Los "misterios" de los Presupuestos 2022

Este miércoles se presentan los Presupuestos 2022, aprobados el jueves. El Gobierno  los vende como “el mayor gasto de la historia” (verdad), para consolidar la recuperación y beneficiar a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias desfavorecidas. Pero no aclara los “misterios” del Presupuesto. ¿Cómo pueden aumentar el gasto sin subir los impuestos? ¿Cómo pueden gastar más y reducir el déficit público a la mitad? El Gobierno no hace “milagros”: cuadra las cuentas públicas gracias no al dinero europeo (aporta “sólo” el 14% del gasto total) sino a la mayor recaudación fiscal, porque espera ingresar un 20% más (sobre 2020) gracias al fuerte crecimiento económico (+7% PIB). Y no dice que el 85% de esta recaudación la pagaremos los ciudadanos normales, en la Renta, al comprar (IVA) o echar carburante, pagando sólo un 15% las empresas y los más ricos. Y pueden gastar más y bajar el déficit porque ahorran 26.000 millones en intereses de la deuda, paro y ERTEs. Lea para entender las claves de estos "misteriosos" Presupuestos para 2022.

Enrique Ortega

 

Los Presupuestos de un país, España, se hacen al revés que los de una familia: no se mira lo que uno ingresa o gana para ver lo que uno puede gastar sino que se empiezan las cuentas fijando el techo de gasto que se puede hacer (el gasto no financiero a controlar, que es el gasto total menos el gasto financiero (deuda), el pago del desempleo, los gastos financiados por la UE y las transferencias a autonomías y Ayuntamientos, según la AIReF). Es una imposición de la Unión Europea, que forzó a España (y al resto de paises del sur) a aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2011, endurecida por el PP en 2012, para controlar el gasto y con ello el déficit público. Para 2022, sin estar en vigor el tope del déficit (lo ha levantado Bruselas hasta 2023, por la pandemia), el Gobierno ha presentado unos Presupuestos con un tope de gasto no financiero de 196.142 millones de euros, un gasto “histórico”, aunque sólo 45 millones más de gasto no financiero que en 2021 (196.097 millones), también “histórico”.

Una vez fijado el tope de gasto no financiero, queda resolver el problema principal: cómo conseguir los ingresos para pagarlo. Y sobre todo, cuando se quiere gastar mucho más de lo habitual, porque el techo de gasto para 2022 (recordemos: 196.142 millones) es mucho mayor que el gasto en 2020 (+68.542 millones, un 53% más) y casi el doble que en 2018 (119.834 millones), cuando los últimos Presupuestos de Montoro. Y aquí llega el primer misterio de estos Presupuestos: ¿Cómo se puede gastar un 53% más sin subir los impuestos? Porque el Gobierno dice que no va a tocar los impuestos en 2022, salvo un mínimo retoque a las grandes empresas (sube el tipo mínimo efectivo en Sociedades al 15%), para contentar a Podemos, una concesión “populista” de cara a la galería que es muy poco efectiva: sólo se aplica sobre la base imponible  (que es la cuarta parte de los beneficios, tras los ajustes fiscales) , con  lo que afectará sólo a 1.070 grandes empresas (el 12% de las grandes), que pagarán 400 millones más en 2022 (+373.000 euros de impuestos cada una…).

Así que si no suben impuestos a las grandes empresas (ni a los más ricos), ¿Cómo consiguen gastar 68.542 millones más de lo habitual en 2022? Algunos creen que es por porque va a llegar mucho dinero de Europa. Eso ayuda, pero poco: se esperan recibir 27.633 millones de euros de Fondos europeos, una cantidad vital pero que sólo supone un 14% del tope de gasto no financiero. Así que tiene que haber otra vía para “cuadrar los ingresos”. Y esa vía es la recaudación fiscal, que dará un salto en 2022, gracias al fuerte crecimiento de la economía que el Gobierno espera (+7% subida del PIB el año próximo). Y con ello, la recaudación de impuestos, sin subirlos, va a aumentar 38.301 millones en 2022 (+19,73%) sobre lo recaudado en 2020. Así que ya tenemos solución al “misterio”: se va a hacer un gasto histórico porque se espera una recaudación de impuestos histórica, no sólo por los Fondos UE.

Y ¿Quién paga esta recaudación récord? Se lo pueden imaginar… Pero los Presupuestos 2022 lo reflejan claramente: el 85% de lo que se espera recaudar procede de los ciudadanos normales, los que pagan impuestos con la Renta, al comprar (IVA) o al echar carburante o comprar alcohol y tabaco (impuestos especiales). De los 232.352 millones que espera recaudar Hacienda en 2022, 100.132 millones los ingresará con el IRPF (que en un 85% pagan los asalariados y pensionistas), 75.651 millones por el IVA (consumo, la mayoría de las familias), otros 21.843 millones de impuestos especiales (carburantes, luz, alcohol, tabaco) y el resto (10.224) son otros ingresos. Y las empresas sólo aportarán 24.477 millones en el impuesto de sociedades (la cuarta parte que IRPF), la mitad de lo que pagaban en 2007 (44.823 millones), gracias al múltiple abanico de exenciones y desgravaciones fiscales que permitió a las empresas pagar un 8,3% sobre sus beneficios en 2020, menos que las pymes y los particulares. Y mientras, los ingresos por IRPF , que pagamos el resto, crecieron de 81.879 millones (2007) a 100.132 (2022).

Aclarado cómo y quién paga el gasto histórico del Presupuesto, queda desvelar otro “misterio”: ¿Cómo se puede gastar más en 2022 y a la vez rebajar a la mitad el déficit público? (del -11% del PIB en 2021 al -5% prometido a Bruselas en 2022). Aquí tampoco hay “milagros” para cuadrar las cuentas. Por un lado, se rebaja el déficit porque se recauda más aunque se gaste más. Y por otro, hay “un truco”: se ahorran el año que viene 26.000 millones de gasto que no se va a hacer y que puede ir a otras partidas, sobre todo a pagar las pensiones y mejorar el gasto social. Las 3 partidas de ahorro son los intereses de la deuda pública (-1.490 millones en 2022, porque baja la deuda, del 120% del PIB en 2020 al 115,1 por 100, y además pagamos intereses más bajos, gracias a las compras del BCE), el gasto en desempleo (-2.555 millones, porque se espera bajar el paro del 15,2 al 14,1%) y sobre todo el gasto en ERTEs (-22.000 millones si dejan de necesitarse en abril).

Así que, entre el aumento esperado de recaudación fiscal (+17.357 millones), los Fondos europeos (27.633 millones) y los ahorros en tres partidas (-26.000 millones), son casi 71.000 millones más, para gastar (solo +45 millones, una mínima parte) y sobre todo para rebajar drásticamente el déficit (71.000 millones) y dar una señal a Bruselas de que “somos serios y cumplidores”, que no nos tendrán que aplicar la disciplina fiscal (“recortes”) en el futuro (2023), porque prometemos bajar el déficit, al 5% del PIB ahora (2022), al 4% en 2023 y al 3,4% en 2024. Así se entiende otro “misterio” de estos Presupuestos: suponen un gasto histórico (aunque similar al de 2021), pero podría haberse optado por gastar más. Y no se ha hecho para mandar un mensaje (Calviño) de estabilidad presupuestaria a Bruselas y evitar futuros “recortes” y “problemas con los mercados”.

Visto el marco general de los Presupuestos 2022, veamos las decisiones políticas de gasto, que alcanza el año que viene un total de 458.956 millones de euros, sumando al techo de gasto no financiero (los 196.242 millones "controlados"), los gastos financieros (intereses deuda), el desempleo, el gasto financiado por la UE y las transferencias que se hacen a autonomías y Ayuntamientos. Casi medio billón de gastos públicos para 2022 que pretenden afianzar la recuperación y el crecimiento, por dos vías: aumento de las inversiones públicas y fomento del consumo, con múltiples transferencias a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias, a lo que el Gobierno llama “la clase media y trabajadora”. 

El motor clave de la recuperación van a ser las inversiones públicas, que saltan a 40.238 millones de euros, otro “máximo histórico” gracias a los Fondos europeos: eran 39.340 millones en 2021 (por la pandemia), pero rondaban los 15.000 millones entre 2015 y 2020 y fueron sólo 12.801 millones de inversión pública en 2012 (primer Presupuesto de Rajoy). La mayoría de estas inversiones van a la industria y la movilidad (19,8%), la tecnología (19,6%), las infraestructuras (9%), el comercio, turismo y pymes (7,1%), la educación (5,8%), más todas las inversiones horizontales para digitalizar la economía y luchar contra el Cambio Climático.

Todas estas inversiones públicas buscan ser una locomotora de inversiones privadas, para modernizar la economía y aprovechar el gasto y los Fondos europeos para conseguir una economía para competitiva, entre 2021 y 2023. El otro gran frente del gasto son los gastos sociales, también “históricos”, porque suponen ya 248.391 millones, el 59% del gasto presupuestario. Tienen un doble objetivo: atender necesidades sociales e inyectar dinero a la economía para que las familias gasten y consuman más, para que la economía crezca más.

El principal gasto social de los Presupuestos 2022 son las pensiones, que se llevarán 171.165 millones (+4,8%), casi un 40% de todo el gasto. El año que viene entra en vigor la reforma de las pensiones (aprobada con el voto en contra de PP y Vox), que contempla subirlas cada año lo que suba el IPC del año anterior: para 2022, la inflación media (de noviembre 2020 a noviembre 2021) se espera suba un +2,3%, que será lo que se revalorizarán las pensiones el año que viene (+3% las mínimas). La 2ª mayor partida de gasto irá a pagar los intereses de la deuda pública (30.223 millones, -4.7%) y la 3º el pago del desempleo (22.457 millones,-10,2%), seguido del pago a los 2,8 millones de funcionarios (19.229 millones de gasto en 2022,+3,8%), que tendrán una subida del +2%, aumentando además las plantillas (el 110% de las jubilaciones), tras unas ofertas de empleo público muy importantes en los últimos años (+109.718 empleos públicos entre 2018 y 2021), para paliar los recortes hechos a partir de 2012 por los gobiernos de Rajoy. Y el 5º gasto prioritario será Ciencia (I+D+i) y digitalización: 13.298 millones, más del doble (+88,5%) que en 2020.

A partir de ahí, otras partidas de gasto del Presupuesto 2022 son menores, aunque algunas crecen mucho más que la media (+3,6%) para 2022: Seguridad Ciudadana y Prisiones (10.149 millones, +4,3%), Defensa (9.791 millones,+7,9%), Fomento del empleo (7.648, +10,1%), Servicios sociales (6.154 millones, +20,3%, con un salto del +23% en las ayudas a la Dependencia, un aumento del +43%  en el bono social térmico y 40 millones más contra la pobreza infantil), Sanidad y vacunas (6.606 millones, +10,2%), Educación (5.023 millones, +10,6%), Acceso a la vivienda (3.295 millones, +33,9%), Política Exterior y Cooperación (2.254 millones, +25,6%) y Cultura (1.589 millones, +30,2%), según los documentos presentados.

Otra novedad importante de los Presupuestos 2022 es que se aumentan mucho las transferencias a autonomías y ayuntamientos, responsables de muchos gastos básicos. Así, mientras conocemos el desglose de 2022, se anuncia que las autonomías va a recibir r en los 4 años de Gobierno Sánchez (2019-2022) un total de 490.161 millones de los Presupuestos, 130.000 millones más de los que recibieron en los últimos 4 años de Rajoy (360.950 millones en 2014-2017). Y los Ayuntamientos recibirán 23.350 millones del Estado en 2022 (+17%). Además, el 39% de los Fondos Europeos esperados (27.633 millones) irán a las autonomías (8.712 millones) y Ayuntamientos (2.050 millones), según Hacienda.

Una novedad de los Presupuestos 2020 son los gastos destinados a los jóvenes: 12.550 millones de euros, más del doble que en 2021 (+84,8%), partidas incluidas en 13 Ministerios. Destacan el gasto en digitalización (3.139 millones), becas (2.199 millones para 808.517 beneficiarios), fomento del empleo (2.144), Formación Profesional (2.075), Ciencia e innovación (1.684) y dos nuevos cheques para jóvenes: un cheque cultural (210 millones para gastar en cultura, del que se beneficiarán 475.000 jóvenes) y un cheque vivienda (250 millones para pagar 250 euros al mes a jóvenes con trabajo que ganen menos de 23.725 euros, lo que beneficiará a unos 40.000 jóvenes).

Ya sabemos cómo quieren gastarse en 2022 el dinero público que sale mayoritariamente de nuestros bolsillos. Suena bien, pero para que el Presupuesto 2022 salga hace falta que España crezca mucho, tanto el año que viene (un +7% el PIB) como este año 2021: hace falta que la recuperación se consolide en el tercer y 4º trimestre, ya que el Gobierno apuesta por crecer un +6,5% en 2021 y, de momento, sólo hemos crecido un 0% en el primer trimestre y un +1,1% en el 2º trimestre, según el INE. Si la economía no se recupera con más fuerza este otoño –invierno, será difícil crecer un +7% en 2022. De hecho, la OCDE apuesta porque crezcamos en 2022 un +6,3%, lo mismo que prevé la Comisión Europea . El problema de crecer menos es que Hacienda recaudará menos y sólo tendrá dos caminos: o gastar menos de lo presupuestado o tener más déficit, algo que sería mal visto en Bruselas.

Las cuentas públicas son una estrategia que apuesta a una carta: crecer mucho más este año y el que viene (más que Europa, que espera crecer el 4,5% en 2022), para poder recaudar lo suficiente como para gastar lo previsto y así conseguir crecer y modernizar de paso la economía española. Por eso nos jugamos mucho con estos Presupuestos. Primero, crear más empleo: la previsión es crear 531.000 nuevos empleos en 2022 y superar los 20 millones de españoles trabajando (y consumiendo y pagando impuestos y pensiones). Y segundo, modernizar la economía española, invirtiendo en industria, digitalización, medio ambiente y servicios públicos, aprovechando los Fondos europeos y la mayor recaudación, para ser más eficientes y competitivos en el futuro, con objeto de ser menos vulnerables en la próxima crisis. Todo ello, crecer y modernizarse, exige gastar bien y cumplir con agilidad y eficacia el Plan de recuperación. Un reto que exige colaboración social (empresas, sindicatos y ciudadanos) y política (Estado, autonomías, Ayuntamientos). Hay que cambiar el país en esta década.

Si los Presupuestos 2022 están “en el alero”, pendientes de que España crezca lo esperado por el Gobierno (y que casi nadie comparte), están aún más en el aire porque ahora tienen que ser aprobados en el Congreso, donde el PSOE y Podemos sólo tienen 155 votos y necesitan 21 votos más para ganar la enmienda a la totalidad que seguro presentarán PP, Vox y Ciudadanos (149 votos). Eso les exige pactar los Presupuestos al menos con ERC (13 escaños) y PNV (8), además de intentar el apoyo de otros pequeños grupos, como consiguieron con los Presupuestos 2021 (apoyados por 188 votos de 11 partidos). Ahora, el Gobierno lo tiene más difícil (quizás no cuente con PDeCAT), la negociación será dura y compleja, con todos los partidos buscando contrapartidas. Y todos sabiendo que, si tensan demasiado la cuerda y no se aprueban estos Presupuestos, caería el Gobierno y habría elecciones. Un riesgo que pondría en peligro la recuperación.

Gasto público: nos falta de todo

España tendrá en 2021 el mayor gasto público de su historia, casi 200.000 millones, el techo de gasto aprobado por el Gobierno este martes. Es la estrategia para reconstruir el país tras la pandemia. Pero también para recomponer los servicios públicos, muy debilitados tras los recortes, como ha desvelado el coronavirus. Nos hace falta gastar en casi todo. Porque somos el país europeo grande que menos gasta en sanidad, educación, gastos sociales, pensiones, familia, vivienda  y cultura, en todo menos en paro, según Eurostat. Hoy y en los últimos 25 años. Hay que recomponer el Estado del Bienestar, porque incluso gastamos menos que ahora que en 2009. Y para pagarlo, habrá que ingresar más, porque España es también el país europeo que menos recauda, porque muchos pagan menos impuestos de lo que deben. Son datos, no ideología. Y por eso, aunque Europa nos deja tener más déficit, habrá que ingresar 18.000 millones más para pagar tanto gasto necesario. Seamos europeos en gastos e impuestos. Es el gran debate del Presupuesto 2021. 

 

La pandemia ha puesto a prueba nuestro Estado del Bienestar y los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación, los gastos sociales y la atención a los mayores, que se han visto muy debilitados tras décadas de bajo gasto y los recortes sufridos entre 2010 y 2015. Mucha gente cree que en España hay un despilfarro de gasto público, pero es un falso mito: España es el país europeo grande que tiene menos gasto público, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, el gasto público en España fue del 41,9% del PIB, frente al 46,7% de la UE-27. Eso significa que gastamos 59.775 millones menos, sólo en 2019, que la media europea. Y si nos comparamos con los grandes paises con los que competimos, también gastamos menos: Francia gasta el 55,6% de su PIB, Italia el 45,4% y Alemania el 45,4% (si gastáramos como alemanes pero con nuestro PIB, deberíamos gastar 43.586 euros más al año). Y también gastamos mucho menos que los “austeros” paises del norte que nos tachan de “despilfarradores”: 53,3% del PIB gasta Finlandia, 49,3% Suecia, 48,2% Austria y Holanda lo mismo que nosotros, el 41,9% del PIB…

Y además, gastamos menos en todo, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2018). En sanidad: 6% del PIB España  frente al 7% la UE 27 (gastamos 12.453 millones menos cada año), el 8,1% Francia, el 7,2% Alemania (gastamos 14.949 millones menos en sanidad cada año que los alemanes, lo que quizás explique por qué hemos afrontado peor la pandemia), 6,8% Italia, 7,6% Holanda, 8,2% Austria, 7,5% Reino Unido, 6,3% Portugal y sólo un 5% Grecia. Y somos el 13º país UE que menos gasta en sanidad, tras Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, Luxemburgo y 7 paises del Este, según Eurostat. También gastamos menos en educación: 4% del PIB en España frente al 4,6% en la UE-27 (gastamos 7.472 millones menos cada año), 5,1% del PIB en Francia, 4,2% en Alemania, 4% en Italia, 4,8% en Reino Unido, 5,1% en Holanda y 5,5% en Finlandia (el país con mejor educación de Europa). Y así somos el 5º país UE que menos gasta en educación, tras Bulgaria, Grecia, Irlanda y Rumania.

También gastamos menos en protección social: un 16,9% del PIB en España frente al 19,2% que gasta la UE-27 (gastamos 28.642 millones menos cada año), el 23,9% de Francia, 19,4% en Alemania, 20,8% Italia, 14,9% Reino Unido y hasta un 19,5% que gasta Suecia y el 24,1% del PIB que gasta Finlandia. De hecho, somos el 14ª país UE que menos gasta en protección social, tras Holanda, Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta y 8 paises del Este, según Eurostat. Si desglosamos este gasto social, vemos que España gasta menos en pensiones (9,4% del PIB frente al 10,4% de la UE 27: -12.453 millones cada año), en enfermedad e invalidez (2,4% del PIB frente al 2,7% la UE-27: -3.736 millones anuales), en familia y niños (0,8% del PIB frente a 1,7% la UE-27: -11.207 millones cada año). Y lo mismo en otros gastos no sociales, como el gasto en alojamientos y equipamientos (0,5% en España frente al 0,6% en la UE-27, el 1,1% en Francia o el 0,4% en Alemania) y en ocio, cultura y culto: 1,1% del PIB gasta España, igual que la UE-27, frente al 1,4% Francia o el 1,1% Alemania. Sólo gastamos más en paro (porque tenemos más del doble): 1,6% del PIB en España frente al 1,3% en la UE-27, aunque Francia gasta más (1,9% del PIB) con menos de la mitad de paro y Alemania casi lo mismo (1,1% del PIB), con la cuarta parte de desempleo. 

Como se ve, no somos un país “gastador”, ni ahora ni en los últimos 25 años: si buceamos en las estadísticas de Eurostat, vemos que España gastaba ya menos que Europa en 1995 (44,1% del PIB frente al 51,2% la UE-25), en 2000 (39,1% frente a 44,9% la UE-25) y en 2008, antes de la crisis (41,4% del PIB gastaba España, casi como el 41,4% de hoy, frente al 46,7% de la UE-27, idéntico al porcentaje que gastan hoy). Así que son 25 años con un gasto público comparativamente menor que Europa, lo que ha debilitado nuestros servicios públicos y el Estado del Bienestar. Y más con los recortes de 2010 a 2015.

De hecho, hay un dato espeluznante: España destina menos recursos al gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) hoy que en 2009. Concretamente 1,12 millones menos (116.850 millones en 2019 frente a 116.851 millones en 2009), según el chequeo detallado que han hecho los Directores de Servicios Sociales. En 2019, gastamos -1.740,4 millones menos en Sanidad que diez años antes y -393,46 millones menos en educación, aunque gastamos +2.132 millones más en servicios sociales, básicamente porque en 2007 echó a andar la Ley de Dependencia y por las rentas mínimas autonómicas.

Este estudio explica qué nos ha pasado con la sanidad y la educación, tras décadas de bajo gasto y la puntilla de los recortes la pasada década: gastamos -57,45 euros menos en sanidad por habitante que hace 10 años (1.335,25 euros en 2019 frente a 1.392,7 en 2009) y -21,3 euros menos en educación por habitante (863,5 euros en 2019 frente a 884,8 en 2009), aunque ahora gastamos -41,9 euros más por habitante en servicios sociales. Y además, gastamos -163,4 euros menos por habitante en justicia, seguridad ciudadana, cultura y patrimonio. Sólo gastamos mucho más en pagar la deuda pública: de 149,4 euros por habitante en 2009 hemos pasado a pagar 684,6 euros, 4,5 veces más.

Y además de gastar menos en gastos sociales (-36.81 euros por habitante en 2019 que en 2009), el otro problema es que unas autonomías han recortado más y gastan menos que otras, así que los servicios públicos dependen de dónde vivamos. Basten tres datos, sacados del  informe de los Directores de Servicios Sociales. En sanidad, el País Vasco gasta (1.719,61 euros por habitante) un 47% más que Cataluña (1.166,79 euros por habitante) y un 40% más que Madrid (1.220 euros por habitante), las dos que menos gastan, con una media en España de 1.335,25 euros. En educación, el País Vasco gasta (1.274,63 euros por habitante) un 76% más que Madrid (723,84 euros por habitante) y un 68% más que Cataluña (756,84 euros por habitante), con una media española de 863,5 euros. Y en servicios sociales, Navarra gasta (694,37 euros por habitante) 4,5 veces más que Baleares (151,78 euros) y el triple que Canarias (217,41 euros), con una media española de 300 euros por persona (277 en Madrid y 276 en Cataluña).

Queda claro con todos estos datos que el gasto público en España es más bajo que en Europa e incluso menor que hace una década, lo que explica la debilidad de nuestro Estado del Bienestar, peor preparado que otros europeos para esta pandemia. Por eso, hay que apuntalarlo, aunque no tuviéramos el reto del coronavirus y sus secuelas. Pero además, hay que reconstruir el país, porque la pandemia causará este año la mayor recesión desde la Guerra Civil (una caída del PIB del -11,2% acaba de estimar el Gobierno) y eso provocará una grave crisis económica y social, que exige ayudar a empresas, trabajadores y familias, con mucho más gasto. Y además, invertir en cambiar el modelo económico, en medio ambiente, digitalización y sectores de futuro.

Para afrontar este enorme gasto, la Comisión Europea ha abandonado su corsé del gasto y del déficit que trajo los recortes impuestos desde 2010. Ahora no hablan de austeridad y, al igual que el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, recetan lo contrario: gastar y gastar para salir del agujero de esta crisis. Y ya no impondrán a España ni a los demás paises UE el recortar drásticamente el déficit, ni en 2020 (que se disparará aquí al 11,3% del PIB, frente al 2,9% de 2019) ni en 2021 (que el Gobierno propone bajar al 7,7%). Con este “permiso” de Bruselas, el Gobierno Sánchez aprobó este martes el techo de gasto para 2021, que será el mayor gasto público que haga nunca España: 196.047 millones de euros, un 53,7% más de gasto público que en 2020 (127.609) y casi el doble del techo de gasto que aprobó Rajoy en 2012 (117.400 millones) para afrontar la crisis de 2008.

Este techo de gasto, esos casi 200.000 millones, no es todo el gasto público que se hará en 2021, ya que quedan fuera  de este techo de gasto que controla Bruselas (y que aprueba el Congreso, por exigencia constitucional) las transferencias a las autonomías y Ayuntamientos, el gasto en desempleo, los intereses de la deuda pública y el gasto financiado con fondos UE (según detalla este folleto de la AIReF). Pero es la mitad del gasto total y sobre el que pueden decidir los paises y Gobiernos. Ahora falta ver a qué se dedica este techo de gasto, algo que definirán los Presupuestos 2021. Pero sí sabemos que España tendrá que buscar cómo financiar la mayor parte de este gasto histórico, porque las ayudas europeas (140.000 millones en 6 años, 72.000 a fondo perdido) se van a retrasar al verano próximo y el Gobierno prevé que sólo 27.436 millones de este techo de gasto vengan de los fondos europeos en 2021.

En definitiva, que el techo de gasto del Estado con fondos propios será de 168.661 millones en 2021, de los que  13.486 millones será un dinero que gastarán las autonomías y otros 18.396 millones se trasvasarán a la Seguridad Social. Ahora, la clave es de dónde sacará el Gobierno esos 168.661 millones que ha de gastar con recursos propios. Una parte será déficit (el 5,2% de déficit tendrá el Estado, -61.645 millones de agujero en 2021), pero el resto (107.016 millones) habrá que sacarlo de los impuestos. Y comparado con el gasto y el déficit de 2019, eso supone que el Gobierno necesitará recaudar 18.000 millones más el año que viene, para cumplir con el gasto y el déficit prometidos.

Antes de ver cómo puede hacerlo, desmontemos un 2º falso mito, el de que pagamos más impuestos que otros paises. Los datos son muy evidentes, como en el gasto: España fue el país grande de Europa que menos recaudó en 2019, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, España recaudó el 39,1% del PIB frente al 46,2% de media en la UE-27), lo que significa que ingresamos -88.418 millones menos (al año) que si recaudáramos como europeos. Recaudamos también bastante menos que Francia (52,6% de su PIB), Alemania (46,8% de su PIB), Italia (47,1%), Holanda (43,6%), Austria (49%), Bélgica (50,3%), Suecia (49,8) o Finlandia (52,2%). De hecho, somos el 9º país que menos recauda en Europa (comparativamente a su PIB), sólo por detrás de Irlanda, Reino Unido, Malta y 5 paises del Este. Y este no es un problema de ahora: recaudamos menos ingresos públicos que la mayoría de Europa desde 1995, según Eurostat.

Esto son datos, no ideología. Así que recaudar más no es algo de izquierdas, sino una necesidad para equipararnos con Europa. Y para pagar los muchos gastos que necesitamos. Con la grave recesión encima, no es un buen momento para subir impuestos, pero no queda más remedio que recaudar más. ¿Cómo? El gobernador del Banco de España, poco sospechoso de izquierdismo, propuso en el Congreso, el 23 de junio, subir 3 impuestos: el IVA (quitar tipos reducidos y superreducidos), los impuestos medioambientales (España recauda 3.500 millones menos de lo que podría, según Bruselas) y el impuesto de sociedades (“revisar los agujeros”, dijo textual: las exenciones no justificadas de muchas grandes empresas y multinacionales). La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que rebaje las deducciones en IRPF e IVA y que recaude más con los carburantes, tabaco y alcoholes. Los expertos de FEDEA proponen establecer un recargo temporal sobre el IRPF (como hizo Rajoy en 2012, aunque el PP quiera olvidarlo…). Y los técnicos de Hacienda proponen una reforma fiscal a fondo.

Hay que esperar unas semanas, al proyecto de Presupuesto 2021 que presente el Gobierno, para ver qué impuestos se tocan: se estrenarán la tasa Google  y la tasa Tobin sobre operaciones en Bolsa, un posible recargo en el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (un 0,5% de contribuyentes), la posible supresión del IVA reducido y superreducido en algunos productos y la supresión de desgravaciones a los planes de pensiones privados (que benefician a los más ricos). Pero todo esto permitirá ingresar sólo unos 5.000 millones más. Hará falta retocar otros impuestos, como los carburantes y sociedades. Porque no podremos gastar más en todo lo que hace falta si no se ingresa algo más, a costa de los que puedan pagarlo (multinacionales, grandes empresas y los más ricos, no los trabajadores y las pymes, que ya pagan suficientes impuestos). Este será el gran debate de los Presupuestos 2021. Ojalá se haga sin demagogia, sin usar falsos mitos como que España gasta mucho y pagamos muchos impuestos. Sólo pensando en hacer unas cuentas claras: en qué necesitamos gastar  y cómo podemos pagarlo, con justicia y solidaridad. A ello.

Deuda pública: dejamos una costosa herencia

En los últimos meses, la Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España por la deuda pública, el problema español que más les preocupa junto al paro y la baja productividad. Somos el 7º país con más deuda pública de Europa y llevamos 6 años con más de un billón de euros de deuda, el triple que antes de la crisis, aunque ha bajado su peso al 95,5% del PIB. El problema es que hay que pagarla y los intereses (31.398 millones en 2019) son el 2º mayor gasto del Presupuesto, más que seguridad, Defensa, empleo, salud y educación juntos. Y si no hacemos nada, para 2030 seguiremos debiendo el 95% del PIB, según la Comisión Europea, que pide recortar más el déficit y la deuda. Hay otra vía: ingresar más, como el resto de Europa (+83.000 millones). Urge un Pacto político para reducir la deuda pública al 60% del PIB para 2030. Si no, les dejaremos una costosa herencia a nuestros hijos y nietos.

enrique ortega

Uno de los graves problemas que ha tenido España a lo largo de su historia ha sido la deuda, el excesivo endeudamiento de los Gobiernos, por gastar más de lo que ingresaban, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015 ”. Empezó con los Reyes Católicos y se aceleró con Carlos V, que dejó en herencia a Felipe II la primera bancarrota de nuestra historia, en 1557, a la que siguieron muchas más, con los Austrias y los Borbones. El primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con Cánovas del Castillo y Alfonso XII), cuando la deuda pública alcanzó el 165% del PIB. En 1898, al acabar la guerra de Cuba, seguía en el 124% y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I (39%) y II Guerra Mundial (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944, alcanzando un mínimo en 1975, a la muerte de Franco: el 7,3% del PIB (39.819 millones de euros de hoy).


Con la Transición y la democracia, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública española se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Y se duplicó para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% del PIB en 1996. A partir de ahí vienen los años de “vacas gordas” y la “burbuja inmobiliaria”, que permiten bajar la deuda a un mínimo en 2007: el 35,6% del PIB (384.662 millones de deuda). Pero viene la gran recesión de 2008 y Zapatero aumenta el gasto y la deuda, que deja al irse, a finales de 2011, en el 69,5% del PIB (744.323 millones). Y Rajoy, a pesar de su histórico aumento de impuestos y sus recortes, no puede afrontar el desplome de ingresos y el enorme coste de las ayudas a autonomías, Ayuntamientos, Cajas y al desempleo, que disparan la deuda pública hasta un máximo del 100,7% del PIB en 2014 (1.039.388 millones). Y Rajoy se fue, en mayo de 2018, dejando a Sánchez una deuda del 98,2% delPIB, 1.155.000 millones de euros, un 55% más de deuda que cuando llegó a la Moncloa.


En estos dos años de Gobierno Sánchez, la deuda pública ha crecido algo en millones (sigue por encima del billón de euros desde 2014) pero ha reducido su peso sobre el PIB. Y así llegamos al dato de 2019, recientemente publicado por el Banco de España: 1.188.893 millones de euros (un máximo histórico de deuda, el triple que en 2007) y el 95,5% del PIB, el porcentaje de deuda más bajo desde 2012 (tras reducirse -2,1% en 2019, la mayor reducción anual del peso de la deuda desde 2007). 


La deuda pública se reparte hoy, según el Banco de España, entre la Administración central (Estado y otros organismos), que tienen el grueso de la deuda (el 91%), 1.083.835 millones a finales de 2019, las autonomías (294.883 millones: 78.600 Cataluña, 47.877 la Comunidad Valenciana, 35.770 Andalucía y 33.692 Madrid, en septiembre 2019), los Ayuntamientos (23.345 millones) y la Seguridad Social (55.024 millones en 2019), la entidad que más ha disparado su deuda (la ha triplicado desde los 17.173 millones que debía en 2016). Y eso se debe a que, con la crisis y la precariedad en sueldos y empleos, las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones y como el Gobierno Rajoy se comió ”la hucha” de las pensiones, el Estado tuvo que prestar a la Seguridad Social en 2017, 2018 y 2019, aumentando su deuda 37.851 millones en esos tres años.


La deuda pública española, aunque haya reducido su peso, es muy abultada y preocupa mucho en Bruselas. Tanto, que la nueva Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España en los últimos tres meses. El primero, el 17 de diciembre de 2019, a través de este Informe sobre el mecanismo de Alerta 2020, en el que llama la atención sobre los 13 paises europeos que tienen “desequilibrios económicos” (Italia, Grecia, Chipre, Francia, Alemania, Paises Bajos, Suecia, España, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Croacia y Rumanía). Y al referirse a España, resalta los tres “desequilibrios” que les preocupan: la deuda (pública y privada), el elevado paro y el estancamiento de la productividad, nuestras 3 principales “asignaturas pendientes”.


El segundo “toque” fue en enero de 2020, a través de este Informe sobre la sostenibilidad de la deuda pública en Europa. Aquí, la Comisión vuelve a mostrar su preocupación por la deuda española, recordando que “España es uno de los 8 paises más vulnerables de Europa por su elevado endeudamiento”. Los datos son claros: España es el 7º país europeo con más deuda pública (97,9% del PIB en el tercer trimestre de 2019), por detrás de Grecia (178,2%), Italia (137,3%), Portugal (120,5%), Bélgica (102,3%), Francia (100,5%) y Chipre (97,8%), según la última estadística de Eurostat. Y tenemos una deuda muy por encima de la media europea (80,1% la UE-27), de Alemania (61,2%) y Reino Unido (84,2%). Además, a nivel mundial, ocupamos el puesto 20ª del ranking de paises más endeudados del mundo, encabezado por Japón (238% del PIB), Grecia, Barbados, Líbano e Italia.


Lo preocupante, advierte este informe de la Comisión Europea de enero, no es que la deuda española sea elevada sino que no se va a reducir en la próxima década: estiman que pasará del 97,6% del PIB en 2018 al 96,6% en 2020 (ya es menor hoy: el 95,5% en 2019), al 96,7% en 2025 y el 95,7% del PIB en 2030. O sea, que crecerá en millones de euros y apenas bajará un 2% en peso sobre la economía. La deuda se hará crónica esta década. Y eso, creen, por dos razones. Una, porque crecerá el gasto en pensiones, sobre todo si se actualizan con el IPC y no se implanta el “factor de sostenibilidad”, la reforma aprobada por Rajoy en 2013 para pagar las pensiones según la esperanza de vida. Y la otra razón, porque la población española va a envejecer mucho en las próximas décadas y creen que eso va a disparar el gasto no sólo en pensiones sino también en sanidad, dependencia y asistencia social.


El tercer “toque” por la deuda pública nos lo ha dado la Comisión Europea el 26 de febrero, en su Informe sobre España 2020: reconoce que el peso de la deuda ha bajado pero cree que “es muy alto” y reitera que España “afronta riesgos en la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo” por las pensiones y el envejecimiento de la población. No se creen que el Gobierno Sánchez consiga bajar el déficit público del 2% del PIB  (prevén que pasará del 2,5% en 2018 al -2,3 % en 2019, el -2,2% en 2020 y al -2,1% en 2021). Y para financiarlo, creen que España seguirá con una deuda muy alta, que sólo bajará al 96% del PIB en 2021 (ahora ya sabemos que eran demasiado pesimistas: estaba en el 95,5% a finales de 2019).


Para las autoridades europeas, España tiene que corregir su déficit para rebajar su deuda. Y proponen, por un lado, aumentar la recaudación, porque tenemos “un nivel de imposición bajo en relación a los gastos”, sobre todo en el IVA, IRPF, sociedades e impuestos verdes. Y por otro lado, insisten en reformar las pensiones, no actualizándolas con el IPC y aplicando mecanismos de ajuste para afrontar una mayor esperanza de vida, porque si no se hace, no será posible reducir el déficit y la deuda a medio plazo. Y ya en 2020, van a mirar con lupa el proyecto de Presupuestos, porque creen que España debe ajustar sus gastos y su déficit entre 6.500 y 10.000 millones de euros para cumplir con Bruselas.


Entre tanto, el Gobierno Sánchez ha aprobado en el Congreso un nuevo “techo de gasto” para 2020, base de los próximos Presupuestos, donde contempla menos déficit y menos deuda que las previsiones de la Comisión Europea. En el déficit público, apuestan por rebajarlo al -1,8% del PIB en 2020 (-2,2% la Comisión) y dejarlo en un nivel mínimo del -0,9% en 2023.Y en la deuda pública, prevén bajarla al 94,6% del PIB en 2020 (96,6% la Comisión) y dejarla en un mínimo de 89,8% del PIB en 2023. 


Aún creyendo estas previsiones, que van a depender mucho de que no haya otra crisis (se desplomarían los ingresos y aumentarían los gastos), ese 89,8% del PIB de deuda pública en 2023 sería demasiado elevado. Estaríamos mejor pero seguiríamos siendo “un país muy vulnerable”, al que en cualquier momento podrían “poner de rodillas” los inversores (los famosos “mercados”) y una subida de tipos. Porque si la deuda pública no preocupa hoy tanto como en 2012, se debe a que el Banco Central Europeo (BCE) nos ha salvado, tanto por comprar deuda como por bajar los tipos de interés al mínimo. Y eso nos ha dado “un gran respiro” para la deuda. Si el 27 de julio de 2012, para colocar la deuda (bono a 10 años), España tuvo que pagar un interés del 7,56%, un año después ya pagaba el 4,80%. Y a principios de marzo de 2020 paga sólo el 0,25% por el bono a 10 años. Y la famosa “prima de riesgo” que nos atenazaba cada día (la diferencia entre el interés de la deuda española y alemana) ha pasado de 511 puntos en 2012 a 83 ahora (0,25 paga la deuda española a 10 años y -0,58% la deuda alemana, que “cobra” ahora por colocarla).


Pero esto puede cambiar cualquier año: el BCE dejar de comprar deuda pública (lo iba a hacer en 2020, pero lo retrasa por la desaceleración europea) y los tipos subir. Y ojo: con un 1% que suba el coste de colocar la deuda pública, España pagaría 3.600 millones más de intereses. Es lo malo de tener tanta deuda y de que crezca cada año: que hay que financiarla, pagando por la deuda en circulación y emitiendo más deuda nueva (para “tapar” o financiar el nuevo déficit). De hecho, en 2019 España emitió 196.504 millones de deuda nueva y este año 2020 está previsto emitir 196.504 millones de euros. Por eso somos muy “vulnerables”: porque dependemos de que nos presten 538 millones diarios.


Y aunque no haya nervios en los mercados y encontremos quien nos compre la deuda (el 48% son extranjeros, el 22% la tiene el BCE, un 17% los bancos españoles, un 10% las aseguradoras y un 4,5% fondos de inversión y de pensiones), hay que gastar una barbaridad en pagar intereses: 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). Gastamos más en pagar la deuda a los inversores que en Seguridad (8.879 millones), Defensa (8.537 millones), fomento del empleo (5.985 millones), sanidad (4.292 millones) y educación (2.722 millones) juntos. El pago de la deuda es una hipoteca tan costosa que ya hemos pagado 321.000 millones de euros en intereses entre 2008 y 2019. Daría para pagar las pensiones más de 2 años.


En definitiva, que tener tanta deuda pública nos hace un país muy vulnerable frente a los inversores (extranjeros y nacionales) y supone una pesada losa para las cuentas públicas, que no pueden gastar más en lo que hace falta (desde empleo a educación o vivienda) porque antes (lo exige el reformado artículo 135 de la Constitución) tenemos que pagar los abultados intereses de la deuda (han pasado de 15.928 millones en 2008 a 31.500 en 2018 y 2019). Por eso hay que reducir la deuda como sea: es un lastre para los próximos años, ya que dos tercios de la deuda (67%) está colocada a más de 10 años.


Para el Gobierno Sánchez, como para Felipe II o la Restauración decimonónica, la deuda pública es un problema crucial de España, aunque se hable poco de él. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y la pobreza”. La cuestión es cómo resolverlo. Y aquí, muchas recetas van en la línea de la Comisión Europea: hay que recortar gastos, rebajar el déficit para reducir la deuda. Pero la solución no es tan fácil.


España tiene más deuda pública porque tiene más déficit (el 2º de Europa, tras Chipre y empatados con Francia). Pero si tenemos más déficit no es porque gastemos mucho sino porque ingresamos muy poco. Lo indican con claridad los datos de la propia Comisión Europea. España gastó en 2019 el 41,7% del PIB, frente al 45,9% de media que gastó la UE-27. O sea, el gasto público español es 52.279 millones de euros menos al año que la media europea. Y, a pesar de eso, tenemos más déficit porque ingresamos mucho menos: el 39,3% del PIB en 2019 frente a una media del 46% del PIB en la UE-27.Eso se traduce en 83.398 millones menos de recaudación cada año. Por eso tenemos más déficit y más deuda.


Así que la solución para rebajar la deuda no puede ser la de siempre de los ideólogos neoliberales y austericidas: más recortes. Sobre todo en un país que necesita gastar más en casi todo, desde el empleo a la tecnología pasando por la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda o la modernización de la economía, porque los recortes han sido muy drásticos y además llevamos décadas gastando menos que Europa. La verdadera solución está en ingresar más, para destinar una parte de la mayor recaudación a rebajar la deuda y otra parte a afrontar los gastos más urgentes. Y se puede hacer, si se implanta una reforma fiscal (en sociedades, IRPF, IVA, nuevos impuestos e impuestos “verdes”) y una eficaz lucha contra el fraude que permita recaudar “como Europa”.


El problema de la deuda pública es tan serio que exige un gran Pacto político, con el objetivo de bajarla al 60% del PIB para 2030, por ejemplo. Eso exigiría acuerdos en el gasto (una reforma realista de las pensiones y pactar las prioridades de gasto del país en la próxima década) y acuerdos sobre cómo recaudar más y cómo repartir más justamente  los impuestos. Es difícil conseguirlo, pero si no lo hacemos, apenas se rebajará la deuda y dejaremos una pesada herencia a nuestros hijos y nietos. Piénselo.