La tentación de "normalizar" la pandemia

La 6ª ola se ha convertido en un tsunami, multiplicando por 30 los contagios en los últimos dos meses. Han bajado 3 días, pero el viernes subieron otra vez, a 141.000 contagios diarios (y muchos más que no se contabilizan), mientras se relajan más las restricciones. Ya sabemos lo que costó “salvar la Navidad”: 3.689 muertes. ¿Compensa? Algunos creen que sí, porque proponen ahora “normalizar” la pandemia, tratarla como la gripe, dejar de hacer estadísticas diarias y pruebas masivas. Anular restricciones y volver a la “normalidad”. La OMS alerta que con ómicron no termina la pandemia y que reiterar que es una enfermedad leve “cuesta vidas”. Ese es el debate: ¿Cuántas muertes (de otros) estamos dispuestos a asumir para volver a la rutina? Otra vez el dilema: salud y economía. Tomar medidas o bajar la guardia, hartos ya de la pandemia. Pero el virus sigue y mientras haya 5,6 millones de españoles sin vacunar (y en otros paises), seguirá ahí. Contagiando y matando.

Enrique Ortega

La variante ómicron ha disparado los contagios y muertes en todo el mundo, tras descubrirse en Sudáfrica a finales de noviembre. Y en el último mes, los contagios semanales se han quintuplicado, pasando de 4,55 millones a 22,7 millones la última semana, según la Universidad John Hopkins. Pero sobre todo ha afectado a Europa, que ya supera a América en contagios totales por COVID: 126,8 millones de contagiados frente a 124,8 millones, según la OMS. Eso sí, la cifra de muertos no se ha disparado tanto con ómicron, pasando de 48.016 muertos semanales a mediados de diciembre a 54.610 la última semana. Y otra vez, Europa se ha llevado la peor parte, con +115.500 muertos por COVID en el último mes, frente a +82.400 en el continente americano.

En España, ómicron ha convertido esta 6ª ola en un tsunami, con cifras de contagios nunca vistas en las olas anteriores (superando los 200.000 contagios muchos días de enero), aunque con menos pacientes en hospitales y urgencias y menos muertes que en la 3ª ola (Navidad 2020), debido a que un 80,7% de los españoles están ya vacunados con 2 dosis y muchos con 3.Con los últimos datos de Sanidad, España es el 5º país europeo con más contagios por COVID 19: 3.250 contagios por 100.000 habitantes el viernes 21, sólo por detrás de Francia (4.407 contagios), Portugal (3.933 contagios), Italia (3.506) y Reino Unido  (3.456 contagios), pero muy alejados de Alemania (763 contagios), cuando hace sólo un mes (20 diciembre) teníamos menos contagios (609) que ellos (780 Alemania).

El pico de contagios en España se alcanzó el lunes 17 de enero (3.397) y a partir de ahí tuvimos 3 días de ligeras bajadas, pero el viernes 21 subieron de nuevo a otro récord histórico (3.418 contagios por 100.000 habitantes). Además, hay que cuestionar estas estadísticas, que las autonomías remiten a Sanidad, porque ha cambiado el sistema de cómputo: 6 autonomías (Cataluña, Navarra, Galicia, Aragón, Canarias y la Rioja) contabilizan también los contagios que los ciudadanos detectan en casa, con los test que compran en las farmacias (hasta ahora, sólo contaban los hechos en centros de salud, hospitales y laboratorios homologados), mientras el resto no contabilizan estos contagios “auto detectados”, entre ellas Madrid y Andalucía, las dos muy pobladas (que sí los tienen en cuenta para dar bajas laborales a los afectados…). Así es imposible saber los contagios “reales” y comparar, ya que en Galicia, por ejemplo, el 60% de los contagios reportados son por test en casa.

Los expertos coinciden en que hay muchos más contagios de los que se reportan en los datos diarios de Sanidad (8.975.458 contagios totales hasta el viernes), sobre todo en colegios y empresas, donde se han multiplicado el cierre de aulas (262.451 alumnos en cuarentena el viernes) y las bajas laborales: 2 millones de trabajadores han estado de baja por COVID, el 10% de los afiliados a la Seguridad Social, según el ministro Escrivá. Los datos se Sanidad indican que la tasa de contagios más alta se da ahora en los niños (4.599 contagios) y adolescentes (4.149), y también entre sus padres, entre 30 y 39 años (4.245) y 40 y 49 años (4.150), estando por debajo de la media de contagios los mayores de 50 años (los más inmunizados). Otro dato que podría “encubrir contagios” es que algunas autonomías hacen pocas pruebas (la media está en 4.979 por 100.000 habitantes), como Andalucía (2.387) y Madrid (3.959), mientras otras con alta incidencia hacen el doble y triple de pruebas, como Cataluña (9.799), Navarra (5.769) y País Vasco (5.735 pruebas), según Sanidad. Buscan más y encuentran más contagiados.

Al haberse disparado los contagios por ómicron, aunque sea menos letal, se han triplicado las hospitalizaciones: de 6.667 pacientes hace un mes (17 diciembre) a 18.675 el viernes, con lo que están ocupadas con pacientes COVID el 15% de las camas hospitalarias (el 19,39% en Madrid, el 19,06% en Aragón y más del 17% en Cataluña, País Vasco y Canarias). Y también se han casi duplicado los enfermos COVID en las UCIs: de 1.306 hace poco más de un mes a 2.202 este viernes, una cifra que aumentará en las próximas semanas. Eso pone a 8 autonomías en situación de “riesgo extremo” hospitalario (+ 25% camas UCI ocupadas): Cataluña (42,61%), Aragón (30,26), País Vasco (28,86), Baleares (28,70), Madrid (27,50), Navarra (26,98), Castilla y León (26,07) y Comunidad Valenciana (25,96%). Y el problema es que los hospitales llevan más de un año con altísima ocupación por COVID, lo que supone una enorme presión para los servicios y dilata más la espera de operaciones necesarias.

La última consecuencia del tsunami de ómicron son las muertes, muy elevadas aunque se ha generalizado la idea de que esta variante es “poco letal”. Vean: en la última semana (viernes 21- viernes 14 enero), Sanidad ha contabilizado 982 muertes, frente a  825 muertos en la semana anterior y 327 muertos semanales computados hace un mes. El repunte de muertes ha llegado a las residencias de ancianos, donde murieron 172 mayores la semana anterior (frente a 18 a principios de diciembre). Y todo apunta a que la alta cifra de muertos totales por COVID (284 fallecidos el martes pasado) se va a mantener varias semanas más, aunque bajen los contagios, porque morirán muchos de los que están en las UCIS. Y España ya suma 91.741 muertos por la COVID 19.

Ahora, con la bajada de contagios en los últimos 4 días, varias autonomías (Cataluña y Cantabria) van a levantar las últimas restricciones impuestas en Navidad, restricciones que otros levantaron antes y que algunas autonomías nunca tuvieron, sobre todo Madrid. Ahora ya podemos saber el coste de estas laxas restricciones, justificadas en que había que “salvar la Navidad”: 3.689 muertes, 39.656 hospitalizados y 3.811.274 contagiados, entre el 1 de diciembre y el 21 de enero. ¿Compensa? Parece que sí, al menos a los que no han perdido un familiar o han acabado en un hospital, dado que la mayoría han tratado de “seguir con su vida” esta Navidad, eso sí, haciéndose un test antes de visitar a la familia…

Ahora, antes incluso de que el tsunami de la 6ª ola amaine (los contagios, hospitalizaciones y muertes seguirán altos varias semanas, según los expertos), el Gobierno se ha puesto a la cabeza de los que piensan que hay que “normalizar” la pandemia. La propuesta hecha por el presidente Sánchez, y apoyada por Sanidad y las autonomías, es clara: hay que tender a la normalidad, no podemos seguir con restricciones ni limitaciones, hay que apostar por la vuelta casi total a la normalidad de antes de la pandemia. Dejar que la vida cotidiana y la economía se normalicen, apostar por la recuperación (donde Sánchez se juega su futuro político). Y eso pasa por considerar la COVID “como una gripe”, dejando de publicar estadísticas diarias de contagios y no haciendo test y pruebas masivas: sólo muestras en centros de salud y hospitales, una red de seguimiento como se hace a otras epidemias.

Otros paises europeos no defienden por ahora este cambio, con lo que España tendrá que convencer a sus socios y al Centro europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). De momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que los contagios y muertes van a seguir creciendo y  se ha mostrado en contra de “gripalizar” la pandemia, porque cree que “la ómicron está lejos de terminar y es probable que surjan nuevas variantes”. Y el propio director general de la OMS ha hecho esta reflexión, muy oportuna: “Omicron puede ser menos grave, pero la narrativa de que es una enfermedad leve es engañosa, perjudica la respuesta general y cuesta vidas”.

Ahí está el debate que deberíamos abrir: ¿cuántas muertes estamos dispuestos a asumir para volver a la rutina? Todo el mundo está cansado de esta pandemia, son ya casi 2 años con la vida trastocada y la tentación de “volver a la normalidad” es muy grande, con lo que muchos ciudadanos apoyarán a los políticos que quieran “marginar la pandemia”, volver a vivir como si el virus no estuviera. Pero está. Y por lo que dicen los expertos, estará hasta que la mayoría del mundo y más españoles estén vacunados.

En el mundo, sólo el 51,46% de la población está inmunizada, según la OMS, más en Norteamérica (62%) y Europa (62%), pero menos en Latinoamérica (50%), Asia (46%), Mediterráneo oriental (34%) y sobre todo en Africa (7,46% de la población inmunizada), lo que facilitará que el virus mute en nuevas variantes que nos volverán a llegar. Y en España, aunque ya tenemos un altísimo porcentaje de la población inmunizada con las 2 dosis (80,7% de toda la población), sigue habiendo mucha gente sin inmunizar: 4.016.263 españoles mayores de 12 años, más otros 1.583.447 niños todavía sin ninguna vacuna, según el balance del 20 de enero. Y lo más preocupante es que la cifra de personas pendientes de vacunar apenas ha bajado en los últimos meses, lo que indica que muchos “no están por la labor” de inmunizarse. Los más vulnerables son los 309.733 mayores de 60 años no inmunizados (58.991 de 70 a 79 años y 250.742 de 60 a 69 años), pero también se arriesgan mucho las 1.281.795 personas no inmunizadas de 40 a 59 años. Y a ellos hay que sumar las 2.424.735 personas sin inmunizar entre 12 y 40 años. Además, va lenta la aplicación de la 3ª dosis de refuerzo, que les falta poner al 9% de los mayores de 70 años y al 10,5% de personas entre 60 y 69 años, un refuerzo clave porque un estudio en Israel demuestra  que esta tercera dosis multiplica por 10 las defensas ante el virus.

Mientras haya millones de personas en el mundo sin vacunar y 5,6 millones de españoles sin inmunizar, el riesgo de nuevas variantes y olas de la COVID es evidente, aunque la pandemia se quiera ocultar. Por eso, es importante no bajar la guardia, con aforos y restricciones, mientras se “fuerza” que más españoles se vacunen, porque son un riesgo para el resto. En varios paises europeos se ha aprobado la vacunación obligatoria (en Italia desde enero, en Austria desde febrero y en Grecia multas a los mayores de 60 años que no se vacunen), mientras otros, como Alemania o Francia, limitan su movilidad y restringen su entrada en locales con el pasaporte sanitario.”Es posible que haya que debatir sobre la vacunación obligatoria”, advirtió el viernes la Comisaria europea de Salud. En España no se contempla hacer nada: ni obligar a vacunarse ni limitar actividades a los no vacunados. E incluso, se abre el debate para “volver a la normalidad”, mientras la ómicron crece en Europa.

El otro grave problema es que la ómicron ha colapsado la asistencia sanitaria en España, que ya tenía problemas serios en las olas anteriores e incluso antes de la pandemia. La atención primaria, los Centros de salud, prestan un servicio mínimo y esta vez no han servido ni siquiera para hacer test o dar bajas. Los ciudadanos nos hemos tenido que “auto cuidar”, comprando test y haciendo un seguimiento de síntomas y cuarentenas por nuestra cuenta, gestionando las bajas por teléfono o yendo a trabajar con dudas. Y si nos encontrábamos peor, colapsando las urgencias de los hospitales, que no han podido hacer seguimiento de pacientes ni las operaciones programadas. Así que si antes teníamos problemas para ir al especialista y operarnos, ahora es peor, lo que habrá disparado las listas de espera. Así que la sanidad pública está en situación precaria, lo que exigiría un Plan de choque, especialmente dirigido a potenciar la atención primaria.

Pero en vez de potenciar los centros de salud y hospitales, las autonomías se han dedicado a ajustar sus cuentas en 2021 con los ingresos recibidos para la pandemia, que no se han gastado: de los 16.000 millones de Fondos COVID recibidos del Gobierno en 2020 (8.000 para la sanidad), 2.000 no se gastaron, como tampoco otros 1.000 millones de los 13.500 millones de Fondos COVID recibidos en 2021 (6.000 para Sanidad), según los datos de Hacienda y la AIREF. Así que 3.000 millones de euros no gastados, mientras la mayoría de autonomías anunciaban en 2021 que iban a recortar 58.000 contratos (de médicos, enfermeras y auxiliares contratados por la pandemia). Al final, por culpa de Omicron, 29.000 se han salvado, pero otros empleos sanitarios se han perdido. Y los sindicatos denuncian más recortes de plantillas para 2022. Un año en que, a pesar de la situación, las autonomías sólo van a aumentar un 4,15% su presupuesto sanitario, a pasar de las mayores transferencias que les ha hecho el Estado y de la llegada de los primeros Fondos europeos.

Urge aprobar un Plan de choque para reforzar la sanidad pública, sobre todo los Centros de salud, donde harían falta  2.700 médicos y 4.000 enfermeras (al menos), además del personal de refuerzo contratado durante la pandemia (y que no debían despedir). Y reforzar también los hospitales para reducir listas de espera de especialistas y operaciones. Porque hoy por hoy, si nos ponemos enfermos, resulta muy difícil que nos atiendan (salvo en urgencias).

Y en paralelo, debe abrirse el debate sobre la estrategia frente a la pandemia, desde las medidas de prevención y restricciones que hay que mantener a cómo nos defendemos frente a los que no quieren vacunarse, como hacen en el resto de Europa. Y, por supuesto, no bajar la guardia para reactivar la economía y “normalizar la vida”. El debate salud o economía es un falso dilema: si no garantizamos la salud (y millones de contagios, cientos de miles de bajas y tantos muertos no es “normalidad”), no garantizamos la economía. Porque un nuevo repunte de la pandemia, una 7ª ola, volverá a frenar la recuperación, como lo ha hecho esta 6ª ola y las anteriores. Sin salud no hay economía. Y por eso, hay que poner los medios para acabar de verdad con esta pandemia, no ocultarla como si fuera una gripe que no es. No caigamos en la tentación de “normalidad” con 142 muertos diarios (el viernes). No dejemos que hagan “trampas al solitario” con nuestra salud. Sigamos alertas.

Pandemia: 4 veces más contagios en agosto

Los contagios por COVID 19 se han duplicado en dos semanas, siendo  España el tercer país europeo con más incidencia, tras Reino Unido y Paises Bajos. Esta 5ª ola se ceba en las personas de 12 a 40 años (sin vacunar) y toda la Península está en “riesgo extremo”, más grave en Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón y Baleares. Muchas autonomías reaccionan con más restricciones y toques de queda, algunos anulados por los jueces. Pero la única medida eficaz es reducir drásticamente los contactos sociales (también de día) y vacunar a todos los mayores de 40 años (más vulnerables), porque 4 millones no tienen la 2ª dosis. Y vacunar a los jóvenes, aunque necesitan varias semanas después para inmunizarse. El drama es que la variante Delta irá a más en agosto y Europa prevé que los contagios se cuadrupliquen, saltando en España de 677 hoy a 2.384 el 8 de agosto. Un tsunami para la salud, los hospitales y la economía. Evitémoslo.

Enrique Ortega

La pandemia en el mundo lleva dos semanas al alza, superando los 500.000 contagios diarios y rozando ya los 200 millones de contagiados (2,5 de cada 100 habitantes del Planeta). Hoy son 194,16 millones de personas contagiadas en 193 paises, según la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América (75,34 millones de contagiados), junto con Europa (58,74 millones) y el sudeste de Asia (37,30 millones), seguidos de lejos por el este del Mediterráneo (12,03 millones), África (4,72) y el Pacífico (4,13), según la OMS. Por paises, lideran los contagios Estados Unidos (34,44 millones) e India (31,41 millones), junto a Brasil (19,68), seguidos a mucha distancia por Francia (6,05 millones), Rusia (6,04), Reino Unido (5.72), Turquía (5,60), Argentina (4,84), Colombia (4,72), Italia (4,31) y España (4.280.424 contagiados) y Alemania (3,76 millones).

Los muertos por la pandemia se han estabilizado, en torno a los 8.700 diarios, y hoy se ha alcanzado la cifra de 4.159.142 fallecidos en el mundo por COVID 19 (2,4 millones este año), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (1.982.643 fallecidos), seguida de Europa (1.209.595), sudeste de Asia (543.016), este del Mediterráneo (229.078), África (110.958) y el Pacífico (61.215 muertos), según la OMS. Por paises, encabezan el ranking de mortalidad Estados Unidos (610.891 muertos), Brasil (549.924) e India (420.967), seguidos de lejos por Rusia (151.352), Reino Unido (129.446), Italia (127.949), Colombia (118.862), Francia (111.806), Argentina (103.721), Alemania (91.534) y España (81.221 muertos, de ellos 30.384 este año).

En Europa, los contagios por COVID 19 se han triplicado en las últimas dos semanas, pasando de 50 a 150 contagios por 100.000 habitantes, según los datos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC). Y eso por el avance de la variable Delta (india), un 60% más contagiosa, que ha disparado los contagios en Reino Unido (de 507 a 870 el viernes 23), Paises Bajos (de 90,3 a 720) y España (de 316 el 9 de julio a 677,67 contagios por 100.000 habitantes el viernes 23), el tercer país con más incidencia ahora en Europa, muy por encima de Portugal (427,7), Irlanda (252,4), Francia (200,6), Bélgica (153,5) y sobre todo de Italia (58,5 contagios por 100.000 habitantes), Austria (37,5), Suecia (35,9), Alemania (21,8) o Polonia (3,3 contagios/100.000), según los datos de Sanidad.

El problema de esta 5ª ola es que los contagios se han propagado con más rapidez que en las anteriores (de 95 a 677,67 en las últimas 4 semanas) y la incidencia ya supera con creces a “los picos” de la 1ª ola (217,3 contagios el 9 de abril 2020), la 2ª (529 el 9 de noviembre) y la 4ª (235,59 el 26 de abril de 2021), acercándose al pico de la 3ª ola (899 contagios el 27 de enero 2021). Y además, esta 5ª ola es especialmente virulenta entre los menores de 40 años, más vulnerables porque la mayoría no están vacunados: alcanza los 1.883 contagios por 100.000 habitantes (el triple que la media) entre los jóvenes de 20 a 29 años, los 1.623 contagios entre 12 y 19 años y 891 entre 30 y 39 años, según Sanidad.

Con esta incidencia récord de contagios (677,67 por 100.000 en las últimas 2 semanas), España se sitúa muy por encima del “riesgo extremo” (más de 250 contagios, según la OMS). De hecho, toda la Península lo supera con creces y sólo están “en riesgo alto” (150 a 250 de incidencia) Ceuta (209 contagios) y Melilla (240), según Sanidad. Dentro del mapa de “riesgo extremo”, hay 5 autonomías en situación más grave, con una incidencia elevadísima: Cataluña (1.184 contagios por 100.000 habitantes), Navarra (983), Castilla y León (890), Aragón (864) y Baleares (784 contagios). Y otras 8regiones tienen una incidencia por encima de 500 contagios: Asturias (658), Madrid (647), País Vasco (645), Cantabria (640), La Rioja (626), Galicia (575), Comunidad Valenciana (559 contagios) y Extremadura (514) Las 4 restantes están algo mejor, pero con una incidencia muy elevada también, “en riesgo extremo”: Andalucía (468), Canarias (413), Murcia (378) y Castilla la Mancha (299).

Otro dato preocupante es que hay un elevado porcentaje de positivos en las pruebas que se hacen en toda España (1.230.419 pruebas semanales, 200.000 más que antes): el 15,74% dan positivo, cuando hace sólo un mes eran el 4%. Eso indica un nivel de contagio “extremo” (más del 15% de positivos), especialmente elevado en Cataluña (20,88% de positivos), Aragón (19,08%), Castilla y León (18,61%), Navarra (17,43), Andalucía (16,32%), Comunidad Valenciana (15,79%), y Baleares (15,44%), según Sanidad. Y lo peor es que la mayoría de contagios no se pueden “rastrear” bien, debido a que la mayoría son de jóvenes que tienen un alto nivel de contactos sin posibilidad de seguimiento. De hecho, ahora, el 59% de los contagios son “casos sin contacto conocido”, según Sanidad, cuando hasta ahora eran el 31%. Y eso implica que sólo se descubran 2 contactos de media por caso y por eso la pandemia crece sin control. Además, muchos contagiados son asintomáticos y no respetan la cuarentena de 10 días al estar de vacaciones, facilitando la propagación del virus.

Al principio de esta 5ª ola, muchos parecían no preocuparse tanto como con otras anteriores porque había menos ocupación de camas y UCIS y menos muertes. Pero en las últimas dos semanas, eso ha cambiado. La ocupación de camas hospitalarias por enfermos COVID se ha duplicado con creces, pasando de 3.121 el 9 de julio a 7.955 el viernes 23. Es preocupante (“riesgo alto”) la situación de Cataluña (10,95% camas hospitalarias ocupadas por enfermos COVID) y están “en riesgo medio” los hospitales de Baleares (8,04% ocupación), Castilla y León (7,58%), Madrid (7,22%), La Rioja (6,83%), Euskadi (6,65%), Canarias (5,97%), Comunidad Valenciana (5,66%) y Andalucía (5,31%). Y aumenta también la ocupación en UCIs, con enfermos COVID de menos de 40 años: se han duplicado, de 627 a 1.292 en las últimas dos semanas. Y hay casos graves, de mayores de 40 años que aún no han completado la 2ª dosis de la vacuna, necesaria para afrontar con garantías la variante Delta.

Las muertes también están creciendo, aunque sean mucho menores que en las olas anteriores, al estar vacunados casi totalmente la mayoría de los mayores de 60 años. En la última semana (16 al 23 de julio) han muerto 125 personas por COVID 19, más que los 93 fallecidos la semana anterior y los 92 de la anterior. Mucho tienen que ver los datos aportados por  Sanidad: un 5,5% de los contagiados en esta 5ª ola son personas vacunadas con las 2 dosis y otro 11,4% son vacunados con sólo 1 dosis, lo que hace que no exista el 100% de seguridad con las vacunas para nadie (un 94,5% de inmunidad es un porcentaje altísimo). Y con ello, algunos mayores con patologías previas y también jóvenes acaban hospitalizados. Y los más vulnerables siguen muriendo, todavía “demasiados”.

Ante esta avalancha de contagios y hospitalizaciones, que tiene colapsados los Centros de Salud (sobre todo en lugares de vacaciones), el Gobierno central sigue con su política de no tomar medidas (salvo aprobar el decreto que suprime las mascarillas en exteriores) y dejar que lo hagan las autonomías, cada una a su manera (ver restricciones). Las que tienen un mayor nivel de contagio, con Cataluña a la cabeza, han optado por reducir los horarios de cierre de bares y restaurantes (eso sí, están abiertos hasta las 12,30 o 1 de la mañana), restringir los grupos (a 10 personas) y establecer toques de queda nocturnos, aunque sólo de 1 a 6 de la mañana, medida que han rechazado los tribunales en  Extremadura, Canarias o Aragón y han autorizado en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra (aquí solo los fines de semana).

Estas “restricciones” son parches poco eficaces, porque no se limitan los contactos sociales durante la mayor parte del día, con lo que el virus tiene muchas horas y muchas vías para multiplicarse sin cortapisas, salvo la distancia social, la mascarilla y la prudencia de los más responsables. Y las autonomías se ven desbordadas para hacer pruebas, para ampliar seguimientos y rastreos y para obligar a los contagiados y a sus contactos a hacer cuarentena (la Directora de Salud de Baleares ha sido imputada por obligar a hacerlo a un contacto estrecho de un contagiado). Y aunque todas vacunan  a un buen ritmo (de los mayores de Europa), van a tener menos dosis y personal para vacunar en lo que queda de julio y agosto. Y decir que la solución es “vacunar a los jóvenes” es un espejismo: los expertos recuerdan que tardan de 2 a 3 semanas en inmunizarse, con lo que pueden vacunarse y contagiarse. Y contagiar. Ahora y cuando vuelvan de vacaciones en septiembre.

Por eso, la solución no puede ser esperar a vacunar a los jóvenes (no se puede conseguir antes de octubre) sino tomar medidas drásticas para reducir los contactos entre personas: reducción de horarios en hostelería y comercio, limitaciones en playas y lugares de ocio, toques de queda más amplios y cierres perimetrales de las ciudades con más contagios (medida que muchos jueces no autorizan). Y, en paralelo, acelerar la vacunación, pero no de los jóvenes sino de los mayores de 40 años pendientes, ahora más vulnerables en esta 5ª ola, dado que la variante Delta puede atacarles si no tienen la 2ª dosis.

El dato es muy revelador: a 4.089.046 personas con más de 40 años les falta poner la 2ª dosis, según los últimos datos de Sanidad (22 de julio). De ellos, la prioridad deberían ser las personas de 70 a 79 años (84.458 no tienen puesta todavía la 2ª dosis), luego las de 60 a 69 años (a 776.203 les falta la 2ª dosis), después las de 50 a 59 años (923.381 esperan el 2º pinchazo) y por fin las de 40 a 49 años (2.348.486 están sin la 2ª dosis). Sólo después de completar la vacunación de estos 4,08 millones de personas (más complicada ahora por las vacaciones y la menor llegada de dosis), debería empezarse a vacunar a los jóvenes.

El riesgo es que las autonomías no tomen medidas drásticas y traten de “salvar el verano” (para “no poner en peligro” el turismo y la hostelería), como ya pasó el año pasado. Pero esta vez, el riesgo de una 5ª ola descontrolada es mayor, porque en agosto será totalmente mayoritaria en Europa la variante Delta y eso acelerará los contagios (+60%) y las hospitalizaciones. Ya lo ha advertido el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), aunque su informe (ver web) apenas se ha divulgado: los contagios en Europa se van a multiplicar por 4, de 144,6 esta semana a 622,9 que prevén para el 8 de agosto. Y pone los pelos de punta la previsión que hacen para España: de 536 contagios esta semana (serán realmente 677) a 840 la semana que viene, 1.401 contagios el 1 de agosto y 2.384 contagios el 8 de agosto. Será la 3ª incidencia más alta prevista en Europa, tras  Chipre (6.926 contagios) y Holanda (5.956 contagios), nada que ver con la estimada por el ECDC en agosto para Italia (103,1 contagios), Portugal (643,4), Francia (252,2) y Alemania (15,4).

Los expertos europeos nos auguran un tsunami de contagios para agosto (2.384 contagios), aunque ni el Gobierno ni las autonomías parecen haber leído el Informe. Aunque la avalancha de contagios sólo sea la mitad (1.200 contagiados en agosto), es un cataclismo para la salud, para la sanidad pública y para la economía. Esta “5ª ola desbocada” va a provocar la huida de turistas extranjeros (Francia recomienda no viajar a España y Alemania exigirá cuarentena a la vuelta) y que no vengan muchos otros, junto a una estampida de turistas españoles que hoy están de vacaciones fuera de su ciudad (y que, a la vuelta,  volverán a acelerar los contagios en Madrid y muchas otras grandes ciudades). Y con ello y las restricciones al consumo, peligran la recuperación y el empleo esperados para el tercer trimestre, después de haber pinchado en el segundo por la 4ª ola.

Todavía estamos a tiempo de impedir el tsunami de contagios de agosto, si Gobierno y autonomías pactan medidas más drásticas para reducir el contacto social y consiguen el apoyo de los jueces. Pero no parece fácil. Lo más probable es que cada autonomía se busque la vida por su cuenta y con ello el virus tenga vía libre para multiplicarse, dado que todavía hay 22 millones de españoles sin la vacuna completa. Antes se pensaba que en septiembre superábamos la pandemia, con el 70% de españoles vacunados totalmente (hoy son el 54%). Pero ahora, con la variante Delta, los expertos dicen que hará falta vacunar al 80% o incluso al 92%, para conseguir la inmunidad de rebaño. Así que ya no saldremos del túnel de la pandemia hasta fin de año. Por eso, hay que dejar de hablar de “salvar el verano” y pensar en salvar la salud y evitar más muertes. Y afrontar con medidas drásticas y eficaces esta 5ª ola,  no con “parches”, para evitar un tsunami en agosto. Avisados estamos.

Viviendas: la ola de rehabilitación que viene

El pasado martes 13 de julio, el mismo día que la Comisión Europea aprobaba el Plan de Recuperación de España, el Gobierno liberaba aquí los primeros 1.631 millones europeos para gastarlos en la rehabilitación de viviendas, el 2º mayor programa del Plan tras el coche eléctrico. Ahora se tienen que montar oficinas en las autonomías para que este otoño se puedan pedir ya las ayudas para rehabilitar viviendas (ventanas, aislamientos, calderas…) y que consuman menos energía. El gran objetivo es rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y luego, otras 300.000 cada año a partir de 2030. Los propietarios (incluso los inquilinos) podrán pedir estas ayudas europeas (del 35 al 100% de la rehabilitación) y también incentivos fiscales en el IRPF, lo que podrá en marcha “una gran ola rehabilitadora”, que tirará de la construcción y creará 180.000 empleos. Para conseguir renovar nuestras viviendas y reanimar la economía, el Plan debe ser ágil, sin mucha burocracia y dar facilidades a los vecinos.

Enrique Ortega

 

La Comisión Europea se ha fijado como una de sus prioridades de futuro “la rehabilitación energética” de los edificios europeos, porque son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su gran objetivo, dentro de su estrategia contra el Cambio Climático, es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones en 2050”. Para lograrlo, ha incluido la rehabilitación energética de edificios como una de las prioridades de su Plan de recuperación, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a fondo perdido).

A partir de aquí, cada país ha elaborado su Plan de Recuperación, bajo las directrices europeas. El de España se aprobó definitivamente en el Ecofín (reunión Ministros de Economía de los 27) del pasado martes 13 de julio y en septiembre vendrán ya los primeros 9.000 millones de Fondos europeos, a los que seguirán otros 10.000 más en diciembre. Y ese mismo martes, el Consejo de Ministros “liberaba” en España el primer gasto con cargo a esos Fondos europeos: 1.631 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, el 2º programa de inversión más importante (tras el coche eléctrico y la movilidad sostenible) del Plan de recuperación presentado a Bruselas y que espera contar con un total de 70.000 millones de ayudas europeas en los próximos 5 años.

El programa de rehabilitación de viviendas de España, incluido en el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas, contempla una inversión total de 6.820 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023. Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y a partir de ahí, poner en marcha una industria de rehabilitación de viviendas y un esfuerzo inversor privado que permitan seguir por esta senda, con otro objetivo aún más ambicioso después: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, 7,2  millones de viviendas rehabilitadas en total para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo suena desmesurado si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2.01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media UE-27 está en el 1,5% de rehabilitación. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, por habitabilidad y alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). Tenemos un parque de viviendas de 25,7 millones, de las que 19 millones son viviendas principales. Y se estima que más de la mitad, concretamente 9,7 millones son anteriores a 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que serían las candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación 2021-2023, incluido en el Plan de recuperación de España, contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene 3 líneas de actuación: ayudas del 35 al 100% a particulares y empresas para la rehabilitación de viviendas (1.994 millones), rehabilitación de barrios enteros (976 millones) y nuevos incentivos fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) para la rehabilitación (otros 450 millones). El segundo Plan (1.000 millones de inversión) contempla la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades, donde el 30% de las viviendas son anteriores a 1960 y el 10% están en estado ruinoso, malo o deficiente), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos, de la administración Central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos y culturales o asistenciales (1.080 millones de inversión). Y el cuarto Plan del programa (1.000 millones más) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler entre 2022 y 2023.

El Plan de rehabilitación de viviendas privadas, el núcleo del programa (3.420 millones) contempla dos tipos de ayudas al propietario de la vivienda. Unas serán ayudas directas, subvenciones que irán del 35% al 100% del coste, según el tipo de rehabilitación que se haga. Y las otras serán incentivos fiscales en el IRPF, sólo para particulares, que serán del 20% (para obras menores), el 40% (para procesos integrales de rehabilitación) y hasta del 60% cuando se rehabiliten edificios enteros (o viviendas unifamiliares). En todos los casos, se exigirá que la rehabilitación suponga al menos un ahorro de energía del 30%, con obras ligadas al cambio de ventanas, reforzamiento de fachadas, aislamiento y cambio de calderas. Y se permite que las ayudas las puedan solicitar también los inquilinos, si pactan con el propietario destinar  el pago del alquiler al coste de la rehabilitación.

Todavía es pronto para cuantificar las ayudas, pero se estima que podrían ser de 5.000 a 15.000 euros por vivienda, según el proyecto de rehabilitación y el ahorro energético que se consiga. Y también se contemplan otras ayudas para que las comunidades de vecinos encarguen un Libro del Edificio (un estado de situación y sus necesidades) y para pagar la redacción de los proyectos de rehabilitación por parte de empresas y consultoras (financiando a las comunidades del 40 al 80% de su coste, hasta 16.000 euros).

De momento, el Consejo de Ministros ya liberó el 13 de julio la parte de este programa de rehabilitación correspondiente a 2021, los primeros 1.631 millones destinados a la rehabilitación residencial: 1.151 millones serán para la rehabilitación de viviendas y barrios y 480 millones serán para rehabilitar edificios públicos. Ahora, el siguiente paso es repartir este dinero público, porque el 80% lo gestionarán las autonomías, que son las que tienen las competencias de vivienda. Próximamente habrá una reunión del Consejo Interterritorial para repartir los fondos por autonomías, en base a los hogares y la población de cada una. Las 4 autonomías que van a recibir más de 100 millones para rehabilitar este año son Andalucía (199,9 millones), Cataluña (186), Madrid (161) y la Comunidad Valenciana (124,6 millones). Pero cara al futuro, la propuesta del Gobierno es que las autonomías que mejor lo hagan, que rehabiliten más viviendas, se les “premie” con más fondos para 2022 y 2023.

La intención del Gobierno es aprovechar estos meses para poner en marcha el sistema y que se puedan solicitar las ayudas para rehabilitación ya en septiembre, aunque lo más probable es que 2021 sea un año medio perdido. La clave es que no haya “peleas” entre el Gobierno central y los autonómicos de distinto color y que las autonomías pongan en marcha Oficinas únicas para la rehabilitación en los Ayuntamientos, facilitando los trámites a los particulares y comunidades de vecinos interesadas. Además, Fomento está promoviendo que se creen empresas para facilitar la rehabilitación ”llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a constructoras, energéticas y bancos. Además, se ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

A poco que se haga bien, podemos asistir a una “ola de rehabilitación”, donde particulares y empresas aprovechen estos Fondos europeos para remozar sus viviendas, a la vez que se rehabilitan barrios enteros y edificios públicos. El objetivo es que esos 6.820 millones de Fondos europeos puedan movilizar tres veces más de Fondos públicos y privados y conseguir así hasta 22.500 millones de inversión para rehabilitar el parque de vivienda. Esta nueva actividad puede generar una importante industria (se crearán empresas para gestionar las ayudas y otras para realizar la rehabilitación) y colaborar en la esperada recuperación. De hecho, el Gobierno estima que los Planes de rehabilitación crearán 188.000 nuevos empleos y contribuirán con 13.500 millones de euros al PIB. Eso sin contar con el ahorro energético que lograrán (-40% de energías fósiles) y el recorte estimado de emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales).

Todo apunta a que estamos ante una oportunidad histórica para mejorar el parque de viviendas (lo que podría aumentar la oferta de alquileres), fomentar nuevas empresas, crear empleos con futuro y colaborar en la lucha mundial contra el Cambio Climático. Y también estamos ante un gran reto: saber si España es capaz de gastar estos Fondos europeos con rapidez y eficacia. La Comisión Europea nos va a mirar con lupa, año tras año, con el compromiso de que el dinero europeo que no se haya gastado en rehabilitación (la fecha tope es el 26 de junio de 2026) habrá que devolverlo. Y que si el programa se atasca o va lento, no nos liberarán nuevos pagos. Nos jugamos mucho con hacerlo bien. A rehabilitar tocan.

El ingreso mínimo vital, al ralentí

La pandemia ha dejado millones de contagiados y 75.000 muertos, pero también la mayor crisis económica de nuestra historia reciente y una pérdida de empleos e ingresos para muchas familias, aumentando la pobreza y las “colas del hambre”. Esta “epidemia social” es más preocupante en España porque ya éramos, antes de la pandemia, el 5º país con más pobreza de Europa. Y los 9,7 millones de españoles con bajos ingresos en 2019 podrían ser ahora 1,2  millones más, 10,9 millones. Frente a esta “pandemia social”, el Gobierno aprobó en mayo el ingreso mínimo vital (IMV), para asegurar la subsistencia de 850.000 familias. Pero no ha funcionado, por un exceso de requisitos y burocracia: hoy sólo cubre a 200.000 familias, mientras más de 3 millones son atendidas por Cáritas o Cruz Roja y abandonadas por el Estado. Urge reformar el ingreso mínimo vital y que llegue de verdad a los que lo necesiten. Y darles no sólo dinero sino formación, empleo, vivienda y un futuro. Asegurar que no se queden atrás.

Enrique Ortega

En  España, la pandemia nos pilló con demasiada pobreza, fruto todavía de la dura crisis de 2008 y su secuela de recortes y desigualdades. Concretamente, en 2019, España era el 5º país europeo con más pobreza, con un 20,7% de españoles (9.695.989 personas) que ingresaban menos del 60% de la media del país (menos de 9.009 euros los solteros y menos de 18.919 euros las familias con 2 hijos), mientras en Europa eran “pobres” el 16,5% de la población (65.6 millones de europeos), según Eurostat. Y sólo tenían más “pobres” que España cuatro paises del Este: Rumanía (23,8%), Letonia (22,9%), Bulgaria (22,6%) y Estonia (21,7%). Y lo peor era que de esos “españoles pobres”, casi la mitad, el 9,2% (4.300.000 personas) estaban en situación de “pobreza extrema”, ingresando menos del 40% de la media del país (ganaban menos de 6.006 euros al año los solteros y menos de 12.600 euros las familias con dos hijos). Y lo más sangrante: éramos el tercer país con más pobreza infantil de Europa, tras Rumanía y Bulgaria, con 2,1 millones de niños “pobres”.

En este panorama de elevada pobreza, la pandemia ha sido un tsunami que ha destrozado las cuentas de muchas familias, atacando más a las personas que ya eran vulnerables (se han contagiado más y han perdido más empleos) y creando serios problemas de subsistencia a familias que tenían una economía saneada y han perdido ingresos, trabajos o negocios. Así que la pobreza se ha agravado doblemente, en los pobres de antes y con otros nuevos. A falta de publicarse los datos de 2020, Oxfam Intermón aumenta la cifra de pobres en 1,2 millones más (de 9,7 a 10,9 millones en 2020). Y apunta a que la mayoría son personas “en pobreza extrema” (ingresan menos de 16 euros al día los solteros y menos de 35 euros diarios las familias), que han aumentado en 800.000 (a 5,1 millones).

A falta de cifras oficiales, “la nueva pobreza” se aprecia en las “colas del hambre” que se ven en las grandes ciudades y el aluvión de personas que piden ayuda a las ONGs. Por un lado, el Banco de Alimentos está aportando comida a 1.630.000 personas, 600.000 más que hace un año. La Cruz Roja atiende ya a 3.600.000 personas y ha tenido que multiplicar por 5 sus entregas de comida y bienes básicos a familias españolas (80%) e inmigrantes (20%), que están en su mayoría en paro (el 52%) y sin ingresos (el 22% de los hogares que atienden). Y Cáritas atiende ya a más de 3 millones de personas, de las que 500.000 nunca habían ido antes a pedir ayuda y que necesitan comida y dinero urgente para recibos y alquileres, porque no tienen ingresos: más de 825.000 personas atendidas por Cáritas están en situación de pobreza extrema y 258.000 no tienen ningún ingreso.

Para intentar paliar este tsunami de pobreza por la pandemia, el Gobierno aprobó el 29 de mayo el ingreso mínimo vital (IMV), con el objetivo de que 850.000 familias vulnerables recibieran una ayuda económica (entre 462 y 1015 euros, según el tipo de familia), a cobrar con efectos retroactivos desde el 1 de junio, además de ayudarles a encontrar empleo (debían registrarse en las oficinas del paro). Hoy, el último balance del ministro de Seguridad Social habla de que se ha concedido la ayuda a 200.000 familias, la cuarta parte del objetivo. Y lo peor es que se han presentado 1,2 millones de solicitudes, la mayoría denegadas sin explicación. De hecho, el dato que aportaba hace unos días Cáritas es muy revelador del fracaso del IMV: el 96,4% de las personas atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital tras haberlo solicitado. Y lo mismo denuncian otras ONGs: la mayoría de las familias vulnerables que han pedido el ingreso no lo han recibido y a muchas se les ha denegado, incluso sin explicarles el por qué.

El ingreso mínimo vital (IMV) nació con un decreto-Ley aprobado por el Gobierno (29 de mayo) y que ahora tiene que ser convalidado en el Congreso. Pero en estos meses, se han aprobado tres decretos más, para tratar de corregir el IMV, dos en septiembre de 2020 y el último el 2 de febrero de 2021, cuando se aprobó un decreto ley para que puedan recibir el ingreso mínimo algunos colectivos antes excluidos: aumentan las personas acogidas dentro de una unidad familiar (se permite núcleos familiares más extensos), personas sin domicilio (que viven en albergues o en la calle) y usuarios de residencias. A la vez, abre la puerta a que los servicios sociales y ONGs puedan certificar el domicilio y la residencia en España hace un año, lo que resulta positivo pero crea un problema adicional, porque los servicios sociales municipales están colapsados y las ONGs no tienen medios.

A pesar de estos cambios, los expertos en servicios sociales y ONGs critican que el Gobierno, sigue sin resolver los problemas de exceso de requisitos y burocracia con los que nació el ingreso mínimo vital. El principal, que se pide a los solicitantes que justifiquen su caída de ingresos en 2019, cuando “los nuevos pobres” perdieron sus ingresos en 2020 y eso no se aprecia en su última declaración de renta (de 2019). Además se quejan del exceso de requisitos y de la dificultad que existe en muchos casos para demostrar el empadronamiento y el domicilio (muchos tienen contratos de alquiler no registrados o viven en viviendas ocupadas), el número de miembros de la familia, su presencia en España desde hace un año… Y se deja fuera del IMV a los jóvenes de 18 a 23 años, a los refugiados, asilados y protegidos por razones humanitarias y a los extranjeros que llevan menos de 1 año en España. Y no se reconoce la prestación a familias con más de 3 menores (sólo hasta el tercer hijo).

Otra queja de fondo, de los expertos en servicios sociales y ONG, es la falta de transparencia de todo el proceso de solicitud y concesión del IMV. No es posible hacer un seguimiento telemático de las solicitudes. Y en muchos casos, no se explican las razones por las que se deniegan el 60% de las solicitudes, ya que en muchos casos terminan en “inadmisión”, lo que impide conocer los motivos por los que se rechaza. Y tampoco hay estadísticas periódicas sobre solicitudes, concesiones e importes de la ayuda (se están dado desde 14 euros a 50 y  100 euros junto a los 462 prometidos), de las que el Gobierno informa a cuentagotas. Además, algunas ONGs denuncian que el periodo de retroactividad del ingreso (desde el 1 de junio) ha finalizado y muchas familias siguen esperando la ayuda sin tener ningún ingreso.

Es hora de cambiar radicalmente los requisitos para que el IMV llegue a los que de verdad lo necesitan. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS)  acaban de enviar al Gobierno unas propuestas de mejora muy concretas, que piden se incluyan en la Ley del IMV que está a debate en el Congreso. La primera y fundamental, que se cree una pasarela desde las rentas mínimas autonómicas, para que los 297.183 beneficiarios de estas ayudas autonómicas pasen a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, sin más papeleo adicional y con comprobaciones posteriores. La segunda propuesta, que las familias afectadas por la pandemia y cuyos ingresos han caído drásticamente en 2020 puedan hacer “una declaración responsable” de esta caída de ingresos y con ella recibir el IMV, a expensas de regularizarlo y confirmarlo cuando declaren a Hacienda esta primavera. Y el tercer cambio, que se tenga en cuenta la situación familiar al hacer la solicitud y no un año antes, dejando que sean los servicios sociales los que informen sólo en los casos de discordancia.

Además, los expertos piden que se refuercen los servicios sociales municipales, que ya estaban sobrecargados antes de la pandemia (recibían 10 millones de consultas al año) y que se ayude a las ONGs sin ánimo de lucro, que colaboran en la gestión del IMV sin medios ni contrapartidas. Además, las ONGs piden más transparencia en la gestión de las solicitudes y una mejora de la gestión telemática, para conocer el estado de los expedientes. Y se quejan de que no se incluyan, junto al IMV, ayudas a la vivienda y alquileres sociales, uno de los problemas más graves que tienen las familias vulnerables. Y que no se les forme ni se diseñe su reinserción laboral, aunque se les obligue a apuntarse al paro.

Otro problema importante es que el ingreso mínimo vital ha desactivado las rentas mínimas que daban las autonomías. El dato que acaba de dar Cáritas es muy explícito: 4 de cada 10 familias que recibían ayudas autonómicas han dejado de recibirlas, por solicitar o percibir el ingreso mínimo vital. Y es que las autonomías han reaccionado cada una a su aire ante la llegada del ingreso mínimo: unas (Madrid) han suspendido algunas rentas mínimas, otras (Castilla la Mancha) han archivado las peticiones pendientes de rentas mínimas y otras  (Baleares) han subido sus rentas mínimas. Pero en general, las autonomías han visto el cielo abierto con el ingreso mínimo vital: una oportunidad de gastar en otras cosas esos 1.686 millones de euros que hasta ahora gastaban en rentas mínimas para  familias desfavorecidas, a las que dan entre 667 euros (País Vasco) y 400 (Madrid).

Lo lógico sería que las rentas mínimas desaparecieran en el ingreso mínimo vital, pero que ese dinero no se perdiera: que las autonomías lo utilizaran para complementar el IMV, para reforzar los servicios sociales (autonómicos y sobre todo municipales), para financiar a las ONGs y, sobre todo, para financiar ayudas complementarias a las familias más vulnerables (alquileres, becas, ayudas de comedor) y para poner en marcha programas de formación y políticas de empleo para la reinserción laboral de las familias más pobres. No ahorrarse el gasto en rentas mínimas sino hacer más y mejor gasto social autonómico.

El ingreso mínimo vital tiene recursos (3.100 millones para 2021), aunque quizás necesite más, si la recuperación se retrasa. Pero lo que más necesita es flexibilidad y transparencia, para que las familias más afectadas por la pandemia tengan ayudas ya, sin retrasos. Hay que reducir burocracia y dejar de poner trabas a los pobres, como denuncian las ONG. Pero no basta con esta ayuda. No podemos dejar que la pobreza se enquiste, en determinados colectivos y familias (madres solas con hijos, trabajadores precarios, inmigrantes, jóvenes y mujeres). Hay que poner en marcha un Plan de choque para que vuelvan a trabajar y tener ingresos, apostando por su formación y tutelando su recolocación desde las oficinas de empleo (que hay que reformar y dotar de medios). Y en paralelo, aprobar un Plan de alquileres subvencionados  y viviendas sociales. Y programas específicos de seguimiento educativo, para que los hijos de familias pobres no abandonen el colegio y tengan acceso a becas y educación online. Y una atención específica a las familias pobres con padres e hijos dependientes y con niños.

No vale con asegurar a los pobres una pequeña ayuda para sobrevivir, que hoy no llega a la mayoría. Hay que hacer una política social eficaz, no sólo por una cuestión de justicia sino por una mera cuestión económica: una pobreza y desigualdad excesivas son” un lastre para tener un crecimiento sostenible”, como dijo el gobernador del Banco de España en el Congreso. Así que luchar contra la pobreza y la desigualdad no es “de izquierdas” sino de puro sentido común: si 1 de cada 4 ciudadanos está en situación de pobreza, ni consumen, ni crean riqueza, ni pagan impuestos o pensiones, ni creceremos suficiente. Y además, esta tremenda pobreza alimenta los populismos y deteriora la democracia. 

Por eso, un objetivo de la recuperación, de los Fondos europeos, debe ser reducir la pobreza y la desigualdad, crear más empleo y mejorar el nivel de vida de 10 millones de españoles vulnerables. Salir de la recesión sin que muchos se queden atrás. Un reto de todos, por la justicia, la economía y la democracia.