En enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó 2 mensajes importantes. Uno, al mundo: tienen que aumentar el gasto social, para reducir la desigualdad y frenar las protestas. El otro, a España: tiene que aumentar el bajo gasto social, pero sobre todo debe hacerlo mejor, porque ahora no ayuda a los más pobres ni a los jóvenes sino a los ricos y a los mayores. Los ideólogos del capitalismo, tras una década defendiendo recortes, apuestan ahora por aumentar el gasto social, como “vacuna” contra protestas y populismos. Y marcan el camino al Gobierno español, cuya “bandera” es el gasto social: más gasto, pero mejor hecho, en pensiones, desempleo, rentas mínimas, vivienda y ayudas a las familias, además de una reforma fiscal para beneficiar a los más pobres. Y la semana pasada, el relator de la ONU para la pobreza sacó los colores a España: "el sistema de protección social está roto. Los políticos han fallado. Mírense al espejo y actúen contra la pobreza". Suficientes "alertas" para reformar a fondo el gasto social, gastar más y mejor, para recuperar a los 8,6 millones de españoles excluidos de la recuperación. Tomen nota.
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| enrique ortega |
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva desde 1944 marcando las líneas maestras del capitalismo internacional y gestionando las crisis de los paises en bancarrota, siempre con la misma receta: duros ajustes a cambio de financiación. En la pasada crisis financiera, los “hombres de negro” del FMI impusieron, con el BCE y la Comisión Europea, los duros planes de ajuste aplicados a Grecia, Portugal e Irlanda a cambio del rescate. Y vigilaron también los duros ajustes de Rajoy a raíz del rescate bancario a España. Y tras ser la década pasada “los gendarmes de la austeridad”, ahora tocan “otra música”: les preocupan los costes de la crisis, el aumento de la desigualdad y la proliferación de protestas sociales, junto al auge de los populismos en medio mundo. Y creen que es hora de cambiar los ajustes por más gasto social, como “vacuna” contra protestas y populismos, para consolidar la recuperación.
El mensaje lo lanzó la nueva presidenta del FMI, la conservadora búlgara (PP europeo) Kristalina Georgieva, el 21 de enero, en el Foro de Davos, el centro de debate del capitalismo internacional: los paises tienen que aumentar el gasto social como vía para aumentar “la inclusividad y la cohesión social”, para reducir la desigualdad y frenar las protestas sociales. “Es importante asegurar que el gasto social está bien orientado, que los más vulnerables están protegidos y que los Gobiernos consiguen que el crecimiento y la recuperación son compartidos por todos”, señalaba la economista jefe del FMI en Davos, como si fuera una líder de la izquierda. El FMI teme que la creciente desigualdad, las protestas y el desencanto aumenten los populismos y nos lleven a un mundo ingobernable, como sucedió en los años 20 del siglo pasado. Y por eso, su receta es dar más peso a la política fiscal (gastar más, lo que exige ingresar más) y aumentar el gasto social y las inversiones públicas (educación, salud, formación, infraestructuras), para “redistribuir” los beneficios de la recuperación.
Lanzado el primer mensaje en Davos, unos días después, el 30 de enero en Washington, el FMI lanzaba su segundo mensaje, esta vez para España: tiene que aumentar su bajo gasto social, pero sobre todo tiene que hacerlo mejor, porque ahora no ayuda a los más pobres y a los jóvenes, sólo a las rentas altas y a los mayores. Es la tesis del trabajo “Efectividad y equidad en el gasto social. El caso de España”, elaborado por Svetlana Vtyurina, economista sénior del FMI. Un mensaje que se suma a otros dos similares lanzados a España en 2018 por la Comisión Europea y la OCDE.
La primera idea del informe del FMI es que el gasto social en España es escaso. Y para demostrarlo, recuerdan las últimas estadísticas publicadas por Eurostat, con datos de 2017: España dedica el 16,6% de su riqueza (PIB) al gasto social, frente a un 18,8% que gasta la UE-28, el 19,8% de la zona euro, el 22,4% del PIB que gasta Dinamarca, el 19,2% de Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. En definitiva, dedicamos 25.700 millones anuales menos que los europeos al gasto social, ahora y antes de la crisis, en pensiones, ayudas a la familia, educación, sanidad y dependencia. Y sólo gastamos más en desempleo, pero porque tenemos más del doble de paro.
Dicho esto, el grueso del informe del FMI se centra en analizar el menor gasto social de España, concluyendo que está mal repartido: está concentrado en los grupos sociales con mejor situación (rentas altas y jubilados) y apenas ayuda ni a las rentas bajas ni a los jóvenes. La conclusión es muy explícita: sólo el 10% de todas las ayudas públicas en España se dirigen a los hogares más vulnerables, más necesitados.
La mayor parte del gasto social en España se va en pagar pensiones (135.163 millones en 2019), que el FMI considera “bastante generosas”, porque se paga a los pensionistas españoles un porcentaje del último sueldo en activo mayor que en la mayoría de los paises europeos (la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE). Y esto lleva a que la mayor parte de la redistribución social hecha en la última década ha beneficiado a los jubilados. Así, un estudio del Banco de España revela que son los únicos que han aumentado sus ingresos, entre 2011 y 2018: un +27,5% las familias de 65 a 74 años, mientras el conjunto de familias sólo consiguieron mantener sus rentas y las familias jóvenes han perdido un -17,7% de sus rentas.
El resto del gasto social no ha podido contrapesar esta desigualdad. Así, las ayudas a las familias (escasas e inferiores a las de otros paises) se han repartido también de forma desigual, debido a que las rentas mínimas gestionadas por las autonomías (1.519 millones de gasto en 2019) han caído y además son muy diferentes según autonomías. Así, en 2018, sólo recibían una renta mínima 293.302 personas, que, con sus familias, beneficiaba a 679.180 españoles, el 1,4% de la población (menos que los 789.672 beneficiarios en 2015). Y además, la ayuda tiene una cuantía muy baja (463,05 euros de media) y varía mucho según donde se viva: se cobran más de 600 euros al mes en País Vasco (644,49), Navarra (610,80) y Cataluña (604 euros), en torno a 430 euros en la mayoría de autonomías, 419,52 euros en Andalucía, 403 euros en Galicia y 400 en Madrid, sólo 300 euros al mes en Ceuta.
Otra ayuda importante, el seguro de desempleo (19.000 millones de gasto en 2019), también se reparte de forma muy desigual, porque la ayuda se cobra según los salarios en activo y lo cotizado, con lo que los que han tenido una mejor situación en activo cobran más desempleo y por más tiempo. Y esto también penaliza a los jóvenes, que suelen tener sueldos más bajos y cotizaciones más cortas (como las mujeres).
Otra parte del gasto social se hace en sanidad y educación. Y aquí también hay desigualdad, porque si la sanidad es universal y gratuita, los copagos farmacéuticos (y la atención sanitaria no incluida, como la bucodental) perjudican más a los que menos tienen, sobre todo a los activos con bajos salarios. Y en educación, el informe del FMI señala que apenas contribuye a mejorar la movilidad social en España, que no facilita a los niños hijos de familias modestas a subir en la escala social (no funciona el “ascensor social”: el 55% de los niños de padres con bajo nivel educativo no mejoran, según el FMI).
Al final, el resultado de aplicar este abanico de ayudas sociales en España es, según el FMI, que el 40% de las familias más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a los jubilados, en perjuicio de los más pobres y de los jóvenes. La consecuencia, añade el FMI, es que España lidera las estadísticas de pobreza (26,1% de la población frente al 21,9% en la UE-28) y desigualdad (34,30 índice de Gini, el más elevado de Europa, sólo por detrás del 34,80 de Portugal y alejado del 24,90 de Noruega, 29 de Alemania, 29,90 de Francia, 32,80 de Reino Unido o 33,30 de Italia). Y el fracaso en la atención a las familias pobres con niños lleva a que España tenga el mayor índice de pobreza infantil de la OCDE, el 23% de los menores de 18 años, el doble que Alemania, Francia o Reino Unido (11%).
El problema no es sólo que las ayudas sociales sean escasas y estén mal repartidas. Es que, además, no se mejoran con los impuestos, que apenas ayudan a redistribuir la renta, según el informe del FMI. Ni tampoco con las inversiones públicas. Así, si España ocupa el puesto 16 en el mundo por desigualdad, cuando entran en juego los impuestos y la política inversora del Estado, la desigualdad crece y pasamos al puesto 22 del mundo, según el FMI.
Esta alerta del FMI a España, por hacer poco gasto social y gestionarlo mal, ya nos la hizo la Comisión Europea, en enero de 2018, en su Informe sobre la cohesión económica, social y territorial en Europa , donde señaló que “España es con Italia el país en el que las prestaciones sociales menos ayudan a las rentas bajas”. Y ya denunciaba que España destina un bajo porcentaje del gasto a ayudas sociales y además lo distribuye mal: las políticas sociales sólo reducen las desigualdades un 34,5%, mientras en Europa las reducen un 40% de media.
Para la Comisión Europea, según reiteró en su Informe sobre España (marzo 2018), el problema es doble. Por un lado, España hace menos gasto social porque tiene menos ingresos fiscales (recauda el 38,9% del PIB frente al 45% en la UE-28, unos 73.700 millones menos de ingresos en 2018, según Eurostat). Y por otro, los impuestos en España son poco “progresivos”, benefician poco a las rentas bajas y más a las rentas medias y altas. Y recuerda que en España, gracias a la multiplicación de deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, sucede algo insólito: sólo el 10% más rico paga más de lo que recibe, el 10% siguiente queda igual y el 80% restante son receptores netos, pagan menos de las transferencias que reciben. Y los tipos de la Renta e IVA, benefician más (proporcionalmente) a los que más tienen. Además, este sistema fiscal poco “progresivo”, reduce la recaudación, por la multiplicidad de ayudas fiscales.
Unos meses después, en noviembre de 2018, la OCDE publicó su Informe anual sobre España y volvió a alertar sobre el gasto social en España, con la misma tesis de la Comisión Europea (ya hora el FMI): las transferencias sociales son ineficientes y los hogares con menos ingresos reciben menos que los hogares más ricos. Y daba dos datos explícitos: el 20% de los hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%), mientras el 20% de hogares con más ingresos reciben el 160% del pago medio del conjunto de las familias (en la OCDE, reciben el 95%). O sea que en lugar de ayudar, la política social aumenta la desigualdad. Y añadían que, de los 34 paises OCDE, sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.
La OCDE atribuye este mal resultado de la política social española a dos factores: las ayudas públicas son menores y están mal repartidas (sobre todo las ayudas a las familias, a la vivienda y al desempleo) y los impuestos benefician más a las rentas medias y altas, tanto en el IRPF (exceso de deducciones, que benefician más a las rentas altas, como deducciones por Planes de pensiones y ahorro) como en el IVA (donde las rentas medias y altas disfrutan de los tipos reducidos y superreducidos) , el Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones (herencias), donde salen más beneficiados los mayores patrimonios. Y además, las desigualdades en el mercado de trabajo agravan la situación.
El actual Gobierno español de coalición tiene como “bandera” el gasto social, reducir las desigualdades. Pero si quiere hacerlo, tendrá que tener en cuenta estos diagnósticos del FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que coinciden en dos puntos: el gasto social es bajo y se hace mal. Y hace unos días, el relator de la ONU para la pobreza ha ido más allá, tras un viaje por España: "El sistema de protección social está roto (…) Los políticos han fallado (….) España debería mirarse de cerca en el espejo y actuar". Muy duro. Como para que Gobierno, políticos y fuerzas sociales pactaran mejoras drásticas en el gasto social. Básicamente, habría que hacer dos cosas: gastar más y gastar mejor.
Para aumentar el gasto social en España sólo hay una vía: recaudar más, dado que los ingresos fiscales son inferiores a la media europea (recordemos: el 38,9% del PIB frente al 45% en la UE-28), 73.700 millones menos recaudados en 2018. Eso obliga a reducir el fraude fiscal (Ojo: Hacienda tiene hoy 2.000 inspectores menos que en 2008 y un 21% menos que los grandes paises UE) y a aumentar la recaudación en todos los impuestos, reduciendo deducciones en el IRPF, suprimiendo tipos reducidos en el IVA y sobre todo, aumentando la recaudación en Sociedades (recordemos que las grandes empresas sólo pagan el 6,25% sobre beneficios y los bancos el 2,68%, frente al 18,37% que pagan las pymes y el 15% los contribuyentes) y consiguiendo más ingresos de impuestos verdes, sobre tecnológicas, operaciones financieras y multinacionales.
Pero sobre todo, hay que mejorar el gasto social. La primera clave es concentrarlo en las familias con rentas más bajas y en las familias con niños, no repartirlas por igual entre la mayoría (lo que da más votos, razón por la que se ha hecho así). Habrá que implantar un sistema de rentas mínimas eficaz, que llegue a más gente (hay 1,8 millones de españoles en situación de pobreza extrema, según Cáritas), con una cuantía decente (al menos 600 euros) y que no dependa de la autonomía donde se viva, sino que haya un mínimo estatal asegurado, que integre a las ayudas por desempleo (al margen de lo cotizado) y que estén vinculadas a recibir formación y asesoramiento para intentar salir de la pobreza. Y en paralelo, una política de alquileres públicos, concentrados en las familias más necesitadas, más ayudas extras a la educación (becas, libros, comedores escolares…) y supresión de los copagos farmacéuticos (ojo: sólo a las rentas más bajas, no a todos ni a los jubilados con más ingresos, porque eso sólo fomentaría el consumo innecesario de fármacos).
Un segundo frente de actuación es el sistema fiscal, que pide a gritos una reforma en todos los impuestos para hacerlos más progresivos y que ayuden a reducir las desigualdades, no a agravarlas como ahora. Y en tercer lugar, una reforma del mercado laboral, dado que la actual división y precariedad del mercado de trabajo (fijos y temporales, jóvenes y mayores con antigüedad) es el origen de los bajos salarios y la pobreza de muchas familias y jóvenes.
Bueno, como se ve, aumentar el gasto social no es “de rojos peligrosos” sino la receta del FMI (y de la OCDE o la Comisión Europea) para reducir la desigualdad y conseguir que menos gente “se quede fuera de la recuperación”. En España, el 52% de los españoles no están bien integrados y de ellos, un 18,4% están excluidos socialmente, según el Informe Foessa 2019 (Cáritas). Son 8.600.000 españoles con problemas de exclusión social. En ellos hay que concentrar el gasto social y hacerlo bien, para que no se desenganchen de la sociedad ni se apunten a los populismos. Ya nos han dicho cómo hacerlo.
