Protestas del campo: razones y sinrazones

Los agricultores han sacado sus tractores por toda España y media Europa para protestar por su difícil situación y pedir ayudas y cambios. Tienen muchos motivos razonables para quejarse: bajos ingresos, producir a pérdidas mientras los precios engordan camino del súper, importaciones masivas de alimentos más baratos y con menos controles, daños por la sequía y competencia de grandes empresas. Otras quejas son menos razonables: exigencias medioambientales y de bienestar animal, abandono de Europa y los Gobiernos (la PAC gasta en el campo un tercio del Presupuesto UE), exceso de burocracia (las ayudas hay que controlarlas) y negativa a acuerdos comerciales con terceros paises (que facilitan exportaciones europeas). El problema de fondo es que el campo necesita una profunda reconversión, que exige incorporar jóvenes, inversiones, tecnología y cambios en los cultivos y la gestión, agrupándose en cooperativas fuertes que negocien precios. Y, además, que agricultores y ganaderos se sientan valorados y no abandonados por la cultura urbana dominante. Los móviles no se comen. 

              Protesta agricultores febrero 2024

En los últimos 70 años, España ha pasado de ser un país agrícola a uno de servicios, con el campo perdiendo peso en la economía y el empleo. Basten tres datos. Uno, la caída drástica de la aportación de la agricultura al PIB español: de suponer el 29,9% de la economía en 1950 cayó al 11,3% en 1970, al 5% en 1990, al 4% en el año 2000 y al 2,34% en 2022. Dos, otra caída drástica en el número de explotaciones agrarias: de tener 2.690.000 en 1976 se pasó a 1.420.300 en 1990, a 1.289.451 en 1999, a 989.796 en 2009 y a 914.871 explotaciones agrarias en 2020. Y tres, la caída del empleo en el campo, incluso en este siglo: de 813.200 ocupados en 2008 (de ellos, 432.300 asalariados) se pasó a 793.900 en 2019 (499.300 asalariados) y a 770.700 ocupados en el campo en 2023 (477.000 asalariados).

Aunque los agricultores paralicen carreteras y ciudades con sus tractores y protestas, su poder real en la economía es cada vez menor y lo saben, mientras el resto de españoles no valoran suficiente que nos den de comer cada día. Pero, sobre todo, los agricultores y ganaderos saben que trabajan 365 días, sin horarios ni vacaciones, y que sus ingresos son más bajos que los del resto del país. Por un lado, la renta agraria es un 40% inferior a la media española. Y por otro, hay una gran desigualdad (en toda Europa) entre la renta de la población rural (el 75% de la media) y la renta de los que viven en las ciudades (125% de la renta media). Así que el campo sufre “un agravio de ingresos”. Pero además, sienten “un agravio subjetivo” frente a la ciudad, se sienten “abandonados” por la sociedad y los políticos, por unas élites urbanas que no valoran su papel económico y social. Dos agravios, económico y vital, que están detrás de estas protestas del campo.

Pero, además, hay problemas concretos que sufren en su trabajo y que han sacado a las calles en pancartas y declaraciones: sus “razones” para la protesta, unas más justificadas que otras, según analiza este excelente artículo de Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y profesor del CSIC. Repasémoslas.

La primera razón de las protestas agrarias es que las cuentas del campo se han deteriorado en los dos últimos años, con la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Los datos revelan que los costes (energía, fertilizantes, forraje, financiación, sueldos…) les han subido mucho más (un 20% de media) que los ingresos, porque apenas han podido repercutirlos en los precios que cobran y además han producido mucho menos, por la sequía y las malas cosechas. La producción agraria cayó un -5,5% en 2022 y ha crecido un +11% en 2023, gracias a que los costes se han moderado y han subido algunos precios. Pero sigue habiendo agricultores y ganaderos que producen “a pérdidas” o con una mínima rentabilidad. Y mientras, los consumidores pagamos los alimentos en los súper mucho más caros.

Los que tienen ganado o un cultivo protestan con razón de que los alimentos suben y ellos no reciben más por su trabajo, porque el beneficio se queda por el camino, entre los grandes distribuidores, el transporte, las fábricas de alimentos y los súper. Por eso piden que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021 para regular el proceso e impedir que agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Se quejan de que no se cumple y que la Agencia de Información y Control alimentario no publica datos de costes y precios ni inspecciona suficiente ni pone multas ejemplares. Quien publica datos mensuales es la organización agraria COAG, cuyo Observatorio de Precios revela que, este enero, los precios agrícolas que pagamos en el súper fueron 4,17 veces los que cobraban los agricultores. Y 3 veces los productos ganaderos. Hace un año, en enero de 2023, pasaba algo parecido: pagábamos los alimentos 4,50 veces más y las carnes 2,93 veces más que pagan al campo. Hay ejemplos escandalosos: el limón (nos cuesta 9,8 veces lo que cobra el productor), el plátano (8,33 veces), la patata (5,72 veces), el tomate (3,92 veces), la ternera (3,86 veces), el cerdo (3,89 veces), el pollo (2,76 veces), la leche (1,77 veces) o los huevos (1,47 veces).

El segundo motivo de las protestas es la competencia “desleal” de los alimentos que se importan de fuera de Europa “sin control”, una pancarta con “razones” y “sinrazones”. Por un lado, es verdad que las importaciones agrícolas se han disparado (de 28.700 millones en 2013 a 54.100 millones en 2022, un +88,5%), pero la mayoría son alimentos que vienen de Francia (4.734 millones), Paises Bajos (3.583 millones), Alemania (3.185 millones), Portugal (3.007 millones) e Italia (2.407 millones) y son menores las compras a Brasil (3.973 millones), China (2.130 millones), EE. UU. (2.033 millones), Marruecos (2.108 millones) y Ucrania (1.890 millones). Y no dicen que, en paralelo, España se ha convertido en el 4º mayor exportador de alimentos de Europa: hemos pasado de vender fuera 37.600 millones en 2013 a 68.000 millones de euros en 2022, un +80,85%), alimentos producidos en el campo español y que se venden en Europa, pero también en USA, China y Marruecos (1.063 millones).

Además, no es verdad que estos alimentos extranjeros entren en España “sin control”: Agricultura controla las importaciones, el origen, la calidad y los productos fitosanitarios que contienen, que han de cumplir las normas europeas. Concretamente, en el puerto de Algeciras, donde llegan un tercio de los alimentos importados, se controlan cada día contenedores y camiones (ver noticia TVE). Una crítica justificada es que este control es menor en Europa, donde apenas se controlan las entradas masivas por Holanda y donde la mayoría hacen controles a los alimentos importados en los mercados, no en frontera como España.

Otra petición de los agricultores estos días es que Europa no firme acuerdos de libre comercio con terceros paises, porque perjudican a los agricultores al facilitar (bajando o suprimiendo aranceles) la llegada de alimentos extranjeros. Las organizaciones agrarias europeas presionan para que la Comisión no firme el Tratado de libre Comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), tras haberse ratificado en diciembre el Tratado con Nueva Zelanda y mientras se negocian otros Tratados de la UE con Chile, México, Kenia, India o Australia. Y critican el Acuerdo de Asociación con Marruecos, que entró en vigor en 2020, y las facilidades de entrada a los productos de Ucrania, tras la invasión rusa.

Aquí, las pretensiones agrarias de volver al proteccionismo alimentario no son razonables. Primero, porque la producción agrícola europea no alcanza para alimentarnos y necesitamos importaciones. Y en el caso de Ucrania, ha sido otra forma de ayudarles. Segundo, porque esos Acuerdos comerciales que firma la UE con terceros paises permiten a las empresas europeas invertir y vender fuera, manteniendo empleos europeos no agrarios, desde la industria a los servicios. Y tercero, porque cuando hablan de “competencia desleal”, están hablando de alimentos que son más baratos, básicamente, porque los sueldos en el campo en esos paises son mucho más bajos: un trabajador en Marruecos, por ejemplo, gana 300 euros (los niños, que allí trabajan, menos) y en España 1.134 euros de SMI .Y el 70% del coste de un tomate es mano de obra. Se puede intentar poner “clausulas espejo”, obligar a que los fertilizantes, pesticidas y las condiciones laborales de paises terceros sean similares (algo difícil de conseguir), una medida que apoyan España, Francia y paises del Este, pero no la mayoría de Europa (priorizan el abastecimiento) ni la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otra queja de los agricultores es que Europa y los Gobiernos “les abandonan”, no les ayudan. Tampoco es razonable. Si hay un sector “mimado” por los Presupuestos europeos es el campo, desde que en 1962 se puso en marcha la PAC (ver historia y objetivos), para asegurar el suministro alimentario y consolidar las zonas rurales. En 2021, la PAC aportó al campo europeo 98.107 millones de euros en ayudas directas (55.713 millones) e indirectas, el 33% de todo el Presupuesto UE. España fue el 2º país receptor (ver reparto por paises) de todas estas ayudas agrícolas europeas (11.871 millones, el 12,1% del total), tras Francia (16.092 millones, el 17,1%) y por delante de Alemania (11,2%), Italia (10,5%) y Polonia (8,8%). Para el periodo 2021-2027, la PAC aportará al campo europeo 386.602 millones de euros (45.000 para España), un 31% del Presupuesto UE.

Así que no están abandonados. De hecho, un tercio de los ingresos que obtienen los agricultores europeos (y españoles) vienen de la PAC. Otra cosa es que esta ayuda básica haya estado mal repartida: hasta 2022, en España, el 20% de agricultores más ricos se han llevado el 80% de las ayudas PAC. Y el 2% de agricultores se llevan las ayudas más altas (entre 50.000 y más de 500.000 euros), mientras el 70% de agricultores y ganaderos reciben menos de 5.000 euros. Algo que se pretende cambiar desde 2023, con una reforma de la PAC, que vincula más las ayudas a los rendimientos y características de las explotaciones agrarias.

Una queja generalizada en estas protestas agrarias ha sido la crítica a las “exigencias medioambientales” desmedidas que se imponen al campo europeo: restricciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, rotación de cultivos, 4% de tierras en barbecho, obligación de dejar pastos permanentes, no quema de rastrojos, protección de humedales, bienestar animal… En general, muchos agricultores se quejan (apoyados por VOX y parte de la derecha “negacionista climática”) del papel que les obligan a tomar en la defensa del medio ambiente (a cambio de las ayudas de la PAC), exigencias que consideran “exageradas” y que les obliga a dedicar tiempo a tareas burocráticas, como el llevar al día un “cuaderno digital de la explotación”, para facilitar el seguimiento de la PAC (y controlar las ayudas).

Veamos por qué algunas de estas posturas no son “razonables”. En primer lugar, los agricultores deberían ser los primeros interesados en cuidar el medio ambiente, porque el campo europeo está muy deteriorado, por la desertificación y la falta de lluvias: entre el 60 y 70% del suelo europeo está muy deteriorado, según la Agencia Europea del medio Ambiente, y la aridez ha aumentado un 84% en España, con un tercio de los suelos desérticos en Murcia y Almería. Se están perdiendo cultivos y especies y la falta de agua es un mal endémico en todo el sur de Europa. Por ello, parece razonable reducir el uso de productos químicos y fertilizantes, apostar por cultivos que utilicen menos agua y cuidar al máximo los ecosistemas, sobre todo ante la imparable crisis climática. Y para ello, agricultores y ganaderos deben ser protagonistas claves, los primeros “agentes ecológicos”. Otra cosa es ayudarles en su tarea, flexibilizando exigencias y tareas burocráticas, para lo que deberían agruparse. Y en el caso de la sequía, modificar el sistema de seguros agrarios, para que abarquen a más cultivos y a más explotaciones, con ayudas públicas y reconversión de cultivos.

Y luego hay un tema que el campo no destaca en sus protestas, la necesaria reconversión y modernización del campo español (y europeo). De las 914.871 explotaciones existentes, el 51,5% son muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas, y les resulta muy difícil competir con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas (las “macrogranjas), que tienen cada día más poder en la elección de cultivos y en la fijación de precios. Además, 7 de cada 10 explotaciones tienen al frente a un hombre, en su mayoría mayor (el 41% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años), con lo que hay pocas mujeres y jóvenes. Urge una renovación generacional del campo, que modernice explotaciones y aporte las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías, mejorando la baja productividad de las explotaciones (1.183 euros por Ha., 400 euros menos que en Francia o Alemania). Un “nuevo agricultor”, más profesionalizado y que invierta más, con ayuda de otros: el cooperativismo, la agrupación de productores es clave para competir mejor con los grandes y con los intermediarios.

Hasta aquí el análisis de las razones y sinrazones de las protestas del campo. Pero no olvidemos que es una protesta “patronal”, de empresarios y autónomos, no de los trabajadores del campo, que están mucho peor que los dueños para los que trabajan. En España hay 477.800 asalariados del campo, una cuarta parte extranjeros (22,9%) o con doble nacionalidad (2,9%), que trabajan en condiciones muy precarias: muchas horas (39,6 frente a 36,7 el resto trabajadores), con más contratos temporales (37,6% frente al 16,5% de media), peores sueldos (1.477 euros de media, los terceros más bajos tras la hostelería y las empleadas del hogar) y más muertes (72 en 2023). Y muchos inmigrantes trabajan en el campo, como temporeros, en condiciones penosas y sin contrato, denunciadas por la ONU.

En resumen, muchas de las protestas del campo pueden y deben ser atendidas, con las propuestas que España llevará al Consejo de Agricultura europeo del 26 de febrero: más información de precios y costes, más control importaciones y más flexibilidad con “el cuaderno digital de explotación” y algunas exigencias medioambientales de la PAC. Pero cuando vuelvan con sus tractores a casa, agricultores y ganaderos tendrán que afrontar el problema de fondo: rejuvenecer y modernizar sus explotaciones, agruparse más en cooperativas, renovar cultivos y producciones, adaptándose a la sequía y el medio ambiente. No podemos seguir cultivando aguacates en el país con menos lluvia de Europa. Hay que profesionalizar más las tareas agrícolas, con más tamaño e inversión, para aumentar la productividad y mejorar la calidad de los alimentos, que necesariamente tendremos que pagar más caros. No es de recibo que dos tomates cuesten menos que un café o una cerveza. Habrá que pagar la comida por algo más de lo que valga producirla con calidad y ecología. Hagámonos a la idea.  

La carne, un negocio millonario

La polémica de las macrogranjas tiene detrás al potente negocio de la carne en España, que mueve 50.000 millones de euros y emplea a 2,5 millones de personas. Un negocio millonario que se inicia en las enormes granjas de cerdos (53 millones) y ovejas, donde España es el primer productor europeo, pollos (700 millones: somos el 2º productor)  o de vacuno, donde somos el tercero. Y sigue en los mataderos e industrias cárnicas, la 4ª mayor industria española. Una parte de esta carne acaba en nuestra mesa (somos los más “carnívoros” de Europa) pero la mayoría se exporta, sobre todo el cerdo a China, Asia y Europa, una “burbuja” que ha disparado las macrogranjas. Problemas: comer demasiada carne es malo para la salud y el medio ambiente: genera emisiones y contamina suelos y aguas, además de maltrato laboral (muchos trabajadores precarios) y a los animales. El dilema no es carne sí o no: deberíamos comer menos carne y producirla dañando menos al medio ambiente. Pero eso implica pagarla más cara.

Enrique Ortega

La carne es un sector económico muy potente en España. Empezando por su producción: a principios de 2021, la ganadería aportaba 20.901 millones de euros a la actividad agraria, el 37,4% de toda la producción del campo, según el Ministerio de Agricultura. Y si tomamos sólo la producción de carne (descontando leche y huevos), las 350.000 explotaciones de carne que hay en España facturaron 15.476 millones de euros, todo un récord, según la Plataforma Campo y Salud. Casi la mitad del valor de la ganadería la producen las 83.360 granjas de cerdos: 7.417 millones de euros facturados en 2020. Les siguen las 130.790 granjas de vacuno (facturaron 3.363 millones), las 20.754 granjas de aves (sobre todo pollos), que produjeron por valor de 2.349 millones, las 113.779 granjas de ovejas y cabras (facturaron 2.072 millones) y las 19.972 granjas de conejos (275 millones más).

Alrededor de estas explotaciones agrícolas giran una serie de negocios que también tienen una alta facturación: fábricas de piensos, empresas de sanidad animal y veterinarios, además de instaladores de granjas y maquinaria. Y a partir de ahí, otra sucesión de empresas que se generan a partir de las explotaciones ganaderas: mataderos, salas de despiece, empresas de empaquetado y congelado, procesado de carne, logística y distribución. Sólo la industria cárnica (mataderos, salas de despiece e industrias de elaboración de productos cárnicos) está integrada por más de 3.000 empresas, que facturaron 27.957 millones de euros en 2020, según la patronal Anice. Eso la convierte en la 4ª mayor industria española, tras la del automóvil, las petroleras o las energéticas. Y supone, sólo la carne, el 22,2% de toda la industria alimentaria española. Ahí no se incluye a las 24.200 carnicerías, que facturan otros 4.300 millones en 2020. Y además, la carne es la 9ª mayor partida exportadora, con unos 10.200 millones de euros vendidos fuera en 2021.

Y ya no es sólo que la carne sea un negocio millonario, es que además mantiene muchísimos empleos. En origen, unas 500.000 personas trabajan en las explotaciones ganaderas de carne, según el Ministerio de Agricultura. La industria de la carne, desde los mataderos a las fábricas de elaboración der productos cárnicos, emplea  a 119.646 trabajadores directos, más un 20% de indirectos. Y en las carnicerías trabajan otros 60.000 empleados. Son las grandes cifras de un negocio que ocupa en España a 2,5 millones de personas, según la Plataforma Carne y Salud, desde las explotaciones ganaderas, las fábricas de pienso, la industria de sanidad animal y veterinarios, el transporte de animales, los mataderos y salas de despiece, las industrias de la carne, la logística, las carnicerías, supermercados y exportadores.

El origen y motor de todo este negocio está en el campo, en la producción de carnes, que se ha disparado en los últimos años: la producción ha pasado de 3,46 millones de toneladas de carne en 1990 a 7,6 millones de toneladas en 2020 (+5,1%), batiendo récords año tras año y colocando a España en cabeza de la UE. Dos tercios de la producción de carne (el 66%) es carne de cerdo, una ganadería que tiene cifras impresionantes: 5 millones de toneladas producidas en 2020 (+8,2%), 53 millones de cerdos al año, lo que nos ha colocado ya como el primer país productor de cerdos de Europa, superando a Alemania, y el tercero del mundo (tras China y EEUU). La 2ª mayor producción de carne son las aves: 1,71 millones de toneladas, un +0,7%  (1,4 millones de pollos: se matan 700 millones al año en las granjas españolas), lo que nos convierte en el 2º mayor productor de aves de Europa (tras Polonia) y el 10º del mundo (un mercado dominado por EEUU, China y Brasil). La tercera mayor producción es la carne de vacuno: 677.296 toneladas en 2020 (bajó un -2,5%), que nos convierten en el tercer mayor productor europeo, tras Francia y Alemania. Y le sigue, en cuarto lugar, la producción de carne de ovino y caprino: 124.467 toneladas (-5,5%), que nos sitúa como el primer productor europeo (15% de la UE), tras la salida del Reino Unido (15,6%),por delante de Francia (11,2%), Grecia (9,2%) e Irlanda (8,4%).

Hasta hace unos años, el tirón de esta producción de carne era el consumo interno, el hecho de que seamos “un país carnívoro”. De hecho, las estadísticas de la FAO (ONU) colocan a España como el primer consumidor de carne de Europa y el 7º del mundo: 98,79 kilos por persona (2018), por delante de Portugal (94,68), Polonia (88,48) o Italia (81,69 kilos) y lejos de Francia (79 kilos), Alemania (78,75) o Paises Bajos (69,18 kilos). El Ministerio de Agricultura rebaja la cifra a 51,45 kilos por persona en 2020, el primer año en que ha subido el consumo (por la pandemia) tras bajar desde 2012. La carne es el mayor gasto en alimentación de las familias (se llevó el 20% del presupuesto en 2020), que consumieron 2.287 millones de kilos, por los que pagaron 15.990 millones de euros, según el Ministerio de Agricultura. Los españoles consumen la carne sobre todo fresca, aunque aumentan la transformada (27%) y congelada (2 %). La carne más consumida es el pollo (625,6 millones de kilos), seguida de los elaborados cárnicos (569,3), el cerdo (501,5 millones kg), vacuno (244, 7 millones kg), oveja y cabras (64,6 millones kg) y aumenta el peso de “otras carnes” (281,9 millones kg).

En la última década, el gran motor que ha tirado de la ganadería de carne son las exportaciones, que se han triplicado: se ha pasado de exportar 3.411 millones de carne en 2011 a 10.200 millones exportados con los que se espera cerrar 2021. En todo 2020 se exportó carne por valor de 9.842 millones de euros y en noviembre de 2021 (último dato) ya se habían exportado 9.405 millones. Con ello, la exportación de carne es la  9ª mayor partida exportadora de España, tras el automóvil (27.644 millones), las frutas (18.848 millones), la energía (15.640 millones), los medicamentos (15.520), la maquinaria (14.088), los textiles (12.434), plásticos (12,288) y aparatos eléctricos (11.218 millones). El principal destino de las exportaciones españolas de carne es China (33,5% en 2020, el doble que en 2019, por las importaciones récord de cerdo ante su epidemia de peste porcina), Francia (12,5%), Portugal (7,9%), Italia (6,8%) y Japón (4,8%).

El “boom” de la exportación de carne española se debe básicamente al cerdo (5.651 millones exportados en 2020), que supone el 58% de todas las exportaciones cárnicas, lo que ha alimentado una “burbuja” de producción y macrogranjas, convirtiendo a España en uno de los cuatro mayores exportaciones mundiales de porcino, junto a EEUU, Alemania y China. El segundo renglón exportador son los productos  elaborados: 1.148 millones exportados, sobre todo jamón, embutidos y derivados, junto a platos preparados. La tercera partida por valor es la exportación de vacuno (760 millones de euros), la mitad a Portugal (26,4%) Italia (18,1%) y Francia (7,4%), seguidas de Libia (6,7% y Grecia (6,2%). La 4ª la exportación de aves, 387 millones, sobre todo a Sudáfrica, Francia, Portugal y Reino Unido. Y le sigue la exportación de ovino y caprino, que en 2020 alcanzó un récord: 367 millones exportados, sobre todo a Francia (28,1%), Libia (15,8%), Arabia (11%), Jordania (7,5%) e Italia (6,1%).

El alto consumo de carnes en España y el boom de las exportaciones, sobre todo a Asia y Europa, han relanzado la industria de la carne, que busca ajustar costes para ofrecer bajos precios con los que competir en España y, sobre todo, en el extranjero. Eso ha provocado dos grandes reajustes en el negocio de la carne. El primero, en origen, la tendencia a montar explotaciones cada vez más grandes, fomentando la creación de macrogranjas, sobre todo de cerdos y pollos, los dos negocios más dirigidos a la exportación. Se estima que de las 350.000 explotaciones ganaderas, sólo 7.100 se pueden considerar “macrogranjas”, radicadas principalmente en Aragón (922), Cataluña (856) y Castilla y León (582), pero cada vez tienen más peso en la producción y exportación. De ellas, las que más crecen son las macrogranjas de cerdos, 3.217 contabilizadas como tales (la mayor, en Castillejar de Granada, puede producir 500.000 cerdos al año) y las de pollos, donde  las granjas tienen un tamaño medio elevado (280.000 pollos).

El otro reajuste en el negocio de la carne, para rentabilizarlo, es que muchas explotaciones y empresas han dado el salto a “la integración vertical”: no sólo explotan granjas de carne sino que han montado empresas de piensos, mataderos y hasta fábricas para productos cárnicos, todo dentro del mismo grupo empresarial. Y muchas ofrecen a los ganaderos ponerles  los animales, los piensos y los servicios, pagándoles porque les cuiden los cerdos o las gallinas, con un pago por animal: 12 euros por cerdo criado, por ejemplo. Este sistema, que ha impulsado un tipo de ganadería “intensiva” considera el proceso de producción de carne como una industria: desde la genética de animales madres hasta los piensos, la tecnología de las instalaciones, los cuidados veterinarios, la recogida, el matadero y el despiece, la elaboración de productos frescos y congelados y la logística para transportar y vender la carne aquí o fuera.

Esta “industrialización” del negocio de la carne ha creado unas industrias cárnicas cada vez más poderosos, creadas por pequeños empresarios desconocidos que ahora gestionan grupos millonarios. Podemos perfilar “5 grandes familias” de las que no se habla. Como la familia Vall Esquerda de Lérida, un grupo que factura 1.600 millones de euros y que mata 4,5 millones de cerdos (es el primer productor de porcino de la UE) y 72 millones de aves. O el Grupo Costa, de Huesca, que factura 1.500 millones, con cerdos (3,6 millones), pollos (60 millones) y productos cárnicos. El Grupo Jorge, aragonés, que es el 2º productor de porcino de España (4 millones) y el primer exportador (el 14% del cerdo que se vende a China). O el Grupo Delisano, de Gerona, especialista en porcina y proveedor de Mercadona, que supera los 1.000 millones de facturación, Y el Grupo Incarlopsa, de Tarancón (Cuenca), proveedor también de Mercadona, que factura 678 millones. Todos tienen negocios “integrados”, desde granjas (propias y “alquiladas) a mataderos o industrias agroalimentarias.

Ya sabemos algo más del negocio de la carne, que crece sin parar, en España y en todo el mundo: el siglo XXI es “la Era de la Carne”: si en  1950, la producción mundial eran 50 millones de toneladas, en el año 2.000 ya se había cuadruplicado con creces (229 millones) y alcanzaba los 337,2 millones Tm en 2020, según la FAO (ONU), que prevé se llegue a los 465 millones Tm en 2050. La tendencia es que los paises ricos occidentales moderan su consumo de carne, pero lo aumentan los paises en desarrollo, sobre todo en Asia y Latinoamérica, y antes o después lo harán en África. Mercados con futuro para las competitivas empresas españolas, que también modifican su oferta en España, con nuevos productos derivados de la carne.

Ser una potencia cárnica es bueno para España, por su aportación creciente a la economía y por el empleo que crea. Pero la industria de la carne acarrea tres graves problemas. El primero, que consumir demasiada carne provoca problemas de salud, como han advertido múltiples veces científicos y la OMS: enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de cáncer colorrectal (por las carnes procesadas y las rojas), diabetes y sobrepeso. Y además, el tratamiento de muchos animales de la ganadería intensiva con hormonas y medicamentos provoca que puedan acabar en los humanos, además de que al procesarse industrialmente la carne se añaden productos que pueden ser nocivos, como los conservantes y aditivos, antioxidantes, excipientes y mucha sal.  La recomendación de la OMS es no consumir más de 21 kilos por persona (51,45 en España), unos 300 gramos a la semana, mientras la Asociación Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) recomienda consumir carne de 2 a 4 veces a la semana (entre 200 y 500 gramos semanales, la tercera parte de los 989 gramos semanales de carne que ahora comemos).

El segundo problema es medioambiental. Por un lado, la ganadería general el 14,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo (metano, óxido nitroso y amoniaco), por los animales y las instalaciones. Y en España, la ganadería fue responsable del 9,14% de todas las emisiones, según los datos oficiales .Además, las explotaciones ganaderas (más las macrogranjas) contaminan el suelo y las aguas (primero las subterráneas y luego el resto). Y gastan muchísimo agua: producir 1 kilo de carne de vaca necesita 15.000 litros (y producir un kilo de maíz, 1.500 litros). Además, la fabricación de forraje para el ganado provoca que se talen bosques (cada año, 13.000 hectáreas de bosques se talan para convertirlas en pastizales y cultivos con los que alimentar al ganado (cultivos que no comen las personas).

El tercer problema, del que ahora ya no sólo hablan los ecologistas sino también los científicos, es el maltrato animal, ligado a la ganadería industrial y a las macrogranjas: animales hacinados en jaulas durante largos periodos, engordados a destajo. Pero hay otro maltrato del que se habla menos: el maltrato laboral. La industria de la carne ofrece empleos muy precarios, en muchos casos a inmigrantes, con contratos en exceso temporales y bajísimos salarios, desde las granjas a los mataderos. Esto se ha visto especialmente durante los primeros meses de la pandemia, donde comprobamos que muchos trabajadores de mataderos malvivían hacinados, con subempleos y alto riesgo de contagio.

Al final, muchos han querido convertir el debate de las macrogranjas en un debate simplista: carne sí o carne no. La respuesta debería ser: carne sí, pero menos y producida sin poner en riesgo el medio ambiente y sin maltrato laboral y animal. Había que parar “la burbuja de la carne”, alimentada por el boom exportador, y hacer un Plan para racionalizar el consumo y la producción de carne compatibles con nuestra salud y el Planeta. Y, en consecuencia, aprobar una moratoria para paralizar nuevas explotaciones y racionalizar las existentes, con planes y ayudas para que produzcan carne de forma más sostenible. Es un debate que ya se ha iniciado en Alemania y en Holanda (donde se ha creado incluso un Ministerio de la Naturaleza para reducir las emisiones de la ganadería) y que debía abrirse aquí sin oportunismo político. Y todos debemos saber que si queremos una carne más respetuosa con el medio ambiente, los trabajadores y los animales, será más cara. Así de claro.

Retrato de España (de la OCDE, no de Rajoy)

España va bien, reitera Rajoy mientras un 70% de españoles dicen que no notan la recuperación. La OCDE acaba de publicar un informe sobre cómo es la vida en España donde analiza 11 áreas, desde el empleo a la educación, comparando a España con los otros 34 paises desarrollados de esta organización. Y en 6 de ellas quedamos muy por debajo, con 12 de 25 indicadores peor. En resumen, estamos peor en empleo y paro, salarios, ingresos, pobreza y desigualdad, educación, vivienda, medio ambiente y bienestar. Y mejor en salud y esperanza de vida, apoyo social, vida personal  y seguridad. Pero quizás lo más preocupante es la mayor insatisfacción con la democracia y la corrupción y el creciente individualismo de los españoles. Un serio retrato de España que ha pasado desapercibido, pero que nos muestra donde debíamos volcarnos en el futuro: empleo, desigualdad, educación, tecnología, medio ambiente y servicios públicos. Y regeneración de la democracia. Son problemas de fondo, que no podemos olvidar por Cataluña.

enrique ortega

El informe se llama “Cómo va la vida 2017” y lo publica cada dos años la OCDE sobre los 35 paises desarrollados que integran esta organización, para comparar indicadores de vida y bienestar. Hagamos un repaso de estos datos, una radiografía reciente de España en 11 áreas, más una adicional  sobre la desigualdad y la pobreza.

El primer tema clave es el empleo y el paro, que explican casi todo lo demás y donde España está peor que la media OCDE en todos los indicadores. Empezando por la gente que trabaja (60,5% de los adultos frente al 67,1% en la OCDE, el 74,7% en Alemania, el 69,4% en USA o el 74,3% en Japón). Y claro, somos el 2º país de la OCDE (tras Grecia) con más paro total (16,7% frente a 5,7%) y más paro juvenil (39,2% frente a 11,96%). Y también el 2º país con más paro de larga duración (parados durante más de 1 año): 9,56% de los adultos activos frente al 2% en la OCDE. Además, los que tienen trabajo tienen “más inseguridad en el empleo” (el triple que en la OCDE) y más “tensión laboral” (parados que no encuentran empleo aunque lo buscan). Y finalmente, los que trabajan en España ganan un 15,7% menos que la media OCDE (37.333 dólares brutos frente a 44.290 dólares).

Segundo indicador, los ingresos. Los ingresos medios netos de las familias españolas (2015), que han caído un 6% sobre los de 2005, son una cuarta parte menos que los ingresos de las familias de los 35 paises OCDE (23.129 dólares frente a 30.620), lo que significa que hay 24 paises desarrollados cuyas familias ingresan más que las españolas. Eso sí, como España es un país de propietarios y la vivienda ha recuperado parte de su valor perdido, el patrimonio neto de las familias españolas es un 4,3% superior al de las familias en la OCDE (345.583 dólares frente a 331.132 dólares).

Tercer indicador añadido, la desigualdad y la pobreza. El indicador 80/20 mide la proporción de renta que tienen el 20% de los más ricos sobre el 20% que menos ingresa: 6,61 veces en España frente a 5,39 veces en la OCDE (y 4 veces en Suecia, 4,47 en Francia, 4,42 en Alemania, 5,91 en Italia y 6,11 en Reino Unido). Y también tenemos más pobres: ingresan menos del 50% de la renta media el 15,3% de los españoles, frente al 11,52% en la OCDE. Y según el Informe sobre España 2017 de la OCDE, somos el tercer país de la OCDE donde más ha crecido la pobreza durante la crisis (tras Lituania y Rumanía) y el 8º país con más pobreza relativa entre los 35 paises desarrollados de la Organización (un 15,5% de la población, frente al 11,8% de media en la OCDE), tras Israel, EEUU, Turquía, Chile, México, Estonia y Japón. Y resalta el grave problema de la pobreza infantil en España, que alcanza al 23,4% de los menores, casi el doble que en la OCDE (13,3%).

Cuarto indicador, la vida laboral y personal. En España hay menos personas que trabajan mucho, más de 50 horas a la semana (4,5% frente al 12,6% en la OCDE) y hacemos la mitad de horas extras que la media OCDE. Por ello, tenemos más tiempo libre: las horas de ocio, de no trabajar son 15,9 en España, una hora más que en la OCDE (14,9).

Quinto indicador, la vivienda. España tiene casas más grandes (1,9 cuartos por persona frente a 1,8 de media en la OCDE y Alemania, por ejemplo) y con todos los servicios básicos (sólo el 0,1% de viviendas no los tienen, frente al 2,2% en la OCDE). Pero aquí gastamos mucho más en mantener la vivienda, en gastos del hogar, que han subido mucho con la crisis: el 21,8% de los ingresos, frente al 19% de media en los paises OCDE. Y además, tenemos que dedicar mucho más esfuerzo (36,5% del sueldo) para comprar una vivienda que las mayoría de europeos (entre el 15% y el 27% del sueldo les basta para comprar piso a los daneses, irlandeses, holandeses, suecos, alemanes, belgas, británicos, franceses e italianos), según recientes datos de pisos.com.

Sexto indicador, la salud. Hay una mayor proporción de españoles adultos que gozan de buena salud (el 72,4%) que en el resto de la OCDE (el 68,75). Y España tiene la segunda mayor esperanza de vida de la OCDE (83 años frente a 80,1 años en los 34 paises), sólo por detrás de Japón (83,9 años). Séptimo indicador, también favorable a España, el  apoyo social: aquí, un 94,8% de las personas tienen familias, amigos o instituciones y organizaciones a las que recurrir y que les apoyan, frente al 88,6% de las personas en la OCDE.

Octavo indicador, la educación, uno de los puntos negros del retrato de España. Hay tres indicadores claves. Uno, las competencias de los jóvenes de 15 años, que están por debajo de las de los jóvenes OCDE en comprensión lectora, matemáticas, ciencia y cultura financiera, según los sucesivos informes PISA. Dos, los adultos españoles tienen poca formación: sólo el 58% de los adultos españoles tienen estudios de 2 ciclo (Bachillerato, FP o Universidad) frente al 67,1% de los ciudadanos de la OCDE, con lo que somos el 4º país peor formado de los 35, sólo por detrás de México (36,6%),Turquía (38,5%) y Portugal (46,9%). Y tres, tenemos un elevadísimo  fracaso escolar, jóvenes (18 a 24 años) que dejan sus estudios al final de la ESO (o sin acabarla): eran el 19,97% en 2015, el porcentaje más elevado de toda la OCDE  y casi el doble que la media europea (11%), según la OCDE.  

Noveno indicador, medio ambiente. Por un lado, hay más españoles satisfechos con la calidad del agua (72,7%) que en el resto de la OCDE (80,8%). Pero hay menos población expuesta a la contaminación por partículas (11,5% frente a 13,9% en la OCDE), aunque ha aumentado en los últimos años. Décimo indicador, seguridad, uno de los “puntos fuertes” de España: tenemos una menor tasa de muertes por agresión (0,6% frente a 3,6% en la OCDE) y aquí hay más personas que se sienten seguras al salir de noche (83,1% frente a 68,6% en la OCDE), lo que nos hace el cuarto país con más sensación de seguridad en la OCDE, sólo por detrás de Noruega (87,7%), Islandia (87%) y Suiza (84%).

Undécimo indicador, que sirve de resumen: satisfacción ante la vida. Los españoles han reducido su nivel de satisfacción en la última década (el triple que la OCDE) y queda ahora en 6,9 puntos sobre 10, frente a 7,3 puntos de media en la OCDE. Y con ello, somos el 7º país menos satisfecho de los 35, tras Corea (5,9), Hungría (6,1), Grecia y Portugal (6,2), Letonia y Estonia (6,5 puntos).

Y dejo para el final el indicador sobre el compromiso cívico y la gobernanza, muy clarificador. Ha bajado el porcentaje de los que votan, en toda la OCDE, pero en España todavía votan más (69,8%) que en el resto de paises (68,6%), aunque son pocos los españoles que creen que pueden influir en lo que hace el Gobierno: sólo un 23% frente al 33% en la OCDE. En términos generales, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia es inferior a la de los demás paises europeos de la OCDE: hay más porcentaje aquí de ciudadanos que dudan sobre la libertad e imparcialidad de las elecciones, sobre las políticas públicas para reducir desigualdades o sobre los mecanismos de participación. Y somos el tercer país más preocupado por la corrupción (el 82% de la población cree que está generalizada, frente al 56% en la OCDE), tras Italia (89%) y México (83%).

Los españoles están también más insatisfechos que en la OCDE con tres servicios públicos básicos: la sanidad (6,36 puntos de nota frente a 6,40 en la OCDE), la educación (6,11 frente a 6,48) y la policía (5,77 frente a 6,26). Y al final, tras toda esta insatisfacción política y con el Estado del Bienestar, los españoles se encierran en sí mismos. Cuando la OCDE les pregunta qué es lo que más les importa, responden (ver aquí resultados) por este orden: la salud, la educación, el equilibrio de la vida personal y laboral y la satisfacción ante la vida. El empleo queda en 6º lugar entre sus preocupaciones y lo que menos les importa es el compromiso cívico y la comunidad. O sea, los españoles son individualistas y frente a los problemas, se encierran en sí mismos y en su mundo. No en mejorar la política y la sociedad. Así nos va.

Cara al futuro, este retrato de España de la OCDE analiza los cimientos del país, los recursos básicos que tenemos y su potencial para el futuro. Primer cimiento, el capital natural. Señala como positivo que emitimos menos gases, CO2 y partículas que la media OCDE, pero les preocupa que tengamos menos bosques (la mitad de superficie por habitante) y menos recursos de agua dulce, mientras estamos en la media en animales y plantas amenazadas. El gran problema está en el capital humano: el atraso educativo y la baja formación de los adultos son un gran hándicap para el futuro, aunque estamos mejor en salud y esperanza de vida, si bien llaman la atención sobre nuestro alto nivel de tabaquismo (somos el 9º país europeo que más fuma, según el último Eurobarómetro). En el tercer pilar, el capital económico, destacan como problemas cara al futuro la elevada deuda, la menor inversión y sobre todo el desplome del gasto en Ciencia (I+D+i). Y en el cuarto cimiento de un país, el capital social, destacan los problemas de la falta de confianza en las instituciones, una menor confianza en los demás y en un bajo nivel del voluntariado social.

Bueno, como se ve con los exhaustivos datos (datos, no “impresiones”) de este Retrato de la OCDE, España no va tan bien como dice Rajoy. El Excel con todos los indicadores de España y los 34 paises restantes de la OCDE (verlo aquí), debería ser “la hoja de ruta” del Gobierno y la “oposición” para los próximos años, para que dejaran de obsesionarse con sus peleas cotidianas y afrontaran los grandes problemas del país a medio plazo: empleo de calidad, mejora de ingresos, lucha contra la desigualdad y la pobreza, apuesta por la educación, la sanidad y los servicios públicos, defensa del medio ambiente y regeneración de la democracia. Esto es lo que hace que “Spain is different”. Y aquí es donde nos jugamos el futuro. Así que, una vez que pasen las elecciones de Cataluña, afrontemos los problemas de fondo, los que hay que resolver como sea para equipararnos al mundo desarrollado. Y los ciudadanos también tendríamos que mirar este Excel  y su retrato de los males de España a la hora de analizar los programas electorales y votar. Luego no se quejen.

22-M : nos jugamos más que en las generales

Nunca los españoles nos hemos jugado tanto en unas elecciones autonómicas y municipales. El 22-M es tan importante para nuestras vidas como las próximas generales de 2012. O más. No exagero. Porque votamos a los responsables de gastar 3 de cada 4 euros públicos y de gestionar la sanidad, la educación, las ayudas a la dependencia y a la vivienda, la cultura y gran parte de la justicia, el medio ambiente, el deporte o las ayudas sociales. A ellos les pagamos también una buena parte de nuestros impuestos. Y tienen mucho que decir en la marcha de la economía, de las empresas, del empleo y del paro. Y del nivel de renta. Por eso, nos jugamos mucho el 22-M. Vote pensando en local y en su bolsillo.

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España es el país más descentralizado de Europa, tras Dinamarca: el Estado central sólo gestiona el 52% del gasto público (ver Informe, página 230), frente al 71% de media en la UE y un mayor peso del Estado central en Alemania (63% del gasto), Reino Unido e Italia (72%), Francia (82%), Portugal (88%) o Grecia (96%). Y lo mismo en los ingresos: en España, los ingresos del Estado central pesan el 67% del total (lo mismo que en Alemania), frente a un 81% en la UE, el 87% en Francia, un 89% en Reino Unido o un 91% en Portugal.

Con datos más actuales, la Administración central gasta en España el 51% del total (21% el Estado y 30% la Seguridad Social), las autonomías el 36% del gasto público y los Ayuntamientos el 13% restante. Pero como mucho gasto del Estado central son transferencias, al final, el 77% de los gastos públicos de funcionamiento los gestionan autonomías (55%) y Ayuntamientos (22%). Y de la inversión pública, el 70 % la ejecutan las regiones (43%) y los municipios (27%), según un estudio del IEF. En definitiva, que el gasto y la inversión pública está en manos de los gobiernos autonómicos y locales que votamos el 22-M. Y por el lado de los ingresos, deciden ya las tarifas de la mitad del IRPF, con un porcentaje creciente de impuestos propios y la gestión del 60% de las subvenciones europeas.

Por si fuera poco, autonomías y Ayuntamientos gestionan la mayor parte de los servicios públicos y del Estado del bienestar. Son responsables del 90% de la sanidad y la educación, de la mitad de la gestión de la Justicia, de la gestión y dos tercios del gasto de la Ley de dependencia, del 80% de la cultura, el deporte y el medio ambiente, de la gestión de las ayudas a la vivienda, del urbanismo y el patrimonio, del consumo, de buena parte de la gestión del desempleo y la formación profesional, de la gestión del turismo, de una parte importante de seguridad ciudadana y protección civil, de la gestión de la emigración, los transportes (autobús, metro, trenes, algunos aeropuertos), muchas infraestructuras, subvenciones y ayudas económicas y  múltiples políticas sociales (más ahora, con la crisis). Casi nada, como para que el debate electoral del 22-M gire en torno al terrorismo o al paro.

Pero es que, además, autonomías y Ayuntamientos tienen mucho que decir sobre la economía, el empleo y el nivel de vida. Porque está claro que hay dos o tres Españas, con distinto crecimiento, debido al clima económico, a la estructura productiva, a la tecnología, al peso de la exportación. Regiones que crecen más (País Vasco, Navarra o Castilla y León) y regiones que caen más (Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana). Regiones que han perdido mucho empleo en el último año (-77.400 Andalucía o -59.900 la Comunidad Valenciana) y regiones que lo han creado (+10.800 País Vasco o +900 Navarra). Y regiones con altísimo paro (Andalucía 29,68%, Canarias 28,52%, Ceuta 26,43% o Murcia 26,16%) y regiones con paro “europeo” (11,61 % País Vasco, 13,40% Navarra, 15,44% la Rioja o 16,37% Cantabria). Y lo mismo las ciudades: ¿Por qué Huelva tiene un 32,9% de paro y Guipúzcoa un 8,9%? Algo tendrán que ver sus gobernantes.

Al final, vivir en una u otra región o ciudad tiene mucho que ver con la renta y el nivel de vida que tenemos, independientemente de quien gobierne desde la Moncloa. No en vano, desde hace casi treinta años, las cinco regiones más ricas son País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y La Rioja. Y las cinco más pobres Extremadura (con la mitad de renta por habitante que los vascos), Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia y Canarias. Y los que lideran la recuperación económica en 2011, según el BBVA son los mismos, las tres autonomías más ricas: Madrid, País Vasco y Navarra.

Aquí está el meollo del 22-M: la gestión del Estado del bienestar, los incentivos económicos de unas y otras regiones o municipios al crecimiento, el empleo y la renta. Y un factor añadido: los recortes obligados al gasto autonómico y municipal, sobre todo en sanidad, educación y empleo público. No se trata de elegir entre ZP o Rajoy, sino saber qué harán nuestros políticos más próximos con su deuda y sus déficits, con la sanidad, con la  educación, con el empleo, con las empresas, con las ayudas, con las infraestructuras, con el medio ambiente, con la vivienda,  con los jóvenes. Un debate inexistente en esta campaña. El 22-M tiene mucho que ver con nuestra vida y con nuestro bolsillo, quizás más que las generales. Que no nos despisten. Votemos pensando en local, en nuestra vida diaria y en nuestro bolsillo.