Curso 2024-25: desigual tensión educativa

Más de 8,3 millones de niños y jóvenes han vuelto a clase, en 28.800 colegios e institutos, para un nuevo Curso escolar con pocas novedades y viejas tensiones, muy diferentes según regiones, centros y enseñanzas. El número de alumnos crece, pero menos que otros Cursos, por la caída de la natalidad, aunque hay autonomías que siguen perdiendo estudiantes mientras otras los forman en barracones. Los estudiantes crecen por el aumento de los alumnos inmigrantes, cuya presencia es mayor en el este de España. Pero la mayor tensión educativa y falta de medios sigue concentrada en los centros públicos, con más inmigrantes y alumnos problemáticos. Todo ello mientras aumenta el gasto educativo, bajo en las autonomías con más alumnos, y los padres se ven obligados a pagar más por la enseñanza que en Europa. Y la calidad de la enseñanza apenas mejora, con demasiados repetidores y abandonos. Urgen más recursos, pero concentrados en las regiones, centros y enseñanzas con más problemas.

                       Más alumnos en 11 regiones, menos en otras 8

Este Curso escolar 2024-25 se espera recibir  a 8.348.030 alumnos en las enseñanzas no universitarias, desde la educación infantil al Bachillerato y la Formación Profesional(FP), según estima el Ministerio de Educación. Serán 10.493 alumnos más que el Curso 2023-24 (8.337.537), un aumento inferior al del curso pasado (+28.057 alumnos) y al anterior (+60.999 alumnos en 2021-22, tras el bache de la pandemia), porque cada año se nota más la caída de la natalidad en España (los nacimientos se han desplomado un -40% entre 2008 y 2023). Y por eso, los niños y jóvenes que estudiarán este Curso serán menos de los que lo hicieron el Curso récord de 1990-91 (8.378.935 alumnos).

Este pequeño crecimiento de alumnos para 2024-25 es muy desigual por edades y estudios: sólo crecen los niños escolarizados en el primer ciclo de educación infantil (+7.251, hasta 491.307 alumnos de 0 a 3 años), en educación especial (+1.927, con 45.001 alumnos), en otros programas formativos (+305, hasta 14.079 alumnos), en Bachillerato, por el aumento demográfico de décadas anteriores (+20.234 alumnos, hasta un total de 711.651) y, sobre todo, en Formación Profesional (+48.460 matriculados este Curso, 1.193.260 alumnos). Pero pierden alumnos este Curso el 2º ciclo de educación infantil (-21.493 niños, con 1.084.307 matriculados de 3 a 6 años), Primaria (-35.380 alumnos, con 2.715.544 matriculados de 6 a 12 años) y la ESO (-10.811 matriculados, con 2.092.405 alumnos de 12 a 16 años), por la caída de la natalidad desde 2008.

Con ello, hay regiones y Centros educativos que ganan alumnos y los tienen que colocar en barracones (como en Levante y Cataluña) y otras que tienen que cerrar escuelas, por falta de niños, como en Zamora o Galicia. Y eso se traduce en que hay autonomías más tensionadas, porque reciben más alumnos, y otras menos, porque los pierden, una tendencia que se repite desde hace más de una década. Así, entre el Curso escolar 2013-14 y el 2023-24, han aumentado un +3,2% los alumnos de enseñanzas no universitarias (de infantil a Bachillerato y FP), según Educación, pero sólo porque han aumentado esta década los niños escolarizados en 8 regiones, sobre todo: Baleares (+11,2% alumnos), Madrid (+10,4%), Navarra (+9,1%), Murcia (+8,3%), Cataluña (+8,1%), Comunidad Valenciana (+6,4%), la Rioja (+5,4%) y Aragón (+4,1% alumnos). Apenas han crecido los alumnos en Melilla (+1,6%), Cantabria (+1,1%) y País Vasco (+0,9%). Y ojo, hay menos alumnos estudiando hoy que hace una década en 8 autonomías: Extremadura (-7,7% alumnos), Canarias (-6,2%), Ceuta (-4,4%), Asturias (-3,4%), Castilla la Mancha (-2,8%), Andalucía (-1,1%) y Galicia (-0,2%).

En resumen, que Madrid, Baleares, Levante, Aragón, Navarra y el País Vasco, el centro y este de España, recibe más alumnos cada Curso y el resto de España, sobre todo el centro más despoblado y el sur, los pierden. Una razón es que el mayor nivel de vida y el modelo económico atraen más población y con ella, más niños y adolescentes. Y otra, que estas regiones del este de España y las más ricas atraen más inmigrantes, que suelen tener más hijos en edad escolar que los españoles. Los alumnos extranjeros se han disparado en España: eran 763.087 en el Curso 2013-14 y fueron ya 1.066.875 alumnos extranjeros en las enseñanzas no universitarias el Curso 2023-24 (+330.626 en una década, un aumento del 45%). Con ello, los niños y jóvenes extranjeros que estudian en Colegios e Institutos españoles son ya el 12,2% del total, aunque su reparto es muy desigual.

Los alumnos inmigrantes se concentran precisamente en las regiones donde más están creciendo los estudiantes no universitarios, según Educación: Baleares (18,3% alumnos extranjeros, frente al 12,2% de media en España), la Rioja (17,1%), Comunidad Valenciana (17%), Cataluña (16,5%), Aragón (16,2%), Murcia (15%), Madrid (14,3%) y Navarra (12,9%), mientras los estudiantes extranjeros tienen poco peso en Colegios e institutos de Extremadura (4% de los alumnos), Ceuta (3,2%), Galicia (5,9%), Asturias (7%), Andalucía (7,2%), Cantabria (8,1%), Castilla León (8,7%) y Castilla la Mancha(8,5%), autonomías que pierden alumnos.

Los alumnos inmigrantes se concentran más en los centros públicos (colegios e Institutos), según los datos de Educación: ahí estudian el 75,7% de los alumnos inmigrantes no universitarios, cuando sólo concentran el 67% de los alumnos totales. En los centros concertados estudian en 16,5% de los inmigrantes (cuando tienen el 24,8% de todos los alumnos) y en los privados sólo el 7,8% (frente al 8,2% del total de alumnos que acogen). Y hay autonomías (las más pobres) que concentran más porcentaje de inmigrantes en sus Centros públicos, lo que tensiona su enseñanza (porque exigen mayor dedicación y medios): Melilla (el 95,5% de los alumnos inmigrantes estudian en centros públicos), Castilla la Mancha (91,2%, Extremadura (87,9%), Murcia (86,9%), Canarias (85,7%) o Ceuta (85,7%), mientras el porcentaje es mucho más bajo en Madrid (72,1%) o Cataluña (73,9%).

Como vimos, el aumento de alumnos y la consiguiente tensión en Colegios e institutos es muy desigual según los Cursos que se estudien (hacen falta más medios en educación infantil de 0 a 3 años y en FP, también en Bachillerato), la región donde se viva (más tensión en el este de España, Baleares y Madrid) y en los centros públicos, no sólo porque reciben a un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes que los concertados o privados, sino porque los centros concertados y privados “seleccionan” a los alumnos que reciben y las cifras demuestran que los colegios e Institutos públicos concentran a más niños y jóvenes de familias con menores ingresos, que normalmente tienen más problemas de integración educativa y formación (1 de cada 3 deja los estudios antes de tiempo), alumnos de familias vulnerables que exigen más atención educativa y más refuerzo escolar.

Este panorama indica que deberíamos centrar los esfuerzos en reforzar los centros públicos de las regiones con más tensiones educativas, sin descuidar al resto. Y en cuanto a los estudios, urge reforzar la educación infantil de 0 a 3 años y la Formación Profesional. Sobre la educación infantil no obligatoria (0 a 3 años), España es un referente europeo, ya que tenemos escolarizados al 41,8% de estos niños, frente al 31% en Europa (39,6% en Alemania o 38,5% en Finlandia) y el 32,4% en la OCDE. Pero la mayoría de estos niños están en guarderías privadas, muy caras para sus padres, por falta de plazas públicas. Frente a una creciente demanda, el Gobierno pretende crear 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años entre 2021 y 2025, utilizando Fondos Europeos. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado 162 millones más (con Fondos UE) para promover plazas públicas de 0 a 3 años. De ellos, 32 millones son fondos públicos que ha devuelto Andalucía porque ha preferido no gastarlos que tener que destinarlos a guarderías públicas (el Gobierno andaluz y otras autonomías del PP optan por financiar guarderías concertadas o privadas).

Sobre la Formación Profesional (FP), este nuevo Curso se han repetido los problemas de falta de plazas públicas, dada la enorme demanda, porque los jóvenes han visto que abre las puertas al empleo. Educación espera 1.193.260 alumnos de FP este Curso 2024-25, lo que supone casi duplicar los alumnos de hace una década (698.694 en 2013-2014). Pero el gran salto (+54,7% entre 2013 y 2023) se ha dado en los centros de FP privados (de tener 39.941 alumnos a 226.661 en 2022-23, un +467%), más que en los centros públicos de FP (los alumnos han subido de 542.203 a 710.601 en 2022-23, +31,2%) y que en los centros concertados (de 116.550 alumnos a 143.701, +23,5%). Eso se debe a que inversores privados (entre ellos Fondos de inversión extranjeros) se han lanzado a abrir centros de FP privados, sobre todo de Grado medio y Superior, cobrando precios desorbitados (de 2.500 a 6.000 euros al año), aprovechando la falta de centros públicos de FP (casi gratuitos).

Los sindicatos creen que faltan unas 100.000 plazas públicas de FP, sobre todo en Madrid, Barcelona y las regiones más pobladas y con más demanda. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó 88,5 millones para crear 41.790 plazas y destaca que desde 2020 se han creado 376.186 plazas públicas de FP, con una inversión de 842 millones. Pero faltan más. Y además, este Curso se repite también el problema de encontrar empresas que colaboren para que los 1,2 millones de alumnos de FP hagan prácticas, algo obligatorio (deben hacer unas 500 horas anuales de prácticas, entre el 25 y el 35% de sus estudios).

Mientras los alumnos de Colegios e institutos aumentan o bajan, según dónde, el número de profesores de enseñanzas no universitarias aumenta, aunque menos: eran 784.425 profesores en junio pasado, +15.627 que el Curso anterior y +113.646 más que 10 años antes (670.777 en 2013-14). Eso permite mejorar algo la ratio alumnos por profesor, que era de 11,4 alumnos por profesor en 2021-22, aunque existen también grandes diferencias por niveles de estudio, centros y autonomías. Así, hay regiones con muchos más alumnos por profesor, como Madrid (12,9), Cataluña (11,9), Melilla y Murcia (11,8), Andalucía (11,7), País Vasco y Comunidad Valenciana (11,2), y otras menos tensionadas, como Cantabria (9,1 alumnos por profesor), Extremadura (9,4), Asturias y Galicia (9,9), Castilla y León o Navarra (10).

Con todo, España tiene menos alumnos por profesor, en Primaria y Secundaria,  que la mayoría de Europa, según Educación: 11,3 alumnos/profesor en 2021-22, frente a 12,1% de media en la UE-27, 12,7 en Finlandia, 13,3 en Alemania o 15 en Francia. Eso sí, en España hay más alumnos por clase: 20 en Primaria en los centros públicos (23 en los privados) frente a 19 alumnos por clase en la UE, y 24 alumnos por clase en la ESO (26 en la privada) frente a 21 alumnos de media en la UE. Y aunque en España hay menos días lectivos, los profesores españoles dan más horas de clase: 875 anuales, frente a 800 en la UE y 804 en la OCDE.

El problema no es tanto el exceso de alumnos ni la falta de profesores como la calidad de la enseñanza que se imparte. Dadas las tensiones en algunas enseñanzas y centros (los públicos con alumnos más vulnerables), España tiene un serio problema de resultados de la enseñanza no universitaria, no sólo porque salgamos mal en los estudios PISA (que miden la capacidad en matemáticas y comprensión lectora), fruto de una enseñanza demasiado “memorística”, sino porque hay demasiados alumnos con dificultades, que acumulan problemas y fracasos desde infantil a Bachillerato. Bastan 3 datos para alertarnos. Uno, los repetidores: el 2,1% en Primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en Secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar, el altísimo porcentaje de jóvenes que deja sus estudios sin acabar Bachillerato o FP : 13,6% en España frente al 9,6% en la UE-25. Y tercero, el altísimo porcentaje de jóvenes (18 a 24 años) que son “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 13,8% en la UE.

Así que debemos estar preocupados por la calidad de la enseñanza no universitaria en España, fruto de la tensión educativa y la falta de medios en determinadas regiones y centros, con un alto porcentaje de alumnos que necesitan “refuerzo” y no lo tienen. Por un lado, mejorar la enseñanza exige más medios y más gasto, ya que España sigue gastando menos en educación que la mayoría de Europa: 10.181 dólares por alumno en Primaria, frente a 11.478 dólares en la UE-25 y 11.902 dólares en la OCDE. Y 12.541 dólares por alumno en Secundaria, frente a 13.225 dólares en la UE y 13.324 en la OCDE, según el reciente informe de la OCDE. Y ese mayor gasto evitaría que una parte del gasto educativo recaiga sobre las familias: los padres españoles financian entre el 9% (Secundaria), el 11,6% (Primaria)  y el 12% (infantil) de la educación no universitaria de sus hijos, el doble que los padres europeos (financian el 4,4% en Primaria, el 5,4% en Secundaria y el 10,4% en infantil).

No basta con gastar más para mejorar la calidad de la enseñanza. Hay que gastar mejor y de forma desigual, poniendo más recursos en los centros y estudios más tensionados, en la regiones donde más crecen los alumnos y necesidades. Pero no se hace así. Existe un Plan PROA+ para refuerzo de los alumnos con problemas, para desdoblar aulas y profesores, pero en muchos Colegios e institutos es insuficiente, sobre todo en los centros públicos. Y además, hay una tremenda desigualdad en el gasto educativo por autonomías, con el agravante que algunas de las más tensionadas son las que gastan menos. Así, en 2023, Madrid fue la región que gastó menos en educación por habitante (858,64 euros), seguida de Asturias (988), Aragón (1.020), Canarias (1.026 euros), Baleares y Galicia  (1.031), Cataluña y Castilla la Mancha (1043), mientras que las que más gastan en educación son País Vasco (1.522 euros, casi el doble que Madrid), Navarra (1.398), Extremadura (1.241) y Comunidad Valenciana (1.220 euros), según este estudio de los Directores sociales.

En resumen, los niños y jóvenes han iniciado otro Curso escolar donde nos jugamos avanzar en la calidad de su enseñanza y resolver las graves desigualdades educativas que se dan en España, según en qué centro y en qué ciudad se estudie. No basta con mejorar la enseñanza en general: hay que mirar dónde están los “puntos negros” y reforzar alumnos, centros y enseñanzas, con más recursos, más medios y otra educación. Nos jugamos el futuro.

Curso escolar 2023-24: más alumnos y costes

Unos 8,3 millones de niños y adolescentes han vuelto a clase en 28.500 colegios e institutos, en un Curso escolar con novedades. La primera, que estudiarán 20.000 alumnos más, a pesar de la caída de la natalidad, por el aumento de la educación infantil (0-3 años), los alumnos hijos de inmigrantes y el récord en Formación Profesional (que supera por tercer año el millón de alumnos). Además, este curso se aplica totalmente la nueva Ley de Educación (Lomloe), con cambios en los contenidos de todos los cursos y la obligación de que todos los alumnos de FP hagan prácticas en empresas (algo complicado). Pero siguen faltando profesores y recursos para la enseñanza no universitaria, lo que obliga a que las familias españolas sean las que más gastan de Europa (aportan el 12% del gasto educativo), en un año donde sube la factura de libros, uniformes, transporte y comedor. Este menor gasto repercute negativamente en la calidad de la enseñanza, manifiestamente mejorable. Nos jugamos el futuro.

                 Enrique Ortega

Este nuevo Curso escolar  2023-24 marcará un récord de alumnos en las aulas de colegios e institutos, donde estudiarán unos 8.330.000 niños y adolescentes, 20.000 más que el curso pasado y una cifra récord desde el curso 1990-91 (cuando estudiaron 8.378.935 alumnos en las enseñanzas no universitarias, de infantil a Bachillerato). Se rompe así una tendencia de recorte de alumnos en los últimos cursos, por la caída de la natalidad en este siglo, lo que ha supuesto la pérdida de 450.000 alumnos de 0 a 15 años (en infantil, primaria y la ESO) en la última década, entre 2013 y 2023. Ahora, este curso se interrumpe la caída por tres causas: el aumento de la educación infantil (de 0 a 3 años), la presencia creciente de hijos de inmigrantes en los centros (sobre todo públicos) y el boom de la Formación Profesional (FP). 

El primer factor que aumenta los alumnos este curso es la mayor asistencia a los centros de enseñanza regulados de niños de 0 a 3 años, para cursar educación infantil: se esperan unos 475.000 niños escolarizados, lo que supone un empujón, dado que con la pandemia cayeron de 472.625 en 2019 a 388.974 en 2021. En los últimos 3 años, el Gobierno Sánchez ha distribuido 670 millones de euros entre las autonomías para que crearan 65.000 plazas de educación infantil gratuita (de 0 a 3 años, una franja en la que la educación no es obligatoria), en centros públicos y concertados. La consecuencia es que, ya en el curso anterior, España alcanzó un récord histórico de escolarización infantil (0 a 3 años) en centros autorizados, al margen de las guarderías: un 45,6% de los niños de 0 a 3 años. Con ello, somos uno de los paises con más tasa de escolarización infantil (23% en la UE y 27% en la OCDE), lo que resulta clave para el futuro: cuanto antes empiece la escolarización de los niños, mejores resultados educativos, según los expertos. 

El segundo factor que aumenta los alumnos este curso es que siguen creciendo los alumnos hijos de inmigrantes, con una mayor natalidad que las familias españolas. El curso pasado, los alumnos extranjeros en colegios e institutos ya rondaron el millón (944.992 en el curso 2022-23), cerca del 12% del total de alumnos, cuando sólo 5 años antes (curso 2017-2018) eran 687.774, el 8,5% del total (y sólo había 100.000 alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias, el 2% del total, en el curso 2000-2001). Sólo en Primaria, se han incorporado en los últimos 6 años casi 116.000 niños extranjeros. Esta mayor afluencia de alumnos extranjeros aporta una gran riqueza a la educación, al incorporar otras experiencias y culturas, pero también crea problemas por el idioma y la segregación. Sobre todo, porque estos alumnos extranjeros están concentrados en centros públicos  (el 76% del total: los centros concertados y privados acaban “segregándoles” por distintas vías) y en unas pocas autonomías (Levante, Cataluña, Madrid, Aragón, la Rioja Baleares y Canarias concentran un porcentaje de alumnos extranjeros superior al 15% del total de alumnos). 

Y el tercer factor de aumento de alumnos este curso es que sigue creciendo la matrícula de jóvenes en Formación Profesional, unos porque la prefieren al Bachillerato (son ya 7 años consecutivos en que se matriculan más jóvenes en FP que en Bachillerato) y otros porque habían dejado de estudiar y vuelven a hacerlo para estudiar FP, porque ofrece más garantías de empleo futuro. La realidad es que este será el tercer curso escolar en que la FP superará el millón de alumnos matriculados, con 1.132.364 alumnos matriculados, un 35% más que hace 4 años (se matricularon 838.764 en 2018-19). Dos tercios de estos alumnos de FP se han matriculado en centros públicos (unos 775.000), pero lo que más crece es la matrícula de FP en centros privados (más de 300.000 alumnos ya), ante la falta de plazas en los centros públicos. De hecho, los centros concertados se están volcando en ofrecer nuevas titulaciones de FP, con un alto coste, ante la escasez de plazas públicas. E incluso hay Fondos de inversión que apuestan por crear centros de FP, como un gran negocio educativo, mientras los sindicatos denuncian que hacen falta 300.000 nuevas plazas públicas de FP. 

Además de tener más alumnos, otra novedad de este Curso escolar 2023-24 es que se completa la aplicación de la nueva Ley de Educación (la Lomloe, Ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006, la LOE), la 8ª Ley de Educación de la democracia, aprobada en diciembre de 2020, con los votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. A pesar de las reticencias de las autonomías gobernadas por la derecha, la Lomloe avanza y se aplica: el curso pasado se revisaron los contenidos de los cursos impares de Primaria, ESO y FP básica y este curso 2023-24 se aplicará a los contenidos de los cursos pares (2º,4º y 6º).

El cambio que pretende la nueva Ley (Lomloe) es modificar el anterior sistema de enseñanza, para que ahora se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Por ello, se han cambiado los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo (reglas para suspensos y repeticiones de curso). El problema ahora es que los contenidos serán diferentes entre regiones, porque los distintos Gobiernos autonómicos aprueban ahora entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Ahora, con la derecha (y Vox) gestionando los gobiernos de 11 autonomías, ya se han planteado polémicas por los contenidos de algunas asignaturas (Historia, Valores Cívicos, Sostenibilidad…). 

Otro cambio importante en este curso 2023-24 se va a dar en Formación Profesional, al aplicarse ya totalmente la nueva Ley de FP, que se aprobó en septiembre de 2021, con el voto en contra del PP y Vox y la abstención de ERC. Además de reformularse los cursos de FP, este año se hace obligatoria la formación “dual” para todos los alumnos de FP. Eso significa que el millón largo de alumnos de todos los cursos tendrán que cursar entre el 25 y el 35% de sus estudios (unas 500 horas anuales) haciendo prácticas en empresas, algunas remuneradas. Eso puede crear este curso “un tapón”, ya que hace falta que los Centros firmen acuerdos con cientos de miles de empresas para que colaboren con las enseñanzas de FP. Pero a la vez es la gran esperanza de reducir el paro juvenil (casi un 30% en España).

Además de estos cambios, preocupa otra vez este Curso escolar  2023-24 la falta de profesores y la tremenda precariedad de un tercio de sus contratos. En julio de 2023 fueron despedidos 110.000 profesores interinos, para no pagarles las vacaciones. Y ahora en septiembre, ha habido retrasos para recontratarlos y configurar las plantillas, lo que ha provocado que muchos centros iniciaran este curso sin toda la plantilla, sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla la Mancha. Y los sindicatos reiteran que faltan profesores, que se han perdido parte de los docentes de refuerzo contratados por la pandemia: CCOO pide un aumento del 15% de las plantillas, 100.000 docentes más. Y sobre todo, piden reducir la enorme precariedad: un tercio de los 760.000 profesores de colegios e institutos son interinos o tienen un contrato temporal (además de estar mal pagados). 

Además de la falta de profesores, urge atajar la deficiente calidad de la enseñanza no universitaria en España, sobre todo en los centros públicos. Los indicadores revelan que tenemos un serio problema educativo: alto porcentaje de repetidores, un 7,6% en ESO (la tasa más alta en Europa donde sólo repiten el 2,2%), que es del 9,2% en los centros públicos y del 4,3% en los concertados y privados, un alto porcentaje de fracaso escolar temprano (17,8% de jóvenes de 18 a 24 años que no han terminado la ESO obligatoria, frente al 9,3% en la UE-25) y un altísimo porcentaje de “ni-nis”, jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan (17% en España frente al 13,7% en la UE-25). Y unos peores resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según todos los informes PISA.

Unos mediocres resultados educativos, muy dispares por autonomías, que contrastan con el hecho de que los estudiantes españoles den más horas de clase que sus compañeros europeos, según el último informe de la OCDE 2022: +7,3% de horas en Primaria y un +30% en Secundaria. Los expertos critican que este exceso de horas de clase, para cumplir temarios demasiado extensos, quita recursos (profesores y horas lectivas) para dedicarlos a refuerzos y desdobles, a reducir los alumnos por clase y ampliar las extraescolares. En general, los recursos se concentran en los alumnos sin problemas y no hay posibilidad de atender mejor a ese porcentaje creciente de alumnos que necesitan más seguimiento y atención y que son el núcleo que genera repetidores y abandono escolar. Sobre todo en los centros públicos, dotados de menos recursos y de más alumnos problemáticos. 

Y entramos en el meollo del problema, la falta de recursos y Presupuesto. En líneas generales, España gasta menos en educación que la mayoría de Europa y la OCDE, también en la enseñanza no universitaria: gastamos un 3% del PIB (1,3% en Primaria y 1,7% en Secundaria) frente al 3,2% de media en la UE-22. El gasto total por estudiante de Primaria es de 8.580 euros en España, frente a 10.141 euros en la UE-22 (10.622 en Alemania y 9.312 en Francia). Y en Secundaria el gasto educativo por alumno es de 10.706 euros, frente a 11.673 de media en la UE-22 (14.930 euros en Alemania y 13.475 en Francia), según el Informe 2022 de la OCDE. Y encima de gastar menos en colegios e Institutos, el gasto es muy desigual por autonomías: sólo gastan 899 euros por alumno no universitario en Asturias y 938 en Madrid, frente a 1.489 en Euskadi y 1.294 en Navarra, según la AIREF. 

Además, hay varias autonomías que apuestan por financiar y apoyar la enseñanza concertada, en perjuicio de la enseñanza pública, que está perdiendo alumnos en colegios e institutos. Así, en el último curso con datos oficiales (2020-21), el 67,3% de los alumnos no universitarios (de infantil a Bachillerato) estudiaban en centros públicos (frente al 71,5% en 2008), un 25,2% en concertados y un 7,6% en centros privados. Pero hay autonomías donde los alumnos en centros concertados y privados casi llegan a la mitad: País Vasco (48% en concertados y 1% en privados), Madrid (29,6% en concertados y 15,8% en privados), Navarra (32,8% en concertados y 1,5% en privados) o Cataluña (25,9% en concertados y 9,1% en privados). Y otras autonomías donde los alumnos en centros públicos rondan o superan el 80%, como Castilla la Mancha (83,2%), Extremadura (80%) o Canarias (76,4%). 

Este menor gasto en educación en España, sobre todo gasto público en los centros públicos, se compensa con un mayor gasto de las familias: España es el país europeo donde aportan más, un 12% del gasto educativo total (de Primaria a Bachillerato), frente a sólo el 5% en la UE y el 7% en la OCDE, según el informe Education at a Glance 2022. Además, en los últimos años, estos pagos educativos de las familias se han disparado con la inflación. Y este curso, el gasto por niño de la vuelta al cole ha rondado los 500 euros, según la OCU, por la subida de libros, material escolar y uniformes, a los que sumar las subidas en el transporte escolar, extraescolares y comedor escolar. Aquí tenemos un grave problema, según Save the Children: sólo el 11,2% de los colegiales reciben ayudas para el comedor escolar cuando hay un 27,4% de niños en situación de pobreza. Eso sí, el Presupuesto para becas (2.520 millones), que reciben un millón de estudiantes, creció en 1.000 millones desde 2018.

Hasta aquí el panorama educativo y los problemas de fondo con los que ha empezado este nuevo Curso escolar 2023-2024: cambios educativos, falta de medios y profesores, escasez de Presupuesto y muchas desigualdades por autonomías, con un resultado educativo manifiestamente mejorable. ¿Cómo mejorarlo? El Gobierno le pidió a la OCDE que analizara nuestro sistema educativo y propusiera soluciones, que se presentaron en junio: identificar los centros educativos con más peso de familias desfavorecidas y con bajas rentas y concentrar en ellos más recursos (dinero y profesores), premiando a los docentes que los elijan, mejorar la formación y reducir la precariedad del profesorado, reforzar horarios y atención del alumnado más vulnerable y potenciar al máximo la Formación Profesional. Acciones concretas que habrá de aplicar el próximo Gobierno, aunque ya será el curso que viene. Mientras, la urgente mejora de nuestra deficiente educación está en manos de las autonomías, que han de gastar más y mejor en educación, apostando por la enseñanza pública. Nos jugamos el futuro.

Curso escolar 2022-23: nueva Ley y más gasto

Ya han vuelto a clase los 8,25 millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Este curso 2022-2023 tiene muchas novedades, al aplicarse una parte de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que busca una enseñanza menos memorística y más práctica, con cambios en programas y libros de texto, un nuevo Bachillerato y la figura de un coordinador en los centros contra el abuso escolar. Un curso donde avanza la educación infantil (0-3 años) gratuita y la Formación Profesional, que ha duplicado alumnos. Y un curso sin restricciones frente al COVID, aunque más de la mitad de los niños sigue sin la vacuna completa. Lo más preocupante es que han vuelto a recortarse profesores contratados por la pandemia, hay más niños por clase y las familias pagarán más por libros, uniformes, transporte, comidas y extraescolares. Preocupa “el rodaje” de la nueva Ley y la falta de recursos para la enseñanza, en un año donde las autonomías tendrán más ingresos que nunca.

Enrique Ortega

Este nuevo curso escolar 2022-23, crecerá poco (un +1%) el número de alumnos que estudian enseñanzas no universitarias, que rondarán los 8.250.000 estudiantes, frente a 8.216.171 el curso pasado, según Educación. Se espera que sigan bajando los niños en Educación infantil (-282.000 niños matriculados que en 2011-2012) y en Primaria (-50.000 alumnos estudiando que en 2012), por el desplome de la natalidad en la última década, aunque seguirán creciendo los alumnos en ESO, Bachillerato y FP (se han duplicado los alumnos de 2010, superando ya el millón los matriculados el curso pasado), nacidos antes. Y siguen cayendo también los alumnos matriculados en los centros públicos (concentran el 67,4% de los estudiantes no universitarios, frente al 69% que había en 2010-11, bajando al 51% en el País Vasco y el 54,1% en Madrid), a costa de un fuerte aumento de la enseñanza concertada (enseña al 25,2% de alumnos, el 29,8% en Madrid) y la enseñanza privada (7,4% alumnos no universitarios, el 16,1% en Madrid).

Una novedad de este curso es que despega la educación infantil pública gratuita (de 0 a 3 años), gracias a que el Gobierno Sánchez aprobó en noviembre de 2021 una partida de 670 millones de euros para que las autonomías creen 65.000 plazas públicas de educación infantil (0-3 años) hasta 2024, la mayoría en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para favorecer la conciliación familiar y el trabajo de las madres. Gracias a este empuje y el propio de algunas autonomías, este curso habrá más guarderías públicas gratuitas en Galicia (guarderías públicas y concertadas), Castilla y León (gratis 2-3 años en centros públicos y concertados), Madrid (centros públicos), Andalucía y Cataluña (públicos y concertados).

Otra novedad de este curso es que entra en vigor la nueva Ley de Formación Profesional (aprobada en marzo de 2022, con la única oposición del PP y la abstención de Vox y ERC), que reformula las enseñanzas de FP, con una formación “dual” que obliga a incluir una parte del aprendizaje (del 25 al 35%) en las empresas, con una importante financiación pública (5.474 millones entre 2022 y 2025) para que las autonomías creen 80.000 nuevas plazas públicas de FP, que faciliten el empleo de los jóvenes. Con ello, las peticiones de matrícula en centros de FP se ha disparado aún más este año, aunque faltan plazas públicas (33.000, según CCOO, sobre todo en Madrid y Cataluña), lo que obliga a los alumnos y a sus familias a matricularse en costosos centros privados de FP, un nuevo negocio que ya ha atraído a Fondos de inversión extranjeros y nacionales.

Con todo, la mayor novedad de este curso escolar 2022-23 es que entra en vigor (parcialmente) la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006). Es la 8ª Ley de Educación de la democracia y se aprobó en el Senado en diciembre de 2020, con 142 votos a favor, 9 abstenciones y 112 votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. El cambio más importante de la LOMLOE es que pretende modificar el sistema de enseñanza, para que se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Para ello, se van a cambiar los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo. De momento, este año se empieza con los cursos impares (1º,3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP básica. Y el próximo curso, se ampliará el cambio de contenidos a los cursos pares (2º, 4º y 6ª).

Si ya es complicado cambiar los contenidos de la enseñanza de un año para otro, lo va a ser más este curso 2022-23 porque los cambios de contenidos se han retrasado, con lo que al principio de curso (entre el 5 y 12 de septiembre, según las regiones) no todos los centros tenían los nuevos libros de texto. Así, a primeros de septiembre, hay 7 autonomías, que representan el 57,5% del alumnado (4,5 millones de escolares), que no han aprobado y publicado los nuevos currículum, la programación y contenidos de los cursos impares que cambian: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, País Vasco, Cataluña y Canarias (4 gobernadas por el PP y “resistentes” a la LOMLE). Culpan del retraso al Gobierno central, que publicó el decreto de enseñanzas mínimas entre febrero y abril de 2022, pero Educación se defiende diciendo que han tenido tiempo suficiente, como demuestran las 10 autonomías “cumplidoras” (que publicaron los temarios entre julio y agosto).

Las 7 autonomías “retrasadas” han repartido a los centros borradores de los currículos y contenidos, para que puedan empezar a trabajar con los alumnos desde el primer día de clase. Pero las editoriales no pueden ultimar y editar los libros hasta que estas autonomías no publiquen los contenidos definitivos. Contenidos diferentes entre regiones, porque los gobiernos autonómicos aprueban entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Así se amplía las diferencias de contenidos entre autonomías, como se ha visto ya en Geografía e Historia, donde los alumnos de la ESO tienen 17 contenidos diferentes, según donde estudien…

Además del cambio en el sistema de enseñanza (“menos aprender de memoria y más entender y razonar”) y en los contenidos y libros de texto, este curso 2022-23 hay más cambios. Habrá una asignatura nueva, Educación en Valores Cívicos (similar a la Educación para la Ciudadanía de hace 15 años), y la asignatura de Religión dejará de tener valor en la nota media del expediente (importante para solicitar una beca o solicitar carrera). Y se introduce un nuevo Bachillerato General (poco a poco, en algunos centros), que se sumará a dos Bachilleratos artísticos (Música y Artes Escénica y Artes Plásticas, Diseño e Imagen), el Bachillerato de Letras y el de Ciencias (habrá 5 en total). Además, se crea un modelo transitorio de pruebas de Selectividad (con menos exámenes y más pruebas de competencias), en vigor hasta 2027, cuando se apruebe otro modelo “definitivo” .Y otro cambio destacable: los centros deben crear la figura de Coordinador de Bienestar y Protección, un profesor responsable de vigilar y evitar el acoso escolar, ciberataques, maltrato, autolesiones y suicidios.

Otra novedad importante de este curso escolar es que desaparecen las restricciones frente al COVID-19 (ni mascarillas ni distancia de seguridad  ni grupos burbuja), aunque la pandemia sigue ahí (1 millón de españoles más contagiados entre junio y septiembre, con 6.300 muertos con COVID los últimos tres meses) y más de la mitad de los niños de 5 a 12 años (3.815.164 en total) no están inmunizados: sólo tienen las dos dosis de la vacuna 1.741.903 niños, el 45,7% del total, según Sanidad. Un dato que revela un fracaso de la vacunación pediátrica y la falta de colaboración de las familias, que ahora se pueden ver afectadas (padres y abuelos) si la pandemia repunta este otoño-invierno en los centros escolares.

Una de las cuestiones que más preocupa este curso es la falta de profesores de apoyo, porque la mayoría de las autonomías han vuelto a despedir a profesores contratados en 2020 por la COVID. De hecho, de los 33.323 profesores de refuerzo contratados en 2020, sólo la mitad (17.297) siguen en activo, según denuncia CCOO de la Enseñanza: 12.000 fueron despedidos el curso pasado (2021-2022) y otros 4.000 se han perdido para este curso, a pasar de los fondos transferidos por el Gobierno a las autonomías en 2020, 2021 y 2022. Y a pesar de que en 2023, las autonomías recibirán del Estado los mayores recursos de su historia: 134.333 millones, un 24% más que en 2022 (+26.130 millones más).

Este menor gasto autonómico en profesores de refuerzo para 2022-23 agravará los problemas de la enseñanza: aumentará los ratios de alumnos por clase a los niveles de 2019, lo que impedirá reforzar la docencia para recuperarse de la pandemia y afrontar los cambios que exige la nueva Ley de Educación. Y además, dificultará reducir el abandono escolar y los repetidores, donde España es líder europeo. Precisamente, tener malos resultados educativos tiene más coste que el gasto en  reforzar profesores: España podría contratar 44.700 profesores más (y reforzar a 2,2 millones de alumnos) con lo que le cuesta al sistema la repetición de curso del 29% de los estudiantes de 15 años (costó 1.441 millones en el curso 2019-2020), según un informe de Save the Children, Así que recortar en profesores sale mucho más caro en repetidores, abandono escolar y mala calidad de la enseñanza.

Este menor gasto en educación del necesario es más preocupante porque hay autonomías que siguen “ahorrando” en educación, gastando menos que la mayoría, o bien porque “gastan en otras cosas” o porque ingresan menos con la “bandera” de bajar impuestos (más a los más ricos). En 2020, último año con datos homogéneos, España gastó 905 euros por habitante en educación, pero Madrid gastó mucho menos (725 euros), al igual que Asturias (826 euros), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866), Castilla la Mancha (870) y Aragón (889 euros), mientras el País Vasco gastaba casi el doble (1.329 euros por habitante), seguida de Navarra (1.146), Extremadura (1030) y Comunidad Valenciana (1.005 euros), según un estudio de los Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras España gasta menos en educación (55.625 millones en 2020, el 4,93% del PIB) que la mayoría de Europa (5,1%) y la OCDE (5,3%), las familias gastan más cada año en educar a sus hijos, tanto en los centros concertados (pago de cuotas “voluntarias”, libros, uniformes, transporte y comedor, extraescolares) como en los públicos (libros, uniformes y múltiples gastos obligados). De hecho, España es el país europeo donde las familias gastan más en educación, según el último informe de la OCDE: aportan un 13% del gasto total (86% el gasto público y 1% otros), frente al 8% de media que pagan en la OCDE y el 5% en Europa (1% en Finlandia, 6% en Irlanda, 8% en Italia y Francia, 9% en Reino Unido, 11% en Portugal y 12% en Alemania).

El problema se agrava este curso 2022-23, porque se ha disparado la inflación. Y eso está encareciendo el gasto escolar de las familias: 400 euros de media por hijo. Suben los libros de texto (+12%), el material escolar (se ha disparado el precio del papel), los uniformes, las actividades extraescolares, el transporte escolar (+10%) y los comedores escolares (+6%), uno de los gastos más preocupantes, porque 1 de cada 3 niños españoles vive en familias con problemas económicos y sólo el 11% recibe ayuda para pagar el comedor escolar, con lo que hay 500.000 niños que no van a poder pagar este curso el comedor escolar, según la ONG Educo. Por eso, las asociaciones de padres y los centros piden ayudas de choque para este curso, que complementen el aumento de becas que ya ha hecho el Gobierno: el gasto en becas educativas (para todas las enseñanzas, incluida la Universidad) ha aumentado un 45% entre 2017-18 (1.472 millones en becas) y 2022-23 (2.134 millones), adelantando 4 meses la convocatoria  este año (desde marzo).

Estamos pues al inicio de un curso complejo, donde los centros, profesores y alumnos tendrán que hacer un esfuerzo extra para poner en marcha la nueva Ley educativa, para ir cambiando poco a poco un sistema educativo menos basado en estudiar de memoria y más en aprender cuestiones útiles para el futuro. Esto exige un rodaje y tiempo, pero sobre todo medios personales y refuerzo a los alumnos con problemas. Y si apostamos por la Formación Profesional, por una enseñanza dual centro-empresa, hay que crear las plazas necesarias y colaborar con las empresas para que apuesten por la FP y luego no se quejen de que no encuentran trabajadores formados. Y sobre todo, hay que gastar más y de una forma uniforme en la enseñanza, para mejorar su calidad, porque hay demasiados repetidores, demasiado abandono escolar y demasiadas diferencias entre autonomías. Este curso 2022-23 debe ser el inicio de un salto educativo en España. Nos jugamos el futuro.

Curso escolar 2021-22: presencial y con recortes

Niños y adolescentes han vuelto a colegios e institutos en este tercer Curso escolar en pandemia, que se espera sea mejor: enseñanza presencial, casi todos los profesores vacunados  y más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años con 2 dosis, aunque seguirán las mascarillas, la distancia de seguridad y el riesgo para los menores de 12 años (4,5 millones). El objetivo es recuperar el temario perdido los años anteriores, pero los centros chocan con los recortes: la mayoría de autonomías van a contratar este curso menos profesores de refuerzo (entre 12.500 y 15.000 menos), a pesar de que el Gobierno les han transferido más dinero para afrontar  la COVID, tanto el curso pasado (+2.000 millones para educación) como este (+13.500 millones para todo). Lo gastarán en otras cosas, a pesar del deterioro de la educación con la pandemia. Urge que centros y familias lo eviten. Es un problema más prioritario que otros también importantes (jueces, delitos de odio, subida de la luz…): en la enseñanza nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

Este Curso escolar 2021-2022 se espera que vuelvan a crecer los alumnos de las enseñanzas no universitarias, un +0.9%, y que estudien en colegios e institutos 8.370.000 alumnos, según Educación, algo menos en la Educación infantil (1.720.000), que ha bajado por la pandemia, y en Primaria, por la menor natalidad (se esperan 2.850.000 alumnos), aumentado los alumnos de Educación especial (casi 40.000), ESO (2.050.000), Bachillerato (rondarán los 700.000) y, sobre todo, en Formación Profesional, la enseñanza que más crece y donde se llegará al millón de alumnos, aunque faltan 50.000 plazas en centros públicos, según los sindicatos, sobre todo en Cataluña (-10.000 y Madrid (-6.938). El alumnado de estas enseñanzas no universitarias sube en todas las autonomías, salvo en Castilla y León y Extremadura, donde cae por la despoblación, y se estanca en Castilla la Mancha y Canarias. Dos de cada tres alumnos (67,1%) estudia en centros públicos, una cuarta parte (25,6%) en la enseñanza concertada (su peso aumenta curso a curso) y el 7,3% en centros privados.

Los 28.624 centros de enseñanza no universitaria (y sus 725.000 profesores) afrontan este nuevo Curso escolar con menos incertidumbre que los dos pasados. Por un lado, este año están vacunados casi todos los profesores (del 92% en Cataluña al 95% en Extremadura). Y por otro, están inmunizados con las 2 dosis (muchos con sólo 1 están inmunizados, porque se contagiaron este verano) más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años (el 55% el 9 de septiembre) y las tres cuartas partes (78,4%) tienen 1 dosis y se va a agilizar su vacunación total estos meses. Esto va a facilitar las clases en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, aunque todavía no se ha autorizado ninguna vacuna para los 4,5 millones de alumnos menores de 12 años (infantil y primaria), donde seguirán “los grupos burbuja”.

Esta mejor defensa de profesores y alumnos ante el COVID 19 permitirá que la enseñanza no universitaria sea este curso totalmente presencial, salvo situaciones especiales, aunque los alumnos seguirán acudiendo a clase con mascarilla y con distancia de seguridad (1,2 metros en vez de los 1,5 metros del curso pasado), escalonando las entradas a los centros escolares y ventilando frecuentemente las aulas. También compartirán bibliotecas y salas multiusos y se retoman las actividades extraescolares, deportes y educación física. En líneas generales, las medidas anti-COVID pactadas entre Educación y las autonomías para este curso son más estrictas que en la mayoría de Europa: en Reino Unido y Paises Bajos no es obligatoria la mascarilla en los centros, la ventilación es sólo una recomendación en Italia y en muchos paises (como Alemania o Francia) no se fija una distancia mínima entre los alumnos ni se reducen los alumnos por clase…

Esta relajación de las medidas anti-COVID ha sido aprovechada por la mayoría de autonomías para aumentar el número de alumnos por clase (de 20 a 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 (hasta 38) en Bachillerato, con lo que se ahorran parte de los profesores de refuerzo contratados el curso pasado para atender a los desdobles de clases. De los 40.000 profesores de refuerzo contratados por las autonomías el curso pasado, desaparecen este curso 12.500 profesores, según CCOO (y hasta 15.000, según el sindicato CESIF). Según la información aportada por cada autonomía, sólo 5 autonomías mantienen los profesores de refuerzo del Curso pasado: País Vasco, Cataluña. Castilla y León, Castilla la Mancha y Navarra. Baleares dice “que lo va a intentar” y Cantabria los mantiene el primer trimestre del nuevo curso. El resto, 8 autonomías, aprovechan para reducir profesores: -8.000 profesores contratadas este curso en Madrid, -1.900 en Canarias, -1.500 en Murcia, -1.000 en Andalucía, -1.050 en Galicia, -500 en Asturias, -150 en Extremadura y un recorte indeterminado en La Rioja.

Centros y profesores se quejan de estos recortes, porque este Curso deben intentar reforzar la formación de sus alumnos y recuperar el temario perdido, tras el cierre de colegios en marzo de 2020 y el curso semi presencial 2020-21. Y reiteran que han aumentado, con la pandemia, los alumnos rezagados y que necesitan refuerzo, por lo que consideran inadmisible perder entre 12.500 y 15.000 profesores, máxime cuando las plantillas ya eran cortas antes de la pandemia, por los recortes en la educación hechos entre 2010 y 2015 (se perdieron 45.000 empleos, según UGT). Su temor, además, es que al haber menos profesores y más alumnos por clase, aumenten los repetidores y el abandono escolar.

El Gobierno y muchos expertos denuncian que estos recortes de profesores este Curso están injustificados porque las autonomías reciben más dinero público que nunca para la educación, por la pandemia. La ministra de Educación ha recordado a las autonomías que el año 2020 recibieron 16.000 millones extras para combatir el COVID, de ellos 2.000 millones transferidos sólo para educación. Y este año 2021, el Gobierno central aprobó en agosto una partida de 13.458 millones para ayudar a las autonomías, con dos prioridades fijadas: servicios sociales y educación. Una parte de este dinero ya se ha transferido en septiembre y el resto se les enviará en noviembre. Una cifra global que supone 2.357 millones extras para Andalucía, 2.170 para Cataluña, 1.863 millones extras para Madrid o 1.400 millones para la Comunidad Valenciana. Y además, las autonomías contarán este año con otros 1.486 millones más para educación, 1.398 de ellos del Fondo europeo de recuperación, que deben destinarse a digitalización, libros y refuerzo alumnos vulnerables.

Así que las autonomías están recibiendo más dinero público, también para enseñanza, pero muchas aprovechan que se flexibilizan las medidas anti-COVID en los centros escolares para despedir profesores. Ante eso, la Plataforma estatal para la escuela pública (sindicatos, padres, estudiantes y profesores) ha anunciado movilizaciones para exigir que no haya despidos e incluso se contraten más profesores. Y el PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para instar al Gobierno a llegar a un acuerdo con las autonomías para reducir de forma permanente los ratios (alumnos por clase) en centros “de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa”.

La pandemia dejó al descubierto lo vulnerable que es la enseñanza no universitaria, escasa de medios y profesores por un recorte continuado del Presupuesto educativo. España ha recortado el gasto público en educación, año tras año, desde 2009: entonces el gasto público en educación suponía el 5,04% de la producción del país (PIB) y fue bajando, año tras año, hasta un mínimo del 4,21% en 2018, apenas mejorado en 2019 (4,26% del PIB en educación), el último año del que Educación publica estadísticas. Eso significa que si el gasto público en educación era en 2009 de 53.895 millones, en 2019 era de 53.053 millones, todavía menos. Y eso nos coloca a la cola del gasto en educación en Europa, según la última estadística (2018): gastamos 6.006 euros por alumno de primaria y 1ª etapa de secundaria, frente a 6.359 de media en Europa, 6.622 euros en Italia, 6.700 en Francia, 7.663 en Alemania o 8.030 euros por alumno en Finlandia, el país puntero en educación. Y en Secundaria 2ª etapa, gastamos 7.400 euros públicos por alumno frente a 7.762 de media en la UE-27, 7.579 en Italia, 10.190 en Francia o 10.291 euros por alumno en Alemania.

Lo peor no es sólo que estemos a la cola europea en el gasto educativo. Es que además, hay enormes diferencias en el gasto según las autonomías, derivadas del diferente ajuste hecho tras la anterior crisis. Así, hay 7 autonomías que gastaban menos en educación en 2019 que en 2009: Castilla la Mancha (-15,7%), Cataluña (-12%), Castilla y León (-8,1%), Galicia (-4,2%), Canarias (-3,1%), País Vasco (-1,1%) y Asturias (-0,6%), según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y las otras 10 autonomías gastaron más en educación que en 2009, sobre todo Baleares (+15,8%), Comunidad Valenciana (+17%) y Cantabria (+8%). Con ello, tenemos “dos Españas” educativas. Por un lado, 8 autonomías que gastan en educación más que la media (863,50 euros por alumno): País Vasco (1.274,63 euros), Extremadura (1.006,17), Cantabria (998,04), Comunidad Valenciana (989,98), Murcia (965,68), Andalucía (890,38) y Galicia (867,01). Y 9 autonomías que gastan menos: Madrid (723 euros por alumno, casi la mitad que Euskadi) y Cataluña (771,67 euros), las dos regiones más ricas, Asturias (782,92), Castilla la Mancha (810,17), Castilla y León (829,08), Aragón (837,53), Baleares (841,68) y la Rioja (862 euros por alumno).

Este recorte del gasto público en educación, confirmado por las estadísticas entre 2009 y 2019, ha obligado a que las familias españolas gasten más cada año para compensarlo. De hecho, las familias gastaron en educación en 2019 un total de 11.417 millones de euros, un 56% más que en 2004. Y con ello, la enseñanza es la tercera partida de gasto familiar que más ha crecido en estos 15 años, tras los gastos en vivienda (+187%) y en salud (+181%). El resultado es que las familias financian ya el 12,3% del gasto educativo (frente a 86,7% el Estado y un 1% otros), lo que convierte a España en el país europeo que menor porcentaje de recursos públicos destina a la enseñanza y el 2º país donde más pagan las familias (12,8% del gasto en Alemania, 7,8% en Francia, 5,3% en Italia y sólo el 0,8% en Finlandia), según la OCDE.

En resumen, tenemos una enseñanza con pocos recursos públicos, menos en comparación a la riqueza del país que hace una década, un gasto desigualmente repartido por autonomías y donde las familias cada vez pagan más. Y esta falta de financiación pública más una gestión política discutible y con muchos vaivenes (se han aprobado 8 Leyes educativas en la democracia) nos ha llevado a una educación bastante deficiente, como lo demuestran tres indicadores: tenemos récord de repetidores (el 28,7% de los alumnos de 15 años, frente al 13% de media en Europa), récord en abandono escolar temprano (16% jóvenes de 18 a 24 años no completan la 2ª etapa de secundaria, frente al 10,2% en Europa) y nuestros jóvenes sacan bajas notas frente a los de otros paises  en comprensión lectora, ciencias y matemáticas en los Informes PISA. Y otro indicador aún más preocupante: los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen más del doble de paro (35,1%) que los europeos (16,2%) y cuatro veces más que los alemanes (7,5% de paro juvenil), según Eurostat.

La pandemia ha agravado los problemas de la enseñanza, tensionando la falta de medios y aumentando los alumnos con problemas o que necesitan refuerzos, sobre todo en los barrios y familias más afectados por la crisis derivada del COVID19. El curso pasado se trató de paliar con más medios y profesores, pero ahora se recorta de nuevo, cuando las necesidades siguen ahí y encima las autonomías reciben más financiación. Hay que aprovechar la pandemia y los Fondos europeos para reforzar la educación en España, en especial la no universitaria, que adolece de muchos problemas de fondo. Y eso exige retirar los recortes anunciados, gastar más en educación (5% del PIB) y pactar la aplicación concreta de la última Ley de educación aprobada, la Lomloe, que entrará en vigor el próximo curso 2022-2023, el primero sin pandemia. Debería ser la gran prioridad ahora, junto al reforzamiento de la Sanidad y el buen uso de los Fondos europeos para reconvertir la economía. La renovación del CGPJ, los delitos de odio, la subida de la luz o la integración política de Cataluña son temas importantes, pero más la educación, aunque se hable menos de ella. Ahí nos jugamos el futuro.