La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.

Fondos UE a cambio de reformas (polémicas)

El Gobierno español acaba de enviar a la Comisión Europea un listado de 170 reformas que se compromete a hacer, básicamente en pensiones y normativa laboral. Ahora, los políticos comunitarios las estudiarán y decidirán para el verano si nos adelantan los primeros 10.000 millones de los 80.000 que nos tocan del Fondo europeo de reconstrucción. Sin reformas no hay dinero. Y Bruselas mirará con lupa en qué lo gastamos (transición energética, digitalización, formación, servicios públicos), con dos exámenes anuales previos a transferirnos el dinero. Eso exige cambios y agilidad en la gestión del Estado y, sobre todo, de las autonomías, que gastarán el 54% de este dinero europeo. Pero sobre todo, nos van a exigir reformas en las pensiones (habrá recortes en las futuras) y en la normativa laboral, lo que provoca tensiones entre el PSOE y Podemos, sindicatos (habrá movilizaciones el 11 de febrero) y patronal. Pero habrá que pactar cambios si queremos el dinero europeo. No perdamos esta oportunidad.

Enrique Ortega

Al final, España será el país europeo que reciba más ayudas del Fondo Europeo de reconstrucción, aprobado en el Consejo Europeo del 21 de julio. Inicialmente, España iba a recibir 69.437 millones, pero ahora recibiremos 10.359 millones más (+14,9%), debido a que se ha recalculado el Fondo total con la inflación (será de 375.469 millones, 25.000 más de lo previsto en mayo) y le toca más a España porque nuestra economía cayó en 2020 más de lo previsto (-12,4% el PIB). Con ello, la aportación que recibirá España será de 79.796 millones (a fondo perdido) entre 2021 y 2023, según el reparto (ver cuadro) que aprobará pronto el Parlamento Europeo, por delante de lo que recibirán Italia (79.588 millones,+4,5% sobre lo previsto antes), Francia (42.300 millones, +4,9%), Alemania (27.403 millones, +11,8%), Polonia (25.412 millones, +3,2%), Grecia (19.389 millones, +8,6%), Rumanía (15.499 millones, +3%) y Portugal (15.417 millones, +5%).

Este dinero europeo del programa “Next Generation EU” (375.469 millones) se reparte entre dos subprogramas. El primero y fundamental, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (337.969 millones), de los que España se llevará 69.527 millones, que tendrán que gastarse en la transición energética, la transformación digital  y educación, formación, ciencia, reindustrialización, agenda urbana, lucha contra la despoblación, economía de los cuidados, cultura y deporte y reforma de la administración pública. El otro programa se llama REACT EU (37.500 millones) y aportará a España 10.269 millones, destinados a la recuperación y cohesión territorial de las autonomías.

España ha sido uno de los primeros paises en esbozar cómo quiere gastarse esos Fondos europeos, aprobando en octubre de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en 4 ejes de inversión para los 72.000 millones que entonces se esperaban de Europa (finalmente serán 79.796): transición ecológica (37% del gasto), transformación digital (33%), igualdad de género y cohesión social y territorial (el resto). Y después, como no se esperaban recibir los primeros Fondos hasta el verano de 2021, incluyó en los Presupuestos de 2021 un anticipo de estos Fondos europeos, adelantando 34.634 millones (24.198 del Mecanismo de Recuperación UE  y aportando otros 8.000 millones a las autonomías a cuenta del programa REACT EU), para no retrasar los primeros programas del Fondo Europeo. Ahora falta concretar los proyectos y enviarlos a la Comisión Europea antes de abril, para que los estudien y aprueben.

El Gobierno español ha puesto en marcha un amplio equipo, de más de 150 personas, para preparar estos programas de inversión, con la colaboración de las autonomías, que van a ser responsables de gastar el 54 % de la inversión que se quiere iniciar este año. Por un lado, ya ha aprobado el reparto por autonomías (lo gestionan en exclusiva) de los primeros 8.000 millones del programa REACT EU, que irán a formación y lucha contra el paro, al refuerzo de la sanidad, educación y servicios sociales, a políticas de vivienda y medioambientales, junto al apoyo a pymes y autónomos. Y ahora, el Gobierno central y las autonomías están debatiendo el reparto de los 24.198 millones restantes, donde los gobiernos regionales deben presentar y gestionar proyectos por casi la mitad del importe, quedando el resto de proyectos en manos de la Administración Central (que busca la colaboración de las empresas privadas).

La gran preocupación de muchos expertos, es que España no sea capaz de gestionar bien el dinero europeo, a la vista de la experiencia reciente: en el último periodo presupuestario europeo (2014-2020), España sólo invirtió en plazo el 33% de los fondos europeos. Y este 1 de enero de 2021, España tenía pendiente de gastar 12.000 millones de fondos estructurales del último septenio (2014-2020). Ahora, gastar casi 80.000 millones en 4 años (2021-2024) parece una tarea imposible, aunque estos fondos sean claves para reconstruir y modernizar el país. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en diciembre un real decreto, para modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Se intenta agilizar la Administración, para que gaste con más rapidez y eficacia (ver aquí sus objetivos). Y lo que quiere el Gobierno es que las autonomías hagan lo mismo, que aprueben normas similares, para que los Fondos UE se gasten mejor. Pero no será fácil conseguirlo, porque PP, Ciudadanos y ERC votaron en contra de la convalidación del decreto en el Congreso la semana pasada, aprobada "in extremis" gracias a la abstención de Vox.

El problema de esta división política interna sobre la ejecución de los Fondos europeos es que no ayuda frente a una Comisión Europea que nos va a vigilar de cerca: dos veces al año hará "exámenes" de la marcha de las inversiones y sólo si nos "aprueba" autorizará la transferencia de los fondos (también dos veces al año). Y si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España. Si alguien se retrasa, afectará a los demás, a los que invierten bien. Por eso es clave que exista un organismo central en España que coordine la gestión de los proyectos. O se gasta bien o no habrá fondos europeos. Y cuando lleguen, serán con cuentagotas: los primeros, en julio o septiembre, serán sólo el 13% de los previstos para 2021-2023, o sea, recibiremos 10.373 millones de euros.

Pero antes de eso, España tendrá que aprobar las reformas que le viene pidiendo la Comisión Europea desde hace dos décadas, en especial la reforma laboral y  la reforma de las pensiones (Bruselas considera que es el talón de Aquiles de España, porque suponen el 40% del Presupuesto y porque tenemos un creciente envejecimiento y una bajísima tasa de empleo para financiarlas). Ahora, el Reglamento de los Fondos europeos de reconstrucción lo deja claro: sin reformas no hay dinero. Y no basta con buenos propósitos: la Comisión va a vigilar la marcha de las reformas y si no hay avances, corta el grifo de los Fondos.

El Gobierno español ha mandado a Bruselas, en enero, un listado de 170 reformas que promete hacer en los próximos años, en el terreno laboral, pensiones, sistema educativo y FP, sanidad, agricultura y transición ecológica, entre otras. Pero la clave son las propuestas de reforma de las pensiones y la normativa laboral, anticipadas a mediados de enero a sindicatos y patronal.  Son sólo unas líneas básicas, que hay que concretar mucho todavía, pero ya han provocado las críticas de Podemos y de los sindicatos, que han convocado concentraciones de protesta el 11 de febrero. Y falta ver lo que opina la Comisión Europea.

La propuesta de reforma de pensiones enviada por el Gobierno español a Bruselas incluye 8 cambios fundamentales: financiación con impuestos (Presupuesto) de los gastos “impropios” de la Seguridad Social (20.000 millones, de los que 14.000 ya anticipa el Presupuesto 2021), mantener el poder adquisitivo de las pensiones (ojo: el plurianual, no anualmente), acercar la edad de jubilación real (64,6 años) a la teórica (66 años en 2021 y 67 en 2027), aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión (en 2011 se subió de 15 a 25 años para 2022), buscar algún sistema para lograr “la equidad generacional” (a lo claro: ligar la pensión inicial a la población ocupada y a la relación ocupados/pensionistas), que los autónomos coticen por sus ingresos reales (el 85% cotizan por mínimos), aumentar las bases máximas de cotización (hoy en 4.070 euros) y con ello las pensiones máximas e impulsar los Fondos de pensiones de empleo, en las empresas, creando un gran Fondo público para promoverlas.

Lo polémico de esta propuesta de reforma de las pensiones son dos cuestiones. La primera, la ampliación del periodo cotizado que se va a tomar. El Gobierno no ha incluido finalmente en su envío a Bruselas subirlo de 25 a 35 años, para evitar conflictos con Podemos y los sindicatos. Pero esa es la idea, aunque permitiendo “quitar los años malos”. La otra cuestión polémica será el factor de “equidad intergeneracional”: la reforma de Rajoy incluyó como “factor de sostenibilidad” la mayor esperanza de vida, para recortar la pensión inicial al cobrarse más años. Ahora, podrían incluirse otros factores, como la demografía (la evolución de la población y su envejecimiento), la marcha del empleo y la relación entre ocupados y pensionistas. Con estas dos reformas (ampliar a 35 años el periodo de cómputo y corregir la pensión inicial por demografía o empleo), el Gobierno estima que las pensiones futuras podrían recortarse un -5,5%.

La otra reforma clave enviada a Bruselas es la reforma de la normativa laboral. El Gobierno ha renunciado de momento a derogar la reforma laboral de Rajoy, como piden los sindicatos y Podemos, y pretende reformar los aspectos más lesivos de la actual normativa. Y para ello, propone 17 reformas laborales, repartidas en varios bloques: lucha contra los contratos temporales (generalizando el contrato indefinido), frenar la subcontratación generalizada, simplificar el contrato de prácticas y para la formación, establecer los ERTEs de forma permanente (creando un Fondo tripartito para financiarlos), modificar la actual normativa de convenios (favorecer los sectoriales y prorrogar los convenios finalizados hasta que se renueven), regular el trabajo en las plataformas digitales (repartidores) y modificar las políticas activas de empleo (revisando bonificaciones), modernizando las oficinas de empleo y la formación, diseñando un nuevo Plan de empleo joven 2021-2027.

Ante estas dos reformas claves, las pensiones y la normativa laboral, el Gobierno Sánchez tiene dos frentes abiertos en las próximas semanas. Uno interno, donde las reformas tendrán que afrontar la oposición de Podemos y los sindicatos (no quieren cambios que supongan recortes en las pensiones futuras) y también de la patronal, sobre todo en los cambios laborales. Y el otro externo, en Bruselas, donde la Comisión Europea y los gobiernos más conservadores de centro-Europa (con Países Bajos, Austria, Alemania y Finlandia en cabeza) van a forzar reformas más drásticas, sobre todo en pensiones, porque consideran que las pensiones españolas son “demasiado generosas”: de hecho, las nuevas pensiones (ojo, no las antiguas) suponen el 84,3% del último salario, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Paises Bajos, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Al final, España se encuentra en una encrucijada: necesitamos los Fondos europeos para reconstruir y modernizar el país tras la pandemia, pero ese dinero gratis tiene condiciones, básicamente dos: que se gaste bien (con eficacia y controles) y que se hagan reformas. Si la Comisión Europea o algún país cree que gastamos mal o no hacemos las reformas como ellos piensan, nos pueden cortar el grifo. Ese es su poder y esa es “la amenaza” (Bruselas) que va a tener el Gobierno Sánchez para negociar con las autonomías el reparto del gasto y con los partidos, sindicatos y patronal las futuras reformas. Sobre todo, los cambios en las pensiones (que quiere aprobar este año, para aplicarlos desde 2022) y en la normativa laboral.

Se avecinan meses de dura negociación, dentro de España y con Europa. Pero no queda más remedio que avanzar en los dos frentes, en gastar bien (necesitamos reestructurar nuestra economía, muy vulnerable, como se ha visto con en esta pandemia y la anterior crisis de 2008) y en hacer las reformas más urgentes. Una de ellas, la reforma laboral, porque no es de recibo que España tenga la tasa de empleo más baja de Europa (68% de los adultos frente al 73,1% en la UE-27) y la mayor tasa de paro (16,4% frente al 7,5% la UE-27) y de precariedad laboral (el 25% de empleos temporales, doble que en Europa). Y la otra, la reforma de las pensiones, porque si no, en 2050 tendremos un grave problema: habrá 15 millones de pensionistas (hoy 9,2) y sólo 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora tenemos 3 activos. Eso obliga a buscar más ingresos y a “atemperar” el gasto.

No podemos tener un país con el doble de paro que Europa y donde no tengamos jóvenes con empleo que puedan pagar las pensiones futuras. Y donde uno de cada cuatro trabajadores tenga un empleo temporal y mal pagado. Eso había que cambiarlo desde hace dos décadas, reformarlo sin más retrasos, con o sin la presión de los Fondos europeos. Así que ya que hay que hacerlo, hagámoslo ya, con el máximo acuerdo interno posible, para que las reformas sean mejor aceptadas en Europa y duren más años, al margen de los cambios de Gobierno. Estamos en un momento crucial, que hemos de aprovechar para hacer reformas y modernizar el país con ayudas europeas. No podemos perder este tren.

El miedo acelera las jubilaciones

En 2017 se jubilaron cada día 848 españoles, la 2ª cifra más alta de la historia, tras el récord de 2013, el año de la reforma (recortes) de Rajoy. En ambos años, el miedo al futuro de las pensiones disparó las jubilaciones anticipadas, aunque se pierda dinero. Y en  2018 puede batirse otro récord de jubilaciones, porque en enero de 2019 entran en vigor dos cambios que van a recortar las nuevas pensiones, un 5% cada década. Así que muchos mayores optan por anticipar su jubilación y más si están en paro (casi un millón). Mientras, el Gobierno Rajoy miente con las pensiones (“no han perdido poder adquisitivo”/ “han mejorado las cuentas”) y lanza “globos sondas” (“tener en cuenta toda la vida laboral, quitando 5 años malos”) que esconden nuevos recortes. Y la oposición se empeña en un impuesto a la banca, insuficiente y poco eficaz. Todos han perdido un año sin aprobar medidas. Pero recuerden: si no deciden aumentar ingresos, lo demás que propongan serán más recortes. Que no les engañen.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años están muy preocupados por su pensión y por eso, en cuanto pueden, se jubilan sin esperar a cumplir  los 65 años aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que ha pasado en 2017: hubo 309.709 nuevas jubilaciones, 848 al día, la segunda cifra más alta de la historia tras las jubilaciones de 2013 (314.204), un récord provocado por la reforma de las pensiones (recortes) aprobada por el Gobierno Rajoy. El salto anterior en las jubilaciones se había dado en 2012 (308.400 jubilaciones desde las 286.143 de 2011), debido también a las reformas (recortes) aprobadas por Zapatero en 2011.

De las 308.400 jubilaciones de 2017, casi la mitad (133.602, el 43%) se produjeron con 64 años y menos, a pesar de que el año pasado, la edad oficial de jubilación era ya de 65 años y 6 meses. Una parte importante de las prejubilaciones fueron a los 61 años (56.518) y otras a los 63 (41.175) y 64 años (41.175). Con ello, la edad media de jubilación en España está en 62 años, por debajo de la media de los 35 países de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de los occidentales (salvo Japón), pues aumenta más el gasto en pensiones.

Es indudable que el envejecimiento es una de las causas del récord de jubilaciones en 2017, pero todavía juegan más otros dos factores. Uno, el miedo, la preocupación por el futuro de las pensiones, que impulsa a jubilarse cuanto antes aunque se pierda dinero. Actualmente, todavía se puede uno jubilar a los 63 años si ha cotizado 35 años (o incluso a los 61, con 33 años cotizados, si uno viene de un ERE o un despido improcedente), aunque pierde un porcentaje de pensión por cada año que anticipe el retiro: le quitan entre el 8% y el 6,5% por año anticipado, según los años cotizados (ver la normativa). Pero muchos no lo dudan: prefieren jubilarse cuanto antes y perder un 14% de pensión que esperar y sufrir más recortes.

Sobre todo si esa espera le pilla al mayor en paro, el segundo factor que dispara las jubilaciones anticipadas. A finales de 2017, había en España 949.100 mayores de 50 años sin trabajo, según la EPA, más del triple que antes de la crisis (281.600 en 2007). Y de ellos, 170.400 parados tienen entre 60 y 64 años, el único grupo de parados que no ha notado la recuperación, sino que ha aumentado (eran 169.800 parados de 60 a 64 años en 2013). Así que si un mayor está en paro y la mitad encima no cobra desempleo, en cuanto puede se jubila: deja de pagar una cotización al mes y empieza a cobrar algo, aunque sea un 14% menos que si espera a los 65 años y 6 meses.

Así que ya entendemos por qué hay un récord de jubilaciones, sobre todo entre funcionarios (3 de cada 4 son prejubilaciones voluntarias). La cuestión es que el récord se va a superar este año 2018. Primero, porque sigue la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, gracias a la inacción y los “globos sonda” de nuestros políticos. Pero sobre todo, porque el 1 de enero de 2019 se van a producir dos cambios, por la reforma de pensiones de Rajoy (2013), que van a recortar las nuevas pensiones a partir del año que viene. Así que los expertos se temen una avalancha de jubilaciones este año, para evitar esos recortes.

El primer recorte vendrá de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, del llamado “factor de sostenibilidad”: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece año tras año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (menos pensión durante más años). Este factor de sostenibilidad no está todavía fijado (el Gobierno espera a saber la cifra oficial de fallecimientos en 2017), pero los expertos del BBVA ya han determinado que supondrá un recorte del 0,5% en las nuevas pensiones de 2019: si la pensión media de jubilación es de 1.074 euros (2017), perderían 75 euros al año. Y así, año tras año, las nuevas de 2020, 2021 y siguientes. Los expertos estiman que las nuevas pensiones serán entre un 4 y un 6% más bajas en una década, para 2029. Así que cuanto más tarde se jubile uno, peor, lo que presiona a acelerar las jubilaciones estos años.

El otro factor que aumentará las jubilaciones en 2018 será que en enero de 2019 se endurecen las jubilaciones anticipadas, porque la reforma de Zapatero, que daba un plazo hasta 2024 para beneficiarse de las actuales condiciones ventajosas para prejubilarse, fue endurecida por Rajoy, que redujo ese plazo a enero de 2019. Así que todo el que esté pensando en jubilarse antes de los 65 años y se informe, aprovechará este año para hacerlo porque luego le exigirán más tiempo cotizado y peores condiciones.

Estos son recortes ciertos y a plazo fijo en las nuevas pensiones, pero hay más que sufrirán los futuros pensionistas y los actuales. Por un lado, los recortes derivados de la reforma Zapatero de 2011, básicamente dos: ampliar la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027) y ampliar los periodos de cotización exigidos (de los 36 años y 6 meses actuales a 38 años y 6 meses en 2017). Y por otro, los recortes derivados de la reforma de Rajoy en 2013: revalorizar las pensiones sólo un 0,25% (probablemente hasta 2040) y fijar la pensión en función de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad). Estos recortes ya están haciendo efecto: así, en 2017, la pensión inicial fue de 1.318 euros, un 1% inferior a la de 2016. Y así será cada año: caerá el importe de las nuevas pensiones. La consecuencia será que los españoles que se jubilen en 2050 (los nacidos en 1983) cobrarán un 40% menos de los que se han jubilado en 2017, según estimaciones sindicales. O sea, 790 euros de los de entonces.

Esta es la realidad: con las dos reformas ya en vigor, las pensiones futuras serán casi la mitad de las actuales. Y la inflación se comerá además parte de las pensiones de hoy. Así que el problema es doble. Por un lado, asegurar que habrá dinero para pagar esas pensiones recortadas casi a la mitad. Y por otro, intentar buscar recursos para mejorarlas. En total, para tapar el déficit actual de las pensiones, asegurar el futuro y mejorarlo, haría falta ingresar entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Frente a este gran reto, ni el Gobierno ni la oposición proponen medidas serias. Y encima, la ministra de Empleo miente a los pensionistas y al país. Miente cuando dice que “en 2017 se revertió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones…”. Es falso: el déficit de las pensiones aumentó en 263 millones, hasta los -18.800 millones y si bajó en términos relativos (del 1,67% al 1,61% del PIB) es porque la economía creció. Además, si los ingresos crecieron más que los gastos (5,3% frente al 3%), por primera vez, fue porque se empezaron a notar los efectos de los recortes de 2011 y 2013, no porque el sistema se haya saneado. Y miente cuando dice que “las pensiones no han perdido poder adquisitivo”, manipulando las cifras con la subida especial de las pensiones mínimas hecha entre 2008 y 2011: realmente, las pensiones perdieron un -2,2% con la crisis (2007-2017), según datos oficiales.

Además de mentir y tratar de ocultar el grave problema de las pensiones, el Gobierno Rajoy se dedica a lanzar “globos sonda” en TVE y declaraciones, mientras no ha hecho todavía ninguna propuesta oficial de reforma donde debe hacerlo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se reúne desde diciembre de 2016 sin tomar medidas. La primera idea que lanzó la ministra Fátima Báñez, en enero pasado, fue ampliar el plazo de años que se consideran para determinar la pensión (ahora son 21 años y serán 25 años en 2027), hasta toda la vida laboral del trabajador, pero “pudiendo quitar los 5 años peores” (como un “caramelo” para endulzar la propuesta). Se diga lo que se diga, para la mayoría de trabajadores, considerar toda la vida laboral (en vez de los 21 o 25 últimos años) supone tomar en cuenta cotizaciones más bajas (las de hace 30 o 40 años) y por tanto, rebajar la pensión resultante, entre un 15% y un 35%, según los expertos del Instituto Santa Lucía.

Otra “propuesta milagro” adelantada por la ministra Báñez es permitir que los mayores de 65 años puedan trabajar estando jubilados, para que así coticen y mejoren las cuentas de la Seguridad Social. Actualmente sólo se permite seguir trabajando si se cobra el 50% de la pensión y la idea sería permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión, una propuesta que también ha hecho la OCDE, donde sólo hay 7 países de los 35 que restringen trabajar a los jubilados. La iniciativa “suena bien”, pero tiene dos graves problemas de fondo: uno, que muchos mayores no tienen fácil seguir trabajando e incluso trabajar a secas (recordemos: hay casi un millón de mayores de 50 años en paro). Y el otro, que un 37,4% de los jóvenes españoles está en paro y hay que darles una oportunidad, dejarles paso.

Mientras la ministra Báñez lanza “globos sonda”, el Gobierno Rajoy utiliza el BOE para aprobar por decreto ley, una medida que refleja su forma de pensar: apoyar a los Planes de pensiones privados, aprobando el viernes pasado que los Planes se puedan rescatar en 10 años, para “quitar el miedo” a que los trabajadores los contraten por ser un dinero “cautivo”. Y además, le bajan las comisiones, a ver si así evitan que los Planes de pensiones privados sigan decayendo : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Así que Rajoy trata ahora de reanimarlos.

Si el Gobierno no propone medidas para salvar las pensiones públicas y sólo aprueba un decreto (muy criticado por los expertos) para salvar los Planes de pensiones privados,  la oposición tampoco hace mucho. El PSOE se descolgó en enero con imponer un impuesto especial a la banca, similar al que propuso antes Podemos, una propuesta que “suena bien” a muchos pero que no deja de ser una “ocurrencia populista”. Primero, porque es insuficiente: sólo aportaría 1.860 millones, el “chocolate del loro” para lo que necesitan las pensiones. Y, sobre todo, porque se penaliza a un sector frente al resto, la banca, que nos trasladaría a los clientes ese mayor coste, en forma de comisiones y tipos, además de penalizar a la banca española frente a la del resto del mundo.

Es hora de dejarse de “globos sonda” y “propuestas populistas”, para afrontar con seriedad el grave problema de las pensiones, que es estructural: los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente (aunque haya 2 millones más de españoles cotizando, pero con sueldos bajos) para hacer frente al aumento de las pensiones, que pasarán de los 9,5 millones actuales a 15 millones en 2050, con menos activos que hoy (por la caída de la población) . Un problema que es doble: poder pagar las pensiones futuras y tratar de revertir los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy, porque si no, las pensiones futuras serán un 40% más bajas que las actuales.

Para afrontar ambos retos hace falta ingresar esos 50.000 a 80.000 millones más en 20 años de los que antes hablaba. ¿Cómo? No hay una solución mágica y los expertos coinciden en abordar un abanico de medidas a medio plazo, en dos frentes: por un lado, quitar lastre, costes, a la Seguridad Social, y por otro, conseguir más ingresos.

La Seguridad Social puede conseguir ahorros importantes por cuatro vías. Una, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas”: son 3.700 millones anuales de pérdida de cotizaciones, que deberían suprimirse o pagarse con cargo a los Presupuestos. Y lo mismo el coste del Ministerio de Empleo, 4.000 millones, que paga la Seguridad Social. Otra fuente de ingresos sería pagar el subsidio de desempleo a más parados (el 49,5% no lo cobra) y cotizar por ellos a la SS, lo que le aportaría 1.000 millones más. Y en cuarto lugar, subirla cotización a los sueldos más altos (hoy tienen un tope en 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), con lo que se podría ingresar 7.500 millones más. En total, con estas 4 medidas, se conseguirían 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y poder subir más las pensiones actuales. Y si no queremos aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos caminos: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir cotizaciones a empresas y trabajadores, es viable porque tenemos unas cotizaciones más bajas que en Europa: ingresan el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo de Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Igualarnos a las cotizaciones de la zona euro permitiría a la SS ingresar 34.000 millones más cada año. Y si se aprobara una subida menor, para no penalizar tanto el empleo, podrían ingresarse 20.000 millones más en un horizonte de 4 años. Es defendible que empresas (ahora con beneficios) y trabajadores coticen más, sobre todo si se defiende que ahorren para pagar un Plan de pensiones: mejor que peguen ese extra a la Seguridad Social.

Y quedaría recaudar entre 12.000 y 42.000 millones más, por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer porque, como reiteran la Comisión Europea y los expertos fiscales, España recauda mucho menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a asegurar las pensiones y el resto a bajar el déficit y aumentar los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar la sanidad, la educación, la Dependencia y los gastos sociales.

Al final, el PP y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de aumentar los ingresos, sino que prometen bajarlos, lo que complica aún más el futuro (de las pensiones y del gasto social). Y por eso, todas sus propuestas van dirigidas a la otra parte de la ecuación, a reducir el gasto con más recortes, como sería considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. No se engañen: todos los que no propongan aumentar ingresos, vía ahorro de costes en la SS, cotizaciones y mayor recaudación fiscal, están proponiendo más recortes. Que lo sepan.