Más dinero para impulsar la Dependencia

Este Blog lleva 15 años largos clamando por reforzar las ayudas a la Dependencia, que cumplen ahora 20 años con una mínima financiación, escasas ayudas y servicios (“low cost”) y una escandalosa lista de espera: 1 millón de dependientes han muerto estos años sin recibir la ayuda solicitada. Este martes, por fin, el Gobierno (agobiado por la corrupción) ha aprobado una inyección histórica para la Dependencia, 6.200 millones de gasto adicional en 2026 y 2027, para duplicar las ayudas, mejorar los servicios y reducir la lista de espera : 265.503 dependientes esperando valoración o ayudas. Con eso, en 2027, el Estado financiará la mitad del gasto público en Dependencia (ahora financian el 27,4%). Falta ver si las autonomías aumentan su financiación (muy desigual entre ellas), porque cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque (2021-2023) para reforzar la Dependencia, muchas autonomías aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. Urge reducir la burocracia (320 días cada expediente) para reducir las listas de espera  y mejorar ayudas y servicios. Porque cada año habrá más mayores que necesiten ayuda.

                              Enrique Ortega

Este 2026 se cumplen 20 años de aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007 para garantizar ayudas y servicios a los dependientes, en su mayoría mayores. Es la 4ª pata del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), pero ha resultado una “pata coja”: ha atendido a 4 millones de personas dependientes, pero otro millón más de dependientes se han muerto sin recibir ninguna ayuda, por una falta de financiación y un exceso de burocracia, que mantiene unas altísimas listas de espera: a finales de mayo, 265.503 dependientes estaban “desatendidos” (+7.293 más que a finales de 2025), a la espera de ser valorados (110.108) o de recibir una ayuda o servicio que tienen legalmente reconocido (otros 155.352 dependientes “en el limbo”). Y este año, hasta mayo, 13.503 de estos dependientes han fallecido esperando…

Los problemas de la Dependencia tienen su origen  en la escasa financiación con que nació la Ley y su falta de recursos en estos 20 años, en que los españoles teníamos “un derecho” (ser atendidos si éramos “dependientes”) pero que no podía hacerse efectivo en muchos casos por falta de financiación, que ha pasado por tres fases. En la primera (2007-2011) hubo un cierto aumento de recursos (de 306,7 millones en 2007 a 1.590 en 2011) para lanzar las ayudas. Pero llegó la crisis financiera y la Dependencia sufrió la peor parte de los recortes de Rajoy: se redujo la financiación 5.400 millones entre 2012 y 2018. En 2021, tras la pandemia, el Gobierno Sánchez aprobó un Plan de choque para reforzar la Dependencia (+3.600 millones entre 2021 y 2023), pasando el gasto estatal de 1.347 millones en 2018 a 3.292,4 millones en 2023. Pero fue insuficiente, porque crecen los mayores dependientes.

En 2025, el gasto público en Dependencia fue de 13.734 millones de euros, pero el Estado central sólo aportó 3.758 millones, el 27,4% del total, más que en 2020 (aportó el 15,6%) pero mucho menos del 50% que se planteó al aprobar la Ley de Dependencia. Ello obliga a las autonomías a aportar el 72,6% del gasto total (9.976 millones). Ante esta falta de recursos estatales y sus múltiples gastos (sanidad, educación, transportes, vivienda…), las autonomías han intentado atender a los dependientes con tres “trucos”: retrasar los expedientes para reconocer su dependencia y retrasar también la concesión efectiva de ayudas y servicios, buscando además que sean servicios “low cost”, que con prestaciones de bajo coste (teleasistencia, ayudas a familias, ayuda a domicilio…) puedan “atender” a más con poco.

La primera medida o “truco” es implantar unos trámites excesivamente burocráticos y complejos para reconocer la dependencia y el grado (I, dependencia “moderada”, II , dependencia “severa” y III, “gran dependencia”) y luego un 2º trámite para reconocerle una ayuda o prestación a la que tienen derecho. El primer trámite, el reconocimiento de la Dependencia (que esperan ahora 110.108 dependientes) tiene una duración media de 320 días (legalmente debían ser 180 días), pero hay autonomías donde se retrasa mucho más: 552 días en Murcia, 448 en Andalucía, 411 en Asturias, 348 en Madrid o 355 en Canarias (y “solo” tarda 110 días en Castilla y León, 122 en Aragón o 131 días en el País Vasco). Y luego está el retraso para decidir la ayuda o servicio a la que tiene derecho el dependiente (otro expediente, salvo en Andalucía, País Vasco, Madrid o Castilla y León, que los unifican). Y por si fuera poco, como los dependientes son mayores, su situación se agrava y en medio de estos procesos, muchos tienen que revisar su grado, lo que provoca más retrasos.

Una vez que tenemos aprobado el grado de dependencia y la ayuda (insisto, dos expedientes en la mayoría de autonomías), hay otro “truco”: retrasar la concesión efectiva de esas ayudas a los dependientes con el derecho reconocido (son esos 155.352 dependientes que esperan la ayuda reconocida “en el limbo” de la Dependencia). Insisto: tienen una ayuda económica o un servicio reconocido legalmente, pero no lo pueden disfrutar hasta que la autonomía se lo haga efectivo. Y como la mitad tienen más de 80 años, muchos se mueren antes.

El tercer “truco” de las autonomías para atender con recursos escasos a más dependientes es buscar ayudas y servicios “low cost”, que permitan contabilizar a más dependientes como “atendidos” con un bajo coste. Ahora mismo, de los 1.682.785 dependientes que reciben una prestación efectiva (mayo 2026), el mayor porcentaje (un 31%) recibe una prestación económica por ser atendidos por su familia, una ayuda mínima: 259,84 euros de media, según un estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado II (que requieren cuidados 24 horas…). Actualmente hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares del dependiente (4 de cada 5 mujeres), que reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte del sueldo de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la reciben el 27%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atendidos (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio: la reciben el 16,5% de los dependientes “atendidos”, con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas al día (ridículo). Y encima hay grandes diferencias por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 25,6 horas en Castilla la Mancha o Cataluña). La 4ª ayuda que más reciben los dependientes (el 10%) es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y pagar poco (entre 100 y 313 euros, de 155 a 445 y de 200 a 747 euros mensuales, según los grados), sólo una parte de lo que cuestan realmente los servicios (las familias pagan la mayoría, el “copago”). Casi la mitad de estos “cheques) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Pasemos a los dos servicios más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben el 7,6% de los dependientes), una ayuda  para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentra: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más concedido (al 4,5% de los dependientes) son los Centros de día y noche, costosos y escasos.

Como se ve, las ayudas son escasas y además son incompatibles entre ellas, salvo la teleasistencia: si un dependiente recibe una ayuda económica para los cuidadores familiares, no puede acceder a la ayuda a domicilio ni a un centro de día. Por todo ello, las familias con dependientes tienen que afrontar por su cuenta la mayoría de los gastos (copagos), que en muchos casos son elevados (atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank). De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del gasto total de los servicios de la Dependencia. Mucho más de los copagos o pagos privados que han de hacer las familias en la sanidad y la educación.

Ante este panorama (escasa financiación, listas de espera y ayudas y servicios “low cost”) , que se arrastra desde hace dos décadas, el Gobierno Sánchez aprobó, en enero de 2021 un Plan de choque, para destinar 3.600 millones extras a la Dependencia en 2021, 2022 y 2023. Las listas de espera bajaron (un -51% desde 2020) pero siguen muy elevadas. Y las ayudas y servicios apenas mejoraron, en parte porque muchas autonomías aprovecharon este aumento de la financiación estatal para “hacer caja” y gastar menos ellos en Dependencia: lo hicieron 11 autonomías en 2021, 9 en 2022 y 6 en 2023, según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y eso además, en un mapa autonómico con una gran desigualdad de gasto entre autonomías. Así, la inversión por dependiente atendido es de 8.417 euros en España, pero es menor en Aragón (7.159 euros), Murcia (7.185), Andalucía (7.219), Castilla la Mancha (7.360), Castilla y León (7.507) y Galicia (7.900). Y gastan más por dependiente atendido el País Vasco (14.384 euros, el doble que en Aragón), Navarra (12.672), Extremadura (11.684), Asturias (11.366) y Cantabria (10.661) y  la Rioja (10.282 euros).

Este martes 23 de junio, un día después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, el presidente Sánchez se reunió con dependientes y les anunció un nuevo Plan de choque para gastar  6.200 millones más en Dependencia en 2026 y 2027 (“seguimos en política para esto, para mejorar la vida de la gente”, les dijo). El Plan, aprobado después en el Consejo de Ministros, prevé subir la aportación del Estado a 5.513 millones en 2026 y a 7.239 millones en 2027, una cantidad que duplica el gasto estatal de 2025 (3.757 millones) y multiplica por 5,3 la aportación en 2018 (1.347 millones). Además, con este gasto extra, la aportación del Estado supondrá el 50% del gasto total en Dependencia en 2027, como pedían las autonomías.

El Plan de choque (un real Decreto Ley) tiene que debatirse ahora en el Congreso, pero la idea es que las nuevas ayudas entren en vigor el 1 de julio, que desde el mes que viene lo noten todos los dependientes que reciben ayudas (1.682.785). Lo que ha aprobado el Gobierno es aumentar “el nivel mínimo” de la Dependencia, que es lo que transfiere el Estado a las autonomías por cada dependiente. Para los de Grado III (“grandes dependientes”), la ayuda actual  subirá de 290 euros mensuales a 660 euros (+128%). Para los de Grado II (“dependencia severa”), la ayuda  pasará de los 130 euros actuales a 260 euros al mes (+100%). Y para los de Grado I (“dependencia moderada”), la ayuda pasará de los 76 euros actuales a 90 euros (+18%). El Grado III+ (ELA) seguirá en 4.930 euros mensuales.

Son subidas importantes, pero ahora queda ver qué hacen las autonomías, si aumentan su gasto en Dependencia o hacen como en 2021, cuando el Gobierno aprobó otro Plan de choque y muchas aprovecharon para “hacer caja” y gastar menos. El segundo nivel que financia la Dependencia es el “nivel acordado”: el Estado central aporta una 2ª cantidad para la Dependencia, pero con la condición de que las autonomías aporten otro tanto. Y además, esa cantidad del “nivel acordado” (783,19 millones en 2024,2025 y 2026, la misma de 2023 los tres años al no tener Presupuestos) se reparte entre las autonomías a cambio de que cumplan una serie de condiciones de población dependiente y gestión. Y si no cumplen, el Estado les aporta menos de este “nivel acordado”: es lo que les pasará este año a 8 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, la Rioja, Cantabria, Aragón y Madrid), que perderán recursos estatales (-42,3 millones entre las 8).

La tercera fuente de recursos de la Dependencia, tras el “nivel mínimo” (Estado) y el “nivel acordado”(Estado y autonomías, a medias) es el “nivel autonómico”, el gasto propio que hace en dependencia cada autonomía con cargo a sus Presupuestos. Aquí está una de las claves del futuro, porque el Estado puede hacer un esfuerzo puntual, como este nuevo Plan de choque que asegura el 50% der la financiación, pero falta asegurar el otro 50%. Y muchas autonomías no tienen la Dependencia como una prioridad, como puede verse en su inversión en Dependencia por habitante: es alta en País Vasco (479 euros/habitante), Extremadura (411), Castilla y León (388), Asturias (366), Cantabria y Navarra (325) pero baja en Canarias (178 euros/habitante), Murcia (225), Cataluña (247), Madrid (251) y Aragón (255).

El Plan de choque para duplicar el gasto estatal en la Dependencia tiene 3 objetivos, según el Gobierno: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados a los dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, en casa y en los centros. Además de ser una exigencia social, el Gobierno reitera que la nueva inversión aprobada para la Dependencia es económicamente muy rentable: por cada euro invertido se generan 1,6 euros, además de retornar 3.000 millones a las arcas públicas (cotizaciones e impuestos) y crearse 100.000 nuevos empleos.

Los Directores de Servicios Sociales creen que la inyección de 6.200 millones extras es una buena noticia que “permite pasar de la retórica a los hechos”, pero piden además otros cambios: procedimientos más agiles en las autonomías para acortar los trámites, mejora de las ayudas y prestaciones (sobre todo la ayuda a domicilio y las prestaciones para residencias), autorizar la compatibilidad (poder recibir varias ayudas a la vez), aumentar las prestaciones a los cuidadores familiares y mejorar los contratos y salarios de los que trabajan en la Dependencia. Y les preocupa “cómo va a garantizar la Administración del Estado que este aumento de gasto mejore realmente la vida de los dependientes y sus familias”.

Al final, la Dependencia nos afecta a todos, porque antes o después podemos necesitar ayuda. Sobre todo si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población española: si hoy tenemos 3 millones de mayores de 80 años, en 2050 serán 5,8 millones y muchos necesitarán que les cuiden. Como les dijo Sánchez a los dependientes el martes: “la grandeza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”. No seamos rácanos.

Los cuidados, el gran reto social pendiente

Siguen las protestas de profesores y médicos por las deficiencias en la sanidad y educación, pero nadie protesta por la desatención de nuestros mayores, que esperan meses para recibir una mínima ayuda o servicio para su dependencia. Y muchos se mueren antes de recibirla. A punto de cumplirse los 20 años de la Ley de Dependencia, el balance es muy preocupante: 3 de cada 4 mayores dependientes no reciben una atención efectiva y tampoco 2 de cada 3 con limitaciones severas. Los expertos reiteran que falta financiación para la Dependencia y que para ampliar las ayudas y que sean más eficaces, habría que gastar en los cuidados 12.000 millones más al año, el doble que ahora. Un reto que hay que afrontar porque España es uno de las paises más envejecidos de Europa y cada año habrá más dependientes: si ahora hay 3 millones de personas con más de 80 años, en 2050 serán casi el doble (5,8 millones) y muchos necesitarán cuidados. No podemos dejarles tirados.

                               Enrique Ortega

España tiene un grave problema estructural del que casi nadie habla: el envejecimiento creciente de la población, propiciado por el aumento de la esperanza de vida, que es la más alta de Europa: 84,3 años de media, frente a 81,7 en la UE-27. Y esa esperanza de vida seguirá aumentando, hasta alcanzar los casi 87 años en 2050 y los 88 años en 2071, según las previsiones del INE. Con ello, tenemos y tendremos cada vez más personas mayores, muchas de ellas dependientes y necesitadas de cuidados. Así, si hoy hay 10,2 millones de mayores de 65 años, en 2050 serán ya algo más de 16 millones. Y los mayores de 80 años, un tercio de los cuales pueden ser dependientes, pasarán de ser 3 millones ahora (2025) a ser casi el doble en 2050 (5.811.396 personas mayores de 80 años, de ellos, 95.095 mayores de 100 años).

Estas elevadas cifras de mayores y ancianos suponen un gran reto para el país y sus familias. Desde hace décadas, todas las políticas públicas reconocen que el cuidado de los mayores dependientes no es una responsabilidad privada (de sus familias) sino “un derecho social”, un servicio público para la cohesión social y el propio funcionamiento del sistema económico. Y por eso, los paises desarrollados han implantado “políticas públicas de cuidados”, como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. En España, en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia (295 votos a favor, 15 en contra y una abstención), que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y cumplirá ahora 20 años.

El balance de esta Ley de Dependencia tiene claroscuros, siendo más negativo que positivo, según el reciente estudio de CENIE. Por un lado, en estos 19 años largos se ha atendido a 4 millones de dependientes (la mayoría mayores), aunque otro millón se ha muerto antes de recibir alguna ayuda. En líneas generales, hay un exceso de burocracia en el reconocimiento de la dependencia y en la concesión de las ayudas (la espera media era en abril de 325 días, cuando la Ley marca 180 días), lo que provoca que muchos dependientes se mueran antes de recibirlas (4 de cada 5 tienen más de 80 años). Y además, las autonomías (que gestionan las ayudas a la Dependencia) ofrecen cada vez más ayudas y servicios “low cost” (escasas y de poca calidad), para llegar a más dependientes con un gasto que apenas crece. Y además, existen grandes diferencias en la atención a la dependencia por autonomías, unas con más dependientes desatendidos que otras. Como problema de fondo, los expertos denuncian la infrafinanciación del sistema, la falta de recursos públicos desde su nacimiento y ahora.

Los últimos datos de la Dependencia, del IMSERSO, en abril de 2026, concretan estos problemas estructurales del sistema. Primero, la persistente desatención: había 268.850 dependientes desatendidos a finales de abril (+6.897 que en diciembre), 116.762 pendientes de que se les reconozca una dependencia y su grado (I,II y III, los “grandes dependientes”) y otros 152.088 dependientes que tienen reconocida alguna ayuda o servicio pero que están “en lista de espera” para recibirlos (en el “limbo de la Dependencia). Una parte de ellos mueren esperando esta ayuda que tienen reconocida: murieron esperando 8.996 dependientes en el primer trimestre de este año y 32.704 en todo 2025, según los Directores de Servicios Sociales. El problema no es sólo que estas “listas de espera” hayan crecido en 2026, sino que son muy desiguales por autonomías. Primero, en el tiempo de resolución de expedientes (325 días de media): son 551 días en Murcia, 457 en Andalucía,391 en Asturias, 354 en Canarias o 350 en Madrid, frente a 117 en Castilla y León o 117 en Aragón. Y la lista de espera de las ayudas (esos 152.088 dependientes) se concentra en Cataluña (48.695), Andalucía (32.888), Comunidad Valenciana (16.129), Madrid (12.914) y Murcia (10.399).

El 2º problema de fondo, tras los retrasos y esperas, es que las ayudas son escasas y de poca calidad, ayudas “low cost”, para tratar de llegar a más dependientes con poco coste. A finales de abril, había 1.708.812 dependientes “atendidos”, la mayor cifra de estos 19 años, pero la mayoría recibía una ayuda económica escasa: 760.432 dependientes (el 30,87% del total) recibían una prestación económica por ser atendidos por sus familias, una prestación muy insuficiente: 259,84 euros mensuales de media, según el estudio de CENIE, pagando 180 euros a los dependientes Grado I, 315 euros a los de Grado II y 455,40 euros mensuales a los de Grado III (que requieren cuidados las 24 horas…). Actualmente, hay 2,1 millones de cuidadores en el entorno familiar y el 67% (1,4 millones) son familiares, fundamentalmente mujeres (4 de cada 5 cuidadores), que han tenido que dejar sus trabajos y reciben estas ayudas públicas ridículas (que apenas pagan la quinta parte de una cuidadora).

La 2ª ayuda a la Dependencia más extendida es la teleasistencia (la recibían 659.786 dependientes en abril, el 26,78%), una forma barata (cuesta unos 30 euros al mes) de “atender” a los dependientes y subir los porcentajes de atención (hay autonomías como Madrid donde el 48,5% de los dependientes son “atendidos” con teleasistencia). La 3ª ayuda más generalizada es la ayuda a domicilio : la reciben 406.880 dependientes (el 16,52%), con una media de 37,5 horas al mes, que suponen 1,24 horas diarias. Y encima hay grandes desigualdades por autonomías (desde 76,9 horas al mes en Navarra a 53,5 horas en Galicia o 25,6 horas mensuales en Castilla la Mancha y Cataluña). Y casi todas incumplen las horas mínimas que fijó un Decreto en 2023 (37 horas para Grado I, de 38 a 64 horas para Grado II y de 65 a 94 horas para Grado III).

El 4º servicio o ayuda que reciben más dependientes es la prestación económica vinculada a servicio, una especie de “cheque” que reciben las familias para que luego contraten ellas el servicio que quieran. Es una forma de “quitarse problemas” y de pagar poco (entre 100/313 euros, 150/445 euros y 200/747 euros, según los Grados), sólo una parte del coste real de  los servicios: el resto lo pagan las familias (son los “copagos” de la dependencia). Reciben este “cheque”  242.168 dependientes, el 9,83% del total, aunque la fórmula ha ido creciendo y es muy mayoritaria en Extremadura (la reciben el 45% de los dependientes), Castilla y León (25,50%) y  Canarias (36,71% dependientes). Casi la mitad de estos cheques (106.568) son para que el dependiente se pague una residencia, que cuesta 5 veces más.

Sigamos con otros servicios y ayudas a los dependientes, los más caros y que menos se conceden. El 5º es la atención residencial (que reciben 188.002 dependientes, el 7,63%), una ayuda para que el dependiente vaya a una residencia (si la encuentran: faltan 90.000 plazas). La ayuda supone entre 549,8 euros al mes (Grado II) y 566,9 euros (Grado III), subvención que sólo paga un tercio del coste real de la residencia. Y el 6º servicio más ofrecido son los Centros de día y noche (lo reciben 111.632 dependientes, el 4,53% del total).

Al final, el balance de estos 19 años de Ley de Dependencia refleja que se trata de “un derecho cojo”, que deja a muchos dependientes desatendidos (el 11,5% esperan que les reconozcan un grado o les llegue la ayuda reconocida, porcentaje que alcanza al 24% en Canarias, el 19,2% en Cataluña, el 18,8% en Murcia , el 15,8% en Asturias y el 14,4% en Extremadura) y que concede escasas ayudas económicas y servicios “low cost” a los atendidos. Pero lo más preocupante es que el sistema de la Dependencia, la 4ª pata (coja) del Estado del Bienestar deja a muchos dependientes fuera: casi las tres cuartas partes (el 72,4%) de los mayores de 65 con alguna limitación no reciben ayudas y 2 de cada 3 mayores con limitaciones severas (el 63,1%) carecen del apoyo público adecuado, según el estudio de CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento).

Esta desatención a los mayores dependientes obliga a realizar un enorme esfuerzo a sus familias, tanto económico como de tiempo, especialmente a las mujeres que tienen que cuidar a sus padres, esposos o hijos dependientes (recordemos: 4 de cada 5 cuidadoras son mujeres), lo que hunde en muchos casos sus carreras profesionales y sus pensiones. El coste para una familia de atender a un dependiente supone unos 10.105 euros anuales, según un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero el coste es mayor en muchos casos: atender a una persona con Alzhéimer tiene un coste de 24.000 euros anuales, según CaixaBank, que estima que las familias asumen el 87% de este gasto (20.880 euros), financiando el sistema el 13% restante. En los últimos años, las familias con dependientes han visto que, a pesar de las ayudas, tienen que hacer copagos más altos. De hecho, en 2025, las familias pagaron 2.356 millones, casi el 20% del coste total de los servicios de la Dependencia (11.847 millones). Mucho más que los copagos en educación y sanidad.

Visto lo visto, el estudio de CENIE y los balances de los Directores de Servicios Sociales (DGSS) coinciden en un punto: la principal causa de la desatención a los dependientes es la falta de financiación a la Dependencia, desde 2007 que se inició el sistema hasta hoy (agravado por los recortes de Rajoy, -6.321 millones a la Dependencia entre 2012 y 2020). Y como en las próximas décadas se van a duplicar los dependientes (recordemos: habrá 5,8 millones de españoles mayores de 80 años en 2050), hay que plantearse aumentar el gasto en Dependencia. El estudio CENIE propone duplicar el gasto actual en Dependencia (12.000 millones en 2025, el 0,71% del PIB) para 2030, hasta los 24.000 millones de euros anuales, el 1,3% del PIB, todavía menos de lo que se gastan ahora en Dependencia los 38 paises de la OCDE (1,7% del PIB), en Paises Bajos (4,1%) o en Suecia (3,7%). Y aunque supone duplicar el gasto, todavía queda lejos de lo que España gasta ahora en pensiones (190.000 millones), sanidad (105.000 millones) o educación (75.000 millones).

Los expertos reiteran que el coste de la Dependencia no es un gasto sino una inversión, porque tiene un gran impacto en la economía : por cada euro destinado a la Dependencia, el impacto en la economía (en sectores como el comercio, la hostelería, la construcción, la industria, energía y actividades profesionales) es de 1,6 euros, según el estudio de CENIE. Y además, por cada euro gastado en Dependencia retornan 0,49 euros en ingresos por cotizaciones sociales e impuestos. Actualmente, el sector de los cuidados emplea a 770.760 trabajadores  (328.544 en atención residencial) y se estima que podría dar trabajo a 440.000 más para 2030 si se mejora y generaliza la atención a la Dependencia. Además, los cuidados informales (en el hogar) a los dependientes suponen una importante “economía invisible”, que no se cuantifica en el PIB (aporta entre 60.000 y 79.000 millones anuales).

Pero no se trata sólo de gastar más en Dependencia. El estudio de CENIE y los expertos coinciden en que urge hacer dos cambios de fondo en el sistema. Uno, mejorar la gobernanza, reduciendo la excesiva burocracia actual (hay dos procesos, uno para reconocer la dependencia y otro para evaluar y aprobar las ayudas) y simplificando los expedientes, para “universalizar” la atención,  estableciendo además unos estándares mínimos para reducir las desigualdades regionales. Y el otro, cambiar el modelo de asistencia y ayudas, para priorizar los servicios profesionales frente a las ayudas económicas, aumentado coberturas y calidad, impulsando la asistencia personal y fomentando la atención en el hogar frente a las residencias, que deben ser más pequeñas y atractivas. Y en este camino, resulta clave reducir la precariedad y mejorar la formación, profesionalidad y salarios del personal que atiende a los dependientes.

En resumen, ante un envejecimiento imparable en España, urge avanzar hacia un sistema de cuidados universal, equitativo y sostenible, lo que exige duplicar el gasto actual y modificar radicalmente la gestión actual de la Dependencia, para hacerla más ágil y eficaz, un cambio que exige pactarlo entre el Gobierno y las autonomías (algo hoy inviable). Hay que tomárselo en serio y crear un sistema de atención a la Dependencia más eficaz, que afronte el reto de duplicarse los dependientes para 2050. Hoy tenemos un derecho social que no se garantiza, por falta de medios. Si queremos reforzar el Estado del Bienestar, no sólo hay que pensar en la sanidad, la educación o las pensiones. Hay que pensar en el futuro de nuestros mayores. No podemos dejarles “tirados”.

Dependencia: 900.000 muertos esperando ayuda

Se cumplen 18 años de la Ley de Dependencia (2007-2024), con un balance agridulce. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, en su mayoría mayores, y ahora reciben ayuda 1,5 millones. Pero ofrece ayudas escasas y servicios “low cost”, que tardan un año o más en recibirse: hay casi 300.000 dependientes esperándolas. Y el gran punto negro: casi 900.000 dependientes han muerto esperándolas estos 18 años. Todo porque la Dependencia cuenta con pocos recursos públicos (sólo 11.500 millones al año, 8,6 veces menos que la sanidad y 5,5 veces menos que la Educación) y no es una prioridad para las autonomías, que las gestionan pero sólo financian la mitad del gasto, con grandes desigualdades de atención según donde vivan los dependientes. Urge afrontar el futuro de la Dependencia con muchos más recursos, simplificando y agilizando trámites, liquidando las listas de espera y ofreciendo a los dependientes unos servicios de calidad, ayudando más a sus familias. Porque cada vez hay más viejos y más dependientes.  

                             Enrique Ortega

El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba en el Congreso, con el apoyo del PSOE y el PP, la Ley de Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las Pensiones públicas. Era el principal legado del primer Gobierno Zapatero, que pretendía  incorporar a España a la pequeña lista de paises europeos que tenían una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos: Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los paises nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho a los ciudadanos.

La Ley de Dependencia arrancó el 1 de enero de 2007 con un problema de partida que ha lastrado su evolución: la falta de una financiación específica, algo que no preocupaba entonces porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. En estos 18 años de rodaje, pueden distinguirse 6 fases diferentes, según el exhaustivo balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En la 1ª fase, de “despegue” (2007-2011), el avance fue lento, porque había que implantar un nuevo sistema y su aplicación fue muy desigual por autonomías, quienes gestionan solicitudes y ayudas, financiando la mitad del sistema. Pero se avanzó y a finales de 2011 había más de 1 millón de dependientes con derecho reconocido, aunque sólo 740.000 recibían atención.

La 2ª fase, entre 2012 y 2015, fue “un auténtico desastre para la Ley”, por los recortes impuestos por Europa y ejecutados por Rajoy, que no creía mucho en la Ley: en noviembre 2011, tres días antes de ganar las elecciones, declaró en El País: “la Dependencia no es viable”. Y menos lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema (hasta julio de 2015) a los dependientes “moderados”(Grado I), recortó drásticamente la aportación del Estado a la Dependencia y aprobó un Decreto con cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los Dependientes, les bajó un 15% su ayuda mensual (55 euros sobre 400) redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Tras estos recortes del Estado (-2.825 millones entre 2012 y 2015) y de las autonomías (otros 1.000 millones), la Dependencia vio desplomarse sus recursos. Y los gobiernos autonómicos se tuvieron que “buscar la vida” para atender a los dependientes, recurriendo a distintas vías. La primera, “retrasando” los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la adjudicación de las ayudas, aumentando las “listas de espera”. La segunda, endureciendo los requisitos: redujeron el número de “grandes dependientes” (Grado III), los más caros de atender, aumentando “los más baratos”, los  dependientes “severos” (Grado II) y los “moderados” (que no había que atender hasta 2015). La tercera vía de “ahorro” fue revisar “de oficio” (a  la baja) valoraciones ya hechas, lo que multiplicó las denuncias de las familias ante los Tribunales. Y sobre todo, buscaron “rebajar el coste de las ayudas”, tanto las económicas como los servicios: menos ayudas para residencias (las más caras) y más ayudas a domicilio o teleasistencia (“low cost). Objetivo: atender a más dependientes gastando poco.

En julio de 2015 empieza la 3ª fase, de lenta recuperación, con la incorporación de los Dependientes “moderados” (Grado I), que dispara las listas de espera (de 139.297 en junio de 2015 a 442.356 en septiembre de 2015). Los recortes del Estado se mantienen pero el sistema recobra pulso con una mayor aportación de las autonomías, tras las elecciones de mayo de 2015 (el PSOE pasó a gobernar en 7 autonomías), afianzada en 2019 (el PSOE gobierna ya en 8 autonomías). En 2019 se entra en una 4ª fase de “ralentización”, porque el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se ve obligado a prorrogar los Presupuestos 2018 de Montoro (restrictivos). Y en 2020 se entra en una 5ª fase, de “retroceso” del sistema de Dependencia por la pandemia: caen las nuevas solicitudes y se reducen los beneficiarios, retrocediendo servicios y prestaciones.

En enero de 2021 empieza la 6ª fase de esta historia de la Dependencia, al aprobarse un Plan de Choque 2021-2023, con el que el Gobierno Sánchez se compromete a “inyectar” 1.845 millones de euros extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. Un Plan que ha mejorado la situación, pero que tiene un gran punto negro: muchas autonomías (ahora gobernadas por el PP, con VOX) han aprovechado esta mayor aportación estatal para “hacer caja” y reducir su gasto en Dependencia. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 han vuelto a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… Y en 2024, con los Presupuestos prorrogados, el Gobierno no ha podido aumentar la aportación estatal a la Dependencia.

Lo más positivo de estos 18 años de Ley es que se ha atendido a 3.699.000 personas, según los Directores de Servicios Sociales, aunque a finales de 2024 eran 1.644.518 las personas que tenían reconocida su dependencia y 1,5 millones los que recibían alguna ayuda o servicio. Pero el sistema sigue con problemas de fondo, provocados básicamente por los recortes (-6.321 millones de euros entre 2012 y 2020) El 1º, los enormes retrasos en el reconocimiento de la dependencia: la media de resolución de los expedientes es de 330 días, cuando la normativa establece que no deberían demorarse más de 180 días. Y hay 5 autonomías con gran demora: Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514), Galicia (387) y Asturias (339 días), según los Directores de Servicios sociales. Y sólo cumplen el plazo legal Ceuta (57 días), Castilla y León (126) y País Vasco (128 días).

Pero los dependientes y sus familias esperan mucho más para recibir una ayuda o un servicio, porque después de que les reconozcan su derecho, todavía esperan a que sea efectivo su Plan de atención (PIA) y a que les llegue efectivamente la ayuda o servicio (el “limbo de las listas de espera”. Así, a finales de 2024, hay 291.649 dependientes en espera, “desatendidos”: 136.954 pendientes de valoración, otros 23.612 con un Plan aprobado pero no efectivo y 131.083 con derecho reconocido pero sin recibir una ayuda o servicio (en “el limbo” de las listas de espera), según el balance de los Directores de Servicios Sociales. Eso supone que están “desatendidos” el 13,3% de los dependientes que han solicitado ayuda. Pero el problema es mucho más grave en 4 autonomías: Canarias (el 41,78% de los dependientes solicitantes no tienen ayuda), Murcia (22,75%), Asturias (20,46%) y Cataluña (18,86%). Y son bastante eficientes Navarra (sólo un 2,24% dependientes desatendidos), Galicia (3,40%), Madrid (5,41%) y Cantabria (7,57% desatendidos).

Lo grave de esta desatención es que 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, con lo que muchos se mueren antes de recibir la ayuda a la que tienen derecho. Este año 2024, los Directores de Servicios Sociales estiman que morirán 35.920 dependientes esperando que les reconozcan su dependencia o recibir una ayuda o servicio reconocido. Son 98 dependientes que mueren cada día desatendidos. Y  haciendo balance de estos 18 años, estiman que han muerto casi 900.000 dependientes sin la ayuda a la que tenían derecho: 473.268 mayores a los que no se reconoció a tiempo su dependencia y otros 388.932 que sí la tenían reconocida pero que fallecieron en las listas de espera. Una cifra dramática que muestra el gran fracaso del sistema, a pesar de sus avances.

El 2º grave problema es que el sistema de Dependencia no ofrece una ayuda o servicio de calidad a los dependientes que sí las reciben. Año tras año, las autonomías han buscado vías para atender a más dependientes gastando poco, con servicios “low cost”. Tras estos 18 años, la ayuda más extendida es la prestación económica a las familias con un dependiente: se les paga una cantidad mensual (baja) y “así se cumple”. La reciben 627.450 beneficiarios, el 41,4% de las personas atendidas, aunque sólo supone el 15,8% del coste total. Y eso, porque la ayuda oscila entre los 180 euros mensuales (Grado I), los 315,90 euros (Grado 2) y los 455,40 euros de media (Grado III), aunque hay grandes diferencias por autonomías. El 2º servicio que más se presta (y el más barato) es la teleasistencia, que reciben unos 500.000 dependientes. El tercero, la ayuda a domicilio, que reciben unos 350.000 beneficiarios. Y crece la prestación vinculada al servicio, un cheque (de 100 a 200 euros, según autonomías) para que las familias contraten servicios: lo reciben el 15% de dependientes, pero casi la mitad en Extremadura , un tercio en Castilla y León y el 27% en Canarias.

En cambio, el servicio más demandado, la ayuda para una residencia, sólo la reciben el 12,2% de los dependientes, básicamente porque es la asistencia más cara (supone el 42,2% del gasto total). Y eso que no sale barata para el dependiente: si la financia totalmente, paga el 86% de sus ingresos (pensión). Y si tiene ayuda, el pago se reparte entre la autonomía y el Dependiente (mínimo 950 euros/mes y máximo 1.911 euros). Aunque el mayor problema es que no hay plazas concertadas en muchos lugares y han de esperar y recibir otra ayuda.

Esta penuria de ayudas y servicios se explica porque cada vez se gasta menos por dependiente, para “atender a más con poco”: el gasto por dependiente atendido ha bajado de 8.145 euros en 2010 a 7.341 en 2015, 6026 en 2020 y 5.982 euros por persona en 2024, a pesar del fuerte aumento de la inflación estos años. Y aunque cada vez hay más viejos y dependientes, España sólo gasta 181,31 euros por habitante en Dependencia, el triple que en 2009 (61,91 euros), pero poco más que en 2019 (151,24 euros). Y hay sólo 4 autonomías que gastan en Dependencia más que la media: Castilla y León (250 euros/habitante), País Vasco (209), La Rioja (207) y Andalucía (199). Están a la cola Canarias (91), Navarra (109), Baleares (112), Murcia (119), Asturias (127), Aragón y Galicia (128 euros/habitante).

Al aprobarse la Ley de Dependencia, el objetivo era que el gasto publico se repartiera entre el Estado central y las autonomías, mitad cada uno. Así fue en 2009 (52,5% Estado y 47,5% autonomías), pero con los recortes se rompió el equilibrio y el Estado sólo aportó el 25,6% de la financiación pública en 2012 y el 19,5% en 2019 y 2020. Con el Plan de Choque, la aportación del Presupuesto estatal subió al 28% en 2021 y al 39,6% en 2024 (las autonomías todavía aportan el 60,4% público restante). Con todo, los usuarios, las familias de los dependientes, cada vez pagan más (copagos): si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del gasto total en Dependencia, en 2024 pagan ya el 20,2% del gasto (las autonomías pagan el 49,6% y el Estado central el 30,1% restante).

Con todo, el gasto total en Dependencia, tras 18 años de Ley, es bajo: 11.073 millones de inversión en 2024, sólo el 0,8% del PIB. Una cifra mínima si se la compara con las otras tres “patas” del Estado del Bienestar: 190.687 millones gastados en Pensiones, 99.347 millones en Sanidad o 63.380 millones en Educación). Y además, la inversión en Dependencia (mínima) es muy rentable en empleo (se han creado 355.000 empleos y por cada millón invertido en dependencia se crean 40 empleos) y en ingresos para el Estado (revierte el 40,7% del gasto hecho en impuestos y cotizaciones: 3.550 millones sólo en 2024).

Cara al futuro, los expertos coinciden que la Ley de dependencia necesita un impulso político, para dotarla de más recursos y menos burocracia. Sólo acabar con las listas de espera costaría 1.750 millones de euros. Pero además, el Estado central y las autonomías deben aportar más, para cubrir la demanda potencial: hay 2 millones de personas que han solicitado ayuda a finales de 2024, pero 6,3 millones de españoles son potencialmente dependientes. A medio plazo, habría que gastar 20.000 millones en Dependencia (frente a los 11.000 actuales). Pero no es sólo cuestión de dinero: urge agilizar “el disparatado proceso burocrático en las solicitudes” creado por las autonomías, con más personal y menos burocracia, reduciendo los procesos administrativos y el papeleo que se exigen ahora a las familias de los dependientes.

A final, mucho hablamos de los problemas de la sanidad, la educación y las pensiones y poco de la Dependencia, de una Ley que reconoce unos derechos pero que no puede garantizarlos, por falta de recursos y voluntad política. Urge dar un impulso a las ayudas a los dependientes, para que sean dignas y suficientes, para que no sigan muriéndose mayores sin ser atendidos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

5,5 millones de españoles viven solos

En más de la cuarta parte de los hogares españoles viven personas solas: hay 5,5 millones de hogares unipersonales en 2024, casi el doble que en 2003. Y casi la mitad de estos españoles que viven solos son mayores de 65 años, las tres cuartas partes mujeres. Eso agrava la salud de nuestros mayores y provoca depresiones y otras enfermedades, mientras apenas reciben ayuda en casa. Pero la soledad no deseada no sólo afecta a los que viven solos (algunos porque quieren), también a toda la sociedad: el 20% de los españoles se sienten solos, en especial jóvenes (aunque tengan familia y estén digitalmente conectados)  y mayores de 75 años. Esto provoca problemas mentales, suicidios y depresiones, con un alto coste sanitario y económico. El Gobierno ha prometido una Estrategia contra la Soledad no deseada que no llega, mientras autonomías y ayuntamientos toman medidas descoordinadas. Los expertos piden mejorar los mecanismos de detección y más recursos para paliar la soledad no deseada, una pandemia de nuestro tiempo.

                   2.450.000 mayores viven solos en España

Entre los grandes cambios que ha sufrido España en las últimas décadas está la forma de vida, el tipo de familia que se crea: hemos pasado de hogares con muchos miembros (padres, hijos y abuelos) a hogares con menos personas. Así, el tamaño medio de los hogares ha pasado de 3,82 miembros (1970) a 2,54 (2021) y 2,41 personas por hogar en 2024, según el INE. Y actualmente, de los 19.370.408 hogares que hay en España, según el Censo del 1 de julio de 2024, el hogar más frecuente es la vivienda donde viven 2 personas (5.576.100, el 28,78% del total), pero le siguen muy de cerca los hogares una persona sola : son ya 5.452.100 hogares unipersonales, el 28,14% del total. Y les siguen lejos los hogares con 3 personas (3.877.021) y los que tienen 4 o más personas (4.464.644 hogares).

Lo más llamativo es el salto que han dado los hogares unifamiliares, donde viven personas solas: eran 3 millones en 2003 y casi se han duplicado hasta los 5,45 millones actuales. Eso se debe, básicamente, al progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida (de 79,70 años en 2003 y 84,12 años en 2024), junto al cambio en las relaciones sociales, con un aumento de separaciones y divorcios, así como de personas que eligen vivir solas. El mayor número de hogares unipersonales se registra en Andalucía (910.000), seguida de Cataluña (828.230), Madrid (687.683), Castilla y León (370.429), Galicia (345.912), Castilla la Mancha (240.156) y Canarias (234.311 hogares unipersonales), según el INE. Pero si miramos las autonomías con más peso de estos hogares, el mayor porcentaje de personas que viven solas se da en Castilla y León (35,16% de los hogares, frente al 28,14% de media en España), Asturias (33,96%), La Rioja (31,9%), Extremadura (31,2%), País Vasco (31%) y Cantabria (30,69%), la mayoría regiones con mucha población mayor. 

Y eso, porque casi la mitad de los que viven solos son mayores de 65 años: en 2020, el último año donde el INE publica datos detallados, el 43,64% de los que vivían solos tenían 65 años o más, un porcentaje que había aumentado desde 2013 (cuando eran el 40,92% de los que vivían solos). Así que ahora, en 2024, puede estimarse que el 45% de los que viven solos son ya mayores: 2.450.000 mayores que viven solos, 645.000 más que en 2013. Y además, la amplia mayoría de estos mayores solos son mujeres (viudas en su mayoría, porque la esperanza de vida de las mujeres, 86,20 años, es muy superior a los hombres, que está en 80,74 años): en 2020, las mujeres que vivían solas suponían el 71% de hogares unifamiliares y hoy se estima que las mujeres serán el 75% de los que viven solos.

Los datos son muy llamativos sobre el avance de los hogares unifamiliares en las últimas décadas, pero España es uno de los paises europeos con menos porcentaje de personas que viven solas, también mayores. El porcentaje de viviendas unifamiliares en España (28,14% del total) es alto, pero se supera en Centroeuropa y sobre todo en los paises nórdicos, donde oscila entre el 25 y el 35% de los hogares, según Eurostat. Y sobre todo, el porcentaje de población que vive sola es mucho menor en España: suponen el 10,3% de la población total, frente al 14,8% de media en la UE-27, el 20,9% en Alemania, el 21,2% en Finlandia o el 22,2% que viven solos en Dinamarca, según datos del INE.

Lo mismo pasa con los mayores. En España, el 25,2% de los mayores de 65 años viven solos, un dato muy preocupante, pero inferior al porcentaje de mayores que viven solos en toda la UE-27 (el 32,5%), en Francia y Alemania (el 36,2% de los mayores viven solos), Reino Unido (34,8%) o Italia (28,5%), aunque el porcentaje de viejos solos es menor en Chipre (16,6%), Grecia (24,4%), Eslovaquia (24,5%) y Portugal (24,8%), según el INE. En todo el mundo, se estima que 1 de cada 7 personas mayores de 60 años viven solos (el 14,2%), pero el reparto es muy desigual: hay más mayores viviendo solos en Norteamérica y Europa (en torno al 35%) y muchos menos en Asia, Latinoamérica y África  (en torno al 10%).

Muchos de las casi 5,5 millones de españoles que viven solos lo han elegido así, porque se han emancipado, están solteros (casi 400.000) y no tienen pareja, están casados pero viven solos (120.000)  o se han separado (86.000)  y divorciado (200.000 de los que viven solos). Pero casi la mitad, esos 2,45 millones de mayores que viven solos están en esa situación, mayoritariamente, porque están viudos/viudas (1.400.000), así que no les queda más remedio que vivir solos (o “repartirse” entre sus hijos o ir a una residencia).

El mayor problema reside pues en la soledad no deseada de los mayores, que va a ir a más, porque en las próximas décadas se van a jubilar (y morir) los españoles nacidos con el “baby boom” (entre 1960 y 1975). La previsión es que si hoy, un 20,4% de los españoles tienen más de 65 años (y una cuarta parte viven solos), en 2055 serán mayores el 30,55% de los españoles, según las proyecciones del INE. Así que la soledad de los mayores aumentará en los próximos años, agravándose con ello los problemas que causa.

El grave problema que tienen los mayores que viven solos es su “aislamiento social”, la menor relación con familiares, amigos y vecinos: un estudio de la Junta de Andalucía reveló que los mayores que viven solos tienen hasta 4 veces más de aislamiento social que el resto. Y este mayor aislamiento social supone  un grave riesgo para la salud de los mayores solos: todos los estudios nacionales e internacionales insisten en que esta soledad no deseada provoca depresión, ansiedad y trastornos del sueño, problemas de movilidad (salen menos a la calle) y caídas), problemas de concentración y deterioro cognitivo, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ictus y diabetes, además de deficiencias nutricionales (les da pereza cocinar y hasta hacer la compra), además de tener más problemas para cumplir con la medicación (aunque en las farmacias les ayudan con los pastilleros…). Y en ocasiones, esta soledad no deseada lleva a los mayores al abandono y al suicidio: en 2023, de los 3.952 suicidios registrados por el INE, el 30,2% (1.194) fueron de mayores de 65 años.

Pero el problema de la soledad no deseada no afecta solo a los mayores. Vivimos en una sociedad donde “cada vez hay más gente que se siente sola, aunque viva acompañada”. Ya no se trata sólo de la típica viuda, sino de muchos de sus hijos y sobre todo nietos. De hecho, el último Barómetro de la Soledad no deseada en España, publicado en junio de 2024 por la ONG Soledad.es y la ONCE, alerta que 1 de cada 5 españoles encuestados (el 20%) sufren “soledad no deseada” (el 21,8% de los hombres y el 18% de los hombres). Y además, 2 de cada 3 de estas personas que se sienten solas “llevan en esta situación más de 2 años”. Y la soledad se siente más entre las personas que viven solas (el 34,5% de los afectados viven en hogares unipersonales) que en el resto de hogares (17% se sienten solas).

Lo más llamativo de este Barómetro es que quienes se sienten más solos son los jóvenes: sienten soledad no deseada el 34,6% de los jóvenes de 18 a 24 años. Y además, un 27,1% entre 25 y 34 años y un 20,8% los que tienen entre 35 y 44 años, bajando a partir de esa edad la sensación de soledad, incluso a partir de los 65 años (solo el 14,5% de los que tienen entre 65 y 74 años se sienten solos y un 20% de todos los mayores de 75 años). Choca esa sensación de “soledad no deseada” en las generaciones más conectadas y con más relaciones, aunque los expertos alertan de que muchas de las relaciones juveniles son digitales, a través de las redes sociales y “no les llenan” afectivamente. El Barómetro revela también que la soledad es mayor en las personas con menos formación, en los hogares con menos recursos y en las ciudades (en los mayores, en las zonas rurales).

Para muchos expertos, la “soledad no deseada” es una de las pandemias de nuestro tiempo, en todo el mundo y también en España. Y afecta muy negativamente a la salud, aumentando la depresión y las enfermedades mentales, así como el consumo de alcohol, drogas, ansiolíticos y antidepresivos. Y tiene también un efecto directo en la economía, al aumentar las bajas laborales y reducir el interés por el trabajo y la productividad. Por todo ello, algún estudio señala que el coste económico de la soledad no deseada alcanza los 14.141 millones de euros anuales (el 1% del PIB español), una parte por costes en sanidad (5.600 millones) y medicamentos (500 millones) y por pérdida de productividad (8.041 millones). Con todo, el mayor coste es el deterioro de la calidad de vida y las muertes y suicidios inducidos.

¿Qué se puede hacer?  La primera receta en la que coinciden la mayoría de expertos es detectar y prevenir la soledad no deseada, algo que exige especialistas y medios, que no existen ni en la sanidad pública ni en la enseñanza o las empresas. Sería importante formar a los médicos de familia y crear unidades de detección de la soledad no deseada en los Centros de Salud, así como en Colegios, Institutos y Universidades. Y en las empresas, dentro de una política integral de detección de riesgos laborales. Y a partir de ahí, contar con medios y profesionales para atender a los afectados, algo escaso en la mayoría de las autonomías y ciudades donde hay más soledad no deseada.

Con todo, la prioridad debe ser atender la soledad de las personas mayores, esos millones de mayores que se levantan cada día sin ver a nadie y con la única compañía de la radio o la TV. Que se encierran en casa y no salen casi a andar o hacer la compra y no hablan con los vecinos (que a veces dan la alarma porque no les ven y es porque han muerto…). Estas personas mayores solas requieren algún tipo de atención y ayuda pública, aunque hoy está centrada en los mayores dependientes, los que tienen problemas para valerse por sí mismos. Pero la ayuda a la Dependencia es escasa: hay 1.471.946 Dependientes (mayores y jóvenes) que reciben alguna ayuda, la mayoría una pequeña aportación para  un cuidador o la familia. Y sólo hay 496.887 que reciban teleasistencia, 344.899 que reciben ayuda a domicilio (unas pocas horas a la semana) y 107.163 Dependientes que acuden a Centros de Día… Medidas que ayudan pero son insuficientes.

El Gobierno, a través del ministro de Asuntos Sociales (Pablo Bustinduy) ha anunciado en varias ocasiones que “prepara” una Estrategia para combatir la soledad no deseada, pero no acaba de aprobar nada. Y si no consigue aprobar el Presupuesto 2025, no habrá nuevos recursos para ello. Mientras, el ministro ha pedido “un amplio consenso” entre las distintas administraciones y organizaciones sociales, porque cada uno trabaja a su aire: hay muchas autonomías, Ayuntamientos y ONGs que tienen Planes para combatir la soledad no deseada, sobre todo de los mayores. Pero falta un Plan que fije prioridades, que tenga recursos y que coordine actuaciones. Porque hoy por hoy depende de cada región y de cada ciudad. Así, en Madrid (donde hay 276.000 mayores que viven solos), la Comunidad tiene un programa de atención a mayores solos y el Ayuntamiento otro, mientras múltiples ONGs y voluntarios ayudan y acompañan a mayores solos. Y la Diputación de Guadalajara, con ACCEM y Cruz Roja, reparten comida a los mayores que viven solos en zonas rurales…

Hace falta un Plan estatal contra la soledad no deseada, apoyado por autonomías, Ayuntamientos y ONGs. Pero sobre todo hay que detectar y valorar el alcance del problema, establecer prioridades y tomar medidas, con dinero y personal. Por justicia, por salud física y mental y también porque nos ahorraríamos muchos costes. Pero no parece que este sea un problema importante para nuestros políticos, desde el Estado a autonomías y ciudades. Y mientras, nuestros mayores (y muchos de nuestros jóvenes) sufren una soledad aplastante y angustiosa, muy preocupante. Es otro gran contrasentido: vivimos en una sociedad desarrollada, con un alto nivel de vida y cada vez más solos. Tremendo.

Dependencia: 11 autonomías "hacen caja"

En 2021 se aprobó un Plan de Choque donde el Estado central aportó un 44% más de fondos a la Dependencia, para reducir la lista de espera y mejorar servicios. Pero 11 autonomías aprovecharon estos recursos extras para gastar ellas menos, para “hacer caja” y gastar en otras cosas en vez de atender a mayores y dependientes: Cataluña “ahorró” 55,1 millones y Canarias otros 43,6 millones, cuando tienen más de un 26% de dependientes “en lista de espera”. Un escándalo. Al final, hay casi 200.000 dependientes en espera para recibir una ayuda que tienen legalmente reconocida. Y se mueren 127 mayores dependientes cada día esperando esta ayuda o la resolución de su expediente. Además, hay autonomías con más espera (Cataluña, la Rioja, Canarias) y 10 suspenden en su atención a la Dependencia, básicamente porque gastan menos. Urge forzar a las autonomías a gastar más y no querer ahorrar con nuestros dependientes. Sobre todo, porque cada día somos más viejos y se van a duplicar los dependientes.

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de 2012, con los recortes que aprobó el Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de 2021, Gobierno y autonomías pactaron un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con un compromiso de dedicar 3.600 millones más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.

El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la Dependencia 1.992 millones de euros, un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más escandaloso: 11 autonomías aprovecharon que el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines. Los casos más llamativos fueron Cataluña (gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6 millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia (-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).

En los casos de Cataluña y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es más escandaloso porque son las dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611 murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias “esperan” la ayuda reconocida el 26,25% de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje de listas de espera: el 28,30% de sus dependientes en abril, según el IMSERSO.

El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto estatal: no se han gastado y Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la completa con otra (porque gasta menos), esa ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan de choque. Es que, por ello, no se han cumplido varios de los objetivos del Plan. El primero, reducir las listas de espera en 60.000 dependientes en 2021: sólo se ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º objetivo, extender la teleasistencia a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825 dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000 dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la prestación más importante, la que reciben las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51 euros al mes (de 239 a 236,49 euros).

Así que el Plan de choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del Estado ha sido importante, pero todavía hay una “dejación” del Estado central, que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública de la Dependencia debía ser paritaria: 50% lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto público en Dependencia bajó al 23,5% en 2013 y a un mínimo del 19,4% en 2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el Plan de choque, en 2021, el Estado central sólo financió el 27,3% del gasto público en Dependencia y las autonomías el 72,7% restante.

Las autonomías, que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399 en abril  de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos recursos. Para afrontar el reto, las autonomías han aplicado 3 “trucos”: dilatar en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona (la mayoría, mayores), retrasar lo más posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera: 194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el gasto. Veámoslos.

El primer “truco” es dilatar los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para reconocer una prestación era de 421 días, según los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia, como otra manera de “rebajar grados” y ahorrar…

El 2º truco para ahorrar es retrasar la concesión de la ayuda a los que ya se les ha reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica, una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En 2015, había 384.326 dependientes en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en 2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un mínimo de 193.436 en diciembre de 2021, una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en abril de 2022).

El problema de la lista de espera ya no es sólo que se priva de recibir una ayuda pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen 80 años o más) y muchos dependientes se mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021 murieron 46.300 dependientes esperando que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”… Tremendo.

El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década, han desarrollado servicios de bajo coste (“low cost”) que engañan las estadísticas: hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la teleasistencia (el servicio más barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes que reciben atención en una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio (11,2% de los beneficiarios).

La mayoría de los dependientes (480.000) reciben una ayuda a sus familias para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1, 240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa). El 74,2% de los cuidadores familiares son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre el cheque para contratar un cuidador o una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que supone para su familia un tercio del coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra plaza).

Precisamente, las familias con mayores o personas dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en los últimos años. Si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del coste total de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya financiaban el 20,5% del sistema (otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de Servicios Sociales. Y ahora, en 2021, las familias ya pagan el 21,3% de los gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%) mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).

Vistos los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en estos 15 años es muy deficiente y problemática. Y además, es muy desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117 días en Castilla y León) y en las listas de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia (4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la gestión, pero sobre todo con el gasto en dependencia, donde hay tremendas diferencias: el País Vasco gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura, 10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el doble que las que menos gastan, Castilla y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y Canarias (6.893 euros).

Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En el de 2021, sólo 9 autonomías aprueban, 4 de ellas con notable: Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid (7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10 regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos rojos”,  Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).

Este año 2022, el Presupuesto del Estado gastará otros 1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado (que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos, como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay que hacer cambios, para conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias, Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia, ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.

Gobierno y autonomías deberían volver a sentarse y pactar otro Plan de Choque, para resolver los problemas de fondo que tiene el sistema de la Dependencia y que revelan los distintos informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa (4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica o 1,7% en Francia). El objetivo, según algunos expertos, debería ser gastar el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año, frente a los 9.558 millones de 2021.

En resumen, la Dependencia debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es muy rentable, porque se recupera una parte importante en cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo que convierte la economía de los cuidados en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.