A partir de este 1 de
diciembre, cambia el sistema de las bajas laborales: los partes de baja se recogerán cada más tiempo pero el trabajador enfermo tendrá que pasar revisiones médicas de las Mutuas patronales, que podrán pedir al
médico y al INSS el alta del trabajador si no están de acuerdo con su baja. El Gobierno Rajoy cede así a la presión de los
empresarios, que llevan años pidiendo más control de las bajas laborales, aduciendo que hay mucho fraude.
El absentismo
laboral parece haber subido algo en los últimos meses, pero los pagos
por bajas laborales han caído un 35% con la crisis. Y hay trabajadores que van enfermos a trabajar, por miedo al despido. Recordemos que los españoles trabajan más horas que la
mayoría de europeos y la mayoría hacen
horas extras, la mitad sin cobrarlas.
Hay que controlar el absentismo, sí, pero
sin demagogia. Y a la vez, gastar más en mejorar la salud laboral,
porque con la crisis nos ponemos más enfermos.
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enrique ortega |
En España se pierden
al año 221 millones de horas de trabajo por absentismo laboral, lo que cuesta 9.381 millones de
euros, algo más de la mitad a la Seguridad
Social (4.878,37 millones en 2014), que paga
las bajas a partir del día 16, y el resto a los empresarios (4.503 millones de euros en 2014), que pagan las bajas del 4º al 15º día (del
1º al 3º día de baja no se cobra nada). Este coste, aunque
no es muy abultado y apenas crece (un 1,3% en 2015), nunca ha gustado a la patronal CEOE, que lleva décadas quejándose del absentismo laboral y denunciando un “abuso” en las bajas de los trabajadores (se ha quejado
incluso de los 4 días por fallecimiento fuera de un familiar directo), por lo que exigen
más control y una rebaja de las
cotizaciones sociales que pagan cada mes para costear las bajas.
Rajoy recogió el guante de la batalla patronal
contra el absentismo y empezó cambiando
la norma en la reforma laboral que aprobó en febrero de 2012: permitió
que una empresa pueda despedir a un trabajador si falta al trabajo 10
días en dos meses, incluso con baja
médica. Hasta entonces, ese
despido era improcedente si la
plantilla tenía una tasa baja de absentismo (“los jetas podían salvarse si
tenían compañeros cumplidores”). Ahora, si un trabajador falta a su trabajo,
aún con bajas justificadas, más del 20% de las jornadas hábiles en dos meses
(más de 9 días) o el 25% en cuatro meses (los discontinuos, en un año), puede
ser despedido con 20 días por año (máximo 12 meses). Se excluyen las bajas de
más de 20 días, con lo que la diana de la reforma son las bajas más cortas, que son las que pagan las empresas (del 4º al 15º día). Un catarro o un esguince
mal curado que vuelven, por ejemplo.
Pero el Gobierno Rajoy no se quedó ahí.
En julio de 2014 aprobó una nueva Ley de Mutuas, las asociaciones patronales (creadas en 1900) que se ocupan
de las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional y que gestionan
también el pago de las bajas por enfermedad común, con un Presupuesto de 10.000
millones de euros, aportado por la Seguridad Social y las cuotas empresariales.
Esta nueva reforma dio más poder a las Mutuas patronales en
la gestión de las bajas laborales, a la vez que se
privatizaba una parte de su trabajo: los chequeos médicos a los
trabajadores y la prevención están ahora en manos de hospitales privados, en
especial del grupo IDC-Quirón (se ha adjudicado Fremap,
Mutua Universal, la Fraternidad y MC Mutual), y la aseguradora Catalana de
Occidente (que se ha quedado con Asepeyo). Y en paralelo, aprobó un decreto-ley
para cambiar el sistema de bajas laborales, un cambio que entra en vigor
este
1 de diciembre.
El cambio en el sistema de bajas laborales tiene dos
partes. Una modifica las normas por las que se rigen las bajas laborales, agilizando el
proceso. Si ahora hay que renovar las bajas cada 7 días, desde el 1 de
diciembre, la fecha para recoger los partes de confirmación varían según las bajas: si son muy cortas (menos de 5 días), el médico entrega la
baja y el alta a la vez; si son cortas (5-30 días), el parte de confirmación es
cada 14 días; si son medias (31-61 días), cada 28 días; y si son largas (de 61
días a 365), el parte de confirmación se entrega cada 45 días. Pero a cambio de
estas menores visitas, el médico tendrá que hacer más papeleo.
Por un lado, cuando dé una baja, tendrá que incluir en ella cuál es el tiempo previsto para el alta (si es
corta, media o larga), ayudado por una tabla estadística que le van a proporcionar
con lo habitual según las dolencias. Y
además, el médico tendrá que hacer informes
periódicos para informar de la evolución del trabajador al que ha dado la
baja.
El otro gran cambio, el más importante, es que las Mutuas patronales tienen ahora un gran poder en la gestión de las
bajas: desde el primer día, podrán
pedir al empleado de baja que acuda a una
revisión médica con ellos, para investigar su dolencia (ahora tenían
que esperar al día 16 de la baja para pedir esa revisión). Y si tras ese
análisis deciden que puede volver a trabajar, enviarán un informe motivado de
alta al médico, que deberá contestar en cinco días. Si no lo hace o se
niega a dar el alta, la Mutua puede recurrir a la Seguridad Social (INSS), que
tiene cuatro días para contestar. Y tanto la sanidad pública (SNS) como la
Mutua podrán pedir al INSS el cambio en
la consideración de la baja (si es enfermedad profesional o enfermedad
común, por ejemplo) y también puede reclamar el trabajador. Algo importante: si el trabajador de baja
no acude a la revisión de la Mutua, automáticamente deja de cobrar la baja,
aunque luego tiene 10 días para
justificar por qué no acudió (si lo hace, recuperará el cobro y si no, lo
pierde definitivamente).
El nuevo sistema, según el Gobierno, ahorrará papeleo y costes,
unos 500 millones al año según el
Ministerio de Empleo. Pero los sindicatos
lo critican, porque dicen que sólo busca reducir las bajas y no se preocupa de la salud de los
trabajadores. Los que están más molestos son los médicos de familia
de la sanidad pública (SNS), con tres quejas serias. Una, que se les ha puesto unos “vigilantes”, los
médicos de las Mutuas, para “poner en
duda” su trabajo. Dos, que se les obliga
a hacer mucho más papeleo:
tendrán que estimar la duración de cada baja (no siempre fácil) y emitir muchos más informes, ya que se
les exige ahora un informe complementario
cada dos partes de confirmación (eso da hasta 9 informes en una baja de un
año frente a los 2 informes actuales). Y la tercera queja, que las Mutuas patronales tendrán acceso a los historiales médicos de
todos los trabajadores, algo potencialmente peligroso.
Además, los médicos del
SNS se quejan
de que las Mutuas (y las empresas)
están cargando en la sanidad pública el coste de atender bajas
por enfermedad común que en realidad deberían ser bajas por enfermedad
profesional. La diferencia es importante: una baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo la gestionan
las Mutuas al 100% (ellos dan las bajas y altas) y las empresas tienen que
pagar al trabajador el 75% del sueldo (o lo que diga el convenio). Si la enfermedad es común, la atención
al trabajador y la gestión de la baja recae en la sanidad pública y la empresa
se ahorra dinero, porque se paga sólo el 60% del sueldo (salvo que el convenio
haya pactado un pago mayor). Los sindicatos critican este fraude (estiman que una
cuarta parte de las bajas son realmente enfermedades profesionales),
que engorda los costes de la sanidad pública, en beneficio de las Mutuas
privadas.
Estos importantes cambios en el sistema de bajas laborales llegan cuando algunas fuentes
hablan de un cierto repunte del absentismo laboral, desde mediados de
2014, año en que las horas perdidas habrían aumentado, por primera vez en 6
años, desde el inicio de la crisis: estaríamos en el 4,4% de absentismo (2014),
frente al 4,9% en 2007, según estimaciones de
Addeco. Con todo, hay otro dato más importante: el pago por bajas laborales ha caído un
35% con la crisis, al menos en la parte que paga la Seguridad Social (a
partir del 16º día de baja): si el INSS pagó 7.533,87 millones para bajas en
2008, en 2014 pagó sólo 4.878,37 millones. Y para este año 2015, hay
presupuestado sólo un 1,3% más (4.972 millones). Así que no se ha disparado el
coste de las bajas, sino que ha bajado mucho con la crisis, algo lógico porque hay menos empleados y los trabajadores se lo piensan
mucho, con tanto paro, antes de no ir
a trabajar. Incluso, los sindicatos denuncian que muchos van a trabajar enfermos.
Parece claro que el
absentismo laboral es algo muy negativo,
para las empresas y para la economía, pero quizás se esté utilizando para forzar
más recortes en las bajas, con la excusa de un mayor control. Y en
paralelo, no se habla de otros datos
que hablan de lo contrario, de que los españoles trabajan más que el resto de europeos. De hecho, hay 11 países europeos
que trabajan menos horas que España (1.665 horas en 2013), entre ellos Alemania
(trabajan 280 horas menos al año) o Francia (176 horas menos), aunque
trabajamos 100 horas menos al año que la media de la OCDE. Y por si fuera poco,
el 85% de los trabajadores españoles
hacen más horas de las que deben, según Randstad. De hecho, 2 de cada 5 trabajadores españoles (el 41%) hacen al menos 8 horas extras a la semana, según
un informe de Regus. Y cada semana se hacen en
España 10 millones de horas extras “ilegales”
(que superan las 2 horas extras legales por semana), según datos del INE recogidos por el PSOE. Y otro dato más, que no suele citar la
patronal: más de la mitad de las horas
extras hechas en 2014 no se pagaron,
se hicieron “gratis”, según un informe de UGT. Eso es “presentismo”, no absentismo.
A estas alturas del mundo, todos los expertos reiteran que por trabajar más horas no se es más
productivo, sino que el objetivo es trabajar menos con más eficacia,
para que haya empleo para más gente. Sobre todo en España, un país con horarios laborales de locos (se sale
de trabajar a las 8 de la tarde, cuando la mayoría de europeos están cenando),
que dificultan la conciliación familiar y no favorecen la productividad, que depende más de la organización del trabajo, la integración laboral,
la innovación y la tecnología.
Otro tema preocupante es la salud laboral, que la crisis ha deteriorado: el paro, la precariedad y los problemas
laborales han agravado el estrés laboral,
provocando más accidentes y un aumento de los problemas psicológicos y psiquiátricos, que son ya el tercer motivo de las bajas
laborales, tras las gripes y las dolencias musculares o roturas. España invierte poco en prevención
laboral y las empresas han recortado su gasto en salud laboral, lo que puede provocar un aumento de las horas
perdidas. Tener trabajadores sanos (y
satisfechos con su trabajo) es la mejor receta contra el absentismo, no
multiplicar los controles y “criminalizar” las bajas por una minoría que
defrauda. La mayoría quiere trabajar y
cobrar su sueldo íntegro, no estar de baja.
