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jueves, 8 de mayo de 2025

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.


España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

jueves, 23 de febrero de 2023

Menos autónomos (y más agobiados)

En España trabajan ahora 497.000 personas más que antes de la pandemia, pero la mejoría es porque hay más asalariados: trabajan 25.200 autónomos menos que en 2019. Lo peor fue  en 2022, cuando se perdieron -111.200 autónomos, en el comercio, hostelería, industria y el campo. Y la afiliación de autónomos ha caído también en enero de 2023. El problema que tienen los autónomos es que les están subiendo los costes y bajando las ventas, por la inflación, lo que agobia sus negocios, junto a la subida de cotizaciones, tras una reforma para que coticen por lo que ingresan y no por los mínimos, la única manera de asegurarles el derecho a paro y una pensión más digna. Pero también hay un problema de fondo: muchos parados y jóvenes se han hecho autónomos sin un proyecto claro de negocio y  la mitad de negocios mueren antes de 5 años, por poca profesionalidad y financiación. Ojo a ser autónomo como un  atajo para sobrevivir.

Enrique Ortega

Los datos de la EPA son claros: hay más personas trabajando en España que antes de la pandemia (+497.000 ocupados), pero la gran mayoría son trabajadores asalariados (+525.400), porque lo que son autónomos han bajado (-25.200 sobre los de 2019), cayendo también los negocios familiares (-7.000) y los empresarios sin asalariados (-57.200). Esta caída de los autónomos ha sido sobre todo en 2022, donde se redujeron en 111.200, cerrando el año con 3.086.800 personas estimadas como autónomos por la EPA, la cifra más baja desde marzo de 2013 (3.033.400 autónomos), muy alejada del máximo histórico de autónomos en España, alcanzado en septiembre de 2008 (3.622.000).

Esta estadística mide los que se declaran autónomos en la EPA que hace trimestralmente el INE. La otra manera de medirlos son los autónomos que se afilian a la Seguridad Social, que están dados de alta y pagan una cuota mensual: eran 3.324.048 autónomos a finales de 2022 (más de los que estimaba la EPA). Pero esta estadística indica lo mismo: había -56.620 autónomos menos dados de alta que antes de la pandemia (3.267.428 a finales de 2019), según la Seguridad Social. Y en 2022, un año en que creció el empleo asalariado (+397.300 trabajadores), dejaron de cotizar -1.204 autónomos, sobre todo en el comercio, la industria, la hostelería y el campo, aumentado en el resto de sectores. Y por si la tendencia no estuviera clara, en enero de 2023 (el último mes con datos), se dieron de baja otros -20.800 autónomos (quedando en 3.301.916), la mayor bajada en enero desde 2012.

De este total de autónomos afiliados a la Seguridad Social (3.301.916), una minoría son autónomos del campo (171.372 en enero 2023) y el resto (3.131.292) son trabajadores afiliados al régimen especial de autónomos (RETA), con actividad en los demás sectores. Pero de estos autónomos RETA, sólo 2 millones son los autónomos propiamente dichos (exactamente 2.018.080), trabajadores por cuenta propia que no están integrados en cooperativas, sociedades o colegios profesionales (otros 1.035.239 autónomos no individuales) ni son sus familiares que trabajan con ellos (en un bar o una tienda)  y están también dados de alta (191.443 autónomos más). El retrato robot de estos 2 millones de autónomos “puros”, trabajadores por cuenta propia individuales, es un hombre (63,8%), que supera los 40 años (el 74,3% del total) y que tiene un negocio en el sector servicios (el 73,5% del total), seguidos muy lejos por los autónomos de la construcción (11,50%), la agricultura (10,85%) y la industria (donde trabajan sólo el 4,15% de los autónomos), según la Seguridad Social.

La mayoría de los autónomos trabaja sólo (o con la ayuda de un familiar, que cotiza pero no tiene sueldo) y sólo el 20,8% de los autónomos (1 de cada 5) tienen trabajadores a su cargo: en total, los autónomos, emplean a 860.177 trabajadores y la mayoría tienen sólo 1 trabajador (219.446 autónomos), siendo una minoría los autónomos que tienen 5 o más trabajadores (sólo 43.167 autónomos de los 2 millones de autónomos “puros). Y se da el caso de que un 7% de los autónomos por cuenta propia (141.457) trabajan también como asalariados por cuenta ajena, sobre todo los más jóvenes. La casi totalidad de los autónomos son españoles (el 86,6%) y entre los autónomos extranjeros destacan los del resto de la UE (91.359 autónomos) y Sudamérica (50.824). Y las regiones con más autónomos totales (de los 3,34 millones) son Andalucía (564.797), Cataluña (557.537), Madrid (419.594), Comunidad Valenciana (362.228), Galicia (205.912), Castilla y León (187.000) y Euskadi (168.582).

Estas son las cifras oficiales de autónomos (3,3 millones de afiliados a la SS, de los que autónomos “puros” son sólo 2 millones), pero una parte son “falsos autónomos”, ocupados que trabajan realmente como asalariados, pero que se han dado de alta como autónomos por imposición de su empresa. Recientemente se ha hecho famoso el caso de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE, que figuraba como autónomo y ahora se ha regularizado como “asalariado” (de lujo, con un sueldo de 400.000 euros anuales). Pero antes, han saltado los casos en las empresas de reparto (Glovo) o paquetería (Amazon), donde se mantiene empleados como autónomos, para ahorrarse su cotización y reducir costes (no tienen derecho a vacaciones, bajas o indemnización). Se estima que en España hay más de 225.000 falsos autónomos. De hecho, la ministra de Trabajo informó en enero que en los últimos 3 años, la inspección de Trabajo ha regularizado la situación de 80.000 personas que trabajaban como “falsos autónomos” (40.000 de ellos, en 2022). Este fraude se da sobre todo en empresas de transportes y repartidores, plataformas digitales, cooperativas cárnicas,  educación, seguros, periodistas, comerciales, fisioterapeutas o peluquerías.

Sean autónomos de verdad o falsos, el caso es que la cifra de autónomos está cayendo y no se han beneficiado de la recuperación del empleo, ni tras la crisis de 2008 (hay -107.092 afiliados menos que en mayo de 2008), ni ahora tras la pandemia (hay -56.620 afiliados que en 2019). ¿Qué pasa con los autónomos, por qué sufren más las crisis? Con la pandemia y la inflación, a los autónomos se les han disparado los costes y no han podido repercutirlo en su negocio, por la caída del consumo y las ventas. Tienen poco tamaño y no pueden imponer precios y condiciones, como las medianas y grandes empresas. Y encima, les han subido los sueldos de sus empleados, el salario mínimo (ojo: recordemos que 4 de cada 5 autónomos no tienen asalariados a su cargo) y sobre todo, los impuestos que pagan (Hacienda ha desvelado mucha “economía sumergida”, negocios que no declaraban) y, más recientemente, las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social (SS).

Los autónomos tenían (y tienen) un problema en España: el 85,3% cotizan por la base mínima, según el último dato de la SS. Incluso lo hacen el 90% de los autónomos que tienen menos de 40 años o que llevan menos de 5 años de alta. El precio de pagar esta baja cotización es que tienen pocos derechos. Hasta ahora, no tenían derecho a paro como los asalariados, sólo a una complicada prestación por baja de actividad (por la que tenían que cotizar aparte) que pocos recibían. Y lo peor: su pensión al jubilarse era mínima. El dato es impactante: a 1 de enero, la pensión de jubilación media de un autónomo era de 910,94 euros, poco más de la mitad de la jubilación media de un asalariado (1.527.81 euros).

Han sido décadas en que los distintos Gobiernos han hecho “la vista gorda”, permitiendo que los autónomos declararan a Hacienda menos de lo que ganaban (por “módulos”) y cotizaran lo mínimo, a cambio de menos derechos. El año pasado, el Gobierno negoció y pactó con los sindicatos, la patronal y las organizaciones de autónomos un nuevo sistema, en el que los autónomos iban a cotizar por lo que ingresaran realmente, con lo que tendrán ahora derecho a paro parcial (será el 50% de la base reguladora, de 4 meses a 2 años, sin la exigencia de cerrar el negocio ni darse de baja en la SS) y al cotizar más, tendrán mejores pensiones en el futuro.

Las nuevas cotizaciones de autónomos se han pagado por primera vez a finales de enero, con 15 tramos de cotización y cuotas que van de 230 euros al mes (esta cuota mínima baja 64 euros y será 200 euros en 2025), para los que ingresen menos de 670 euros, a 500 euros mensuales (590 en 2025), para los que ingresen más de 6.000 euros mensuales. El nuevo sistema mantiene la tarifa plana de 80 euros al mes para los autónomos que empiezan (hasta 2 años), baja la cuota de los autónomos que ingresan menos de 1.300 euros, la mantiene para los que ingresan entre 1.300 y 1.700 y la sube progresivamente para el resto. Otra novedad es que los autónomos pueden cambiarse de tramo de cotización (si varían sus ingresos) hasta 6 veces al año. Y se simplifica la reducción por gastos: un 7% fijo de lo que ingresen.

La idea, apoyada por todas las organizaciones de autónomos, es ir cotizando más poco a poco, para tener más derechos y coberturas. Hasta aquí bien. Pero el nuevo sistema de cotizaciones se ha estrenado con otros dos cambios, que han asustado a los autónomos, porque han visto que su cuota de este enero 2023 les ha subido entre 40 y 100 euros. El primer cambio es que muchos autónomos cotizan con una revalorización automática de su base de cotización, que se actualiza cada año con la inflación. Cuando el IPC subía un 2 o 3% (o bajaba), no se notaba. Pero este año, la revalorización automática de las bases ha sido del +8,6%. Y encima, en enero ha habido una segunda novedad: ha entrado en vigor el Mecanismo de Equidad Generacional, un extra de cotización del +0,6% (que también pagan los asalariados, un 0,2% ellos y un 0,4% sus empresas), para ir engrosando la hucha de las pensiones en la próxima década y evitar déficits.

Así que a los autónomos se les ha juntado en la cuota de enero la nueva cotización por sus ingresos reales (más alta para la mayoría), la revalorización automática de las bases por la inflación y la nueva cuota para salvaguardar las pensiones. Y se han encontrado pagando entre 40 y 100 euros más al mes, precisamente cuando el resto de costes (energía, alquileres, compras, créditos…) apenas baja o incluso sube. Así se explica que la cifra de autónomos siga bajando, en un año donde la economía y el empleo crecerán menos.

El problema de futuro para los autónomos es que la subida pactada ahora es "transitoria", hasta 2026. A partir de esa fecha, las cotizaciones de los autónomos españoles crecerán mucho más, según se ha comprometido el Gobierno Sánchez con Bruselas, para reducir a medio plazo el déficit de sus pensiones. Se ha prometido aumentar un 50% sus cotizaciones actuales para 2032, cuando deberán cotizar lo mismo que los trabajadores asalariados. Eso les supondrá cotizar entonces unos 6.500 millones más (sobre los 12.000 que cotizarán ahora). Claro que la subida futura, a partir de 2026, la tendrá que pactar y concretar con los autónomos el futuro Gobierno, aunque sea el actual el que la ha acordado con Bruselas dentro de las reformas exigidas para recibir los Fondos europeos.

Pero hay un tema de fondo, que entra en crisis en situaciones como la actual. Para muchos, hacerse autónomo era una especie de “atajo para trabajar”, una forma de sobrevivir en momentos de crisis, donde ha sido difícil encontrar un empleo asalariado. Es lo que pasó tras la crisis financiera de 2008 y luego con la pandemia y la inflación: algunos de los que perdieron su trabajo, cobraron el paro de una vez y tiraron de ahorros para “hacerse autónomos”. Eso explica que la Europa del sur, con empleos más inestables, sea la zona con más autónomos. Y que España sea el 6º país europeo con más autónomos (el 15,3% de los ocupados en 2020), por detrás de Grecia (27,9%), Italia (20,2%), Polonia (17,9%), Chequia (16,3%) y Holanda (15,6%), por delante de la media UE (13,3% de empleos autónomos). Y paises con un empleo asalariado importante tienen menos autónomos, como Dinamarca (7,5%), Alemania (7,6%), Suecia (8,6%) o Francia (11,5%), según Eurostat.

Por un lado, la mala situación del empleo fuerza más a hacerse autónomo. Y por otro, muchos “emprendedores” se lanzan a poner un negocio sin la suficiente formación, ni proyecto ni financiación. Y duran poco tiempo. De hecho, sólo la mitad de los trabajadores autónomos por cuenta propia (esos 2 millones de autónomos propiamente dichos) llevan más de 5 años de alta en la SS, la otra mitad no lleva tanto tiempo. Y los datos revelan que al tercer año de vida sólo sobreviven el 84% de los autónomos, al 4º año el 73% y al 5º año poco más de la mitad, mientras a los 10 años sólo sobrevive el 42% de los autónomos, según un estudio de Iberinform sobre 3 millones de negocios creados desde 1990. Así que en muchos casos, “el atajo” para salir del paro acaba en cierre y frustración.

En definitiva, que ser autónomo no es fácil. Pero urge reforzar a los que tienen iniciativa y apuestan por un negocio con un proyecto viable. Eso exige un Plan de choque, para reforzar la situación de los autónomos más vulnerables, favoreciendo ayudas para su lanzamiento, desde subvención a los planes de negocio a financiación pública y privada y ligada a la obtención de objetivos. No se trata de llenar el país de tiendas, bares o asesores informáticos, sino de definir qué actividades pueden ser un caldo de cultivo para proyectos autónomos y acompañar a los emprendedores para que sobrevivan. Sobre todo en proyectos pequeños y locales, que escapan a las grandes empresas. Es algo en lo que deberían colaborar especialmente Ayuntamientos y autonomías, así como las grandes empresas y los bancos, creando una red complementaria de autónomos que dinamicen la economía, la innovación y el empleo, apoyándose sobre todo en los jóvenes. Sin atajos.

lunes, 11 de mayo de 2020

Coronavirus: 2 décadas pagando su factura


Comienza la fase 1 de la desescalada, aunque sólo para 29 provincias y el  51% de españoles, quedando fuera Madrid y la mayor parte de Cataluña, las dos Castillas y la Comunidad Valenciana. Crucemos los dedos: avanzamos casi a ciegas, sin saber cuántos contagiados asintomáticos hay y si sufriremos un repunte que nos haga perder lo ganado. Mientras, avanza la “emergencia económica”, aunque muy diferente a la de 2008. Primero, porque se han perdido 950.000 empleos en mes y medio, frente a 3.500.000 entre 2008 y 2014. Y eso, porque hay 3,4 millones de trabajadores “aparcados” en ERTEs, más 1.400.000 autónomos, que esta vez han salvado temporalmente su empleo. Y otra diferencia: hay 8 millones de trabajadores, autónomos y parados (más de 1 de cada 3 activos) que cobran una ayuda mensual, mientras en la otra crisis, la mitad de parados no cobraban nada. Y hay ayudas millonarias a empresas y autonomías. Una elevada factura, que tardaremos 2 décadas en pagar. Ya hay quien pide “ajustes” para los próximos años, por un déficit “insostenible”, del que culparán al Gobierno. ¿Les suena?

enrique ortega

El coronavirus avanza imparable por el mundo y en las últimas 2 semanas ha contagiado a 1,1 millones de personas más: hoy, a los 131 días de detectarse el primer caso, son ya 4.103.136 contagiados en 187 paises, con 282.726 muertos, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.677.046 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos, con 1.329.799 contagiados, seguido de España (224.390 contagiados), Reino Unido (220.449), Italia (219.070), Rusia (209.688), Francia (177.094), Alemania (171.879) y Brasil (162.699), que podría ser el epicentro de la pandemia en las próximas semanas. Una de cada cuatro muertes por coronavirus se han dado en Estados Unidos (79.528 muertos), seguido de lejos por Reino Unido (31.930 muertos), Italia (30.560), España (26.621 muertos), Francia (26.383), Brasil (11.123) y Bélgica (8.656), el país con más muertos por millón de habitantes (755), seguido de España (566). La letalidad (muertos/contagiados) es menor en España (11,9) que en Francia (18,9), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,7), Italia (13,9), Holanda (12,8) o Suecia (12,4), según los datos de Sanidad.


Tras 8 semanas de confinamiento, en España sigue bajando el ritmo de contagios, aunque todavía crecen algo cada día (+621 ayer, un 0,27%), también porque ahora se hacen más test, aunque las cifras no siempre son homogéneas entre autonomías. También aumentan menos los hospitalizados (465 ayer, +0,38%) y los enfermos COVID en las UCIs (+36 ayer, un 0,31%). Y aumentan menos los muertos (143 ayer, un +0,54%, frente a los 950 del 1 de abril), el 86,6% mayores de 70 años. Un dato importante: 17.500 mayores han muerto en residencias de ancianos por coronavirus o síntomas compatibles con COVID19, el 68% de todos los muertos en esta pandemia, según este estudio de El País.


Otra semana más, los datos confirman que la pandemia se reduce de forma muy desigual por autonomías. El mapa de contagios demuestra que siguen concentrados en 6 autonomías, con más contagiados por 100.000 habitantes que la media española (32,70): Castilla y León (70,64), Cataluña (68,73), Navarra (51,97), Madrid (51,79), La Rioja (46,40) y Castilla la Mancha (36,11). Y hay muchas regiones con un nivel mínimo de contagios: Murcia (2,28 por 100.000 habitantes), Canarias (4,23), Andalucía (6,94), Baleares (8,35), Asturias (9,48), Melilla (10,41) y Ceuta (11,80), según los datos de Sanidad de ayer. Hay autonomías donde no hay apenas nuevos hospitalizados por COVID 19 (Ceuta, Melilla, Murcia, Canarias, Baleares, Cantabria, Navarra o la Rioja) mientras aumentan 123 en Madrid, 97 en Cataluña o 74 en Castilla y León. No hay nuevos ingresados en UCI por coronavirus en 10 autonomías, Ceuta y Melilla, de 1 a 3 en otras 4, mientras aumentan en 36 en Madrid y 12 en Cataluña. Y  hay 11 regiones con casi ningún muerto nuevo por COVID 19, mientras los fallecidos ayer se concentran en Madrid (46), Cataluña (25), Madrid (38), Castilla la Mancha (21), País Vasco (15) y Castilla y León (12), según los datos de Sanidad.


Estas diferencias en contagios, hospitalizados, enfermos en UCIs y muertos han sido el factor más determinante para decidir si una autonomía (sus provincias y zonas sanitarias) podían pasar hoy a la fase 1 de la desescalada, que supone abrir parcialmente terrazas y comercios, permitir visitas y grupos de 10 personas y realizar muchas actividades culturales y económicas con precaución. Pero Sanidad y el Comité de expertos han añadido otros criterios, entre los que destacan 2  indicadores sanitarios claves (poder disponer en 5 días de entre 1,5 y 2 camas de UCI para enfermos COVID por 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas hospitalarias para enfermos agudos de coronavirus) y un sistema de detección precoz de los nuevos contagios a través de atención primaria, que permita realizar test PCR a los pacientes con síntomas y detectarlos y aislarlos en 48 horas. Y protocolos para las residencias de ancianos. Además, Sanidad tiene en cuenta la capacidad de rastreo y seguimiento de los contagios de las autonomías, su movilidad y datos socioeconómicos (actividad y empleo).


Teniendo en cuenta estas exigencias, todas las autonomías pidieron a Sanidad pasar a la fase 1 desde hoy, salvo Cataluña y Castilla y León, que reconocían no estar preparadas en la mayor parte de su territorio. La sorpresa la dio Madrid, que pidió pasar a la fase 1, en contra de la opinión de su directora de salud pública, que dimitió antes de firmar la solicitud, por considerar que Madrid  no estaba preparado para un rebrote, tras ser el epicentro de la pandemia, con 1 de cada 3 contagiados, hospitalizados y muertos en España. Sanidad se ha resistido a la presión (del gobierno de Madrid, los empresarios, el PP y Ciudadanos) y retrasa la entrada de Madrid en la fase 1, como parece lógico dado el tremendo alcance de la epidemia en la capital. Pero la presidenta Díaz Ayuso (ver foto portada El Mundo ayer) lo ha tomado como "una crítica política" a su gestión sanitaria (ver aquí un balance), que el líder del PP, Pablo Casado, elogió el 2 de mayo como "lo que haríamos para toda España". 


Al final, Sanidad ha decidido que pasen hoy a la fase 1 un total de 29 provincias, donde viven el 51% de los españoles (ver mapa). Quedan todavía en la fase 0 y no pasan Madrid y  la mayor parte de Cataluña (6 de las 9 zonas sanitarias, entre ellas Barcelona, Girona y parte de Lleida), de Castilla y León (salvo 26 zonas sanitarias en todas las provincias, menos en Segovia), de Castilla la Mancha (no pasan Toledo, Ciudad Real y Albacete), de la Comunidad Valencia (sólo pasan 10 zonas sanitarias, 1 en Castellón, 3 en Valencia y 6 en Alicante) y  tampoco Málaga y Granada en Andalucía. Estas 21 provinciassuspendidaspueden  solicitar durante esta semana pasar a la fase 1 el lunes 18, si mejoran su situación y corrigen las deficiencias. 


Ahora, con media España en la fase 1 de desescalada, habrá que “cruzar los dedos” para que no se produzca un rebrote de contagios y muertes. La estrategia para evitarlo exige un comportamiento ejemplar de los ciudadanos (evitar contactos, desinfectar y limpiar manos y zonas comunes, utilizar guantes y mascarillas) y, sobre todo, hacer más test (se han hecho ya 1.625.211 PCR y 842.550 test serológicos, según el presidente Sánchez, aunque de forma muy desigual según las autonomías) y rastrear los contagios y sus contactos, dos tareas en las que deben centrarse ahora los Centros de salud, los médicos y enfermeras de atención primaria, que carecen de personal y medios, a pesar de los nuevos contratos prometidos y del dinero transferido a las autonomías.


Sobre los test, la novedad es que los médicos de atención primaria tienen que hacer test PCR a los pacientes con síntomas de coronavirus, lo que debería detectar nuevos casos. Hasta ahora, sólo se hacían a sanitarios, residencias de ancianos y personal de riesgo, pero ahora deben generalizarse. Y parece que hay test PCR suficientes, una vez que la industria farmacéutica española “se ha puesto las pilas” y fabrica ahora 3 millones de test PCR al mes (100.000 diarios), según asegura la patronal Fenin. Además, la multinacional catalana Grifols ha descubierto un nuevo test para detectar el COVID 19, del que va a fabricar 1 millón a la semana en San Diego (USA), y dará prioridad de suministro a España. En paralelo, las grandes empresas están haciendo test PCR (5.800 Seat) y serológicos (Endesa e Iberdrola) a sus empleados, a través de laboratorios privados, “al margen” de Sanidad, que teme que empresas y trabajadores se crean así seguros y descuiden las medidas de protección.


Pero no basta con detectar nuevos casos de coronavirus. Es importante rastrearlos, hacer un trabajo de investigación para detectar el origen  de los contagios y, lo más importante, descubrir todas las personas con las que ha estado en contacto, para hacerles un test y aislar a los contagiados asintomáticos. Para este trabajo, que los epidemiólogos consideran clave, España sólo cuenta con unos 500 sanitarios destinados a vigilancia epidemiológica, cuando necesitaríamos 14.000 “rastreadores”, según estima el Instituto Johns Hopkins, que deberían salir de nuevos contratos de médicos y enfermeras jubilados o estudiantes. Y en paralelo, urge contar ya con alguna aplicación informática para móviles que ayude a detectar contactos de posibles contagiados. Y, de cara a detectar posibles rebrotes, hay una herramienta nueva, que se ha probado con éxito en Holanda y la Comunidad Valenciana: el análisis de las aguas residuales, que detectan 16 días antes la emisión de restos de virus en las heces.


Mientras se intenta evitar el rebrote de la pandemia, sus daños económicos son más patentes cada día. La Comisión Europea acaba de publicar sus previsiones de primavera y confirma lo que ya habían dicho el FMI, el Banco de España y el Gobierno: los efectos de la pandemia van a ser más graves en España, porque tenemos un modelo económico y un exceso de precariedad laboral que nos hacen más vulnerables. La economía caerá un -9,4%, más que la media UE (-7,4%), Francia (-8,2%) o Alemania (-6,5%) y como Italia (-9,5%). El paro aumentará mucho más, al 18,9% en España (+4,8%), frente al 11,8% en Italia  (+1,8%), el 9% en la UE-27 (+2,3%), el 10,1% en Francia (+1,6%) y el 4% en Alemania (+0,8%). Y lo más preocupante, se disparará en España el déficit público (del -2,8% al 10,1% del PIB) y la deuda pública (del 95,5 al 115,5%: 117.868 millones más en un año). O sea, que el coronavirus no sólo nos daña más ahora sino que nos hipoteca para el futuro


Y eso, porque la crisis del coronavirus se ha afrontado de una forma distinta que la crisis de 2008. Hay 2 diferencias importantes. Una, que se ha tratado de salvar el empleo. Basten dos datos. En 2009, la economía cayó un -3,8% y se perdieron 1.210.800 empleos. Ahora, la economía se ha desplomado un -5,2% en el primer trimestre y se han perdido 947.896 empleos (898.822 entre el 12 de marzo y el 31 y sólo 49.074 en abril, tras “prohibirse” los despidos por el Gobierno a finales de marzo). Y entre 2019 y 2013, la economía española cayó un -8,8% y perdió -3.560.000 empleos, mientras ahora se espera que el PIB caiga -9,4% en 2020 y se pierdan -1.737.000 empleos, según la Comisión Europea. Esto es porque se han evitado despidos con los ERTES, donde hay “aparcados” 3,4 millones de trabajadores y 1,4 millonesde autónomos, la cuarta parte de la población ocupada en España.


La otra gran diferencia con la crisis de 2008 es que se ha tratado de ayudar a los afectados (“no dejar a nadie atrás). Y así, además de que todos los 947.896 parados nuevos cobren el paro (al margen de lo cotizado), cobran también ayudas los afectados por ERTEs (3,4 millones), los autónomos que han cesado su actividad (1,4 millones)  y la mayoría de empleadas de hogar (250.000 que cotizan de las 400.000). En total, son 8 millones de personas que cobran ayudas públicas desde que se inició el estado de alarma y hasta nueva orden (se han prorrogado los ERTES hasta finales de junio). Algo que contrasta con la crisis de 2008: con Zapatero, cobraron ayudas el 78,68% de los parados en 2009, el 76,70% en 2010 y el 69,20% en 2011, según los datos del SEPE. Y con Rajoy y sus recortes, la cobertura bajó al 64,3% en 2012, al 61,43% en 2013 y al 57,88% de 2014. Y si contabilizamos los parados estimados por la EPA (5.896.300 en 2013, el peor año de la crisis), menos de la mitad cobraban un subsidio (el 47,5%). Y aún bajaron al 45,11% en 2014. 


Al final, las ayudas a estos 8 millones de trabajadores afectados hoy por el coronavirus cuestan cada mes (mitad de marzo, abril, mayo y seguro junio) 4.512 millones, a los que sumar 2.000 millones en pago de cotizaciones y 750 millones en moratorias y aplazamientos de cuotas, 6.750 millones al mes, según Trabajo. Y a eso hay que sumar el resto de ayudas a empresas y autónomos, más las ayudas para alquileres y los fondos para la sanidad y gastos sociales. Todo ello suma ya 36.000 millones de euros, según el Gobierno, a los que sumar el nuevo Fondo de 16.000 millones aprobados la semana pasada para las autonomías (10.000 para sanidad), que se les da sin tener que devolverlo. Todo esto y más que habrá que gastar después, en la reconstrucción de la economía. Por eso, la Comisión Europea cree que el déficit público subirá este año al -10,1% (+69.337 millones).


Un agujero en las cuentas públicas que habrá que tapar con más ingresos (difícil con una economía en recesión), con ayudas europeas (será difícil que nos den ayudas a fondo perdido, sólo créditos: más deuda) y básicamente, con más deuda pública, que ya era muy elevada por la anterior crisis : pasará del 95% del PIB en 2019 al 115,6% en 2020 (+117.868 millones) y se mantendrá en el 113,7% en 2021, según las previsiones de la Comisión Europea. Una “hipoteca” que será una losa para la reconstrucción, no sólo porque nos obligará a pagar unos 50.000 millones al año en intereses (dos tercios del gasto en sanidad), sino porque nos deja a merced de los inversores, de los “mercados”. Y si nos suben la deuda sólo un 1%, serían 35.000 millones extras.


Ya se han alzado voces que hablan de una deuda “insostenible”. La Autoridad Fiscal independiente (la AIReF) ha publicado este informe donde indica que, aún con ajustes (10.000 millones al año, como hizo Rajoy desde 2012), el déficit público de España no volverá al nivel previo al coronavirus (2,8% del PIB en 2019) hasta 2028. Y la deuda, que se reduce más lentamente, no bajaría al nivel de 2019 (95% del PIB) hasta 2038. Así que saldar la factura del coronavirus nos costará 2 décadas. Y eso, con ajustes.


Este es un debate que vendrá en unos meses, cuando ya no haya muertos por el coronavirus y sólo se hable de la reconstrucción, de la mano de “expertos económicos” y  “fundamentalistas”de la austeridad, en Alemania, Holanda, Austria, Finlandia y buena parte de la Comisión Europea. Y en España, de la mano del PP (quizás con ayuda de Ciudadanos), que aprovecharan el debate de los Presupuestos 2021 para tumbar al Gobierno (tiene una mayoría muy débil), forzar elecciones anticipadas y llegar al poder para “sanear la economía y las cuentas públicas tras una gestión desastrosa de los socialistas”. ¿Les suena? 


Ahora, el reto es otro: salvar vidas y empleos, cueste lo que cueste. Eso obliga a mantener los ERTEs y las ayudas lo que haga falta, seguir prohibiendo los despidos y evitar que las cifras del paro se disparen como en la crisis de 2008. Y ayudar a los que se quedan sin ingresos, a esas nuevas familias que han caído en la pobreza y triplican sus peticiones  a Cáritas y la Cruz Roja. Hay que vencer al virus y ayudar a los que sufren la pandemia, lo que haga falta y durante el tiempo que haga falta. Ya afrontaremos después cómo pagarlo, solos o con ayudas de Europa. Y por supuesto, sin nuevos recortes.

jueves, 19 de marzo de 2020

"Plan de choque" histórico contra el coronavirus


El verdadero drama del coronavirus es que han muerto ya 767 españoles. Pero tras el shock sanitario, ahora estamos conmocionados con el shock económico: la actividad paralizada, miles de empresas cerradas y un sinfín de despidos, que podrían dejar sin trabajo a 2 millones de personas, 1 de cada 10 ocupados. Para contener esta emergencia económica, el Gobierno ha aprobado un Plan de choque histórico, movilizando 200.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto 2019. Pretende ayudar a los que se queden sin trabajo, a las familias, autónomos y empresas, facilitando avales para que pidan créditos y no quiebren. Urge aplicar las medidas con rapidez y que los bancos cumplan y presten. Y presionar al BCE para que siga defendiendo la deuda española, atacada ya por "los mercados" especuladores. Cuando pase lo peor (finales de junio), hará falta un Plan de reconstrucción, para recomponer la economía de un país devastado. Y necesitaremos la ayuda europea, que ahora se escaquea. Primero, evitar la quiebra de la economía. Y luego, recomponernos, en uno o dos años. Podemos hacerlo. Ahora tenemos que salvar vidas y empleos.

enrique ortega

La preocupación de los primeros días ante el coronavirus fue la emergencia sanitaria provocada por una pandemia que parecía imparable : los contagios se dispararon de 114 el lunes 2 de marzo a 999 el lunes 9 y 17.147 contagios hoy jueves 19 (se han multiplicado por 120 en dos semanas). Y ya van 767 muertos, frente a 3.250 en China. Y todavía queda lo más duro, porque el pico de contagios (y de muertes) se espera en la primera quincena de abril, con lo que todo hace pensar que el estado de alarma (decretado el 14 de marzo) se prorrogará 15 días más, al menos hasta el próximo 15 de abril.


Pasado el primer “shock sanitario”, la evidencia de que el coronavirus es una pandemia peligrosa que exige medidas excepcionales, ahora estamos inmersos en el “shock económico”, asimilando la evidencia de que el coronavirus nos coloca en una situación de emergencia económica: miles de actividades cerradas (comercios, bares, restaurantes, hoteles, empresas, líneas aéreas), miles de empresas al ralentí y centenares de miles de trabajadores sin empleo o trabajando sólo unas horas o desde casa, en un país aislado del exterior. Cada día es un rosario de noticias sobre empresas que cierran y declaran expedientes de regulación de empleo, mientras se mantiene sólo lo básico, como en “una economía de guerra”. Y el gran temor de todos es que se pierdan empresas y empleos. Los sindicatos hablan de 1 millón de despidos, pero serán más, al menos 2 millones de empleos perdidos. Y eso si somos “optimistas” y esperamos perder temporalmente “solo” 1 de cada 10 empleos (hay 19.966.900 españoles ocupados).


Lo peor es que España no puede esperar casi nada de Europa. Los líderes europeos se han reunido dos veces por videoconferencia sin concluir más que “buenas palabras”, igual que los ministros de Economía, en el Ecofín del lunes. Lo más que se ha conseguido es su “visto bueno” para que los paises tomen medidas y gasten (aunque se salten las reglas de déficit y deuda) y que ayuden a sus empresas (algo “prohibido” en condiciones normales, para no distorsionar la competencia). A partir de ahí, la consigna es ¡sálvese quien pueda!, vuelta a las soluciones nacionales. Es lo que han hecho Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Italia ha aprobado 25.000 euros de ayudas (a empresas, autónomos y comercios)  más 350.000 millones para asegurar la liquidez, mientras “prohíbe” los despidos.Francia ha aprobado un Plan de ayudas de 45.000 millones (para pymes y familias), movilizando 300.000 millones de liquidez. Alemania garantiza liquidez “ilimitada” a sus empresas, mientras Reino Unido (que no ha aislado a la población) asegura 360.000 millones de préstamos y ayudas a empresas (10.000 libras a las pymes y 25.000 a las grandes). Y EEUU inyectará 850.000 millones de dólares de liquidez, mientras Trump (que tampoco ha aislado a la población) promete un cheque de 1.000 dólares a cada ciudadano.


En España, tras el primer paquete de ayudas a la sanidad (2.800 millones para las autonomías y un Fondo de contingencia de 1.000 millones) y a las empresas (14.000 millones de liquidez , al permitir el retraso de 6 meses en el pago de impuestos), el Gobierno aprobó el martes un Plan de choque que pretende movilizar 200.000 millones de euros  (casi el 20% del PIB español) en créditos y ayudas a familias, trabajadores, autónomos y empresas: 117.000 millones serán públicos y el resto fondos privados. Es el mayor Plan de ayuda aprobado jamás en España y supone casi la mitad del Presupuesto de gasto de  todo un año (470.000 millones en 2019). Un “bazuca” contra la emergencia económica. Analicemos las medidas con detalle.


El primer paquete del Plan de choque son ayudas a las familias, básicamente tres. La primera, moratoria (retraso) en el pago de hipotecas a las familias que estén en paro o hayan reducido ingresos por el coronavirus y a los que este pago supere en 35% de sus ingresos (la mayoría en grandes ciudades). Dado que hay 4,27 millones de hogares españoles pagando una hipoteca, la moratoria podría beneficiar, al menos, a 1 millón de familias. La segunda medida es que a estas familias, con ingresos recortados, no se les podrá cortar el suministro de agua, luz, gas o internet por no pagar los recibos. Actualmente  hay 2.8 millones de familias que retrasan el pago de los recibos, una cifra que aumentará con el coronavirus. Y la tercera medida, ayudas sociales de 600 millones para mayores y dependientes (la mitad las aportarán los Ayuntamientos).


El segundo paquete del Plan de choque son medidas de apoyo a los trabajadores afectados por el coronavirus: flexibilización para aprobar los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) y que los trabajadores afectados puedan cobrar el paro (aunque no hayan cotizado suficiente), sin que compute como periodo de cobro de paro para el futuro. Además, los trabajadores tendrán derecho a reducir su jornada hasta el 100%% para cuidar a familiares afectados por el cierre de colegios o servicios sociales (tienen un día para comunicárselo a su empresa) , y será la Seguridad Social quien le pague la parte del sueldo que no reciba. Además, las empresas deben reforzar el teletrabajo y se dan ayudas a las pymes para comprar ordenadores. Y a los autónomos afectados por el coronavirus (que hayan cerrado o les haya caído su facturación un 75%), se les permite no pagar las cuotas a la SS y cobrar el desempleo (661 euros para la mayoría de autónomos, el 80% que cotizan por bases mínimas).


El tercer paquete, el más importante, son las ayudas a las empresas. Además de facilitarles los expedientes temporales de regulación de empleo (en 7 días máximo), las empresas afectadas no pagarán sus cuotas a la Seguridad Social (exención, no aplazamiento) siempre que no despidan (sí pueden hacer ERTEs temporales). Y, lo más efectivo, podrán solicitar préstamos a la banca de hasta 183.000 millones de euros, 100.000 de ellos con aval del Estado (la idea es que cuando una empresa o autónomo pida un crédito, el 80% del riesgo sea con aval del Estado y el 20% del banco). Por último, se concederán 2.000 millones de créditos para empresas exportadoras y ayudas para mejorar la digitalización de las pymes, muy deficiente. Y el Gobierno se compromete a impedir OPAS hostiles, compras no deseadas de empresas por extranjeros ahora que ha caído un tercio su valor en Bolsa.


El cuarto paquete del Plan de choque son 30 millones para la investigación de una vacuna, que se entregan al CSIC y al Instituto Carlos III. Esta inversión es básica, porque los epidemiólogos temen que el coronavirus se haga crónico y ataque de nuevo este invierno, por lo que es vital contar con una vacuna, que necesita un año para poder aplicarse.


Hasta aquí este 2º paquete de medidas, que no será el último, porque “esto es una guerra y en una guerra no se escatiman gastos”, en palabras del presidente Sánchez. Casi todo el mundo considera que el Plan de choque es “suficiente”, aunque muchos pidan más medidas para los autónomos y una moratoria en los alquileres. Pero este es un Plan público. Ahora hace falta que las empresas y la sociedad tomen medidas para reducir el impacto del coronavirus: las empresas, despidiendo lo menos posible y siendo “razonables” con clientes y proveedores. Los propietarios de pisos, no asfixiando a sus inquilinos con problemas. Los bancos con sus deudores. Y, en general, todos rebajando sus exigencias para que el país no se pare. Y que los daños de esta emergencia económica sean los menores posibles.


Con todo, la clave del Plan de choque es que sea ágil y efectivo. Que el Ministerio de Trabajo y las autonomías faciliten los expedientes de regulación de empleo y que las Oficinas de Empleo (físicamente cerradas) tramiten rápido de forma telemática las ayudas a los nuevos parados, para que cobren cuanto antes: cobrarán el 75% de su base reguladora (los primeros 6 meses y luego el 50%) los que hayan cotizado suficiente y 430 euros mensuales los que no y reciban entonces una prestación asistencial. Y, sobre todo, que los bancos sean ágiles y faciliten los créditos que necesitan empresas y autónomos para sobrevivir y no quebrar. Los bancos, a los que salvamos todos en 2012 (con un rescate público de 65.725 millones que no vamos a recuperar), están ahora más saneados y pueden contribuir decisivamente a salvar la economía y las empresas, lo que mejoraría su pésima imagen social. Y por último, es fundamental la colaboración de los sindicatos y, sobre todo, la patronal, para dar ejemplo a la hora de afrontar esta emergencia económica, con una prioridad: salir de ella con empresas vivas y empleos salvados. Habrá que denunciar a los que aprovechen esta emergencia para especular con la necesidad y para “limpiar plantillas” injustificadamente. El Gobierno debe estar muy vigilante.


La emergencia económica va a ser de una envergadura inimaginable y va a poner “patas arriba” la economía española y mundial. Muchas empresas y trabajadores caerán, aunque hay que intentar que sea temporalmente. Se trata de aplicar lo mejor posible el Plan de choque y que cada uno minimice los daños en su entorno. Porque cuanto menos sufra la economía, menos dura será la recuperación. Cuando pase lo peor de la pandemia, quizás a finales de junio, habrá que pensar en la reconstrucción de un país que va a quedar devastado económica y socialmente. Y ahí, vamos a necesitar un enorme consenso político interno, para aprobar un Presupuesto de reconstrucción para 2020-21. Y forzar un cambio político en Europa, para que la UE apruebe un Plan Marshall contra los efectos del coronavirus


Pero antes Europa, en concreto el BCE, ha tenido que salir en ayuda de España (y de Italia), como en 2012, porque los “buitres” de los mercados, los inversores internacionales, estaban aprovechando el coronavirus para pedir más interés por comprar la deuda de España, que este año tiene que colocar 196.504 millones nuevos . Por eso, ayer, el bono a 10 años ya tenía un interés del 1,30%, cuando una semana antes (miércoles 11) se colocaba al 0,23%. Y volvimos a hablar de la prima de riesgo (la diferencia que hay que pagar sobre el interés de la deuda alemana), que superaba ayer el 1,50% (154 puntos básicos). Empezó "el baile de los mercados" contra la deuda española (e italiana), como si no tuviéramos bastante con el coronavirus. Un problema tan serio que esta medianoche, el BCE se ha reunido de urgencia y ha decidido sacar toda la artillería: va a comprar 750.000 millones de deuda pública y privada europea, sobre todo de España e Italia, para bajar los tipos y echar un pulso a los especuladores. Y ha surtido efecto: esta mañana, el tipo del bono español a 10 años bajaba al 0,751%, la mitad que ayer. Y bajará más. Pero el BCE debe seguir ahí, vigilante y con el cañón preparado...

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Son días muy duros para todos y lo peor está por llegar, advierte el presidente Sánchez, tanto en la emergencia sanitaria (con más contagios y más muertos) como en la emergencia económica (con miles de empresas que cierran y más de un millón de trabajadores temporalmente sin empleo). Un grave panorama que sólo podemos lidiar con unidad, paciencia, comprensión y mucha solidaridad, intentando reducir y paliar los daños económicos y sociales. Manteniendo la calma y con responsabilidad, cada uno en su ámbito. 


Resistiremos y saldremos adelante. Seguro. No tenemos otra alternativa. La clave es cómo hacerlo con el mínimo coste en vidas, empresas y empleos. Y cuando veamos la salida del túnel, hay que seguir unidos para la reconstrucción del país y la sociedad, para afrontar uno o dos años de difícil recuperación, para aprender de los errores del pasado y construir un futuro mejor, apuntalando nuestro Estado de Bienestar y nuestras instituciones públicas, que son lo que nos está salvando del caos. Pero eso será dentro de unos meses. Ahora hay que pensar en salvar vidas y empleos como sea. Sigamos colaborando cada uno, quedándonos en casa, y aguantando el tirón. Mucho ánimo a todos.