Mostrando entradas con la etiqueta recogida basuras. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta recogida basuras. Mostrar todas las entradas

lunes, 9 de abril de 2018

El reciclaje, otra asignatura pendiente


La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.


enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son bombas de efectos retardados, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.  

jueves, 12 de marzo de 2015

Guerra al "cártel": basuras,leche y carburantes


La Comisión de la Competencia (CNMC) ha multado a Repsol, Cepsa y otras petroleras por pactar precios. Y también a 9 grandes empresas lácteas, por pactar condiciones que imponían a los ganaderos.Pero no son los únicos que lo hacen: muchas empresas se reparten los mercados y no compiten entre ellas, en perjuicio de los consumidores. Son los “cárteles”, mafias que pactan precios. Hace poco, la CNMC ha multado a 39 empresas de recogida de basuras y residuos, por repartirse las principales ciudades, con pactos incluso escritos. Es el “cártel” de la basura, grandes constructoras y empresas de reciclaje que llevan años repartiéndose la recogida de basuras, limpieza, saneamiento de aguas, reciclaje industrial y recogida de papel y cartón. Negocios que mueven más de 15.000 millones anuales. La consecuencia de que pacten precios es que pagamos más por las basuras o el agua. Y la CNMC tiene expedientes abiertos por pactar precios en decenas de sectores. El problema es que las multas son bajas y nadie acaba en la cárcel. Aunque en realidad nos roban.

enrique ortega

La basura es un gran negocio para algunos. Los españoles producimos 464 kilos de residuos por habitante, 137 millones de toneladas de basuras y residuos que hay que recoger, transportar, destruir o reciclar, junto a las aguas residuales. Cuatro negocios muy boyantes. Uno, la recogida de basuras y limpieza de ciudades en 6.200 municipios, realizado por una docena de empresas que facturan unos 5.000 millones anuales, según su patronal (ASELIP). Otro, el saneamiento y la traída de aguas, con otros 5.500 millones de negocio. El tercero, el reciclaje de productos industriales, desde neumáticos a productos químicos, donde trabajan unas 700 empresas, que facturan otros 4.000 millones de euros. Y por último, la recogida y reciclaje de papel y cartón, donde operan unas 110 empresas que facturan 700 millones de euros al año. En total, el saneamiento de basuras, residuos  y agua es un sector que mueve más de 15.000 millones al año y emplea a unas 150.000 personas.

Un negocio que está sobre todo en manos de las constructoras, que en los años 80 empezaron  a diversificar su negocio temiendo que la burbuja del ladrillo no fuera eterna. El 70% del negocio de la basura y el agua se lo reparten entre 4 grandes constructoras. La líder es  FCC (la empresa de Alicia Koplovitz), que factura un 37% de su negocio total en “servicios medioambientales” (4.518 millones de facturación), en recogida de basuras (en 3.449 municipios, entre ellos las grandes capitales), limpieza (9 grandes ciudades), tratamiento de residuos y saneamiento de aguas (un 36,7% de cuota a través de Aqualia). Le siguen Urbaser (filial de ACS, la empresa de Florentino Pérez), con 1.651 millones de facturación, un 10% del negocio total del grupo ACS, Cespa (filial de Ferrovial), presente en 800 municipios  y con 1.000 millones de facturación, y Valoriza (filial de Sacyr), que recoge la basura de 100 municipios y aporta un tercio del negocio total de la constructora. En reciclaje industrial hay muchas empresas, destacando Biotran, Grupo Otúa y Befesa (alemana). Y en reciclaje de papel y cartón dominan la multinacional española Saica Natur, de Zaragoza, que factura 2.200 millones en España y varios países de Europa y Holmen Paper (sueca).

Todas ellas y varias más han estado tres años bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que les abrió un expediente por presuntos acuerdos para repartirse los distintos mercados. Ha sido como una investigación policial, buscando pruebas y llegando a entrar en las sedes de empresas para comprobar papeles y mails. Al final, la CNMC ha multado a 39 empresas (y 3 asociaciones empresariales) de recogida de basuras, limpieza, saneamiento de agua, residuos industriales y recogida y reciclaje de papel/cartón por “considerar probada la existencia de una práctica concertada global de reparto de mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron a los clientes de sus competidores, se repartieron los nuevos e intercambiaron información sensible”.

El expediente revela unas prácticas que parecen de novela pero son reales y ponen los pelos de punta. Vayamos por partes. En las empresas de recogida de basuras y saneamiento urbano, la CNMC ha confirmado acuerdos entre empresas teóricamente competidoras (sobre todo FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza) para presentarse de forma conjunta (UTE) o con pactos bilaterales en contratos municipales de Madrid, Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla. En muchos casos, la empresa ganadora se había comprometido con otra a que si no se presentaba luego le cedía una parte del contrato. Y en otros casos, uno no se presentaba a un concurso a cambio de que el competidor no se presentase a otro. Además, FCC y Urbaser, por ejemplo, tenían un pacto escrito para presentarse conjuntamente a cualquier licitación municipal de una planta de incineración de residuos urbanos en cualquier lugar de España. Y lo más increíble: la patronal de estas empresas (ASELIP) tenía un Código de conducta escrito de no agresión entre los socios, encargándose de “vigilar” que se cumpliera. Y en ese Código figuraba que ninguna empresa se presentaría a un concurso de un Ayuntamiento que tuviera deudas con otra empresa competidora (“solidaridad contra morosos”).

En el sector de la recogida y reciclaje de papel y cartón, la CNMC ha probado pactos bilaterales entre Saica Natur (la líder del sector) y otras empresas competidoras para “el respeto mutuo de clientes” y mercados. Y lo más increíble: la patronal del sector en Madrid (AREMA) era la que contrataba (desde el año 2000) la recogida directamente con el Ayuntamiento de Madrid (única oferta) y luego repartía el contrato, como también se hacía en Sevilla (ambos, Ayuntamientos gestionados por el PP). Y en el sector de gestión de residuos industriales, se han probado también pactos bilaterales y la creación de sociedades conjuntas para repartirse clientes durante los últimos 14 años, también con la inestimable ayuda de su asociación empresarial (Aceser), que hizo una recomendación escrita a sus asociados en la que se les recordaba que “cada uno debía respetar a los clientes de los otros”.

Las 198 páginas del expediente de la CNMC (ver aquí) demuestran claramente que estas empresas “no se cortaban a la hora de repartirse el mercado: acuerdos escritos, incluso con mecanismos de vigilancia y compensación en caso de incumplimiento, recomendaciones para respetar los clientes, Códigos de conducta e incluso mails explícitos para recordar a los competidores lo que tenían que hacer: “Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%”, “no entremos en guerra con otros vertederos”, Aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión”, “Cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta”, “Si no me equivoco, Isofotón es  tuyo, ¿verdad?. Es que los estuve visitando…Dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”. “No quiero guerras con terceros…”.Descaro total.

La CNMC concluye el expediente señalando que estos acuerdos de reparto de mercado “han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida que encarecieron los servicios que se prestan a los ciudadanos”. O sea, que por culpa de los tejemanejes del cártel de la basura, hemos pagado de más por el recibo de las basuras, el agua o algunos productos industriales (al comprar neumáticos, electrodomésticos y muchos productos, pagamos su reciclaje). Y eso, al menos en los últimos quince años, según la CNMC. El problema es que con las multas no nos van a compensar a los consumidores. Y de momento, nadie ha abierto una investigación para averiguar la posible connivencia de los Ayuntamientos (presunta corrupción), que parece necesaria para asegurar este escandaloso reparto del negocio.

El problema es que este tipo de conductas no se da sólo en las basuras. La CNMC ha multado en el último año y medio a numerosos sectores, por “cárteles”, acuerdos para repartirse mercados: panificadoras, fabricantes de postes de hormigón, empresas suministradoras de Renfe, fabricantes de palés, empresas de equipos contra incendios, empresas de alquiler de coches o petroleras. Precisamente, la CNMC acaba de multar a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil a 32,4 millones de euros por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades (“Ya sabes que Ceuta es un corralito”, decía un mail interceptado) y por un pacto de no agresión firmado entre Repsol y Cepsa en 2011. Y tanto Repsol como Cepsa y BP tienen otras multas (casi 10 millones más, ahora recurridas) por fijación de precios y prácticas anticompetitivas desde 2009. Además, el 3 de marzo, la CNMC ha multado con 88 millones de euros a 9 grandes empresas lácteas (Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis,Puleva, Pascual, Asturiana y Senoble, el fabricante de Mercadona), por ponerse de acuerdo para imponer condiciones en la compra de leche a los ganaderos ("Hay que bajar el precio de la leche. Nosotros lo bajaremos si lo hacéis los demás", dice un mail interceptado de CLAS a otras fábricas lecheras).

Y están pendientes de resolución por la CNMC otros expedientes abiertos a más sectores por repartirse mercados: empresas comercializadoras de luz, de transporte de fondos, empresas de hormigón y cemento, distribuidores de coches, empresas de material ferroviario, empresas de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, fabricantes de pañales de adultos, vinos de jerez, sector de papel y embalaje de cartón ondulado, empresas radiofónicas, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Pero no es fácil de probar. Los funcionarios de la CNMC trabajan como inspectores, hacen registros, buscan pruebas y ofrecen inmunidad a los directivos que aportan documentos y pruebas (“testigos protegidos”), manteniendo un buzón en la web para denuncias anónimas (competidores que denuncian a otros que les dejan fuera de los acuerdos).

La competencia es clave para la economía y los consumidores, porque de ella nacen mejores ofertas y precios. Pero hay una larga tradición de acuerdos, de “cárteles” que prefieren repartirse el mercado antes que competir por él. El problema es que la CNMC cuenta con pocos medios para muchas tareas: 515 personas para vigilar los mercados de la luz y gas, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y portuario, el servicio postal y las televisiones, además de vigilar a la vez la competencia en toda la economía. Y aunque a su presidente lo nombró el Parlamento, no es independiente del Gobierno: lo propuso el ministro Luis de Guindos y el director de la Oficina Económica de Moncloa. Y sobre todo, cuenta con pocas armas para asegurar la competencia: las multas son bajas (el 3% del negocio) y los recursos de los implicados se eternizan, con lo que la CNMC tiene 700 millones pendientes de multas sin cobrar desde hace años. Y no hay ningún expediente en un Juzgado, porque el Código Penal no delimita claramente estas conductas como delictivas.

Hay que luchar de verdad contra los “cárteles”, esas mafias que se reparten mercados y nos encarecen productos y servicios. Las asociaciones de consumidores cuentan ahora para reclamar daños con una nueva arma: una Directiva de la Comisión Europea (aprobada en noviembre) que regula y facilita las demandas contra las empresas que pacten precios. Hay que dotar de más medios a la CNMC y blindar a su presidente (duramente atacado ahora por las petroleras), que debe ser independiente de verdad y sin “cuotas políticas” en los puestos directivos de la Comisión (como ahora). También, establecer un sistema de auditorías externas de los contratos públicos, sobre todo en Ayuntamientos y autonomías, para reducir la corrupción y los extraprecios.Y endurecer las multas y penas, para que los empresarios que se reparten mercados acaben en la cárcel. Porque nos están robando.