutivos subiendo y en 2024 se han encarecido otro +6,7% entre enero y abril, según los datos del portal Idealista, que refleja un precio del alquiler que alcanza otro récord histórico: 13 euros por metro cuadrado, lo que supone un alquiler medio de 1.170 euros mensuales para un piso de 90 m2. Pero hay 7 grandes ciudades (donde viven 7,3 millones de españoles, la sexta parte de la población) donde el alquiler medio es más caro: Barcelona (21,1 euros/m2), Madrid (19,2 euros), San Sebastián (17,2), Palma (15,8), Málaga (14,2), Bilbao y Valencia (13,9 euros/m2). Y con estas subidas, los alquileres se han encarecido ya un +76,2% en los últimos 10 años (desde 2014), el triple que la inflación general (+22,8%) y casi cuatro veces lo que han subido los salarios (+20,66%). Por eso, ahora, un inquilino debe destinar un tercio de sus ingresos mensuales (el 33% de media en España, pero el 44% en Barcelona y el 37% en Madrid) a pagar su alquiler (si lo encuentra). Un agobio.

Pero no sólo suben los alquileres. También comprar un piso es más caro cada mes, porque suben los precios de las viviendas en venta y el coste de las hipotecas: los pisos subieron un +4,7% en 2023, la mayor subida en 6 años, tras haberse encarecido un +44,5% en los últimos 10 años (más del doble que la inflación y los salarios). Y en 2024, el precio medio de la vivienda usada (la que más se vende) es de 2.079 euros por metro cuadrado (187.000 euros por una casa de 90 m2), lo que supone una subida del +7% en el último año, según Idealista, aunque el precio se dispara mucho más en las grandes ciudades: desde 4.355 euros/m2 en Madrid (392.000 euros por 90 m2) a 4.317 euros/m2 en Barcelona, 2.759 euros/m2 en Málaga, 2.400 euros/m2 en Valencia, 2.247 euros/m2 en Las Palmas y el despropósito de 5.465 euros/m2 en San Sebastián. Unos precios imposibles para la mayoría: suponen tener ahorrado un 30% del valor y pagar una hipoteca mínima de 650 euros mensuales.

¿Qué está pasando, porqué se disparan los alquileres y el precio de los pisos? La respuesta corta es porque no hay viviendas para alquilar y comprar, porque hay mucha demanda, sobre todo de alquiler: 27 inquilinos se interesan por cada piso que se alquila en 2024 (en 2023 eran 17 por alquiler). Y en el caso de las ventas, la demanda para comprar sigue fuerte, a pesar de los altos tipos de interés, porque muchos compradores son inversores o ahorradores que las compran para especular (6 de cada 10 viviendas se compran al contado, sin hipoteca), en muchos casos extranjeros que buscan casa en España (el 15% de las compras totales). Y frente a esta creciente demanda de alquileres y pisos para comprar, sigue cayendo la oferta, tanto de alquileres como de pisos en venta. 

Veamos qué sucede con la oferta de alquileres. Los expertos alertan que la oferta de pisos en alquiler se ha retraído en los tres últimos años, debido primero a los topes impuestos a la revisión de alquileres (2% desde marzo de 2020 a diciembre de 2023 y el 3% para 2024) para combatir la inflación y ayudar a los inquilinos más vulnerables. Eso provocó que muchos propietarios se pensaran alquilar y muchos forzaron subidas bajo cuerda o alquileres irregulares. Luego vino la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno Sánchez en febrero de 2022 y que entró en vigor hace casi un año, el 26 de mayo de 2023. El primer efecto de esta Ley, que pretendía mejorar los alquileres, ha sido el contrario: ha retraído a muchos propietarios a alquilar, porque fija unos topes al alquiler en las zonas tensionadas, por presión de Sumar y Podemos. Este “populismo intervencionista” ha frenado drásticamente la oferta de pisos en alquiler, porque la Ley congela los alquileres actuales en las zonas tensionadas (lo tienen que solicitar las autonomías y por ahora sólo lo ha hecho Cataluña) y fija un tope a los alquileres futuros, según un precio máximo fijado para esas zonas tensionadas.

Esta nueva Ley de vivienda ha agravado el problema del alquiler en España, ya que redujo la oferta de alquileres un 30%, sólo entre mayo y octubre de 2023 (ahora será más), según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Según una encuesta hecha a 637 agencias inmobiliarias, el 45,59% de los propietarios han aprovechado para subir los nuevos alquileres (para cubrirse de las bajas revalorizaciones e impagos) y han endurecido los requisitos que exigen a sus potenciales inquilinos (obligándoles además a “casting muy severos para “filtrarles por ingresos, empleo y contrato, edad, nacionalidad o color de piel y tipo de familia). Otro 15,44% de propietarios responden que se han pasado al alquiler de temporada (ya supone el 11% de todos los alquileres), un 6,2% se han pasado al alquiler turístico (hay 340.000 viviendas turísticas (entre un 10 y un 20% de los alquileres totales, según zonas) y otro 13,07% de propietarios han decidido vender el piso que hasta ahora alquilaban.

En consecuencia, hay muchas menos viviendas que se alquilan. Y en paralelo, se construyen cada año menos viviendas nuevas, lo que aumenta el déficit de viviendas para alquilar o comprar, disparando los precios. Así, en 2023, los visados de obra nueva fueron 107.934, un -0,91% menos que en 2022 (108.923 visados de obra nueva), una cifra similar a las viviendas iniciadas en 2019 (106.266) y que queda muy lejos de las viviendas nuevas que se iniciaban en España en los años del boom inmobiliario (865.561 viviendas iniciadas en 2006, ocho veces más que ahora) e incluso después (264.795 en 2008). Los visados de vivienda libre fueron 98.040 en 2023 y apenas se hizo vivienda protegida (VPO), sólo 11.982 en 2023 (frente a las 90.531 VPO iniciadas en 2008), según los datos oficiales. Y choca que se hayan hecho 3.491 VPO en Cataluña, 1.906 en Andalucía (3 VPO en Málaga…), 1.854 en Madrid, 1.784 en País Vasco, 511 en la Comunidad Valenciana o cero VPO en Canarias…

En resumen, no sólo se alquilan menos viviendas sino que además se construyen pocas viviendas nuevas, por falta de suelo y financiación y porque a los promotores no les compensa hacer viviendas libres ni protegidas (ni a las autonomías y Ayuntamientos promoverlas) , por sus bajos precios (módulos). El resultado es que tenemos un enorme déficit de viviendas disponibles y esa es la razón básica de los altos precios de alquileres y viviendas. En España, cada año se crean 275.000 hogares y llegan además unos 60.000 inmigrantes, lo que supone una demanda de 335.000 viviendas (alquiler o propiedad), según el Banco de España. Y frente a esta demanda, se construyen menos de 100.000 nuevas viviendas al año y caen los pisos destinados al alquiler, con lo que tenemos un déficit de 600.000 viviendas, sólo entre 2012 y 2025, según el Banco de España.

Otros cálculos estiman que España necesita 1.500.000 nuevas viviendas en 10 años (150.000 al año), de ellas 1.300.000 para alquilar. Este es el gran objetivo que tenemos pendiente, no poner topes artificiales a los alquileres (que retraen más la oferta). Para ello hay que resolver los 4 problemas que tiene hoy la construcción, según el Consejo de Arquitectos: la falta de suelo (y sus elevados precios), la falta de financiación (los bancos se han retirado de financiar a los promotores, tras la burbuja inmobiliaria y más tras las fusiones), el alto precio del dinero (los tipos más altos desde 2008) y la enorme burocracia y complicaciones jurídicas que rodean a los planes urbanísticos. Los promotores-constructores hacen hincapié en los dos que más les preocupan: la falta de suelo disponible para construir y lo complicado que resulta conseguir una licencia de obra (hasta 18 meses). Y añaden dos más: aumento de los costes de construcción y falta de mano de obra formada.

Así que la clave del problema de la vivienda está en aumentar la oferta, construyendo más viviendas y facilitando que los propietarios las alquilen, lo que exigiría ponérselo fácil, no imponerles topes que les disuaden a alquilar. Una vía, seguida por el gobierno vasco (Programa Bizigune), es impulsar la creación de agencias públicas autonómicas que les gestionen y aseguren el cobro del alquiler. Otra, incentivar los alquileres asequibles con deducciones fiscales a los propietarios que los hagan. Y fomentar la salida al mercado de los 4 millones de viviendas vacías, aunque eso requiere ayudas para rehabilitar muchas de ellas, que no están para alquilar. Pero ojo: este enorme parque de viviendas vacías no es la panacea para resolver el problema del alquiler, porque sólo 400.000 (1 de cada 10) están en ciudades con más de 250.000 habitantes, donde se concentran los problemas.

La otra vía, construir más viviendas es clave, conseguir iniciar al menos 150.000 viviendas al año (50.000 más que ahora). Para conseguirlo, es urgente lograr un Acuerdo entre administraciones, promotores/constructores y bancos (privados y el ICO), para conseguir sacar al mercado todo el suelo posible y financiar promociones de nuevas viviendas, la mayoría para alquileres a precio tasado. Ese era el objetivo de la reunión que mantuvo el presidente Sánchez, el pasado 11 de abril, con los promotores y patronales inmobiliarias, sindicatos y bancos, aunque no se concretaron objetivos y faltaban autonomías y ayuntamientos (cuya colaboración es básica, aunque difícil dada la actual crispación política).

En paralelo, el Gobierno ha tomado algunas medidas normativas para ayudar a relanzar la construcción de viviendas. Por un lado, ha aprobado (26 de marzo 2024) y enviado al Congreso una reforma parcial de la Ley del Suelo, para dar más seguridad jurídica a los Planes urbanísticos de los Ayuntamientos, para que se puedan poner en marcha cuando tengan deficiencias subsanables (y no se paralicen, como ahora, en los Tribunales), además de facilitar que los municipios realicen un registro de solares vacíos donde obliguen a los propietarios a edificar. En paralelo, ha aprobado una Orden para facilitar a autonomías y Ayuntamientos la concesión de “licencias rápidas”. 

Y además de facilitar la construcción de nuevas viviendas, el Gobierno promueve ampliar la oferta de vivienda por otras dos vías. Una, con el Plan para construir viviendas públicas con dinero de los Fondos europeos (1.000 millones): se iban a construir 20.000 viviendas, pero ya se han firmado convenios con las autonomías para construir 25.000 VPO, para alquileres asequibles. La otra, movilizar las 50.000 viviendas que tiene la SAREB, el “banco malo” público que se creó con los pisos y suelo acumulados tras la crisis bancaria. La SAREB ha ofrecido 21.000 de estas viviendas para que las compren las autonomías, pero ha sido un fiasco: sólo habían comprado 350 viviendas a finales de 2023. También la SAREB ha ofrecido 4.770 suelos a Ayuntamientos en condiciones ventajosas. Y hay otras 14.000 viviendas de la SAREB habitadas cuya situación se está tratando de regularizar, mientras la SAREB ofrece el suelo para otras 15.000 viviendas a construir con promoción público-privada.

Además, el Gobierno ha creado un Grupo de Trabajo para aprobar una futura regulación de los pisos turísticos, para facilitar su regulación y control a autonomías y Ayuntamientos. Y lo mismo para los alquileres de temporada, una vía de escape para alquilar sin control que se debe regular. Pero la clave sigue siendo “atraer” a los propietarios para que alquilen (en lugar de asustarlos con los topes al alquiler) y conseguir que entre la promoción pública, la SAREB y la promoción privada, se construyan más viviendas en España. Que aumente más la oferta, de alquileres y pisos en venta, lo que acabará haciendo bajar alquileres y precios. No hay otro camino, por mucho que los controles de precios (“populismo” contraproducente) suenen bien a algunos. El problema de la vivienda sí tiene enmienda: construir más.