1º de mayo: el empleo que viene

El empleo ha “pinchado” en el primer trimestre, como es habitual, con una pérdida de 92.500 empleos, al retrasarse la Semana Santa a abril. Pero se espera que suba este 2º trimestre y en verano, porque las empresas siguen contratando y hay 2 millones más de personas trabajando que hace 5 años. Pero hoy, 1º de mayo, podríamos reflexionar sobre el empleo del futuro, que va a cambiar drásticamente por la tecnología y la inteligencia artificial (IA). De hecho, el Foro Económico Mundial estima que 4 de cada 10 trabajadores españoles deberán “mejorar sus habilidades” para tener un empleo en 2030. A lo claro: los trabajadores tienen que reciclarse y formarse si quieren seguir trabajando en unos años. Un reto que obliga a Gobiernos y empresas a gastarse más dinero en formación y reciclaje profesional, para afrontar la digitalización, la descarbonización, la robótica y la IA, un reto del que apenas hablan los sindicatos hoy. Hay que prepararse para esta “revolución silenciosa”, la del empleo futuro.

                            Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Además, este año la Semana Santa ha caído en abril y no en marzo (como en 2024), lo que ha restado empleo entre enero y marzo. Por todo ello, en el primer trimestre se perdieron -92.500 empleos, aunque son menos que en el primer trimestre de 2024 (-139.700), según la EPA publicada este lunes. Con todo, a finales de marzo había en España 21.765.400 ocupados, así que trabajan 2,08 millones de personas más que hace 5 años, antes de la pandemia (19.681.300 ocupados en marzo 2020).

El empleo ha caído sólo entre los hombres (-94.100 ocupados), mientras aumentó algo entre las mujeres (+1.600). Y lo han perdido los trabajadores españoles (-144.500 empleos), porque los extranjeros han ganado empleos (+52.000).  La pérdida de empleo se ha dado casi en exclusiva en el sector público (-92.200 empleos, por el aumento de jubilaciones) , mientras apenas caía el empleo privado (-300). Y se ha perdido empleo entre los trabajadores maduros (-119.800 empleos entre 40 y 54 años) y los más jóvenes (-60.800 empleos perdieron los de 16 a 24 años). Todos los sectores han perdido empleo, salvo el campo (+25.000), especialmente los servicios (-112.300). Y por autonomías,  han perdido más empleo Baleares (-42.400), Comunidad Valenciana (-20.400) y Andalucía (-12.300), mientras lo ganaron Madrid (+14.800) y País Vasco (+11.300 empleos).

La caída del empleo al inicio de 2025 ha provocado también un aumento del paro, que subió en +193.700 desempleados, un aumento récord desde 2013, debido a que han aumentado mucho los que buscan empleo, los “activos”: +101.200, todo un récord en los últimos años, por el aumento de mujeres que buscan trabajo (+118.100), mientras hay menos hombres buscando (-16.900). Con ello, España alcanza un récord histórico de “activos”, personas que trabajan o buscan trabajo: 24.554.500. Esto supone que, aunque crezca el empleo en los próximos meses, el paro bajará menos, porque hay más gente buscando trabajo.

Con este aumento del paro, son ya 2.789.200 las personas que están en paro, un 11,36% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, una cifra elevada pero son 523.800 parados menos de los que había en España hace 5 años, antes de la pandemia  (3.213.00 parados en marzo de 2020, el 14,41% de la población activa). El paro ha subido en este primer trimestre más entre las mujeres (+116.500 paradas) que entre los hombres (+77.200), más entre los españoles (+147.900) que entre los extranjeros (+45.800) y más entre los trabajadores maduros (+141.300 entre 25 y 44 años), cayendo entre los más jóvenes (-12.000 parados). Por sectores, crece sobre todo en los servicios (+124.900, la mitad por el turismo y la hostelería) y también más en Cataluña (+47.200), Baleares (+42.800), Madrid (+23.900) y Canarias (+21.800), bajando sólo en Murcia (-4.400), País Vasco (-4.300) y Cantabria (-1.100).

Mientras sube el paro, hay algunos datos de fondo preocupantes. Por un lado, todavía hay 882.900 hogares donde todos sus miembros están en paro, aunque son 95.000 menos que hace un año. Por otro, baja  el porcentaje de parados que cobran el desempleo: cobraban alguna ayuda en febrero 1.722.042 parados, el 66,77% de los parados registrados en las oficinas de empleo, frente al 69,44 % hace un año. Y además, la mayoría (813.181) cobran un subsidio asistencial (480 euros al mes), mientras sólo 908.861 parados registrados cobran el subsidio contributivo (1.014,90 euros mensuales). Y ha subido el número de parados que llevan más de 1 año sin trabajo (1.065.400 parados), con lo que el 38,10% son “parados de larga duración” y tienen mucho más difícil recolocarse.

Lo más preocupante es que la tasa de paro ha subido en el primer trimestre, del 10,61% en que estaba a finales de 2024 al 11,36%, aunque es mucho más baja de la tasa de paro que teníamos hace 5 años (14,4%). Una tasa muy alejada de Europa, donde es menos de la mitad (5,7% en la UE-27 y 6,1% en la zona euro), siendo la tercera parte en Alemania (3,1%), según Eurostat. Y ha subido este trimestre la  tasa de paro juvenil (menores 25 años), que en España es el 26,5%, frente al 14,5% en Europa y el 6,3% en Alemania. Además, persiste el problema de que hay 2 Españas en el paro. Una, 8 autonomías con alta tasa de paro: Melilla (26,6%), Ceuta (26,1%), Extremadura (16,6%), Andalucía (16,4%), Baleares (14,78%), Canarias (13,27%), Castilla la Mancha (13,27%) y Murcia (12,83%). Y otra, las 8 autonomías que tienen una tasa de paro casi “europea”: Navarra (7,49% de paro), País Vasco (7,71%), Cantabria (7,86%), Aragón (8,29%), Castilla y León (8,70%), Galicia (8,80%) y Cataluña (8,91%), según la EPA de marzo.

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer trimestre, el 43,07% de los contratos firmados son indefinidos, algo menos que hace un año (44,5% el primer trimestre de 2024) pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 15,7 millones de asalariados con contrato indefinido, el 84,88% del total, frente al 74,61% de fijos a finales de 2021). Lo que no mejora son los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que aumentan (+134.400 en el último año) y superan los 3 millones de asalariados, sobre todo por las mujeres (el 73,6% de estos contratos), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2015, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 y 2024, porque creceremos algo menos (+2,6%, frente al +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear 1,6 millones de empleos entre 2024 (+556.132 empleos, aunque realmente se han creado +468.100), 2025  (548.645 empleos) y 2026 (494.878 empleos), con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora parece más factible).

Los datos indican que estamos en el buen camino para lograr ambos objetivos. Pero el Gobierno Sánchez no puede “lanzar las campanas al vuelo” con el empleo y el paro, por dos razones. Una, porque seguimos siendo el país de Europa y de la OCDE (36 paises) con la mayor tasa de paro: 11,36% en España frente al 5,7% en la UE-27 y el 4,8% en la OCDE. Y la otra, porque la tasa de empleo en España es mucho más baja que en Europa: a finales de 2024 trabajaban el 71,4% de los que tienen entre 20 y 64 años, frente al 75,8% que trabajaban en Europa, el 75,1% en Francia o el 81,3% en Alemania, según Eurostat. A lo claro :que España tiene 1,08 millones de personas menos trabajando que las que deberíamos tener si fuéramos como la media europea. Y que trabajan 2,4 millones de españoles menos de los que trabajarían si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania.

Ese es nuestro gran reto: reformar la economía para que ofrezca empleo a más gente (entre 1 y 2 millones más) y eso permita reducir la tasa de paro “a niveles europeos”. En eso deberíamos centrarnos a medio plazo, sin regodearnos en los récords. Y eso implica tomar 2 medidas a corto plazo, que exigen (¡ cómo no¡ ) un pacto político económico y social. Una, aprobar un Plan de empleo, para fomentar la contratación de parados mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, sobre todo en esas 8 regiones con más paro que la media, canalizando inversiones públicas y privadas  e incentivos a las contrataciones.

Y la otra, reformar de verdad las oficinas de empleo, porque no ayudan a los parados a recolocarse. Se han cumplido 2 años de la Ley de Empleo (entró en vigor el 2 de marzo de 2023) y no ha funcionado: ni se ha hecho un perfil de los parados ni se les ayuda individualmente a colocarse. De hecho, las oficinas de empleo sólo colocan al 1,9% de los parados y apenas un 10% de los desempleados hacen cursos de formación (largos y poco útiles). Y en la web del SEPE sólo hay registradas 83.444 empresas y 29.305 ofertas de empleo. Urge cambiar la operativa y dotar de medios a estas oficinas, gestionadas de forma muy desigual por las autonomías.

Además, este 1º de mayo habría que pensar también en el empleo a medio plazo, porque el mercado laboral va a cambiar radicalmente en los próximos años. En el mundo, 59 de cada 100 trabajadores necesitarán “cualificarse” para no perder sus empleos actuales, por la tecnología, la robotización y la inteligencia artificial (IA), según el último informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial. Y en el caso de España, este informe señala que 4 de cada 10 trabajadores españoles deberán mejorar sus habilidades para tener empleo en 2030. Los expertos laborales y las empresas reiteran la urgencia de formación y reciclaje de los trabajadores, para mejorar su cualificación y afrontar la demanda de nuevos empleos: muchos empleos actuales desaparecerán (administrativos, secretarias, asistentes administrativos, cajeros de banco…) y se crearán otros (analistas de datos, expertos en IA, desarrolladores de software, técnicos ambientales, expertos en ciberseguridad…).

En definitiva, que no basta con que la economía española cree más empleo, para conseguir una tasa de paro “europea”, sino que hay que formar a los jóvenes en los futuros empleos que van a demandarse en los próximos años y reciclar a los empleados actuales para que no pierdan su empleo en el futuro. Esto exige una mayor inversión en formación y “capital humano”, con importantes cambios en el diseño de la educación, desde la escuela a la Universidad, y con mayor gasto en formación de las empresas y el Estado. Hay que prepararse desde ya al empleo que viene, con acuerdos entre Gobierno, empresas y sindicatos para configurar la oferta de empleo que exige el futuro. Un reto del que apenas se habla este 1º de mayo, mucho más de fondo que la jornada laboral o los salarios.

Gasto en Seguridad: otro estímulo económico

El Gobierno español acaba de comprometerse con la OTAN y la UE a gastar 10.471 millones más este año en Defensa y Seguridad, para cumplir el objetivo de gastar el 2% del PIB. Para conseguirlo, ha arañado distintas partidas del Presupuesto, con dos promesas: no se recortará el gasto social y el 87% del gasto militar irá a empresas españolas, lo que permitirá crecer más y crear 100.000 empleos. Otra vez, como con la pandemia o Ucrania, se intenta “hacer de la necesidad virtud”: aprovechar esta crisis para estimular la economía y dar un salto industrial con la Defensa y la Seguridad. Un empeño en el que está Europa, que busca una autonomía defensiva ahora que se retira Trump, con un Plan (“ReArmar Europa” ) para  gastar 800.000 millones en Defensa en 4 años. La clave es coordinarse los paises para gastar juntos y mejor, no “hacer la guerra” cada uno a su aire. Y que estas enormes inversiones relancen la economía, la industria y la tecnología europea.

La “pinza” de Trump y Putin ha puesto patas arriba el orden internacional, desde la Defensa al comercio y la economía. Y en el caso de Europa, las amenazas de Trump nos han hecho ver que “tenemos que defendernos solos”, que se ha acabado la época en que EEUU se hace cargo de la Seguridad y Defensa de los europeos, financiando el 69% de la OTAN, mientras los grandes paises europeos apenas financian este paraguas de seguridad común (el Reino Unido financia el 6% de la OTAN, Alemania el 5,27%, Francia el 4,7%, Italia el 2,72% y España el 1,24%). “La era del dividendo de la paz hace mucho que se acabó. Estamos en una era de rearme”, dijo recientemente la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen.

De repente, en los últimos meses, la mayoría de los paises europeos se han dado cuenta del peligro, de que “tenemos que defendernos solos” ante un mundo más peligroso y donde EEUU (con o sin Trump) no está dispuesto a ser “el gendarme del mundo”. Esta preocupación por la Defensa y la Seguridad es mayor en los paises europeos que tienen frontera con Rusia (los nórdicos, bálticos y Polonia), pero ha calado en la opinión pública de toda Europa. De hecho, Alemania ha reformado su Constitución para elevar su gasto en Defensa, Polonia ha pedido a Washington el despliegue de armas nucleares en su territorio, los paises bálticos y Polonia estudian volver a desplegar minas antipersona en su frontera con Rusia y hay varios paises europeos (Polonia, Alemania o Francia) que se plantean reimplantar el servicio militar obligatorio (en España se abolió en 2001), que ya tienen 10 paises UE (Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Croacia, Austria, Grecia y Chipre) y otros 6 europeos (Noruega, Turquía, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia y Suiza).

En definitiva, que tras las crisis de la pandemia y la invasión de Ucrania, la llegada al poder de Trump ha desatado en Europa otra nueva crisis, la preocupación por “la autonomía estratégica” de Europa, la necesidad de reforzar la Defensa y la Seguridad europeas. El 4 de marzo, la presidenta de la Comisión lanzó un Plan estratégico, “ReArm Europe” (ReArmar Europa), con una cifra mágica (la misma que la del Plan “Next Generation” contra la pandemia): gastar 800.000 millones en 4 años para dar un salto hacia adelante en la autonomía estratégica de Europa, para financiar proyectos de Defensa y seguridad europeos. El Plan incluye 150.000 millones de créditos europeos (financiados con la emisión de “deuda europea”), que se ponen a disposición de los 27 paises UE (y otros que los pidan), para financiar proyectos de rearme. Y se propone que los 650.000 millones restantes los financien los paises, a cambio de dejarles que gasten más y superen sus déficits (hasta un 1,5% del PIB) sin sancionarles.

Unos días después, el 19 de enero, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre la defensa Europea, concretando más el Plan “ReArmar Europa”. Ahí se esbozan las prioridades de inversión en la Defensa y Seguridad europeas: avanzar en los sectores donde Europa tiene más necesidades sin cubrir, realizar compras conjuntas de armamento y seguridad (como con las vacunas), fomentar la creación de una potente industria europea de la Defensa (con la coordinación o fusión de empresas), avanzar en la innovación tecnológica y conseguir una mayor autosuficiencia estratégica, para que los suministros futuros vengan de empresas europeas (ahora, el 60% del armamento paises UE se compra a EEUU).

Al día siguiente de presentarse estos Planes se convocó una Cumbre europea, donde los paises apoyaron estas propuestas de “rearme europeo”, aunque con matices: unos, como Alemania o Francia, están de acuerdo en movilizar fondos nacionales para reforzar su Defensa (300.000 millones Alemania y 200.000 millones Francia) mientras otros, como España y Polonia defienden que haya “un Fondo Europeo de Defensa”, como el Fondo Next Generation” contra la pandemia, que incluya no sólo créditos (los 150.000 millones prometidos por la Comisión) sino subvenciones a fondo perdido (como los del Plan de recuperación), para facilitar que los paises con menos recursos inviertan en Defensa y Seguridad.

En medio de este panorama europeo “de rearme”, España se veía “señalada”, por ser el país europeo que menos gasta en Defensa: 1,4% del PIB en 2024, sólo por detrás de Luxemburgo (1,29%), Eslovenia (1,29%) y Bélgica (1,3%), como Italia (1,49%) pero lejos del 2,12% de Alemania, el 2,06% de Francia o el 4,12% de Polonia (y del 3,71% de USA). Y sobre todo, España no ha cumplido el compromiso firmado por Rajoy en 2014, en la Cumbre de la OTAN de Gales: que todos los paises gastarían el 2% del PIB en Defensa en 2024. El Gobierno Sánchez pensaba cumplirlo más tarde, en 2029, presionado por la falta de Presupuestos y la postura “pacifista” de Sumar y Podemos. Pero estaba en medio de esa “vorágine europea de rearme” y se ha sentido presionado por Italia y Bélgica, que acaban de comprometerse a gastar ese 2% en Defensa este año. Así que, el día antes del plazo dado por la OTAN para enviar sus previsiones, el Consejo de Ministros aprobó (el 22 de abril). aumentar el gasto para alcanzar ese 2% en Defensa este año 2025, no en 2029.

Una vez más, como en la pandemia o la crisis de Ucrania, el Gobierno ha querido “hacer de la necesidad virtud” y propone que España aproveche el reto del “rearme” para dar un salto industrial y tecnológico, para reforzar el crecimiento, la innovación y el empleo con el gasto en Defensa y Seguridad. Así justifica gastar este año 10.471 millones más, para acabar gastando 33.123 millones en Defensa y Seguridad en 2025, el 2% del PIB. Como no hay Presupuesto y resultaría imposible que el Congreso apruebe este mayor gasto (los socios del Gobierno no quieren gastar más y el PP y Vox no quieren apoyar al Gobierno en un mayor gasto con el que están de acuerdo), el Gobierno ha buscado “un atajo”: arañar dinero de otras partidas para conseguir esos 10.471 millones extras.

El nuevo dinero para gastar este año en Defensa y Seguridad (10.471 millones) sale de tres fuentes: de reasignar partidas del Plan de Recuperación (como 1.300 millones para Ciberseguridad), de los ahorros conseguidos en el Presupuesto (3.000 millones menos gastados en intereses de la deuda pública, 2.819 millones del Fondo de Liquidez Autonómica o los 1.700 millones en compensar a las autonomías por menores ingresos, que ya no están justificados, 1.680 millones de préstamos de Industria y 1.395 millones del Fondo de contingencia) y por una mayor recaudación fiscal debido al mayor crecimiento y empleo.

El propio Pedro Sánchez explicó, al aprobar este gasto extra, a qué se destina, dejando claro que sólo el 18,75% de este nuevo gasto será para armamento (1.962 millones), para blindados, fragatas y armas, para “equipos de Defensa y disuasión más eficientes y seguros para los soldados españoles”. El resto del gasto (81,25%) no es gasto en armas sino en Defensa y Seguridad. La mayor partida, 3.712 millones (el 35% del gasto extra) se destina a mejorar la situación de las Fuerzas Armadas españolas: aumento de plantillas, mejora de sueldos (más bajos que en Europa), mejor formación y equipamiento. La segunda mayor partida, 3.262 millones (el 31,16%) se destina a mejoras de telecomunicaciones y Ciberseguridad (cada año sufrimos más de 1.000 ciberataques en infraestructuras críticas, desde hospitales a redes de energía y aeropuertos). La cuarta mayor partida (la 3ª es la compra de armamento) se destina a reforzar las Fuerzas Armadas para que atiendan catástrofes naturales (inundaciones, incendios…): se invertirán 1.750 millones (el 17% del gasto extra). Y la 5ª partida son 328 millones (el 3.14%) se destina a mejorar el equipamiento de los 3.000 militares españoles que participan en misiones extranjeras (16).

Pedro Sánchez justificó este mayor gasto militar en que “el mundo ha cambiado” y España se tiene que “implicar en la Defensa de Europa”. Y planteó dos compromisos. Uno, que este mayor gasto militar se va a financiar sin tocar el gasto social: “una economía saneada y dinámica como la española puede invertir en bienestar y en seguridad al mismo tiempo”. El otro, que el 87% de esta inversión en Defensa y Seguridad “se quedará en España”: 9.000 millones del gasto extra irán a empresas españolas de todas las autonomías (“vamos a exigir a las empresas que involucren en los proyectos a pymes y empresas emergentes”). Además, más de un tercio de las inversiones son en “tecnologías de doble uso”, es decir que no sólo suponen una innovación para la defensa sino también para toda la economía.

Al final, la filosofía del Gobierno es otra vez aprovechar una crisis, como la de la pandemia o la invasión de Ucrania, para “hacer de la necesidad virtud”: ya que tenemos que gastar en Defensa y Seguridad , que sirva para que España dé otro salto tecnológico e industrial, para reforzar la industria de la Defensa, Seguridad y Telecomunicaciones, que en España  integran 400 empresas (muchas de ellas “punteras”), con 36.000 empleos. Precisamente, el presidente Sánchez se reunió con ellas en La Moncloa, en marzo, para pedirles que reforzaran sus inversiones y se prepararan para “el rearme europeo”, participando en programas con otras empresas del continente. Con todo este programa inversor en Defensa y Seguridad, el Gobierno espera crecer más (un +0,4/+0,7% adicional del PIB), crear 100.000 nuevos empleos (de calidad) y aumentar la inversión en tecnología un 18%. Otro fuerte estímulo al crecimiento, como lo está siendo el Plan de recuperación.

España no ha querido esperar a que Bruselas concrete su Plan “ReArmar Europa” para comprometer este gasto extra en Defensa y Seguridad, con el que se presentará a la Cumbre de la OTAN de junio en La Haya. Una Cumbre donde se espera aumentar el gasto militar de la OTAN hasta el 3,5% del PIB en 10 años. Así que España y el resto de Europa tendrán que seguir aumentando su gasto en Defensa y Seguridad en los próximos años, con fondos europeos y nacionales. El objetivo de Bruselas es conseguir un gasto militar y una mayor independencia estratégica en 5 años, la base de un “ejército Europeo”. Para ello, tratarán de reforzar la industria de defensa europea (con programas de inversión y fabricación conjunta), unificando compras y equipos y coordinando prioridades.

El último informe sobre Defensa del Parlamento Europeo, presentado el 2 de abril, refleja las carencias comunitarias, las que deben ser ahora las prioridades europeas: comunicaciones por satélite (habría que integrar las empresas Thales, Airbus y Leonardo, para crear un gigante europeo que compita con los satélites de Elon Musk), los aviones de transporte de tropas y de reabastecimiento en vuelo (ahora son de USA), conseguir cadenas de mando y control integrados y avanzar en artillería y escudos antimisiles. Y es clave avanzar en las compras conjuntas, tras la aprobación por Bruselas del EDIRPA, la norma que obliga a los paises a que el material militar que compren contenga un 65% de material “made in Europe”…

Bueno, parece que Europa “se ha despertado de un sueño” y ahora la mayoría de paises y ciudadanos (por las encuestan) apoyan un mayor gasto en Defensa y Seguridad, sabiendo que no es tanto gastar más en cañones, tanques o aviones como gastar en tecnología, satélites, inteligencia militar y ciberseguridad. Y que no se trata de gastar más sino de gastar mejor y juntos. Porque se da la paradoja de que Europa es la 2ª potencia militar del Planeta, tanto en efectivos como en capacidades y gasto, pero no es eficaz porque no actúa como un solo país, sino que son 27 paises (o 35) “haciendo la guerra por su cuenta”, con sus propias estructuras, sus distintas prioridades y su distinto armamento (un ejemplo: en Europa hay 20 tipos distintos de tanques…). Hay que avanzar en unificar la Defensa y Seguridad del continente, un eslabón clave para conseguir una Europa más integrada y unida.

En definitiva, nos guste o no, Europa tiene que “rearmarse”, para poder “auto defenderse” en el futuro ante un mundo convulso y de bloques. Tardaremos años y nos costará dinero y grandes esfuerzos, pero no se puede delegar nuestra seguridad en otros. El dilema no es “cañones o mantequilla” sino “seguridad o inseguridad”. Europa no puede aspirar sólo a mantener el Estado de Bienestar de sus ciudadanos porque sin seguridad no hay bienestar. No se trata de ser “militarista” o “pacifista”: la realidad es que hay que invertir para defenderse. Y si encima conseguimos reanimar  la economía, crear empleo y ganar en industrialización y tecnología, mejor.

Llega la nueva tasa de basuras

Desde el 10 de abril, los Ayuntamientos con más de 5.000 habitantes tienen que cobrar una nueva tasa de basuras a sus vecinos. Actualmente, las viviendas y locales ya pagamos un impuesto municipal por la recogida de basuras, pero sus ingresos sólo cubren el 58% del coste de recogida y tratamiento. Ahora, la Comisión Europea obliga a los paises a subir las tasas de basuras, para facilitar su tratamiento y reciclaje, muy bajo en España: el 48% de las basuras acaba en vertederos y Bruselas nos ha abierto varios expedientes. El problema es que el PP (y Vox), que gestionan la mayoría de Ayuntamientos, no están de acuerdo con esta tasa, aunque están obligados a aplicarla antes de fin de año. Pero no hay una directriz homogénea para hacerlo y cada Ayuntamiento aplicará criterios diferentes. Lo seguro es que pagaremos más por la basura (ahora sólo 100 euros al año de media). Y habría que incentivar a las viviendas y locales que recojan y reciclen mejor. Necesitamos un país más limpio.

                       Ayuntamientos han de cobrar nueva tasa de basuras antes de fin de año

Europa, como el resto del mundo, tiene un grave problema con las basuras y residuos urbanos, que crecen de forma imparable, con un bajo reciclaje. En 2023 se generaron 511 kilos por europeo de residuos municipales (domésticos y comerciales), 32 kilos más que diez años antes (2013) y sólo 2 kilos menos que a principios de siglo (513 kilos en el 2000), según Eurostat. Los paises europeos más ricos del centro y norte de Europa son los que generan más residuos urbanos: Dinamarca (802 kg/habitante en 2023), Luxemburgo (712), Bélgica (689), Chipre (674), Malta (606), Alemania (601), Francia (530) y  Eslovenia (517). Les siguen Italia (486), Portugal (505), Croacia (475), Eslovaquia (472), Paises Bajos y Finlandia (468), con España en el puesto 16º : 465 kilos de residuos municipales por habitante.

Sin embargo, España es el país europeo que más ha reducido sus residuos en este siglo: -188 kg/habitante desde el año 2000 (generábamos 653 kg/habitante), mientras la UE-27 los ha reducido sólo -2 kilos (513 en 2000), Alemania los ha recortado en -41 kg/habitante (642 en 2000), Italia en -23 kg/habitante (509 en 2000) y Francia los ha subido (+16 kg, desde 514 kg/habitante que generaba en el año 2.000).

El problema no es sólo que los residuos sean muy elevados en toda Europa sino que su tratamiento es muy deficiente, las basuras apenas se reciclan, según los datos de Eurostat: en la UE-27 sólo se reciclaron el 48% de las basuras municipales en 2023, superando ese porcentaje Alemania (recicla el 68,2% de su basura), Eslovenia (59,76%), Paises Bajos (58,33%), Luxemburgo (56,32%) e Italia (53,29%). Reciclan menos que la media europea Francia (42,26%) España (41,50% en 2023), Portugal (30,5%) o Grecia (17,54%). Otro porcentaje de las basuras se incinera: un 25,2% de media en la UE-27, porcentaje superado en Alemania (44,87%) y Francia (30,37%), pero que es mucho menor en Italia (18,50%), Portugal (18,21%), España (10,53%) y Grecia (1,54%). Y el resto de la basura que ni se recicla ni se incinera, acaba en los vertederos, un grave problema en España.

En el conjunto de Europa, sólo un 22,5% de la basura municipal (viviendas y locales) acaba en vertederos (115 kg/habitante en 2023). En Alemania, sólo un 1,16% de la basura acaba en vertederos, frente al 22,8% en Francia y el 18,10% en Italia, según Eurostat. Pero en España, acaba en vertederos casi la mitad de la basura municipal (223 kg/habitante, el 47,95% de los residuos urbanos), un elevadísimo porcentaje que nos ha costado la apertura de varios expedientes (y multas) de Bruselas. Lo mismo les pasa a Portugal (56,43% de la basura acaba en vertederos) y Grecia (80,92% de la basura va a vertederos).

Ante este “sucio panorama”, la Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para intentar reducir las basuras y tratarlas mejor. Ya en 2008 aprobó la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura para 2020 y sólo el 35% acabara en vertederos. Después, en 2018, la Comisión Europa aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el porcentaje de reciclaje al 55% para 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva europea para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo de 2 años a los paises.

Pero se ha avanzado muy poco. El 8 de junio de 2023, la Comisión Europea publicó un informe sobre el cumplimiento por los paises de estos objetivos de reciclaje, en base a los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Y el balance fue desolador: 18 paises comunitarios no cumplían el objetivo de reciclar un 50% de sus residuos urbanos en 2020, entre ellos España. Es más corto dar la lista de los 9 paises que sí habían cumplido: Alemania, Austria, Eslovenia, Paises Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y república Checa. Y el otro objetivo, no enviar a los vertederos más del 35% de la basura, lo han incumplido también 13 paises de los 27: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Resumiendo: la mayoría de Europa recicla mal. De hecho, en julio de 2024, la Comisión Europea abrió  un expediente sancionador a los 27 paises de la UE por incumplir sus obligaciones en materia de recogida y reciclaje de residuos…

Lo peor de este informe de la Comisión Europea sobre el reciclaje no es el balance de estos años, muy marcados por el COVID y sus esfuerzos extras para todos, sino el futuro, que prevén muy gris para el reciclaje. El primer objetivo, ampliar el reciclaje al 55% de los residuos urbanos en 2025 se ve muy difícil para la mayoría: de hecho, la Comisión Europea prevé que incumplan este futuro objetivo de reciclaje 18 paises, entre ellos España, los mismos que ahora. Y respecto al otro objetivo para 2035, rebajar al 10% el porcentaje de basura que acaba en vertederos, la Comisión Europea estima que habrá 13 paises europeos que lo incumplan también: España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Chequia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.

España afrontó el grave problema de los residuos trasponiendo (con retraso) la Directiva europea de Residuos de 2008 y la de plásticos de 2019, aprobando el Gobierno Sánchez (en mayo de 2021) una Ley de Residuos que no se aprobó en el Congreso hasta el 31 de marzo de 2022, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 41,50%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022). Para ello, en julio de 2022 se prohibieron los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y antes, en abril de 2022, entró en vigor la norma que obliga a bares y restaurantes a servir agua a granel gratis a sus clientes.

La Ley de Residuos aprobó 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. Otro cambio importante de la Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada es “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obligó a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, es obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando su reciclaje.

Pero quedaba poner en marcha el punto más polémico de la Ley de Residuos de 2022, la implantación de una nueva tasa de basuras a vecinos y locales comerciales de los municipios con más de 5.000 habitantes  (son 1.304 ciudades y pueblos), cuya entrada en vigor se demoró 3 años, hasta el 10 de abril de 2025. Actualmente, las viviendas y locales ya pagamos una tasa de basuras, pero es muy baja: apenas cubre el 57,7 % del coste de recoger, transportar y tratar las basuras municipales, según el estudio de la Fundación ENT. Ahora, la recogida de basuras tiene un coste de 3.947 millones para los Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades y sólo se ingresan por las tasas 2.278 millones (hay un déficit de -1.669 millones que se cubre con otros ingresos).

Además de ser insuficiente, la actual tasa de basuras es muy desigual por ciudades, según el estudio: la media que pagamos por la basura son 100,12 euros por vivienda, pero hay ciudades donde se paga mucho más (236 euros en Tarragona, 209 en Palma, 194 en Bilbao, 180 en Córdoba, 170 en Girona o Murcia, 167 en San Sebastián o 165 en Logroño, siendo 113 en Barcelona y 117 en Madrid, según la OCU) y otras mucho menos (29,7 euros en Sevilla, 39 en Alicante, 43,4 en Toledo o 50,6 euros anuales en León). Y también hay muchas diferencias en la tasa de basuras de locales y comercios : 202 euros una peluquería, 214 una tienda de ropa, 271 un taller, 358 una tienda de alimentación, 396 un bar, 501  un banco, 583 un restaurante, 785 un hotel o 845 euros un supermercado… Barato parece.

Ahora, la Ley de residuos obliga a los Ayuntamientos a aprobar una nueva tasa de basuras, que tienen que cobrar antes de fin de año. El único criterio obligatorio es que esa nueva tasa tiene que cubrir todos los costes de la recogida, transporte y tratamiento de las basuras municipales, no puede ser deficitaria como ahora. Así que pagaremos más por las basuras. ¿Cuánto más? Dependerá de las cuentas de cada Ayuntamiento, que tendrá que justificar a Hacienda (para que lo traslade a Bruselas) el coste global del servicio y lo que recauda con la nueva tasa. El problema es que la Ley no fija los criterios para establecer esta nueva tasa y cada Ayuntamiento la fijará según distintos criterios: tamaño de la vivienda (o local), zona y valor catastral, número de personas que viven, consumo de agua…

Veamos lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo. Establecerá la nueva tasa (que quiere cobrar en septiembre: una media de 141 euros por vivienda y 310 euros por comercio) en base a una parte fija (81%), calculada en base al valor catastral de la vivienda o local y otro 19% variable, según el barrio, los residuos que ahora genera y el porcentaje de reciclaje que se hace. Y con deducciones para familias vulnerables. La mayoría de los Ayuntamientos, que están estudiando cómo cobrarán la nueva tasa, tendrán en cuenta el valor de la vivienda, número de ocupantes y consumo de agua. Pero la mayoría no tienen datos de cómo es la basura que recogen, con lo que no contemplan incentivos para los vecinos y locales que separen y recojan mejor, uno de los principales objetivos de Bruselas.

En general, la mayoría de los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes no se han preocupado hasta ahora de la nueva tasa de basuras, cuando el 10 de abril se hizo obligatoria. Detrás de este desinterés hay una razón política: el PP se abstuvo en la votación de la Ley de Residuos y ahora, por la presión de Vox (que votó en contra), ha tratado de frenar esta nueva tasa, alegando que Bruselas no obliga a imponerla. Incluso aprovechó su mayoría en el Senado para aprobar una proposición de Ley para suprimir la obligatoriedad del cobro. Y en la Federación de Municipios (FEMP), que controla, aprobó en octubre (por unanimidad) una declaración en la que pedían “reconducir” esta tasa…

Pero la Ley ha entrado en vigor y los grandes Ayuntamientos la tienen que aplicar, creando una nueva tasa de basuras y cobrándola ya en 2025. Una tasa que supondrá una subida sobre la tasa actual (100,12 euros) y que será diferente según donde uno viva, no tanto por los residuos que se generen como por los criterios para cobrarla que elija cada Ayuntamiento. Al final, el problema es que “la derecha” (PP y Vox) no quiere penalizar los residuos y van a boicotear de una u otra forma la nueva tasa de basuras, como atacan toda la regulación medioambiental (como las zonas de bajas emisiones…). Pero la realidad es que “tenemos un grave problema de residuos”, que sólo se resuelve  con el principio de “quien contamina paga”. Quien más basura genera y no recicla, que lo pague.

Esta filosofía choca con el problema de que la mayoría de los Ayuntamientos no saben cómo es la basura que recogen ni trata de concienciar a sus vecinos y locales de que separen mejor la basura (en bolsas y contenedores), facilitando la recogida selectiva. Y tampoco penalizan con multas al que recoja mal y no recicle. El problema de tratar mejor la basura no es una opción política, (no es “woke”), es una exigencia si no queremos ser “líderes en vertederos”. Y eso exige mucha información, muchas campañas, un trabajo bloque a bloque y una política de multas e incentivos para los que incumplan y cumplan mejor. No es un problema de fácil solución, pero hay que conseguir un consenso generalizado, para reducir las basuras, separarlas y reciclarlas mejor, en beneficio de todos. Y todo ello necesita además inversiones y costes, que tendremos que pagar con tasas más altas pero repartidas con justicia. Necesitamos un país más limpio.

Crece el ahorro de los hogares (¿milagro?)

Las familias españolas están ahorrando más, en 2024 y 2023, tras recuperarse de la pandemia, la crisis de la energía y la alta inflación. Y lo mismo pasa en Europa, el continente que más ahorra, mientras EEUU gasta y apenas ahorra. La explicación del “milagro” está en la mejora del empleo, en que sueldos y pensiones suben más que la inflación y en que estamos “escaldados” por varias crisis (desde 2008) y preferimos guardar algo para “la próxima”. Pero este ahorro es muy desigual y sólo alcanza a la mitad más rica, algunos jubilados e inmigrantes. Ahora, esperan que ahorro siga alto en 2025, por temor a una nueva crisis tras los aranceles de Trump. España y otros 6 paises europeos quieren aprovechar mejor este ahorro, ahora paralizado en depósitos poco remunerados: preparan una nueva Cuenta europea que lo dirija a inversiones europeas, desde la digitalización al medio ambiente o la Defensa. Que el alto ahorro europeo sea “la gasolina” para que Europa sea más competitiva.

                            Enrique Ortega

Europa es un continente que ahorra bastante, sobre todo los paises ricos del centro y norte. En 2024, los europeos ahorraron el 14,41% de su renta bruta disponible, aumentando su tasa de ahorro de 2023 (13,67%), según Eurostat. Se ha superado con creces la tasa de ahorro que teníamos  los europeos antes de la pandemia  (12,30%), aunque luego se disparó en 2020 (al 17,20% de la renta disponible) por los confinamientos y la crisis. En el caso de la zona euro (20 paises), la tasa de ahorro fue mayor: un 15,30% de la renta disponible, otro récord desde la pandemia (18,70% en 2020). Y esta alta tasa de ahorro en la zona euro contrasta con la baja tasa de Estados Unidos, donde ahorraron la tercera parte que en la zona euro (el 5,2% de su renta disponible). En general, los estadounidenses ahorran menos y gastan más, comprando más fuera (alto déficit comercial) y endeudándose : tienen una deuda pública y privada de las más altas del mundo, que financia el ahorro del resto del mundo.

Dentro de Europa, los paises que más ahorran son Alemania (20,3% de su renta disponible, 1 de cada 5 euros), Suecia (18,26%) y Francia (17,65%), más Paises Bajos (14,69%) e Irlanda (13,52%), seguidas de España (13,43% ahorro de la renta disponible), por delante de Bélgica (13%), Italia (11,23%), Portugal (10,88%) y Dinamarca (10,36%), según los datos de Eurostat (diciembre 2024). En todos los paises ha aumentado la tasa de ahorro respecto a antes de la pandemia (17,90% ahorraba Alemania en 2019 y 14,55% Francia), pero el mayor salto en el ahorro lo ha dado España: ahorramos +5,38% en 2024 (13,43%) que en 2019 (ahorrábamos el 8,05%), un aumento inferior al de Francia (+3,1%), Alemania (+2,53%), Italia (+0,76%), Portugal (+2,93), la zona euro (+2,68%) o la UE-27 (ahorra +2,5%).

El Banco Central Europeo (BCE) ha llamado recientemente la atención sobre el fuerte aumento del ahorro en Europa, en 2024 y 2023, que atribuye a varias causas: un aumento de los ingresos de los europeos (gracias al aumento del empleo y a que los salarios y pensiones han subido más que la inflación, mejorando el poder adquisitivo), un aumento de las ganancias en Bolsa y dividendos, así como bonos y alquileres), el efecto positivo de las ayudas públicas y, sobre todo, “una mayor cautela a la hora de gastar”, por un aumento de la “incertidumbre estructural”, tras haber sufrido varias crisis (la de 2008 a 2012, la pandemia y la crisis de la energía y la alta inflación tras la guerra de Ucrania), que lleva a los europeos a ser “más prudentes en el gasto” y ahorrar más para afrontar el futuro.

En el caso de España, el mayor aumento en la tasa de ahorro tiene su origen en el fuerte aumento de la renta bruta disponible: alcanzó la cifra de 1.027.715 millones de euros en 2024, +8,7% que en 2023, según el INE. Y de estos ingresos, se destinaron al consumo 889.060 millones (+7,1%), otros 71.734 millones a la inversión (+6%) y se ahorraron 139.900 millones, un 23% más que en 2023. Eso significa que hemos ahorrado el 13,6% de la renta disponible, mucho más que antes de la pandemia (8,5% en 2019) y también más que a lo largo de este siglo (8,6% de ahorro entre 2000 y 2019).

Este fuerte aumento del ahorro en España tras la pandemia se debe a varios factores. Uno, clave, porque ha aumentado mucho el empleo (+1.881.000 empleos creados desde 2019) y también han subido los sueldos de estos trabajadores, aumentando su capacidad de gasto y ahorro. Dos, porque han aumentado los pensionistas y el importe de su pensión, lo que se traduce en más ingresos. Tres, que han aumentado las subvenciones y ayudas públicas (carburantes, electricidad, IVA alimentos…), que suponen ingresos adicionales para muchos. Y cuatro, que han aumentado las rentas percibidas por depósitos, acciones, deuda, Fondos y dividendos, así como por alquileres (3 millones de familias ingresan por las casas que alquilan). Además, la inflación se ha moderado en 2023 y 2024, lo que ha permitido a las familias un mayor poder adquisitivo estos años, gastar y ahorrar más.

Hay más ahorro, pero mal repartido, porque muchas familias siguen con problemas para llegar a fin de mes y no pueden ahorrar. Así que hay grandes diferencias en el ahorro, según los ingresos de los hogares: casi la mitad del ahorro total en España (el 49%) procede del 25% de los hogares con rentas altas, otro 28% del ahorro procede del 25% de hogares con rentas medias-altas, un 21% adicional viene del 25% de hogares con rentas medias-bajas y sólo el 2% del ahorro lo aportan el 25% de hogares con rentas bajas, según un estudio de CaixaBank Research.

Otro factor que explica la desigualdad en el ahorro es la edad: son las generaciones de 65 a 74 años (los jubilados) los que explican el fuerte aumento del ahorro en España tras la pandemia, según CaixaBank Research. Y también ahorran más los autónomos que los asalariados. Así, si el ahorro global de los españoles ha crecido un +4,6% desde 2019, los que tienen entre 65 y 74 años han ahorrado un +6,4%, mientras que los menores de 35 años sólo han aumentado su ahorro un +5,8%  y los que tienen entre 35 y 44 años lo aumentaron un +3,3%. Los expertos consideran que las generaciones mayores ahorran más para afrontar posibles problemas de salud y para ayudar a hijos y nietos. También una parte de los inmigrantes ahorran más, para enviar remesas a sus paises de origen: desde España se enviaron 10.183 millones de euros al extranjero en 2024, según el Banco de España.

El FMI alerta que es la primera vez que crece el ahorro, en España y en Europa, en un contexto que no es de crisis, con un cierto crecimiento y una fuerte creación de empleo (y con una inflación por debajo del 3%). Lo atribuyen a una falta de confianza de los consumidores en el futuro, a que mantienen una elevada incertidumbre, a pesar de que no estamos ya en crisis (incluso España crece más que antes de la pandemia). Esta alta tasa de ahorro provoca que crezca menos el consumo de las familias, que aporta más de la mitad del crecimiento de los paises. En definitiva, más ahorro equivale a menos consumo y a menos crecimiento. Y tampoco ayuda este ahorro a la inversión, otro motor de la economía (muy débil en Europa), porque la mayor parte está “inmovilizado” en cuentas y depósitos bancarios o en deuda, inversiones poco productivas.

Pero parece que este contexto de ahorro fuerte, en Europa y en España, va a seguir en 2025, según prevé CaixaBank Research, que apuesta porque las familias ahorren este año casi lo mismo que el pasado (un 13% de su renta disponible, frente al 13,6% en 2024). Y esa previsión está hecha antes de conocer los aranceles de Trump, que han enturbiado todas las previsiones económicas y podrían provocar inflación y recesión. Dos amenazas que llevarán a muchas familias (las que pueden) a gastar menos y ahorrar más en 2025. Y eso llevará a muchos paises a un menor crecimiento y a crear menos empleo.

La clave ahora es “hacer de la necesidad virtud” y aprovechar esta alta tasa de ahorro, en Europa y en España, para financiar el salto hacia adelante que necesita Europa para modernizarse y competir en el mundo. El gran objetivo es “desviar” parte de los 11 billones de euros que los europeos mantienen en cuentas y depósitos bancarios (percibiendo unos mínimos intereses) a la inversión, conseguir que una gran parte del ahorro de las familias se dirija a financiar la inversión europea a largo plazo.

Para lograrlo, España y otros 6 paises europeos (Francia, Alemania, Italia, Paises Bajos, Polonia y Luxemburgo) están trabajando en aprobar una nueva Cuenta europea de inversión, para que los ahorradores europeos dirijan ahí una buena parte del ahorro ahora improductivo, para lo que contemplan ofrecerles un trato fiscal muy favorable y una alta rentabilidad, armonizando las distintas rentabilidades europeas. Con una parte del ahorro europeo en esta nueva Cuenta europea se podrían financiar parte de las inversiones necesarias en digitalización, transición energética y Defensa y Seguridad. Y evitar la fuga de ahorro europeo a Estados Unidos: cada año, 300.000 millones de euros de financiación europea emigra a USA para comprar acciones de empresas tecnológicas o deuda pública.

Actualmente, España y los otros 6 paises promotores están estudiando diversas iniciativas europeas para captar ahorro (desde la cuenta de ahorro en Suecia  al plan de Francia para invertir en cotizadas o la compra de deuda en Italia), para configurar una Cuenta europea de inversión que sea atractiva para los inversores, un producto de inversión “paneuropeo” perfectamente identificable y que permita a los ahorradores saber dónde está su dinero. El objetivo es tener diseñada esta nueva Cuenta europea de inversión para junio y lanzarla al mercado este otoño, para financiar parte de los múltiples proyectos de inversión que tiene previstos la Comisión Europea para “dar el salto” y competir mejor en el mundo.

En resumen, que las crisis nos han hecho más ahorradores (los que pueden) y eso hace que cada año dejemos de gastar un porcentaje mayor, “por si vienen mal dadas” en el futuro. Y 2025, con la incertidumbre de los aranceles y la guerra comercial de Trump, lo normal es que el ahorro vuelva a subir, en España y en Europa. Este menor consumo puede frenar algo el crecimiento, pero el alto ahorro puede utilizarse para financiar las inversiones que necesitan Europa y España para modernizar su economía y ser más competitivos. Para conseguirlo, hay que ofrecer seguridad y rentabilidad a los ahorradores. Ahorro hay.

La publicidad dispara el juego online

En 2024 se batieron todos los récords del juego por Internet: 35.092 millones de euros, 4 millones jugados cada hora, 6 veces más que en 2013. Y son ya  2 millones los jugadores  habituales, la mayoría jóvenes. El Gobierno aprobó en 2021 un Decreto para restringir la publicidad del juego online, pero las empresas recurrieron y el Supremo les dio la razón en abril de 2024, quitando las restricciones. A partir de ahí, las empresas del juego multiplicaron su gasto en publicidad y marketing, disparando el juego online. Y ha crecido la “adicción” al juego, incluso entre los menores. Ahora, el Gobierno intenta frenar esa publicidad, aprobando otra vez restricciones en la Ley de la Agencia Estatal de Sanidad (que volverá a debatirse, tras el veto del PP y Junts) y en la Ley de protección a menores en el entorno digital (prohíbe las “cajas botín” en los videojuegos). Urge aprobar ambas Leyes y frenar la publicidad y el juego online, convertido en una “droga digital” para los jóvenes.

                           Enrique Ortega

El juego online sigue disparado y en 2024 volvió a batir todos los récords: se jugaron 35.092 millones de euros (4 millones cada hora), un 10% más que en 2023 y más de 6 veces lo jugado en 2013 (5.673 millones),  el primer año completo en que el juego online fue legal (se legalizó en España en junio de 2012) y casi el doble que antes de la pandemia (19.026 millones en 2019). Y el juego online sigue ganando cuota en el mercado global del juego (11,5% del total), aunque todavía tiene menos peso que en otros paises, por la mayor tradición española del juego presencial (Lotería, quinielas, sorteos, bingos y casinos, más locales de apuestas y máquinas de juego en bares y locales varios).

La facturación del juego online (las cantidades jugadas menos los premios) también se ha disparado, alcanzando un récord: 1.454,5 millones de euros en 2024, +17,6% que en 2023 (la facturación ha crecido más que lo jugado, señal de que bajan los premios). Las empresas del juego facturan ya el doble que antes de la pandemia (748,24 millones en 2019) y 6,3 veces más que en 2013 (229 millones). Eso explica que cada año haya más operadores con plataformas de juego online: son 80 las empresas autorizadas por la Dirección General del Juego (DGOJ), de ellas 53 españolas y el resto 22 multinacionales británicas  radicadas en Malta (paraíso fiscal), 3 de Bulgaria, 1 de Italia y otra de Finlandia.

El gran salto en cantidades jugadas y en facturación ha sido posible porque crecen año tras año los jugadores online: en 2024 se rozaron los 2 millones de jugadores “habituales” (el doble que en 2015), con 3.830.045 cuentas activas (+26% que en 2023). La mayoría de estos  jugadores online habituales son jóvenes: el 32,6% (534.335 jugadores) tienen entre 18 y 25 años y otro 32,8% tienen entre 26 y 35 años. Estos jugadores “habituales” gastan de media 736 euros al año (783 los hombres y 500 las mujeres), sobre todo en juegos de casino online (61,34% de lo jugado), en apuestas de todo tipo (el 29,28%), póquer online (9,12%) y bingo online (4,19%), según la DGOJ. El 80,14% de los jugadores pierden (-1.270,2 millones en 2023), el 18,93% ganan (321,98 millones) y menos del 1% restante se quedan igual, con lo que las empresas ganan 1.205,2 millones brutos (en 2023), una cifra a la que hay que restar gastos y marketing para estimar sus beneficios.

Precisamente, el gasto en marketing y publicidad es “la gasolina” que alimenta el juego online, junto al creciente uso de Internet de los españoles, sobre todo de los jóvenes, que tienen muy fácil jugar y apostar a cualquier hora, en cualquier lugar y de forma privada. En 2024, las empresas del juego “han echado el resto” en sus gastos de marketing: gastaron 526,3 millones de euros, +30,36% que en 2023. La mayor parte se dirige a pagar “bonos” a los jugadores, un “gancho para atraerlos: si se registra, le dan 100 euros para jugar (por ejemplo) siempre que él ponga otros 100). Ahí se gastaron el año pasado 261,52 millones (+30,83% que en 2023). La 2ª partida es la publicidad directa, en webs, redes y otros canales, a la que destinaron otros 203 millones (+37,3% que en 2023). Y luego sumamos 56,31 millones gastados en afiliados (lo que se paga a Webs e internautas por promover su plataforma de juego) y 5,45 millones más en patrocinio, generalmente deportivo.

¿Por qué se ha disparado la publicidad del juego en 2024? La explicación está en una sentencia del Tribunal Supremo, del 4 de abril de 2024, que anuló las restricciones a la publicidad online contempladas en el Real Decreto 958/2020, que establecía limitaciones a la publicidad del juego, desde mayo y agosto de 2020: prohibición de que los famosos hicieran publicidad, limitaciones a los anuncios del juego en las Webs, Google y buscadores, plataformas de vídeos o redes sociales, limitando además el envío de mail y las campañas de bonos y captación de jugadores. Pero las empresas del juego recurrieron a los Tribunales y el Supremo les dio la razón, básicamente porque las restricciones “carecen de cobertura legal” (se hicieron por Decreto y debían haberse hecho por Ley) y porque  consideraban que “no es posible limitar toda la publicidad con alcance general a todo un medio ante la eventualidad (sic) de que pueda ser utilizado por menores”.

La “chapuza del Real Decreto (propuesto por el ministro Garzón) y la sentencia favorable del Supremo han dado “alas” a las empresas del juego, que dispararon su gasto en publicidad en 2024: de gastar 41,78 millones el primer trimestre pasaron a 50,39 millones en el 3º y a 66,85 millones en el 4º (+32,65%), con un salto histórico en diciembre (gastaron 27,31 millones en publicidad, +61,5% que un año antes). Y eso ha “alimentado” el gran salto del juego online, en cantidades y jugadores. Un estudio de la Universidad de Oviedo concluye que el gasto en marketing aumenta las cuentas que se crean, las cuentas activas, el dinero que se deposita en ellas y las cantidades jugadas. Además, este estudio revela que el gasto en promociones (bonos para atraer jugadores y dinero para afiliados) es más eficaz que el gasto en publicidad. Y además, que es especialmente eficaz cuando se dirige a poblaciones vulnerables, como jóvenes y jugadores más activos. Encima, la Inteligencia Artificial (IA) está siendo muy utilizada por las empresas del juego, tanto para atraer jugadores como para conseguir que se “enganchen” más al juego, con nuevas ofertas.

Por todo ello, la “adicción” al juego online crece imparable, como el juego. Lo preocupante es que el juego online crece sobre todo entre los jóvenes. En 2023, 2 de cada 3 jugadores online (el 65,4%) tenían menos de 35 años: 1.072.732 jugadores de los 1.637.408 españoles que jugaron en 2023, según el Informe de la Dirección General del Juego (DGOJ). Eso significa que hay 172.000 jóvenes más jugando online que en 2019, (+20%). Pero lo más llamativo es que quienes más se han “enganchado al juego online son los más jóvenes: 534.335 jóvenes de 18 a 25 años (1 de cada 7 jóvenes con esa edad)  jugaron online en 2023, un +41% que en 2019 (378.798 jugadores de 18 a 25 años), según la DGOJ. Así que el juego online “engancha” a los jóvenes, sobre todo a los menores de 25 años, muy vulnerables, que gastan lo poco que tienen (o se lo quitan a su familia) para jugar.

Ya en 2021, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) alertó de que “el juego online se ha convertido en la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años”, aportando el testimonio de médicos y profesionales, que llevan años advirtiendo del aumento de la ludopatía entre los menores y de que cada vez hay chavales más jóvenes enganchados al juego : algunos hablan ya de “la heroína online”.  En octubre de 2023, un informe de prevalencia elaborado por la Dirección General del Juego (DGOJ) ponía cifras al grave problema de la ludopatía en los jóvenes que juegan online: el 12,5% tienen algún problema de adicción. Eso suponía 176.837 jóvenes de 18 a 25 años con problemas por el juego online. Un porcentaje que sube entre los que juegan a la ruleta online (23,3% jugadores tienen problemas), o al póquer online (20% con problemas).

Pero si preocupa la adicción al juego online de los jóvenes, más preocupante es el creciente juego online de los menores, aunque esté prohibido (usan la tarjeta de los padres y otros “trucos”): el 10,7% de los adolescentes de 14 a 18 años han jugado online (17,1% los chicos), según la Encuesta ESTUDES 2023, elaborada por Sanidad. Esos son 282.282 menores que reconocen que juegan. La edad en que se inician al juego por Internet ha bajado a los 14,7 años. Y lo más preocupante: el 23,5% de los adolescentes (14-18 años) que jugaron en 2023 presentan rasgos de un posible “juego problemático”. Son nada menos que 66.336 menores que juegan y tienen problemas. Y que, según los expertos, tienen muchas probabilidades de convertirse en “adictos al juego” cuando sean mayores de edad.

La principal vía de entrada de los menores al juego es el móvil, pero también los videojuegos, donde se ha detectado que el 24% de los jugadores menores (de 15 a 17 años) utilizan las “cajas botín” para obtener recompensas en el juego a cambio de dinero. En 2021, 3 de cada 10 jóvenes gastaron dinero dentro de los videojuegos para mejorar su posición, personaje, accesorios o imagen, al margen de la compra inicial. Es una entrada al juego de los adolescentes por la puerta de atrás de los videojuegos, lo que preocupa a los expertos. Por eso, en enero de 2023, el Parlamento europeo aprobó una Resolución que insta a Bruselas a legislar sobre las “cajas botín” en Europa, después de que EE. UU. haya sancionado a Fortnite por “usar patrones oscuros para fomentar compras no deseadas, sobre todo en menores y adolescentes”. El Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2022 un anteproyecto de Ley para regular las “cajas botín” en los videojuegos, pero quedó fuera por el final de la Legislatura. Y aún no se ha vuelto a aprobar. 

Frente a este panorama, un juego online que bate récords y atrapa a los jóvenes, el Gobierno Sánchez ha tratado de “enmendar” el error del Decreto sobre la publicidad de 2020, introduciendo nuevas limitaciones en una Ley que tiene poco que ver, la Ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Una Ley que ha tenido “mala suerte”, por cierto: se aprobó por primera vez en agosto de 2022 (con Carolina Arias de ministra), pero luego decayó por la anticipación electoral. Volvió a aprobarse en Consejo de Ministros en enero de 2024 (con Mónica García) y contaba con el apoyo de la mayoría para ser aprobada en el Congreso el pasado 20 de marzo de 2025. Pero el PP se enfadó con la Mesa por no querer votar enmiendas a otra Ley (de Seguridad Alimentaria) y cambió su voto, vetando (con Junts y Vox)  la aprobación de la Agencia de Salud Pública.

Este 8 de abril, el Consejo de Ministros ha aprobado por 3ª vez la Ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que quiere aprobar por vía de urgencia, en dos meses. De conseguirlo, en esta Ley se incluyen limitaciones a la publicidad del juego online: limitaciones a la publicidad en Webs, buscadores, redes e influencers, más prohibición a campañas de personajes famosos y limitaciones para la captación de clientes, vetando promociones y descuentos y forzando a las empresas a reforzar las medidas para impedir el juego de menores. Además, el Gobierno Sánchez aprobó el 25 de marzo la Ley orgánica para proteger a los menores en entornos digitales, obligando a los móviles a disponer de “control parental” y limitando el acceso de los menores a las “cajas botín” de los videojuegos.

Ahora falta que estas dos Leyes se aprueben de verdad en el Congreso y el Gobierno disponga de recursos legales para frenar la publicidad del juego y el acceso de los menores. Los expertos, médicos y ONGs están  preocupados de la cantidad de jóvenes y menores con problemas de adicción. De hecho, el juego patológico se ha convertido en la 3ª enfermedad mental que más suicidios provoca, tras el trastorno bipolar y la depresión. Y con un problema añadido: la sanidad pública carece de medios para tratar la ludopatía, desde los médicos de familia a los especialistas y hospitales, con sólo 3 Unidades especializadas en grandes hospitales para tratar las adicciones del juego.

Los expertos y ONGs que atienden a ludópatas (cada vez más jóvenes) insisten en que hay que tomar medidas más eficaces para frenar esta pandemia del juego, sobre todo online. Por un lado, habría que lanzar Campañas de concienciación sobre el juego (como se hace con el tráfico, el tabaco, el alcohol o las drogas), incluyéndolo en la formación de Colegios, Institutos y Universidades. Y por otro, habría que reforzar la sanidad pública, con especialistas y unidades especializadas conta la ludopatía, aumentando también las ayudas a las ONGs que atienden a los ludópatas. Todo ello podría financiarse con una pequeña parte de los impuestos pagados por el juego: casi 1.700 millones ingresados en 2024 (sólo 176 millones del juego online), que reciben casi en su totalidad las autonomías.

Conclusión: tenemos un grave problema con el juego online en España, especialmente entre los jóvenes y menores, que utilizan el juego en solitario (en el móvil o en los locales del barrio) para evadirse de sus múltiples problemas y “tentar a la suerte”, perdiendo casi siempre y enganchándose muchas veces, generando problemas sociales y mentales que afectan gravemente a sus familias, sin recibir apoyo sanitario ni ayudas, salvo de las ONGs. Hay que tomárselo en serio, como la droga o el alcohol, y frenar esta” epidemia del juego”.