UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

Repunta la inflación

Los precios llevan 3 meses subiendo (julio, agosto y septiembre), tras bajar antes, desde febrero. La culpa la tienen las subidas de los carburantes (desde junio), la electricidad (desde septiembre) y los alimentos, sobre todo el aceite, azúcar, arroz, patatas, frutas y verduras, leche, y huevos. Ahora, con el conflicto en Israel, se teme que suban más el petróleo y el gas, encareciendo carburantes y electricidad. Y que la sequía y las malas cosechas mantengan caros los alimentos. Pero lo que más preocupa es que los precios sigan altos en 2024, incluso con más inflación (por encima del 4%) que este año, por los conflictos en Ucrania e Israel y la crisis climática. Un tema clave para el futuro de la inflación en España será ver si se forma un Gobierno en noviembre y prorroga las ayudas contra la inflación (costosas es un año donde tendrá que rebajarse el déficit público). Y si hay reforma del mercado eléctrico europeo o al menos, España mantiene “la excepción ibérica”, que nos ha abaratado la luz.

                   Enrique Ortega

El INE lo confirmó el viernes: la inflación anual volvió a subir en septiembre, hasta el 3,5%. Es el tercer mes consecutivo en que sube el IPC (tras las subidas de julio, al 2,3%, y agosto, al 2,6%), después de alcanzar un mínimo anual del 1,9% en junio, que contrastaba con la disparada inflación de un año antes (más del 10% en junio, julio y agosto de 2022). Ahora, el repunte de la inflación en España tiene 3 culpables: la subida de los carburantes (la gasolina y el gasóleo suben desde el verano, aunque bajan la última semana), la electricidad (que sube desde septiembre) y los alimentos (que llevan 18 meses consecutivos subiendo por encima del 10% anual, desde abril de 2022), más los hoteles y restaurantes. Veámoslo con más detalle.

El precio de los carburantes alcanzó su mínimo a finales de mayo (1,584 euros/litro la gasolina y 1,415 euros el gasóleo), para subir después 14 semanas seguidas, por la mayor demanda en verano y el repunte del petróleo. Y aunque bajaron la semana pasada, la gasolina cuesta ahora un 8,5% más (1,719 euros/litro) y el gasóleo un +18,8% (1,682 euros litro). Por un lado, el conflicto en Israel ha provocado un nuevo alza del petróleo (por encima de los 90 dólares), tras subir desde agosto por el recorte de la producción pactado por Arabia Saudí y Rusia, aunque todavía el alto precio del crudo ahora (90,86 dólares/barril el sábado) es más barato que antes de la invasión de Ucrania (97,89 dólares por barril de Brent). Y a favor de la bajada de los carburantes juega la decisión de Putin de volver a exportar gasóleo fuera de Rusia, lo que puede destensionar el mercado internacional y los precios, aunque en invierno aumenta la demanda.

La electricidad ha subido en los últimos meses, aunque menos que el año pasado, tras unos precios mínimos de enero a mayo, por la bajada del precio del gas y el aumento de la producción renovable. Tras subir en junio y julio, el precio mayorista de la electricidad volvió a bajar en agosto (hasta un mínimo de 52,31 euros/MWh el día 27), para subir ya en septiembre (110,04 euros/MWh el 23 de septiembre) y octubre (118,64 euros/MWh el viernes13), por un aumento excepcional de las temperaturas y un mayor uso del gas natural, que está subiendo de precio (+50% en una semana), por la mayor demanda internacional, la subida de los derechos de emisión de CO2, la sospecha de un sabotaje en el gasoducto de Finlandia a Letonia y, ahora, el conflicto en Israel. Con ello, el gas natural, clave para asegurar el suministro, ha subido de 40 euros/MWh en agosto a  55,2 euros el viernes. Y ahora, con la tensión de Ucrania e Israel más el invierno, el gas seguirá caro (y la electricidad y la calefacción). 

Y los alimentos no bajan, tras subir por encima del 10% anual desde abril de 2022. En septiembre han subido un +0,5% mensual y subían ya un +10,5% anual, según el INE, lo mismo que en agosto. Los alimentos que más suben son los aceites (+41,9% anual, tras subir un +1,2% en septiembre), por las malas cosechas,  el azúcar (+40,5% el último año), por el encarecimiento del mercado mundial tras malas cosechas en India, el arroz (+18,5% anual), las patatas (+15,2%), el pan (+14,9%), las carnes de pollo (+18,1%), vaca (+14,7), cordero (+11,5%), y cerdo (+11,2%), el agua, refrescos y zumos (+12,7%), la leche (+11,9%) y los huevos (+11,5%), las legumbres (+11,6%), cereales (+10,5%), frutas (+9,2%) y lácteos (+8,9%), según el IPC de septiembre (INE).

Además de los carburantes, la electricidad y los alimentos, suben muy por encima de la media los paquetes turísticos nacionales (+15,7% anual) e internacionales (+14,6%), los hoteles (+11% anual) y los restaurantes y cafés (+5,8%).  Sube poco la ropa y el calzado (+1,2% anual), el menaje del hogar (+3,9%), los gastos médicos (+2,1%), el transporte (+3,8% anual, por la menor subida de los carburantes que el año pasado y la bajada del transporte público), las comunicaciones (+4,4%), la enseñanza (+2,2% anual), el ocio y cultura (+5%). Y nos ayudan con sus bajadas anuales los gastos de vivienda (-13,1%), por la rebaja anual del gasto en calefacción luz y agua, según el INE. 

A pesar del repunte de la inflación en los últimos 3 meses, España sigue con una menor inflación que la mayoría de Europa. En septiembre, la inflación española (dato armonizado con Europa) era del 3,2%, bastante inferior a la media de inflación homologada en la zona euro (20 paises), que era del 4,3%. Y aunque la inflación bajó en septiembre en la eurozona (del 5,2 al 4,3%) y subió en España (del 2,4 al 3,2%), todavía tenemos la 4ª menor inflación de la zona euro, sólo superior a la de Bélgica (0,7%), Grecia (2,4%) y Finlandia (3%). Y nuestra inflación es muy inferior a la de Austria (+11% anual en septiembre), Alemania (+10,9%), Italia (+9,4%), Irlanda (+8,6%) o Francia (+8,6%), según Eurostat.

Ahora, se espera un repunte de la inflación en el 4º trimestre, en Europa y en España, por la esperada subida del petróleo y el gas (por los conflictos de Israel y Ucrania, más el aumento de la demanda ante el invierno), que van a encarecer los carburantes, la electricidad y la calefacción. Además, no se espera que bajen los alimentos, porque seguiremos sufriendo los efectos de la sequía y las malas cosechas. En España, la cosecha de aceite 2023-24 se espera algo mejor (+15%) que la desastrosa cosecha pasada (2022-23), pero seguirá estando un 34% por debajo de la cosecha media  (765.000 TM frente a más de 1 millón de TM en las cuatro campañas anteriores a la de 2022). Y además, hay la mitad de remanentes (stocks) que hace un año, lo que forzará a unos precios altos. Y lo mismo pasará con las naranjas (esperan la menor cosecha en 11 años) y los cereales (con pérdidas del 70 al 80% en los cereales de invierno), las frutas y hortalizas.

Los pronósticos son que la inflación siga alta hasta diciembre y se cierre el año con una inflación media del 3,6% (cerca del 4% anual en diciembre) según el Banco de España, mientras el FMI nos acaba de pronosticar un 3,5% de inflación media este año. Ojo, es una inflación alta, pero menos de la mitad de la inflación media que sufrimos en 2022: +8,3%. El problema es que en 2024 no mejorará la inflación, sino que va a empeorar (superando incluso el 4%). En ello coinciden tanto el FMI (augura un +3,9% de inflación media, frente al +3,5% este año) como el Banco de España (que prevé una inflación media del +4,3% en 2024, frente a +3,6% este año). En ambas previsiones, el temor a una mayor inflación en 2024 se debe a una posible subida del precio del petróleo y el gas (por los conflictos geopolíticos), a la esperada subida de la electricidad (ante la falta  de una reforma del mercado eléctrico en Europa) y a la sequía y la crisis climática, que afecta negativamente a las cosechas de alimentos en todo el mundo y en España.

Hay otro factor más que tira hacia arriba de la inflación: la subida de los márgenes empresariales en muchos sectores, donde las empresas están aprovechando para recomponer beneficios tras la crisis del COVID. Lo confirman los últimos datos disponibles del Observatorio de Márgenes, una herramienta conjunta elaborada por los Ministerios de Economía y Hacienda más el Banco de España: las grandes compañías, sobre todo del sector energético, el agroalimentario y la distribución han disparado sus márgenes sobre ventas en la primera mitad de 2023. Concretamente, las empresas eléctricas y gasistas aumentaron sus márgenes sobre ventas un +26,8%, las compañías petroleras y extractivas un +16,9%, las mayores empresas agrícolas y pesqueras un +19,9%, los supermercados y grandes grupos de distribución un +10,7%, las empresas de hostelería un +16,92%, las agencias de viaje un +41,2% y el sector inmobiliario un +39,7%. Estos son los datos oficiales sobre su aumento de márgenes, aunque los sectores y empresas insisten en que ellos no repercuten los aumentos de costes en sus precios y clientes…

Mientras, los 20.735.911 trabajadores afiliados a la Seguridad Social sufren la subida de precios sin que les compense la subida de sus sueldos. Hasta septiembre, la subida media en los pocos convenios firmados (945, que afecta a 2.687.188 trabajadores) fue del +3.41%, por debajo de la inflación anual (+3,5% a septiembre) y muy por debajo de lo que han subido este año los carburantes (+8% la gasolina y + 1,2% el gasóleo) , la luz (+194%)  o los alimentos (+5,9% de enero a septiembre). Y es el tercer año en que los trabajadores pierden poder adquisitivo, tras las mínimas subidas en los convenios de 2022 (+2,99%) y 2021 (+1,45%). Así que no son los salarios los culpables de que siga subiendo la inflación, sino el aumento de costes (sobre todo energéticos) y su repercusión en los márgenes empresariales.

Ahora, además de la incertidumbre sobre el comportamiento de la energía y los alimentos, a la vista de las crisis de Israel y Ucrania y las tensiones geopolíticas internacionales (EEUU, China, Rusia, Europa y Oriente Medio), en España preocupa el futuro de las ayudas públicas aprobadas contra la inflación y que terminan el 31 de diciembre. Por un lado, la rebaja del IVA y otros impuestos, en la electricidad y la alimentación, más las ayudas al transporte profesional (5 céntimos por litro en el cuarto trimestre). Y por otro, el final de la excepción ibérica, prorrogada en marzo por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre. 

En cuanto a la prórroga en 2024 de las ayudas públicas contra la inflación, las tiene que aprobar un Gobierno y no es seguro que lo vayamos a tener antes de final de año. En caso de no poderse prorrogar a tiempo, los efectos serían muy perjudiciales para los consumidores, autónomos y empresas. Sólo la factura de la luz subiría un 26% en 2024 (16 euros más al mes ya en el recibo de enero) si no se prorrogan los recortes del IVA (del 21 al 5%) y del impuesto sobre la electricidad (del 5 al 0,5%) más la supresión del impuesto de generación eléctrica (7%), en vigor desde mediados de 2021 hasta diciembre de 2023. Y otro tanto pasaría con muchos alimentos y los costes de los transportistas. Pero si hay Gobierno a tiempo, tendrá un problema adicional: se ha comprometido con Bruselas a bajar el déficit al 3% en 2024 y eso puede obligar a recortar las actuales ayudas contra la inflación.

Respecto a “la excepción ibérica” en el mercado eléctrico (un tope al precio del gas en la generación de electricidad,  implantado en junio de 2022 y que ha permitido ahorrarnos 5.000 millones de euros en el recibo sólo en el primer año), no va a ser fácil que la Comisión Europea apruebe una nueva prórroga para 2024. Además, no avanza la reforma del mercado eléctrico europeo que pueda ayudar a reducir las subidas de la luz. Estaba previsto que se avanzara en este semestre de presidencia española, pero las posiciones están muy distantes. Si no hay reforma ni excepción ibérica”, veremos grandes subidas del recibo en 2024, aunque serían más “suaves” al haberse aprobado un nuevo recibo de la luz (entrará en vigor el 1 de enero), con más peso de las compras a plazo frente al mercado diario.

En definitiva, que la inflación sigue ahí, mejor que el año pasado y que en la mayoría de Europa pero peor que hace unos meses. Y con el temor de que repunte más este otoño y hasta el verano próximo, por culpa de la energía y los alimentos, muy sensibles a los conflictos geopolíticos y a la crisis climática. Así que habrá que seguir comprando con cuidado y recortando algunos gastos, ya que los salarios suben poco. Y esperar que haya nuevas medidas contra la inflación, que nos ayuden a llegar a fin de mes. Es lo que hay.

La sequía, una pandemia sin vacuna

España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve). Después del primer cuatrimestre más seco de nuestra historia, todo apunta a un verano cálido y seco, que tendrá un alto coste económico y social: restricciones de agua en media España, pérdida de cosechas y un encarecimiento adicional de los alimentos, sobre todo este verano, con otro récord de turistas. La situación es preocupante, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Levante, e irá a peor en el futuro, porque el Cambio Climático afectará más al sur de Europa y al Mediterráneo. Estamos ante una sequía que no es puntual y que se va a agravar, según alerta la ONU. Sufrimos una nueva pandemia, para la que no hay vacuna. La clave es afrontar juntos este reto, desde el Gobierno y las autonomías y Ayuntamientos a agricultores, industrias y consumidores, ahorrando agua, gestionándola mejor y gastando más en infraestructuras y desaladoras. El agua es clave en nuestro futuro económico y vital. Hay que salvarla.

Enrique Ortega

El calor extremo y la sequía asolan a medio mundo, como consecuencia del Cambio Climático. Y más a Europa, el continente que más se calienta: su temperatura media aumenta a una velocidad que duplica la media global. Ya en el verano de 2022, Europa sufrió el verano más caluroso desde que hay registros, según Copernicus. Y en el último quinquenio, la temperatura media europea ha subido 2,2 grados por encima de la era pre-industrial (1850-1900), generalizándose una sequía que los europeos sufren desde 2018. Y ahora, el invierno y la primavera en Europa están siendo más cálidos de lo habitual, con lo que los europeos sufriremos otro verano cálido y seco, acompañado de lluvias torrenciales.

En España, como en el resto de la Europa del sur, la situación es aún peor. Por un lado, 2022 fue el año más cálido desde que hay registros (1961), según la AEMET, y terminó con temperaturas entre 5 y 10º superiores a las habituales. Y en 2023 hemos sufrido el mes de abril más cálido de nuestra historia, según la AEMET, tras un 5º invierno consecutivo muy cálido y el 2º marzo con mayores temperaturas del siglo. Y junto a las altas temperaturas, apenas ha llovido: hemos sufrido el primer cuatrimestre más seco de la serie histórica, con 112 litros por metro cuadrado entre enero y abril, un 54% por debajo de lo normal. Y con ello, las precipitaciones en lo que llevamos de año hidrológico (desde el 1 de octubre a mediados de mayo) han caído un -27,5% sobre el año pasado.

Resultado: España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve), según la AEMET. Y eso porque los meteorólogos prevén que este verano sea “más cálido de lo normal” (otro año más), sobre todo en el este peninsular, Baleares y Canarias. Y que apenas llueva, agravando la sequía actual. Estos 2 fenómenos, el calor y la sequía, volverán a provocar más incendios forestales, ya iniciados en abril y mayo en muchas zonas de España. Con más virulencia, junto a fenómenos climáticos extremos, como el granizo y las lluvias torrenciales que han sufrido zonas del este y sur de España.

El indicador de la gravedad de la sequía la dan los pantanos, que tienen menos agua que nunca en casi 30 años (desde 1994). La semana pasada, los embalses estaban a menos de la mitad de su capacidad, al 48,2%, por debajo del 50,4% de hace un año, del 62,5% de hace 5 y del 69% de hace 10 años, según embalses.net. Pero la situación es más grave en algunas regiones: Andalucía (embalses al 27,8%, con la Cuenca del Guadalquivir al 24,18%, la del Guadalete-Barbate al 26,11%, la del Guadiana al 32,1% y la cuenca Mediterránea Andaluza al 34,41%), Murcia (embalses al 28,36%, con la cuenca del Segura al 33,3%), Castilla la Mancha (embalses al 37,5%, con la cuenca del Tajo al 59,85%), Cataluña (con los embalses al 39,69%), Cantabria (embalses al 42,96%), Aragón (embalses al 47,36%, con la cuenca del Ebro al 49,68%) y Extremadura (embalses al 49,82%).

Si los datos globales de los embalses son malos, son peores los de los embalses cuya agua se destina al uso humano y a la agricultura: están al 39,9% de su capacidad, frente al 48,3% de hace un año, el 57,4% de hace 5 y el 64,9% de capacidad hace 10 años, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Esto ha provocado ya restricciones en el suministro de agua en Andalucía y Cataluña, la región donde algunos Ayuntamientos han tenido que acudir a camiones para abastecer de agua a pequeños municipios de Barcelona y Lleida. De momento, las restricciones no afectan al consumo humano y sí a la utilización de piscinas y al riego de jardines, así como a los agricultores que usan canales de riego. Pero como no se espera que llueva y sí un verano muy caluroso, el temor es lo que puede pasar en julio y agosto, en las zonas de interior y de costa de Cataluña, Andalucía y levante, más Baleares y Canarias, ante la afluencia de turismo español y un nuevo récord de turistas extranjeros, como en 2019 (llegaron 20 millones de turistas foráneos entre julio y agosto).

El calor y la sequía no sólo ponen en riesgo el abastecimiento de agua este verano (lo sufrirán  un 10% de la población, sobre todo en zonas rurales, según los expertos), sino que aumentan también la contaminación, especialmente en las grandes ciudades, porque no hay lluvia que arrastre partículas y pólenes. España está sufriendo ya una de las primaveras más secas de las últimas décadas y eso tiene efectos negativos sobre nuestra salud: más concentración de NO2 y partículas, más riesgo de neumonías y enfermedades crónicas y más alergias (que sufren la mitad de la población), además de daños a la piel (la sequía aumenta las dermatitis). Y no olvidemos las muertes que provocan las olas de calor: en 2022 hubo 5.876 muertes provocadas por las altas temperaturas, según el Instituto de Salud Carlos III. España se ha convertido en el país europeo con más riesgo de muerte por calor extremo: 30 por cada millón de habitantes, el doble que la media UE (15), según The Lancet.

Otra grave consecuencia del calor extremo y la sequía persistente son los daños al campo, a las cosechas y a la ganadería. Ya en 2022, las pérdidas por la sequía superaron los 8.000 millones de euros, según los Jóvenes Agricultores. Y todo apunta a que las pérdidas en 2023 serán superiores, superando los 10.000 millones de euros,  después de que las indemnizaciones pagadas a los agricultores por los seguros agrarios batieran su récord histórico en 2022: 769 millones de euros (frente a una media de 534 millones pagados entre 2007 y 2016 y 695 millones anuales entre 2017 y 2021) Incluso el ministro Planas cree que la situación en el campo es ahora “más dura que en los años 90, por las elevadas temperaturas”. De momento, y pendientes de que llueva o no en mayo y junio, la situación en el campo español es muy grave: “la sequía asfixia ya al 80% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano”, dice el informe de la organización agraria COAG (11 mayo).

El informe de COAG da por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León, con el riesgo de que 3,5 millones de hectáreas queden improductivas. Están en riesgo los frutales de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, porque a la sequía se unen las restricciones al regadío. Y creen que será imposible el cultivo de arroz en Andalucía, mientras la cosecha de aceite y frutos secos en la mitad sur de España será sólo un 20% de la normal. Y la falta de pastos obliga a comprar pienso y forraje a los ganaderos, lo que agravará la situación de la cría de ovejas, cabras y vacas. Y para completar el panorama, los apicultores sufrirán su 3ª mala cosecha de miel, por falta de vegetación y floración.

Estos daños de la sequía, que se pueden agravar si no llueve en los próximos meses o si se repiten las olas de calor, nos anticipan que los alimentos se van a encarecer en los próximos meses, tras estar ya muy caros (suben un +12,9% anual, el triple que el IPC general, un +4,1%): subirán cereales, harina, patatas, arroz, aceite, frutos secos, frutas de fuera de temporada, verduras, carnes, huevos y lácteos… Y sobre todo este verano, cuando se reduzca la oferta de alimentos (por las malas cosechas) y se dispare la demanda, por el récord de turistas. Así que será difícil que baje más la inflación y los alimentos, porque la mitad de su subida se debe a la crisis climática.

También la sequía puede provocar una subida del recibo de la luz. Todavía la luz sigue “barata” (60,27 euros/kwh el viernes, frente a 145 euros el 3 de enero y 327 euros en septiembre de 2022), gracias a la mayor producción de energía renovable (eólica y solar) y a la drástica caída del precio del gas que se utiliza en las centrales térmicas (ha caído de 215,64  euros en septiembre a 25,67 euros el viernes). Pero si cambia el clima (se reduce el viento o las horas de sol) y sube el precio internacional del gas, ahora tenemos poca agua en los pantanos para producir electricidad hidroeléctrica. Los embalses de uso hidroeléctrico están mejor que los de uso humano y agrícola, pero están bajos: al 66,6% de capacidad, mejor que hace un año (55%) pero mucho peor que hace 5 años (72,7%), según la estadística de Transición Ecológica. Las cuencas que concentran las mayores centrales están mal (Ebro y Tajo) o regular (Duero), pero si persiste la sequía, se notará también en estas centrales y en la producción hidroeléctrica. En abril, el agua ha aportado sólo el 8,1% de toda la electricidad producida, según REE,  menos del 11,1% que aportó en el primer cuatrimestre, más que en 2022 (6,47%) y menos que en 2021 (11,4%). Ahora se espera un aumento del consumo eléctrico este verano (sobre todo si es caluroso y “tiramos” del aire acondicionado”), lo que podría encarecer el recibo de la luz, sobre todo se sube el precio del gas.

Como hemos visto, el calor extremo y la sequía tienen un alto coste, en el suministro de agua, las muertes, los daños a las cosechas, la subida de los alimentos y la factura de la luz. Para paliar estos daños, el Gobierno aprobó el 11 de mayo un paquete de medidas extraordinarias contra la sequía, con 2.190 millones. Una parte (784 millones) son ayudas directas a agricultores y ganaderos, más ayudas fiscales y una ampliación de la subvención a los seguros agrarios: habrá 358 millones para subvencionar entre el 50 y el 70% del coste, aunque agricultores y ganaderos aseguran poco sus negocios (sólo un 32% de la producción final agraria está asegurada). El resto del Plan (casi 1.400 millones) son inversiones en las cuencas, en desaladoras y en plantas de reciclaje de agua, además de subvenciones (57 millones) para el pago del canon del agua de los regantes.

La organización agraria COAG cree que estas ayudas son “insuficientes” y piden que se entreguen ya a los agricultores de cereal, los más afectados. Y los ecologistas de Greenpeace también las consideran “insuficientes”, además de “ir en la mala dirección”, porque refuerzan las infraestructuras hidráulicas en lugar de reducir la agricultura industrial, que es el origen del problema: es insostenible porque consume más agua de la que tenemos.

Los ecologistas culpan de los problemas del agua a una agricultura industrial sobredimensionada e insostenible medioambientalmente. Y dan un dato: el 85% del consumo total de agua en España se lo llevan los regadíos, quedando el 15% restante para el consumo particular (10%) y la industria (5%). La realidad es que el regadío no ha parado de crecer en las últimas décadas: se ha pasado de 3 millones de hectáreas en 2010 a 3.877.901 en 2021 y a 4 millones de hectáreas actualmente. Según Ecologistas en Acción, el regadío ha crecido un +64,7% en Castilla la Mancha en los últimos 25 años, un +44% en Andalucía y un +30% en Extremadura, debido al crecimiento de la agricultura “intensiva” y a que ahora se riegan cultivos “leñosos”, que antes eran de secano (olivos, viñas, frutas y cítricos). Actualmente, España (el país más seco del continente) es el país con más hectáreas de regadíos de Europa (4 millones), por delante de  Italia (2 millones), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón de hectáreas).

Lo que pasa es que España se ha convertido en “la despensa de Europa”, aumentando drásticamente la producción agrícola (y ganadera), con la ayuda del regadío: naranjas, frutas, tomates, cerdos, aceite o vino son “nuestro petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Las exportaciones españolas de alimentos han saltado de 31.497 millones de euros en 2011 a 53.304 millones en 2020 y 62.248 millones en 2022, el doble que hace una década. De hecho, somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que consume mucha agua, aunque sea cada vez más eficiente. Y a costa de la existencia de 1 millón de pozos ilegales, según Greenpeace, que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), destruyendo los acuíferos.

El 2º gran consumidor de agua es el consumo humano (10%), que bajó en los últimos años (de 165 litros por habitante y día en 2001 a 127 en 2019), pero que ahora está aumentando (de 128 a 131 litros en 2022, según AEAS-AGA), debido a un cierto “relajo” y a los bajos precios del agua para consumo (1,97 euros m3), de los más baratos de Europa. Y también tiene mucho que ver el récord de turistas: gastan entre 450 y 800 litros por día, según algunos estudios, entre 4 y 6 veces más que un consumidor habitual en España. Eso crea un grave problema de consumo, sobre todo en verano, en Canarias, Baleares, Levante, Costa del Sol y Cataluña, región donde 8 millones de turistas pernoctan en hoteles. Queda el consumo industrial (5%), un porcentaje bajo pero importante, con determinadas industrias más consumidoras de agua (químicas, textiles, industria agroalimentaria, minerales y metales, disolventes y gestión de residuos), que en general carecen de planes de reducción de consumo, también porque pagan precios bajos.  Y no olvidemos otro consumidor oculto: las pérdidas de agua en las instalaciones: cada año se pierden 700.000 litros de agua por fugas y averías (cubrirían el consumo anual de 14 millones de personas), un 20% del consumo total de agua en España, lo que exige importantes inversiones en las viejas redes de abastecimiento.

Al final, la sequía es una pandemia que está aquí, pero contra la que no tenemos “vacuna” como con la COVID-19. Y va a ir a más, según el último informe de la OMM (ONU), por la crisis climática. Eso exigiría un gran Pacto del Agua, para actuar en muchos frentes: frenar el deterioro de ríos y acuíferos, mejorar la calidad del agua, ahorrar consumos innecesarios y frenar las fugas, racionalizar los regadíos y la producción agraria, subir tarifas para reducir el consumo humano e industrial, invertir en infraestructuras, canales y desaladoras, aumentar el peso del agua reciclada y conseguir un turismo sostenible. No hay una solución mágica contra la sequía, sino miles de actuaciones y un objetivo común: salvar el agua, cada vez más escasa pero clave para la economía y la vida. A ello.