¿Cómo se pueden crear más empleos?

Es la pregunta del millón. Pero habría que buscar una respuesta, porque al ritmo actual de creación de empleo, se tardaría más de una década en rebajar el paro a niveles aceptables. Y no podemos esperar tanto, sobre todo los casi 3 millones de parados que llevan ya varios años sin trabajar. La mayoría (53,3%) sin cobrar el paro, sumidos en la pobreza y la desesperación. No basta con presumir como Rajoy de que España crece: necesitamos crecer más, porque tenemos el doble de paro que Europa. Y para ello, urge reanimar la economía, con más inversiones públicas y privadas, olvidándose de más recortes (aunque los pida Bruselas). Subir salarios, bajar impuestos y recaudar más de los que no pagan. Y volcarse en políticas activas de empleo, en formar a los parados (más de la mitad tienen la ESO o menos) y reformar los servicios públicos de empleo, que sólo encuentran trabajo al 2% de parados. Es la primera preocupación de los españoles y debería ser la obsesión de todos para la próxima Legislatura. Necesitamos un gran pacto por el empleo.

enrique ortega

España lleva 9 trimestres seguidos creciendo, desde el verano de 2013. Pero poco, entre el 0,3% y el 0,5% trimestral, aunque este año 2015 el crecimiento aumentó, hasta alcanzar el 1% en el segundo trimestre. Pero la economía se ha desinflado en verano, bajando el crecimiento al 0,8% en el tercer trimestre (según el Banco de España), por efecto del estancamiento en Europa, la caída del comercio mundial y la crisis en Latinoamérica. Con ello, España crece el doble que Europa (3,1% este año frente al 1,5% previsto por el FMI para la zona euro), pero a un menor ritmo que antes del verano. De momento, se está creando algo más de empleo que el año pasado (479.700 nuevos empleos hasta septiembre, frente a 368.800 en los nueve primeros meses de 2014). Pero el empleo debería crecer mucho más, ya que estamos creciendo el doble que el año pasado (3,1% frente al 1,4% en 2014).

¿Qué pasa? Pues que las empresas han agotado ya “el primer tirón” de nuevas contrataciones, iniciado en la primavera de 2013, destinado a cubrir los puestos de trabajo más urgentes, tras los drásticos despidos de la crisis (3.723.200 empleos perdidos entre 2007 y 2013). Y ahora, mientras el consumo apenas crece y la inversión no despega, ya no contratan apenas, a la espera de que la economía se reanime con más fuerza. Y además, se han agotado las contrataciones“ electorales”, los empleos creados esta primavera en muchas autonomías y Ayuntamientos (obras públicas, sanidad, educación y personal administrativo)  por las elecciones de mayo pasado, algo que puede repetirse de aquí a diciembre, por el 20-D, por  el cobro de una parte de la extra de los funcionarios y las inversiones “electorales”.

Pero el crecimiento es aún bajo y se crea poco empleo para un país con 4,85 millones de parados, un 21% de los españoles, el doble que en Europa (11%). A este ritmo de creación de empleo (2.000 diarios), harían falta 15 años para volver a unos niveles de paro aceptables, el 8% de paro de antes de la crisis. Y eso porque hay que buscar empleos para los parados actuales, para los jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo y para otros 2,7 millones más de españoles “desanimados” (7% de personas “inactivas a su pesar”, frente al 6,3% en Europa), que han dejado de buscar trabajo porque no hay, pero que se “animarían” a buscarlo si la economía y el empleo crecieran más. O sea, que España necesita crear al menos 5  millones de empleos en los próximos años para dejar el paro en el 8%.

Una tarea inmensa y además urgente, porque más de la mitad de los parados actuales no pueden esperar más. Son los 2.942.300 parados de larga duración, que llevan más de un año sin trabajar, según la última EPA (y de ellos, 2,1 millones llevan más de 2 años y casi 1,5 millones llevan tres o más). Un grupo enorme, con pocas posibilidades de encontrar trabajo, por dos razones. Una, porque las empresas prefieren ofrecer los pocos empleos que hay a los que llevan menos tiempo en el paro: los parados de larga duración tienen un 6,7% de posibilidades de encontrar trabajo frente al 26,5% del resto, según Asempleo. Y la otra, porque más de la mitad de estos parados tienen poca formación (la ESO o menos) y demasiada edad (1,7 millones de parados tienen más de 45 años). Así que muchos de estos parados de larga duración (mayores de 45 años, mujeres y jóvenes sin experiencia) están condenados a no trabajar nunca más, mientras ven que se les acaba el paro: el 53,3% de todos los parados no cobran ya el desempleo (2,58 millones) y aún son más entre estos parados de larga duración.

¿Qué se puede hacer para crear más empleos? La receta de la patronal CEOE es la misma de siempre: más flexibilidad laboral, repartir el poco empleo que hay entre más gente, con más contratos temporales mal pagados. Su propuesta a los partidos cara a las elecciones del 20-D pasa por tres medidas “clásicas”: flexibilizar el despido (pagar una menor indemnización por despido a los  trabajadores fijos), aumentar la contratación temporal y crear un contrato para jóvenes, con jornadas reducidas y sueldos inferiores al salario mínimo (los “minijobs”, a 400 euros mensuales). Su objetivo no es crear más empleo sino precarizar más el poco empleo que se cree, sustituyendo trabajadores maduros por jóvenes con “minijobs”.

Pero así, repartiendo y precarizando el escaso empleo, no resolvemos el problema y sí creamos otros, como el subempleo (un 22,2% de los trabajadores españoles son pobres ya: ganan un 60% de las rentas medias, según un reciente informe de la OIT), que impide la recuperación del consumo y que los jóvenes tengan un futuro, además de hundir las cuentas de la Seguridad Social  y las pensiones (hay más cotizantes que cotizan menos). Hace falta buscar otro camino: reanimar la economía para crecer más y crear más empleo. Y, en paralelo, tomar medidas para que esos nuevos empleos lleguen a la mayoría de los parados.

La clave está en crecer más. Para ello hay que hacer otra política económica, en Europa y en España. En Europa, es urgente que Alemania y los países de la Europa rica del norte gasten e inviertan más, para “tirar” de las economías de la Europa del sur, como han pedido incluso el FMI y la OCDE. Y hay que activar el Plan de inversiones para Europa, los 315.000 millones del Plan Juncker, que podrían reanimar el crecimiento europeo con obras públicas en infraestructuras y nuevas tecnologías. Y en paralelo, España debe poner en marcha un Plan de choque contra el paro, asentado en un paquete de inversiones públicas necesarias (no inaugurar más autovías y líneas del AVE) y en ayudas directas a los sectores que puedan crear más empleo estable: reindustrialización, fusión empresas, tecnología, medio ambiente y exportación. Y subir más los salarios, para reanimar el consumo y el crecimiento, como ha pedido incluso el presidente del Banco Popular. También ayudaría rebajar los impuestos a los que menos ganan y subirlos a los más ricos, grandes empresas y multinacionales, para financiar el Plan de choque contra el paro.

Hay un riesgo en el horizonte: que haya nuevos recortes en 2016. Bruselas ya le ha dicho al Gobierno Rajoy que España incumplirá el déficit público exigido en 2015 y 2016, algo que también creen el FMI y la mayoría de expertos. Eso supondría que el futuro Gobierno (sea el que sea) se vería obligado a hacer un nuevo ajuste de 10.000 millones de euros, recortando gastos o subiendo impuestos (o las dos cosas). Si se hace, este ajuste supondría frenar la recuperación, el crecimiento y el empleo, un verdadero suicidio para España. Así que será clave que el futuro Gobierno negocie con Bruselas una tregua en la rebaja del déficit, por algo muy simple: tenemos el doble de paro que Europa. Y más recortes frenarían la recuperación y llevarían a crear menos empleo y bajar menos el paro, algo inadmisible.

Pero no basta con intentar crecer más y crear más empleo, algo que corresponde mayoritariamente a las empresas. El Gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a repartir ese empleo, para que llegue a más gente. Y para ello es fundamental que se vuelque en políticas activas de empleo, en mejorar la formación y en que funcionen las oficinas públicas de empleo, como han pedido reiteradamente Bruselas, el FMI y la OCDE. Pero el Gobierno Rajoy ha hecho lo contrario: ha recortado un tercio el presupuesto para estas políticas activas de empleo, desde los 7.714 millones de 2011 a 4.746 en 2015. Y gastamos menos que los países nórdicos, Alemania y el centro de Europa, que tienen una tercera parte de paro o menos que España. Una política irresponsable, como ha señalado la OCDE.

El primer reto de las políticas activas de empleo es mejorar la formación, tanto de los parados como de los que están trabajando (para que se reciclen y los cambios tecnológicos no se lleven por delante su empleo). Y esta mejora de la formación es especialmente urgente entre los parados, porque más de la mitad (un 53,6%, 2,6  millones) tienen una escasa formación: sólo hasta la ESO o incluso menos, según el INE. Y  casi otra cuarta parte (23,2%) de los parados sólo tienen Bachillerato o Formación Profesional. Así, con tan poca preparación, resultará muy difícil que las empresas les contraten, porque al haber pocos empleos, se ofrecerán a los que tengan más formación y experiencia. Y aquí, losj óvenes tienen todas las de perder: hay 789.700 parados de 16 a 29 años (el 54% de todos los parados jóvenes) que no tienen ni Bachillerato ni FP. Ni experiencia. Por eso, tienen tan difícil colocarse.

Hay pues que volcarse en la formación de los parados, sobre todo de los más jóvenes y los que llevan más tiempo parados. Y más cuando sólo un 16,7% de todos los parados aprovecha para hacer un curso y formarse, según un informe de Asempleo. Eso se debe no sólo al “abandono” y desánimo de los parados, sino a que con los recortes del Gobierno se han quitado cursos y los que han quedado son bastante obsoletos e inútiles: “el SEPE (Servicio público de empleo) ofrece formación en las cosas que no hay trabajo”, ha dicho el director del portal de empleo Infojobs. Además, los cursos son casi en exclusiva presenciales (hay pocos cursos online) y demasiado largos (dos tercios, de más de 200 horas). Y encima, los están haciendo sobre todo los parados más formados, no los que más los necesitan. Está bien exigir a los parados que cobran el desempleo que a cambio se formen, pero urge actualizar los cursos y ligarlos a los empleos que se demandan, para que los parados los vean útiles.

El otro reto de las políticas activas de empleo es reformar las oficinas públicas de empleo, el SEPE (antiguo INEM), que no funciona: sólo coloca al 2% de los parados. Eso pasa por modernizar el servicio, informatizando debidamente los currículum de todos los parados y poniendo en marcha una bolsa de trabajo online que esté coordinada con las demandas de empleo de las empresas. Y urge realizar un seguimiento personalizado de cada parado. Además, hay que coordinar mejor la gestión de las autonomías, porque cada una “va a su aire” en las políticas de empleo, la formación y los subsidios. Pero todo ello exige más Presupuesto y más personal, ahora totalmente insuficiente: España cuenta con 1 funcionario del SEPE por cada 269 parados frente a 1 por 47 en Alemania, 1 por 36 en Dinamarca o 1 por 22 en Reino Unido, países con la tercera parte de paro o menos que España.

En definitiva, que no podemos esperar más de una década  a ver cómo crece poco a poco el empleo: tenemos demasiado paro y hay 3 millones de parados que no aguantan más. Por eso, hay que dar un empujón a la economía, poner en marcha una verdadera “cruzada por el empleo”, con medidas decididas (cuesten lo que cuesten) para reanimar el crecimiento y conseguir más trabajo para más parados, mejorando su formación y su “empleabilidad”, ayudándoles activamente a que encuentren trabajo. Y a la vez, tratando que estos nuevos empleos sean más estables y menos precarios, porque sólo así se reanimarán de verdad el consumo y la inversión y los empleos serán más estables.

El empleo es la primera preocupación de los españoles y una verdadera obsesión para la mayoría de las familias, con un hijo o familiar sin trabajo. Por eso, el gran tema de las próximas elecciones debería ser buscar soluciones a un paro escandaloso, abandonando triunfalismos injustificados (Rajoy) y afrontando soluciones valientes, al margen de las peleas políticas. Hace falta un gran pacto político por el empleo, con medidas decididas y eficaces, huyendo de más recortes (diga lo que diga Bruselas). Ese debería ser nuestro voto el 20-D.

La doble comisión de los cajeros

En las próximas semanas, cuando saque dinero en un cajero que no sea de su banco, tiene un 50% de posibilidades de que le cobren una nueva comisión de 2 euros, además de la que  ya le cobraba su banco. CaixaBank la cobra desde marzo y ahora la cobrarán BBVA y Santander (y quizás Popular), aunque no la cargarán entre ellos Bankia, Sabadell y las Cajas de Euro6.000. Además, van a cobrar esa comisión a los turistas que nos visitan, 68 millones este año. La nueva comisión ha sido denunciada por los consumidores ante Bruselas y el Banco de España, que dice que sólo se puede cobrar una comisión, no dos, aunque de momento no ha tomado medidas. Quizás porque, en paralelo, el banco emisor ha alentado a los bancos a cobrar más comisiones a los clientes, para mejorar sus márgenes. Ya lo hacen: las comisiones llevan dos años subiendo y los clientes pagamos 168 euros de media, más que en Europa. Y eso que los grandes bancos han duplicado sus beneficios este año.
 

enrique ortega

España es un país donde nos gusta pagar en efectivo y usar los cajeros. Los españoles no somos de usar mucho las tarjetas y hacemos el 70% de las compras en metálico, frente al 50% en Francia o el 30% en Alemania, según Master Card. Y por eso, vamos mucho al cajero: 905 millones de veces en 2014, una media de dos veces al mes por adulto. Y por eso, España tiene la mayor red de cajeros de Europa: 1 cajero por cada 920 habitantes. Esa fuerte demanda ha obligado a bancos y cajas a realizar una fuerte inversión en cajeros, aunque con la crisis hay menos que antes: 50.441 en 2015 (34.480 de Servired, 7.500 de 4B y 9.961 de Euro 6000). Y como estamos “enganchados” al cajero, los bancos lo aprovechan para intentar aumentar sus ingresos y de paso rentabilizar sus inversiones en la renovación de cajeros.

Hasta ahora, cuando un cliente sacaba dinero en un cajero que no era de su banco, el propietario del cajero le cobraba una comisión al banco del cliente emisor de la tarjeta, la llamada “tasa de intercambio”, que suele ser 0,65 euros por operación. Y luego, el banco ya veía si repercutía o no a su cliente esa comisión, entre 0 y 1,50 euros por operación, según su política comercial y el perfil y la vinculación del cliente. El 19 de marzo de este año, CaixaBank, el banco líder en cajeros en España (9.683) rompió este esquema y anunció que empezaba a cobrar una nueva comisión de 2 euros por el uso de sus cajeros a los no clientes. Es una comisión que carga al no cliente que saca el dinero (“acces fee) no a su banco, que además le puede cobrar la otra comisión.


La iniciativa provocó un revuelo en el resto de la banca y al final los otros dos grandes se van a sumar: BBVA cobrará los 2 euros desde el 14 de septiembre y Santander desde primeros de octubre. A última hora, CaixaBank y BBVA han decidido hacer una excepción: no cobrarán a sus clientes por sacar dinero en la red del otro banco. Y el Popular podría también sumarse en octubre a cobrar los 2 euros a los no clientes que sacan dinero en sus cajeros. Pero Bankia, Sabadell y las Cajas que forman el sistema Euro6000 (Unicaja, Ibercaja, Liberbank, BMN, Abanca, Kutxabank y Evo Banco) han alcanzado un acuerdo (donde no han querido admitir a ING Direct) para no cobrarse entre ellos esta nueva comisión de 2 euros en sus cajeros y devolvérsela a sus clientes en el caso de que se la carguen CaixaBank, BBVA y Santander (o Popular).

En total, pues, casi el 50% de los cajeros cobrarán este otoño esa nueva comisión de 2 euros a los no clientes. Los bancos lo justifican por dos razones. Una, para hacer frente a la competencia de los bancos pequeños sin apenas cajeros, que se apoyan en la red de los grandes sin hacer inversiones (y en el futuro, podrían hacerlo Google, Apple o Amazon si emiten tarjetas). La otra y fundamental, para ingresar más y financiar así la inversión que han hecho en cajeros (CaixaBank ha gastado 500 millones). Se estima que la nueva comisión puede reportar a la banca unos 100 millones anuales de ingresos extras.

El mayor ingreso puede venir de las retiradas de efectivo en los cajeros de los turistas que nos visitan, 68 millones de extranjeros este año 2015. CaixaBank ha presionado a Visa y Master Card para conseguir que autoricen el cobro de esta comisión a los turistas, para lo que han tenido que cambiar ligeramente sus estatutos. Pero para la entidad catalana, es un asunto clave: un 26,5% de todos los turistas extranjeros (18 millones) visita Cataluña (y un 11,3% más la Comunidad Valenciana y Baleares), donde sus cajeros son omnipresentes.

Con esta nueva comisión de 2 euros, España será el país europeo donde más se paga por sacar dinero en los cajeros: la comisión media en los siete países más ricos de la UE es de 1,4 euros. En Holanda, Reino Unido y Suecia, los bancos no cobran por la retirada de dinero, ni en sus redes ni en las ajenas. En Francia cobran 1 euro, en Italia 1,95 euros y en Alemania, 2,19 euros cuando la red es de otro banco.

Las asociaciones de usuarios, desde la OCU y Facua a Adicae, han denunciado esta nueva comisión en los cajeros, ante el Banco de España y ante la Comisión Europea, ya que supone cobrar dos veces por el mismo servicio. Ante el revuelo levantado, Bruselas ha pedido información y el Banco de España señaló en julio que los bancos no pueden cobrar dos comisiones por un mismo servicio y que estará vigilante. Pero los bancos creen que la nueva comisión es legal, según un informe jurídico encargado por Servired al despacho de Uría y Méndez (aunque otro encargado al bufete de Gómez Acebo disiente). Y se acogen a que los bancos no cobran dos comisiones sino una cada entidad: una que cobra el que da la tarjeta al cliente y otra el dueño del cajero. Eso sí, la Comisión de la Competencia (CNMC) también ha abierto una investigación por el hecho de que los tres grandes se hayan puesto de acuerdo en cobrar lo mismo (2 euros) a los no clientes que usen sus cajeros.

Para evitar problemas, mientras Bruselas y la CNMC se pronuncian, CaixaBank ha renunciado a cobrar la antigua comisión de intercambio a  los bancos (los 0,65 euros), algo a lo que no quieren renunciar los demás, que parece que la seguirán cobrando (doble comisión). Y el Banco de España ha dicho en agosto que “carece de indicios de que se aplique la doble comisión en los cajeros”. Así que aún no sabemos cuánto nos costará en realidad sacar dinero de un cajero de otro banco este otoño: si una comisión o dos. Pero lo que es seguro es que costará más del doble que hasta ahora (al menos 2 euros, frente a 0,65 euros).

La batalla de los cajeros es solo la última muestra de la guerra de la banca por conseguir más ingresos por comisiones a sus clientes. En los últimos meses, han dado pasos significativos en el aumento de cobros por distintos servicios: ingreso en efectivo en las oficinas (quieren que no vayan los clientes), sobre todo cuando ingresamos dinero a terceros, cobro por descubiertos (el Santander lo ha subido a 39 euros), comisiones por mantenimiento de cuenta (han subido un 31,5% desde 2007, según kelisto.com), comisiones por apunte, cobro de cheques, transferencias y pago por recibos no domiciliados, además de subir las comisiones anuales por tarjetas de débito y crédito y también por fondos, Bolsa y seguros.

En paralelo a esta subida de comisiones, arrecian las campañas de marketing centradas en “Cero Comisiones”, un gancho para atraer a clientes vinculados, con nómina o pensión y recibos o préstamos. Pero el hecho cierto es que la mayoría de clientes pagan más comisiones cada año: la media es de 168,73 euros por cliente, según un estudio de Facua en 2014. Y son los grandes bancos los que más comisiones cobran: Barclays (271,41), Santander (248,40), Unicaja (242,40), CaixaBank (239,90), BBVA (216,70), Sabadell (213,20) y Popular (204,50). Por otro lado, los españoles somos los europeos que más comisiones bancarias pagamos tras los italianos, según la Comisión Europea.

La banca está utilizando los ingresos por comisiones para cubrir la caída de márgenes derivada de los bajos tipos de interés y del desplome del crédito. En 2014, la banca española ingresó 11.257 millones de euros en comisiones, aumentando por primera vez desde la crisis. Y este año 2015 vuelven a crecer. Y cada vez, estas comisiones pesan más en sus cuentas: suponen un tercio de sus ingresos por intereses (32,65%), cuando en 2007 eran la quinta parte (20,9%). Y todo apunta a que seguirán creciendo, aunque sus beneficios se recuperan con fuerza tras la crisis y el rescate bancario: en la primera mitad de 2015, los 6 grandes bancos han duplicado sus beneficios (7.989 millones de euros). Y ya hay 133 banqueros españoles que ganan  más de 1 millón de euros anuales (81 de ellos ganan más de 2 millones), según acaba de revelar la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El propio Banco de España está alentando a los bancos a cobrarnos más comisiones: en junio, el subgobernador del banco emisor, Fernando Restoy, recomendó a los bancos generar más ingresos por comisiones: “el cobro de comisiones es la única fórmula, junto al recorte de costes, para combatir los bajos márgenes de rentabilidad del negocio bancario”. Así que tienen “su bendición oficial” para crujirnos.

En resumen, que hoy nos suben las comisiones en el cajero y mañana nos cobrarán por otra cosa. Además, cada vez hay menos bancos en España (de 55 se ha pasado a 14), más grandes (los 6 grandes controlan el 69% del mercado), que se ponen de acuerdo entre ellos para imponer comisiones, con lo que hay pocas salidas. La solución debería venir por una regulación europea, con la futura unión bancaria, donde el BCE y Bruselas fijaran unas reglas comunes para todos los bancos europeos, con las que saldríamos ganando porque ahora pagamos más comisiones. Pero tampoco hay que confiar mucho, porque las comisiones son libres y a las autoridades no les gusta mucho inmiscuirse en el poderoso negocio bancario. Así que los clientes estamos bastante desprotegidos. Digan lo que digan.

Reactivación, no: vienen más ajustes

El Gobierno, tras perder 2,5 millones de votos en las europeas, quiere dar un mensaje positivo con un Plan de reactivación que es un bluff : poco dinero y sólo 175 millones nuevos, para comprar coches. Pura propaganda. Y mientras, nos esconden dos hechos. Uno, que han exigido un Plan de ajuste para este año a 6 autonomías que incumplieron el déficit en 2013: Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón y Navarra. Y otro ajuste a 361 grandes Ayuntamientos donde viven 1,5 millones de españoles. Y por si fuera poco, Bruselas acaba de recordarnos que sin más ajustes no cumpliremos el déficit de 2015, con lo que exige a Rajoy que suba el IVA y otros impuestos y recorte más gastos. O sea, que en vez de reanimar la economía, nos esperan más recortes, este año y el próximo. Más de lo mismo, mientras el BCE aprueba medidas largamente esperadas para reanimar el crédito. Y cuando el 86,5% de españoles ven la situación económica “mala” o “muy mala”.
 

enrique ortega

Frente a la propaganda de la reactivación, empecemos por los ajustes que vienen. Primer hecho: Hacienda envió el 13 de mayo una carta a 6 autonomías que habían incumplido el déficit en 2013 para que en el plazo de un mes (esta semana) enviaran al Gobierno un Plan de ajuste de sus cuentas para este año 2014 y para 2015, detallando los gastos que iban a recortar y los ingresos extras que iban a conseguir. Los mayores ajustes los tendrá que hacer Murcia (1,58% de su PIB, 421 millones), seguida de Castilla la Mancha (0,83% PIB, 300 millones), Aragón (0,76% PIB, 247,3 millones), Comunidad Valenciana (0,73% PIB, 712,6 millones), Cataluña (0,38% PIB, 731,6 millones) y Navarra (0,35% PIB, 62,1 millones). En total, un ajuste extra de 2.474,7 millones de euros para hacer este año y que afecta a 18 millones de españoles y casi al 40% de nuestra economía.

Pero además de este ajuste extra para 6 autonomías, las 17 tendrán que hacer otro ajuste este año, para reducir su déficit del 1,53% del PIB en 2013 al 1% que tienen de tope en 2014. Son otros 5.300 millones de ajuste, que ya están en marcha en sus Presupuestos 2014. En total, casi 8.800 millones de ajuste autonómico en 2014, que sólo pueden salir por dos vías: recortando gastos y subiendo impuestos. De hecho, todas las autonomías se han visto obligadas a recortar sus gastos corrientes, a seguir reduciendo plantillas de interinos, a no invertir en instalaciones y a recortar más en educación, sanidad y gastos sociales, que son el 60% de sus Presupuestos. Y han subido los impuestos de sucesiones (herencias) y donaciones, el patrimonio, los del juego, tasas y vendido edificios.

El ajuste no se queda en las autonomías. Segundo hecho: Hacienda ha ofrecido a 361 grandes Ayuntamientos que están asfixiados y no pueden devolver los 4.574 millones que les prestaron, un balón de oxígeno: 2 años más para empezar a pagar  y 10 años más para devolverlos (ahora, en 20 años). A cambio, tendrán que enviar un Plan de ajuste, donde detallen los recortes y la subida de tasas para sostener los servicios municipales. Y la mayoría tendrá que pasar por el aro. Son grandes Ayuntamientos, como Alicante, Jaén, Marbella, Fuenlabrada, Torrevieja, Sanlúcar, Vélez-Málaga, Tortosa, Almendralejo, Villarreal Crevillent, Loja, Porriño o Xixona, más algunas Diputaciones, como Granada, Cáceres o La Gomera. En total, casi 1,5 millones de habitantes a sumar a los de otros 373 Ayuntamientos que ya se han acogido a Planes de ayuda a cambio de ajustes duros que pagan sus vecinos.

Y queda el tercer hecho, que de momento es una exigencia: la Comisión Europea acaba de reiterar, por enésima vez, que España no va a poder cumplir el objetivo de déficit en 2015: será del 6,1% del PIB, en vez del 4,2% que dice el Gobierno. Y por ello, exige al Gobierno que tome medidas para corregirlo. O sea, otro ajuste más, de 20.000 millones extras para el Presupuesto 2015, que se presenta en septiembre. Bruselas le dice a Rajoy que no puede bajar impuestos, como promete, sino subirlos: recomienda subir el IVA (cobrando el 21% a productos que hoy pagan el 10%, como alimentos y el turismo), subir los impuestos a los carburantes (son de los más bajos de Europa), al alcohol y al tabaco, crear impuestos medioambientales, subir los impuestos a la vivienda (el IBI) y reducir las deducciones a empresas (sociedades) y ciudadanos (quitar la deducción por vivienda en el IRPF, con efecto retroactivo). Además, proponen seguir con los recortes en sanidad (gasto farmacéutico en hospitales), pensiones y desempleo, exigiendo a Rajoy “realizar antes de febrero de 2015 una reducción sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración”.

Los deseos de Bruselas son órdenes, aunque Rajoy dice que no subirá el IVA. Pero algo tendrá que hacer, porque ya le han dicho varias veces que no puede bajar impuestos y que tiene que seguir con los recortes y la subida de impuestos, no sólo en 2015 (año electoral) sino en 2016: Bruselas exige otro ajuste de 14.000 millones más, para bajar el déficit al 2,8%.

Así que hay tres ajustes en el horizonte inmediato, a nivel autonómico, municipal y estatal, para lo que queda de 2014 y en 2015 y 2016. Más recortes de gastos, que pondrán al límite el Estado del Bienestar, y más subidas de impuestos, aunque se quieran camuflar con algunas bajadas. Y estos nuevos ajustes van a frenar de nuevo la recuperación, reduciendo el consumo, las ventas y la inversión, debilitando el crecimiento y el empleo, como ha pasado desde 2010. Un suicidio económico que no se puede enmascarar con un Plan de reactivación para la galería que es un bluff: el Gobierno sólo aporta 3.630 millones para reindustrialización e inversiones (más 4.400 millones en créditos), pero no es dinero nuevo, sino fondos europeos y Planes que estaban ahí y se presentan juntos de otra manera, para que haga bonito. Sólo hay 175 millones nuevos, del Plan PIVE 6, para subvencionar la compra de coches. Demasiado poco para reanimar una economía estancada (crecemos el 0,4%) y amenazada por próximos recortes.

Bruselas y los políticos europeos, que también perdieron votos el 25-M, han presionado al BCE para que les saque las castañas del fuego y apruebe medidas para reactivar la economía europea, que apenas crece. Y Draghi ha sacado toda su artillería, con tres medidas que llevaba 8 meses retrasando: rebaja del precio oficial del dinero al 0,15% (más testimonial que efectiva), penalizar el dinero que los bancos depositan  en el BCE y no mueven (cobrándoles el 0,1%) y, sobre todo, prestar 400.000 millones a los bancos europeos para que den créditos a empresas y particulares (no para hipotecas), a partir de septiembre. Esta futura liquidez debería bajarle los humos al euro (todavía por encima de 1,36 euros/dólar), lo que ayudaría mucho a las exportaciones y al turismo español. Y debería aumentar los precios en Europa, alejando el problema de la baja inflación, más grave para España y la Europa del sur, porque desalienta el consumo, la inversión y el empleo, además de encarecer el pago de la deuda.

Las medidas del BCE deben ayudar a un mayor crecimiento de Europa y España, pero aún son insuficientes. Porque  para que el sur de Europa se reanime y sus empresas pidan créditos y creen empleo hace falta reanimar el consumo y la economía, además de ayudar a los países y empresas a pagar sus deudas (con eurobonos y quitas). Pero ni Bruselas ni Merkel (que defienden a los bancos acreedores) quieren mutualizar y reducir la deuda ni aprobar un Plan Marshall europeo para reactivar las economías, con inversiones de 250.000 millones anuales durante 10 años, como proponen los sindicatos.

Las elecciones europeas han sido un aviso, pero la derecha y los fundamentalistas del déficit  siguen en el poder en Bruselas y en Madrid y no parece que nada vaya a cambiar, salvo Planes y medidas de reactivación para la galería, mientras siguen dictando planes de ajuste para la Europa del sur, dificultando su recuperación. Hace falta un cambio real de política económica, en Europa y más en España, porque tenemos más del doble de paro. Hay que hacer un Plan de reactivación de verdad, con recursos suficientes que han de salir de una mayor recaudación, haciendo que paguen impuestos las grandes empresas (sólo pagan un 4% de sus beneficios), las multinacionales y los más ricos. Un Plan que ha de centrarse en fomentar la inversión en la industria, la tecnología y la formación de empleados y parados, a la vez que suben los salarios en los sectores con beneficios, para aumentar el consumo (no es de recibo, por ejemplo, que los hoteleros de Baleares, con récord de turistas, ofrezcan a sus trabajadores salarios congelados para los próximos 4 años: así no hay recuperación posible). Y un Plan con ayudas de urgencia para los que más sufren la crisis: pobres, parados y familias.

La economía sigue con un pulso débil y un 86,5% de españoles ven la situación económica como “mala” o “muy mala”, según el Barómetro del CIS (mayo), por mucho que hagan propaganda de la recuperación y del empleo (escaso y precario). España necesita crecer mucho más y crear mucho más empleo estable. Así no se consigue, incluso con la gran ayuda de las últimas medidas del BCE. Y menos con los ajustes que vienen. El problema es que siguen mandando los mismos, aunque con menos votos. Y se empecinan en su política de ajustes, con pequeños retoques de cara a la galería, esperando ganar tiempo y que la economía mejore para las elecciones de 2015, aprovechando que la oposición está hundida y dividida. Así, con estas políticas, nos costará el doble salir de la crisis. Y muchos se quedarán por el camino.