Para los 4 grandes partidos, las elecciones del domingo son “la 2ª vuelta” de las últimas generales: unos buscan confirmar su victoria y otros una “remontada” que atenúe su derrota del 28-A. Para nosotros, no debería ser así, porque en estas elecciones autonómicas y municipales nos jugamos mucho, nuestro día a día: la sanidad, la educación, las políticas de empleo, la dependencia, las ayudas sociales, la Justicia, la vivienda, el tráfico o la contaminación y los servicios públicos, que dependerán mucho de quien gobierne nuestra región o ciudad. Porque España es el 2º país más descentralizado de Europa y la mitad del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos. Ahora, están en juego el Estado del Bienestar y los servicios públicos, lo que exige reformar con urgencia la financiación autonómica y reordenar los impuestos, que la derecha promete bajar, algo imposible (faltan recursos) si no queremos más recortes. Defendamos unas regiones y ciudades que funcionen y mejoren nuestra vida. Votemos.
España se ha convertido en el 2º país más descentralizado de Europa y del mundo, tras Alemania y por delante de Bélgica, Austria o Estados Unidos, según el indicador de Autoridad Regional elaborado por la Universidad de Oxford. Y el gasto autonómico y local supone ya la mitad de todo el gasto público, un porcentaje sólo inferior al de Dinamarca, Suecia y Bélgica, donde tiene un mayor peso el gasto local, según Eurostat. Eso quiere decir que gran parte de los servicios públicos, desde las políticas de empleo a la sanidad, la educación, la justicia, la vivienda o las ayudas sociales los gestionan las autonomías y Ayuntamientos, no el Gobierno central. Y por eso, es tan importante o más votar quien va a presidir nuestra autonomía o nuestra ciudad que quien va a estar en La Moncloa. Nos jugamos mucho.
Las autonomías tienen
mucho que decir en el problema que más preocupa a los españoles, el paro. Primero, porque son las que gestionan las oficinas de empleo (SEPE) y por tanto, las responsables de
ayudar a los parados a encontrar trabajo (sólo al 2%), con cursos de formación
y asesoramiento especializado. Las diferencias
en la gestión del SEPE y en los medios
de que disponen son muy patentes entre autonomías, aunque la mayoría adolece de
falta de medios y personal. Pero hay más: las autonomías tienen también competencias en política económica, gestionando ayudas a las empresas y a la promoción de
empleo. Y tienen mucho que decir a la hora de atraer inversiones o apoyar la
exportación, el turismo o la investigación. Y todo esto se acaba notando en el empleo y el paro. No es casualidad que las dos autonomías más ricas, Navarra y
el País Vasco, sean las que tienen menos paro
(8,19% y 9,62%) y que las tres autonomías más pobres, con menos industria,
tecnología y exportación, sean las que tienen más paro:
Extremadura (22,52%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Cuenta mucho la historia y la política económica que se haga en Europa y en España,
pero ayuda o entorpece lo que
se haga en las autonomías.
Las autonomías gestionan la mayoría de las
competencias que afectan al Estado del Bienestar, a los
servicios públicos. Los últimos Gobiernos autonómicos, elegidos en 2015,
trataron de paliar los recortes que les
dejaron Rajoy y Zapatero. Concretamente, entre 2009 y 2017, las políticas
sociales de las autonomías
sufrieron un recorte de -8.255 millones, un 7,07%, según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y
ese recorte social fue mayor en 5
autonomías, las “campeonas del ajuste”: Cataluña (-19,96%), Castilla la
Mancha (-18,76%), Canarias (-8,53%), Aragón (-7,90%) y Galicia (-7,5%). En
2017, sólo 6 autonomías habían
recuperado ya el gasto social de antes de la crisis: Baleares (+7,96%),
Navarra (+7,94%), País Vasco (1,87%), Cantabria (+1,20%), Asturias (+0,50%) y
Comunidad Valenciana (0,22%). Y es bueno conocer las autonomías que más gastaron por habitante en políticas sociales en 2017: Navarra (3.247 euros), País Vasco
(3.196), Extremadura (2.780), Asturias (2.734) y Cantabria (2.705 euros). Y las que menos gastaron: Madrid (2.065 euros, el 34,6% menos
que Extremadura), Canarias (2.131), Baleares (2.180), Andalucía (2194) y
Cataluña (2.227 euros).
Dentro de este gasto
social autonómico, la principal partida es la sanidad: de los 68.483
millones que España gastó en Sanidad en 2017, según el Ministerio, el 92,71% (63.494 millones) lo gastaron las autonomías (y un
0,9% los Ayuntamientos). En esta partida sanitaria, el recorte entre 2009 y 2017 fue de
5.993 millones, un -9,3%, que vuelve
a ser mayor en Cataluña (-27,51% de recorte sanitario), Castilla la Mancha
(-14,35%), Aragón (-12,67%) y Extremadura (-9,79%). De hecho, sólo hay 5
autonomías que gastan ahora (2017) en Sanidad más que antes de la crisis:
Baleares (+12,30%), Navarra (+7,45%), Cantabria (+3,3%), Asturias (+1,60%) y País Vasco (+1,02%).
Las diferencias en el
gasto sanitario por autonomías (2017) son muy llamativas. En cabeza están
el País Vasco (1.648 euros/habitante),
Navarra (1.616), Asturias (1.614), Aragón (1.434) y Extremadura (1.428 euros),
mientras a la cola del gasto sanitario están
Andalucía (1.255 euros, un 50%
menos que en Euskadi), Madrid (1.133), Cataluña (1.178), Murcia (1.197) y
Comunidad Valenciana (1.230), las cinco con un gasto inferior a la media española (1.255 euros). Esto se traduce en menos camas
de hospital, menos médicos o enfermeras y menos medios, que el ciudadano sufre
en una peor atención y en mayores o menores listas
de espera (48 días para operarse en el País Vasco y 132 en Cataluña, por
ejemplo). Al final, se ha configurado un mapa de “4 Españas sanitarias”, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Una sanidad
“buena” en el País Vasco (94 puntos sobre 118), Navarra (83), Aragón
(80) y Castilla y León (83 puntos). Una sanidad
“regular” en Asturias (78),
Castilla la Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Una sanidad “deficiente” en Baleares (72
puntos), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). Y una sanidad “mala” en Cataluña (65 puntos),
Valencia (63) y Canarias (53). Recuérdenlo al votar.
El segundo capítulo de
gasto social de las autonomías es la educación: si España gastó 49.458
millones en 2017, según el Ministerio, el 83,6% lo
aportaron las autonomías (41.333 millones en 2017). Aquí, el
recorte del gasto educativo entre 2009 y 2017 fue de 2.800 millones, un -6,9%,
aunque fue mayor en Castilla la Mancha (-19,35%), Asturias (-12,03%), Cataluña
(-12%), Canarias (-11,61%) y Castilla y León (-10,45%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Y sólo hay 3
autonomías que gasten en educación (2017) más que antes de la crisis:
Baleares (+2,19%), la Rioja (1,20) y Extremadura (+014%).
Las diferencias en el
gasto educativo por autonomías son
también muy llamativas. Las que más gastan en educación por habitante (2017) son el País Vasco (1.245 euros), Navarra (1.004 euros), Extremadura
(943 euros), Cantabria (906) y Comunidad Valenciana (887 euros), mientras están
a la cola del gasto educativo Madrid (682 euros, un 82,5% menos que
Euskadi), Canarias (770), Asturias (721), Baleares (766) y Cataluña (769
euros), las cinco por debajo del gasto medio español en educación (818 euros).
El gasto no es todo, pero explica en buena parte las enormes diferencias educativas entre regiones, desde el porcentaje de repetidores
(41,5% en Aragón o 39,2% en Murcia frente al 23,8% en Euskadi) al fracaso escolar (23,5% en Andalucía y
7% en el País Vasco) o el bajo nivel
educativo (46,3% de jóvenes poco formados en Castilla la Mancha frente a
19,3% en el País Vasco).
El tercer gran
capítulo de gasto autonómico es el gasto social, desde la dependencia a la renta básica o las ayudas
familiares. Si en España se destinan 17.723 millones al gasto social (2017), el 61,7% de ese gasto lo hacen las
autonomías (10.935 millones), el 25,2% los Ayuntamientos (4.466
millones) y sólo el 13,2% restante lo hace el Estado central. Y también aquí ha
habido recortes, aunque las autonomías ya han recuperado el gasto social de 2009 (gastan 550 millones más), salvo 4 que todavía gastan menos:
Castilla la Mancha (-31,70%), Galicia (-13,88%), Andalucía (-5,88%) y Cataluña
(-1,19%). Los que hacen un mayor gasto social por habitante son Navarra (626,2 euros),
Extremadura (408,3), Asturias (398,6) y La Rioja (397 euros), estando a la cola de gasto social Baleares (117
euros, la quinta parte que Navarra), Canarias (154), Comunidad Valenciana (204)
y Murcia (230). Las autonomías que hacen más y mejor gasto social son el País Vasco (7,20 puntos sobre 10), Castilla y León (7,45) y Navarra (7,15) y es "irrelevante" en Madrid (3,20 puntos), Comunidad Valenciana (3,30), Murcia (3,35) y Canarias (3,75 puntos), según el ranking regional de gasto social 2018 elaborado por los Directores de Servicios Sociales.
El gasto en Dependencia,
la atención a ancianos y jóvenes discapacitados, es el mayor gasto social de
las autonomías, que financian ya el 83,7% del gasto público en Dependencia (7.458 millones en 2017),
frente al 16,3% que pone el Estado central (la Ley establece que fuera 50%/50%).
Los drásticos recortes de Rajoy a la
Dependencia (-5.000
millones) han sido compensados por las autonomías con
un retraso en el reconocimiento de las ayudas, un desvío a los servicios más
baratos (low cost) y unas listas de espera injustificables: hay 250.037 dependientes con derecho
reconocido que no reciben ayudas (diciembre 2018), un 19% del total. Y aquí
también hay diferencias: hay 5 autonomías donde las listas de espera superan el 25% de los dependientes (Cataluña,
Canarias, la Rioja, Andalucía y Cantabria). Y otras 5 autonomías donde
apenas hay dependientes esperando la ayuda (Castilla y León, Ceuta, Melilla,
Navarra y Castilla la Mancha). En el pago de rentas mínimas, a familias sin ingresos, la cifra de ayuda es baja (314.562 beneficiarios) y hay grandes
diferencias entre los 300 euros mensuales que se pagan en Murcia o los
385 en la Comunidad Valenciana y los 672 euros que pagan en el País Vasco o los
600 euros de Navarra.
Otro gasto autonómico importante es la Justicia, transferida y gestionada por 12 autonomías, todas salvo
Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares. Esto ha
llevado a una “Justicia a varias velocidades”, según los recursos de cada autonomía para
juzgados, personal y medios informáticos (con 9 sistemas distintos). Incluso
alguna autonomía, como Madrid, se ha planteado devolver las competencias de
Justicia, en medio de un colapso general, con enormes atascos y retrasos, sobre todo en la
jurisdicción social y mercantil.
Otra competencia transferida a las autonomías desde hace
décadas es la vivienda. El Gobierno
central aprueba un Plan estatal de Vivienda (vigente el 2018-2021), pero quien gestiona las ayudas a la compra y alquiler son las autonomías.
Pero hacen poco más que de oficinas. La mayoría no hacen política de vivienda,
porque les faltan recursos. Un ejemplo: en
7 autonomías no se promovió ni una vivienda pública (VPO) en 2018, según Fomento, y sólo 2.418 en Madrid, 633 en Cataluña o 859 en Euskadi. Y
tampoco lo hacen los Ayuntamientos (sí
muchas grandes ciudades europeas), más preocupados por controlar los precios de
los alquileres que en promover viviendas municipales para alquileres sociales.
Los Ayuntamientos
podrían ser claves en la política de
vivienda si contaran con más recursos (suelo tienen) y gastaran menos en
encierros o fiestas populares y más en promover viviendas municipales, como Viena o Berlín. En manos de la gestión
municipal están importantes servicios
públicos, desde los transportes al agua y la recogida de basuras o el
control de la contaminación, cada vez más preocupante (hay 15 millones de
españoles respirando un aire que la Unión Europea considera “insalubre”, sobre todo en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Granada, Avilés, Málaga y la Costa del Sol). Sin olvidar
importantes servicios municipales como guarderías (escasísimas),
polideportivos, bibliotecas y centros de mayores, que han sufrido con dureza
los recortes y subidas de tasas que pagamos todos.
Las autonomías y
Ayuntamientos se presentan a estas elecciones del 25-M con sus cuentas más saneadas, tras 6 años de
duros ajustes (2010-2015). En el caso de las autonomías, su déficit ha bajado drásticamente,
del 1,66% del PIB en 2015 al 0,23% en 2018 (-2.810 millones). Y 5 autonomías tuvieron superávit en 2018:
País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia. Este menor “agujero”
presupuestario (a costa de cuantiosos préstamos de Hacienda) les ha permitido
gastar algo más desde 2015, aunque a costa de aumentar su deuda: de 124.239 millones en 2010 a 263.269 millones
en 2015 y 293.128 millones en 2018. Una deuda muy concentrada en 4 autonomías: Cataluña (78.732 millones, el 34% de su PIB),
Comunidad Valenciana (47.084 millones, el 41,7% de su PIB), Andalucía (35.409
millones, el 21,9% de su PIB) y Madrid (33.270 millones, el 14,6% de su PIB),
mientras apenas tienen deuda La Rioja (1.591 millones), Cantabria (3.171),
Navarra (3.445) y Asturias (4.351 millones).
Los Ayuntamientos tienen
unas cuentas mucho más saneadas, gracias
a los drásticos recortes que han sufrido en los servicios sus ciudadanos.
Tienen superávit presupuestario (+0,52%del PIB en 2018, más que el 0,44% de 2015) y una pequeña deuda (25.781 millones),
que sólo ha aumentado estos años en Murcia, Zaragoza y Bilbao. La deuda municipal
se concentra en Madrid (2.762 millones, 662 millones menos que en 2015 y muy
lejos de los 7.773 millones de 2012), Zaragoza (855 millones), Valencia (439) y
Málaga (408 millones). Y lo más llamativo: los
Ayuntamientos españoles tienen más ahorro (27.000 millones en depósitos bancarios) que deuda, porque Montoro y su
Ley de estabilidad les ha impedido gastar más e invertir, a pesar de tener
liquidez.
Con este panorama, lo lógico es que los Ayuntamientos que salgan de estas elecciones gasten
e inviertan más, en muchos servicios sin recursos, desde los
transportes a la limpieza pasando por bibliotecas y centros de mayores. Y lo
mismo las autonomías, casi sin
déficit, aunque todavía con demasiada
deuda. Por eso es una
“irresponsabilidad” prometer bajar impuestos, autonómicos y municipales, como defienden Ciudadanos, PP y Vox.
Porque en la próxima Legislatura, las autonomías tendrán que reforzar el Estado del Bienestar,
recuperar el gasto en sanidad, educación y Dependencia que muchas no han
recuperado todavía. Y fortalecer la
Justicia, la vivienda y los servicios públicos, junto a los Ayuntamientos. Si se bajan los impuestos autonómicos, no se podrá gastar más en tanto
como hace falta, salvo que se suban impuestos que no se ven (como
tasas), mucho más injustos.
Precisamente, uno de los retos de las autonomías es reordenar sus impuestos propios, porque
son
bajos (sólo suponen el 21% de sus ingresos, el 79% restante son
tributos cedidos por el Estado) e injustos, mal equilibrados, en
medio de una pelea por quién baja más sucesiones o subvenciona el impuesto de patrimonio
(en Madrid no se paga). Urge pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, que corrija las injusticias
actuales (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña, Baleares y
Castilla la Mancha pierden),
pero también las autonomías deben tener mayor “corresponsabilidad fiscal” y saber
que si quieren tener mejor servicios públicos tienen que cobrar más impuestos,
no vivir de las transferencias del Estado y de la deuda. Y crear mecanismos de compensación, Fondos para
corregir el hecho de que haya 3 Españas
(rica, pobre e intermedia) y que los
españoles tengan mejor o peor sanidad, educación o servicios sociales según
donde vivan, como pasa ahora.
Como se ve, no estamos
ante problemas menores y por eso nos jugamos mucho en estas elecciones
autonómicas y municipales del 25 de mayo: el
futuro del Estado del Bienestar y la mejora de los servicios públicos, muy deteriorados con los recortes. Es hora de analizar lo que han hecho los
Gobiernos autonómicos y sus propuestas de futuro para mejorar nuestro día a
día, desde los hospitales, colegios, residencias o ayudas públicas al
transporte, la vivienda, la contaminación, la limpieza o las guarderías
públicas. Y votar en consecuencia, por encima de ideologías y “segundas
vueltas”. Un voto útil para mejorar nuestra vida cotidiana. Voten.
