Carburantes: un precio en cada autonómía

Ahora, cuando vamos de viaje hay que llevar en la guantera un cuadro con los impuestos que cargan las autonomías a los carburantes, el céntimo sanitario, que hace que la gasolina o el gasóleo cuesten hasta cinco céntimos más en unas que en otras. Ya son once autonomías las que aplican el recargo y cuatro al máximo (7,20 céntimos): Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña y Castilla y León, estas tres a partir de este 1 de marzo. Un impuesto que da la puntilla a los transportistas y que distorsiona el mercado, para conseguir unos ingresos extras que son el chocolate del loro y no resuelven la financiación de la sanidad. Eso sí, con la esperada subida de los impuestos especiales y los efectos de la crisis de Irán, los carburantes costarán pronto 1,5 euros, agravando la caída del consumo.

El céntimo sanitario es un impuesto de nombre irrecordable (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, IVMDH) que se inventó en diciembre de 2001 el Gobierno Aznar para ayudar a las autonomías a financiar la sanidad. Tiene una parte fija (tramo estatal), de 2,4 céntimos por litro, que se cobra en todas las autonomías (salvo Canarias) y un tramo autonómico, un recargo de 2,40 a 4,80 céntimos que fijan las autonomías. Y esto sobre el gasóleo y la gasolina, pero también se aplica sobre el consumo de gasóleo de calefacción (6 céntimos tramo estatal y 12 céntimos el autonómico) y de fuel (1 céntimo tramo estatal y 2 céntimos el recargo autonómico). Luego no sólo pagamos el céntimo sanitario al repostar carburante, sino en la calefacción y en las industrias. Sin enterarnos.

La primera autonomía que aplicó el recargo adicional, desde 2002, fue Madrid (Gallardón fue su defensor), 1,70 céntimos (en total, 4,10 de céntimo sanitario) y le siguieron Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Galicia (todas, 4,80 céntimos entre los dos tramos). En enero de 2011 se sumaron Andalucía, Murcia y Extremadura (todas, 4,80 céntimos en total). El 10 de enero de 2012, la Comunidad Valenciana subió su parte del recargo a 4,80 (7,20 céntimos de céntimo sanitario total) y lo mismo van a hacer el 1 de marzo Cantabria, Cataluña y Castilla León. En total 11 de las 17 autonomías, aunque se lo están pensando el País Vasco y Aragón.

La mitad de la recaudación (58%) del céntimo sanitario (tramo estatal) va a las autonomías y los recargos son para ellas. El ingreso estatal supone unos 1.100 millones año (8.500 millones entre 2002 y 2009) y los recargos otros 700 millones adicionales (2011). El chocolate del loro para financiar una sanidad que cuesta 52.000 millones al año. De hecho, con los 120 millones extras que va a recaudar Castilla y León con esta subida, paga 22 días de sanidad. Y los 22 millones extras de Cantabria le dan para pagar 11 días. Algo, pero poco.

A cambio, el céntimo sanitario tiene muchos efectos perversos. Primero para los transportistas, aunque algunas autonomías les devuelven la mitad o todo ( y según a quienes). Pero estiman que el céntimo sanitario les encarece costes en 5.000 euros al año por camión. Luego están los efectos negativos sobre las estaciones de servicio, por el efecto frontera, que arruina a las gasolineras que están en autonomías caras y cerca de otras más baratas (las de Comunidad Valenciana limítrofes a Murcia o las de Castilla y León o Cataluña próximas a Aragón o Galicia. Y crean problemas de distribución a Repsol, Cepsa o BP. Además, perjudica a los conductores que viven en las autonomías más caras o que viajan habitualmente por ellas.

Al final, el céntimo sanitario está desde noviembre de 2011 en el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, enviado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de una de las muchas demandas en contra presentadas por los transportistas. La Comisión Europea ya emitió en mayo de 2008 un Dictamen motivado contra el céntimo sanitario, por considerar que no es conforme a la normativa comunitaria (ya hay un impuesto armonizado sobre hidrocarburos) y porque no hay constancia de que los fondos recaudados vayan de verdad a la sanidad. Ahora se espera que el Tribunal europeo falle en contra, aunque puede tardar dos años y mientras las autonomías tapan sus agujeros. Eso sí, luego tendrán que devolver lo cobrado a los conductores en los últimos cuatro años, unos 4.000 millones de euros.

Hasta entonces, el céntimo sanitario seguirá ahí (y creciendo). Y es posible que esta primavera se le sume una subida de los impuestos especiales a los carburantes, con el nuevo Presupuesto 2012 (la última subida, 2,9 euros por litro, la hizo ZP en julio de 2009). Sobre todo, porque el Gobierno Rajoy tiene margen para hacerlo ya que España tiene los carburantes más baratos de Europa, tras Eslovenia, Chipre y Luxemburgo. Y luego está lo peor: la crisis de Irán, que ya ha hecho subir el petróleo por encima de los 124 dólares barril, el precio máximo desde mayo de 2011 (y más si hay que pagarlo con un euro a la baja). Y podría subir más, a medida que Irán corte el suministro (un 14% de las importaciones de España) y Europa ponga en marcha su embargo el 1 de julio.

Todo ello apunta a que esta primavera tendremos los carburantes por encima de 1,50 euros y subiendo. Una factura dura de pagar, como país y como consumidores, pero que no se puede mezclar con el problema de financiar la sanidad. Primero, el céntimo sanitario es doblemente injusto: un conductor que viaja por una autonomía no tiene por qué pagar una sanidad que no usa. Y esos céntimos de recargo los paga igual un parado que un directivo. Y segundo, es el chocolate del loro, que no resuelve un problema, financiar la sanidad, que pasa por ajustar gastos, implantar un copago por receta farmacéutica y conseguir más ingresos estables vía impuestos directos, para que ayude más quien más tiene. No todos los conductores.

Más retenciones y menos sueldo

Este mes de febrero, la mayoría de los trabajadores notarán en sus nóminas que les bajan el sueldo. Es porque les suben las retenciones del IRPF, por la subida de impuestos que aprobó el Gobierno Rajoy en diciembre, la mayor de la democracia. Tambien notarán rebaja en su pensión uno de cada cinco pensionistas. El resto de los contribuyentes lo notarán en la primavera de 2013, cuando presenten la declaración de este año, en la que también pagarán  más por los recargos fiscales en seis autonomías. España se convierte así en el segundo país con los impuestos más altos, por detrás de Suecia. El mayor problema es que con la subida de impuestos, la moderación salarial y la caída del empleo, caerá más el consumo, lo que agudizará la recesión en 2012.

La subida de impuestos supondrá que pagaremos este año 6.475 millones más: dos tercios saldrán de las rentas del trabajo (4.111 millones), casi un tercio pagarán los ahorradores (1.246 millones por depósitos, fondos y plusvalías), otros 918 millones los pagarán quienes tienen un piso (subirá el IBI a 25 millones de viviendas, la mitad más cara de cada ciudad) y los 200 millones restantes los transportistas, que pierden la bonificación al gasóleo.

Centrándonos en el IRPF, la subida obliga a subir las retenciones mensuales en las nóminas, ya en febrero. Subirán todas, la mayoría entre un 1 y un 3%, en proporción a lo que han subido los tipos en todos los tramos de renta: +0,75% hasta 17.707 euros, +2% entre 17.707 y 33.007, +3% entre 33.007 y 53.407, +4% entre 53.407 y 120.000, +5% entre 120.000 y 175.000, +6% entre 175.000 y 300.000 y +7% a los que ganan más de 300.000 euros al año). Las reajustan las empresas, según los datos de cada trabajador, y se pueden consultar en el portal de la Agencia Tributaria.

En líneas generales, dos de cada tres contribuyentes notarán la subida, unos 13,1 millones, mientras a otros 6,2 millones no les afecta, según un estudio universitario. Para sueldos inferiores a 12.000 euros anuales, la rebaja media serán unos 20 euros al año. Entre 12.000 y 22.000 euros notarán bajadas de 35 a 72 euros. A los que ganen entre 22.000 y 27.000 ya les suben los impuestos 108 euros. Y a partir de 30.000 euros año es cuando van a notar la subida: desde 200 euros a 1.850 para los que ganan más de 45.000 euros. Una subida progresiva, que recae sobre todo en las clases medias y altas, aunque pagaremos más todos, con una subida media de 387 euros en 2012 (el informe de Gestha la rebaja a 222 euros por contribuyente).

La subida de impuestos también va a rebajar algunas pensiones, de uno de cada cinco pensionistas. Por un lado, a los 3,4 millones de pensionistas que ganan entre 9.500 y 17.700 euros, la subida de tipos (+0,75%) les come casi toda la subida de este año (1%). Y los 1,6 millones que cobran entre 17.707 y 33.077 euros tendrán una subida de impuestos del 2%, que se come la mitad de su revalorización: perderán entre 55 y 250 euros este año.

Hay otra subida de impuestos que no se refleja ahora en las nuevas retenciones, sino que la pagaremos al presentar la declaración en 2013: los recargos de seis  autonomías, entre el 2% (Comunidad Valenciana), el 3% (Cantabria, Extremadura y Andalucía), el 3,5% (Asturias) y el +4% de Cataluña, que ha subido el tipo máximo del 52% en el resto de España al 56%. Con ello, los contribuyentes de estas autonomías van a pagar más IRPF, sobre todo porque también varían las deducciones. Así, una familia paga 3.448 euros más en unas regiones que en otras, según el REAF.  Además, este año se pagará impuesto sobre patrimonio (más de 700.000 euros) en toda España, salvo en Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, que bonifican la cuota al 100%.

Junto a esta subida de impuestos, hay otra que pagaremos sin saberlo, la derivada de que este Gobierno tampoco haya deducido la inflación de la tarifa (deflactarla) ni de los tramos de la renta, algo que se hizo hasta 2008. Con eso, ganando lo mismo, pagamos más (al margen de esta subida de tipos), porque  no se han actualizado las deducciones (ni el mínimo personal y familiar ni por rendimiento del trabajo) ni los tramos de renta, que llevan 4 años invariables. Eso supondrá pagar unos 2.500 millones más en 2012, según cálculos de Gestha, una media de 130 euros por contribuyente. Una subida encubierta.

Al final, con esta subida de impuestos, la mayor de la democracia, España (52% de tipo máximo) pasa de ser el 11º país de Europa con más impuestos al 3º, sólo por detrás de Suecia (56,6%) y Bélgica (54%). Y los que viven en Cataluña (56%), Asturias (55,5), Andalucía, Extremadura o Cantabria (55%) pagan más impuestos que ningún país del mundo, salvo Suecia y la isla caribeña de Aruba. Y no sólo los más ricos, sino también en los demás tramos de renta, según un estudio del Instituto Juan de Mairena. Algo que no se corresponde ni con lo que ganamos (22.000 € de media frente a 35.000 de media en la UE) ni con los servicios públicos que recibimos, ahora además recortados.

Con todo, lo peor de esta subida de impuestos no es pagarlos. El peor efecto es que esta subida de retenciones rebaja aún más el poder adquisitivo de los españoles. Y si sumamos la moderación salarial (subidas del +0,5% pactadas por sindicatos y patronal y para muchos nada, frente a una inflación del 1,5% mínimo) y la pérdida de empleos (hasta 600.000 más en 2012), podría esperarse una caída del consumo de 20.000 millones de euros este año. Y como el consumo aporta un 60% al crecimiento, eso podría traducirse en una caída del PIB del -1,2% sólo por eso. O sea, más impuestos, menos consumo, más recesión. Ayudan a reducir el déficit, pero nos meten más en el pozo. Así no salimos.   

Hay que volver a "hacer las Américas"

Esta va a ser la década de Latinoamérica. El continente crece con fuerza desde 2003, tras salir del túnel de los años 80 y 90. Y apenas está notando la crisis, aunque crecen menos por el estancamiento de Europa y EEUU. Pero tienen un gran potencial y son el motor del mundo, junto a Asia. Por eso, España debe aprovechar y reforzar su presencia en Latinoamérica, frente a chinos, norteamericanos y alemanes, que nos están haciendo sombra en el continente. América Latina es vital para las grandes empresas españolas, que ya ganan más allí que en España. Pero debería ser una válvula de escape para las pymes, para invertir y comerciar en Latinoamérica. Hay que volver a “hacer las Américas”.

Latinoamérica salió en 2003 del túnel de dos décadas de dura crisis y lleva nueve años de fuerte crecimiento (4,1% de media en 2005-2010 y un 6,1% en 2010), con la salvedad de 2009 (-1,7%). Y lo más importante: sus economías se han saneado y ahora tienen superávits en sus cuentas públicas, muchas reservas de divisas, poco endeudamiento y poca inflación. Y son la región del mundo que atrae más inversión. El motor de su crecimiento son las exportaciones, materias primas y alimentos, empujadas por las compras de China, que se han triplicado.

Pero Latinoamérica no es ajena a la crisis de Estados Unidos (que provoca menos compras e inversión en México y Centroamérica) y de Europa (la crisis del euro reduce inversiones, encarece el crédito, fortalece el dólar y debilita sus monedas y exportaciones). Y luego está el temor al “pinchazo” de China, que si recorta su crecimiento y sus compras podría provocar una caída de precios de las materias primas y del crecimiento de Brasil, Chile, Argentina y Perú, sus principales socios.

De hecho, Latinoamérica se ha constipado en 2011, bajando su crecimiento un tercio (del 6,1 al 4,6%), aunque sea el triple que Europa (1,6%). Y para 2012, el FMI estima que baje al 3,6% (el doble que EEUU y a años luz de la recesión en Europa, con -0.5%). Lo que hizo saltar las alarmas fue que Brasil, la potencia regional, no creciera nada el tercer trimestre de 2011. Pero fue algo “buscado”: se había detectado una cierta burbuja en el crecimiento y las autoridades subieron hasta cinco veces los tipos para atajarla. Ahora ya están reanimando la economía, para hacer frente a la crisis europea y de EEUU, con lo que esperan crecer un 3% en 2012.

A pesar del constipado, Latinoamérica es la región del mundo con más potencial: tienen energía, agua, alimentos, grandes superficies cultivables, materias primas y una población joven que está saliendo de la pobreza. De hecho, sólo en los últimos 8 años, Brasil ha sacado de la pobreza a 46 millones de personas. Y se está creando una clase media, que supera el 50% en muchos países, cuyo consumo va a ser el motor del despegue de Latinoamérica, junto a las exportaciones. Sus retos son aprovechar la bonanza económica para diversificar sus economías, modernizar la Administración  y  construir un sistema fiscal que les permita invertir en servicios, tecnología, educación e infraestructuras.

Y aquí, España puede jugar un papel clave. Ya lo juega, porque es el segundo país inversor en Latinoamérica (con 300.000 millones de euros), tras EEUU y con China detrás. Pero desde 2005, nuestras inversiones se han ralentizado (entre 2005 y 2011 se ha invertido lo mismo que en 1999), mientras ganan posiciones EEUU y China (han triplicado sus inversiones), India, Holanda, Canadá y Alemania (que las ha duplicado).

Con todo, la asignatura pendiente es comercial: sólo un 5,6 % de nuestras exportaciones van a Latinoamérica, continente con el que tenemos déficit comercial (-3.904 millones €). De hecho, exportamos mucho más a Portugal que a toda Latinoamérica. Y vendemos más a Canadá, India o Noruega que a Argentina, por ejemplo. En general, vendemos coches, maquinaria, productos farmacéuticos. Y les compramos alimentos y materias primas.

España necesita hacer un nuevo esfuerzo para aprovechar esta década prodigiosa que se augura para Latinoamérica. Ya tenemos una base firme, que son las grandes empresas españolas instaladas allí y para las que el continente es clave: Telefónica (el primer inversor mundial en Latinoamérica, donde tiene la mayoría de clientes y el 46% de sus beneficios), Banco Santander (que obtiene allí el 51% de sus beneficios totales), BBVA (65% de sus clientes y 50% de sus beneficios), Repsol-YPF (40% beneficios y más plantilla allí que en España), Endesa (42% beneficio), Gas natural, Mapfre, Eulen y las grandes constructoras, hasta un total de 150 grandes empresas, cuyo futuro y plantilla dependen más ahora de Latinoamérica que de España.

Pero faltan las pymes, ya que en España, 1.000 grandes empresas acaparan dos tercios de las exportaciones. Hay que hacer un Plan para que las pymes se lancen a “hacer las Américas”, donde hay grandes oportunidades en infraestructuras, energía, tecnologías de la información, bienes de consumo, educación y sector editorial. Estamos allí de los primeros, tenemos el idioma y la cultura, podemos hacerlo. Las oportunidades están sobre todo en Brasil (Mundial 2014 y Olimpiadas 2016), que es ya la sexta potencia económica del mundo (tras superar en 2011 al Reino Unido), en México, Argentina y Chile, pero también en los dos países sorpresa de la región: Colombia (que espera desbancar a Argentina como tercera potencia regional en 2014) y Perú, que tuvo en 2011 el mayor crecimiento del continente (+9,2%).

Hace falta crear mecanismos de ayuda y cooperación (a pesar de los recortes) a este nuevo desembarco de España en Latinoamérica, con más apoyo político, tras el fracaso de la última Cumbre Iberoamericana de Asunción. Rajoy ha dicho que una de sus prioridades es Latinoamérica. Tendrá que demostrarlo y preparar con mucho detalle la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en noviembre de este año, una ocasión de oro para relanzar la marca España en el continente. De ello van a depender el futuro de muchas empresas y muchos empleos en España. Al loro.     

TV: duopolio privado sobre la tumba de TVE

Otro recorte del Gobierno Rajoy ha sido para RTVE: 200 millones, más de un tercio de la subvención que recibe. Con ello, la televisión pública, líder de audiencia, tendrá que recortar su oferta, ya que ni el Gobierno ni las privadas quieren que tenga publicidad. Además, se ha preparado una Ley para privatizar las televisiones autonómicas, un costoso desastre que quedará en manos de productoras, tras un doloroso ajuste. Así  tendrán más poder las televisiones privadas, ahora sólo dos grupos, con las fusiones: Telecinco y Antena 3, con el 86% de la publicidad. Un duopolio construido sobre la tumba de TVE, que debería sobrevivir con dignidad  para mejorar la calidad y la independencia de la oferta televisiva. Pero para eso hay que financiarla mejor.

enrique ortega

El Gobierno Zapatero cavó la tumba de TVE, al quitar la publicidad en 2010, y el Gobierno Rajoy pone la lápida, con un recorte de 200 millones que va a asfixiarla: es más de un tercio de la subvención (547 millones) y un 16,6% de su presupuesto (1.187 millones). Y podría haber más recortes, ya que ha encargado una auditoría (¿no le vale la de la Intervención general del Estado?). Los gestores de RTVE dicen que el recorte les coloca en una situación insostenible, ya que el 80% del gasto está comprometido  y no resultará fácil cortar (han ajustado directivos y sueldos) ,salvo empeorando la oferta de programas y forzando a un nuevo ajuste de plantilla (tras los 4.000 que salieron).

RTVE debe gestionarse mejor, pero su problema no es sólo este recorte: está fallando el esquema de financiación de TVE. La Comisión Europea ha denunciado a España por obligar a las empresas de telecomunicaciones a financiar (con un 0,9% de sus ingresos) a RTVE. Y si el Tribunal de Justicia UE falla en contra, se quedará sin 188 millones anuales, que cobra con dificultades, como los 91 millones de las TV privadas, con lo que cerró 2011 con un déficit de 50 millones (el tercero desde 2009). El Gobierno lo sabe y busca  un nuevo modelo de televisión pública, pero no quiere que RTVE vuelva a tener publicidad, aunque solo piden patrocinios de 3 minutos por hora (ingresarían 100 millones).

En paralelo, el Gobierno Rajoy ha aprobado el 13 de enero una Ley para privatizar las televisiones autonómicas a partir del verano. El objetivo es permitir una gestión privada o mixta de lo que ahora es un servicio público, pésimamente gestionado: las 13 TV autonómicas cuestan 1.588 millones de euros al año entre subvenciones y pérdidas, con una deuda de 1.630 millones. Muchos dirigentes del PP prometieron, antes del 15-M, cerrarlas o venderlas, pero ahora que controlan 11 de las 17 autonomías no han hecho ni una cosa ni otra, aunque todas sufrirán este año fuertes recortes de presupuesto, de canales y programas (quitarán fútbol y Formula 1) y algunas, de personal.

El mayor problema de las autonómicas es su abultada plantilla (10.834 personas, frente a 1.000 en todas las privadas). Y todas pierden porque apenas tienen audiencia (un 10,4 % frente al 17,6% en 2005) ni publicidad: 198 millones en 2011, un 9% del pastel, que les cae año tras año (- 27% en 2011). Ahora, las televisiones privadas huelen este trozo de la tarta y piden al Gobierno que quite también la publicidad a las autonómicas, como hizo ZP, que les regaló en 2010 los 500 millones que ingresaba TVE. Pero si las autonomías quieren privatizar sus televisiones, tendrán que hacer antes duros ajustes de plantilla, quedarse con su deuda  y dejarles la publicidad, que es lo que atraerá a las productoras, que ya gestionan hoy informativos (Secuoya y Vértice) en las TV de Baleares, Murcia, Aragón, Canarias o Madrid.

Al final, la mayoría de dirigentes autonómicos acabarán teniendo “su televisión”, gestionada por productoras afines, que sacarán su tajada, con apoyos y ayudas mutuas. Y ello reforzará el poder las televisiones privadas y sus productoras (Mediapro, Globomedia, Endemol, Ganga o New Atlantis), un mercado que tras la absorción de la Sexta por Antena 3 (y antes la de Cuatro por Telecinco), se ha convertido en un duopolio: controlan ya el 86 % del mercado publicitario (en Francia, Alemania o Gran Bretaña, las dos grandes TV privadas controlan del 60 al 77%), aunque sólo tengan el 51,1 % de la audiencia (con sus canales TDT), dominada por la 1 de TVE (14,5%), por tercer año consecutivo. Un duopolio muy poderoso, que preocupa a los anunciantes (les imponen condiciones) y que está deteriorando la oferta televisiva, centrada en los beneficios (150 millones Telecinco y 90 millones Antena 3): “Hacemos televisión para vender publicidad”, dijo una vez el presidente de Telecinco. Clarito.

La crisis y la caída de la publicidad en TV (-9,7 % en 2011 y otro -6% previsto para 2012) hacen que las privadas sean más agresivas con TVE y con las autonómicas. Pero España debe plantearse si quiere o no mantener televisiones públicas. En el caso de TVE, la más barata de las públicas europeas (55 euros al año por familia, frente a los 180 € del canon de la BBC, los 120 € de Francia o el canon de 200 €  de las públicas alemanas), tengamos claro que por el camino de los recortes acabará deteriorándose y cayendo en calidad y audiencia. Y en el caso de las autonómicas, habrá que plantearse si tiene sentido mantenerlas y a qué precio (y si una productora privada puede gestionarla con criterios de servicio público).

No se lleva, pero hay que defender una televisión pública de calidad, independiente y bien gestionada. Y eso tiene un precio, que habrá que pagar. Sobre todo, porque nos tiramos 4 horas al día ante la televisión, un artilugio clave de formación (o de-formación) y de información (o des-información). Hemos pasado de 2 a 40 canales y la oferta es cada vez de peor calidad, con más telebasura y más anuncios. El negocio es así. Por eso no podemos liquidar las televisiones públicas, las de todos. Nos jugamos mucho.

Reforma laboral : a cambiar plantillas

Despedir será ahora más fácil y barato. Y habrá más ayudas para contratar a jóvenes y parados. La reforma laboral de Rajoy crea incertidumbre a 14,8 millones de asalariados, a los que su empresa podrá despedir con 20 días si tiene pérdidas o vende menos (la mayoría). Y da esperanzas a 5,27 millones de parados, porque hay más ayudas para contratarlos. Pero como estamos en recesión, las empresas piensan más en despedir que en contratar y esta reforma se lo facilita. El riesgo es que las empresas se quiten personal antiguo y lo cambien por personal más joven y barato. Los padres por los hijos. De momento, los que trabajan han perdido derechos. Falta por ver que sea para salvar empresas y empleos. Porque, más que otra reforma laboral, lo urgente es un Plan de choque para reanimar la economía.

enrique ortega

Es la tercera vez en los últimos treinta años que el paro supera en España el 20%, aunque nunca había superado los 5 millones (ahora hay más población activa). La primera fue en 1984-86, a raíz de la crisis de 1979-82. La segunda, con la crisis del 92, que produjo altas tasas de paro hasta 1997 (23,9% en 1994, más que ahora). Y la tercera, la crisis actual, con un 22,9% de paro en 2011. Es recurrente: cuando la economía crece poco, menos del 2%, el paro se dispara en España mucho más que en el resto de Europa. Y en todos estos años, los Gobiernos han buscado la receta en la reforma laboral: 58 reformas desde 1980. Sin éxito.

¿Por qué cuando hay crisis, el paro se dispara más en España? Por un lado, nuestra estructura económica es menos competitiva, con menos peso de la industria (17% del PIB y 14% del empleo, frente a un 27% en Alemania) y un mayor peso del ladrillo y los servicios. Nuestras empresas son más pequeñas, exportan menos (sólo 39.000 de 3,2 millones) e incorporan menos tecnología e innovación. No es casualidad que el País Vasco (con un 27% de industria, muy exportadora y con mucho I+D+I) tenga sólo el 12 % de paro. Además, la mitad de los españoles tienen una baja formación (ESO o inferior) frente a un 22,1% en Europa. Y cuando vienen mal dadas, son los primeros que despiden las empresas. Y luego hay factores laborales: la negociación colectiva es muy rígida (en plena crisis subieron los salarios y no se repartió el empleo) y dos de cada tres empresarios optaron por hacer frente a la crisis con despidos.

Lo que no se puede decir es que España no tenga flexibilidad laboral: desde 2002 se han producido 7 millones de despidos, dos tercios despidos exprés, sin causa, al amparo del decretazo que aprobó el Gobierno Aznar en 2002. Despedir se podía, aunque era más caro que en Europa: 45 días por año (máximo 42 meses). Y por eso, la mayoría  de los despedidos han sido los contratados temporales (12 días de indemnización), que eran un tercio de los contratos gracias a otra reforma, la del Gobierno González en 1984, que agobiado por el paro abrió la mano a la contratación temporal, el 95% de los contratos hechos en 2011.

Ahora, la reforma Rajoy tiene tres patas. Una, la más polémica, facilitar y abaratar el despido. Se rebaja de 45 a 33 días la indemnización por despido improcedente y se facilita el despido por causas económicas: cualquier empresa “con pérdidas actuales o previstas” o con caída de ventas durante 9 meses (la mayoría) podrá presentar un expediente de despidos, sin tener que esperar una autorización administrativa, como ahora. Y con una indemnización de 20 días por año (máximo 12 meses), cuando ahora la mayoría de ERES pagaban 45 y más. Y esto vale también para empresas y organismos estatales, autonómicos y municipales, que podrán hacer ahora estos “EREs de a 20” al personal no funcionario (850.000 contratados).

La segunda, se permite al empresario rebajar el sueldo de sus trabajadores por razones de competitividad o productividad (caída de ventas 6 meses o pérdidas, incluso su previsión) y  cambiarles la jornada, el horario, los turnos o las funciones, sin pactarlo con nadie si afecta  a menos de un 10% de la plantilla (si es más, habrá consultas y un mediador). Si el trabajador no acepta, se puede despedir con 20 días por año (y un máximo de sólo 9 meses).

La tercera pata de la reforma, la más “vistosa”, es el nuevo contrato indefinido para que las pymes contraten con ayudas a jóvenes, mujeres y parados de larga duración, aunque tienen un periodo de prueba de 1 año (podría haber un abuso de despedir y rotar contratos). Además, se impulsa el contrato de formación y el de tiempo parcial, una especie de minijobs: trabajar menos horas por 480 euros. Y además, se quiere mejorar la formación (clave) y la gestión del desempleo, con la entrada de las ETTs privadas, que ya autorizó el Gobierno socialista hace un año pero que están paradas porque las autonomías no les firman los convenios.

Al final, ahora el despido es más fácil y barato, lo que agilizará los EREs pendientes (12.000 despidos, entre ellos los de Spanair). Y hay muchas empresas y organismos públicos que estaban a la espera de la reforma para ajustar más sus plantillas, por la caída de ventas. El informe del BBVA vaticina  2.000 nuevos parados diarios en 2012, por la recesión. Ahora su salida será más fácil. Y también que las empresas rebajen costes salariales, en un país donde ya hay 8 millones de asalariados mileuristas, de los que 5,7 millones (un tercio de los ocupados) ganan el salario mínimo (641,20 € al mes) o menos. Caerá más el consumo.

Lo que es más dudoso es que se creen empleos, a pesar de las nuevas ayudas, porque la economía está en recesión y las empresas no piensan en crecer: sólo el 4% de las empresas crearán empleo en 2012, según las Cámaras de Comercio. Lo que puede pasar es que se cambien empleos viejos, más caros, por nuevos, más baratos y precarios. Padres por hijos.

Para atajar el paro y crear empleo, hace falta un Plan de choque para reanimar la economía, con incentivos a la inversión y a la actividad, bajando cotizaciones sociales como ha anunciado Sarkozy (subiendo el IVA y algunos impuestos). Estamos en recesión y la reforma laboral de Rajoy, aunque guste mucho a Bruselas y a  los mercados (pero Moody´s ha vuelto a bajar la nota de España, por la recesión), va a agravar el paro y frenar más el consumo este año, aunque pueda servir para crear empleo cuando la economía se recupere. Pero eso será en 2014 y entonces tendremos más de 6 millones de parados. Eso sí, no serán los de ahora: saldrán unos y entrarán otros. Cambiarán las plantillas.

Somos menos solidarios con la crisis

Otro recorte del Gobierno Rajoy ha ido a la Cooperación, a la ayuda al desarrollo de países pobres: habrá 900 millones menos este año, que se suman a los recortes de Zapatero en los tres años anteriores. Con eso, España, que era el 7º país más solidario del mundo, se aleja del objetivo de gastar el 0,7% pactado por todos los partidos en 2007. Y además, empresas y particulares estamos dando menos ayudas a las ONGs, que recortan proyectos y plantillas. Hay crisis sí y mucha necesidad de ayudas en España, pero si descuidamos la Cooperación internacional, perderemos peso económico y político en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y África. Ayudar a otros países es también una manera de vender la marca España.

enrique ortega

España llegó tarde a la Cooperación internacional, como a casi todo: hasta diciembre de 1991 no ingresamos en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Empezamos aportando pocos fondos, hasta que Zapatero se lo tomó como una prioridad y España pasó a multiplicar por cuatro su ayuda al desarrollo entre 2002 y 2008 (de 1.712 millones a 5.500), convirtiéndose ese año en el 6º país donante del mundo, tras EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido y Japón. En esto llegó la crisis y los fondos  estatales para  la Cooperación se recortaron, más de 2.000 millones entre 2009 y 2011, quedando en el 0,4% del PIB.

Rajoy ha seguido por esta senda, con un primer recorte de 900 millones para 2012, además de quitar rango a la Secretaria de Estado de Cooperación (la ha fusionado con la de Iberoamérica), suprimir la Comisión delegada de Cooperación y la Dirección general de Políticas de Desarrollo, que era el alma de la cooperación española en Exteriores. Y las autonomías, que aportan el 11% de los fondos de Cooperación, han recortado otros 100 millones para 2012, tras un recorte de 160 millones entre 2010 y 2011. Castilla la Mancha ha suprimido todos sus fondos, la Comunidad Valenciana y Cataluña los han reducido a la mitad y  Galicia un 48%. También los Ayuntamientos (que aportan un 3% de las ayudas al desarrollo) han metido la tijera, suprimiéndose las deducciones en Madrid. Y lo mismo las Universidades (9 millones de ayudas), empresas, bancos y Cajas, ahora con aportaciones mínimas.

Al final, la ayuda al desarrollo tendrá este año poco más de 3.000 millones de euros, casi la mitad que en 2008. Un 0,3% del PIB, lejano del 0,7% que pactaron para 2012 todos los grupos políticos, al firmar en diciembre de 2007 el llamado Pacto de Estado contra la Pobreza. España ha bajado ya al 7º puesto del ranking solidario (nos han superado los Países Bajos), mientras muchos países, como Alemania, Francia o Gran Bretaña, están aumentando sus ayudas al desarrollo y Europa se plantea alcanzar el 0,7% de esfuerzo para 2015 (ya lo cumplen Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos y Luxemburgo).

Los menores fondos públicos en Cooperación están provocando la crisis de las ONGs, que canalizan el 14% de las ayudas y  tienen una gran dependencia de los fondos públicos: suponen un 60% de su financiación y una de cada tres depende de la Administración para su supervivencia. Y eso, porque los españoles no somos muy solidarios: sólo 3,6 millones son socios de ONGs y pagan una media de 13 euros al mes, siendo de los países donde la población menos aporta a las ONGs. Ahora, con el recorte de fondos, muchas han tenido que reducir proyectos y plantilla y otras tendrán que cerrar, porque hay demasiadas: 3.000 ONGs, de las que sólo 7 tienen más de 100.000 socios y sólo 12 más de 10 millones de presupuesto.

La mayoría de españoles cree que España debe intentar alcanzar el 0,7%, según el Barómetro de la Fundación Carolina, pero creen también que la ayuda es poco eficaz. De hecho, también lo piensan muchos expertos: exceso de instituciones públicas y privadas, falta de una dirección estratégica, baja calidad de los programas, exceso de gasto (50% de la Cooperación) en aportaciones a organismos multilaterales (que las canalizan sin que España pueda decidir apenas) y un escaso peso de la Cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación (AECID) y de las ONGs, cuya existencia depende en exceso de las ayudas públicas, lo que fomenta clientelismo político y poca independencia.

Hechas las críticas y los recortes, se trata de gastar mejor los fondos para Cooperación. En plena crisis, mucha gente piensa que ser solidarios fuera es un lujo, cuando hay tantas necesidades en España. Pero no hay que ser miope: la ayuda al desarrollo, además de un imperativo moral de cualquier país avanzado, es una pieza clave para reforzar la presencia política y económica de España en el mundo. El esfuerzo de los últimos años ha tenido mucho que ver con la presencia de España en el G-20. Y tendrá mucho que ver con la pretensión española de convertirse en 2015 en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es clave para reforzar nuestra presencia en África (como lucha además contra la inmigración ilegal) y en Latinoamérica (muy deteriorada tras el fracaso de la última Cumbre Iberoamericana y cara a la del otoño 2012 en Cádiz), para fomentar nuestras inversiones y comercio.

En definitiva, hay que ser solidarios por convicción, como una obligación moral de ciudadanos que comemos y tenemos agua, salud y un techo, a pesar de la crisis. Pero además, por un egoísmo inteligente: la cooperación y la ayuda al desarrollo es la forma más inteligente y eficaz de defender los intereses de España en el mundo. Más que las fotos para vender la marca España. Es algo que saben muy bien Gran Bretaña o Francia. Y por eso, España no puede ser miope, pensando a corto con los recortes. Hace falta cumplir el pacto de Estado de 2007 y fomentar la Cooperación, gastando mejor. Y promoviendo que todos ayudemos más. Porque ayudar siempre tiene su recompensa. Moral, política y económica.

El espejismo de la reforma financiera

El Gobierno Rajoy sigue buscando cómo dar confianza a los mercados y ahora le toca el turno a bancos y cajas: va a forzarles a un nuevo saneamiento, el tercero en dos años, para que vendan pisos embargados y tapen los agujeros del ladrillo. Y así dice que bajará la vivienda y habrá más crédito. Suena bien, pero es un espejismo. Si se obliga a bancos y cajas a hacer más provisiones, darán menos crédito. Si no hay crédito, ahora que los bancos tienen dinero barato del BCE, es porque prefieren comprar deuda pública que prestar a empresas y particulares, muchos poco solventes. Con esta vuelta de tuerca, habrá nuevas fusiones (y más despidos) y la mayoría de cajas acabarán en manos de bancos. Pero no habrá más crédito mientras la economía esté en recesión.

enrique ortega

Hace dos años, el Gobierno Zapatero presumía en el G-20 de que España tenía la banca más saneada del mundo. Pero la crisis del euro sembró dudas sobre España y sus bancos y cajas, temiéndose que la crisis del ladrillo era una bomba de relojería en sus balances. Eso obligó al Gobierno a aprobar en junio de 2010 una Ley de cajas para obligarlas a sanear sus cuentas, con fusiones: se pasó de 45 Cajas a 17 grupos. Pero  los mercados seguían atacando y en enero de 2011, la ministra Salgado da otra vuelta de tuerca y obliga a 13 entidades (4 bancos y 9 grupos de cajas) a buscar 15.152 millones para sanearse. Este segundo ajuste terminó el 30 de septiembre, con la nacionalización de tres cajas (NovaCaixa Galicia, Catalunya Caixa y Unnim), tras la intervención en julio de la CAM.

Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un tercer ajuste: bancos y cajas tendrán que destinar otros 50.000 millones a hacer más provisiones sobre sus créditos en suelo y vivienda (175.000 millones son “problemáticos”). Antes de finales de 2012, salvo que se fusionen con otra entidad (antes del 30 de mayo), en cuyo caso tienen dos años para sanearse y podrán recibir ayudas públicas (créditos del FROB). Eso sí, el Gobierno ha rebajado los sueldos de  los directivos de las 9 cajas intervenidas o con ayudas públicas (a la mitad  o a la cuarta parte, como a Rato), algo que nunca controló bien el Banco de España.  

Con el nuevo ajuste, el Gobierno ha abierto el baile de nuevas fusiones, buscando  que los buenos salven a los que están peor. De momento, los que se acaban de fusionar (Popular con Pastor, Sabadell con la CAM, BBK con la Kutxa y Unicaja con CajaDuero/España) tendrán más fácil el ajuste. Bankia, la caja con más ladrillo, intentará ganar un año más quedándose con una de las entidades intervenidas (Unnim, NovaCaixa Galicia,  Catalunya Caixa y Banco de Valencia ), por las que también pujarán los grandes (Santander, BBVA o la Caixa), los únicos que tienen músculo para sanearse solos. Y el resto, tratarán de buscar pareja para conseguir tiempo y ayudas. Al final, de los 55 bancos y cajas de hace año y medio podemos pasar a 13 entidades: 6 bancos (Santander +Banesto, BBVA, Popular, Sabadell y quizás Bankinter y Banca March) y 7 cajas (Caixa, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y dos grupos más en torno a BMN (Caja Murcia) y Banca Cívica.

En el camino, habrán desaparecido 70 entidades en cuatro años, concentrándose el dinero en unos pocos bancos y cajas, las que más pierden en esta reconversión. Un proceso que ha costado 105.000 millones de saneamientos, 45.000 en ayudas públicas (créditos y capital, que habrá que ver si se recuperan).Y se han perdido 20.000 empleos, aunque con costosas pre-jubilaciones que en parte hemos pagado todos. Ahora se habla de  un recorte de 40.000 empleos más en bancos y cajas. Y otros 9.000 millones más en créditos públicos.

Una costosa reconversión que va a servir, según el Gobierno, para que baje el precio de la vivienda y haya más crédito. Los bancos ya intentan vender los pisos embargados (tienen 86.000 en sus Webs y el doble en la recámara), con rebajas del 20 al 30%, y ahora los bajarán más, para provisionar menos. El problema es encontrar alguien que quiera comprar (al 95,7% de los españoles no se les pasa por la cabeza, según la última encuesta del CIS) y sea solvente, que tenga un 30% ahorrado (20% para la entrada y 10% para gastos)  y un trabajo y un sueldo que le permitan conseguir una hipoteca, cada vez más cara y difícil.

¿Y el crédito? En principio, si bancos y cajas tienen que hacer provisiones (inmovilizar dinero para cubrir créditos dudosos), podrán dar menos créditos. Y si este año tienen la cabeza en fusiones, no podrán dedicarse a prestar. Teóricamente, si están más sanos, conseguirán financiarse en el mercado y tener más liquidez para prestar. Pero si Santander o BBVA tienen cerrados los mercados es porque son españoles, porque los mercados tienen dudas sobre España. Y por eso, el BCE ha salido en su ayuda, y en la del resto de bancos europeos, inyectando liquidez al 1 %: casi medio billón de euros en diciembre y un billón para finales de febrero. Los bancos ya no tienen problemas de liquidez. Lo que les falta son empresas y particulares solventes que les pidan créditos. Por eso prefieren comprar deuda pública, más segura y rentable. Y así seguirán, temiendo prestar a empresas y particulares, porque está subiendo sin parar la morosidad. Y los que son solventes, no están para endeudarse, porque sus negocios están parados (además, les prestan con cuentagotas).

En definitiva, llevamos año y medio de reconversión financiera, con altos costes, y no fluye el crédito. Y tampoco habrá más crédito ahora, porque el país está parado, no se vende ni se invierte y los que necesitan dinero son cada vez menos solventes. Si se quiere sanear a la banca y que haya crédito, hay que reanimar la economía, luchar contra la recesión. Todo lo demás son ajustes de cara a los mercados. Espejismos.          

Sube el agua y subirá mucho más

La mayoría de Ayuntamientos han vuelto a subirnos el agua este año, el 3% y más. Buscan desesperadamente ingresos y muchas veces utilizan la subida del recibo para tapar agujeros. Pero en la mayoría, el recibo del agua no paga el servicio y provoca un serio déficit municipal: los españoles sólo pagamos el 70 % de lo que cuesta abastecer y depurar el agua, la mitad que los europeos. Bruselas y la OCDE insisten en que deben repercutirse los costes y que el agua debería subir más, duplicar su precio en cinco años, algo asumible ya que pagamos 6,5 euros al mes por persona. Además, hay un gran desorden en la gestión municipal y autonómica y muchos piden una Agencia Estatal del Agua, mientras políticos del PP defienden privatizar el servicio.  

enrique ortega

El agua es un bien escaso (y más con las sequías derivadas del cambio climático) pero barato. De hecho, cada familia gasta unos 190 euros al año en el recibo del agua, según el INE (2007), un 0,60% de su presupuesto, menos que en agua embotellada y refrescos (0,73%), luz (2,22%), teléfono (2,82%) o restaurantes y cafés (9,23%). Y tres días de consumo de agua nos cuesta lo que un café, una caña o dos barras de pan.

El precio medio del agua en 2011 era de 1,65 euros por m3, para los usuarios con un consumo medio y un contador de 15mm, el más habitual (el diámetro de la tubería y el caudal es un factor clave en la factura). Las ciudades con el agua más cara son Alicante (4,20 € m3), Murcia (3,12 € m3), Córdoba y Tenerife (2,28 € m3) y las más baratas Valladolid (0,79 € m3), Ciudad Real (0,92 € m3) y Coruña (1,02€ m3), según FACUA. Y entre las grandes ciudades, la más barata es Zaragoza (1,06 € m3), seguida de Bilbao (1,16 € m3), Madrid (1,53 € m3), Valencia (1,60 € m3), Barcelona (1,79 € m3) y Sevilla (1,89 € m3).

Estos precios del agua son más bajos que en Europa. Así, el agua en Madrid (1,53 € m3) o Barcelona (1,78 € m3) dista mucho de los 4,92 € m3 que se paga en Berlín, los 2,56 € m3 de Londres o los 2,12 € m3 de París. Y si homogeneizamos precios con rentas, el porcentaje de sus ingresos que dedica un español a pagar el agua es la mitad que el de un europeo.

Y eso, porque el recibo del agua está subvencionado, no paga los costes reales del abastecimiento (60% del recibo) y saneamiento (un 40% para alcantarillado y depuración). Se estima que el recibo paga del 57 al 95% de los costes, según ciudades, con una media del 70% de lo que cuesta abastecer y depurar el agua. Esto promueve el consumo y el mal uso del agua, un bien escaso, por lo que Bruselas aprobó en octubre de 2000 una Directiva Marco del Agua (DMA) que obligaba a los países europeos a repercutir los costes en las tarifas… en 2010. Y la OCDE, en su último informe sobre España, recomienda “un aumento gradual de los precios del agua que contemple la recuperación total de los costes”.

En los últimos cuatro años, el agua ha subido más, pero no es suficiente. Muchos ayuntamientos y autonomías tienen medio quebrada su empresa pública de aguas (el déficit de la Agencia Catalana de Agua es de 1.300 millones). Y no tienen dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructuras, desde acometidas y depuradoras (muchos  pueblos de menos de  5.000 habitantes carecen de depuradora, sobre todo en la costa y las islas) hasta sustitución de tuberías centenarias. Hace falta invertir 19.000 millones de euros, que ya no van a venir de los fondos europeos. El recorte de proyectos ya  ha forzado a salir al extranjero a muchas empresas españolas de gestión del agua, que son punteras en el mundo (sobre todo en desalinización), con grandes proyectos en EEUU, Oriente Medio y África.  

La solución es que una gran parte de las inversiones futuras y la gestión de las instalaciones actuales se paguen con las tarifas, con un mayor precio del agua. ¿Cuánto más? Cataluña estudia subir el recibo del agua un 75% en cinco años. Y muchos expertos defienden que habría que duplicar el precio del agua. Algo asumible para el usuario, ya que gastamos una media de 130 litros por persona al día, lo que supone un gasto de 6,5 euros al mes, que pasaría a 13 euros por habitante, 52 euros al mes por familia en agua, menos que en móviles.

A cambio, habría que poner orden en la gestión del agua, repartida entre ayuntamientos y hasta 8 administraciones más, con tarifas y recibos muy dispares entre ciudades y poco transparentes para el usuario, demasiadas pérdidas por roturas y fugas (¡ hasta un 16,8% ¡ ) y una desigual calidad, en general baja, como demuestra el boom de ventas del agua embotellada. Actualmente, la gestión del agua se reparte al 50% entre empresas públicas y privadas (Agbar y FCC controlan el 90%) y hay políticos, como en Madrid, que defienden privatizar el agua. Los Ayuntamientos ganan porque ingresan más, al cobrar  un canon no finalista a la concesionaria, que pagamos los consumidores sin que tengamos la seguridad de que va a costear un mejor servicio del agua y no  a pagar las nóminas municipales o una rotonda.

Con gestión pública o privada, hace falta una Agencia Estatal del Agua que ponga orden en la gestión y el suministro del agua, homogeneizando el servicio y garantizando la calidad. Y un esfuerzo público en infraestructuras, para hacer frente a la sequía y modernizar un país donde hay muchos pueblos y urbanizaciones con vertidos a los ríos y al mar y con traídas de aguas obsoletas. Y hace falta un Pacto político por el agua entre las administraciones. Sólo así  nos pueden pedir que paguemos más en el recibo. Claro como el agua.