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jueves, 3 de julio de 2025

El "mito" de que faltan trabajadores

Otro año más, los empresarios se quejan de que no encuentran personal para trabajar en algunos sectores, como hostelería, construcción, el campo o el transporte. Y que los candidatos están “poco formados”. Pero España es el país que crea más empleo en Europa y el que tiene menos “vacantes” (152.000). Los sindicatos replican que la falta de trabajadores es “un cuento”, que el problema es que muchos empleos están mal pagados y con horarios imposibles y que por eso no hay candidatos (salvo inmigrantes). Sí es verdad que algunas empresas tecnológicas no encuentran trabajadores cualificados, en parte porque pagan poco y no “cuidan” el talento. Además, las empresas españolas gastan poco en formar a sus trabajadores, mientras sólo un 10% de los parados hacen cursos. Y encima, 7 de cada 10 empresas no usan el dinero disponible para formación. En vez de quejarse, las empresas deberían pagar mejor y formar a sus plantillas, “cuidándolas” más, porque el 57% de los trabajadores en España están “desmotivados”. Así, el trabajo no atrae.

                               Enrique Ortega

La última Encuesta de las Cámaras de Comercio, apoyada con el marchamo del Banco Mundial, revela que el principal problema hoy de las empresas españolas es la falta de mano de obra formada, de lo que se quejan el 35% de los encuestados (el 41% de las grandes), por delante de la queja por la regulación laboral (el 18%) y los impuestos (16%). Más llamativos son los resultados de otra Encuesta empresarial realizada por la consultora Hays: el 89% de las empresas consultadas reportan dificultades para encontrar personal cualificado, sobre todo en los sectores de ciencia e investigación, legal, atención al cliente, automoción y banca y seguros. Un tercer estudio, de Manpower Group, revela que el 78% de las empresas tecnológicas no encuentran el personal cualificado que buscan, sobre todo las empresas de logística, transporte y distribución, la energía y suministros, las ingenierías, las empresas medioambientales, inmobiliarias y finanzas.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos no se registra en las estadísticas: España ha creado 1,8 millones de nuevos empleos desde la pandemia, el 40% de los empleos europeos. Y somos el país de la UE-27 con menos “empleos vacantes, según Eurostat: el 0,9% del total en el primer trimestre de 2025, frente al 2,2% de media en la UE-27, el 4,2% en Paises Bajos, el 4,1% en Bélgica, el 2,7% en Alemania, el 2,5% en Francia y el 2,2% en Italia. Y los “empleos vacantes” han crecido de 101.009 en 2019 a 152.885 en marzo de 2025, según el INE, una cifra mínima frente a los 21.765.400 ocupados que hay en España.

Los datos revelan que la gran mayoría de estos “empleos vacantes” (152.885) se encuentran en el sector servicios (88%), no en la industria (sólo el 6% de las vacantes) ni en la construcción (otro 6%). Y según los últimos datos de las oficinas de empleo (SEPE), los puestos de trabajo sin cubrir se concentran en la hostelería y el turismo, la construcción, la agricultura, el comercio, información y comunicaciones, sanidad y servicios sociales, personal de limpieza, instaladores, reparación de vehículos y transporte.

Un estudio de Funcas analiza estos datos del SEPE por autonomías y deduce que la principal razón por la que algunas empresas tienen dificultades para cubrir vacantes son “las malas condiciones laborales” (salarios, horarios y contratos), sobre todo en el turismo, el transporte y la construcción. También hay otras razones, como la falta de “habilidades” y cualificación de los candidatos, así como el envejecimiento de la población, que lleva a que muchas profesiones no encuentren un relevo generacional. El estudio concluye que la falta de mano de obra en España tiene un doble componente: carencia de candidatos (pocos y que piden mejores condiciones laborales) y carencia de competencias o cualificaciones específicas (en el caso de empresas de sectores más tecnológicos e innovadores).

Así que la información disponible revela que si faltan trabajadores es, en unos casos, por los contratos poco atractivos que se les ofrecen y, en otros, por falta de cualificación del candidato, dos motivos diferentes y que exigen diferentes medidas. En el primer caso, se trata de ofrecer mejores condiciones de trabajo (“Paguen más” dijo Biden primero y luego la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos). Y en el segundo, hay que mejorar la cualificación de los jóvenes (de la escuela a la Universidad), a la vez que se mejora la formación de las plantillas de las empresas, para reciclar a muchos y que puedan prepararse para las nuevas necesidades del mercado laboral.

En cualquier caso, no es verdad que la falta de trabajadores tenga que ver tanto con la “aptitud” como con la “actitud”, como dijo hace años Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE, culpando así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Los sindicatos ya han reiterado que la falta de talento es “un cuento” y que el problema son los bajos salarios y las malas condiciones laborales, que impiden cubrir muchas vacantes. Y aportan este dato; de los 2.789.200 parados que había en España en marzo (según la EPA), 750.000 tenían estudios universitarios y otros 730.000 tenían la 2ª etapa de secundaria o FP. El problema de fondo, añaden, es que el actual modelo productivo no es capaz de ofrecer empleos dignos a suficientes personas formadas. Y eso se refleja en otro dato: España es el país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en la UE-27.

Así que unos puestos no se cubren porque ofrecen malas condiciones laborales y otros tampoco aunque el candidato sea universitario. El hecho cierto es que los sectores donde hay más falta de trabajadores, como hostelería, construcción, campo y transporte son los que tienen unos sueldos más bajos, según la estadística de salarios (16.985 euros brutos en hostelería, el 60% de los 28.049 euros de sueldo medio) y donde se hacen más horas extras sin cobrar (11% de los trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según CCOO), también donde hay más contratos temporales y a tiempo parcial. Además, en los dos últimos años, muchos puestos no se cubren porque los trabajadores no pueden pagar el alquiler que les supone ir a trabajar a algunas ciudades e islas.

Está claro que además de las malas condiciones de trabajo, muchos trabajadores y parados tienen una baja formación (el 35,8%, frente al 16,4% en la UE-25, según la OCDE). Una parte de “la culpa” la tiene el sistema educativo, donde muchos jóvenes no acaban sus estudios y otros se forman en carreras con pocas salidas. Y además, en España, la Formación Profesional (FP) tiene poco peso (12% de los estudiantes, frente al 25% en la UE y el 40% en Alemania). Pero otra parte de la “culpa” la tienen las propias empresas, que gastan en la formación de sus plantillas la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Otro dato:  empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y cayó a 60,51 euros en 2021 y está en 70,32 en 2024, según el INE.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.500 millones de euros) a formar a parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y a trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la FUNDAE, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la FUNDAE no se gasta en formación, bien porque las empresas no solicitan cursos (7 de cada 10 empresas no los aprovechan), porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

Para paliar la falta de trabajadores cualificados y no cualificados, habría que actuar en varios frentes, según este estudio de Funcas. Por un lado, seguir abriendo vías a la inmigración legal y ordenada, con acuerdos para contratar en origen a extranjeros para sectores que no son “atractivos” para los españoles (agricultura, hostelería, turismo, empleadas de hogar y cuidados). Por otro, intentar la vuelta de jóvenes españoles que han emigrado por falta de oportunidades en España (se estima que han sido 650.000 tras la pandemia). Además, hay que reestructurar toda la política de formación y reciclaje de trabajadores y parados, para que se gasten todos los recursos de formación dirigidos a trabajadores en activo y para que haya más parados que hagan cursos de formación (sólo los hacen menos del 10% de los desempleados), ligando esa formación y reciclaje a los puestos donde faltan candidatos. Y a medio plazo, urge una política educativa que ayude a los jóvenes a orientarse hacia estudios y carreras con más salidas profesionales, ligadas a la tecnología y la innovación (carreras STEM), la digitalización y la descarbonización de las empresas y la economía.

Otro punto clave es mejorar “la motivación” de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, que en muchos casos están muy descontentos con su trabajo. El dato es impactante: un 57% de los trabajadores españoles están “desmotivados, según el último informe Hays. La mayoría dice que lo está por sus bajos sueldos, que han perdido poder adquisitivo (-2,5% entre 2019 y 2024, según la OCDE), pero otros señalan una larga lista de motivos para estar “desmotivados” con su trabajo: horarios, falta de reconocimiento, dificultades de promoción, excesiva carga de trabajo, presión por cumplir metas, falta de trabajo en equipo, autoritarismo de los jefes, fatiga y agotamiento, además de problemas psicológicos. Al final, esta “falta de motivación” por el trabajo no ayuda a aumentar la oferta de trabajadores ni a que los jóvenes se formen más y afronten retos futuros y mejoren la productividad.

En resumen, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos “culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.

jueves, 25 de julio de 2024

Recorte de jornada: horarios y productividad

El lunes 29 de julio, Gobierno, sindicatos y patronal intentarán alcanzar un acuerdo (difícil) para recortar la jornada laboral legal, de 40 horas a 37,5 en 2025. La patronal está en contra porque quieren fijar el horario en los convenios (no por Ley), porque aumenta sus costes (se mantienen los sueldos) y reduce la productividad. Pero el Gobierno está dispuesto a aprobar esta rebaja sin la patronal, mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones en septiembre. En realidad, muchos trabajan menos de 37,5 horas (la media son 36,4 horas), pero otros trabajan más (39,4 horas en hostelería y 39,1 en comercio) o no tienen convenio, trabajando todos más horas que en Europa. El debate no es que reducir jornada empeorará la productividad, más baja en España, porque depende más de nuestro modelo económico (más servicios y menos industria y tecnología), del exceso de pymes, de la baja inversión y formación y de la mala organización de las empresas. Por “calentar la silla” más horas no somos más productivos.

                                  Enrique Ortega

La jornada laboral máxima legal no se revisa en España desde hace más de 40 años. El Estatuto de los Trabajadores fijó la jornada máxima en 42 horas semanales (43 para la jornada partida) en el Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980 (Gobierno UCD). En julio de 1983, el  Real Decreto 2001/1983, del Gobierno de Felipe González,  fijaba la jornada laboral máxima en 40 horas, una norma que rige hoy. En estos 41 años, la economía y las relaciones laborales han tenido cambios drásticos, con un progresivo recorte de la jornada real de trabajo. Y por ello, el Gobierno Sánchez se ha fijado como objetivo recortar la jornada laboral legal, de las 40 horas actuales a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo y en España en las últimas décadas, con la ayuda de la tecnología y la digitalización. La media de horas de trabajo en los convenios (hasta junio 2024) era de 38,2 horas semanales. Una jornada que varía mucho por sectores, según los datos de Trabajo: los mayores horarios se dan en la hostelería (39,4 horas), el empleo doméstico (39,3), el comercio (39,1) y el campo (39 horas), estando también por encima de la media las inmobiliarias (38,8 horas), actividades administrativas (38,), actividades científicas y técnicas (38,5), industrias extractivas, manufactureras y transporte (38,4 horas semanales). Y los sectores donde se trabaja menos horas son educación (32,6), Administración pública y finanzas (37,1 horas), agua (37,4) y energía (37,9), sanidad (37,9), construcción y actividades artísticas (38 euros de media).

Por autonomías, también hay grandes diferencias en la jornada laboral, según el peso de cada sector económico. Las jornadas más largas se dan en Canarias (39,3 horas semanales), Murcia (39,1), Andalucía y Comunidad Valenciana (38,9), Castilla la Mancha y Galicia (38,8 horas). Y los horarios laborales más cortos están en País Vasco (37,1 horas), Navarra y Cataluña (37,4 horas). Por provincias, donde se hacen las jornadas más largas es en Almería (39,57 horas), Tenerife y las Palmas (39,2) Orense (39,2) y Málaga (39,17 horas semanales). Y donde trabajan menos horas es en Vizcaya (36,93 horas), Guipúzcoa (37,18), Navarra (37,43), Álava (37,56) y Madrid (38,22). En general, se trabaja menos horas donde hay más industria y menos servicios, en zonas con más nivel de vida y en  empresas con menos precariedad y más presencia sindical.

Esta es la jornada pactada en convenio, pero en realidad los españoles trabajan menos horas, porque hay muchos (un tercio) que trabajan a tiempo parcial y otros que no cumplen la jornada pactada, por bajas o problemas varios. La jornada efectiva media en España fue de 36,4 horas semanales en 2023 (para trabajadores entre 20 y 64 años), según Eurostat, ligeramente por encima de la jornada media efectiva en la UE-27, que fue de 36,1 horas semanales. Los paises más ricos del norte de Europa (y donde pesa más el trabajo a tiempo parcial) trabajan menos horas que en España: Paises Bajos (32,2 horas semanales), Austria (33,6), Alemania (34), Finlandia (34,8), Bélgica (34,9), Irlanda (35,5), Suecia (35,7) y Francia (36 horas semanales efectivas). Y los paises del Sur y Este, más pobres, tienen horarios laborales más largos: Grecia (39,8), Rumanía (39,5), Polonia (39,3), Bulgaria (39), Portugal (37,7) e Italia (36,1 horas semanales).

En España, no sólo trabajamos más horas que en la Europa más rica sino que tenemos unos “horarios laborales de locos”: las estadísticas revelan que empezamos a trabajar más tarde que en la mayoría de paises europeos (a las 8 de la mañana sólo inician su jornada el 18,5% de los trabajadores frente al más del 20% en muchos paises, comenzando la mayoría a partir de las 9 de la mañana) y, tras 2 horas para comer (y más), acabamos de trabajar más tarde (muchos después de las 6 de la tarde, cuando apenas se trabaja en el resto de Europa), según Eurostat. Y con ello, la mayoría de trabajadores tiene problemas para conciliar la vida laboral y familiar, además de aumentar las bajas por múltiples motivos y el absentismo.

Respecto a los horarios laborales, en España hay una cierta costumbre de “calentar la silla, de vincular horarios largos con “cumplir en el trabajo”. Y aunque ha aumentado el teletrabajo y las jornadas presenciales de cuatro días, todavía son mayoría los empresarios que prefieren tener a sus trabajadores en la empresa que fuera, que valoran los largos horarios de trabajo. Sin embargo, la mayoría de trabajadores están a favor del recorte de jornada, según la última Encuesta de 40dB para El País: 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de jornada a 37,5 horas, sobre todo los más jóvenes, aunque la mayoría dan más importancia a subir los salarios y mejorar los trabajos que a reducir la jornada laboral.

El Gobierno propone reducir la jornada laboral porque cree que no afectará a la productividad de las empresas y ayudará  a mejorar la vida de los trabajadores, a los que se mantendrá el sueldo aunque trabajen menos horas, porque se espera que el cambio redunde en una mayor eficacia laboral (“hacer lo mismo o más en menos tiempo”). Y defienden recortar la jornada por Ley porque hay muchos trabajadores sin convenio, que no tienen regulada su jornada y depende del empresario. En 2023 había 3.512 convenios vigentes en España, que afectaban a 10,9 millones de trabajadores: quedaban fuera más de 7 millones de asalariados (hay 18 millones). Y 10 millones de ocupados (hay 21,24 millones).

Por eso, el Gobierno reitera que la rebaja del horario favorecerá a 12 millones de trabajadores en España, que ahora trabajan más de las 37,5 horas que plantean para 2025. La mayoría son trabajadores sin convenio o sin un horario pactado, empleados en pequeñas empresas o eventuales. Los sindicatos añaden que el recorte legal del horario beneficiará más a los hombres que a las mujeres, a los trabajadores del campo, la construcción y algunas industrias, sobre todo en La Rioja y Castilla la Mancha. Y quieren que la rebaja se apruebe cuanto antes, sin retrasos ni flexibilización de plazos, porque se desaprovecharía el año 2024 y no tendríamos la jornada de 37,5 horas hasta 2026. Por eso, amenazan con que si no hay acuerdo ahora, convocarán movilizaciones en septiembre.

La patronal CEOE cree que “no es el momento de recortar la jornada” (nunca lo es…) y que debe dejarse la fijación de los horarios de trabajo a los convenios colectivos, porque “las empresas que pueden rebajar jornada ya lo están haciendo”, como demuestran los datos: en 2003 se trabajaba 1.752 horas al año en España, bajando a 1.692 en 2013 y a 1.632 horas anuales en 2023. Y añaden que el 44% de los convenios tienen ya una jornada de 38,5 horas o menos. Así que proponen no tocar la Ley y que cada empresa recorte horarios con sus trabajadores. El problema, señalan los sindicatos, son los millones de trabajadores que no tienen capacidad de negociar. Y aquí pasa como con las medidas para conseguir la igualdad de género: o se imponen por Ley o no se logran.

La patronal se queja además de que la rebaja de horarios manteniendo sueldos les aumenta los costes un 6% y perjudica su competitividad. De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha echado en cara al Gobierno y a los sindicatos que el recorte de jornada por Ley suponeun regalo de 12 días más de vacaciones pagadas a los trabajadores”. El líder de UGT le ha respondido que “mayor es el regalo que les hacen los trabajadores a las empresas” con las horas extras hechas y no pagadas: son casi la mitad de todas las horas extras, “un regalo” de 2.300 millones anuales a las empresas.

De hecho, la patronal ha querido aprovechar la negociación sobre el recorte de horarios para aumentar el tope de horas extras que se pueden hacer, ahora establecido en 80 horas al año (que en muchas empresas no se cumple). Pero el Gobierno (y los sindicatos) se han negado a abrir esta “espita”, con más horas extras, porque ya son excesivas. En el 4º trimestre de 2023 se hicieron 6,3 millones de horas extras a la semana, el 39% de ellas “gratis” (sin pagarlas). Una forma con la que muchas empresas evitan aumentar plantillas (y crear más empleo), con la connivencia de los trabajadores que hacen estas horas para completar unos salarios bajos (y en ocasiones sin cobrar, para mantener el empleo). Si no se hicieran estas horas, se podrían contratar a 166.000 trabajadores más.

Junto a la rebaja de la jornada, el Gobierno Sánchez quiere aprobar también un control más eficaz de la jornada laboral, porque el actual es deficiente. En marzo de 2019, el Gobierno aprobó un Real Decreto para que las empresas realizaran un control de horarios de sus trabajadores. Pasados 5 años, Trabajo ha comprobado que hay muchas empresas que no lo aplican y otras muchas cometen fraude en sus controles, lo que ha provocado 4.804 expedientes y multas por 7,3 millones. Ahora, se quiere aprobar un control digital de la jornada, accesible a la inspección de trabajo y a los sindicatos, para que sea efectivo.

En la reunión del lunes 29 de julio, el acuerdo dependerá de la postura de la patronal, que está en contra del recorte de horario, aunque podría aceptarlo si se flexibiliza en el tiempo, si las 38,5 horas iniciales se pueden cumplir “a lo largo de 2025”, un retraso que no aceptan los sindicatos. Si no hay acuerdo, el Gobierno podría aplicar la reforma unilateralmente o sólo con el apoyo de UGT y CCOO, como pasó con las subidas del salario mínimo. Pero luego tiene que aprobar el recorte horario en el Parlamento y no lo tiene fácil, por posibles problemas con Junts (y quizás PNV) o con Podemos, según haga la reforma finalmente.

Mientras se ultima la negociación de la jornada, la patronal y algunos expertos reiteran que recortar la jornada empeorará aún más la productividad en España, más baja que en la mayoría de Europa. Los datos son concluyentes: la productividad por empleado en España es inferior a la media europea (96 frente a 100 en las UE-27 y 123 en Alemania) y un 19,3% inferior a la productividad media en la zona euro, según el último informe de BBVA Research. Y esta “brecha” de productividad con Europa es mayor hoy que en las dos últimas décadas, aunque mejoró en 2022 y 2023. Por eso, la patronal reitera que si se trabajan menos horas, la productividad caerá más y seremos menos competitivos.

La realidad es que si España tiene menos productividad que la mayoría de Europa no es porque trabajemos pocas horas (trabajamos más que los paises más productivos), sino por otras razones (ver Blog). La primera y fundamental, porque tenemos un modelo económico donde las actividades menos productivas (hostelería, comercio, transporte o construcción) tienen más peso que en otros paises europeos, donde pesan más la industria, la tecnología y la información (TIC), sectores con más productividad. Pero aunque tuviéramos la misma estructura económica que la UE-27, España tendría un 10% menos de productividad, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que señala otros factores.

Un factor clave es el menor tamaño de las empresas españolas (tenemos un exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir, innovar y ser más productivas. Otra causa importante es la menor formación de los trabajadores españoles: el 48% de los adultos carecen de título universitario o FP y tienen un gran peso los trabajos que exigen poca cualificación (sector servicios), que son los menos productivos. La tercera causa clave es la falta de tecnología e innovación en las empresas (el gasto en I+D+i es el 1,44% del PIB frente al 2,2% de media en la UE.27), con lo que fabricamos productos menos complejos y de menor valor añadido. Un cuarto factor que explica nuestra menor productividad es la baja inversión en España (pública y privada) desde 2008. También tenemos demasiada “economía sumergida” y pesan negativamente la enorme dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa), la excesiva burocracia del Estado y las autonomías, las barreras a la competencia y las dificultades regulatorias y fiscales a las pymes. 

Y hay otro factor del que apenas se habla (nunca la patronal) y que explica mucho nuestra baja productividad: la deficiente organización de nuestras empresas, donde no se valora suficiente el trabajo en equipo, la captación y promoción del talento o la gestión por objetivos, mientras se mantienen los viejos principios del “ordeno y mando”. El propio Banco de España ha destacado la baja formación de muchos gestores empresariales, mientras un estudio de la consultora Gallup relaciona la capacidad de gestión con la motivación de los trabajadores. El dato es llamativo: España es el tercer país UE con menos trabajadores “comprometidos con su trabajo”, sólo un 9%, frente al 13% en Europa y el 33% en EEUU y Asia. Con el 91% de trabajadores “desmotivados”, resulta difícil mejorar la productividad…

En resumen, que para ser un país más productivo y rico, la solución no es estar más horas en el trabajo sino ser más eficaces en las empresas, desde la organización del trabajo y la motivación de los empleados a invertir más en formación, tecnología, innovación y digitalización, para producir con más valor por empleado. Así que no hagan demagogia con que el recorte de horarios reducirá la productividad. La empeora no tomar medidas para hacer las empresas más competitivas y sólo pensar en ganar dinero a corto plazo, compitiendo con empleos precarios y salarios bajos, como la China de Europa. Así no.

jueves, 29 de septiembre de 2022

"La Gran Renuncia": el trabajo no convence

España ha creado 1.262.000 nuevos empleos en los últimos 15 meses, de más calidad. Pero algunos expertos alertan: aumentan los empleados fijos que dejan su trabajo (40.064 este año). Temen que pase como en EEUU, donde hablan de “La Gran Renuncia”. No tiene nada que ver: en EEUU abandonaron su empleo en agosto 4,2 millones de trabajadores, frente a 7.490 en España. Y eso pasa porque allí hay mucha rotación laboral: 11,2 millones de empleos disponibles (2 por cada parado), mientras en España sólo hay 145.053 vacantes (1 por cada 20 parados). Lo que sí tenemos en España (y en el mundo) es “una gran insatisfacción” con el trabajo: la mitad de los trabajadores están desmotivados y querrían cambiar de empleo. Como no pueden, trabajan “pasando”, cumpliendo sin más: esLa Gran Dimisión”. Un problema serio, que baja la productividad. Recetas: mejores sueldos, más flexibilidad y menos jefes “tóxicos”. Urge modernizar el trabajo y las relaciones laborales, ancladas en el “ordeno y mando”.

Enrique Ortega

Quien del trabajo huye, su porvenir destruye”. Refranero

Desde pequeños, nos han enseñado la necesidad de trabajar (“ganarás el pan con el sudor de tu frente ) y que trabajar es el único camino para labrarse un futuro (“el trabajo y la economía son la mejor lotería”). Además, los más mayores hemos conocido épocas donde se podía tener un trabajo decente de por vida. Con la crisis de 2008, el mundo cambió drásticamente y llegaron los despidos masivos y, después, la recuperación de los trabajos precarios, sobre todo para los jóvenes. Y con el parón de la pandemia, muchos trabajadores “reflexionaron sobre sus empleos”: ¿merece la pena malvivir para trabajar por 1.000 euros o menos? Y eso ha provocado en muchos países que algunos trabajadores (ojo, los que podían) dejen sus trabajos o los cambien por otros menos agobiantes. Es lo que algunos llaman “La Gran Renuncia: trabajadores que dejan sus empleos. Un tema que agrandan y explotan algunos empresarios y expertos en España para quejarse de que ahora no encuentran trabajadores.

Pero “La Gran Renunciaes otra cosa. El concepto lo inventó Anthony Klotz, profesor de la Universidad de Texas, en mayo de 2021, tras conocerse el dato de que, en abril, casi 4 millones de norteamericanos (el 2,7% de los empleados) habían dejado su trabajo, la mayoría para buscar otro. Y se ha seguido hablando del tema, porque en todo 2021 han sido casi 50 millones los norteamericanos (el 33% de los ocupados) que han dejado sus trabajos. Y también se ha hablado del “problema” de “la Gran renuncia” en Reino Unido (más de medio millón) y Francia (523.000 en el primer semestre de 2023). En España, la alarma saltó en abril de este año, con 5.467 empleados fijos que dejaron su trabajo, un récord desconocido. En mayo, la ministra de Trabajo convocó incluso a sindicatos y patronal para hablar del tema, pero la reunión acabó sin ningún acuerdo ni medida.

Y la verdad es que “La Gran Renuncia” de la que se habla en EEUU poco tiene que ver con la de España. Allí, este mes de agosto ha habido otros 4,2 millones de trabajadores que han renunciado a sus empleos (un 3% de los trabajadores), mientras en España, la cifra de agosto, con ser otro récord (7.490 “renuncias”), apenas supone el 0,0004% de los asalariados. Y, sobre todo, los norteamericanos que dejan sus empleos voluntariamente no lo hacen para irse a su casa (una minoría) sino para cambiar de trabajo, dado que ahora hay “un boom” de empleo y resulta fácil cambiarse: había 11,2 millones de empleos vacantes en EEUU a finales de julio, el doble que parados (5,66 millones). Así que hay una enorme “rotación”, que explica “La Gran Renuncia”. En España, por desgracia, no pasa esto: a finales de junio había 145.053 empleos vacantes, para casi 3 millones de parados, según el INE. Con ello, el porcentaje de “vacantes” en España es el más bajo de Europa (0,9% de los empleos), según Eurostat: menos de un tercio que en la UE-27 (3% de vacantes), mucho menos que Alemania (4,5% vacantes) y sobre todo que en Estados Unidos (7,5% de los empleos están vacantes).

Así que aunque pueda parecer que en España tenemos el problema de “La Gran Renuncia” (46.064 trabajadores con empleos fijos han dejado su trabajo hasta finales de agosto), no es así, porque son pocos y porque no hay puestos vacantes (y mucho paro) como para que los españoles puedan pensar en cambiar de trabajo, como hacen los norteamericanos. En EEUU,  hay ahora un gran dinamismo económico y laboral tras la pandemia y las empresas se ven con el “problema” de tener que competir para que sus trabajadores no se les vayan y atraer a los que necesitan. Ojalá tuviéramos aquí ese problema USA… “Páguenles más” (“Pay them more”) fue la receta que les dio Biden a sus empresarios.

El problema que sí ternemos en España (y en todo el mundo) es que ha aumentado “la insatisfacción en el trabajo, tras el paréntesis de la pandemia, donde los trabajadores tuvieron tiempo para reflexionar sobre sus vidas. Tener que dejar sus hogares y familias, el teletrabajo y volver a las largas jornadas laborales y a ambientes laborales tóxicos, a cambio de bajos salarios (y contratos precarios) ha dado que pensar a muchos trabajadores, en todo el mundo y en España. Los que pueden (en España una minoría) han optado por cambiar de empleo y trabajar menos (o “de otra manera”), poniendo su vida y su familia por delante del trabajo (nada de “vivir para trabajar”). Pero la mayoría han tenido que volver a sus rutinas y aguantar un trabajo que no les convence, por falta de alternativas mejores.

Lo que está claro es que la pandemia ha sido “un punto de inflexión” para los trabajadores en todo el mundo y que hay una gran “insatisfacción”, como revela una encuesta hecha por la consultora PwC en 44 países: 1 de cada 5 trabajadores tiene previsto “renunciar” a su trabajo (irse) en 2022, ya sea para buscar otro o dejarlo. Y dan tres razones básicas: el bajo salario, no “realizarse” en el trabajo y carecer de futuro profesional. Otra encuesta de la consultora McKinsey, hecha en 6 países, releva que el 40% de los trabajadores consultados “no están contentos con su trabajo y están pensando en dejarlo cuando puedan”. Y citan como causas los salarios, la falta de flexibilidad y su bienestar.

En España, el último informe Hays, de 2022, señala que más de la mitad de los trabajadores están “desmotivados en su trabajo”: un 54%, frente al 47% en 2021. El primer motivo de descontento señalado es el sueldo, algo normal en un país donde los sueldos medios han subido un +10,2% entre 2007 y 2020, según la Agencia Tributaria, la mitad que la inflación (+20,3%), con lo que los ingresos “reales” de los trabajadores son menores (-10,1%) que antes de la crisis de 2008. Y recordemos que el salario medio en España son 1.751 euros brutos (unos 1.400 euros netos), un 20% por debajo del sueldo medio europeo. El segundo problema señalado son las condiciones de trabajo: contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral. Y el tercero, señalado por muchos encuestados, “tener un jefe tóxico”, que dificulta o impide la carrera laboral. Ojo a este dato: 3 de cada 5 trabajadores aseguran haber sufrido “discriminación en su trabajo”, por género, edad, apariencia física o inclinación política, según un recientísimo informe de Cegos.

Con esta “insatisfacción” de más de la mitad de los trabajadores, lo que tenemos en España no es “La Gran Renuncia” que preocupa en USA (trabajadores que se van a otro empleo) sino lo que algunos llaman “La Renuncia Silenciosa”: trabajadores insatisfechos que como no encuentran otro trabajo, se quedan en el que tienen y “cumplen a secas”. Hacen su horario estricto y no se implican en su trabajo, “pasan”, sin hacer nada que pueda justificar su despido. No están motivados y trabajan “lo indispensable”. Es un fenómeno que se da cada vez más en trabajos que no son vocacionales: en el campo, la hostelería, la construcción y el comercio. Como sienten que la empresa “les da poco”, ellos también aportan lo mínimo. Y eso daña seriamente la productividad de las empresas y del país.

Urge tomar conciencia de este problema laboral, el “pasotismo”, agravado tras las reflexiones durante la pandemia. Es hora de que las empresas reestructuren a fondo sus políticas laborales y dejen de quejarse del absentismo para intentar detectar su origen y combatirlo con eficacia. Hay que cambiarla gestión de los recursos humanos, en cuestiones básicas: procesos de selección, contratos, salarios, formación, organización del trabajo, conciliación  e integración laboral. Yo siempre digo que la democracia ha entrado en España en las instituciones y en la política, pero no en las empresas: hay demasiadas empresas donde rige el “ordeno y mando” del dueño. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta

Además, la mala organización del trabajo y la escasa integración de los trabajadores en la marcha de la empresa no sólo empeora los resultados de las compañías sino que es uno de los factores que explican la baja productividad de España (la menor entre los grandes países europeos), junto al modelo económico (demasiado peso de los servicios), la baja tecnología, el exceso de pymes y la falta de formación de los trabajadores. Así, “los jefes” en España ejercen más control sobre sus subordinados (un 41% frente al 24% en Alemania), sólo un 26% de las empresas encuestan las opiniones de sus empleados (un 51% en Alemania) y sólo el 17% toman las decisiones “en equipo” (el 35% en Alemania), según revela un estudio de CaixaBank Research. En definitiva, que tiene un gran peso la gestión del “ordeno y mando” y eso no ayuda a mejorar la productividad de las empresas y el país.

Frente a estos problemas, la mayoría de las empresas no modifican su gestión de personal y la patronal aprovecha para quejarse de que “no encuentran trabajadores para contratar”: en el campo dicen que les faltan entre 50.000 y 100.000 jornaleros (a los que “mal contratan” y “mal pagan”, obligándoles a “malvivir” en chabolas de temporeros que denuncia la ONU), en la construcción dicen que les faltan 700.000 trabajadores, 50.000 en la hostelería y otros 20.000 camioneros… Parece que “la gente no quiere trabajar. No es así: la gente quiere trabajar con contratos, sueldos y condiciones dignas, no de cualquier manera. Y en otros casos, no encuentran trabajadores formados, porque las empresas y el país no apuestan por formar empleados más capacitados. Así que el problema no es “La Gran Renuncia”, sino “La Gran Desilusión”, que el trabajo ya no es lo que era. Paguen más y traten mejor a los trabajadores: verán como tienen más. Están a tiempo.

jueves, 21 de marzo de 2019

Más control a la jornada laboral


A partir del 12 de mayo, todas las empresas estarán obligadas a llevar un control horario de entrada y salida de sus trabajadores y guardarlo 4 años, según el decreto recién aprobado por el Gobierno Sánchez. El objetivo es luchar contra el enorme fraude de horas extras que ni cotizan ni se pagan: 2,82 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas ahorran 2.700 millones anuales. Un tema muy grave porque todas las horas extras evitan contratar a 170.000 nuevos trabajadores y agravan el déficit de la Seguridad Social. También se obligará a fichar para evitar otro fraude: los que tienen contrato por 4 ó 6 horas y en realidad trabajan 8, 10 ó 12 y cobran el resto en negro, cotizando menos, algo frecuente en hostelería y comercio. Al final, España es uno de los paises europeos donde se trabaja más horas, aunque seamos menos productivos. Hacemos jornadas larguísimas, en contra de las mujeres y la vida familiar. Trabajemos menos y mejor.

A partir de Edvard Munch enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como pasa también en el resto de la Europa del sur. Para las empresas, es una forma de recortar costes y ahorrarse dinero en personal, sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear” el sueldo y llegar mejor a fin de mes. Así que todos “colaboran”. Al final, la jornada pactada en los convenios es de 151,1 horas al mes (septiembre 2018), según el INE,  37,77 horas a la semana, pero más de la mitad de los ocupados trabajan más de 40 horas efectivas semanales: 8,4 millones de españoles el 43% de los ocupados)  trabajan de 40 a 49 horas y otros 1,5 millones (7,7%) trabajan incluso más de 50 horas a la semana, según la EPA. Los que trabajan jornadas más largas son los jóvenes (el 55% tienen entre 25 y 34 años) y los empleados en hostelería, comercio, construcción y algunas industrias, sobre todo en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria y Galicia.

La jornada efectiva supera mayoritariamente las 40 horas semanales porque han vuelto a crecer las horas extras, tras haberse reducido con la crisis. En los años de “bonanza” se llegó al récord de horas extras: 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego estalló la recesión y las empresas metieron “un tajo” a las horas extras, bajándolas a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012. Pero ese año, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba amplios poderes a los empresarios para fijar la jornada y las horas extras, que empezaron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales, en la primavera de 2015. Y en 2016 y 2017 se mantuvieron por encima de los 6 millones de horas extras semanales, cerrando el año 2018 con 6.435.000 horas extras semanales, un 5% más que en 2017, según el INE.

Tomando la media de 2018, se hicieron 6.450.650 horas extras semanales, el mayor número de horas hechas desde 2009, aunque son menos de las horas medias semanales hechas en 2008 (9.387.050). Las horas extras se hacen sobre todo en la industria (más de 1 millón de horas a la semana), el comercio (927.500), la hostelería (657.000), el transporte y almacenamiento (500.700), la sanidad y servicios sociales (493.000) y la construcción (462.100 horas semanales). Dos de cada tres horas extras las hacen los hombres (66%), sobre todo los que tienen mejores empleos y trabajan en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía (las cuatro concentran dos tercios horas extras).

Lo más llamativo no es sólo que hayamos vuelto a hacer más horas extras, sino que casi la mitad de las horas extras no se pagan: el 46% a finales de 2018, concretamente 2.962.000 horas semanales que se hicieron gratis, según la EPA (INE). Con la recuperación, ha aumentado el número de horas extras no pagadas, que sólo suponían el 40% del total en 2008. Estas horas gratis suponen un importante ahorro para las empresas: si el coste total de una hora de trabajo ronda los 20 euros (INE), con esas casi 3 millones de horas gratis, las empresas se ahorran 56 millones a la semana, 2.700 millones al año (descontando las semanas de vacaciones). Y los trabajadores pierden, al no cobrarlas, 13 euros por hora (coste salarial por hora, según el INE), o sea 38 millones a la semana y 1.824 millones al año.

Pero el abuso de las horas extras gratis tiene más costes. Para la Seguridad Social, porque las empresas no cotizan por esas casi 3 millones  de horas semanales gratis, lo que amplía el déficit de las pensiones (-18.937 millones en 2018): UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por horas extras no cotizadas.  Los trabajadores no sólo pierden ingresos sino sobre todo derechos al cotizar por menos horas de las que hacen realmente: cobrarán menos al coger una baja laboral, en la indemnización por despido, al cobrar el desempleo y sobre todo, al cobrar la pensión cuando se jubile. Pero lo peor es que el exceso de horas extras quita” empleo, porque las empresas suplen los nuevos trabajadores que necesitarían haciendo que los que trabajan hagan muchas horas. De hecho, si no se hicieran esas 6,45 millones de horas extras a la semana, las empresas contratarían 170.787 nuevos trabajadores (contando las 37,77 horas de jornada media pactada).

Las horas extras (pagadas y no pagadas) son muchas, pero las hacen una minoría de trabajadores: 797.000 empleados a finales de 2018, sólo el 4,84% de todos los asalariados, según la EPA, aunque son 141.500 más que en 2011 (entonces las hacían el 4,32% de los trabajadores). La mayoría son los que hacen de 4 a 6 horas extras semanales (el 30%), los que hacen de 1 a 3 horas (17,5%) y de 10 a 12 horas extras a la semana (otro 17,5%). Y de ellos, 338.100 asalariados (el 42,4% de los que hacen horas) son los que hacen horas extras no pagadas (198.700 hombres y 139.500 mujeres). Los sectores donde se hacen más horas extras gratis, según la EPA,  son las inmobiliarias (el 95,4% de horas no las pagan), educación (86,5%), banca (82,9%), actividades profesionales, científicas o técnicas (74,2%), información y comunicaciones (63,7%), eléctricas (52,7%), hostelería (49,2%) y comercio (48,6%). Las autonomías donde no se pagan más de la mitad de horas extras son Ceuta y Melilla (71% gratis), País Vasco y Madrid (56%), Cantabria (53%) y Galicia (51%). Por profesiones, hacen más horas extras gratis los directivos, técnicos cualificados y profesionales, con contratos indefinidos y en los servicios, según un informe de CCOO.

Todavía hay otras horas extras que no figuran en las estadísticas oficiales y que son el resultado de un fraude en los contratos a tiempo parcial: se contrata a alguien con un contrato por  4 horas y en realidad trabaja 6, 8 o 12 horas y esas horas “extras” se le pagan en negro (o no todas) y no cotizan por ellas. Y el trabajador, o acepta esas condiciones o se queda sin el empleo, que aceptará otro parado. Es algo cada vez más utilizado en hostelería, comercio, servicio doméstico y en muchas pymes del sector servicios. No en vano, de todos los contratos hechos en 2018, más de un tercio (35,8%) fueron contratos a tiempo parcial, mientras los dos tercios restantes eran a jornada completa. Y ya hay 2.894.800 ocupados con este tipo de contrato, el 14,8% de los trabajadores, la mayoría en los servicios (2.653.300 empleos a tiempo parcial) y entre las mujeres (2.159.300, el 74,6% del total son mujeres).

El contrato por horas se usa sobre todo en el servicio doméstico (el 55,2% lo tienen y el 60% de las mujeres que trabajan en este sector), las actividades artísticas (32,2% trabajan con contratos por horas y el 35% de las mujeres), las actividades administrativas (28,8% contratos a tiempo parcial y 43,1% las mujeres de este sector) y la hostelería (24,8% de los trabajadores lo tienen y el 32% de las mujeres), los sectores más proclives al fraude de trabajar más horas de las fijadas por contrato. De hecho, la Inspección de Trabajo, en el Plan por un trabajo digno (iniciado en agosto 2018), envió 130.000 cartas a empresas por presunto fraude laboral: 85.500 por contratos temporales que debían ser fijos y 50.000 por contratos a tiempo parcial que encubrían jornadas a tiempo completo (con horas extras no declaradas).

Ambos fraudes, el de un exceso de horas extras (el Estatuto de los Trabajadores las limita a 80 horas anuales, 1,6 horas a la semana, con un periodo de 4 meses para recuperar las horas extras no pagadas) y el de los trabajadores por horas que trabajan a jornada completa, son posibles porque los trabajadores no los denuncian y porque cuando los sindicatos o un trabajador lo denuncian, es muy difícil de demostrar, porque la mayoría de empresas no llevan un control estricto (muchas lo hacen “a mano”) de la jornada laboral, solo las grandes. Pero la Inspección de Trabajo sabe que el fraude es elevado: en 2014 hizo un plan de inspección en 2.900 empresas (de más de 3 millones) y detectó “irregularidades” sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Pero se quejan de que es difícil demostrarlo al no existir obligación legal de tener un control riguroso de los horarios.

Hasta ahora, la guerra contra las horas extras excesivas y sin pagar la han protagonizado los sindicatos y la banca, a la que han llevado desde hace años a los Tribunales. En 2015 y 2016, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias que obligaban a la banca a llevar un registro de jornada de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. A raíz de estas 3 sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016 una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada, lanzando además una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas. Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas 3 sentencias y finalmente el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 de marzo y 30 de abril 2017) que anulaban la obligación del registro diario de jornada, señalando que las empresas solo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Y con ello, la inspección de Trabajo dio marcha atrás y en mayo de 2017 anuló la exigencia del registro diario de jornada.

Pero “la batalla legal” no acabó ahí, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), dictó unauto, el 19 de enero de 2018, en el que planteó la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. Y hace poco, el 31 de enero de 2019, el abogado general de la UE ha dado la razón  a los sindicatos y propone al Tribunal de Justicia UE que declare que “la Carta Social Europea y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de jornada laboral efectiva”, porque es “la única manera de poder determinar la cantidad de trabajo realizado, su distribución y si son horas ordinarias o extraordinarias”. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo se espera en los próximos meses pero todo indica que harán caso, como es habitual, a la tesis de su abogado general.

Este apoyo judicial comunitario ha sido determinante para que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya aprobado el 8 de marzo un nuevo decreto-ley sobre control de horarios, que había pactado con los sindicatos y al que se opone la patronal CEOE. Establece la obligación de que todas las empresas implanten, a partir del 12 de mayo, un registro diario de jornada donde se especifique la hora de entrada y salida y que se debe guardar durante 4 años. Este registro de jornada debe estar a disposición del trabajador, los sindicatos y la inspección de Trabajo, que lo lleva pidiendo años para controlar que no se hacen horas extras ilegales o excesivas y que se pagan o compensan con horas libres. Y se establecen sanciones a las empresas que incumplan, hasta un máximo de 6.250 euros.

Habrá que esperar para ver si este mayor control de la jornada reduce el fraude y las horas extras, lo que antes o después favorecería a la creación de más empleo. Porque no es de recibo que el 2º país de Europa con más paro sea uno de los que tienen la jornada laboral más larga, debido sobre todo al exceso de horas extras. Así, la jornada laboral media en España era de 37,9 horas semanales en septiembre de 2018, frente a 37,2 horas en la UE-28 y 36,6 horas semanales en los paises euro (trabajan 62,4 horas menos al año), según Eurostat. Y salvo Grecia (42 horas semanales), Portugal (39,5 horas) y muchos paises del Este (40,5 horas en Polonia), el resto de Europa trabaja bastantes horas menos que España: 37,5 horas semanales Italia, 37,4 Francia, 37,3 Bélgica, 36,7 Austria, 36,6 Reino Unido e Irlanda, 36,3 Suecia  y 35 horas semanales Alemania.

Y a pesar de trabajar más horas, somos menos productivos, porque trabajamos con menos eficacia aunque “calentemos más la silla”:  la productividad total de España ha caído un 10,5% entre 1995 y 2017 mientras la de Europa ha mejorado un +4,5%, la de la eurozona un +1,4%, la de Alemania un +8,5% y la de Francia un +2,2%, mientras la de Italia caía un 9,7%, según un interesante estudio de la Fundación BBVA e Ivie, que explica porque somos ahora más pobres que media Europa (ocupamos el lugar 14 en el ranking de renta por habitante). Y esta menor productividad (y riqueza) se debe no a las horas que trabajamos sino al menor peso de la industria, a la menor formación de los trabajadores y parados, al menor gasto en tecnología a innovación, al menor tamaño de las empresas (demasiadas pymes), a la menor inversión pública, a la excesiva precariedad del empleo, al exceso de burocracia y normativas y a la deficiente organización de las empresas, según expliqué en un blog reciente.

Ahora, con el próximo control de jornada, la Inspección de Trabajo tienen una herramienta clave contra el fraude en las horas extras, aunque necesita más inspectores: tiene la mitad de plantilla que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1/7.300 en la UE-28. Y además, se necesita otra reforma legal para endurecer las sanciones, porque todavía son bajas (de 600 a 6.250 euros) y pueden llegar a “compensar” el fraude. En paralelo, el próximo Gobierno debería encarecer la cotización de las horas extras, para penalizar su uso excesivo y fraudulento. E incentivar fiscalmente y con cotizaciones a las empresas que transformen horas extras en nuevos empleos estables, el que debería ser nuestro gran objetivo final.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela laboral” con la que muchos trabajadores “colaboran”, obligados o voluntariamente. Pero hay que decirlo claro: las horas extras “roban empleo” a los parados. Por eso, hay que perseguirlas y crear una conciencia en contra, en paralelo a la mejora de los salarios. Y, sobre todo, buscar un acuerdo nacional por unos horarios razonables, por jornadas laborales que se acaben a las 6 de la tarde, para favorecer la conciliación familiar y sobre todo, la vida de las mujeres. Se puede y se debe competir y sobrevivir trabajando menos horas y repartiendo el trabajo entre más gente. La Europa más rica lo demuestra. Hay que trabajar menos horas y mejor.