¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.

Renta 2018: ya pagamos más que en 2007

Otro año más, toca hacer la declaración de la Renta en junio, aunque sólo a 1 de cada 4 contribuyentes les sale a pagar, porque al resto ya les retuvieron de más el año pasado. El IRPF es el impuesto más importante, pero pagamos más cada día con otros impuestos sin darnos cuenta, como el IVA, carburantes o tasas. Eso sí, la Renta es el impuesto cuya recaudación más crece y ya pagamos más que antes de la crisis, mientras las empresas pagan la mitad que en 2007. El problema del IRPF es triple. Primero, recauda menos que en Europa  porque hay demasiadas  deducciones, que sólo benefician a algunos. Segundo, hay demasiadas diferencias al pagarlo,  según donde uno viva. Y tercero, el IRPF ayuda poco a reducir las desigualdades, porque los más ricos apenas pagan y se buscan otras vías para ahorrarse impuestos. Ahora que se cumplen 40 años del IRPF, habría que pactar una reforma fiscal más justa y que recaude más. Debería ser una de las prioridades del nuevo Gobierno. 

enrique ortega

Este 2018 se cumplen 40 años de la reforma fiscal aprobada en septiembre de 1978 por el Gobierno de UCD, un largo camino de recelos, campañas (“Hacienda somos todos”) y multas ejemplares (Lola Flores) que ha conseguido que los españoles paguemos impuestos como los demás europeos, pasando de 5 millones de declaraciones en 1979 a 10 millones en 1990, 15 millones en 1998 y las 19.945.359 declaraciones que se esperan este año 2018. De ellas, sólo una cuarta parte (5.246.011) son de contribuyentes que van a ingresar, porque los 14,7 millones restantes ya pagaron de más el año pasado (con las retenciones en sueldos y pensiones) y les sale negativa o con derecho a devolución (13,7 millones de contribuyentes). Este año, por primera vez, Hacienda devuelve menos (9.468 millones) de lo que va a ingresar con los contribuyentes a los que les sale positiva (pagarán 9.621 millones).

El Impuesto sobre la Renta, el IRPF, es el principal impuesto en España y recaudó 77.038 millones de euros en 2017, casi un tercio de toda la recaudación fiscal (198.100 millones), por delante de lo que pagamos con el IVA (63.647 millones) y los impuestos especiales a carburantes, tabaco y alcohol (20.308 millones). Y tras las subidas de impuestos aprobadas por Rajoy en 2012 (no compensadas por las rebajas fiscales de 2015 y 2016), el IRPF ya recauda más que antes de la crisis: 77.038 millones en 2017 frente a 72.614 millones recaudados en 2007. Algo que también pasa con el IVA (63.647 millones frente a 55.851 en 2007) y con los impuestos especiales (20.308 millones frente a 19.786 en 2007), pero no en el impuesto de sociedades, que pagan las empresas: sólo se recaudó 23.143 millones en 2017, casi la mitad de los 44.823 millones recaudados en 2007. Y eso que los beneficios de las empresas españolas son ahora 98.680 millones más que en 2008, según los datos del INE.

Este año no hay grandes cambios en el IRPF, que mantiene las rebajas fiscales hechas en 2015 y 2016 (tras las fuertes subidas de 2012, 2013 y 2014). Eso sí, Hacienda sigue sin descontar el efecto de la inflación a lo que ganamos, lo que supone una penalización de 33,24 euros por contribuyente (entre 18 y 1.321 euros), según los técnicos de Hacienda. Los principales cambios se dan en algunas autonomías, que han modificado mínimos exentos o deducciones, en medio de un enorme galimatías fiscal, que hace que haya 17 declaraciones de la renta distintas, según donde uno vida.

Cada autonomía tiene sus tipos, tramos y deducciones. El Gobierno central fija un tipo estatal del IRPF (del 9,50 al 22,50%) y luego se le suma el tipo autonómico, que va del 9,5 al 25,50%. Y así, sumando los dos tramos del IRPF sale el tipo a pagar, del 19% mínimo (hasta 12.450 euros) a un máximo del 48% (para más de 60.000 euros). Eso configura tres zonas fiscales, según el estudio de los economistas fiscales (REAF). Una, la España donde se paga más IRPF: Cataluña (21,5% mínimo y 48% máximo), Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias, (19,5% mínimo y 48% máximo). Dos, la España intermedia: Aragón (19,5% y 47,5%), Murcia (19,5% y 46%), Baleares y Extremadura (19% y 47,5%) y Canarias (19% y 46,5%). Y tres, la España con el IRPF más bajo: Madrid (19% y 43,5% máximo), Castilla y León (19% y 44%), Galicia y Castilla la Mancha (19% y 45% máximo).

Estas diferencias de tipos, más los diferentes tramos y deducciones, hacen que en la práctica paguemos más o menos IRPF según donde vivamos. Así, los que ganan menos de 32.000 euros al año (el 83% de los contribuyentes), donde más pagan es en Cataluña: 273 euros más IRPF que en Madrid  para alguien que gane 30.000 euros al año, según los cálculos de los economistas fiscales (REAF). Los que ganan entre 35.000 y 80.000 euros al año, donde más pagan es en Extremadura: paga 853 euros más en Badajoz que en Madrid un contribuyente que gane 60.000 euros. Y los más ricos, los que declaran más de 90.000 euros anuales, donde más pagan es en la Comunidad Valenciana: alguien que gane 600.000 euros paga en Valencia 24.263 euros más que en Madrid, la autonomía donde se paga menos IRPF, para todos los niveles de ingresos. En general, junto a Cataluña, Aragón, Andalucía y Murcia son las autonomías donde los contribuyentes de todos los niveles de ingresos pagan en el IRPF por encima de la media española, según el REAF.

Otro impuesto que se paga ahora es el impuesto sobre el patrimonio, una declaración que sólo tienen que presentar los contribuyentes con más de 800.000 euros de patrimonio (no se tienen en cuenta hasta 300.000 euros de vivienda habitual), por lo que se esperan este año 201.000 declaraciones, que pagarán 1.055 millones a Hacienda. Aquí también hay grandes diferencias entre autonomías, porque algunas bonifican el pago (en Madrid no se paga nada por el patrimonio y en la Rioja sólo el 25%) y varían las deducciones y mínimos exentos. Con ello, un contribuyente que tenga 4 millones de patrimonio, no paga nada en Madrid, 9.136 euros en la Rioja, 36.546 euros en Castilla y León, 41.943 euros en Cataluña  y 59.919 euros en Extremadura, según el estudio de los economistas fiscales (REAF).

¿Quién paga más y menos en el IRPF? En principio, se trata del único impuesto “progresivo”, que se paga según lo que uno gane, a diferencia de los impuestos indirectos, como el IVA, los impuestos especiales y las tasas, que los pagan igual los ricos que los pobres. Pero en la Renta, la progresividad se da más en las rentas bajas, que pagan comparativamente menos que el resto. Así, los que declaran ganar menos de 21.000 euros (el 66,9% de todos los contribuyentes) pagan el 16,1% de cuota íntegra cuando su base liquidable es el 31,7% (pagan menos de lo que corresponde a sus ingresos), según Hacienda. Pero las rentas medias, entre 21.000 y 60.000 euros (el 30% de los contribuyentes) pagan el 49,8% de cuota cuando tienen una base liquidable del 49,4 por 100. Es decir, no hay ajustes, no pagan comparativamente más de lo que ingresan. Y luego, los que ganan entre 60.000 y 120.000 euros (2,6% contribuyentes), pagan un 16,4% de cuota cuando su base liquidable supone un 10,5% del total, o sea pagan más y aquí el impuesto si es progresivo. Y lo mismo entre los que ganan más de 120.000 euros (un 0,6% de los contribuyentes), que pagan el 14,7% del impuesto cuando su base liquidable es el 7,9%. En definitiva, que el impuesto debería gravar más a los que ingresan entre 21.000 y 60.000 euros.

Al final, todos creemos que pagamos demasiados impuestos, pero en España se paga menos IRPF que en la mayoría de Europa. En concreto, España es el tercer país europeo con menos presión fiscal sobre los trabajadores (pagamos el 21,1%, entre impuestos y cotizaciones sociales), tras Irlanda (19,4%) y Estonia), según la OCDE. Y si tomamos sólo los impuestos sobre salarios, estamos también a la cola de Europa. Los solteros pagan una media del 14,7% de sus ingresos, frente al 16,8% que pagan de media en la UE-22 y el 15,7% en la OCDE (34 países). Y los casados con dos hijos (con ingresos de los dos cónyuges) pagan en España impuestos del 10,7% de sus ingresos frente al 12,5% de media en la UE-22, el 12,3% en la OCDE (34 países), el 11,1% en Francia o Alemania, el 12,8% en Reino Unido y el 15,1% en Italia, según el informe de la OCDE “Taxing Wages 2018”.

Por todo ello, España es el tercer país europeo que menos ingresa por IRPF (aunque nos duela pagarlo cada año), sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% del PIB de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque paguemos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, hasta el 48%, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchas deducciones fiscales (familias, vivienda, planes de pensiones, inversiones…) que restan importantes ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Y la mayoría benefician sólo a unos pocos contribuyentes.

Precisamente, otra crítica al IRPF, además de que recauda poco y que no es suficientemente progresivo (las rentas medias deberían pagar más), es que no sirve para corregir las desigualdades: en España, los impuestos (y casi en exclusiva el IRPF) sólo reducen un 2,9% las desigualdades de renta, según otro estudio de Fedea. Lo que sí funciona para corregir las desigualdades (las reducen un 28,9%) son las prestaciones públicas: pensiones (lo que más, el 80% del total), prestaciones por desempleo, asistencia social y ayudas familiares. Y cuanto menor es la renta de las familias, más importantes son las prestaciones públicas: al 20% de los hogares más pobres, las prestaciones sociales les suponen el 67,7% de los ingresos. El problema es que estas prestaciones públicas se han recortado desde 2010 y el Gobierno Rajoy pretendía recortarlas aún más (del 16,89% del PIB en 2016 al 15,91% para 2020), lo que va a dificultar aún más corregir las desigualdades que no corrige el IRPF.

Aunque paguemos menos impuestos que otros países, las familias son las que cargan con la mayoría de los impuestos: el 83% de toda la recaudación la aportan las familias (con el IRPF, el IVA y los demás impuestos) y las empresas e inversores sólo aportan el 17% restante, según os datos de Hacienda. Por eso, si hay que recaudar más, tendrán que pagar más impuestos los que ahora pagan menos, en especial las grandes empresas (sólo pagan el 7,3% de sus beneficios), las multinacionales y los más ricos, que pagan pocos impuestos por otras vías que on son el IRPF (SICAV, empresas interpuestas y paraísos fiscales).

Hace poco comentaba en este blog que el problema nº 1 de España es que recaudamos menos que Europa: el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que si España recaudara como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año (o 91.929 millones más si recaudáramos como la media de los 19 países del euro donde estamos). Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

Para recaudar más, también en el IRPF, pero sobre todo en Sociedades, IVA, impuestos especiales y Patrimonio, hace falta una reforma fiscal profunda, como la de 1978, que busque recaudar más de una forma más justa, haciendo que paguen más los que hoy pagan menos (“legalmente”). Y eso requiere cambios legales y más medios, porque Hacienda sólo cuenta con 1 inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania.  Esa debería ser la gran tarea y no bajar los impuestos, como pretenden Ciudadanos y el PP, que no quieren forzar a los más poderosos a pagar más. Aunque dejan la herencia de sus Presupuestos 2018, esperemos que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no baje los impuestos futuros, sino que suba algunos, para recaudar más y poder así financiar mejor las pensiones, el Estado del Bienestar y las inversiones públicas necesarias.

Ahora que estamos agobiados por la declaración de la Renta, pensemos que es hora de repartir mejor los esfuerzos, reducir el fraude fiscal y conseguir más ingresos para modernizar España y conseguir un país menos desigual y más justo. Los impuestos son la clave, la mejor herramienta para hacerlo. Esa debería ser una de las prioridades económicas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Porque si no consigue recaudar más, serán pocas las mejoras sociales, económicas y políticas que pueda hacer.

Autonomías: el cuarto recorte en tres años

En medio de las noticias sobre la huelga del 14-N, los desahucios y las elecciones catalanas, ha pasado desapercibido que 13 autonomías (todas salvo Asturias, Galicia, País Vasco y Cataluña) han presentado ya sus Presupuestos para 2013. Y con ellos, habrá otro recorte de 9.500 millones, que se suma a los 23.000 millones recortados entre 2011 y  2012 (dos veces). El ajuste se hará en gastos de personal (con la pérdida de hasta 50.000 empleos públicos), en menos subvenciones a familias, empresas y Ayuntamientos, en no hacer inversiones y en nuevos ajustes en educación, sanidad,  gastos sociales y Dependencia.  Estos recortes afectarán más a los ciudadanos que los del Estado central, porque vuelven a recortar el Estado del Bienestar y agudizan la recesión y el paro. Y además, son inútiles: las autonomías no consiguen tapar sus agujeros y se prorroga su Fondo de rescate para 2013.

enrique ortega

Recortes sobre recortes. Las autonomías empezaron a reducir sus Presupuestos en 2011 (-5%) y luego en 2012 (-8%), este año dos veces (con el Presupuesto y en abril, con el requeterecorte de 10.000 millones en sanidad y educación impuesto por el Gobierno. En total, 23.000 millones, a los que se sumarán otros 9.500 millones en los Presupuestos 2013 (-6%). Los mayores recortes los harán Madrid (-1.424 millones, -7,7%), Andalucía (-1.314, -4,1%), Comunidad Valenciana (-1.048, -9%) y Castilla la Mancha (-860 millones, -10,2%), aunque se esperan otros importantes en Cataluña (-1.500 millones) y País Vasco (-1.000 millones).

Los principales recortes llegarán por tres vías. La primera, metiendo la tijera en los gastos de personal (40% Presupuestos): supresión complementos, aumento horas, no reposición jubilaciones, no oposiciones y despidos en empresas públicas (se podrían perder 50.000 empleos públicos autonómicos, al amparo de la reforma laboral, empezando por los 5.000 que ya ha anunciado la Comunidad Valenciana). La segunda, reduciendo las transferencias a familias (menos ayudas), transportes (subirán metro y autobuses), empresas y Ayuntamientos (más asfixiados en 2013). Y la tercera, recortando drásticamente las inversiones: no se harán obras, aunque lo suframos en incendios forestales, inundaciones, barracones escolares o falta de servicios en hospitales y residencias de ancianos.

Además, se vuelven a recortar (del 5 al 9%) los presupuestos de sanidad, educación, ayudas a servicios sociales y a la Dependencia (se reduce de 481 a 199 euros la prestación mensual a los cuidadores familiares, que han de pagar además toda su Seguridad Social) . Y se avanza en privatizar la gestión de la sanidad (hospitales y centros de salud) en ocho autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Galicia, Extremadura, Baleares, Castilla y León y La Rioja.

Por el lado de los ingresos, las autonomías no son tan decididas, aunque nos subirán impuestos y tasas. Todas, salvo Madrid, aplicarán en 2013 el impuesto sobre el patrimonio (con el que recaudaron 581 millones en 2011), tras recular en su negativa a aplicarlo Baleares y Comunidad Valenciana. Además, subirán el impuesto de sucesiones, que recupera Castilla y León. Y también los impuestos de transmisiones y el de actos jurídicos documentados (por los que  ingresan 6.500 millones). Y rebajarán las deducciones autonómicas en el IRPF. Baleares estrenará dos nuevos impuestos “ecológicos”, sobre los envases no retornables (copiado también por Canarias para 2013) y las grandes superficies, además de un impuesto turístico (a los coches de alquiler), como Cataluña (por estancias en hoteles). Y todas suben tasas (se notan menos), desde el agua a las tasas universitarias (+66%): Cospedal, en Castilla la Mancha, ha creado 320 tasas.

La mayoría de las autonomías han incluido una partida de ingresos que parece el cuento de la lechera: venta de inmuebles (742 millones en Madrid) y empresas públicas. Y Madrid se apunta al euro por receta de Cataluña (¿inconstitucional?), para ingresar 83 millones: es revelador que el Gobierno conservador madrileño quiera hacer pagar 72 € a los pensionistas y rechace cobrar el impuesto sobre el patrimonio a los que tienen más de 700.000 € (ingresaría 310 millones anuales).

Como los ingresos no llegan (la recesión hunde también su recaudación), las autonomías optan por una tercera vía: retrasar pagos. A 31 de diciembre de 2011 se pudo el contador a cero, con el primer rescate del Gobierno para que pagaran facturas atrasadas (pagaron 17.718 millones). Pero a finales de septiembre ya habían acumulado nuevas facturas por 10.000 millones, la mitad de autónomos y la otra mitad de laboratorios (2.300) y suministradores sanitarios (2.750 millones). Y ahí no se incluyen las deudas a las farmacias (sólo Valencia debe 450 millones), a colegios y hospitales concertados, a residencias y entidades sociales.

Parte de estas deudas deben cubrirse con el segundo rescate del Gobierno, el Fondo de liquidez de 18.000 millones que empezó a llegarles en octubre. Lo han solicitado 9 autonomías: Cataluña (5.433 millones), Comunidad Valenciana (3.500), Andalucía (4.906), Castilla la Mancha (848), Murcia (641), Canarias (757), Asturias (261,7), Baleares (355) y Cantabria (137), cuyas peticiones suman el 93,5% del Fondo. Pero el ministro Montoro se lo está dando con cuentagotas (del 37 al 70%), como hace Merkel con Grecia: quiere asegurarse que hacen los recortes comprometidos antes de soltarles todo el dinero.

El problema de fondo es que el sistema de financiación de las autonomías hace agua por todas partes. Y por eso, necesitarán otro rescate en 2013, con una prórroga del Fondo de liquidez, como ha prometido el Gobierno. Al margen de despilfarros (que los hay), la cuestión clave es que las cuentas de las autonomías no salen: un 80% del gasto es difícil de recortar (sanidad, educación y servicios sociales) y les cae la recaudación y no les llega con los ingresos que les transfiere el Estado central. O se les quitan competencias (difícil a estas alturas) o se les da más recursos, reduciendo los del Presupuesto estatal. Hay que sentarse, repartir competencias, evitar duplicidades y buscar ingresos suficientes. Pero esa reforma se ha dejado sine die, “para cuando salgamos de la crisis”.

En consecuencia, con las exigencias de Bruselas, las autonomías están abocadas a los recortes y a los impagos, en perjuicio de los ciudadanos, ya que ellas son las que prestan el 93% de la sanidad, educación y servicios sociales, que no dejan de deteriorarse. Basten dos datos: las listas de espera para operarse han pasado de 32 a 72 días en año y medio. Y hay 3,3 millones de españoles necesitados que acuden a Cáritas y a la Cruz Roja porque no les atienden en los servicios sociales públicos. Además, estos recortes agravan más la recesión y el paro y, encima, no sirven para recortar suficiente el déficit, como acaba de decirnos Bruselas.

En definitiva, nos esperan en 2013 más recortes autonómicos y más subidas de impuestos que agravarán la crisis y perjudicarán la vida de la mayoría de españoles. Hay que buscar otro camino, suavizar los recortes de las autonomías y buscarles vías de financiación que no hundan del todo el Estado del Bienestar. Ahora, no cuando salgamos de la crisis: sería tarde.

Renta 2012: pagamos más los de siempre

Toca confesarse con Hacienda. Y este año, como los últimos, nos han subido la penitencia: todos pagaremos algo más, sobre todo por no deducir tarifas y bases con la inflación. Y habrá menos devoluciones. Hay que estar atentos a las deducciones y tipos de las autonomías, porque cinco han subido los tipos del IRPF. Lo que no cambia es quien paga la Renta: el 79% de la recaudación viene de las nóminas .Y el pago recae sobre todo en las rentas medias, mientras los más ricos defraudan legalmente por otras vías. España es el país europeo donde más sube la presión fiscal, aunque es también el que menos recauda por impuestos. Y eso, porque carga en Renta, pero recauda menos en Sociedades, tabaco, carburantes e IVA, un impuesto que Bruselas exige subir.

enrique ortega

La campaña de Renta hace mucho ruido pero recauda poco: la mayor parte de este impuesto, con el que el Estado consigue casi la mitad de sus ingresos (el 43,15%, 69.803 millones en 2011) lo hemos pagado en 2011, con las retenciones mes a mes (93%). Ahora, con la declaración, se ajustan estos pagos con las deducciones de cada uno. Y a tres de cada cuatro les sale que Hacienda tiene que devolverle. Este año, de 19,1 millones de declaraciones, 14,6 millones son con devolución (600.000 menos que el año pasado) ,10.995 millones que en su mayoría volverán a los contribuyentes antes de julio. A los 4,5 millones de contribuyentes restantes les toca pagar ahora 6.308 millones.

En esta declaración se ha subido los tipos (Gobierno ZP) a los que más ganan (+120.000 euros) y a los ahorradores (del 19 al 21% para más de 6.000 euros de dividendos). Pero todos vamos a pagar más, al no descontarse la subida de la inflación de los tramos de la renta y no actualizarse el mínimo personal y familiar ni la reducción por rendimientos del trabajo. Algo que se hacía hasta 2008 y que nos supondrá pagar unos 2.500 millones más, según Gestha, entre 120 y 250 euros por contribuyente. Además, desaparece el cheque bebé. En cambio, los que hicieron obras en casa en 2010 tendrán más desgravaciones.

Otro año más, hay que estar atento a la autonomía donde se vive, ya que ha habido cambios en las desgravaciones y en los tipos regionales. Cinco autonomías han subido tipos a las rentas más altas, creando además nuevos tramos: Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura (entre +1% y + 3%) y, sobre todo Cataluña (entre +2% y +4%). Y otras dos han bajado tipos (entre -0,1% y -0,4%): Madrid y la Rioja. En deducciones, el mapa varía mucho entre Castilla y León (deducciones por guardería, hijos y vivienda), Madrid  y Baleares (deducen por hijos y gastos escolares) y Extremadura, Asturias o Aragón (escasas deducciones). Al final, eso supone que una familia pague hasta 3.448 euros más o menos depende donde vida, según REAF.

La otra novedad es que vuelve el impuesto de patrimonio, aunque limitado a 160.000 contribuyentes, que tengan más de un millón de patrimonio neto (o 2 millones si viven en Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana, que bonifican el 100%). Un impuesto poco útil (sólo recaudará 1.080 millones), que debería cambiarse por un impuesto sobre grandes fortunas.

Un año más, la Renta la pagan los que viven de una nómina: el 87% de los contribuyentes son asalariados y un 78,8% de la recaudación viene de sus sueldos, perfectamente controlados. Casi la mitad (42,8%) son mileuristas (8,3 millones de contribuyentes), con ingresos inferiores a 13.500 euros y pagan el 14,2% del IRPF. Las rentas medias bajas (de 13.500 a 28.500 euros), un 36,3% de contribuyentes (7 millones) aportan un tercio de la recaudación (33,7%). Y  las rentas medias altas (28.500 a 51.000 €), otro 15,1% de contribuyentes (3 millones) aportan un 25,9% más. Las rentas altas (51.000 a 96.000 €), con un 4,5% de contribuyentes (872.500) aportan el 13,9%. Y los más ricos (+ 96.000 €), un 1,3% de contribuyentes (252.000) aportan el 12,3% restante. En resumen: los que ganan entre 13.500 y 51.000 euros (10 millones de contribuyentes, más de la mitad) pagan el 60% del IRPF.

Sólo hay 8.077 contribuyentes que confiesan ganar más de 600.000 euros y pagan 1,4 millones de media. La Renta no está hecha para ellos, que evaden impuestos legalmente a través de empresas interpuestas (sin actividad), sociedades o SICAV. Las empresas, a través del abanico de deducciones que permite el impuesto de sociedades, pagan sólo el 9,9% de sus beneficios, cuando el tipo nominal es el 30%. Y los ahorradores ahora pagan del 19 al 21%. Enfrente, los asalariados pagan en esta declaración tipos mínimos del 24% que llegan al 48% en Cataluña. Sigue el trato desigual y el fraude.

Si rebajáramos el fraude a nivel europeo, se podrían recaudar 38.500 millones al año, actuando sobre grandes patrimonios y grandes empresas, que es donde está el 72% del fraude, según Gestha. Hacienda es más modesta y quiere recaudar 8.171 millones con su Plan antifraude 2012, centrado en alquileres no declarados, profesionales, cuentas ocultas en el extranjero, cobro de insolventes que no lo son y contrabando de tabaco. Y otros 2.500 millones con la polémica amnistía fiscal de los que afloren dinero negro este año.

Una reflexión final. España es el país europeo donde más sube la presión fiscal, según Eurostat. Pero somos uno de los países europeos con menos ingresos fiscales: se recauda el 31,9% del PIB, frente el 38,4% en la UE-27, el 47,6% en Alemania o el 42,5% de Francia. O sea, que nos brean a impuestos (y más en la declaración del año que viene), pero pagamos menos que el resto de europeos. Pagamos casi igual en Renta, pero mucho menos en carburantes, tabaco o IVA  y las empresas en Sociedades, los dos impuestos cuya recaudación se ha desplomado con la crisis.

La reflexión nos lleva a que reducir el déficit no pasa sólo por recortes, sino por ingresar más, a la europea, pero no estrujando a las nóminas con subidas como la aprobada por Rajoy, sino subiendo el tipo efectivo de Sociedades y subiendo el IVA (el más bajo de Europa), como exige Bruselas. Y poniendo otros impuestos, sobre transacciones financieras y grandes fortunas. Y luchando más contra el fraude. En total, se podrían ingresar 63.300 millones más, según Gestha, evitando muchos  recortes. Otro camino, más difícil porque pisa muchos callos.