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jueves, 9 de julio de 2026

Las infraestructuras están viejas y saturadas

En verano, con los viajes y la avalancha de turistas, es cuando más se aprecian los problemas  de nuestras infraestructuras: vemos carreteras con grietas y firmes dañados, trenes con retrasos y problemas en las vías, estaciones y aeropuertos saturados y puertos al máximo de su capacidad, mientras no se hacen las obras hidráulicas que evitan inundaciones. Un deterioro en las infraestructuras que se debe a años de escasa inversión y mantenimiento, sobre todo entre 2010 y 2018. En los últimos 8 años, la inversión pública en infraestructuras ha crecido (16.114 millones en 2025), pero aún es un 60% inferior a la que se hacía en 2009. Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha varios Planes para invertir 40.000 millones en infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, donde se van a destinar 1.000 millones este año a mejorar el firme de 3.670 kilómetros. Falta saber si habrá Presupuestos para hacerlo. Con todo, mejorar las infraestructuras es clave para seguir creciendo y tener unos servicios públicos modernos y eficientes.

                Plan con 1.006 millones de euros para mejorar asfalto carreteras del Estado en 2026

La inversión, uno de los motores del crecimiento, lleva 5 años consecutivos creciendo, tras el bache de 2020 por la pandemia. Sobre todo crece la inversión pública (+9,1% en 2025), el doble que la privada (+4,6%), gracias al maná de los Fondos europeos. Pero, a pesar de este crecimiento, la inversión pública en España (37.177 millones en 2025) está un 34% por debajo a la que había en 2009, porque aún no hemos recuperado los recortes de 2010 a 2018. Y dentro de esta inversión pública, la inversión en infraestructuras también crece (16.114 millones en 2025, +6,8% que en 2024) pero ha perdido peso (supone el 38% de toda la inversión pública, cuando era el 60% en 2009) y es un 60% inferior a la que se hacía en 2009

Hay tres inversiones públicas en infraestructuras que concentran el 73,5% de la inversión total, según un informe de la Fundación BBVA e Ivie. La más importante, la inversión en carreteras, que se lleva el 30,7% del total (4.952 millones en 2025), aunque han perdido peso y representan menos de la mitad de lo que se invertía en 2009. La 2ª inversión más importante es la que se hace en infraestructuras ferroviarias (4.592 millones, el 28,5% del total), que son precisamente las inversiones públicas que más han caído (se han reducido en dos tercios desde 2009, sobre todo por el desplome en la conservación). Y la tercera mayor inversión pública se da en obras hidráulicas (2.300 millones en 2025, el 14,3% del total), que han caído en términos reales (descontando la inflación) un 61,7% desde 2009, lo que explica la enorme indefensión ante las inundaciones. Y tras estas 3 grandes inversiones, tenemos las inversiones en puertos (1.626 millones en 2025, el 10,1% del total) y en infraestructuras aeroportuarias (1.216 millones, el 7,55%), donde el grueso de inversiones se autofinancian.

Así que ya sabemos por qué hay problemas en  las carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, puertos y aeropuertos: se invierte poco, más que en 2018 pero mucho menos que antes de la crisis financiera y los recortes. Y esta baja inversión crea problemas por doquier. En las carreteras del Estado (26.564 km), el propio Ministerio de Transporte reconoce que más de 5.000 km (casi 1 de cada 5 km) “requieren actuaciones urgentes”. Y las empresas de mantenimiento señalan que se necesita invertir en ellas 5.600 millones… En el ferrocarril, la inversión pública total cayó a la mitad entre 2011 (4.826 millones) y 2022 (2.411 millones) y aunque ha crecido más después (hasta 4.592 millones en 2025), todavía es menor a la inversión de 2011. Y en mantenimiento de vías y trenes, se gastó 726 millones en 2018 (menos que los 759 millones de 2011), aunque ha subido a 1.119 millones en 2025. Con todo, en la red ferroviaria convencional se gasta (2.400 millones en 2025) 6 veces más que en 2017 y en la alta velocidad (2.300 millones en 2026) se gasta el doble que hace 8 años.

En muchos puertos (como el de Valencia o Algeciras), las infraestructuras disponibles están al límite para recibir mercancías (por mar llegan el 80% de las importaciones) o exportarlas (el 60% de las ventas exteriores se hacen por mar). Y sobre las obras hidráulicas, las persistentes riadas no han servido para impulsar obras de canalización y defensa: haría falta movilizar 103.824 millones en obras hidráulicas durante la próxima década (10.749 millones sólo en la Comunidad Valenciana) para garantizar la seguridad hídrica del país y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante sequías a inundaciones, según Seopan.

Y queda analizar la situación de los aeropuertos españoles, que están saturados por el aumento de viajes tras la pandemia y los sucesivos récords de turistas: han pasado de recibir 275 millones de pasajeros en 2019 a 321,6 millones en 2025 (+17%), según los datos de AENA. Datos que revelan un grave problema: 10 aeropuertos españoles encaran este verano al límite o superando su capacidad para recibir vuelos y viajeros. Son los aeropuertos de Sevilla (al 125,8% de su capacidad), Valencia (al 112,8%), Tenerife norte (al 110,4%), Bilbao (110,4%), Menorca (al 105,3%), Alicante (al 105%), Barcelona-el Prat (al 104,5%: recibió 57,48 millones de pasajeros en 2025, con capacidad para 55 millones), Palma (al 99,4%), Lanzarote (al 99,1%) y Madrid-Barajas (al 97,9%: recibió 68,18 millones de pasajeros en 2025 y tiene capacidad para 70 millones). La saturación es tan preocupante que Aena, la empresa pública que gestiona los 46 aeropuertos españoles, ha anunciado que establecerá restricciones a las aerolíneas (de vuelos y pasajeros) en 2027, primero en Madrid y Barcelona.

Ante este panorama en las infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y carreteras, que afectan a millones de ciudadanos, con riesgos de accidentes y retrasos, el Gobierno ha puesto en marcha diversos Planes de inversión pública para modernizar las grandes infraestructuras, a pesar de no tener aprobados Presupuestos. Con los distintos Planes ya anunciados por el Ministerio de Transportes, se compromete a realizar una inversión superior a los 40.000 millones de euros en los próximos 3 a 5 años. Veamos en qué y cuánto.

Casi la mitad de esta inversión, 20.000 millones en el próximo quinquenio, es el Plan de inversiones ferroviarias que Transporte negocia con Hacienda para realizar inversiones (a través de ADIF) sobre todo en la red convencional, cercanías (600 millones de pasajeros anuales) y transporte de mercancías, menos en la alta velocidad (que ya ha crecido bastante). Se trata de aumentar la inversión en mantenimiento (de los 700 millones de 2011 y los 1.119 en 2025 a 1.800 millones en 2030) y realizar inversiones en infraestructuras (la Y vasca, duplicaciones de vías, la conexión Murcia-Almería y Burgos-Vitoria, corredores europeos, conexiones con puertos y ampliación de estaciones, desde Atocha y Chamartín a Sants o la Sagrera en Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Murcia).

El 2º eje de las futuras inversiones son los aeropuertos, donde AENA presentó en febrero su Plan DORA III para realizar inversiones por 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031, un año en que  esperan recibir 400 millones de pasajeros. Unas inversiones que se financiarán con los cánones que cobra AENA y no tienen coste para el Estado. Las mayores partidas se destinarán a reforzar grandes aeropuertos al límite (3.220 millones para Madrid-Barajas, 3.200 para Barcelona-El Prat) y aeropuertos turísticos (619 millones para el de Alicante, 571 para el de Málaga, 410 millones para el de Palma y 1.500 millones para los aeropuertos canarios). Las inversiones no sólo ampliarán y modernizarán terminales y pistas, sino que también digitalizarán más los aeropuertos e implantarán el sistema europeo de control de fronteras (Entry(Exit System, EES), obligatorio para reorganizar los flujos de pasajeros.

El tercer eje inversor serán los puertos, donde se movilizarán 7.000 millones de euros entre 2025 (1.225 millones) y 2029 (1.218 millones), el mayor esfuerzo inversor en dos décadas. Aquí también las inversiones correrán a cargo de los propios recursos del sistema aeroportuario, no del Presupuesto del Estado. Las principales inversiones se harán en la nueva terminal norte del puerto de Valencia, en desarrollar el sur del puerto de Barcelona y en las mejoras de los puertos de Algeciras , las Palmas y Granadilla (Tenerife). Y también se invertirá en electrificar los puertos (para que los barcos que atraquen contaminen menos) y en mejorar los accesos por carretera y ferrocarril a los principales puertos.

Y el 4º Plan inversor, anunciado por el ministro Puente en febrero, es un Plan de conservación de carreteras, con un presupuesto de 1.629 millones en 3 años (2027-2029), destinado a mejorar los firmes de la red de carreteras del Estado (26.564 kilómetros de los 165.756 kilómetros que suman todas las carreteras estatales autonómicas y locales en España) y reducir el enorme déficit de mantenimiento (5.600 millones). Al final, el Gobierno no ha esperado al año que viene y el 16 de junio ha aprobado un primer Plan de conservación de carreteras para 2026, con 1.006 millones de euros de inversión en 10 autonomías (216,32 millones para las carreteras de Cataluña, 188,4 millones para Castilla y León, 183,9 para Castilla la Mancha, 148,68 millones para Aragón, 83,7 millones para la Comunidad Valenciana y 60,76 millones para Madrid). La duración de los contratos será de 3 años, prorrogables. En paralelo, Transportes lleva invirtiendo desde enero otros 150 millones en carreteras (105 en mejora de firmes), para reparar (con “contratos exprés” y licitaciones rápidas) carreteras estatales que han sufrido daños con las borrascas de primavera.

Además de estos Planes para reparar y mejorar las carreteras estatales, Transportes ha recibido la autorización del Gobierno para contratar el mantenimiento de las 12 autopistas que pasarán al Estado a finales de 2026 (la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de peaje, y 11 autopistas de 1ª generación, en las que no se paga peaje porque el Estado paga un canon de 300 millones anuales a las concesionarias). El Estado dejará de pagar ese canon pero tendrá que pagar el mantenimiento de los 993 kilómetros de esas 12 autovías, un mantenimiento para el que cambiará el sistema de contratación habitual por el de “subasta”, algo que no gusta a las empresas ni a los sindicatos, que amenazan con recursos legales.

Visto el panorama de las infraestructuras en España, parece claro que tenemos un problema serio de falta de inversión (sobre todo entre 2010 y 2018) y de mantenimiento, que se traduce en problemas para los usuarios y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento futuro. Un problema que se agrava porque somos más población a usar estas infraestructuras (+9,5 millones de habitantes que en el año 2000) y recibiremos este año 100 millones de turistas (más del doble que los 46,4 millones que llegaron en el año 2000).

Queda claro que hay que hacer un esfuerzo adicional en las infraestructuras esenciales, sobre todo en la red ferroviaria, las carreteras, los aeropuertos, puertos y las obras hidráulicas. Eso debería obligar a un gran Pacto por las infraestructuras del futuro, donde se acuerden dos cuestiones clave. Una, qué obras e inversiones son prioritarias, sin que cada región y zona pretenda imponer “lo suyo”. Y la otra, cómo se financian estas obras públicas. La clave es combinar la aportación pública con la inversión privada y el pago de peajes y cánones a los usuarios, con un reparto de costes y cargas justo y transparente.

Pero chocamos con el problema de siempre, el que impide solucionar temas como la vivienda o la sanidad: la imposibilidad de pactar nada, por los tremendos enfrentamientos políticos que bloquean cualquier solución. Y aunque mejorar un trazado ferroviario, un aeropuerto o una carretera no debía ser motivo de enfrentamiento político, en España ahora lo es. Así que el Gobierno va buscando dinero como puede para reparar lo más urgente y habrá que esperar a las elecciones y al futuro Gobierno para esperar un Plan de infraestructuras públicas que modernice nuestro país, facilite el crecimiento económico y mejore diversos servicios públicos esenciales. Otro reto más que está pendiente.

lunes, 3 de noviembre de 2025

Los aeropuertos y el "chantaje" de Ryanair

El último capitulo de esta increíble historia sucedió el 8 de octubre: el comisario europeo de Transportes abrió expediente a España por multar a Ryanair y 4 aerolíneas más por cobrar el equipaje de mano. Esa multa (179 millones), la acordó el Gobierno en noviembre y en febrero de 2025, Ryanair llamó “loco comunista” y “payaso” al ministro de Consumo (sacándole 2 fotos disfrazado). Antes, en enero, había suprimido 800.000 plazas en España, otro millón en verano y 1,2 millones más en octubre, junto al cierre de vuelos en Vigo, Tenerife norte, Jerez, Valladolid y Asturias, más el posible de Almería, Vitoria, Zaragoza, Murcia, Santander o Reus. Su “excusa” (mientras gana 2.540 millones), la subida de tarifas aeroportuarias para 2026: El Gobierno lo llama “chantaje” y recuerda que esas tasas llevan congeladas desde 2015 y que son menores al resto de Europa. Ahora, propone subirlas (+0,69 céntimos/viajero) para modernizar nuestros aeropuertos, los cuartos con más tráfico del mundo. Esta “guerra”, que nos afecta mucho, sigue ahora en los Tribunales (europeos y españoles).

                Ryanair, la aerolínea líder en España y Europa, presiona contra subida tasas aeroportuarias

La compañía irlandesa Ryanair no es una aerolínea cualquiera: se ha convertido en la compañía aérea líder en Europa y en España, donde este año transportará 62 millones de viajeros (el 20% del tráfico previsto). La clave de su éxito han sido las ofertas “low cost”, los billetes superbaratos y el volar a nuevos destinos, pequeñas ciudades europeas que ha puesto en el mapa de vuelos, entre ellas muchas ciudades españoles, para lo que “fuerza” (“negocia”) que autonomías y Ayuntamientos les subvencionen por volar allí (cobrando por hacer publicidad de destinos en su Web, revistas y aviones: Cantabria pagó 18 millones a Ryanair por promocionarla turísticamente). Al final, la esencia de su negocio no es el billete básico, sino cobrar un extra por servicios complementarios que suponen un tercio de sus ingresos: facturación y equipaje de cabina, asiento y prioridad, ventas a bordo y rifas, comisiones a terceros (hoteles, coches de alquiler, seguros), programas de fidelidad y tarjetas regalo. Así consigue Ryanair ofrecer billetes  baratos y tener enormes beneficios: 1.324 millones en 2023 (+429 que en 2019) y 1.920 en 2024 (+34%). Y 2.540 millones entre abril y septiembre de 2025 (+42%)…

Ryanair fue la primera compañía “low cost” que abrió el camino de cobrar por el equipaje de mano en cabina, en 2018, restringiendo cada vez más los tamaños de las maletas de mano y cobrando más por casi todo lo que no es el billete básico. Eso ha provocado las quejas de los usuarios y multiplicado las reclamaciones de asociaciones de consumidores, en vano. Hasta que en noviembre de 2024, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy (de Sumar) decidió imponer una multa millonaria (179 millones) a Ryanair (107,7 millones) y otras cuatro aerolíneas low cost (Vueling, EasyJet), Volotea y Norwegian), por cobro injustificado de equipajes de mano y otros conceptos, apoyándose en la Ley de navegación aérea de España y en las resoluciones de 2014 del Tribunal Europeo de Justicia.

Ryanair reclamó la multa a la Audiencia Nacional y ante Bruselas. Y en paralelo, inició su particular “guerra” contra el Gobierno español y contra el ministro Bustinduy, recortando sus servicios. En enero de 2025, anunció el recorte de 800.000 plazas en España para el verano, saliendo además de los aeropuertos de Jerez y Valladolid. Y su consejero delegado (el histriónico Michael O`Leary) convocó una rueda de prensa en Bruselas  donde acusó al ministro de Consumo español de “loco comunista”. En febrero, esta vez en Madrid, le llamó “payaso, fotografiándose al lado de dos muñecos a tamaño natural de Bustinduy disfrazado de payaso (ver foto)… Y después siguió con su presión: en septiembre anunciaron otro recorte de 1 millón de plazas, junto al cierre de sus bases en Vigo, Tenerife Norte y Asturias. Y en octubre anunciaron el recorte adicional de 1,2 millones plazas para el verano de 2026, junto al cierre de sus operaciones en más aeropuertos, que podrían ser Almería, Vitoria, Zaragoza, Murcia, Santander y Reus.

El Gobierno español ha reaccionado a estas presiones (e insultos) señalando que es un “chantaje” : es la palabra que han usado el ministro Bustinduy, el ministro de Transportes, y el consejero-delegado de AENA (51% pública y el resto inversores en Bolsa), la empresa estatal que gestiona los aeropuertos españoles. Y el ministro de Consumo recordó en febrero, tras los insultos, que Ryanair tiene “un estilo comunicativo de bastante mal gusto y de bastante mala educación” y que es “una aerolínea muy conocida por “un estilo y una lógica de chantaje y extorsión”… En el fondo, según Aena, lo que pretende Ryanair es presionar a España para que no suba las tasas aeroportuarias en 2026. Incluso, Ryanair pide que AENA las baje hasta un 50% en los pequeños aeropuertos, argumentando que “están vacíos”.

En esta petición de Ryanair para congelar las tarifas en 2026 se le ha sumado el PP, “olvidando” que el Gobierno Rajoy aprobó en 2014 la actual congelación de tarifas aeroportuarias, que ha regido desde 2015 a 2025, y la norma que obligaba a revisarlas para 2026, según recuerda AENA. De hecho, estas  tarifas han tenido una bajada nominal del -7% entre 2015 y 2024, según AENA. Y si tenemos en cuenta la subida de la inflación estos años, las compañías aéreas han tenido una bajada real de tarifas aeroportuarias en España del -31,2%, según AENA. Eso sí, entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de julio de 2023, las compañías aéreas nos han subido el billete de avión a los viajeros un +64%, según Consumo: de 122 euros de media a 200 euros.

Tras este año de “guerra” y "chantaje" de Ryanair al Gobierno, la sorpresa saltó en Bruselas el 8 de octubre: el comisario de Transportes europeo, el griego Apostolos Tzitzikostas (Nueva Democracia, integrada en el PP europeo) dio la razón a Ryanair (con cuyo consejero delegado se reunió en Bruselas, antes que con Bustinduy): las aerolíneas tienen “libertad” para fijar precios por el equipaje de mano. Y abrió un procedimiento de infracción a España, que podría ser llevada por la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, argumentando que “infringe la normativa comunitaria”. El ministro Bustinduy lamenta que Bruselas “se haya puesto al lado de las multinacionales”, una crítica que comparte la Organización Europea de Consumidores. Y España contempla mantener las multas y acudir también al Tribunal de Justicia europeo de Luxemburgo.

Mientras la guerra del Gobierno con Ryanair continúa, AENA no cede al “chantaje” y el 1 de enero de 2026 subirá las tarifas aeroportuarias que recauda en los 46 aeropuertos españoles que gestiona. Primero, argumenta, para cumplir la Ley 18/2014 del Gobierno Rajoy, que fijaba una congelación de tarifas entre 2015 y 2025 para “ajustarlas” en 2026” (Dora II). La decisión de AENA ha sido subirlas un +6,62% en 2026, lo que supone un aumento de tasas de 68 céntimos por viajero: de 10,35 euros de media en 2025 a 11,03 euros en 2026.

AENA justifica esta subida de tasas aeroportuarios, además de que han estado congeladas, en otras dos razones: son más bajas que en el resto de Europa y estos mayores ingresos hacen falta para financiar la modernización futura de los aeropuertos españoles. Respecto a la comparativa de tarifas, un análisis de El País demuestra que, aún con la subida de 2026, los aeropuertos españoles tendrán tasas más bajas que la mayoría de los europeos: en Madrid-Barajas se pagará 13,39 euros/pasajero al Espacio Aéreo Europeo, EEE (18,96 euros/pasajero al resto de destinos) y Barcelona-el Prat 12,47 y 15,26 euros, mientras en Frankfort cobran 24,85 (EEE) y 26,29 euros/viajero, Roma 17,52 y 24,89 euros, Ámsterdam 31,26 euros, París 11 euros más IVA en vuelos interiores y 27,88 euros en vuelos internacionales, Lisboa 16,32 euros vuelos interiores y 27,47 euros en los vuelos internacionales… Y en los aeropuertos pequeños, la tasa será mucho menor: en Santiago, por ejemplo, 4,74 euros por pasajero en vuelos europeos y 7,11 euros en los internacionales. Y en Valladolid, 2,22 euros y 3,35 euros.

El otro argumento de AENA para la subida de tasas es que los aeropuertos españoles necesitan ampliarse y modernizarse, porque “empieza a estar la cosa apretada”, en palabras de su consejero delegado. Es una forma fina de decir que los aeropuertos españoles están a rebosar de viajeros, como hemos visto este verano en cualquiera de ellos. Los datos de IATA lo corroboran: en 1999, España recibía o emitía 129 millones de pasajeros, el doble en 2019 (275 millones), se movieron 309 millones en 2024 y esperan 320 millones de viajeros en 2025, 2,5 veces más que al inicio del siglo. Y España era en agosto (241 millones de pasajeros transportados) el 4º país del mundo con más tráfico aéreo, tras EEUU (876 millones), China (711) y Reino Unido (261). Y aunque India (241 millones) nos superará a fin de año, la previsión es que España se mantenga en el Top 5 aéreo mundial en los próximos 20 años, gracias al turismo y al desarrollo económico.

Esto exige que España “se ponga las pilas” y amplíe y modernice sus aeropuertos, para afrontar esta tremenda demanda. Por ello, el propio presidente Sánchez presentó en Alicante, el pasado 18 de septiembre, el Plan de inversiones en aeropuertos 2027-2031, que prevé gastar 12.888 millones en la red española, sin destinar ni un euro de los Presupuestos: 9.991 millones son inversiones “reguladas” que saldrán de las tasas aeroportuarias y el resto de inversiones están asociadas a la actividad comercial (tiendas, aparcamientos y otros ingresos). La idea es proponer al sector aeroportuario un calendario de subida de tasas para 2027-31 (DORA III), para que las aerolíneas y otros implicados den su opinión y se puedan aprobar de aquí a un año, para que todos puedan planificar a medio plazo.

Este Plan de inversiones aeroportuarias tiene 3 prioridades: atender el aumento esperado del tráfico aéreo (especialmente acuciante en los aeropuertos de grandes capitales y ciudades turísticas), mejorar la experiencia de los usuarios (evitar tantas colas y pérdidas de tiempo) y hacer que el sector aéreo sea ambientalmente más sostenible. Las grandes inversiones se van a concentrar en Madrid-Barajas (2.400 millones este quinquenio y hasta 4.000 millones en total), Barcelona-el Prat (3.200 millones) y otros 11 aeropuertos, sobre todo los dos de Tenerife, el de Lanzarote, Alicante, Málaga, Valencia, Bilbao e Ibiza. El objetivo es que los futuros aeropuertos ayuden no sólo a mejorar el tráfico aéreo sino que sean un motor del turismo, el crecimiento económico y el empleo: la mejora de un 10% en la conectividad aérea se traduce en un aumento del 0,5% en el PIB per cápita…

Así que estamos en medio de una “guerra” entre Ryanair y el Gobierno/AENA/consumidores y en un momento crucial para el futuro del tráfico aéreo en España, donde nos jugamos seguir siendo el líder mundial del turismo y parte del crecimiento económico, además de ser una potencia en el tráfico aéreo mundial. Un futuro que debería llevarnos a dos reflexiones. Una, si debemos apostar por traer más turistas cada año, una vez que rondemos este año los 100 millones de turistas, un récord difícilmente sostenible (social y medioambientalmente), que está detrás del auge de los pisos turísticos y del precio disparado de los alquileres (cuando un propietario le saca 400 euros diarios a un piso para turistas, resulta difícil pedirle que lo alquile a una familia por menos de 1.000 euros al mes…). Y la otra, si tantos vuelos actuales y futuros son ambientalmente sostenibles, si no contribuyen a la crisis climática.

Los ecologistas insisten en que las emisiones de CO2 provocaban por el tráfico aéreo han pasado de ser el 2,3% del total al 7% en 2023, aunque AENA rebaja las emisiones a menos del 3%. Y Ecologistas en Acción denuncia que ya hoy España es el 2º país europeo cuyo transporte aéreo emite más Cos (22,7 millones de Tm en 2024)  y que ampliar los 13 aeropuertos previstos supondrá aumentar las emisiones entre un 30 y un 35%. Enfrente, AENA replica que el Plan de inversiones destina 1.500 millones a la sostenibilidad ambiental: electrificación de flotas, modernización energética de terminales, más renovables y colaboración con aerolíneas para uso de combustibles menos contaminantes. Al final, el Plan aeroportuario presentado por AENA pretende conseguir que el sector aeroportuario tenga emisiones cero en 2030, 20 años antes que el resto de la economía.

En este camino por un transporte aéreo menos contaminante, una medida fundamental es reducir los vuelos cortos, que se pueden sustituir por el tren (o el coche híbrido o eléctrico). El país pionero fue Francia, que en junio de 2023 aprobó formalmente la prohibición de los vuelos a corta distancia cuando existiera la alternativa de un tren que tardara menos de 2 horas y media. Pero dos años después, no parece que la medida sea muy efectiva. Otros paises europeos, como Austria, Suecia, Noruega y Paises Bajos han tomado o estudian medidas similares, mientras la Comisión Europea no se pronuncia. En España, la medida está incluida en la nueva Ley de Movilidad, recién aprobada en el Congreso (con la abstención de Podemos y el voto en contra de PP, Vox y UPN). Propone limitar los vuelos cortos cuando haya un tren que tarde menos de 2 horas y media. Eso afectaría hoy sólo a 3 vuelos: Madrid-Valencia (1 hora y 49 minutos), Madrid-Alicante (2 horas y 17) y Madrid-Barcelona (2 horas y 29). Pero si Renfe, Ouigo e Iryo rebajan algo tiempos, podría afectar también a los vuelos Madrid-Sevilla (hoy 2 horas y 33 minutos en AVE) y Madrid-Málaga (2 horas y 42). Pero no se sabe cómo la Ley podría limitar en la práctica estos vuelos cortos…

En resumen, que cada vez hay más “fiebre por volar, en el mundo y en España, aunque algunas aerolíneas “low cost” lo aprovechen para ofrecernos vuelos baratos y luego tratar de cobrar por el equipaje y lo que puedan, de momento con el respaldo de Bruselas. Y que en el futuro, volar será más caro, porque subirán las tasas y habrá más demanda, lo que obliga a unas inversiones millonarias en nuestros aeropuertos más saturados. Pero ojo: algún día habrá que poner coto a esta locura de un despegue o aterrizaje cada 12 segundos en EspañaNo puede ser sostenible, ni para el bolsillo ni para el Planeta. Ojo a esta otra burbuja.

lunes, 25 de julio de 2022

Vacaciones 2022: todo lleno y carísimo

En unos días, media España saldrá de estampida para aprovechar las vacaciones de verano. Lo primero sería recordar que 1 de cada 3 españoles no puede tomar ni una semana de vacaciones, según el INE. Y el resto, van a desquitarse este año de dos veranos con pandemia, aunque viajarán menos días y gastando menos, por la inflación. Y se encontrarán con que la mayoría de destinos, sobre todo las islas y costas, están a rebosar, llenos de turistas extranjeros: se esperan casi 20 millones entre julio y agosto, sobre todo europeos. Y todos, nacionales y extranjeros, pagarán todo mucho más caro, desde los hoteles (han subido un +45%) y apartamentos hasta bares y restaurantes, ocio, coches de alquiler y los carburantes (62 y 71 céntimos más caros que el verano pasado). Eso sí, este “boom” turístico, que recuperará las cifras de 2019, salvará a la economía y al empleo este verano, aunque en otoño vendrá la resaca. Mientras, aproveche ahora y descanse si puede.

Enrique Ortega

El turismo lleva ya 12 meses continuados de recuperación, desde junio de 2021, tanto de visitantes extranjeros como de españoles que ahora viajan más. La Semana Santa fue récord y lo mismo mayo, con lo que estos 5 primeros meses de 2022 han llegado ya 22,74 millones de turistas extranjeros, 6 veces más que el año pasado (sobre todo, crecen los británicos, norteamericanos, irlandeses y nórdicos), aunque todavía son 6,6 millones menos que antes de la pandemia, en el año récord de 2019. Y además de venir ya muchos más turistas, se gastan más que antes: 26.726 millones de euros en estos primeros 5 meses, casi 7 veces más que el año pasado (177 euros diarios, frente a 163 euros en 2019), con una mayor estancia media, de 6,5 días (era de 6,3 días antes de la pandemia).

Ahora se espera que este repunte del turismo en Semana Santa, mayo y junio continúe este verano, que “será como los de antes”, según el Gobierno. Todos los datos lo vaticinan. Por un lado, las reservas turísticas para julio y agosto se han disparado y son incluso un 34% por encima de las que había en 2019 (y han duplicado con creces las de 2021). Las búsquedas de vuelos también se han duplicado y las compañías no dan abasto para cubrir la demanda. Y en la costa española, resulta difícil encontrar apartamentos y casas para alquilar (al doble de precio que el verano pasado). Y lo mismo pasa con la reserva de coches de alquiler, sobre todo en las islas. España ha puesto el cartel de “Completo” para este verano, sobre todo en Baleares, Canarias y la costa mediterránea y andaluza.

La previsión oficial es que este verano se alcance un 98% del turismo de antes de la pandemia, cuando llegaron a España 28,9 millones de turistas extranjeros (20 millones entre julio y agosto). La patronal turística Exceltur cree incluso que la facturación turística este verano será un 2% superior a la de 2019, sobre todo gracias al turismo extranjero (+3,4%), ya que se estancarán los ingresos por el turismo nacional (+0%). Y esperan que el verano sea especialmente rentable en Baleares (+3,6% de facturación sobre 2019) y Canarias (+3,5%), así como en el litoral mediterráneo (+2,5%) y la costa andaluza (+2,4%), siendo muy similar la facturación en la España verde y en el interior.

Hasta aquí las previsiones optimistas. Pero también hay puntos negros” que preocupan para este verano al sector turístico. El principal, los problemas en los vuelos que traen a los turistas extranjeros, afectados por un rosario de huelgas y una reducción de vuelos (se han cancelado 16.000 vuelos a España para agosto), por el atasco en la mayoría de aeropuertos europeos derivados de la falta de personal, la congestión de instalaciones y los escasos medios en los controles policiales y sanitarios. Además, siguen subiendo las tarifas aéreas, por la subida de los carburantes, desalentando los viajes. Y hay una subida récord en los paquetes turísticos y, sobre todo, en los hoteles españoles: los precios han subido un +45% anual (la mayoría, el 33,6%, de enero a junio), según el INE. Y también están caros los restaurantes, bares, el ocio y los coches de alquiler. Y encima, a los que utilicen el coche, el precio de los carburantes se ha disparado sobre lo que costaban el verano pasado: +62 céntimos la gasolina y 71 céntimos en gasóleo. Y sigue el riesgo de que repunte el COVID: estamos en una 7ª ola silenciosa, con 839 muertos la última quincena (60 diarios).

Pero ninguno de estos problemas parece desalentar a los turistas, ni a los extranjeros ni a los españoles, que quieren olvidarse de la pandemia y la inflación durante estas vacaciones, al precio que sea. Eso sí, los que pueden, porque 1 de cada 3 españoles (el 32,7%) no puede coger una semana de vacaciones, según indica el INE en su Encuesta de Condiciones de Vida  2021. Y son sobre todo las familias con menos ingresos, más afectadas ahora por la inflación, sobre todo de Andalucía (el 45,7% de la población no puede coger una semana de vacaciones), Murcia (44,4% no), Extremadura (41,6%) y Canarias (41,8%), mientras son muy pocos los que no veranean en el País Vasco (16,4%), Madrid (21,4%), La Rioja (22,4%) y Navarra (22,6%), según el INE.

De los 2 tercios restantes, la mayoría que sí veranea, este año aumentan un 20% los que viajan y se toman vacaciones, según el Observatorio TUR, cuya Encuesta revela que la mayoría de españoles optará por destinos de sol y playa, con estancias medias de una semana y un gasto medio de 610 euros por persona (menos que los 714 euros de 2019), aunque un 40% de las familias gastarán más de 1.000 euros por persona. En general, aumentan los viajes por carretera, las vacaciones de personas solas y unas estancias más cortas, buscando este año más los apartamentos y los hoteles de 3 y 4 estrellas. Los destinos favoritos de los españoles y extranjeros este verano son Baleares y Canarias (sobre todo los extranjeros) y los pueblos y ciudades de la costa mediterránea y andaluza.

Incluso la patronal turística Exceltur advierte que en estos destinos favoritos (islas y costas) se puede producir este verano una saturación, desde las carreteras de acceso a los pueblos y ciudades a los aeropuertos, pasando por los restaurantes, bares y locales de ocio, agravando los tradicionales enfrentamientos entre la población local y los turistas (caso de algunas zonas de Mallorca e Ibiza, la Costa Brava o la Costa del Sol). Y todo ello sin olvidar la falta de infraestructuras en zonas que multiplican por 10 su población en verano, desde agua y saneamientos a vigilancia o atención sanitaria (y más con los rebrotes de COVID).

Con todo, se espera un verano turístico récord, con la llegada de 28 millones de turistas extranjeros (9,5 millones en julio, 10,2 en agosto  y 8,3 millones en septiembre), más otros 25 millones de españoles desplazados por vacaciones. Un movimiento que reportará al sector turístico una facturación de 50.000 millones de euros sólo en julio y agosto, según Exceltur. Eso supone un tercio de todos los ingresos previstos por el sector para 2022 (151.798 millones de euros, el 98% del PIB turístico de 2019). Así que el turismo será clave para sostener la economía en el tercer trimestre, después de que haya crecido muy poco en el primer trimestre (+0,3%) y en el 2º (pendiente de saberlo). Y será clave también para el empleo, porque el 40% del empleo que se está creando es en el turismo y la hostelería, aunque todavía hay menos empleo turístico (2.428.281 trabajadores en el primer trimestre) que antes de la pandemia (2.488.488 empleados en marzo 2019), según el INE.

El temor del sector turístico está en lo que pase después del verano, cuando pueden caer los viajes de extranjeros y españoles por culpa de la inflación, la subida de tipos y el riesgo de recesión en Europa por el corte de gas ruso. Así que la incertidumbre está ahí, en el otoño e invierno, si vuelve a caer la demanda turística y complica el cierre de un año 2022 en que se espera recuperar casi todos los turistas e ingresos de 2019: 79 millones de turistas (frente a 83,7 en 2019) y 70.000 millones de ingresos (frente a los 92.278 millones de 2019).Y si el turismo no ayuda en el 4º trimestre, será más fácil entrar en recesión. No olvidemos que el 40% del crecimiento del PIB de este año (+4%) depende del turismo.

Así que nos jugamos mucho con que el turismo se recupere con fuerza, este verano y después, tanto por el crecimiento como por el empleo. Pero no basta con aprovechar la necesidad de viajar de españoles y extranjeros. Hay que aprovechar, de una vez por todas,  esta nueva recuperación del sector para reconvertir a fondo el turismo español de cara al futuro, para apuntalar la primera industria española. No se trata de crecer a base de batir récord de turistas cada año sino de conseguir un turismo de más calidad, menos masivo y que gaste más, que no destroce nuestras costas y sea más sostenible. Aprovechar los mayores ingresos de ahora y los Fondos europeos para reconvertir la oferta, sobre todo en el turismo de sol y playa, que es la base del “milagro turístico español”: nuevas instalaciones, nueva oferta de ocio, más digitalización de los paquetes y más calidad, apostando por la formación y el empleo de calidad (hoy es el peor pagado). Y buscando un turismo más globalizado (menos dependiente de Europa) y que venga durante todo el año, a toda España (no sólo a las costas e islas).

Pero cuando la gallina de los huevos de oro vuelve a funcionar, todo el mundo se olvida de reflexionar sobre los cambios y apostar por reforzar el negocio a medio plazo. Sólo se mira las reservas hechas y cómo ganar más, aunque sea a costa de unos precios peligrosos, que pueden desviar los turistas a los paises competidores el próximo verano. Y que desalientan al turista español, harto de que le “atraquen” cuando va de vacaciones. Urge un Plan de reconversión del turismo, pactado entre el Gobierno, autonomías y el sector, que contemple su futuro a 20 años vista, no para salir del paso de la coyuntura. Y que consiga un turismo sostenible, a precios razonables y con calidad. Mientras, que afronten este verano lo mejor posible, frente a la saturación, los precios y el calor. 

Que descansen y disfruten.

lunes, 29 de junio de 2020

Nueva normalidad: rebrotes y reconstrucción


Llevamos 8 días en la “nueva normalidad”, con total movilidad y mascarilla, y han aparecido múltiples rebrotes, de momento controlados. También en Europa, China y Corea, mientras la pandemia se agrava en América y Asia. Será clave este 1 de julio, cuando muchos empiecen vacaciones y lleguen turistas de fuera de Europa: aumentarán los rebrotes sin que las autonomías turísticas tengan reforzada su sanidad. Mientras, se amplían ERTES y ayudas a autónomos hasta septiembre, con alto coste para la SS. Y se aprobarán más créditos ICO, mientras los empresarios piden que no les toquen normas laborales e impuestos. La novedad es que el PP ve ahora más rentable “pactar algo”, un refuerzo de la sanidad que él recortó en 2012, aunque será difícil que acuerde otras medidas económicas y el Presupuesto 2021. Pero necesitamos un esquema claro de gastos e ingresos pactado para varias Legislaturas, como pide el Banco de España. Y modernizar la economía para que otra crisis futura nos pille menos vulnerables. Cambiemos con la pandemia.

enrique ortega

El coronavirus cumple esta semana 6 meses y no frena sus contagios, sino que bate récords semana a semana y ha tardado sólo 7 días en pasar del 9º al 10º millón de contagiados, cuando tardó 3 meses en contagiar al primer millón y 12 días los siguientes. Y el pasado viernes 26 volvió a batir otro récord de contagios: 191.700 en un solo día.  Hoy ya ha contagiado a 10.146.971 personas en 188 paises, según los datos diarios de la Universidad Jhons Hopkins

El epicentro de la pandemia sigue en América, primero en Estados Unidos (2.548.996 contagiados, +44.602 diarios), y se extiende muy rápido por Latinoamérica (1.800.000 contagiados), especialmente en Brasil (1.344.143, +38.693 diarios), Perú (279.419, +3.625 diarios), Chile (271.982, +4.406 diarios), México (216.852, +4.410 diarios), Colombia (91.995), Argentina (59.933) y Ecuador (53.156). Y avanza por Asia y Oriente Medio: India (548.318, +15.400 diarios), Irán (222.669), Pakistán (206.512), Arabia Saudí (182.493), Bangladesh (137.787), más Turquía (197.239 contagiados). Sin olvidar África (320.000 contagiados), destacando Sudáfrica (138.134). Y en Europa, aumentan los contagios (2.598.476), encabezados por Rusia (633.563 contagiados, +6.391 diarios), Reino Unido (312.640, +890 diarios), España (248.770, +118 diarios), Italia (240.310, +175 diarios), Francia (199.476, +360 diarios) y Alemania (194.693,+73 diarios). 

El coronavirus se ha cobrado ya 501.940 muertos, la cuarta parte en EEUU (125.803), seguido de Brasil (57.622), Reino Unido (46.634), Italia (37.736), Francia (29.781), España (28.343 muertos),  México (26.648), India (16.745), Irán (10.508), Bélgica (9.732), Perú (9.317), Rusia (9.060) y Alemania (8.968) y Rusia (8.594).

En la última semana, lo más preocupante han sido los rebrotes en una decena de paises, desde China (hay barrios cerrados en Pekín), a Irán, Corea del Sur o Israel a Alemania (ha restablecido restricciones a 640.000 personas en 4 regiones) y Portugal (han vuelto a confinar a 19 de los 24 distritos de Lisboa). En España, hay 26 rebrotes localizados, en Huesca (varias comarcas han bajado a la fase 2 de la desescalada), Lérida, Bilbao, Vitoria, Málaga, Cádiz, Granada, Cáceres, Coruña, Valladolid, Murcia y Cantabria. El doctor Simón insiste en que estos rebrotes “son normales y están controlados”, algo por lo que la OMS ha felicitado a España. Lo preocupante es que el origen de muchos contagios es la irresponsabilidad de bastantes ciudadanos (fiestas, encuentros familiares…), sobre todo de muchos jóvenes que “no ven el riesgo” (no de contagiarse ellos, sino contagiar a otros).

Los datos de Sanidad revelan que la pandemia está medianamente controlada y los contagios nuevos se concentran en 6 regiones que superan la media española (8,23 casos nuevos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Aragón (32,52), Navarra (16,51), Cataluña (15,26), Madrid (16,72), Castilla Y León (10,42) y Castilla la Mancha (9,94), mientras hay 11 autonomías con menos de 5 contagiados recientes por 100.000 habitantes. Pero suben los nuevos contagios (de 125 el lunes 22 a 196 el miércoles, 191 el viernes y 118 ayer domingo), básicamente en Aragón, Madrid, Andalucía y Cataluña. Y se estabilizan los hospitalizados  (sobre 150 la última semana) y los enfermos de COVID 19 ingresados en UCI (entre 10 y 16). También sube poco la cifra de muertos, entre 1 y 3 muertos nuevos diarios, con un balance de 28.343 muertos ayer domingo (+ 13 en la última semana), según los datos de Sanidad que les envían las autonomías.

Sanidad insiste que las autonomías están controlando y haciendo un eficaz seguimiento de los rebrotes y que la Ley de sanidad permite aislar zonas afectadas, aunque no esté vigente el estado de alarma. Ayuda que se empiecen a hacer test PCR no sólo a los nuevos contagiados sino a todos los que hayan estado en contacto con ellos, lo que aumentará las pruebas. Se han hecho 3.470.130 test PCR a 25 de junio,  casi 1 millón en el último mes, aunque todavía sean pocos: 73,68 test por 1.000 habitantes, con gran diferencia entre los 122 de la Rioja o País Vasco, las 108 de Madrid, las 84 de Cataluña, las 58 de Aragón, las 44 de Extremadura o las 31 de Andalucía (ver reparto). Pero los médicos de atención primaria siguen quejándose de falta de medios, ahora en Madrid y Barcelona, pero pronto en las zonas turísticas, donde van a saltar los futuros rebrotes. Y más, con el desigual cumplimiento que se está haciendo de las normas que exige el Decreto de nueva normalidad, aprobado el jueves en el Congreso por PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos y PNV.

La prueba de fuego de “la nueva normalidad” empieza de verdad este miércoles 1 de julio, cuando millones de españoles se muevan de vacaciones y, sobre todo, cuando empiecen a llegar más turistas extranjeros, no sólo los europeos (que pueden venir desde el 21 de junio) sino los de otros continentes. Bruselas quiere pactar con los paises comunitarios una lista negra de paises a los que no permitir la entrada en Europa, pero resulta difícil porque hay que combinar el riesgo sanitario con la relación económica y política con esos paises. Un baremo podría ser prohibir la entrada de viajeros de paises que tengan más de 50 nuevos contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el baremos interno (y no publicado) que se ha autoimpuesto Sanidad para frenar la entrada de turistas en España (ahora estamos en 8,23 contagios por 100.000 habitantes, pero llegamos a tener 214 nuevos contagios/100.000 el 7 de abril).

Si se aplicara este baremo, no podrían venir a España (ni a Europa) turistas de Suecia (132,2 nuevos contagios/100.000 habitantes), Rusia (67,3) o Bielorrusia (75,1), Estados Unidos (135,1), Brasil (231,4), Perú (172,7), Chile (570,8), Colombia (84,1), México (58,3), Arabia Saudí (177,4), Sudáfrica (120,9), Qatar (548,1) o Singapur (54,1). Un país clave será Marruecos (8 casos/100.000), que de momento tiene cerradas sus fronteras hasta el 20 de julio y ha anulado la Operación Paso del Estrecho, por la que cruzan España 3 millones de magrebíes desde Europa. No se descarta que Marruecos cambie y abra en unas semanas sus fronteras, lo que obligaría a España a permitir el paso de magrebíes, con un grave riesgo sanitario, sobre todo para Andalucía.

La puerta de entrada de los turistas son los aeropuertos (el 80% turistas llegan por vía aérea), pero el mayor riesgo no está en Barajas (como reitera la presidenta Díaz Ayuso), sino en los aeropuertos por los que llegarán los 11,8 millones de turistas que la patronal Exceltur espera entre julio y septiembre: El Prat-Barcelona (2,37 millones turistas llegaron en julio 2019 a Cataluña), Palma de Mallorca (2,34 millones llegaron a Baleares), Alicante y Valencia (1,24 millones llegaron a la Comunidad Valenciana), Tenerife y las Palmas (1,03 millones de turistas llegaron a Canarias), muy por delante de Madrid-Barajas (0,6 millones turistas en julio 2019).

Estos son los aeropuertos donde hay que reforzar los controles, hoy insuficientes con el personal de Sanidad Exterior (600 funcionarios, de ellos sólo 150 sanitarios), aunque AENA haya subcontratado un refuerzo de 100 personas más. Pero sobre todo, hay que reforzar la sanidad de las autonomías que reciben más turistas, extranjeros y nacionales, y sobre todo los centros de salud de esas localidades turísticas que multiplican por 10 o más su población en verano. Hacen falta planes de contingencia por pueblos y provincias. Y la situación preocupa más porque las autonomías más turísticas tienen menos camas hospitalarias que la media (2,4 camas por 1000 habitantes) y también menos camas UCI que la media (1,03 por 100.000): Andalucía (1,7 camas y 0,67 UCIs), Baleares (1,9 camas y 0,66 UCIs), Comunidad Valenciana (2 camas y 1,20 UCIs), Canarias (2,1 camas y  4 de UCI) y Madrid (1,9 camas y 1,08 UCIs), según datos de Sanidad. Urge reforzarlas.

Mientras media España piensa en las vacaciones, la mayoría trata de recomponer su trabajo y su negocio al amparo de “la nueva normalidad”. Y el Gobierno mantiene las ayudas y piensa en otras nuevas. Este viernes aprobó una ampliación de los ERTEs (donde hay “aparcados” 2 millones de trabajadores) y de las ayudas a autónomos (que reciben 1,4 millones) hasta el 30 de septiembre, con el apoyo de sindicatos, patronal y asociaciones de autónomos, aunque a cambio se reducen mes a meses los descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social que disfrutan, para no hundir más los ingresos de la SS (aún así, la ampliación tendrá un coste extra en cotizaciones de 6.200 millones). La otra medida que estudia el Gobierno es ampliar el aval para créditos ICO, los 100.000 millones inicialmente previstos (que se van a consumir este mes), con 50.000 millones más, pero no para liquidez sino para que las empresas puedan invertir en la reconstrucción de su negocio. El gobernador del Banco de España pidió el martes reformar la ley concursal, para evitar quiebras en otoño.

La actividad de las empresas intenta salir adelante y mejorar en el tercer trimestre, porque el 2º trimestre ha sido nefasto, con una caída del PIB del  -20%, cuatro veces peor que el primer trimestre (el PIB cayó -5,2%), según el Banco de España. Y el Fondo Monetario (FMI) acaba de echarnos otro jarro de agua fría, con su Informe del 24 de junio: la recesión será mayor de la esperada en abril, en el mundo (caída del PIB del -4,9% en 2020), en las economía avanzadas (-8% PIB) y en la zona euro (-10,2% del PIB, una caída -2,7% mayor de la prevista hace 2 meses). Y también en España, donde el FMI prevé este año una caída de la economía del -12,8% (-3,7% más que lo previsto en abril), peor que la caída estimada por el Gobierno (-9,2%) y la Comisión Europea (-9,4%). España será así el país occidental más dañado por el coronavirus, junto a Italia (también caerá un -12,8%) y Francia (-12,5%), peor que Alemania (-7,8%), Reino Unido (-10,2%) o EEUU (-8%), con sólo China creciendo (+1%).

La oposición, y especialmente el PP, culpan a Sánchez de que España sea el país occidental que más sufra el coronavirus. Pero saben que no es por eso. La Comisión Europea ya explicó el 20 de mayo, en este Examen sobre España, que la mayor vulnerabilidad de España a la pandemia se debe a 3 factores estructurales: la alta tasa de contratos temporales (los primeros que se pierden: tenemos un 25% frente al 13,8% en la UE), la excesiva proporción de micropymes y pymes sin casi empleados (las más vulnerables: son el 98,6% de las empresas frente al 75% en Alemania) y tener una economía con un excesivo peso del turismo, la hostelería y el comercio. Y no olvidaron el escaso gasto en sanidad (por no decir los recortes hechos por Rajoy y sus autonomías), que nos ha perjudicado ahora. 

También el Gobernador del Banco de España les contó en el Congreso, el martes, las 5 razones por las que España sufre ahora una recesión más dura: el enorme peso de los sectores más afectados por el confinamiento (turismo, transporte, hostelería y comercio representan el 25% del PIB en España frente al 22,5% en Italia, el 20% en la zona euro, el 19,5% en Francia o el 17,5% en Alemania), el mayor peso de las pymes, la enorme precariedad laboral, la baja digitalización de empresas y enseñanza y la mayor pobreza y desigualdad, sin olvidar una menor productividad y competitividad de la economía. Problemas viejos, no Sánchez.

Ahora, hay que concentrarse en la reconstrucción de la economía, que según el FMI llevará al menos hasta finales de 2022. Tres años perdidos. Todo va a depender de lo que hagamos este año y el próximo, de las ayudas, inversiones y reformas que se hagan, de que se aproveche la pandemia para reconvertir y modernizar la economía de una vez por todas.

Ese debería ser el objetivo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, donde han comparecido 41 expertos desde el 14 de mayo. Allí se ha oído lo que habría que hacer para recuperar la economía y el país, pero las medidas las decidirán los políticos, en un Pleno en julio, dentro de las peleas de un Parlamento con 16 partidos. De momento, podría haber acuerdo en uno de los 4 grupos de trabajo, el de Sanidad y Salud pública, porque el PP sabe que este es un tema muy sensible donde perdería votos si se mantiene a la contra. Podría decidirse crear una Agencia de Salud Pública, reforzar la atención primaria, mejorar los contratos  de los sanitarios y potenciar una industria sanitaria española. Pero la clave es subir el gasto sanitario, del 6% del PIB actual al 7% de media en Europa (+11.250 millones anuales). Y comprometerse a blindar este gasto sanitario, a que no haya recortes nunca más.

En el resto de la reconstrucción, el acuerdo parece más difícil, tanto sobre Europa (el PP se ha aliado con los paises “tacaños” del norte y la derecha europea que exigen  reformas a cambio de ayudas), en políticas sociales y, sobre todo, en las medidas para la reactivación económica, aunque no debería ser así, porque las recetas están claras: más inversiones en energía y medio ambiente, en digitalización, Ciencia e innovación, en industrialización y sectores con futuro. Pero la clave, aquí  y en sanidad, es de donde sacar más dinero para gastar más, cómo conseguir recaudar como europeos y obtener esos 88.418 millones que ingresamos menos cada año (España recauda el 39,1% del PIB frente al 46,2% la UE-27). Cualquier reconstrucción obligará a gastar más y el quid es cómo pagarlo: una parte con deuda, otra con ayudas europeas pero otra parte tendrá que ser con más ingresos propios. Y la patronal CEOE ha estado 8 días en una Convención para plantear 10 propuestas que se resumen en 2: que no les toquen impuestos ni leyes (laborales).

Sabemos por qué estamos sufriendo más la recesión del coronavirus y por qué sufrimos más la crisis de 2008, con el doble paro que Europa: tenemos una economía poco competitiva, con un empleo muy precario y poco formado, un exceso de pymes, poca industria y demasiado turismo, comercio y servicios, poca digitalización y poca innovación, empresas con poca tecnología y poco volcadas en la exportación y un exceso de desigualdad social y territorial, con un problema en las pensiones por el envejecimiento y un débil Estado del Bienestar, que exige, todo ello, una reforma fiscal a fondo para recaudar como los europeos. Es la hoja de ruta al futuro que nos dicen los expertos y que exige un Pacto político “durante varias legislaturas, como reiteró en el Congreso el gobernador del Banco de España (lea aquí su intervención). Pero los políticos están “en otra onda”, piensan en las próximas elecciones, no en la España de 2030. Y así no hay reconstrucción posible.