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jueves, 27 de noviembre de 2025

Cotizaciones autónomos: mucha demagogia

Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el 40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos, patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA (patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado: las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y contribuyentes. Una demagogia injusta.

                           Enrique Ortega

Los autónomos en España son una parte importante de los empleados y llevan casi dos décadas superando los 3 millones de personas. En octubre de 2025, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social 3.438.744 ocupados, el 15,74% de todos los cotizantes (21.839.592). Al comienzos de este siglo XXI (1 enero 2000), había en España 2.528.340 autónomos cotizando, el 17,34% de los ocupados, y en 2012 superaron los 3 millones (3.049.047 cotizantes, el 18,47% de todos los ocupados), porque la crisis transformó a muchos parados en autónomos. Y después, la cifra ha ido aumentando poco a poco, hasta los 3.264.711 en 2019 (el 16,93%) y 3.369.335 de media en 2024 (15,93%), aunque perdiendo peso en el total de ocupados porque han crecido más estos años los asalariados que los autónomos. Y la gran mayoría de autónomos (2.958.654 hoy) no tienen asalariados.

Esos 3.438.744 ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso, según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad” (2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades (577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante de “falsos autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización UPTA estima que hay más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la Inspección de Trabajo ha detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.

Veamos el perfil de los autónomos en España, según los datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros) y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55 años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%), las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura (6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%), la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid (439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3) y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.

Un problema tradicional de los autónomos es que la mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado a cotizar más, el 82% de los autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637 cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros 2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y cotizaciones)  por los que cotizan la mayoría de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.

Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012 euros de jubilación media (octubre 2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados (1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad (683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos si se cogen la baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el 4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su base). Y tienen más complicado cobrar el paro (por “cese de actividad”).

Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril 1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS. En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de este año.

En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17 euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000 euros (ver cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas” de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.

La consecuencia de toda esta presión ha sido que el Gobierno ha rectificado y ha congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide “nuevas mejoras(un contrasentido: piden más gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas condiciones que sólo se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…

Mientras, los sindicatos se quejan de que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.

Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88% de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus pensiones, al ser tan bajas, han de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos (en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.

Con todo ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones en sus cuentas de 2024, con lo que sólo cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79% que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones, pero porcentualmente mucho menor).

En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones, un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros (que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas) cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”). Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.

Otra reflexión que nadie hace, por parecer  políticamente incorrecta”: si un autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en que su actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.

En resumen, que las cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo demás es populismo y engañar a los autónomos.

jueves, 8 de mayo de 2025

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.


España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

jueves, 23 de febrero de 2023

Menos autónomos (y más agobiados)

En España trabajan ahora 497.000 personas más que antes de la pandemia, pero la mejoría es porque hay más asalariados: trabajan 25.200 autónomos menos que en 2019. Lo peor fue  en 2022, cuando se perdieron -111.200 autónomos, en el comercio, hostelería, industria y el campo. Y la afiliación de autónomos ha caído también en enero de 2023. El problema que tienen los autónomos es que les están subiendo los costes y bajando las ventas, por la inflación, lo que agobia sus negocios, junto a la subida de cotizaciones, tras una reforma para que coticen por lo que ingresan y no por los mínimos, la única manera de asegurarles el derecho a paro y una pensión más digna. Pero también hay un problema de fondo: muchos parados y jóvenes se han hecho autónomos sin un proyecto claro de negocio y  la mitad de negocios mueren antes de 5 años, por poca profesionalidad y financiación. Ojo a ser autónomo como un  atajo para sobrevivir.

Enrique Ortega

Los datos de la EPA son claros: hay más personas trabajando en España que antes de la pandemia (+497.000 ocupados), pero la gran mayoría son trabajadores asalariados (+525.400), porque lo que son autónomos han bajado (-25.200 sobre los de 2019), cayendo también los negocios familiares (-7.000) y los empresarios sin asalariados (-57.200). Esta caída de los autónomos ha sido sobre todo en 2022, donde se redujeron en 111.200, cerrando el año con 3.086.800 personas estimadas como autónomos por la EPA, la cifra más baja desde marzo de 2013 (3.033.400 autónomos), muy alejada del máximo histórico de autónomos en España, alcanzado en septiembre de 2008 (3.622.000).

Esta estadística mide los que se declaran autónomos en la EPA que hace trimestralmente el INE. La otra manera de medirlos son los autónomos que se afilian a la Seguridad Social, que están dados de alta y pagan una cuota mensual: eran 3.324.048 autónomos a finales de 2022 (más de los que estimaba la EPA). Pero esta estadística indica lo mismo: había -56.620 autónomos menos dados de alta que antes de la pandemia (3.267.428 a finales de 2019), según la Seguridad Social. Y en 2022, un año en que creció el empleo asalariado (+397.300 trabajadores), dejaron de cotizar -1.204 autónomos, sobre todo en el comercio, la industria, la hostelería y el campo, aumentado en el resto de sectores. Y por si la tendencia no estuviera clara, en enero de 2023 (el último mes con datos), se dieron de baja otros -20.800 autónomos (quedando en 3.301.916), la mayor bajada en enero desde 2012.

De este total de autónomos afiliados a la Seguridad Social (3.301.916), una minoría son autónomos del campo (171.372 en enero 2023) y el resto (3.131.292) son trabajadores afiliados al régimen especial de autónomos (RETA), con actividad en los demás sectores. Pero de estos autónomos RETA, sólo 2 millones son los autónomos propiamente dichos (exactamente 2.018.080), trabajadores por cuenta propia que no están integrados en cooperativas, sociedades o colegios profesionales (otros 1.035.239 autónomos no individuales) ni son sus familiares que trabajan con ellos (en un bar o una tienda)  y están también dados de alta (191.443 autónomos más). El retrato robot de estos 2 millones de autónomos “puros”, trabajadores por cuenta propia individuales, es un hombre (63,8%), que supera los 40 años (el 74,3% del total) y que tiene un negocio en el sector servicios (el 73,5% del total), seguidos muy lejos por los autónomos de la construcción (11,50%), la agricultura (10,85%) y la industria (donde trabajan sólo el 4,15% de los autónomos), según la Seguridad Social.

La mayoría de los autónomos trabaja sólo (o con la ayuda de un familiar, que cotiza pero no tiene sueldo) y sólo el 20,8% de los autónomos (1 de cada 5) tienen trabajadores a su cargo: en total, los autónomos, emplean a 860.177 trabajadores y la mayoría tienen sólo 1 trabajador (219.446 autónomos), siendo una minoría los autónomos que tienen 5 o más trabajadores (sólo 43.167 autónomos de los 2 millones de autónomos “puros). Y se da el caso de que un 7% de los autónomos por cuenta propia (141.457) trabajan también como asalariados por cuenta ajena, sobre todo los más jóvenes. La casi totalidad de los autónomos son españoles (el 86,6%) y entre los autónomos extranjeros destacan los del resto de la UE (91.359 autónomos) y Sudamérica (50.824). Y las regiones con más autónomos totales (de los 3,34 millones) son Andalucía (564.797), Cataluña (557.537), Madrid (419.594), Comunidad Valenciana (362.228), Galicia (205.912), Castilla y León (187.000) y Euskadi (168.582).

Estas son las cifras oficiales de autónomos (3,3 millones de afiliados a la SS, de los que autónomos “puros” son sólo 2 millones), pero una parte son “falsos autónomos”, ocupados que trabajan realmente como asalariados, pero que se han dado de alta como autónomos por imposición de su empresa. Recientemente se ha hecho famoso el caso de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE, que figuraba como autónomo y ahora se ha regularizado como “asalariado” (de lujo, con un sueldo de 400.000 euros anuales). Pero antes, han saltado los casos en las empresas de reparto (Glovo) o paquetería (Amazon), donde se mantiene empleados como autónomos, para ahorrarse su cotización y reducir costes (no tienen derecho a vacaciones, bajas o indemnización). Se estima que en España hay más de 225.000 falsos autónomos. De hecho, la ministra de Trabajo informó en enero que en los últimos 3 años, la inspección de Trabajo ha regularizado la situación de 80.000 personas que trabajaban como “falsos autónomos” (40.000 de ellos, en 2022). Este fraude se da sobre todo en empresas de transportes y repartidores, plataformas digitales, cooperativas cárnicas,  educación, seguros, periodistas, comerciales, fisioterapeutas o peluquerías.

Sean autónomos de verdad o falsos, el caso es que la cifra de autónomos está cayendo y no se han beneficiado de la recuperación del empleo, ni tras la crisis de 2008 (hay -107.092 afiliados menos que en mayo de 2008), ni ahora tras la pandemia (hay -56.620 afiliados que en 2019). ¿Qué pasa con los autónomos, por qué sufren más las crisis? Con la pandemia y la inflación, a los autónomos se les han disparado los costes y no han podido repercutirlo en su negocio, por la caída del consumo y las ventas. Tienen poco tamaño y no pueden imponer precios y condiciones, como las medianas y grandes empresas. Y encima, les han subido los sueldos de sus empleados, el salario mínimo (ojo: recordemos que 4 de cada 5 autónomos no tienen asalariados a su cargo) y sobre todo, los impuestos que pagan (Hacienda ha desvelado mucha “economía sumergida”, negocios que no declaraban) y, más recientemente, las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social (SS).

Los autónomos tenían (y tienen) un problema en España: el 85,3% cotizan por la base mínima, según el último dato de la SS. Incluso lo hacen el 90% de los autónomos que tienen menos de 40 años o que llevan menos de 5 años de alta. El precio de pagar esta baja cotización es que tienen pocos derechos. Hasta ahora, no tenían derecho a paro como los asalariados, sólo a una complicada prestación por baja de actividad (por la que tenían que cotizar aparte) que pocos recibían. Y lo peor: su pensión al jubilarse era mínima. El dato es impactante: a 1 de enero, la pensión de jubilación media de un autónomo era de 910,94 euros, poco más de la mitad de la jubilación media de un asalariado (1.527.81 euros).

Han sido décadas en que los distintos Gobiernos han hecho “la vista gorda”, permitiendo que los autónomos declararan a Hacienda menos de lo que ganaban (por “módulos”) y cotizaran lo mínimo, a cambio de menos derechos. El año pasado, el Gobierno negoció y pactó con los sindicatos, la patronal y las organizaciones de autónomos un nuevo sistema, en el que los autónomos iban a cotizar por lo que ingresaran realmente, con lo que tendrán ahora derecho a paro parcial (será el 50% de la base reguladora, de 4 meses a 2 años, sin la exigencia de cerrar el negocio ni darse de baja en la SS) y al cotizar más, tendrán mejores pensiones en el futuro.

Las nuevas cotizaciones de autónomos se han pagado por primera vez a finales de enero, con 15 tramos de cotización y cuotas que van de 230 euros al mes (esta cuota mínima baja 64 euros y será 200 euros en 2025), para los que ingresen menos de 670 euros, a 500 euros mensuales (590 en 2025), para los que ingresen más de 6.000 euros mensuales. El nuevo sistema mantiene la tarifa plana de 80 euros al mes para los autónomos que empiezan (hasta 2 años), baja la cuota de los autónomos que ingresan menos de 1.300 euros, la mantiene para los que ingresan entre 1.300 y 1.700 y la sube progresivamente para el resto. Otra novedad es que los autónomos pueden cambiarse de tramo de cotización (si varían sus ingresos) hasta 6 veces al año. Y se simplifica la reducción por gastos: un 7% fijo de lo que ingresen.

La idea, apoyada por todas las organizaciones de autónomos, es ir cotizando más poco a poco, para tener más derechos y coberturas. Hasta aquí bien. Pero el nuevo sistema de cotizaciones se ha estrenado con otros dos cambios, que han asustado a los autónomos, porque han visto que su cuota de este enero 2023 les ha subido entre 40 y 100 euros. El primer cambio es que muchos autónomos cotizan con una revalorización automática de su base de cotización, que se actualiza cada año con la inflación. Cuando el IPC subía un 2 o 3% (o bajaba), no se notaba. Pero este año, la revalorización automática de las bases ha sido del +8,6%. Y encima, en enero ha habido una segunda novedad: ha entrado en vigor el Mecanismo de Equidad Generacional, un extra de cotización del +0,6% (que también pagan los asalariados, un 0,2% ellos y un 0,4% sus empresas), para ir engrosando la hucha de las pensiones en la próxima década y evitar déficits.

Así que a los autónomos se les ha juntado en la cuota de enero la nueva cotización por sus ingresos reales (más alta para la mayoría), la revalorización automática de las bases por la inflación y la nueva cuota para salvaguardar las pensiones. Y se han encontrado pagando entre 40 y 100 euros más al mes, precisamente cuando el resto de costes (energía, alquileres, compras, créditos…) apenas baja o incluso sube. Así se explica que la cifra de autónomos siga bajando, en un año donde la economía y el empleo crecerán menos.

El problema de futuro para los autónomos es que la subida pactada ahora es "transitoria", hasta 2026. A partir de esa fecha, las cotizaciones de los autónomos españoles crecerán mucho más, según se ha comprometido el Gobierno Sánchez con Bruselas, para reducir a medio plazo el déficit de sus pensiones. Se ha prometido aumentar un 50% sus cotizaciones actuales para 2032, cuando deberán cotizar lo mismo que los trabajadores asalariados. Eso les supondrá cotizar entonces unos 6.500 millones más (sobre los 12.000 que cotizarán ahora). Claro que la subida futura, a partir de 2026, la tendrá que pactar y concretar con los autónomos el futuro Gobierno, aunque sea el actual el que la ha acordado con Bruselas dentro de las reformas exigidas para recibir los Fondos europeos.

Pero hay un tema de fondo, que entra en crisis en situaciones como la actual. Para muchos, hacerse autónomo era una especie de “atajo para trabajar”, una forma de sobrevivir en momentos de crisis, donde ha sido difícil encontrar un empleo asalariado. Es lo que pasó tras la crisis financiera de 2008 y luego con la pandemia y la inflación: algunos de los que perdieron su trabajo, cobraron el paro de una vez y tiraron de ahorros para “hacerse autónomos”. Eso explica que la Europa del sur, con empleos más inestables, sea la zona con más autónomos. Y que España sea el 6º país europeo con más autónomos (el 15,3% de los ocupados en 2020), por detrás de Grecia (27,9%), Italia (20,2%), Polonia (17,9%), Chequia (16,3%) y Holanda (15,6%), por delante de la media UE (13,3% de empleos autónomos). Y paises con un empleo asalariado importante tienen menos autónomos, como Dinamarca (7,5%), Alemania (7,6%), Suecia (8,6%) o Francia (11,5%), según Eurostat.

Por un lado, la mala situación del empleo fuerza más a hacerse autónomo. Y por otro, muchos “emprendedores” se lanzan a poner un negocio sin la suficiente formación, ni proyecto ni financiación. Y duran poco tiempo. De hecho, sólo la mitad de los trabajadores autónomos por cuenta propia (esos 2 millones de autónomos propiamente dichos) llevan más de 5 años de alta en la SS, la otra mitad no lleva tanto tiempo. Y los datos revelan que al tercer año de vida sólo sobreviven el 84% de los autónomos, al 4º año el 73% y al 5º año poco más de la mitad, mientras a los 10 años sólo sobrevive el 42% de los autónomos, según un estudio de Iberinform sobre 3 millones de negocios creados desde 1990. Así que en muchos casos, “el atajo” para salir del paro acaba en cierre y frustración.

En definitiva, que ser autónomo no es fácil. Pero urge reforzar a los que tienen iniciativa y apuestan por un negocio con un proyecto viable. Eso exige un Plan de choque, para reforzar la situación de los autónomos más vulnerables, favoreciendo ayudas para su lanzamiento, desde subvención a los planes de negocio a financiación pública y privada y ligada a la obtención de objetivos. No se trata de llenar el país de tiendas, bares o asesores informáticos, sino de definir qué actividades pueden ser un caldo de cultivo para proyectos autónomos y acompañar a los emprendedores para que sobrevivan. Sobre todo en proyectos pequeños y locales, que escapan a las grandes empresas. Es algo en lo que deberían colaborar especialmente Ayuntamientos y autonomías, así como las grandes empresas y los bancos, creando una red complementaria de autónomos que dinamicen la economía, la innovación y el empleo, apoyándose sobre todo en los jóvenes. Sin atajos.

lunes, 11 de mayo de 2020

Coronavirus: 2 décadas pagando su factura


Comienza la fase 1 de la desescalada, aunque sólo para 29 provincias y el  51% de españoles, quedando fuera Madrid y la mayor parte de Cataluña, las dos Castillas y la Comunidad Valenciana. Crucemos los dedos: avanzamos casi a ciegas, sin saber cuántos contagiados asintomáticos hay y si sufriremos un repunte que nos haga perder lo ganado. Mientras, avanza la “emergencia económica”, aunque muy diferente a la de 2008. Primero, porque se han perdido 950.000 empleos en mes y medio, frente a 3.500.000 entre 2008 y 2014. Y eso, porque hay 3,4 millones de trabajadores “aparcados” en ERTEs, más 1.400.000 autónomos, que esta vez han salvado temporalmente su empleo. Y otra diferencia: hay 8 millones de trabajadores, autónomos y parados (más de 1 de cada 3 activos) que cobran una ayuda mensual, mientras en la otra crisis, la mitad de parados no cobraban nada. Y hay ayudas millonarias a empresas y autonomías. Una elevada factura, que tardaremos 2 décadas en pagar. Ya hay quien pide “ajustes” para los próximos años, por un déficit “insostenible”, del que culparán al Gobierno. ¿Les suena?

enrique ortega

El coronavirus avanza imparable por el mundo y en las últimas 2 semanas ha contagiado a 1,1 millones de personas más: hoy, a los 131 días de detectarse el primer caso, son ya 4.103.136 contagiados en 187 paises, con 282.726 muertos, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.677.046 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos, con 1.329.799 contagiados, seguido de España (224.390 contagiados), Reino Unido (220.449), Italia (219.070), Rusia (209.688), Francia (177.094), Alemania (171.879) y Brasil (162.699), que podría ser el epicentro de la pandemia en las próximas semanas. Una de cada cuatro muertes por coronavirus se han dado en Estados Unidos (79.528 muertos), seguido de lejos por Reino Unido (31.930 muertos), Italia (30.560), España (26.621 muertos), Francia (26.383), Brasil (11.123) y Bélgica (8.656), el país con más muertos por millón de habitantes (755), seguido de España (566). La letalidad (muertos/contagiados) es menor en España (11,9) que en Francia (18,9), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,7), Italia (13,9), Holanda (12,8) o Suecia (12,4), según los datos de Sanidad.


Tras 8 semanas de confinamiento, en España sigue bajando el ritmo de contagios, aunque todavía crecen algo cada día (+621 ayer, un 0,27%), también porque ahora se hacen más test, aunque las cifras no siempre son homogéneas entre autonomías. También aumentan menos los hospitalizados (465 ayer, +0,38%) y los enfermos COVID en las UCIs (+36 ayer, un 0,31%). Y aumentan menos los muertos (143 ayer, un +0,54%, frente a los 950 del 1 de abril), el 86,6% mayores de 70 años. Un dato importante: 17.500 mayores han muerto en residencias de ancianos por coronavirus o síntomas compatibles con COVID19, el 68% de todos los muertos en esta pandemia, según este estudio de El País.


Otra semana más, los datos confirman que la pandemia se reduce de forma muy desigual por autonomías. El mapa de contagios demuestra que siguen concentrados en 6 autonomías, con más contagiados por 100.000 habitantes que la media española (32,70): Castilla y León (70,64), Cataluña (68,73), Navarra (51,97), Madrid (51,79), La Rioja (46,40) y Castilla la Mancha (36,11). Y hay muchas regiones con un nivel mínimo de contagios: Murcia (2,28 por 100.000 habitantes), Canarias (4,23), Andalucía (6,94), Baleares (8,35), Asturias (9,48), Melilla (10,41) y Ceuta (11,80), según los datos de Sanidad de ayer. Hay autonomías donde no hay apenas nuevos hospitalizados por COVID 19 (Ceuta, Melilla, Murcia, Canarias, Baleares, Cantabria, Navarra o la Rioja) mientras aumentan 123 en Madrid, 97 en Cataluña o 74 en Castilla y León. No hay nuevos ingresados en UCI por coronavirus en 10 autonomías, Ceuta y Melilla, de 1 a 3 en otras 4, mientras aumentan en 36 en Madrid y 12 en Cataluña. Y  hay 11 regiones con casi ningún muerto nuevo por COVID 19, mientras los fallecidos ayer se concentran en Madrid (46), Cataluña (25), Madrid (38), Castilla la Mancha (21), País Vasco (15) y Castilla y León (12), según los datos de Sanidad.


Estas diferencias en contagios, hospitalizados, enfermos en UCIs y muertos han sido el factor más determinante para decidir si una autonomía (sus provincias y zonas sanitarias) podían pasar hoy a la fase 1 de la desescalada, que supone abrir parcialmente terrazas y comercios, permitir visitas y grupos de 10 personas y realizar muchas actividades culturales y económicas con precaución. Pero Sanidad y el Comité de expertos han añadido otros criterios, entre los que destacan 2  indicadores sanitarios claves (poder disponer en 5 días de entre 1,5 y 2 camas de UCI para enfermos COVID por 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas hospitalarias para enfermos agudos de coronavirus) y un sistema de detección precoz de los nuevos contagios a través de atención primaria, que permita realizar test PCR a los pacientes con síntomas y detectarlos y aislarlos en 48 horas. Y protocolos para las residencias de ancianos. Además, Sanidad tiene en cuenta la capacidad de rastreo y seguimiento de los contagios de las autonomías, su movilidad y datos socioeconómicos (actividad y empleo).


Teniendo en cuenta estas exigencias, todas las autonomías pidieron a Sanidad pasar a la fase 1 desde hoy, salvo Cataluña y Castilla y León, que reconocían no estar preparadas en la mayor parte de su territorio. La sorpresa la dio Madrid, que pidió pasar a la fase 1, en contra de la opinión de su directora de salud pública, que dimitió antes de firmar la solicitud, por considerar que Madrid  no estaba preparado para un rebrote, tras ser el epicentro de la pandemia, con 1 de cada 3 contagiados, hospitalizados y muertos en España. Sanidad se ha resistido a la presión (del gobierno de Madrid, los empresarios, el PP y Ciudadanos) y retrasa la entrada de Madrid en la fase 1, como parece lógico dado el tremendo alcance de la epidemia en la capital. Pero la presidenta Díaz Ayuso (ver foto portada El Mundo ayer) lo ha tomado como "una crítica política" a su gestión sanitaria (ver aquí un balance), que el líder del PP, Pablo Casado, elogió el 2 de mayo como "lo que haríamos para toda España". 


Al final, Sanidad ha decidido que pasen hoy a la fase 1 un total de 29 provincias, donde viven el 51% de los españoles (ver mapa). Quedan todavía en la fase 0 y no pasan Madrid y  la mayor parte de Cataluña (6 de las 9 zonas sanitarias, entre ellas Barcelona, Girona y parte de Lleida), de Castilla y León (salvo 26 zonas sanitarias en todas las provincias, menos en Segovia), de Castilla la Mancha (no pasan Toledo, Ciudad Real y Albacete), de la Comunidad Valencia (sólo pasan 10 zonas sanitarias, 1 en Castellón, 3 en Valencia y 6 en Alicante) y  tampoco Málaga y Granada en Andalucía. Estas 21 provinciassuspendidaspueden  solicitar durante esta semana pasar a la fase 1 el lunes 18, si mejoran su situación y corrigen las deficiencias. 


Ahora, con media España en la fase 1 de desescalada, habrá que “cruzar los dedos” para que no se produzca un rebrote de contagios y muertes. La estrategia para evitarlo exige un comportamiento ejemplar de los ciudadanos (evitar contactos, desinfectar y limpiar manos y zonas comunes, utilizar guantes y mascarillas) y, sobre todo, hacer más test (se han hecho ya 1.625.211 PCR y 842.550 test serológicos, según el presidente Sánchez, aunque de forma muy desigual según las autonomías) y rastrear los contagios y sus contactos, dos tareas en las que deben centrarse ahora los Centros de salud, los médicos y enfermeras de atención primaria, que carecen de personal y medios, a pesar de los nuevos contratos prometidos y del dinero transferido a las autonomías.


Sobre los test, la novedad es que los médicos de atención primaria tienen que hacer test PCR a los pacientes con síntomas de coronavirus, lo que debería detectar nuevos casos. Hasta ahora, sólo se hacían a sanitarios, residencias de ancianos y personal de riesgo, pero ahora deben generalizarse. Y parece que hay test PCR suficientes, una vez que la industria farmacéutica española “se ha puesto las pilas” y fabrica ahora 3 millones de test PCR al mes (100.000 diarios), según asegura la patronal Fenin. Además, la multinacional catalana Grifols ha descubierto un nuevo test para detectar el COVID 19, del que va a fabricar 1 millón a la semana en San Diego (USA), y dará prioridad de suministro a España. En paralelo, las grandes empresas están haciendo test PCR (5.800 Seat) y serológicos (Endesa e Iberdrola) a sus empleados, a través de laboratorios privados, “al margen” de Sanidad, que teme que empresas y trabajadores se crean así seguros y descuiden las medidas de protección.


Pero no basta con detectar nuevos casos de coronavirus. Es importante rastrearlos, hacer un trabajo de investigación para detectar el origen  de los contagios y, lo más importante, descubrir todas las personas con las que ha estado en contacto, para hacerles un test y aislar a los contagiados asintomáticos. Para este trabajo, que los epidemiólogos consideran clave, España sólo cuenta con unos 500 sanitarios destinados a vigilancia epidemiológica, cuando necesitaríamos 14.000 “rastreadores”, según estima el Instituto Johns Hopkins, que deberían salir de nuevos contratos de médicos y enfermeras jubilados o estudiantes. Y en paralelo, urge contar ya con alguna aplicación informática para móviles que ayude a detectar contactos de posibles contagiados. Y, de cara a detectar posibles rebrotes, hay una herramienta nueva, que se ha probado con éxito en Holanda y la Comunidad Valenciana: el análisis de las aguas residuales, que detectan 16 días antes la emisión de restos de virus en las heces.


Mientras se intenta evitar el rebrote de la pandemia, sus daños económicos son más patentes cada día. La Comisión Europea acaba de publicar sus previsiones de primavera y confirma lo que ya habían dicho el FMI, el Banco de España y el Gobierno: los efectos de la pandemia van a ser más graves en España, porque tenemos un modelo económico y un exceso de precariedad laboral que nos hacen más vulnerables. La economía caerá un -9,4%, más que la media UE (-7,4%), Francia (-8,2%) o Alemania (-6,5%) y como Italia (-9,5%). El paro aumentará mucho más, al 18,9% en España (+4,8%), frente al 11,8% en Italia  (+1,8%), el 9% en la UE-27 (+2,3%), el 10,1% en Francia (+1,6%) y el 4% en Alemania (+0,8%). Y lo más preocupante, se disparará en España el déficit público (del -2,8% al 10,1% del PIB) y la deuda pública (del 95,5 al 115,5%: 117.868 millones más en un año). O sea, que el coronavirus no sólo nos daña más ahora sino que nos hipoteca para el futuro


Y eso, porque la crisis del coronavirus se ha afrontado de una forma distinta que la crisis de 2008. Hay 2 diferencias importantes. Una, que se ha tratado de salvar el empleo. Basten dos datos. En 2009, la economía cayó un -3,8% y se perdieron 1.210.800 empleos. Ahora, la economía se ha desplomado un -5,2% en el primer trimestre y se han perdido 947.896 empleos (898.822 entre el 12 de marzo y el 31 y sólo 49.074 en abril, tras “prohibirse” los despidos por el Gobierno a finales de marzo). Y entre 2019 y 2013, la economía española cayó un -8,8% y perdió -3.560.000 empleos, mientras ahora se espera que el PIB caiga -9,4% en 2020 y se pierdan -1.737.000 empleos, según la Comisión Europea. Esto es porque se han evitado despidos con los ERTES, donde hay “aparcados” 3,4 millones de trabajadores y 1,4 millonesde autónomos, la cuarta parte de la población ocupada en España.


La otra gran diferencia con la crisis de 2008 es que se ha tratado de ayudar a los afectados (“no dejar a nadie atrás). Y así, además de que todos los 947.896 parados nuevos cobren el paro (al margen de lo cotizado), cobran también ayudas los afectados por ERTEs (3,4 millones), los autónomos que han cesado su actividad (1,4 millones)  y la mayoría de empleadas de hogar (250.000 que cotizan de las 400.000). En total, son 8 millones de personas que cobran ayudas públicas desde que se inició el estado de alarma y hasta nueva orden (se han prorrogado los ERTES hasta finales de junio). Algo que contrasta con la crisis de 2008: con Zapatero, cobraron ayudas el 78,68% de los parados en 2009, el 76,70% en 2010 y el 69,20% en 2011, según los datos del SEPE. Y con Rajoy y sus recortes, la cobertura bajó al 64,3% en 2012, al 61,43% en 2013 y al 57,88% de 2014. Y si contabilizamos los parados estimados por la EPA (5.896.300 en 2013, el peor año de la crisis), menos de la mitad cobraban un subsidio (el 47,5%). Y aún bajaron al 45,11% en 2014. 


Al final, las ayudas a estos 8 millones de trabajadores afectados hoy por el coronavirus cuestan cada mes (mitad de marzo, abril, mayo y seguro junio) 4.512 millones, a los que sumar 2.000 millones en pago de cotizaciones y 750 millones en moratorias y aplazamientos de cuotas, 6.750 millones al mes, según Trabajo. Y a eso hay que sumar el resto de ayudas a empresas y autónomos, más las ayudas para alquileres y los fondos para la sanidad y gastos sociales. Todo ello suma ya 36.000 millones de euros, según el Gobierno, a los que sumar el nuevo Fondo de 16.000 millones aprobados la semana pasada para las autonomías (10.000 para sanidad), que se les da sin tener que devolverlo. Todo esto y más que habrá que gastar después, en la reconstrucción de la economía. Por eso, la Comisión Europea cree que el déficit público subirá este año al -10,1% (+69.337 millones).


Un agujero en las cuentas públicas que habrá que tapar con más ingresos (difícil con una economía en recesión), con ayudas europeas (será difícil que nos den ayudas a fondo perdido, sólo créditos: más deuda) y básicamente, con más deuda pública, que ya era muy elevada por la anterior crisis : pasará del 95% del PIB en 2019 al 115,6% en 2020 (+117.868 millones) y se mantendrá en el 113,7% en 2021, según las previsiones de la Comisión Europea. Una “hipoteca” que será una losa para la reconstrucción, no sólo porque nos obligará a pagar unos 50.000 millones al año en intereses (dos tercios del gasto en sanidad), sino porque nos deja a merced de los inversores, de los “mercados”. Y si nos suben la deuda sólo un 1%, serían 35.000 millones extras.


Ya se han alzado voces que hablan de una deuda “insostenible”. La Autoridad Fiscal independiente (la AIReF) ha publicado este informe donde indica que, aún con ajustes (10.000 millones al año, como hizo Rajoy desde 2012), el déficit público de España no volverá al nivel previo al coronavirus (2,8% del PIB en 2019) hasta 2028. Y la deuda, que se reduce más lentamente, no bajaría al nivel de 2019 (95% del PIB) hasta 2038. Así que saldar la factura del coronavirus nos costará 2 décadas. Y eso, con ajustes.


Este es un debate que vendrá en unos meses, cuando ya no haya muertos por el coronavirus y sólo se hable de la reconstrucción, de la mano de “expertos económicos” y  “fundamentalistas”de la austeridad, en Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y buena parte de la Comisión Europea. Y en España, de la mano del PP (quizás con ayuda de Ciudadanos), que aprovecharan el debate de los Presupuestos 2021 para tumbar al Gobierno (tiene una mayoría muy débil), forzar elecciones anticipadas y llegar al poder para “sanear la economía y las cuentas públicas tras una gestión desastrosa de los socialistas”. ¿Les suena? 


Ahora, el reto es otro: salvar vidas y empleos, cueste lo que cueste. Eso obliga a mantener los ERTEs y las ayudas lo que haga falta, seguir prohibiendo los despidos y evitar que las cifras del paro se disparen como en la crisis de 2008. Y ayudar a los que se quedan sin ingresos, a esas nuevas familias que han caído en la pobreza y triplican sus peticiones  a Cáritas y la Cruz Roja. Hay que vencer al virus y ayudar a los que sufren la pandemia, lo que haga falta y durante el tiempo que haga falta. Ya afrontaremos después cómo pagarlo, solos o con ayudas de Europa. Y por supuesto, sin nuevos recortes.