Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

5,5 millones de españoles viven solos

En más de la cuarta parte de los hogares españoles viven personas solas: hay 5,5 millones de hogares unipersonales en 2024, casi el doble que en 2003. Y casi la mitad de estos españoles que viven solos son mayores de 65 años, las tres cuartas partes mujeres. Eso agrava la salud de nuestros mayores y provoca depresiones y otras enfermedades, mientras apenas reciben ayuda en casa. Pero la soledad no deseada no sólo afecta a los que viven solos (algunos porque quieren), también a toda la sociedad: el 20% de los españoles se sienten solos, en especial jóvenes (aunque tengan familia y estén digitalmente conectados)  y mayores de 75 años. Esto provoca problemas mentales, suicidios y depresiones, con un alto coste sanitario y económico. El Gobierno ha prometido una Estrategia contra la Soledad no deseada que no llega, mientras autonomías y ayuntamientos toman medidas descoordinadas. Los expertos piden mejorar los mecanismos de detección y más recursos para paliar la soledad no deseada, una pandemia de nuestro tiempo.

                   2.450.000 mayores viven solos en España

Entre los grandes cambios que ha sufrido España en las últimas décadas está la forma de vida, el tipo de familia que se crea: hemos pasado de hogares con muchos miembros (padres, hijos y abuelos) a hogares con menos personas. Así, el tamaño medio de los hogares ha pasado de 3,82 miembros (1970) a 2,54 (2021) y 2,41 personas por hogar en 2024, según el INE. Y actualmente, de los 19.370.408 hogares que hay en España, según el Censo del 1 de julio de 2024, el hogar más frecuente es la vivienda donde viven 2 personas (5.576.100, el 28,78% del total), pero le siguen muy de cerca los hogares una persona sola : son ya 5.452.100 hogares unipersonales, el 28,14% del total. Y les siguen lejos los hogares con 3 personas (3.877.021) y los que tienen 4 o más personas (4.464.644 hogares).

Lo más llamativo es el salto que han dado los hogares unifamiliares, donde viven personas solas: eran 3 millones en 2003 y casi se han duplicado hasta los 5,45 millones actuales. Eso se debe, básicamente, al progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida (de 79,70 años en 2003 y 84,12 años en 2024), junto al cambio en las relaciones sociales, con un aumento de separaciones y divorcios, así como de personas que eligen vivir solas. El mayor número de hogares unipersonales se registra en Andalucía (910.000), seguida de Cataluña (828.230), Madrid (687.683), Castilla y León (370.429), Galicia (345.912), Castilla la Mancha (240.156) y Canarias (234.311 hogares unipersonales), según el INE. Pero si miramos las autonomías con más peso de estos hogares, el mayor porcentaje de personas que viven solas se da en Castilla y León (35,16% de los hogares, frente al 28,14% de media en España), Asturias (33,96%), La Rioja (31,9%), Extremadura (31,2%), País Vasco (31%) y Cantabria (30,69%), la mayoría regiones con mucha población mayor. 

Y eso, porque casi la mitad de los que viven solos son mayores de 65 años: en 2020, el último año donde el INE publica datos detallados, el 43,64% de los que vivían solos tenían 65 años o más, un porcentaje que había aumentado desde 2013 (cuando eran el 40,92% de los que vivían solos). Así que ahora, en 2024, puede estimarse que el 45% de los que viven solos son ya mayores: 2.450.000 mayores que viven solos, 645.000 más que en 2013. Y además, la amplia mayoría de estos mayores solos son mujeres (viudas en su mayoría, porque la esperanza de vida de las mujeres, 86,20 años, es muy superior a los hombres, que está en 80,74 años): en 2020, las mujeres que vivían solas suponían el 71% de hogares unifamiliares y hoy se estima que las mujeres serán el 75% de los que viven solos.

Los datos son muy llamativos sobre el avance de los hogares unifamiliares en las últimas décadas, pero España es uno de los paises europeos con menos porcentaje de personas que viven solas, también mayores. El porcentaje de viviendas unifamiliares en España (28,14% del total) es alto, pero se supera en Centroeuropa y sobre todo en los paises nórdicos, donde oscila entre el 25 y el 35% de los hogares, según Eurostat. Y sobre todo, el porcentaje de población que vive sola es mucho menor en España: suponen el 10,3% de la población total, frente al 14,8% de media en la UE-27, el 20,9% en Alemania, el 21,2% en Finlandia o el 22,2% que viven solos en Dinamarca, según datos del INE.

Lo mismo pasa con los mayores. En España, el 25,2% de los mayores de 65 años viven solos, un dato muy preocupante, pero inferior al porcentaje de mayores que viven solos en toda la UE-27 (el 32,5%), en Francia y Alemania (el 36,2% de los mayores viven solos), Reino Unido (34,8%) o Italia (28,5%), aunque el porcentaje de viejos solos es menor en Chipre (16,6%), Grecia (24,4%), Eslovaquia (24,5%) y Portugal (24,8%), según el INE. En todo el mundo, se estima que 1 de cada 7 personas mayores de 60 años viven solos (el 14,2%), pero el reparto es muy desigual: hay más mayores viviendo solos en Norteamérica y Europa (en torno al 35%) y muchos menos en Asia, Latinoamérica y África  (en torno al 10%).

Muchos de las casi 5,5 millones de españoles que viven solos lo han elegido así, porque se han emancipado, están solteros (casi 400.000) y no tienen pareja, están casados pero viven solos (120.000)  o se han separado (86.000)  y divorciado (200.000 de los que viven solos). Pero casi la mitad, esos 2,45 millones de mayores que viven solos están en esa situación, mayoritariamente, porque están viudos/viudas (1.400.000), así que no les queda más remedio que vivir solos (o “repartirse” entre sus hijos o ir a una residencia).

El mayor problema reside pues en la soledad no deseada de los mayores, que va a ir a más, porque en las próximas décadas se van a jubilar (y morir) los españoles nacidos con el “baby boom” (entre 1960 y 1975). La previsión es que si hoy, un 20,4% de los españoles tienen más de 65 años (y una cuarta parte viven solos), en 2055 serán mayores el 30,55% de los españoles, según las proyecciones del INE. Así que la soledad de los mayores aumentará en los próximos años, agravándose con ello los problemas que causa.

El grave problema que tienen los mayores que viven solos es su “aislamiento social”, la menor relación con familiares, amigos y vecinos: un estudio de la Junta de Andalucía reveló que los mayores que viven solos tienen hasta 4 veces más de aislamiento social que el resto. Y este mayor aislamiento social supone  un grave riesgo para la salud de los mayores solos: todos los estudios nacionales e internacionales insisten en que esta soledad no deseada provoca depresión, ansiedad y trastornos del sueño, problemas de movilidad (salen menos a la calle) y caídas), problemas de concentración y deterioro cognitivo, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ictus y diabetes, además de deficiencias nutricionales (les da pereza cocinar y hasta hacer la compra), además de tener más problemas para cumplir con la medicación (aunque en las farmacias les ayudan con los pastilleros…). Y en ocasiones, esta soledad no deseada lleva a los mayores al abandono y al suicidio: en 2023, de los 3.952 suicidios registrados por el INE, el 30,2% (1.194) fueron de mayores de 65 años.

Pero el problema de la soledad no deseada no afecta solo a los mayores. Vivimos en una sociedad donde “cada vez hay más gente que se siente sola, aunque viva acompañada”. Ya no se trata sólo de la típica viuda, sino de muchos de sus hijos y sobre todo nietos. De hecho, el último Barómetro de la Soledad no deseada en España, publicado en junio de 2024 por la ONG Soledad.es y la ONCE, alerta que 1 de cada 5 españoles encuestados (el 20%) sufren “soledad no deseada” (el 21,8% de los hombres y el 18% de los hombres). Y además, 2 de cada 3 de estas personas que se sienten solas “llevan en esta situación más de 2 años”. Y la soledad se siente más entre las personas que viven solas (el 34,5% de los afectados viven en hogares unipersonales) que en el resto de hogares (17% se sienten solas).

Lo más llamativo de este Barómetro es que quienes se sienten más solos son los jóvenes: sienten soledad no deseada el 34,6% de los jóvenes de 18 a 24 años. Y además, un 27,1% entre 25 y 34 años y un 20,8% los que tienen entre 35 y 44 años, bajando a partir de esa edad la sensación de soledad, incluso a partir de los 65 años (solo el 14,5% de los que tienen entre 65 y 74 años se sienten solos y un 20% de todos los mayores de 75 años). Choca esa sensación de “soledad no deseada” en las generaciones más conectadas y con más relaciones, aunque los expertos alertan de que muchas de las relaciones juveniles son digitales, a través de las redes sociales y “no les llenan” afectivamente. El Barómetro revela también que la soledad es mayor en las personas con menos formación, en los hogares con menos recursos y en las ciudades (en los mayores, en las zonas rurales).

Para muchos expertos, la “soledad no deseada” es una de las pandemias de nuestro tiempo, en todo el mundo y también en España. Y afecta muy negativamente a la salud, aumentando la depresión y las enfermedades mentales, así como el consumo de alcohol, drogas, ansiolíticos y antidepresivos. Y tiene también un efecto directo en la economía, al aumentar las bajas laborales y reducir el interés por el trabajo y la productividad. Por todo ello, algún estudio señala que el coste económico de la soledad no deseada alcanza los 14.141 millones de euros anuales (el 1% del PIB español), una parte por costes en sanidad (5.600 millones) y medicamentos (500 millones) y por pérdida de productividad (8.041 millones). Con todo, el mayor coste es el deterioro de la calidad de vida y las muertes y suicidios inducidos.

¿Qué se puede hacer?  La primera receta en la que coinciden la mayoría de expertos es detectar y prevenir la soledad no deseada, algo que exige especialistas y medios, que no existen ni en la sanidad pública ni en la enseñanza o las empresas. Sería importante formar a los médicos de familia y crear unidades de detección de la soledad no deseada en los Centros de Salud, así como en Colegios, Institutos y Universidades. Y en las empresas, dentro de una política integral de detección de riesgos laborales. Y a partir de ahí, contar con medios y profesionales para atender a los afectados, algo escaso en la mayoría de las autonomías y ciudades donde hay más soledad no deseada.

Con todo, la prioridad debe ser atender la soledad de las personas mayores, esos millones de mayores que se levantan cada día sin ver a nadie y con la única compañía de la radio o la TV. Que se encierran en casa y no salen casi a andar o hacer la compra y no hablan con los vecinos (que a veces dan la alarma porque no les ven y es porque han muerto…). Estas personas mayores solas requieren algún tipo de atención y ayuda pública, aunque hoy está centrada en los mayores dependientes, los que tienen problemas para valerse por sí mismos. Pero la ayuda a la Dependencia es escasa: hay 1.471.946 Dependientes (mayores y jóvenes) que reciben alguna ayuda, la mayoría una pequeña aportación para  un cuidador o la familia. Y sólo hay 496.887 que reciban teleasistencia, 344.899 que reciben ayuda a domicilio (unas pocas horas a la semana) y 107.163 Dependientes que acuden a Centros de Día… Medidas que ayudan pero son insuficientes.

El Gobierno, a través del ministro de Asuntos Sociales (Pablo Bustinduy) ha anunciado en varias ocasiones que “prepara” una Estrategia para combatir la soledad no deseada, pero no acaba de aprobar nada. Y si no consigue aprobar el Presupuesto 2025, no habrá nuevos recursos para ello. Mientras, el ministro ha pedido “un amplio consenso” entre las distintas administraciones y organizaciones sociales, porque cada uno trabaja a su aire: hay muchas autonomías, Ayuntamientos y ONGs que tienen Planes para combatir la soledad no deseada, sobre todo de los mayores. Pero falta un Plan que fije prioridades, que tenga recursos y que coordine actuaciones. Porque hoy por hoy depende de cada región y de cada ciudad. Así, en Madrid (donde hay 276.000 mayores que viven solos), la Comunidad tiene un programa de atención a mayores solos y el Ayuntamiento otro, mientras múltiples ONGs y voluntarios ayudan y acompañan a mayores solos. Y la Diputación de Guadalajara, con ACCEM y Cruz Roja, reparten comida a los mayores que viven solos en zonas rurales…

Hace falta un Plan estatal contra la soledad no deseada, apoyado por autonomías, Ayuntamientos y ONGs. Pero sobre todo hay que detectar y valorar el alcance del problema, establecer prioridades y tomar medidas, con dinero y personal. Por justicia, por salud física y mental y también porque nos ahorraríamos muchos costes. Pero no parece que este sea un problema importante para nuestros políticos, desde el Estado a autonomías y ciudades. Y mientras, nuestros mayores (y muchos de nuestros jóvenes) sufren una soledad aplastante y angustiosa, muy preocupante. Es otro gran contrasentido: vivimos en una sociedad desarrollada, con un alto nivel de vida y cada vez más solos. Tremendo.

Dependencia: 11 autonomías "hacen caja"

En 2021 se aprobó un Plan de Choque donde el Estado central aportó un 44% más de fondos a la Dependencia, para reducir la lista de espera y mejorar servicios. Pero 11 autonomías aprovecharon estos recursos extras para gastar ellas menos, para “hacer caja” y gastar en otras cosas en vez de atender a mayores y dependientes: Cataluña “ahorró” 55,1 millones y Canarias otros 43,6 millones, cuando tienen más de un 26% de dependientes “en lista de espera”. Un escándalo. Al final, hay casi 200.000 dependientes en espera para recibir una ayuda que tienen legalmente reconocida. Y se mueren 127 mayores dependientes cada día esperando esta ayuda o la resolución de su expediente. Además, hay autonomías con más espera (Cataluña, la Rioja, Canarias) y 10 suspenden en su atención a la Dependencia, básicamente porque gastan menos. Urge forzar a las autonomías a gastar más y no querer ahorrar con nuestros dependientes. Sobre todo, porque cada día somos más viejos y se van a duplicar los dependientes.

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de 2012, con los recortes que aprobó el Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de 2021, Gobierno y autonomías pactaron un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con un compromiso de dedicar 3.600 millones más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.

El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la Dependencia 1.992 millones de euros, un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más escandaloso: 11 autonomías aprovecharon que el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines. Los casos más llamativos fueron Cataluña (gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6 millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia (-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).

En los casos de Cataluña y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es más escandaloso porque son las dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611 murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias “esperan” la ayuda reconocida el 26,25% de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje de listas de espera: el 28,30% de sus dependientes en abril, según el IMSERSO.

El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto estatal: no se han gastado y Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la completa con otra (porque gasta menos), esa ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan de choque. Es que, por ello, no se han cumplido varios de los objetivos del Plan. El primero, reducir las listas de espera en 60.000 dependientes en 2021: sólo se ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º objetivo, extender la teleasistencia a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825 dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000 dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la prestación más importante, la que reciben las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51 euros al mes (de 239 a 236,49 euros).

Así que el Plan de choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del Estado ha sido importante, pero todavía hay una “dejación” del Estado central, que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública de la Dependencia debía ser paritaria: 50% lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto público en Dependencia bajó al 23,5% en 2013 y a un mínimo del 19,4% en 2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el Plan de choque, en 2021, el Estado central sólo financió el 27,3% del gasto público en Dependencia y las autonomías el 72,7% restante.

Las autonomías, que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399 en abril  de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos recursos. Para afrontar el reto, las autonomías han aplicado 3 “trucos”: dilatar en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona (la mayoría, mayores), retrasar lo más posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera: 194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el gasto. Veámoslos.

El primer “truco” es dilatar los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para reconocer una prestación era de 421 días, según los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia, como otra manera de “rebajar grados” y ahorrar…

El 2º truco para ahorrar es retrasar la concesión de la ayuda a los que ya se les ha reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica, una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En 2015, había 384.326 dependientes en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en 2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un mínimo de 193.436 en diciembre de 2021, una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en abril de 2022).

El problema de la lista de espera ya no es sólo que se priva de recibir una ayuda pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen 80 años o más) y muchos dependientes se mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021 murieron 46.300 dependientes esperando que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”… Tremendo.

El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década, han desarrollado servicios de bajo coste (“low cost”) que engañan las estadísticas: hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la teleasistencia (el servicio más barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes que reciben atención en una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio (11,2% de los beneficiarios).

La mayoría de los dependientes (480.000) reciben una ayuda a sus familias para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1, 240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa). El 74,2% de los cuidadores familiares son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre el cheque para contratar un cuidador o una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que supone para su familia un tercio del coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra plaza).

Precisamente, las familias con mayores o personas dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en los últimos años. Si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del coste total de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya financiaban el 20,5% del sistema (otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de Servicios Sociales. Y ahora, en 2021, las familias ya pagan el 21,3% de los gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%) mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).

Vistos los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en estos 15 años es muy deficiente y problemática. Y además, es muy desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117 días en Castilla y León) y en las listas de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia (4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la gestión, pero sobre todo con el gasto en dependencia, donde hay tremendas diferencias: el País Vasco gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura, 10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el doble que las que menos gastan, Castilla y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y Canarias (6.893 euros).

Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En el de 2021, sólo 9 autonomías aprueban, 4 de ellas con notable: Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid (7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10 regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos rojos”,  Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).

Este año 2022, el Presupuesto del Estado gastará otros 1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado (que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos, como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay que hacer cambios, para conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias, Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia, ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.

Gobierno y autonomías deberían volver a sentarse y pactar otro Plan de Choque, para resolver los problemas de fondo que tiene el sistema de la Dependencia y que revelan los distintos informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa (4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica o 1,7% en Francia). El objetivo, según algunos expertos, debería ser gastar el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año, frente a los 9.558 millones de 2021.

En resumen, la Dependencia debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es muy rentable, porque se recupera una parte importante en cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo que convierte la economía de los cuidados en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.

COVID 19: menos dependientes con ayudas

Los mayores son los que más han sufrido el coronavirus, concentrando un 86,4% de las muertes. Pero además, los mayores dependientes sufren otro efecto preocupante de la pandemia: la paralización de los servicios sociales de las autonomías, que apenas han atendido solicitudes desde el 14 de marzo, con lo que han caído los beneficiarios (-15.421 en abril) y los que reciben prestaciones por dependencia (-7.396 en abril). En conjunto, hay 414.922 dependientes (la mayoría, mayores) a la espera de un procedimiento, que resuelva su expediente (153.306) o les conceda una prestación legalmente reconocida (261.616 están “en lista de espera”). Lo grave es que la mayoría de dependientes superan los 80 años y muchos mueren sin recibir la ayuda (85 al día). Urge un Plan de choque para atenderlos ya, en plena pandemia, al margen de agilizar el papeleo. Y un Pacto para reforzar la dependencia en los próximos meses, con más recursos, para acabar con las listas de espera y ofrecer servicios dignos a nuestros mayores. Se lo debemos.

enrique ortega

La situación de la Dependencia era un problema que “clamaba al cielo” ya antes del coronavirus. En enero de 2020, el sistema cumplió 13 años de vida, arrastrando el lastre de falta de recursos con el que nació: había 269.854 dependientes en “lista de espera”, sin recibir una prestación a la que tenían derecho (reconocido), 19.817 dependientes más que un año antes. Y lo más grave: como muchos de estos dependientes son mayores de 80 años, muchos se mueren (85 cada día, según los Directores Gerentes deServicios Sociales) sin que les llegue la ayuda. Y los dependientes que sí reciben ayudas (1.115.183 a principios de año) reciben cada vez más “prestaciones low cost”, teleasistencia o ayudas a su familia, porque las autonomías no tienen recursos para residencias y centros de día, la atención más cara.


Si el sistema de la Dependencia ya estaba superado, el coronavirus lo ha dado la puntilla, debido a que el estado de alarma ha impedido el normal funcionamiento de los servicios sociales de las autonomías, que lo gestionan. Las consecuencias se han visto en los datos de la Dependencia de marzo y, sobre todo, de abril, recientemente publicados por el IMSERSO. Empezando por el origen, han caído las nuevas solicitudes de dependencia, al estar las familias confinadas: se presentaron 54.277 menos en abril. Y en el segundo escalón, cayeron también las nuevas resoluciones sobre solicitudes, -17.021 en abril. Con ello, aumentaron en abril las resoluciones de dependencia pendientes, +2.744. Y al final, ha caído el número de beneficiarios de ayudas a la dependencia, -15.421 en abril (eran 1.375.740). Y también se ha reducido el número de beneficiarios que reciben una prestación: 1.114.124 a finales de abril, -7.396, una caída de perceptores de ayuda que no se veía desde 2014.


En definitiva, que la pandemia y el cierre parcial de los servicios sociales autonómicos han provocado que hubiera, solo en abril, 7.396 dependientes menos recibiendo una prestación, según los últimos datos del IMSERSO. Esta caída de ayudas no ha sido homogénea, sino que se ha concentrado en 7 autonomías: Madrid (-4.940 dependientes menos con prestación en abril y otros -2.028 en marzo), Andalucía (-2.029 en abril y otros -547 en marzo), la Rioja (-428 en abril y otros -108 en marzo), Cantabria (sólo -163 en abril pero cayeron -880 en marzo), Cataluña (-896 en abril y otros -49 en marzo), Castilla la Mancha (-69 en abril pero cayeron -902 en marzo) y Galicia (-320 dependientes con prestación en abril). Y, para ser justos, hay varias autonomías que han aumentado los dependientes que reciben prestación, a pesar de la pandemia: Comunidad Valenciana (+1.665 en abril), Extremadura (+576), Canarias (+461), Murcia (+295) y Baleares (+151), según el balance del IMSERSO.


Al caer mucho el número de beneficiarios, por bajar las resoluciones, se ha reducido algo con la pandemia la “lista de espera”, los dependientes con derecho reconocido a una prestación pero que no la reciben todavía, por falta de medios en las autonomías: eran 267.835 a finales de febrero, subieron algo en marzo (269.641) y bajaron en abril, hasta los 261.616 dependientes en lista de espera, 6.219 menos que antes de la pandemia. Con todo, es muy alta y supone que el 19% de los dependientes reconocidos no reciben ninguna ayuda. Un porcentaje que es escandaloso en Cataluña (31,46% dependientes “en espera”), La Rioja (29,15%), Canarias (25,36%) o Andalucía (24,87%), mientras es casi inexistente en Castilla y León (sólo el 0,67% dependientes esperan la ayuda reconocida), Navarra (4,956%), Ceuta (3,62%), Melilla (8,09%), Castilla la Mancha (8,12%) o Galicia (9,43%), según los datos del IMSERSO. Diferencias que tienen que ver con que unas autonomías gastan más que otras en Dependencia y con que gestionan mejor las ayudas.


En cualquier caso, todas las autonomías utilizan “trucos” para atender a más dependientes con menos recursos aportados por el Estado central (la financiación a la dependencia se ha recortado en -5.864 millones desde 2012, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales). El primer truco es “retrasar la resolución de los expedientes”, “embolsar “las solicitudes para tardar lo más posible en reconocerlas y pagarlas: si el plazo legal para resolverlas es de 180 días, en 2019 se tardaba 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.  El segundo “truco” son las “listas de espera”: retrasar la aplicación de las ayudas ya reconocidas, en concreto a 261.616 dependientes (el 19%) a finales de abril. Ayudas que se retrasan es dinero que se “ahorra”. Y llegamos al tercer “truco”: a la hora de reducir esas listas de espera, se conceden antes las ayudas a los dependientes moderados (Grado I), que son “más baratos de atender”. De hecho, en 2019, se redujeron las listas de espera de los dependientes moderados pero creció la lista de espera de los dependientes medianos (Grado II) y Graves (Grado III), que son “más costosos”. Y el cuarto “truco”, utilizar cada vez más prestaciones “low cost” para atender a los dependientes, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, bajando las ayudas para residencias, las más caras.


Volviendo a la pandemia y sus efectos sobre los dependientes, el problema no es sólo que haya reducido el número de beneficiarios y los que reciben prestaciones sino que además se han paralizado prestaciones, como el cierre de los centros de día (que recibían 95.401 dependientes, ancianos en su mayoría) y la interrupción de muchos servicios de ayuda a domicilio (que recibían 246.904 dependientes). Y en el caso de los dependientes en residencias (163.429 en abril), han sufrido con especial virulencia la pandemia y la escasez de recursos sanitarios para atenderles. E incluso, la negativa de los hospitales a atender a ancianos de residencias, como demuestra este documento del hospital madrileño Infanta Cristina, una normativa sanitaria que se generalizó en todos los hospitales y ambulatorios de Madrid en marzo y abril. 


Ahora, ante la evidencia de que el coronavirus ha colapsado aún más la dependencia, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales piden medidas de choque, en medio del estado de alarma. Por un lado, agilizar la burocracia: simplificar y acelerar los trámites para los nuevos dependientes y para resolver los expedientes en espera y las valoraciones pendientes. Y mientras tanto, garantizar unos servicios mínimos de atención a los 414.922 dependientes que esperan un trámite (153.306 pendientes de valoración y 261.616 en “lista de espera”), al menos que todos reciban ya el servicio de teleasistencia. Además, proponen reorganizar el servicio de ayuda a domicilio, con una gestión personalizada de los casos más vulnerables. Y asegurar alguna atención complementaria a los que se han quedado sin poder acudir a los centros de día. Y en las residencias, proponen implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento del coronavirus, con un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes. 


Se trata de aprobar un Plan de choque para la Dependencia durante esta pandemia, para que sea una de las prioridades en el reparto de esos 16.000 millones del Fondo estatal que van a recibir las autonomías. Urgen nuevos recursos para mejorar la atención de los dependientes que se han quedado “descolgados” en esta pandemia y para acelerar su vuelta a los cuidados, que necesitan más que otros. Y con estos fondos, reducir  también la lista de espera, porque no olvidemos que cada día mueren 85 dependientes sin recibir la ayuda a la que tienen derecho y que no les llega por falta de recursos. Al ritmo de los últimos años, acabar con esta lista de espera tardaría 4 años y medio. Pero se podría reducir un 75% en un año (atender a 200.000 dependientes más) si se destinaran 1.300 millones extras, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Ahora puede ser el momento.


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Cuando pase lo más grave de esta pandemia y se plantee la reconstrucción del país y la economía, la Dependencia debe estar entre nuestras prioridades, porque tenemos una población muy envejecida y un sistema de Dependencia financiado deficientemente desde su creación, en 2007. Por eso, urge poner en marcha un Pacto por la Dependencia, firmado en diciembre de 2016 pero que no se ha traducido en hechos. Hacen falta 2 cambios de fondo: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que “se ha escaqueado” con la dependencia desde los recortes de Rajoy en 2012, dejándola en manos de unas autonomías sin recursos. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado central y las autonomías, pero en 2018 (último año con datos) el Estado central sólo aportó el 16,7% de la financiación pública (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% restante (6.707 millones). Y este recorte obliga  a que las familias de los dependientes paguen parte de muchos servicios (hasta el 19% de la factura total).


La propuesta del sector, de los Directores de Servicios Sociales, es que la financiación pública de la Dependencia vuelva al 50/50% (obligaría al Estado a aportar 4.000 millones anuales) y que se aumente el gasto público en Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que iban en el fallido Presupuesto de 2019. Debería ser otra de las prioridades del futuro Presupuesto 2021, aunque es posible que los gastos de la reconstrucción impidan financiar suficientemente la dependencia (otra vez). Y que sigamos con “los trucos” y “listas de espera”.


Pero no deberíamos tirar la toalla y mejorar la Dependencia, aunque haya otras urgencias. Esta es de primera magnitud. Primero, porque cada vez hay más dependientes y se van a duplicar para 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida. Segundo, porque atender a los dependientes es ayudar a sus familias y especialmente a las mujeres, que hipotecan su vida por cuidar de padres, maridos e hijos dependientes. Y sobre todo, por justicia: estos mayores dependientes lo han dado todo por nosotros y por este país y muchos se mueren (recuerden: 85 cada día) sin recibir las ayudas. Es escandaloso. El coronavirus ya se ha cebado con ellos, por falta de atención y cuidados. No lo repitamos con las ayudas a la dependencia. Se lo debemos.