13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.

Menos pobreza pero más desigual por regiones

La crisis desatada por la pandemia y la alta inflación se saldó con una bajada de la pobreza en España en 2022, gracias a las ayudas públicas, al contrario que con la crisis financiera, que aumentó la pobreza (por los recortes). Pero ojo: España sigue siendo el 4º país europeo con más pobreza y afecta todavía a una cuarta parte de la población. Además, casi la mitad de los españoles tienen problemas para llegar a fin de mes, más que antes, por los bajos sueldos, la alta inflación y la vivienda. Y lo peor: hay 5 regiones donde sí aumentó la pobreza en 2022. Y 7 autonomías tienen ahora más pobreza que en 2019: Canarias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y la Rioja. El problema es que el Estado (ingreso mínimo vital), las autonomías (rentas mínimas) y los Ayuntamientos (servicios sociales) “racanean” al ayudar a los más pobres, un problema olvidado para el 28-M. La pobreza es un cáncer social para la democracia.

Enrique Ortega

La evolución de la pobreza tiene mucho que ver con la política económica que se aplica en los paises. Así, en la anterior crisis financiera de 2008, los ajustes y recortes que se impusieron en todo el mundo, y especialmente en la Europa del sur, provocaron un aumento de la pobreza, sobre todo en España: la tasa AROPE, el porcentaje de españoles "en riesgo de pobreza o exclusión social" saltó del 23,8% en 2008 al 29,2% en 2014, según Eurostat. Después, la ligera recuperación de la economía rebajó las cifras de pobreza, hasta el 26,2% en 2019. Pero llegó otra crisis, con la pandemia y la inflación, y la tasa de pobreza volvió a subir en 2021 (27%) y 2021 (27,8%), aunque finalmente ha bajado en 2022 (al 26% de los españoles, una tasa de pobreza inferior a la de 2019), gracias a que en esta nueva crisis se ha optado (en Europa y en España) por ayudas públicas que han beneficiado a los más vulnerables.

¿Cómo se mide la pobreza? Europa utiliza un indicador, la tasa AROPE (en inglés, “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”), que mide 3 indicadores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal) y privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y. Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre” o “en exclusión social”. Y según Eurostat, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población) en 2021. Y el INE acaba de publicar los datos de España para 2022, que señalan un 26% de españoles en situación de pobreza o exclusión social, 12.300.000 españoles, 840.000 menos que en 2021. Tras dos años subiendo (2020 y 2021), por la pandemia y la inflación disparada, la pobreza ha tenido en 2022 el mayor descenso (-1,8%) desde 2015.

A pesar de este descenso de la pobreza en 2022, España es el 4º país europeo con la más alta tasa de pobreza (AROPE), según los últimos datos publicados por Eurostat, los de 2021: entonces teníamos una tasa de pobreza del 27,8%, muy por encima de la media UE-27 (21,7%) y de paises como Alemania (21% de pobreza AROPE), Francia (19,2%) o Italia (25,2%), siendo sólo superados por la pobreza en Rumanía (34,5%), Bulgaria (31,7%) y Grecia (28,3%). Y aunque haya bajado la tasa en 2022, todo apunta a que también habrá bajado en la mayoría de Europa, con lo que seguiremos entre los paises con más pobreza.

Vayamos a los tres componentes de esta pobreza, los 3 indicadores que integran la tasa AROPE. El primero y principal, la pobreza monetaria, las personas consideradas “pobres” porque ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). En 2022, eran el 20,4% de la población (frente al 21,7% en 2021 y el 20,7% en 2019), 9.676.000 españoles “pobres”, 609.000 menos que en 2021, según acaba de publicar el INE.

El perfil de estos “pobres” monetarios son principalmente mujeres (21,1% son pobres frente al 19,8% de los hombres) y superan la tasa media de pobreza los niños y adolescentes (27,8% de los menores viven en hogares “pobres”: 2,2 millones de niños y jóvenes con menos de 18 años), las mujeres solas con niños (43,2% son pobres), las personas que viven solas (25,7% son pobres, los extranjeros (el 52,6% de los inmigrantes de fuera de la UE y el 35,2% de inmigrantes europeos), las personas con poca formación (son pobres el 29,2% de los que sólo tienen primaria y el 24% de los que tienen sólo la 1ª etapa de secundaria, bajando al 10% entre los universitarios), los parados (el 41,7% son “pobres”) e incluso los que tienen un trabajo: el 12,5% de los ocupados son “pobres”, casi 2,5 millones de personas que trabajan. Y sólo son “pobres” el 15,1% de los jubilados, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).

Vayamos al 2º indicador de pobreza o exclusión social, el que incluye a los españoles que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que trababan menos del 20% de lo que podrían (subempleo), ganen lo que ganen. El INE estima que son el 8,6% de la población, 4.079.000 personas. Este indicador ha mejorado más que el de la pobreza monetaria, gracias a la importante creación de empleo: era del 11,6% en 2021 y han bajado los que viven en hogares con poco empleo en 1,1 millones de personas.

El tercer indicador de la pobreza mide las personas que tienen una carencia material severa en 7 de los 13 indicadores que se miden, al margen de lo que ganen: son el 7,7% de la población, 3.652.000 españoles, un porcentaje que lleva dos años bajando (era el 8,5% en 2020) y es ahora como en 2019. Pero ojo, han empeorado algunas carencias que son importantes. Así, han subido en 2022 las personas que no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar  (el 17,1% de la población, 8,1 millones), las personas que no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada 2 días (el 5,4%, ojo: 2,5 millones de españoles), los que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (35,5%, 16,8 millones), los que no pueden permitirse tener una semana de vacaciones al año (33,5%, 15,9 millones de españoles) o los que no pueden tener coche (5%,2,3 millones de personas). Sólo ha bajado el porcentaje de los que se retrasan en el pago de recibos (todavía un 11,6%, 5,5 millones de españoles) y los que no pueden comprar un ordenador (el 5,8%, 2,75 millones).

Hay personas que cumplen las tres condiciones (pobreza monetaria, bajo nivel de empleo y carencias materiales: sólo el 1,5%, 711.470 personas), otras que cumplen dos (el 15%) y otras que cumplen una (la pobreza monetaria incluye al 20,4%, 9,67 millones de españoles), suficiente para ser considerados en situación de pobreza y exclusión social.

Aunque el indicador español de pobreza haya mejorado en 2022, hay que resaltar que persiste la desigualdad entre regiones. Y que en 5 zonas de España se ha agravado la pobreza “monetaria” (personas que ingresan menos del 60% de la media) en 2022: Melilla (34,5%,+4,4%), Ceuta (34,8%,+2,5%), la Rioja (34,8%, +2,5%), Navarra (10,9%, +1,1%) y  Canarias (29,4%, +1%). Y hay 7 autonomías donde en 2022 había más pobreza monetaria que en 2019, antes de la pandemia, la mayoría de ellas las autonomías más ricas: Baleares (+4,9%), Castilla y León (+4,9%), la Rioja (+4,3%), Navarra (+3,2%), País Vasco (+2,2%),  Canarias (+0,9%) y Cataluña (+0,6%), según el INE.

Al margen de estos cambios en la pobreza en los últimos años, la realidad es que persiste la desigualdad histórica en su reparto, las 3 Españas. Así, si tomamos el indicador AROPE global, el 26% de pobreza o exclusión social en 2022, hay 8 regiones españolas con mucha más pobreza que la media: Melilla (41,3% son “pobres”), Ceuta (40,2%), Extremadura (36,9% son “pobres”), Canarias (36,2%), Andalucía (35,8%), Castilla la Mancha (31,6%), Murcia (31%) y Comunidad Valenciana (31% “pobres”).  Y existe la otra España, 7 autonomías donde hay poca pobreza: Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%), Cantabria (19,5%), Aragón (19,1%), Madrid (20,3), Cataluña (20,4) y La Rioja (20,9%). Y una España intermedia, con una tasa de pobreza AROPE superior a la europea pero inferior a la España atrasada: Baleares (21,5%), Castilla y León (22,1%), Galicia (23,6%) y Asturias (25,3%). Un buen tema para debatir en esta campaña electoral del 28-M.

En paralelo a esta estadística sobre la pobreza, el INE informa también de otro indicador: las personas que llegan con dificultad a fin de mes, un dato muy revelador de la calidad de vida y la capacidad ante imprevistos de los españoles. Y un indicador que ha empeorado en 2022: han subido del 44,9% de la población (2021) al 47,8%, 22.672.923 españoles con problemas para llegar a fin de mes (1,39 millones más que en 2021). La estadística los reparte entre los que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” (el 25,7%, frente al 23,3% en 2021), los que llegan “con dificultad” (el 13,4%, frente al 12,8% en 2º21) y los que llegan a fin de mes “con mucha dificultad (4,1 millones de españoles, el 8,7%, frente al 8,8% en 2021). La alta inflación, el encarecimiento de los alquileres y las hipotecas más el estancamiento de los salarios explican que casi la mitad de españoles (47,8%) tengan problemas para llegar a fin de mes. Y aquí también hay grandes diferencias regionales: lo sufren más de la mitad de la población en Canarias (el 60,7%), Ceuta (60,3%), Murcia (58,3%), Extremadura (55,7%) y Andalucía (54,5%), mientras sólo afecta a un tercio en el País Vasco (31,59%), La Rioja (36%), Aragón (38,9%) y Navarra (39,5%), según la EAPN-ES.

Otro indicador clave que ha mejorado en 2022 es la desigualdad, una de las grandes secuelas de todas las crisis. Una primera forma de medirlo es el indicador S80/S20, la proporción de ingresos que tiene el 20% más rico de la población sobre el 20% más pobre: en 2008, antes de la crisis financiera, ingresaban 5,6 veces más y después, la desigualdad subió hasta ingresar 6,9 veces más en 2015. Con la recuperación, la desigualdad bajó a 5,9 veces en 2019, pero volvió a subir con la COVID, a 6,2 veces en 2021, bajando ahora a 5,6 veces en 2022, el mismo índice de desigualdad que antes de la crisis financiera, según la EAPN-ES. Otra forma de medirlo, el índice de Gini (cuanto más bajo, menos desigualdad) nos dice lo mismo: en 2008 estaba en 32,4, subió a 34,7 en 2014, bajó a 33 en 2019, se mantuvo así en 2021 y ha bajado a 32 en 2022, el valor más bajo de toda la serie del índice. A pesar de la mejoría, España ocupa el 4º lugar en el ranking europeo de más desigualdad (2021), tras Letonia (35,7), Lituania (35,4) y Rumanía (34,3), por encima de la media europea (30,1 índice Gini) y de Italia (32,9), Alemania (31,2) y Francia (29,3), según el último dato de Eurostat.

Aunque tenemos más pobreza y más desigualdad que la mayoría de Europa, España ha mejorado en ambos problemas, gracias a la distinta política adoptada en Europa contra la pandemia y la inflación, aprobado un ambicioso Plan de Recuperación UE (750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000), al que se suman las ayudas aprobadas por el Gobierno contra la inflación (43.000 millones). Con ello, España ha dado un gran salto en el gasto en protección social, pasando de suponer el 16,9% de todo el gasto público en 2018 al 20,6% en 2021, un porcentaje de gasto social más cercano al de Alemania (20,9%) o Bélgica y todavía alejado del de Francia (24,8%), Finlandia (24,6%) o Italia (23,4%). Pero además de gastar más contra la pobreza y la desigualdad, el gran reto de España es gastar mejor, porque la OCDE y la Comisión Europea ya han alertado que la mayoría del gasto social en España beneficia más a las clases medias y altas que a los más vulnerables. Por eso critican ayudas como el descuento de la gasolina o la bajada del IVA a la electricidad y a los alimentos, porque benefician más a los que más tienen, no a los más pobres.

En paralelo a gastar más y mejor en ayudas sociales, hay tres frentes más en los que avanzar. El primero, el Estado central, en el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV): se aprobó en mayo de 2020, con el objetivo de beneficiar a 850.000 hogares y, a finales de abril, sólo beneficia a 611.029 hogares (y 1.700.028 personas, frente a las 2,3 millones previstas), sólo ayuda a 1 de cada 5 "pobres". Urge flexibilizar requisitos y agilizar su concesión, para que este ingreso (565 euros) llegue a los más necesitados. Otro reto es para las autonomías, que gestionan las rentas mínimas de inserción, donde se ha producido un recorte escandaloso: aprovechando el IMV, las autonomías gastaron 247 millones menos en 2021 y la ayuda la reciben 150.000 personas menos que en 2020 (645.317 beneficiarios, que cobran entre 300 y 706 euros al mes, según autonomías. Y el tercer reto es para los Ayuntamientos: prestan ayudas sociales de urgencia a 1.576.052 personas, sólo el 42% de las que sufren graves dificultades materiales. Y las ayudas “urgentes” que prestan (para comida, ropa o vivienda) tardan hasta 2 meses, por el exceso de burocracia y lo complicado del papeleo, según los Directores y gerentes de Servicios Sociales, que llevan años pidiendo que se cambie la Ley para no tratar estas ayudas como subvenciones.

Así que todos (Gobierno, autonomías y Ayuntamientos)  tienen mucho que hacer para afrontar mejor la pobreza, que está ahí y se visualiza en las “colas del hambre” y en los desahucios, aunque no se hable de ella en esta campaña electoral  del 28-M. No podemos mirar para otro lado: la pobreza y la desigualdad son una realidad cotidiana, no son “un invento de la izquierda” como defiende la neoliberal Ayuso en Madrid. Es más, la pobreza es “un cáncer social, económico y político”, que debería ser una prioridad para todos, al margen de las ideologías. Porque la pobreza es un serio obstáculo a la recuperación económica, que se dificulta si la cuarta parte de la población no puede consumir y contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca la democracia, porque las personas vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, porque la pobreza es una grave muestra de desigualdad e injusticia social. Por eso, habría que extirpar la pobreza y no dejar a la cuarta parte de españoles atrás.

Servicios sociales: colapsados y sin recursos

La histórica inflación actual ha agravado la pobreza de las familias más desfavorecidas, muy dañadas por dos años largos de pandemia. Así, España tiene ya más de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, 846.000 más que en 2019. Y las ONGs alertan de que crecen las peticiones de ayuda y comida. Sin embargo, los servicios sociales de las autonomías y ayuntamientos, que atienden a 8,5 millones de personas al año, están colapsados, por falta de personal y recursos. Un dato: 2 de cada 3 españoles viven en 8 autonomías con servicios sociales “débiles” o “irrelevantes”, según alertan los Directores de Servicios Sociales. Y denuncian la insuficiencia de las ayudas de urgencia, las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital. Más pobreza pero menos ayudas sociales, con unas autonomías y Ayuntamientos que gastan porcentualmente menos en servicios sociales y un Estado que gasta menos (y peor) que otros paises. No es caridad: aumentar el gasto social es imprescindible social, económica y políticamente.

Enrique Ortega a partir de Alex Katz

Los últimos datos oficiales, del INE, atestiguan lo que todos nos temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España, tras algunos años de mejora entre 2016 y 2019. Así, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 575.918 pobres más que antes de la pandemia.

Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.

La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aporta 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019).  El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).

Ahora, la histórica inflación desatada por la guerra de Ucrania (y aprovechada por la mayoría de empresas y servicios para subir precios indiscriminadamente) va a aumentar aún más la pobreza y la desigualdad, porque la subida de la energía, la electricidad y la alimentación afecta más a las familias más vulnerables, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE: así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Así que la inflación se come más los ingresos (casi congelados) de las familias más pobres y empeora su situación, por lo que si la situación y la guerra persisten, la pobreza empeorará. De hecho, Cáritas y otras ONGs ya alertan de que tienen más peticiones de ayudas y comida.

Frente a este panorama, España cuenta con unos servicios sociales (municipales y autonómicos) muy debilitados por la pandemia, según demuestra un reciente informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En 2020 aumentó un 10% el gasto en servicios sociales de Ayuntamientos y autonomías, pero se estancó la aportación del Estado, porque finalmente no se aprobaron los 1.000 millones del Plan de choque contra la pandemia, que acabaron yendo a otras cosas. El resultado es que como la demanda de servicios aumentó más que el gasto, los servicios sociales se deterioraron en 2020: menos plazas residenciales, menos horas de ayuda a domicilio, menos teleasistencia, menos acogimientos a menores, menos plazas para discapacitados y un estancamiento de las plazas en centros de día y en alojamientos para personas sin hogar. Y más personas a atender con los mismos profesionales, colapsando los servicios sociales, por los que pasan cada año 8,5 millones de españoles pidiendo ayuda (comida, ropa, vivienda, trabajo…).

Es importante resaltar que aunque el gasto social por habitante de Ayuntamientos y autonomías aumentó con la pandemia (de 406,2 euros en 2019 a 446,9 euros en 2020), su peso se redujo (de suponer el 9,95% de todos los gastos municipales y autonómicos en 2019  al 7,78% en 2020), porque este gasto social aumentó menos que el gasto sanitario, educativo o y otras  ayudas públicas frente a la pandemia. Fue “la Cenicienta” del gasto público durante la pandemia y aún sigue así. Eso sí, con grandes diferencias por autonomías. Así, mientras el País Vasco gastaba 971,10 euros por habitante en gasto social y Navarra 608,3 o Extremadura 540,4 y La Rioja 512,7 euros, gastaban la tercera parte Murcia (317,4 euros por habitante) y Madrid (357,1 euros). Y además, Madrid es también la autonomía con menos peso del gasto social (6,52% de todo su Presupuesto), frente al 9,72% que dedica Asturias.

Diferente gasto social conlleva un diferente servicio, que notan sobre todo los ciudadanos más desfavorecidos, los que más necesitan ayuda. Dos ejemplos. Uno, los profesionales que atienden los servicios sociales: Navarra tiene 1 por cada 739 habitantes mientras en Madrid, hay 1 profesional social por cada 5.515 habitantes. Y el otro, las plazas disponibles en residencias de ancianos: en Castilla la Mancha hay 6 por cada 100 mayores de 65 años, mientras en Canarias hay poco más de 1 plaza por cada 100 mayores.

Ampliando el balance de los servicios sociales a la última década, el informe de los Directores de Servicios Sociales demuestra que el gasto ha aumentado un +26,2% (de 354 euros por habitante en 2011 a los 446 gastados en 2020), pero sin embargo, el gasto social tiene ahora menos peso en el Presupuesto total de Ayuntamientos y autonomías (de suponer el 8,14% ha pasado al 7,78%), lo que explica que algunos servicios y prestaciones se hayan reducido, al haberse disparado la demanda de gasto social, por la crisis de 2008 y la pandemia. Lo que sí ha habido es un cambio en la financiación: en 2011, el 85,32% del gasto no estatal lo soportaban las autonomías, que ahora sólo financian el 69,41%. Y como contrapartida, los Ayuntamientos han pasado de financiar el 14,68% de los servicios sociales (2011) a casi un tercio (30,59% en 2020). Y el Estado central ha recortado su aportación, aunque la ha aumentado algo en 2021 y 2022 (sobre todo para la Dependencia).

Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales llevan desde 2012 haciendo una radiografía de los servicios sociales en España, calificando a las autonomías en base a tres parámetros: derechos sociales reconocidos y decisión política (hasta 1,5 puntos), relevancia económica de las ayudas (hasta 3 puntos) y cobertura que dan los servicios sociales (hasta 5,5 de nota). Sobre estas 3 calificaciones, han elaborado el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales IDEC 2021, que es bastante desalentador: sólo saca notable en servicios sociales Navarra (7,39 puntos), situándose en un nivel “medio” Castilla y León (6,89 puntos) y País Vasco (5,93 puntos). Adjudican un nivel "medio bajo" (rondando los 5 puntos) a otras 6 autonomías: La Rioja, Baleares, Asturias, Extremadura, Aragón y Cataluña. Y las 8 restantes oscilan entre un nivel “débil” de servicios sociales (Castilla la Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia) y un nivel “irrelevante” (Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid, el “farolillo rojo”).

En definitiva, que dos tercios de los españoles (62,2%) viven en 8 autonomías con un nivel “débil” o “irrelevante” de servicios sociales, con una pésima oferta a pesar de que está creciendo la pobreza y las carencias materiales, con la inflación disparada y la pandemia. Y los dirigentes de estas autonomías gastan menos que el resto y sitúan al gasto en servicios sociales a la cola del gasto público (que tampoco está subiendo lo que haría falta, ni en sanidad, ni en educación ni en vivienda y ayudas sociales).

Hay tres gastos sociales, pensados para paliar la pobreza y las carencias materiales, que no funcionan, según demuestra el informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El primero, las ayudas de urgente necesidad, pensadas para atender las necesidades más básicas: comida, ropa y pago del alquiler. En 2020, último año con datos, recibieron esta ayuda de emergencia que prestan los Ayuntamientos un total de 1.428.216 personas, menos de la mitad de las personas que sufren graves carencias materiales en España (3.928.107 en 2021, según los últimos datos del INE). La cuantía media de esta “ayuda de urgencia” fue de 235 euros por perceptor, aunque existen grandes diferencias según uno viva en Castilla la Mancha (1.210 euros de ayuda) o Galicia (1.152) o en Andalucía (cobran sólo 91 euros de media) o Canarias (177 euros). Los Directores de Servicios Sociales culpan de que no haya más beneficiarios no sólo a la falta de recursos sino a la burocracia de los Ayuntamientos, que limitan el acceso a esta ayuda “urgente” y la retrasan (hasta 2 meses), por lo que piden que dejen de tener la consideración de “subvenciones” (una gran limitación legal).

La 2ª ayuda social importante son las rentas mínimas que conceden las autonomías: a 369.289 titulares en 2020 (llegaron a 795.861 beneficiarios), muy pocos de los 10,2 millones de españoles que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la renta media).Y además, sigue habiendo una gran diferencia en esta renta mínima, según donde uno viva: de 300 euros mensuales en Ceuta, 400 en Madrid y 419 en Andalucía se pasa a  630 euros en la Comunidad Valenciana, 636 en Navarra, 664 en Cataluña y 693 euros en el País Vasco, la mejor autonomía para “ser pobre”. El problema de estas rentas mínimas, ya “infra financiadas” tras la crisis de 2008 y al inicio de la pandemia, es que las autonomías han aprovechado que el Gobierno central aprobara, en mayo de 2020, el ingreso mínimo vital para “hacer caja” y ahorrar gasto en rentas mínimas: -137 millones en 2020, -170 millones en 2021 y -250 millones presupuestados para este año 2022…

El problema es que el ingreso mínimo vital (IMV), la 3ª ayuda social importante, no funciona bien, por una complicada normativa que ha provocado que sólo reciban  esta ayuda 1 de cada 4 que lo solicitan: ha llegado a 428.043 perceptores en marzo de 2022, un total de 1.064.609 beneficiarios, la mitad de los previstos por el Gobierno (esperaba llegar a 800.000 perceptores y 2.300.000 beneficiarios). Eso significa que este ingreso mínimo vital sólo llega hoy al 10% de los pobres oficiales, de media, aunque alcanza a bastantes menos “pobres” en las autonomías con más familias vulnerables: a 126.000 perceptores en Andalucía (4,5% de los pobres computados allí), a 49.387 en la Comunidad Valenciana (el 3,8% de sus pobres) , a 42.345 perceptores en Madrid (4,1% de sus pobres) y a 36.842 perceptores en Cataluña (el 3,2% de los pobres computados allí).

Está claro que estas tres ayudas sociales básicas son insuficientes y claramente mejorables. Con el aumento de la pobreza por la pandemia y su recrudecimiento con la inflación, urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza, que reforme y amplíe las ayudas de urgente necesidad, las rentas mínimas autonómicas y el ingreso mínimo vital, con más recursos económicos y más medios personales, porque el personal de los servicios sociales es menor al que había en 2008 mientras hay 2,5 millones más de peticiones de ayuda. Urge que las autonomías y Ayuntamientos aumenten su gasto social (para lo que no pueden bajar impuestos indiscriminadamente), lo mismo que el Estado central, cuya financiación ahora de los servicios sociales (salvo la Dependencia) es marginal. Y en paralelo, hay que crear un Fondo de nivelación, para evitar la gran diferencia de ayudas entre autonomías.

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.

Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.