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lunes, 2 de octubre de 2017

Refugiados: Europa incumple (y España más)


La semana pasada se cumplieron los 2 años dados por Bruselas para que los paises acogieran a 120.000 refugiados, de los 2,6 millones que entraron entre 2015 y 2016. Pero los Gobiernos europeos han dado asilo a la tercera parte (38,5%). Y España peor: ha acogido a 1.980 refugiados, sólo el 11,4 % de los que nos tocaban. Ahora hay más de un 1 millón de inmigrantes ilegales por Europa y millones esperando en Turquía, Líbano o Jordania, mientras las pateras siguen llegando a Italia, Grecia y España, con 2.000 muertos este año. El aluvión de inmigrantes ha bajado en 2017, pero el problema sigue ahí y no parará. Europa tiene que afrontarlo con más dinero y medios, porque son una cifra mínima (2 inmigrantes irregulares por cada 1.000 europeos) y un gasto asumible (10.000 millones, el 0,06% del PIB UE). Urge otro acuerdo europeo para afrontar la inmigración, por solidaridad y economía: pueden ayudar a una Europa envejecida. Y un Pacto político en España, para acoger más inmigrantes.



                                                                                            enrique ortega

El mundo se ha llenado de refugiados y desplazados: 68,5 millones en 2016, la mayor cifra conocida desde finales de la II Guerra Mundial, según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). Y de ellos, 21,3 millones son refugiados, sobre todo de Siria (5 millones en 120 paises), Afganistán (2,7 millones) y Somalia (1,1 millones), más los palestinos (5,2 millones). Europa es un destino principal para muchos refugiados, sobre todo a partir de 2011, cuando las “primaveras árabes” acabaron con los controles migratorios en Libia y Túnez. Pero el gran salto migratorio a Europa se dio a partir de 2014 y sobre todo en 2015, con 1.354.000 solicitantes de asilo en Europa, a los que siguieron otros 1.259.265 solicitantes en 2016. Un aluvión de 2,6 millones de migrantes que provocó una auténtica crisis humanitaria y que puso en apuros a la Unión Europea y sus reglas, favoreciendo los controles, los muros y la xenofobia.

Hasta entonces, Europa se regía por una norma, la Regulación de Dublín (aprobada en 1977 y modificada en 2003), por la que el responsable de gestionar a los refugiados era el país al que el migrante llegaba en primer lugar. Y si se le denegaba, no podía volver a solicitarlo en otro estado miembro, para lo que se creó una base de datos de huellas dactilares en 2003 (Eurodac). El sistema europeo común de asilo (CEAS) funcionó bien mientras el flujo de migrantes fue bajo (Europa recibió 300.000 solicitudes de asilo al año entre 1994 y 2002), incluso en 2014 (663.000 solicitudes), pero no en 2015, al superar de repente las 1,3 millones de solicitudes. Y más porque los migrantes llegaban por paises del sur de Europa que estaban colapsados y sin medios (Grecia, Italia, España), que no podían aplicar las normas de asilo y “dejaban pasar el problema” a los Balcanes y centro y norte de Europa.

En un momento dado, a partir del verano de 2015, el aluvión migratorio puso en peligro uno de los pilares básicos de la Unión Europea, el acuerdo de Schengen, vigente desde 1995, que aseguraba la libre circulación de personas entre los paises comunitarios. Muchos paises empezaron a poner controles fronterizos y barreras por los migrantes (Austria, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca), e incluso muros (Hungría), que ponían en peligro la Europa del euro. Y en paralelo, crecían por toda Europa los partidos xenófobos, alimentados por el “miedo a la invasión extranjera” en un continente con 19 millones de parados. Ante todo esto, los líderes europeos convocaron una Cumbre extraordinaria el 23 de septiembre de 2015 para buscar una salida, repartiéndose un contingente de 120.279 refugiados,  a los que los paises tendrían que dar acogida en el plazo de 2 años, según un reparto pactado contra el que votaron Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania.

El plazo para este reparto limitado de refugiados terminó la semana pasada  y el balance es muy pobre. De los 120.729 refugiados comprometidos a asilar, los paises europeos sólo han concedido asilo a 46.475 refugiados, un 38,5% del total, según los datos aportados por Intermón Oxfam y la Comisión Europea. Ha funcionado mejor el reasentamiento de refugiados que están en campos de Turquía, Líbano y Jordania (de 22.474 previstos, se ha concedido asilo a 17.331, el 77%) pero peor la reubicación de los refugiados instalados en Italia y Grecia (los europeos sólo han asilado a 29.144 de los 98.255 previstos, un 29,7%). Hay 9 paises europeos que han reasentado al 100% de los refugiados de Turquía, Líbano y Jordania que les tocaba (Finlandia, Irlanda, Estonia, Suecia, Alemania, Liechtenstein, Suiza y Reino Unido) y otros tres más que han asilado a casi todos (Noruega, Austria y Francia), pero la mayoría ha fallado en dar asilo a los refugiados que están en Grecia e Italia. Y hay paises del Este, como Hungría o Polonia, que no han acogido a ningún refugiado. Y otros a casi ninguno, como Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Rumanía, Croacia o Eslovenia. De hecho, la Comisión Europea ha abierto procedimiento de infracción a Hungría, Polonia y República Checa por negarse a aceptar refugiados.

España está también entre los paises con más baja acogida de refugiados: se ha concedido asilo en estos dos años a 1.980 refugiados, el 11,45% de los 17.337 asignados. De ellos, 1.257 proceden de Grecia (1.089) y de Italia (190) y otros 701 refugiados vivieron de los campos de Turquía (506) y Jordania (195). El Gobierno, por boca de los ministros de Exteriores e Interior, culpa de esta baja acogida a Grecia e Italia, a que no les han ofrecido refugiados que cumplan los requisitos del acuerdo europeo. Y las ONGs se quejan de la excesiva burocracia, que ha dificultado los asilos en toda Europa, al incluir solamente a los refugiados de tres paises (Siria, Eritrea y Yemen) que están en Grecia e Italia y no al resto (de Afganistán y resto de África). De momento, Intermón Oxfam ha denunciado a España ante la Comisión Europea por su incumplimiento en el asilo a refugiados, mientras 9 ONGs han puesto en marcha este vídeo de denuncia (“Orgullo de incumplir”) de la política de asilo del Gobierno Rajoy.

En definitiva, la Operación asilo de refugiados ha sido un fracaso en Europa (y más en España). Y el problema sigue ahí, con millones de refugiados esperando en Turquía (3 millones), Líbano (1,1 millones) y Jordania (700.000), en Grecia e Italia y dentro de la propia Europa, donde se estima que hay más de 1 millón de migrantes ilegales, una parte refugiados y la mayoría migrantes económicos, personas que huyen de la miseria. Frente a esta migración ilegal, Europa ha vuelto a dar otra respuesta equivocada: en marzo de 2017, la Comisión Europea ha pedido a los paises europeos que expulse a más de 1 millón de inmigrantes sin papeles, que acelere las devoluciones a sus paises de origen. En lugar de intentar regularizar su situación, les plantea dos medidas a tomar. Una, ampliar el plazo de detención de los inmigrantes ilegales que permite la directiva europea, hasta los 18 meses (en España se trabaja con 60 días), para dar tiempo a los trámites de devolución. Y la otra, que Bruselas amplíe el número de paises con los que tiene acuerdos de readmisión, que ahora son sólo 17 (la Comisión trabaja ahora con Nigeria), para facilitar las expulsiones.

Así que frente a millones de inmigrantes y refugiados a las puertas o dentro, Europa reacciona con las expulsiones de la mayoría y el asilo de una minoría que ni siquiera cumple. Y ahora, la Comisión propone conceder asilo a otros 50.000 refugiados, pagando 10.000 euros por asilado a los paises terceros que los acojan (como han hecho con Turquía) y buscando ampliar el marco de asilo también a los refugiados que vienen del resto de África y Asia, no sólo de Siria, Eritrea y Yemen. Pero la cifra es ridícula para hacer frente al problema que ya existe y al futuro. Porque aunque la migración a Europa ha bajado a la mitad este año (350.000 solicitudes de asilo hasta junio, unas 700.000 esperadas), se debe al acuerdo de la UE con Turquía, firmado en marzo de 2016, para aceptar migrantes llegados a Grecia y atender a los que les llegan, a cambio de mucho dinero europeo. Es sólo un pequeño muro que cualquier día puede romperse. Y más cuando la miseria y el atraso de África y Asia no mejoran y la mayoría de su población son jóvenes dispuestos a todo por buscar un futuro en Europa y EEUU.

Europa (y España) se tienen que tomar en serio de una vez el reto migratorio, que va mucho más allá de acoger a refugiados que huyen de la guerra y que tiene que ver con millones de extranjeros que pugnan por trabajar y vivir en Europa (y en España). La única opción razonable es establecer una política de integración de inmigrantes a medio plazo, con reglas claras y fondos, no tomar medidas sólo cuando llegan avalanchas humanas. Primero, porque el fenómeno migratorio está ahí y va a seguir durante décadas. Segundo, porque si no se toman medidas, se alimenta entre los europeos el miedo y la xenofobia contra los extranjeros, lo que puede poner en peligro la propia democracia, ante el auge de la ultraderecha en muchos paises (Francia, Alemania, Austria, Holanda, Grecia, Noruega, Finlandia…). Y tercero, porque la inmigración regulada puede ser una baza positiva para Europa, un continente envejecido que necesita mano de obra y jóvenes para seguir creciendo y pagando sus pensiones.

La política migratoria europea (y española) necesita, antes que nada, contar con más medios. Los 8 mayores paises de la UE dedicaron 10.275 millones de euros en 2016 para gastos de acogida a refugiados, una cifra ínfima, que supone sólo el 6,5% del Presupuesto comunitario (y el 0.06% de su PIB). Es casi el Presupuesto de los 32 equipos de fútbol que juegan la Champions… Y además de ser poco, la mitad recae sobre un país, Alemania, que hace un enorme esfuerzo con los refugiados, como algunos paises nórdicos, mientras el resto hace muy poco (y los paises del Este, nada). España está a la cola del gasto en refugiados: 32 millones de euros en 2016, una miseria. Y además, estos Presupuestos para refugiados están saliendo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (AOD) de España y los demás paises europeos. O sea, que encima de ser recursos escasos, se los están quitando a proyectos de ayuda en los paises del Tercer Mundo, proyectos ya recortados (España gastará en 2017 en Ayuda al desarrollo 2.177 millones del Estado, la mitad que en 2007).  

No basta con gastar más en acoger a los refugiados, ayudando específicamente a Grecia, Italia y España, los paises que más los reciben. Hay que gastar más en integrar a los inmigrantes, regularizando en lo posible la situación de los que lleven más tiempo. Un millón de inmigrantes ilegales son muchos, pero sólo suponen el 0,2% de la población europea, 2 por cada 1.000 europeos. Y pueden ser a medio plazo la mano de obra que necesita una Europa (y una España) que envejecen y pierden población (Alemania necesitará 8 millones de trabajadores extranjeros de aquí a 2030, según los expertos). Pero para eso hacen falta políticas de integración, con medios y medidas laborales, educativas y de vivienda, que eviten su explotación y su precariedad (en España, los marroquíes por ejemplo tienen una tasa de paro del 52%), como ha propuesto incluso el FMI.

Y en paralelo, Europa (y España) se tienen que implicar más en las zonas de origen de los inmigrantes, en dos sentidos: colaborando en la pacificación de los países (es irresponsable el interés europeo, con la excepción de Francia, en las guerras de Siria, Afganistán o la mayor parte de África) y favoreciendo su desarrollo, para que los jóvenes no emigren. En esta línea, urge aprobar “un Plan Marshall europeo” para África y Oriente Medio, que incluso ha pedido Rajoy para el norte de África. Invertir en evitar las futuras avalanchas de inmigrantes.

No se pueden poner puertas a personas desesperadas. Ni afrontar un problema tan grave con parches como “el reparto de refugiados” de 2015. Europa tiene serios problemas de fondo a medio plazo (euro, paro, desigualdad, fiscalidad, competitividad…)  y uno de ellos es la inmigración. Un problema además, que si no se resuelve bien, puede romper la propia convivencia entre europeos (extremismos y populismos). Así que urge una nueva Cumbre europea que ponga las bases de una política común de inmigración, empujada por Macron (ha propuesto crear una Oficina europea de Asilo) y Merkel (aunque esté debilitada y con la presión de Alternativa para Alemania), con el apoyo decidido de España, una país que se juega mucho en ello, por su posición geográfica. Y en paralelo, urge un Pacto de estado sobre inmigración y refugiados en España, para afrontar con realismo el problema de la inmigración ilegal y los refugiados. Por pura solidaridad de una España que ha emigrado mucho y por puro egoísmo, porque nosotros también vamos a necesitar a los extranjeros para crecer y pagar las pensiones en el futuro. Piénsenlo.

lunes, 6 de julio de 2015

El problema es la austeridad, no Grecia


Esta semana es clave para la resolución de la crisis griega, tras un pulso de seis meses entre la troika (Comisión, BCE y FMI), que defiende más recortes a cambio de nuevas ayudas, y el Gobierno griego, que pide suavizar el ajuste y renegociar la deuda, una losa impagable. Los fundamentalistas de Bruselas no han querido ceder y pretendían que Grecia eligiera entre lo malo (más recortes) y lo peor (salir del euro). Merkel, Bruselas y el FMI han apostado fuerte para defender sus viejas recetas de austeridad, que han llevado a Grecia al desastre, perdiendo un 25% de su riqueza, con un 27 % de paro y un 34% de pobres. Y el dinero de los dos planes de rescate ha ido a pagar intereses a los bancos, sobre todo alemanes. Todo para que tengan la misma deuda que en 2010, tras hacer el doble de recortes que España. Pero en Europa son incapaces de verlo, de buscar otro camino, suavizando el ajuste y lanzando un Plan Marshall de ayuda a Grecia. El Gobierno griego ha cometido muchos errores, pero tiene razón en lo fundamental : con más austeridad no salen del abismo. Y ha buscado que la mayoría de los griegos se lo digan a Bruselas. A ver si ahora escuchan.
 

enrique ortega


Empecemos con un poco de historia. Que Grecia tiene una economía débil e ineficiente era algo que sabían todos los países europeos que aceptaron su entrada en el euro en 2002. Pero no fue un problema y tampoco para que Alemania multiplicara sus ventas a Grecia y para que sus bancos (y los franceses) “regaran” de créditos al Estado heleno, empresas y particulares, para alimentar una “burbuja” de crecimiento, sobre la base de la vivienda, las infraestructuras y el tirón del sector público. Pero en 2008 llega la crisis y empiezan los problemas: su economía no tiene pulmón para aguantar y no puede pagar los mayores gastos y los intereses. Y encima, en enero de 2010, se descubre que han manipulado sus datos de déficit y que están en bancarrota, lo que les cierra el crédito internacional. La Unión Europea, en lugar de reconocer que ha alimentado “la burbuja griega”, critica su “despilfarro” y les aplica un ajuste de caballo, la vieja receta de la austeridad, que impone también a Portugal, Irlanda y España.

El primer Plan de rescate a Grecia (mayo 2010) es de 110.000 millones de euros, que enseguida se ven insuficientes, porque Grecia ha entrado en recesión (más tras los recortes), apenas recauda y sólo vive para pagar intereses. En marzo de 2012 se firma un segundo Plan de rescate, por otros 130.000 millones, con más ajustes adicionales y una importante novedad: la troika (la Comisión Europea, el BCE y el FMI) se queda con la mayoría de la deuda de Grecia con los bancos privados, a cambio de una quita (perdón) de una parte importante se esta deuda (107.000 millones). Europa  “nacionaliza” la mayor parte de la deuda helena, rescatando así a los bancos europeos (sobre todo alemanes y franceses) de sus problemas en Grecia y trasladando el problema a los países, a los ciudadanos europeos.

De hecho, la mayor parte de los fondos de los dos rescates (240.000 millones) no han ido a la economía griega ni a los griegos, sino a pagar los intereses de la deuda (el 75% a los bancos alemanes). Es falso entonces que los Planes de ajuste querían sacar a Grecia de la crisis: querían asegurar que Grecia pagara sus intereses. Y en paralelo, se les ha ido imponiendo duros programas de ajuste, con un objetivo adicional: que lo poco que creciera o recaudara Grecia fuera a pagar los intereses de la deuda, primero a los bancos y luego a la troika. No a reforzar el crecimiento y la competitividad de la economía griega.

La receta de los sucesivos planes de ajuste se ha traducido en recortes de gasto y menos crecimiento, en una profunda recesión que ha hundido la economía. El balance es espeluznante: el país ha perdido un 25% de su riqueza (PIB) entre 2010 y 2015, tras perderse 900.000 empleos (han sido despedidos 1 de cada 4 empleados públicos), haber caído un 20,5% los salarios y entre un 15% y un 44% las pensiones (el 45% por debajo de los 665 euros al mes) y con un paro que ha subido del 11,6 al 27 % (y el 60% entre los jóvenes). Tanto sacrificio (el 34% de los griegos están en riesgo de pobreza) para que al final, en 2015, deban incluso más que antes de iniciarse los ajustes: la deuda griega (342.200 millones supone ahora el 180% el PIB cuando en 2010 era el 146% (330.000 millones).

Este hundimiento de Grecia es el resultado del círculo vicioso de la austeridad: los recortes reducen el consumo y la inversión, se crece menos, se recauda menos, se gasta más y lo que se ingresa va a pagar intereses pero como es insuficiente hace falta endeudarse más a cambio de más recortes que hunden más la economía y así siguiendo. Un balance que los griegos sufrían en sus carnes en enero de 2015, cuando votaron mayoritariamente a Syriza, porque era un camino desconocido frente a dos males conocidos, los conservadores (que habían negociado el primer rescate) y los socialistas (que habían negociado el segundo), ambos nefastos para Grecia.

A los fundamentalistas de Bruselas (reforzada la Comisión de conservadores tras las últimas elecciones europeas), al FMI y al BCE “les dieron todos los males” cuando vieron a Alexis Tsipras en el poder en Atenas, poniendo en cuestión la sacrosanta receta de la austeridad y exigiendo acabar con los ajustes y renegociar la deuda. Y en lugar de optar por flexibilizar los recortes, apostaron por nuevos ajustes, por la vieja ortodoxia: más recortes en pensiones, subida del IVA, más recortes en el sector público y nada de renegociar la deuda. Su miedo era que si daban alguna “ventaja” a Tsipras, pudiera haber un “efecto contagio” en otros países con problemas, como Portugal, España (con Podemos en auge) o Irlanda. Y sobre todo, no querían reconocer el fondo del problema: que su receta de austeridad a ultranza había sido un error que había agravado los problemas de Grecia, a costa del dolor de los griegos.

Así que se enrocaron con nuevos ajustes, con el objetivo de que Grecia alcanzara un superávit de sus cuentas públicas (sin pago de intereses) del 3,5% en 2018, algo imposible de conseguir salvo que se recorte de todo y suban los impuestos, lo que hundiría aún más una economía que en 2014 había empezado a crecer (+0,8%), tras años de recesión. Y un objetivo imposible porque Grecia ya ha hecho recortes de caballo, aunque se les acuse de “despilfarro”. No es verdad, como demuestran los datos: Grecia ha recortado su gasto público del 54 al 49% del PIB entre 2007 y 2015, según Eurostat, más del doble que España (del 45,4 al 43,6% del PIB). Y aunque su sistema fiscal es mejorable, Grecia recauda también porcentualmente más que España: un 45,8% de su PIB frente al 37,8% aquí. Luego ya ha hecho un gran esfuerzo en ajustar sus cuentas públicas y pedirle mucho más es hundir la economía griega a niveles de no retorno, con más coste para la población. No se puede intentar sacar “sangre de las piedras”, como ha dicho el economista jefe del Citibank.

La pregunta, además, es ¿para qué hacen falta más ajustes? Otra vez, no para sanear la economía y restaurar el crecimiento, sino para asegurar el pago a los acreedores. Pero ahora no se trata de pagar a los bancos, sino a los países y las instituciones: el 75% de la deuda griega (342.000 millones) lo tiene la troika, la eurozona (60%), el BCE (6%) y el FMI (10%), estando sólo el 25% restante en manos de bancos, bonistas y otros prestamistas. Quiere esto decir que los deudores de Grecia no son bancos privados que pueden quebrar si no cobran a tiempo sino los principales países europeos (Alemania 27%, Francia, 20,32%, Italia 17,82% y España (11,70%), el BCE y el FMI, que pueden aguantar perfectamente si retrasan el cobro de esta deuda (40 años como piden los griegos) o rebajan su interés (ahora en el 2,5%). Y que podrían hacer una quita (perdón) de una parte, sin demasiados problemas, como han hecho ya los bancos privados (y como hicieron Francia y Reino Unido con Alemania tras la II Guerra Mundial). Un “sacrificio a corto” de los países europeos más ricos, a cambio de reducir la losa de la deuda de Grecia y permitir que levanten cabeza. En el caso de España, de los 29.000 millones “comprometidos” con Grecia, dos tercios son avales no dispuestos (y si no los usan, no nos cuestan).

Pero esto es una herejía para los fundamentalistas de Bruselas, el FMI y el BCE. Y además tienen enfrente a unos heterodoxos que no pueden ganar, el Gobierno de Syriza, que ha cometido muchos errores estos meses, con bastante prepotencia, fallos en la estrategia, demasiados cambios  y mucho populismo. Así que al final, la batalla no es económica sino política, de defensa de la austeridad a ultranza frente a un poco de flexibilidad. Y rotas las formas, se trata de un pulso a muerte, donde se pretende que Grecia elija entre lo malo (más austeridad) y lo peor (salir del euro), intentando en el camino cobrarse la cabeza de Tsipras y forzar un cambio en el Gobierno, a cambio de más flexibilidad en Bruselas. Vale, podemos ceder, exigir menos ajustes, incluso hacer algunas inversiones en Grecia, pero tenéis que pasar por el aro. Y eso pasa por votar sí en el referéndum y quitaros de en medio a Tsipras y a Syriza. La austeridad no se negocia ni se vota: es “un trágala” a cambio de más ayudas.

En definitiva, Bruselas, Alemania y el FMI le han echado un pulso a Syriza a costa del sufrimiento de los griegos, a quien proponen un “ultimátum: o aceptan  más austeridad  o será el caos de quedarse fuera del euro. Y los griegos, mayoritariamente, lo han tenido claro: no quieren más recortes, que les llevan a un ajuste interminable y a la recesión. Tampoco quieren salir del euro, porque saben que solos van a sufrir más. Pero si Europa no cede, sólo les quedará el camino de volver al dracma y buscarse la vida por su cuenta, con una fuerte devaluación y muchos años de sufrimiento. Pero al final, podrían salir adelante, como ha hecho Islandia, que no aceptó la austeridad del FMI. Es difícil, pero se puede intentar. Lo que está claro es que más austeridad, más de lo mismo, sólo por ideología, no es una salida para Grecia: sólo enquista la crisis.

Hay otro camino, que debería ser el que se eligiera: Europa abre la mano, renegocia la deuda griega y en paralelo pone en marcha “un Plan Marshall” para Grecia, un paquete de inversiones públicas y privadas para reanimar la economía helena y conseguir que en una década se recupere y pueda hacer frente a sus deudas. Y ayuda a Grecia a sanear su economía, a recomponer y hacer más competitivas sus empresas, a reformar el sector público y el Presupuesto, pero sin imposiciones desde fuera. Impulsar una economía más competitiva y más moderna, con más industria, más formación y más tecnología, lo mismo que necesita España, por mucho que se insista que “esto no es Grecia”. Y con ello, Europa sería más fuerte, al serlo también Grecia. Lo contrario, empecinarse en la austeridad, es ir a un fracaso seguro. Perseverar en los errores a costa del sufrimiento de los griegos. ¡Escúchenles¡

jueves, 29 de enero de 2015

Grecia, Europa y el último cartucho del BCE


La victoria de Syriza en Grecia vuelve a agitar la crisis del euro, nunca resuelta desde que estalló hace casi cinco años, con Grecia como detonante. Pero el problema no es Grecia, sino Europa: su economía sigue estancada, el paro en máximos y la inflación ya es negativa, como anticipo de una tercera recesión. El BCE hace de “bombero(como en 2012, 2013 y 2014), y va a quemar su último cartucho: comprar deuda de los países, para dar liquidez a la economía y evitar la debacle. Pero la medida es tardía e insuficiente. El problema de Europa no es que falte crédito: falta demanda, actividad, ventas, inversión. Para reanimar la economía, no basta con dinero barato: hace falta reanimar el consumo (con sueldos e impuestos) y la inversión, sobre todo pública. Acabar con la austeridad y los recortes. Y renegociar la deuda, una losa para la recuperación. La de Grecia y de media Europa. Es la hora de los eurobonos.
 
enrique ortega

Hace ya cinco años que saltó la crisis de Grecia, al descubrirse (enero 2010) la manipulación de su déficit para entrar en el euro, lo que desencadenó su primer rescate (mayo 2010). Pero fue la errónea política de Merkel y Bruselas, al no “aislar” el problema griego y contagiarlo a la Europa del sur, la que llevó a Europa a la segunda recesión (-0,7% y -0,4% en 2012 y 2013) y desencadenó la grave crisis del euro, que pudo estallar en julio de 2012, tras pedir España el rescate bancario (junio 2012). Si el euro no se rompió entonces fue por Mario Draghi, presidente del BCE, que hizo de “bombero”, prometiendo que haría “todo lo necesario para sostener el euro”. Entonces sólo fue una amenaza, pero en julio de 2013 bajó tipos y aumentó la liquidez, algo que tuvo que repetir en junio y septiembre de 2014, bajando los tipos al 0,05% y ofreciendo 400.000 millones de euros a los bancos para que dieran créditos.

Las medidas del BCE han evitado la catástrofe, pero no el estancamiento de la economía europea, que crece al 0,2% cuando EEUU está creciendo al 4,2%. Y las últimas previsiones del FMI indican que la zona euro es “el farolillo rojo” de la economía mundial y crecerá un 1,2% en 2015 (tras un lánguido 0,8% en 2014). Estancamiento frente a  un paro histórico: Europa tiene 27 millones de parados, 2 millones más que en 2008, y una tasa de paro del 12,1% (zona euro), la más alta desde la postguerra mundial. Pero al final, el dato que ha hecho saltar las alarmas ha sido la inflación negativa: -0,2% cayeron los precios en la zona euro en 2014, mientras 16 países UE tenían inflación negativa (España el tercero que más: -1,1%). Eso aviva el riesgo de caer en la deflación (6 meses de inflación negativa), un grave problema porque retrasa las compras y el consumo, debilitando las ventas, inversiones y empleo, lo que frena más el crecimiento. Además, encarece la devolución de las deudas a países, empresas y familias. Y sobre todo, es un indicador de que la economía europea está muy enferma. Al margen de Grecia, un problema agravado cinco años después.

Al final, lo que no han conseguido dos recesiones y un paro histórico lo ha conseguido el miedo a la deflación : que Alemania permita al BCE que utilice todas sus armas y compre deuda de los países, para crear liquidez en la economía y reanimar el consumo, la inversión y la inflación. La decisión del BCE ha sido comprar 60.000 millones de deuda pública y privada al mes, de momento hasta septiembre de 2016 (en total, 1.140.000 millones de euros). Pero la decisión del BCE, en vigor en marzo, tiene cuatro “trucos”, cuatro concesiones a Alemania, que la quitan fuerza. Una, que se incluye en las compras la deuda privada que ya se estaba comprando desde septiembre, con lo sólo habrá 47.000 millones de compras nuevas al mes. Dos, que se comprará deuda en función del tamaño de cada país, con lo que se inyectará más liquidez en Alemania, Francia e Italia (dos tercios del total) que en los países del sur, más necesitados (un 12,5% de toda la deuda a comprar, unos 142.500 millones, será deuda española). Tres, que se pone un límite a la compra por país, salvo que haya planes de ajuste (para forzar a Grecia, Chipre y los que puedan caer). Y cuatro, que si hay pérdidas por la compra de deuda, el 80% se carga a los países y sólo el 20% se reparte (el euro es un Club, pero si vienen mal dadas, alemanes y nórdicos no quieren pagar los problemas de la Europa del sur).

Al final, la compra masiva de deuda por el BCE pretende inyectar liquidez, dinero al mercado: ofrece a los bancos e inversores comprarles la deuda (pública y privada) que tengan, que se animarán a vender porque está cayendo su rentabilidad. El objetivo es que con este dinero fresco, los bancos presten y los inversores inviertan, con lo que habría más actividad, más consumo y antes o después más inflación. Además, como muchos inversores se van a desprender de deuda europea, bajará el euro, que ya está en mínimos (hasta 1,11 euros por dólar, cuando llegó a estar en 1,40 euros este verano). Y al bajar el euro, los productos europeos son más baratos y se puede exportar mejor. Y se pueden atraer más turistas. Por último, si el BCE compra deuda, rebaja los precios y los países pueden emitir su deuda pagando menos interés. España, por ejemplo, llegó a pagar un 6,64% de interés a los que compraron bonos a 10 años en agosto de 2012 y en enero de 2015, antes de las compras masivas de deuda, ya pagó sólo el 1,63% por esa deuda. Un ahorro de 2.500 millones para 2015.

En teoría, pues, la compra masiva de deuda del BCE puede ser muy positiva, como se ha visto en EEUU y Reino Unido. Pero llega 5 años tarde y con una cuantía escasa: EEUU compró deuda por 3,5 billones de dólares desde 2008 a 2014, más del doble que ahora Europa. Pero sobre todo, el problema de Europa no es de falta de liquidez y tipos altos (como en USA en 2008): en Europa hay liquidez de sobra, como demuestra que los bancos sólo hayan pedido al BCE la mitad de los 400.000 millones que tenía para prestarles a bajo interés. Y no es que los bancos no quieran dar créditos, es que hay pocas empresas y familias solventes que quieran pedirlos. Porque la mayoría ni venden ni ingresan como para endeudarse y bastante tienen con quitarse deudas del pasado: sólo en España, las empresas deben todavía  962.521 millones de euros y las familias otros 757.182 millones. Una pesada losa como para pedir más créditos ahora, por mucho que el BCE inunde Europa de dinero barato. Y más cuando la economía no tira, no hay ventas y los sueldos se estancan.

Por eso, el último cartucho del BCE es, además de tardío, insuficiente. Puede ayudar, pero hace falta que los gobiernos europeos cambien el chip: tienen que olvidarse de la austeridad y los recortes (que Bruselas ha vuelto a pedir, para 2015, a Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Portugal y Malta) y reanimar la economía europea, fomentar que haya demanda (ventas) e inversión. Para ello sólo hay dos caminos. Por un lado, reanimar el consumo, tanto de las familias (mejorando los salarios y bajando impuestos a las rentas medias y bajas, subiéndolo a los más ricos, grandes empresas y multinacionales) como de los Estados, gastando más sobre todo lo que tienen menos déficit público (Alemania tiene superávit). Y por otro, reanimar la inversión, haciendo que la inversión pública “tire” de la privada, con más recursos de los que contempla el Plan Juncker, que sólo pretende aportar 21.000 millones de dinero público en 3 años.

El BCE ha “comprado tiempo, pero la crisis europea sigue ahí y si los Gobiernos no toman medidas efectivas, saltará de nuevo y caeremos en la tercera recesión de esta crisis. Y no hay que olvidar el problema de Grecia, al que hay que buscar una salida. Ya no se puede seguir por el mismo camino de la troika: más ayudas a cambio de más recortes que hunden más la economía griega e imposibilitan el futuro pago de la deuda (315.509 millones en octubre de 2014). Una deuda que Grecia tiene concentrada en cuatro países europeos: Alemania (66.310 millones), Francia (49.800), Italia (43.750) y España (26.000 millones prestados). Hay que dejarles que salgan de la UVI y se recuperen y para eso es imprescindible renegociar la deuda, ampliando los plazos para devolverla (ahora,32 años) y bajando el interés (pagan el 3%), para que puedan pagarla sin asfixiarles. Pero el problema de la deuda no es sólo de Grecia, aunque sea el más grave (deben el 176% del PIB). También tienen un grave problema de deuda pública España (deberá el 101,7% del PIB en 2015), Portugal (128%), Italia (127%), Irlanda (123%), Bélgica (105%) y Chipre (102%).

Para Grecia y para el resto, la única salida, además de renegociar la deuda (más plazo y menos interés), es compartirla entre todos los países, “mutualizándola: que la emita un Tesoro europeo (como en USA), de tal manera que pague lo mismo por la deuda griega que por la finlandesa, porque sólo hay una deuda, la europea. Son los eurobonos. La Europa del norte, con Merkel a la cabeza (“no habrá eurobonos mientras yo esté viva”) no quiere porque les tocaría pagar más, para que Grecia, España y la Europa del sur paguen menos. Pero eso debería ser el euro, un Club donde se comparte lo malo y lo bueno (también Alemania inunda de coches, electrodomésticos y créditos a la Europa del sur).

Una vez más, Europa está en otra encrucijada: o cambia drásticamente de política o la austeridad ya no da más de sí y nos lleva a la tercera recesión. Y al descontento de millones de europeos. Es lo que ha dejado claro Grecia: la mayoría de la población está harta de sacrificios inútiles. Un mensaje que puede repetirse este año en las elecciones de España y Portugal (y en Irlanda en febrero de 2016). Y mientras, engorda la bolsa de euroescépticos y la extrema derecha en Francia, Hungría, Grecia ,Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda y  Alemania. Europa es “el farolillo rojo” de la economía mundial, a pesar de tantos sacrificios. Y el BCE no puede salvarnos, sólo evitar la catástrofe. Sólo queda explorar otro camino: acabar de una vez con la austeridad, reanimar de verdad las economías y aliviar el peso de la deuda. Cuanto antes.