Ley de Dependencia: un derecho sin recursos

Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar: educación, sanidad, pensiones y ayuda a los que no se pueden valer por sí mismos. La Ley de Dependencia se aprobó en 2006, en pleno boom económico, pero ahora no se puede pagar y asfixia a las autonomías, que se defienden retrasando las prestaciones  y rebajando los servicios y ayudas, que reciben de momento 720.000 españoles. Y algunas, como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, torpedeando su aplicación. La ayuda a los dependientes (ancianos y discapacitados) es un derecho reconocido por Ley, pero habrá que revisarla y buscar cómo financiarla, ya que costará 20.000 millones en 2015. Y hay que poner orden en un sistema descoordinado, con 17 gestiones diferentes.

www.enriqueortega.net

La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007, para ayudar a los 3 millones de españoles (personas mayores y discapacitadas) que no pueden valerse por sí mismos. O mejor, a sus familias, sobre todo mujeres de más de 50 años, que viven dedicadas a cuidar a sus padres, maridos o hijos. La Ley contempla ofrecerles servicios (residencias, centros de día o noche, teleasistencia, ayuda a domicilio) o una ayuda económica (de 300 a 520 euros al mes, o entre 625 y 850 euros para pagar a un cuidador), así como bonificaciones para que el familiar pueda darse de alta en la Seguridad Social como cuidador no profesional.

A 1 de abril, 1.585.427 españoles habían solicitado ayuda para la dependencia, en su mayoría mujeres (65%) ancianas (53% con más de 80 años), aunque también hay menores de 45 años (10%). De ellos, a 1.071.603 se les ha reconocido el derecho a recibir ayudas (hay 142.100 pendientes de dictamen y el resto tienen un grado de dependencia bajo), aunque sólo las reciben 720.769 dependientes, mientras otros 350.834 están a la espera de servicios o ayuda. Y eso, porque no hay dinero y las autonomías, que financian más de la mitad de la Ley, buscan ahorrar retrasando dictámenes y ayudas.

Teóricamente, la Ley iba a financiarse a tercios entre el Estado, las autonomías y los dependientes (copago). Pero en el cuarto año de aplicación, 2010, los dependientes sólo han aportado un 14% (448 millones), debido sobre todo a sus bajos ingresos (el 90% de los mayores de 65 años declaran a Hacienda rentas inferiores a 12.000 euros anuales). Y en consecuencia, las autonomías, que gestionan la Ley, han tenido que cubrir la diferencia y aportan el 54% (unos 3.000 millones en 2010) y el Estado un 34% (1.777 millones). Pero hay autonomías que aportan menos y lo suplen reconociendo menos dependientes y retrasándoles el pago o servicio. Así, las que menos aportan son Canarias (8,85 € por habitante, frente a 61 € de media), Baleares (29,66 €.), Murcia (31,08 €), Ceuta y Melilla (37,25 €), Galicia (34,53 €) Comunidad  Valenciana (41,08 €) y Madrid (54,06 €). En el otro extremo, las que dedican más recursos son La Rioja (120 €/hab.), Cantabria (114,69) y el País Vasco (112,66 €).

La penuria de fondos está detrás de los retrasos en recibir los servicios o ayudas, retrasos que en muchos casos están denunciados en los Tribunales y que a veces se” resuelven” con la muerte del beneficiario: así, en Cataluña, han muerto 17.374 solicitantes sin recibir las ayudas y la cifra podría ascender a 100.000 muertos en toda España, un 15% de los dependientes con derecho reconocido. Pero no sólo falta dinero. La Ley se está aplicando de forma muy desigual por las autonomías, cada una con sus criterios, que en la práctica dejan fuera a los enfermos mentales. Al final, algunas cargan las tintas en los grados de dependencia, para recibir más dinero del Estado. Otras, como Andalucía, echan mano de la teleasistencia, porque sale más barata. Y todas optan por las ayudas (54%) más que por los servicios, porque les resulta más barato dar 300 euros a una familia que buscarle un centro de día o una residencia, que son caras y escasas.  

Al final, las diferencias entre autonomías son abismales. En personas beneficiadas: menos del 1% de la población total en Canarias (0,48%), Comunidad  Valenciana (0,73%), Madrid (0,90%) y Baleares (0,92%), frente al 1,48% de media en España y un mayor porcentaje en La Rioja (2,45%), Cantabria (2,42%), Andalucía (2,22%), Castilla León y Aragón (1,95%). En personas con derecho reconocido en espera de servicios: 60% en Canarias, 42% en la Comunidad  Valenciana o cerca del 35% en Galicia, Baleares y Madrid. Al final, el Observatorio de la Dependencia da buena nota a cinco autonomías: Castilla-La Mancha y Castilla y León (9), País Vasco y Aragón (8,5) y La Rioja (8). Y suspende a otras seis: Asturias y Baleares (4), Ceuta y Melilla (3), y, sobre todo,  Madrid (2), Comunidad  Valenciana (2) y Canarias (0,5), tres autonomías a las que denuncian  por “el empecinamiento en no aplicar la Ley de Dependencia”.

Tras las elecciones del 22-M, las autonomías van a tener que recortar gastos y es posible que lo paguen también los dependientes (Cataluña ya ha pedido una moratoria). En cualquier caso, aplicar la Ley va a ser cada año más costoso y harán falta 20.000 millones de euros para 2015, frente a los 5.225 actuales. Y más después, ya que para 2050 se duplicarán los mayores de 65 años (de 7,6 a 15,3 millones, uno de cada tres con más de 80 años).Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos. Y habrá que ligar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas. Todo menos seguir haciendo demagogia con los ancianos. No valen derechos sin recursos. Hay que consolidar la Ley. Se lo debemos a nuestros padres y a nosotros mismos, para el día de mañana.   

Ayuntamientos en bancarrota (y más en 2011)

Los 8.000 municipios españoles no saben cómo cerrar sus cuentas de 2010. Y sobre todo las grandes capitales, con Madrid a la cabeza, que llevan meses sin pagar a proveedores y adeudan 3.425 millones sólo a las empresas de limpieza. Pero el problema grave se va a dar en 2011, por la confluencia de tres factores: no van a recibir ni un euro del Plan E (que les aportó 8.000 millones en 2009 y 5.000 en 2010), les tocará  incluso devolver dinero al Estado (porque las entregas a cuenta recibidas en 2010 han sido superiores a lo recaudado) y muchos Ayuntamientos (Madrid y Valencia entre ellos) no podrán refinanciar su deuda no amortizada en 2010, con lo que tendrán que destinar liquidez a pagar a los bancos y no a los proveedores, muchos de ellos pymes que tendrán que cerrar.

ENRIQUE ORTEGA

Un panorama desolador, fruto de dos décadas de crecimiento vertiginoso del gasto municipal, derivado en buena parte del “espejismo” por  los ingresos del boom inmobiliario. Así, entre 2001 y 2008, el gasto municipal creció un 72 %, empujado no sólo por dispendios sin sentido (orquestas a 2 millones de euros para las fiestas, por ejemplo) y obras faraónicas (sólo el soterramiento de la M-30 en Madrid ha costado 6.000 millones de euros), sino también porque los Ayuntamientos han asumido servicios que deberían prestar el Estado o las autonomías y que ofrecen ellos porque sufren más de cerca “la presión del ciudadano”: ayudas sociales, equipamientos, educación, sanidad, servicios sociales… Ofrecen hasta un 35% de “servicios impropios”, según un estudio del REAF.

Con la crisis, los Ayuntamientos han visto caer en picado sus ingresos (sobre todo los del ladrillo) y les han crecido incluso los gastos, por las mayores demandas sociales. Y todos han aplicado cuatro recetas: reducir inversiones, retrasar pagos, intentar sacar más dinero a los contribuyentes y endeudarse. Con ello, la pelota de la deuda municipal ha crecido hasta 36.521 millones de euros y casi un tercio lo deben 6 grandes capitales: Madrid (7.145 millones),  Valencia (862), Barcelona (794), Zaragoza (760), Málaga (712) y Sevilla (519).  

El Gobierno ha querido atar corto a los Ayuntamientos (a los que ya la ley sólo permite endeudarse en un 110% de sus ingresos), con un real decreto por el que los más endeudados tienen que amortizar su deuda antes del 31 de diciembre y no pueden refinanciarla (algo que sí se permite a las autonomías y al Estado). Con eso quiere tranquilizar a los mercados y dar buena imagen exterior, pero la realidad es que hay muchos Ayuntamientos en bancarrota, lo que va a agravar la crisis y el desempleo. Por eso hace falta un Plan de choque realista para ajustar las cuentas de las grandes ciudades. Y eso pasará por reajustes en las cuentas a cambio de ayudas. Madrid y Valencia serían como Grecia e Irlanda y el Gobierno central tendría que hacer de Bruselas.

Pero eso no basta. En paralelo hay que reformar la financiación local, acordando los servicios que han de prestar los Ayuntamientos y cuáles las autonomías y el Estado. Los municipios tienen que poder gestionar sus ingresos, ya que ahora sólo recaudan con impuestos y tasas la mitad de sus ingresos (la otra mitad son transferencias). Una vez hecho el reparto, habrá que ajustar el mapa impositivo, para que los ciudadanos no paguemos dos veces o tres (al Estado central, a las autonomías y a los Ayuntamientos). Que sepamos de verdad  lo que nos cuesta vivir en nuestra ciudad. Y con ese dato, votaremos mejor en las municipales del 2011.