Elecciones 28-M: nos jugamos mucho

Este domingo son las elecciones en 8.131 municipios y 12 autonomías, más Ceuta y Melilla. La derecha se empeña en desvirtuarlas y convertirlas en un plebiscito sobre el Gobierno Sánchez, cuando lo que se juega es quien gestiona los servicios y problemas que más nos preocupan: sanidad, educación, Dependencia, ayudas sociales, vivienda, empleo, Justicia, transportes, tráfico y contaminación o despoblación. España es el tercer país más descentralizado de Europa y el Estado del Bienestar depende de autonomías y Ayuntamientos. Y cada uno gasta distinto, baja o sube impuestos y tiene distintas prioridades. Eso es lo que deberíamos valorar y no los pactos con Bildu o la gestión del Gobierno. Pero los grandes temas, desde la sanidad a la pobreza, los transportes o el empleo, no han salido apenas en esta campaña. Este Blog recopila los datos básicos, la situación por autonomías y el papel de los Ayuntamientos, para centrar el debate en lo que nos importa. Lee, infórmate (aquí y fuera) y vota.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más descentralizados del mundo, con un gran peso de los gobiernos regionales y locales en la política y el gasto. Así, el 44% de todo el gasto público en España lo hacen las autonomías (32%) y los Ayuntamientos (12%), según la OCDE (datos 2019). Y así, somos el tercer país con más descentralización del gasto en Europa, tras Suiza (57% gasto lo realizan cantones y ciudades) y Bélgica (46% de gasto público es no estatal). Y superamos en gasto descentralizado a paises federales como Alemania (40%) o Estados Unidos (48%) y a la media OCDE (31%), muy por delante de dos paises bastante centralizados como Francia (sólo el 20% del gasto no lo hace el Estado) e Italia (28%), según este reciente estudio del Banco de España.

Sin embargo, el informe revela que esta gran descentralización de los gastos públicos en España no se corresponde con la descentralización en los ingresos, que es mucho menor: así, autonomías y Ayuntamientos sólo recaudan el 22,6% de todos los ingresos públicos. Este desequilibrio indica dos cosas. Una, que autonomías y Ayuntamientos están muy dispuestos a gastar pero no a subir sus impuestos, que les puede costar votos. Y la otra, que este desequilibrio “se tapa” con las aportaciones (crecientes) del Estado central, que traspasa parte de sus ingresos impositivos a autonomías y Ayuntamientos (un porcentaje de lo que recauda por IRPF, IVA o impuestos especiales, más transferencias anuales). Y eso permite que algunas autonomías y Ayuntamientos bajen impuestos, como bandera electoral, gracias a la mayor aportación de fondos del Estado central.

En 2023, esta disparidad entre gastos descentralizados e ingresos se ha agravado, porque el Gobierno Sánchez ha multiplicado sus transferencias a autonomías y Ayuntamientos, gracias al aumento extra de la recaudación prevista (+35.000 millones), por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía. Así, los gobiernos regionales y locales recibirán este año 157.000 millones del Estado central, la mayor aportación de la historia: las autonomías recibirán 134.335 millones (+26.130 millones, +24% más que en 2022) y los Ayuntamientos 23.035 millones (+1.100 millones, un 5% más que en 2021. Y también han sido importantes las transferencias recibidas en años anteriores. Con ello, las autonomías recibirán 178.750 millones más en los 5 años de Gobierno Sánchez (2019-2023) que los recibidos en los cinco años anteriores del Gobierno Rajoy (2013-2017).

No es ningún “regalo”: simplemente, se ha recaudado más y una parte de esos ingresos extras se han transferido a autonomías y Ayuntamientos, que no recaudan más, porque asientan su financiación en un sistema que les quita responsabilidad fiscal y deja el grueso de los ingresos periféricos al Estado central. Pero lo realmente chocante es que algunas autonomías y Ayuntamientos, sobre todo las gobernadas por el PP, han aprovechado estos mayores ingresos del Estado para bajar ellos sus impuestos (autonómicos y municipales), en lugar de aprovecharlos para reforzar servicios, desde la sanidad y la Educación a la Dependencia o la Vivienda. Incluso, y es más escandaloso, algunas han recortado gastos en Dependencia, en servicios sociales (rentas básicas) o en vivienda, sanidad y educación, destinando los extras recibidos a otras partidas (y a bajar impuestos: la Comunidad de Madrid pierde 900 millones de ingresos cada año por suprimir el impuesto de patrimonio).

Al final, la clave de la gestión autonómica y municipal (y de estas elecciones) debería ser quien  ingresa más o menos y quien gasta más o menos. Si analizamos los Presupuestos autonómicos de 2022, la conclusión es clara: algunas autonomías apuestan por ingresar menos y, en consecuencia, gastan menos en sus ciudadanos. Veámoslo. Ingresos: de las 6 autonomías que menos ingresan por habitante, 5 están gobernadas por el PP: Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.729) y Galicia (4.866 euros por habitante). Unos ingresos que contrastan con los de Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.557) y Aragón (5.315 euros). Y lógicamente, a la hora de gastar pasa lo mismo: son las mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) las que menos gastan (en servicios al ciudadano): Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.854) y Galicia (4.866). Y se repiten las 6 autonomías que más gastan: Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.532) y Aragón (5.315 euros/habitante).

Esto es aún más importante porque las autonomías son las que gestionan la mayor parte del Estado del Bienestar, dado que España es el 2º país europeo con más descentralización de competencias, tras Alemania. Basten tres datos: las autonomías gestionan el 92% del gasto sanitario público, el 85% del gasto educativo y el 73% del gasto en Dependencia… Por eso son tan importantes estas elecciones: nos jugamos quien gestiona y cómo servicios claves: sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, vivienda, fomento del empleo, transportes, Justicia… Y ayudas importantes a la cultura, la agricultura, la industria y el comercio, la investigación, la familia o la despoblación. Y en el ámbito municipal, la limpieza, los servicios municipales, el transporte, el agua, la movilidad o la contaminación y los servicios sociales. Hagamos un repaso de su situación.

La sanidad es la 4ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS, tras la crisis económica, el paro y la política. Los ciudadanos dan una nota de 6,14 a la sanidad pública (6,74 en 2019), pero un 46,8% piensan que necesita cambios importantes, sobre todo en la atención primaria y en reducir las listas de espera. Y aquí volvemos a la desigualdad en el gasto. Hay 6 autonomías que gastarán poco en sanidad este año 2023, mucho menos que la media (1.809 euros por habitante): Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651). Y otras 6 que gastan bastante más en sanidad: Asturias (2.133), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020), Castilla y León (1.999) y Baleares (1.827 euros). Y el gasto sanitario autonómico apenas ha crecido, a pesar de la pandemia. Es más: hay 4 autonomías que gastaron menos en sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874 millones, -9,96%), Murcia (-231 millones, -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%).

Está claro que mejorar la sanidad no pasa sólo por gastar más (necesario pero no suficiente) sino por gestionar mejor, con más personal (faltan 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos), mejores políticas laborales (menos precariedad y más incentivos) y  potenciando la atención primaria (se lleva el 13,9% del presupuesto total, un 10,7% en Madrid, cuando debería recibir el 25%, según la OMS). Pero el gasto es clave. Y si no, veamos las regiones con peor sanidad, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que valora múltiples factores: a la cola están Andalucía (65 puntos sobre 143), Murcia (71), Comunidad valenciana (73) y Canarias (73), seguidas de Madrid (74), Cataluña (75), Castilla la Mancha (80) y Baleares (81), 6 de las 8 autonomías que menos gastan en Sanidad. Y dan la mayor puntuación a la sanidad de Navarra (108 puntos de 142), País Vasco (106), Extremadura (95), Asturias (93) y Aragón (92)… que son 4 de las 6 autonomías que más gastan en sanidad (¿casualidad?).

Vayamos a la educación, otra competencia clave que gestionan las autonomías. Aquí se repite la tremenda desigualdad en el gasto educativo. Y se repiten las autonomías que menos gastan en educación (año 2022): Madrid (819 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937 euros/habitante). Y las que más gastan: País Vasco (1.445), Navarra (1.349), Murcia (sorpresa: 1.080 euros), Comunidad Valenciana (1.192), Cantabria (1.167), Extremadura (1.173) y Andalucía (1.017 euros/habitante). Y otra vez pasa lo mismo: el gasto educativo de las autonomías ha crecido poco estos años (+4.128 millones entre 2021 y 2019, un +9,98%), sobre todo en Cantabria (cayó en 0,6 millones, -0,10%), País Vasco (+102,5 millones,+3,51%), Madrid (+226,6 millones, +4,64%) y Cataluña (+313,9 millones, +4,89%).

Al final, la calidad de la educación también es muy diferente por autonomías, no sólo por su mayor o menor gasto sino por su gestión y los medios que tienen (de los 33.323 profesores contratados por la pandemia, 16.000 han sido despedidos entre 2022 y 2023). España es líder europeo en alumnos repetidores (el 29% de los jóvenes de 15 años han repetido, frente al 16,1% en la OCDE), estando en cabeza Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid y Galicia. Y en abandono escolar temprano (el “cáncer” de nuestra educación: jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la ESO o no han completado Bachillerato o FP), donde España alcanza un 13,9% (superior al 9,7% en la UE), superan esta media Murcia (18,7%), Baleares (18,2%), Cataluña (16,9%), Comunidad Valenciana (15,7%), Andalucía (15,3% y Castilla la Mancha (15,1%). Globalmente, Murcia y Madrid tienen los peores datos de educación pública en España y el País Vasco los mejores, según este completísimo estudio de la Asociación Sociedad Civil por la Educación.

Vayamos a la cuarta pata del Estado del Bienestar (en la 3ª, las pensiones, no intervienen las autonomías), la Dependencia, un derecho reconocido en 2007 y que gestionan y co-financian las autonomías. El balance es bastante desastroso: hay 353.965 dependientes desatendidos (176.542 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados”, y otros 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención: tienen legalmente reconocida una ayuda, prestación o servicio, pero que no la reciben). Y la mayoría de estos dependientes “desatendidos” son  mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía.  Encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación a la Dependencia, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia: son Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja  y Castilla la Mancha.

En Dependencia, también el gasto autonómico es desigual, con grandes diferencias entre los que más gastan por habitante (7.159 euros La Rioja, 6.835 Castilla la Mancha y 6.752 Euskadi) y los que menos (4.101 euros Asturias, 4.155 Aragón, 4.377 Castilla y León y 4.537 euros Baleares). En conjunto, todos aportan relativamente menos que antes de la pandemia: si las autonomías financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019, en 2022 sólo financian en 53%, mientras crece la financiación del Estado (del 15,5 al 26,5%) y sobre todo el copago de las familias (financian el 20,5% del gasto). Y existe un ranking de la gestión autonómica de la Dependencia, que elaboran desde 2008 los Directores de Servicios Sociales: suspenden en 2022 Murcia (2,4 puntos sobre 10), Canarias (2,9), Cataluña, Cantabria y Asturias (3,5), Euskadi (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7), destacando Castilla y León (7,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Extremadura (7,6).

Vayamos a la vivienda, donde las autonomías tienen competencias para promover viviendas protegidas (VPO) y gestionar ayudas a la compra y alquiler (con fondos propios y del Estado central). La dejación de responsabilidades ha sido generalizada. Basten 2 datos. Uno, las autonomías han promovido 3.090 VPO en toda España en 2022. Y hay 5 autonomías que no terminaron en 2022 ninguna vivienda protegida: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Rioja, más Ceuta y Melilla). Y tres autonomías (Aragón, Asturias y Extremadura) no promovieron ninguna VPO para alquilar. En general, no hay promoción pública de vivienda y los promotores privados se quejan de que no les facilitan suelo para construir y que se les fija unos precios (módulos) que no les compensan. Además, el gasto en políticas autonómicas de vivienda es ridículo y también desigual: el gasto menor por habitante lo hacen Baleares (26 euros), Castilla y León (27), Murcia (32), Andalucía (37), Madrid (40), Aragón (42), Asturias (43) y Galicia (48 euros por habitante), destacando sólo el esfuerzo de Navarra (153 euros), Euskadi (89), Cataluña (85) y Comunidad Valenciana (73). Otra crítica a las autonomías es que gestionan con retraso y excesiva burocracia las ayudas públicas (del Estado y propias) al alquiler (del 40 al 50% para jóvenes) y compra de vivienda.

Otra cuestión clave que gestionan las autonomías es la política de empleo, la gestión de las oficinas de empleo y con ella, la concesión de los subsidios, los cursos de formación y los incentivos a la recolocación. Otro desastre: las oficinas del SEPE sólo han gestionado el 2% de los contratos hechos en la última década. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el desempleo llegan a recibir una oferta de empleo. Además, la gestión de cursos es ineficaz y por eso sólo los hacen el 2% de los parados. Todas las oficinas de empleo necesitan más personal y mejor formado para ayudar a la recolocación de los parados, pero los datos indican que las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias y las que menos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Una competencia autonómica clave, compartida con los Ayuntamientos, son los servicios sociales, el gasto social para atender a los más desfavorecidos. Y aquí, también el esfuerzo es muy desigual: las que hacen menos gasto social son Baleares (227 euros por habitante), Canarias (266), País Vasco (296), Murcia (310), Andalucía (317) y Madrid (310 euros/habitante), mientras el mayor gasto social lo hacen Navarra (669 euros por habitante), Extremadura (557), Asturias (507) y la Rioja (504). Y además, muchas autonomías han aprovechado que el Estado aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir su renta básica, la ayuda que dan a los más pobres: les llegaba en 2021 a 645.317 beneficiarios, con un gasto de 1.772 millones de euros. Son 150.000 beneficiarios menos y un recorte de 247 millones (-12,58%) sobre los datos de 2020. Adivinen quien ha recortado más en rentas mínimas: Madrid (-55,4%), Aragón (-52,5%), Castilla la Mancha (-53,37%), Castilla y León (-40,15%) y Melilla (-44,93%), aumentando este gasto sólo Cataluña (+0,53%).

Este mínimo gasto social choca con las altas cifras de pobreza, muy desigualmente repartida entre las autonomías. En 2022, había 9.698.436 españoles “pobres” (el 20,40% de la población), algo objetivo de medir: los que ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). De ese total, el 59% se concentra en 4 regiones: Andalucía (2.481.567 “pobres”, el 29,1% de la población), Comunidad Valenciana (1.129.539, el 22,3%), Cataluña (1.112.909, el 14,5%) y Madrid (1.004.418 “pobres”, según el INE, el 14,8% de los madrileños). Y si nos fijamos en los pobres que no llegan a ingresar ni el 40% de lo que gana el español medio, son 5.476.908 los españoles “en pobreza severa” (1.254.816 en Andalucía, 678.082 en la Comunidad Valenciana, 621.441 en Cataluña y 557.640 en Madrid), los que engrosan esas “colas del hambre” de las que casi nadie habla y a los que apenas se atiende.

Y luego quedan muchas competencias autonómicas en Justicia (transferida a 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla), con gran desigualdad en el gasto (60 euros por habitante en Galicia  a 96 en Euskadi), en transporte (con autonomías que apenas lo subvencionan), en comercio y turismo, en investigación (Castilla la Mancha gasta 22 euros por habitante y 30 Murcia, frente a 392 la Rioja y 250 euros Euskadi), o Cultura (Murcia gasta 14 euros/habitante y Madrid 31 frente a 113 Navarra y Cataluña 60). Y el grave problema de la despoblación: 6 regiones pierden población respecto a 2019 (-26.908 habitantes Castilla y León, -18.114 Asturias, -12.934 Extremadura, -9.035 Galicia, -1.660 Ceuta y -1.317 Melilla). Y la ganan Cataluña (+117.394), Madrid (+86.942), Andalucía (+85.947) y Comunidad Valenciana (+64.198).

Me he alargado con las autonomías, pero no quiero terminar sin hablar de los Ayuntamientos, que gastan unos 50.000 millones al año en servicios básicos para el ciudadano: recogida de basuras, transportes, abastecimiento de aguas, policía municipal y obras. Aquí también, el gasto es muy desigual, muy relacionado con su población y su economía, clave para los ingresos municipales: dos tercios proceden de la vivienda, del IBI, y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias del Estado y las autonomías.  Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (media 2018-2021) son Barcelona (1.666 euros), Bilbao (1.612), Madrid (1.355), Granada (1.092), Santa Cruz de Tenerife (1.087), Sevilla (1.065), Pamplona (1.018), Málaga (1.010), Zaragoza (1.002) y Valencia (1.002). El mayor problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños, con bajos ingresos y que han de mantener un gasto mínimo (la farola alumbra a menos personas y gasta lo mismo).

Uno de los grandes retos de los Ayuntamientos es ampliar su gestión, porque son "la primera línea de los problemas" (vivienda, empleo, pobreza) y les faltan recursos y competencias. El Gobierno Rajoy (Montoro) les utilizó para bajar el déficit público global  y llevan años con superávit y el contrasentido de que no lo pueden gastar: tienen 37.370 millones en efectivo y depósitos, que sólo pueden destinar a rebajar su deuda, no a la vivienda, el tráfico o los pobres. Y deberían recibir más recursos del Estado y las autonomías, hasta un 25% del total (ahora gestionan el 12% del gasto público). Sobre todo porque tienen grandes retos, como la movilidad, la contaminación, las infraestructuras y los servicios públicos, que conocen y deberían gestionar más, en detrimento de las autonomías y el Estado.

Si has llegado hasta aquí, verás que nos jugamos mucho en estas elecciones del 28-M, porque los políticos autonómicos y municipales gestionan cuestiones clave en nuestras vidas, desde la sanidad, educación o dependencia al empleo, la vivienda, la Justicia, el tráfico, el agua, la contaminación o los parques. Así que valora cómo están esos servicios, cómo se gestionan y el gasto que se hace (ver cuadro) antes de votar el domingo. Infórmate y vota.

¿Subir o bajar impuestos?: esa no es la cuestión

Con elecciones por delante, vuelve el viejo dilema: subir o bajar impuestos. Es un debate político, no económico: la prioridad de España debe ser recaudar más, porque llevamos décadas recaudando menos que Europa y urge ingresar más para afrontar la crisis. Para conseguirlo, hay que subir impuestos a los que pueden pagarlos, a las empresas con beneficios y a los ricos. Y si podemos, que paguen menos los que ya pagan y necesitan más ayuda, los trabajadores, autónomos y pymes. Es lo que recomiendan la Comisión Europea, OCDE, FMI y hasta el BCE: subir impuestos selectivamente y no hacer bajadas generalizadas. Y menos a los más ricos, como defiende el PP y sus autonomías. Ahora, a falta de una reforma fiscal de verdad, el Gobierno ha aprobado “un parche Robín Hood”: subir impuestos a 3.600 empresas y 23.000 ricos y bajárselos a 4 millones de trabajadores, 400.000 pymes y un millón de autónomos. Y aun así, recaudar 3.144 millones más en 2023. Por economía, no por ideología.

Enrique Ortega

Antes de entrar en el dilema sobre subir o bajar impuestos, veamos dónde estamos, cual es la situación fiscal de España. Y está claro que tenemos un grave problema de fondo, reiterado por la Comisión Europea y todos los organismos internacionales: recaudamos poco, menos que el resto de Europa. Y no es un problema de ahora, de este Gobierno o el anterior: lo arrastramos desde siempre, con Franco y con la democracia. Así, en 2004, en plena “burbuja inmobiliaria”, España recaudó el 37,4% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 53,9% que recaudaba Francia y el 45,2% que recaudaba Alemania. Y con la crisis, entre 2008 y 2012, la recaudación fue menor en España (36,5% del PIB) mientras se mantenía estable en Europa (45%) y quedaba lejos en Francia (50,7%) y Alemania (44,5%, según la Comisión Europea.

No se trata de que nosotros paguemos más o menos impuestos que el resto de europeos. Se trata de que España recauda un porcentaje menor de su riqueza (PIB), que tenemos mucho menos “músculo fiscal”. Si se toma un periodo amplio, la década entre 2011 y 2020, España recaudó el 38,7% de su PIB, frente al 46,1% la UE-28. Significa que hemos ingresado 85.000 millones menos cada año que si recaudáramos como los demás europeos: una pérdida de ingresos de 851.000 millones en la pasada década. Y si tomamos los datos de 2021, la brecha de recaudación con Europa sigue ahí, aunque se ha reducido por la mejora de recaudación tras la pandemia y las subidas de impuestos del Gobierno Sánchez: España recaudó el 43,7% del PIB, frente al 46,9% de media la UE-27, el 47,8% de Alemania, el 48,3% de Italia y el 52,8% de Francia, según Eurostat. Eso significa que si recaudáramos como los demás europeos, España ingresaría entre 38.562 millones (UE-27), 49.407 millones más (Alemania) o 109.600 millones más (Francia)… cada año.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? (sólo Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Malta, Estonia, Letonia y Lituania recaudan comparativamente menos). Porque recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Al final, tenemos unos impuestos similares a los europeos, con tipos algo más bajos, pero que recaudan menos porque son “un queso de gruyere”, están llenos de agujeros por los que se pierde recaudación: las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, que además benefician más a los que declaran mayores ingresos (fomentan la desigualdad). Un dato reciente: en 2021 se concedieron 39.049  millones de “beneficios fiscales”, un 17,5% de la recaudación fiscal. O sea, las deducciones suponen 1 de cada 6 euros de ingresos potenciales y son muy abultadas en el IVA (20.491 millones), en la Renta (11.178 millones) y en Sociedades (3.871 millones de deducciones). Con ello, las grandes empresas y las rentas de capital (intereses y dividendos) pagan un tipo efectivo (9,2% sobre beneficios)  inferior a las pymes (17,2%) y trabajadores (12,81%). Y además, España ingresa también menos porque hay mucho fraude fiscal: la economía sumergida (actividades no declaradas) supone el 20% del total, frente al 13% en Europa, según el FMI.

Así que tenemos un serio problema de baja recaudación, que acarrea dos consecuencias. Una, que como ingresamos menos, también gastamos menos que el resto de Europa. Así ha sido en el pasado (en 2003-2007, el gasto público era en España del 38,7% del PIB frente al 46,8% que gastaba Europa), después de la crisis financiera (44,9% del PIB frente a 48,6% entre 2011 y 2020) y el año pasado: en 2021, España gastó el 50,6% de su PIB (por las ayudas a la pandemia y la inflación), todavía menos que la UE-27 (51,6% del PIB) y que Alemania (51,5%), Italia (55,5%) y Francia (59,2% del PIB). Eso significa que gastamos 12.000 millones menos (al año) que si nuestro gasto público fuera como el del resto de los países europeos.

Y la segunda consecuencia es que, como los gastos públicos acucian y hay que pagarlos, cubrimos una parte de lo que no ingresamos con déficit público y nos endeudamos para financiarlo. El resultado de que “la recaudación no nos llegue” es que España tiene el 6º mayor déficit público de la UE-27 (un 6,9% del PIB en 2021) y la 4ª mayor deuda pública acumulada del continente (debemos 1.425.000 millones, el 118,4% del PIB), que nos obliga a gastar cada año 31.675 millones de euros en intereses, más “la herencia” de la devolución del  principal a nuestros hijos y nietos.

En definitiva, que por culpa de recaudar menos que el resto de europeos, tenemos más déficit y encima gastamos menos en lo que hace falta. Así, España gasta menos en sanidad (7,6% del PIB frente al 8% de media en la UE, el 8,5% en Alemania y el 9% en Francia), en educación (3,5% España frente al 3,9% la UE, el 4,5% Francia y el 5,2% Suecia), en gastos sociales (suponen el 16,9% del PIB frente al 19,2% en Europa) o en Ciencia (España gasta en I+D+i el 1,41% del PIB, la mitad que el 2,32% de la UE y un tercio del 3,14% que gasta Alemania). Y lo mismo podría decirse de una lista larga de necesidades públicas: vivienda,  infraestructuras, obras hidráulicas, protección civil, lucha contra incendios, formación… Todo menos en pagar el desempleo, donde gastamos más que el resto de Europa porque tenemos más del doble de paro.

Visto así, no parece que subir la recaudación sea una opción ideológica (de “izquierdas”) sino una necesidad económica, de puro sentido común. Recaudamos y gastamos menos en lo que hace falta que el resto de europeos y con este menor colchón de ingresos hemos tenido que afrontar dos crisis seguidas, la pandemia y la inflación disparada con la guerra en Ucrania. En la anterior crisis, de 2008 a 2011, Europa y el gobierno Rajoy optaron por “la mayor subida de impuestos de la democracia” (2012-2014) y los recortes. Ahora, Europa y el Gobierno Sánchez optan por el camino contrario: más ayudas, gastar más, con un Plan de recuperación (850.000 millones, 140.000 para España)  y 500.000 millones en ayudas a empresas y familias contra la inflación: España es el 4º país con más ayudas públicas (35.500 millones, el 2,9% del PIB), tras Alemania (100.200 millones, el 2,8%), Francia (71.600 millones, el 2,9%) e Italia (59.200 millones, el 3,3% de su PIB), según Bruegel.

Con este panorama, y el temor a que la guerra en Ucrania y la inflación se prolonguen y exijan más ayudas en los próximos meses, no está el patio para bajar impuestos sino para recaudar más. Es lo que defienden desde hace meses el FMI y la OCDE, y más recientemente la Comisión Europea y el BCE, organismos poco sospechosos de ser “de izquierdas”. Todos reiteran que hacen falta ayudas, no generalizadas sino selectivas (a las familias y empresas más afectadas) y que hay que recaudar más, poniendo impuestos a las empresas que se benefician de la crisis, como las energéticas. Incluso el economista jefe del BCE, Philip Lane acaba de defender “subir impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Por pura estrategia económica, no por ideología: es hora de recaudar más para gastar más, no menos. Y España, que recauda poco, con más motivo.

La excepción internacional ha sido la nueva ministra británica, la conservadora Liz Truss, que aprobó un plan para bajar los impuestos… a los ricos: los que ganan más de 150.000 libras al año (172.500 euros) pagarían el 40% en vez del 45%. La medida provocó un desplome de la libra, porque los inversores temían que Reino Unido no pudiera financiar sus ayudas contra la crisis (lleva gastados 178.400 millones de euros, el 6,5% de su PIB) si reduce su recaudación. Incluso sus colegas conservadores estaban en contra, forzando a Truss a retirar esta rebaja concreta, aunque sigue con su Plan: "bajar impuestos es lo correcto, moral y económicamente", reiteró ayer. La otra excepción en Europa es el PP español, con Feijoo defendiendo desde hace semanas la bajada de impuestos, como medida estrella para luchar contra la inflación. Ideología antes que realismo.

Y en medio de este panorama, Andalucía y Madrid, dos autonomías gobernadas por el PP anuncian bajadas de impuestos en 2023, año de elecciones. Ambos aprueban “deflactar” la tarifa de la Renta, lo que supone descontar la inflación a lo que se ha ganado en 2022, lo que hará que se pague menos. Pero ojo, la medida reducirá la recaudación (que tanta falta hace para sanidad, educación, gastos sociales y en Andalucía, contra la sequía) de forma desigual: pagarán menos los que más tienen. En Madrid, por ejemplo, la deflactación ahorrará 19 euros anuales a las rentas más bajas y 110 euros a las más altas. Además, Andalucía se suma a Madrid y también suprime el pago por el impuesto de patrimonio  a sus 20.660 contribuyentes más ricos, con lo que perderá 120 millones de recaudación. Madrid lleva desde 2011 sin cobrar patrimonio y beneficiando a 19.508 declarantes más ricos (250 con más de 30 millones), perdiendo 905 millones de recaudación al año.

Tras las rebajas de Andalucía y Madrid, las demás autonomías gobernadas por el PP  (Murcia, Galicia, Castilla y León) se han lanzado a prometer rebajas de impuestos en 2023, por la vía de deflactar la tarifa o suprimir el impuesto de sociedades. Incluso tres comunidades gobernadas por el PSOE, Valencia, Baleares y Castilla la Mancha, se suman a las rebajas, aunque de otra manera: proponen bajar impuestos a las familias con menos ingresos y subirlas a los más ricos, con un saldo de pérdida de recaudación.

Esta rebaja autonómica de impuestos es injusta por partida triple. Injusta con Europa, cuyos contribuyentes no entenderán que algunas regiones españolas bajan impuestos cuando nos han prometido 140.000 millones (77.200 millones a fondo perdido), que saldrán de sus bolsillos. Injusta con otras autonomías, porque con el sistema de financiación autonómica actual, hay regiones que ingresan de más y otras menos: Madrid recibe el 101,2% de la media (es de las sobre financiadas, junto a Cantabria, la Rioja, Canarias, Extremadura y Baleares), mientras otras reciben menos en el reparto (Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía están infra financiadas). Y sobre todo, injusta con la mayoría de los ciudadanos: las autonomías que bajan impuestos son las que menos gastan en sanidad (Madrid, Cataluña, Murcia y Andalucía tienen el menor gasto por habitante), en educación (Madrid es la que menos gasta) y gastos sociales (Murcia, Madrid y Andalucía entre las 5 que menos gastan). No es casualidad: si se bajan impuestos, se recauda menos y se gasta menos.

El Gobierno ha querido cortar de raíz esta “carrera de rebajas fiscales”, aprobando varios cambios fiscales para 2023 y 2024, que son un “parche”, un sucedáneo de la reforma fiscal a fondo que España necesita, pero que es imposible pactar en víspera de un año electoral. Es una “estrategia fiscal Robín Hood”: bajar impuestos a una mayoría de familias y empresas con más problemas, a cambio de subirlos a una minoría, buscando que el saldo sea positivo: +3.144 millones de recaudación entre 2023 y 2024.

La bajada de impuestos no es generalizada (en línea con Europa) sino que afecta a tres grupos. El primero, entre 4 y 5 millones de trabajadores con menos ingresos, que ganan menos de 21.000 euros anuales (el salario mediano en España): no se toca su tarifa en el IRPF pero se extiende la deducción por el trabajo, con lo que pagarán menos en Renta (entre 331 euros un matrimonio con dos hijos, 689 menos un pensionista medio y 746 euros un soltero). El segundo, los autónomos, a los que se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto de los módulos por los que pagan (beneficiará a 577.000) y se les permite aumentar del 5 al 7% los gastos deducibles sin justificar (beneficia a 956.000 autónomos). Y el tercero, la rebaja de tipos (del 25 al 23%) a las pymes que facturan menos de 1 millón de euros (son 407.384). Y baja el IVA de las compresas al 4%. En total, un ahorro fiscal de 2.505 millones.

Para compensarlo, se suben los impuestos a dos pequeños grupos. Uno, a los grandes grupos empresariales, a los que se limita un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de sus filiales (pagarán más 3.600 grandes empresas). Y otro, a los más ricos, con la creación de un nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas, que afectará sólo a 22.935 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio, que pagarán este impuesto vivan donde vivan. Además, se sube el impuesto a los que ingresan más de 200.000 euros anuales en intereses y dividendos (del 26 al 27 y 28%, según la cuantía), lo que subirá los impuestos a 17.814 contribuyentes. En total, entre grandes empresas y los más ricos, se espera ingresar 5.649 millones más entre 2023 y 2024. Restando los 2.505 millones que se rebajan a trabajadores, autónomos y pymes, se recaudará 3.144 millones más. Que falta van a hacer.

Estos cambios fiscales se suman a los dos nuevos impuestos, a los beneficios extraordinarios de las energéticas (en línea con lo aprobado por Europa) y la banca, para recaudar 7.000 millones extras en dos años, que el Gobierno pondrá  en marcha en 2023, con una Ley ad hoc que tampoco apoya el PP. En conjunto, se busca recaudar más, porque hará falta “con la que está cayendo”. Es una necesidad económica, no ideológica. Por eso digo que subir o bajar impuestos es un falso dilema: ahora, en esta coyuntura económica, hacen falta más ingresos, no menos. Es puro sentido común, no ideología. En España, ya nos faltaban ingresos antes y más ahora, para afrontar esta nueva crisis por la inflación, tras la pandemia. Y urge reforzar la sanidad, la educación, la lucha contra la desigualdad, la modernización del país, que buena falta nos hace. Que no les engañen.

IVA: se pierde la mitad de la recaudación posible

Un caballo de batalla de las próximas elecciones serán los impuestos. PSOE y Podemos quieren subirlos (como en su Presupuesto 2019) y PP, Ciudadanos y Vox prometen bajarlos (como en Andalucía y Madrid). Al final, parece una propuesta “ideológica” cuando hay un dato objetivo: España recauda menos que Europa (-73.703 millones en 2018) y por eso tenemos más déficit y menos gasto social. Hay que recaudar más, al margen de “derechas” o “izquierdas”, para afrontar el futuro. La Comisión Europea nos dio un ejemplo hace días: España es el país europeo que tiene un IVA “efectivo” más bajo, por las exenciones y tipos reducidos. Y por eso, recaudamos 23.400 millones menos que la media europea. Y perdemos la mitad de la recaudación posible. Lo mismo pasa en sociedades, renta o carburantes. Se puede y se debe recaudar más. Al 95% de españoles no les afectaría. Sólo el 5% con más recursos pagarían más. Si no se ingresa más, habrá  más déficit y recortes sociales. Lean por qué.

enrique ortega

El IVA es un impuesto “silencioso”: lo pagamos todos los días, casi sin darnos cuenta, sobre todos los productos y servicios que consumimos. Y por eso, los políticos de todos los paises suben el IVA cuando vienen mal dadas, porque se nota menos que si suben el impuesto de la renta (a familias) o sociedades (a empresas). De eso sabemos mucho los españoles: somos el 2º país europeo donde más ha subido el IVA en la última década, un +5%, tras Hungría (+7%), igual que Reino Unido (+5%) y mucho más que Italia (+2%), la UE-28 (+1,8%), Francia (+0,4%) o Alemania (no subió nada el IVA), según Eurostat. Recordemos que Zapatero lo subió en 2010 (+2%) y Rajoy en 2012 (+3%), hasta el 21%. Y ahora, el IVA es el 2º impuesto que más recauda en España (72.012 millones en 2018), casi tanto como el IRPF (80.180 millones) y el triple que sociedades (24.401 millones pagan las empresas).

Así que el IVA es un impuesto clave, el que más ha crecido su recaudación en la última década: +30,75% sobre 2007, casi el triple que la recaudación total (+13,55%) y casi el doble que la Renta (+18%), mientras las empresas pagan menos (-44% ha caído la recaudación en sociedades). Sin embargo, la Comisión Europea acaba de publicar un informe donde nos dice que España podría recaudar mucho más por IVA, concretamente 25.206 millones más, si redujéramos el fraude (1.806 millones) y aplicáramos unos tipos efectivos del IVA similares a Europa (otros 23.400 millones). No se trataría de una “locura”, sólo de recaudar mejor en el IVA, en línea con Europa.

El primer problema que tenemos, en España y en toda Europa, es el fraude que hay en el IVA, derivado de la economía sumergida y de las operaciones que se hacen “sin IVA”. El problema es serio en toda Europa, ya que el informe de la Comisión Europea revela que los 28 perdieron por este fraude 137.470 millones de euros, un 11,2% del total de ingresos. Los paises con mayor fraude son Rumanía (pierde un 36% de sus ingresos), Grecia (34%), Lituania (25%) e Italia (23,8%, la que más millones deja de ingresar: 33.629 en 2018). Reino Unido (10,6% de fraude: 19.199 millones), Alemania (9,9% de fraude: 25.016 millones) y Francia (6,9% de fraude: 12.030 millones) están en el grupo de paises con fraude intermedio del IVA. Y España es el 5º país con menos fraude (2,4%: 1.806 millones perdidos en 2018), tras Chipre (perdió el 0,6% del IVA), Luxemburgo (-0,7%), Suecia (-1,5%) y Malta (-1,6%).

Hasta aquí medio bien. Pero el segundo problema detectado por la Comisión Europea es el dinero que se deja de ingresar por IVA en Europa, no por fraude sino por exenciones (operaciones que no pagan IVA) y tipos reducidos y superreducidos. Y aquí sí tenemos un problema, porque España es el país europeo con el tipo efectivo del IVA más bajo, el 8,5%. Quiere esto decir que aunque tenemos un IVA general del 21% (en la media de Europa, donde hay paises con el 19% o 20% y otros, como los nórdicos, con el 25%), al final, lo que acabamos pagando de IVA,  por las operaciones exentas, el IVA reducido del 10% (que existe en toda Europa, salvo en Dinamarca, entre el 6 y el 18%) y el superreducido del 4% (que sólo tienen otros 4 paises europeos: 2,1% Francia, 3% Luxemburgo, 4,8% Irlanda y entre el 4 y el 5% Italia), acabamos pagando sólo el 8,5%. Y eso es mucho menos que Dinamarca (14,7% de tipo efectivo de IVA), el 13,4% de Suecia, el 10,6% de Alemania, el 10,1% de Holanda, el 9,5% de Reino Unido o el 9,4% que se paga efectivo en Francia.

La Comisión Europea revela que España recauda así por IVA el 40,58% de lo que podría ingresar, con lo que pierde el 59,42% de la recaudación potencial (nada menos que 93.196 millones en 2017). Y perdemos por IVA mucho más que la media europea, ya que la pérdida (lo llaman “el gap” del IVA) de la UE-28 es el 44,5% de la recaudación potencial. Si tomáramos medidas en exenciones y tipos  para “perder como ellos” (un gap del 44,5% en vez del 59,42% que tenemos), podríamos ingresar 23.400 millones más al año por IVA, que nos vendrían muy bien para gastos sociales y reducir el déficit. Y podríamos ingresar otros 1.806 millones más si no hubiera fraude en el IVA (algo más difícil).

Así que la Comisión Europea nos ha mostrado un camino para recaudar mucho más por IVA: revisar las exenciones actuales y los tipos reducidos y superreducidos, que hacen que seamos el país con el tipo efectivo más bajo de Europa. De hecho, en 2018, España dejó de ingresar 41.028 millones por IVA (más de la mitad de los 72.012 millones recaudados) por beneficios fiscales, según la Memoria de los Presupuestos: 17.232 millones por las operaciones exentas de IVA, 17.337 por el consumo que se beneficia del tipo reducido del 10% y otros 6.460 millones por los que disfrutan del IVA superreducido. Aquí es donde habría que actuar para recaudar más, al menos como en Europa.

Las exenciones del IVA benefician a las operaciones en Canarias, Ceuta y Melilla (exentas de IVA, aunque pagan un impuesto indirecto, el IGIC o el IPSI, más bajo), la enseñanza, la sanidad, los servicios financieros, los seguros y las actividades culturales públicas, actividades exentas de pagar IVA. El IVA reducido del 10% beneficia al transporte de viajeros, a hostelería y restaurantes, a la compra de vivienda nueva, agua y alimentos elaborados, limpieza y recogida de residuos, entradas de cine, gafas graduadas y semillas, bulbos y esquejes (?). El  IVA superreducido del 4% beneficia a la compra de alimentos básicos, medicamentos, libros, periódicos y revistas, compra de viviendas protegidas (VPO), teleasistencia, prótesis y residencias de ancianos. Son los que se llevan esos 41.028 millones que dejamos de ingresar por IVA.

Muchos expertos ponen en duda los tipos reducidos y superreducidos del IVA, así como que haya tantas operaciones exentas. La propia OCDE, en un informe de 2014, analizó los tipos reducidos de los alimentos en 16 paises (entre ellos España) y concluyó que "benefician más a los más ricos", porque gastan más: el 10% más rico se ahorra 400 euros frente a 300 euros el 10% más pobre. Y lo mismo sobre el tipo reducido del 10% en hoteles y restaurantes: los más ricos en España se ahorran con ello 207 euros al año y los más pobres sólo 19 euros. En general, se argumenta, las familias con más ingresos son los que más se benefician de las operaciones exentas de IVA, porque son los que más gastan en sanidad y educación privadas, en servicios financieros y seguros.

Un reciente informe de FEDEA reitera que el IVA es un impuesto muy regresivo (todos pagamos el 21%, pero eso supone un mayor esfuerzo para los que menos tienen) y que beneficia  más, con las exenciones y tipos reducidos, a las rentas más altas. Por eso plantean varias alternativas, que supondrían más ingresos: aplicar el 4% a las operaciones ahora exentas (+1.425 millones de recaudación), subir del 4 al 10% el superreducido (+1.757 millones), subir del 10 al 21% el reducido (+10.051 millones) o una combinación de varias. Y en los casos en que se perjudique a las rentas bajas (pocos), compensarles (gracias a estos nuevos  ingresos) con deducciones en el IRPF, un impuesto más progresivo.

Algo habría que hacer con el IVA, para recaudar como europeos. Y lo mismo puede hacerse con los demás impuestos. En el impuesto sobre la Renta, España es el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según otro estudio de FEDEA: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque tengamos unos tipos mucho más bajos sino por el fraude y porque los tipos efectivos que se pagan son menores. Y así, en el IRPF se dejan de ingresar 15.693 millones de beneficios fiscales (el 19,5% de la recaudación en 2018), algunos muy cuestionables (como por contratar planes de pensiones privados, que benefician a las rentas altas).

En el impuesto de Sociedades (que pagan las empresas), la recaudación española está también a la cola de Europa: un 2,3% sobre el PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro. Y eso por dos razones. Una, que Rajoy bajó el tipo nominal del 35 al 25% actual, inferior a la media de la UE (28%) y de paises como Francia o Bélgica (34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo nominal no se aplica, porque también aquí hay muchos beneficios fiscales: 3.453 millones en 2018, según la Memoria de los Presupuestos, el 14,15% de la recaudación de 2018. Y con ello, las grandes empresas, gracias a las deducciones fiscales que consiguen, acaban pagando un tipo efectivo del 5,99% sobre beneficios, menos que las pymes (pagan el 16,93% sobre beneficios) y que la mayoría de los contribuyentes (pagamos el 14,9% de los ingresos en el IRPF).

También España recauda menos que Europa en los impuestos especiales (carburantes, tabaco y alcohol): ingresamos un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. El alcohol paga en España la mitad de impuestos que en Europa (0,10% del PIB frente al 0,20%). El impuesto del tabaco (especiales + IVA), que es más bajo en España: supone un 78,8% del precio de venta, en línea con Portugal (78,1%), Italia (74,4%) y Alemania(74,4%), pero mucho más bajo que en Finlandia(86%), Reino Unido e Irlanda (84%), Grecia (83,9%), Polonia (81,2%) o Francia (80,8%), según datos de Eurostat (2016). Y donde hay una gran diferencia con Europa es en los carburantes: en diesel, España es el 5º país UE con menos impuestos (0,588 euros/litro frente a 0,811 euros/litro en la UE-28, 0,699 en Alemania, 0,847 en Francia o 0,854 euros/ litro en Italia) y en la gasolina, el 7º país europeo donde se pagan menos impuestos (0,699 euros/litro frente a 0,788 euros/litro en la UE-28, 0,878 en Alemania, 0,939 en Francia y 1,01 euros/litro en Italia), según los precios del 16 de septiembre aportados por el  Weekly Oil Bulletin de la UE.

Y también recaudamos menos con el impuesto de sucesiones, sobre las herencias, que Ciudadanos y PP bajan en las autonomías que gobiernan: España recauda cada año 3.250 millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB, frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de Finlandia.

Impuesto a impuesto hemos visto que España recauda menos que Europa, no sólo por el IVA. Y así se explica el dato final, que repito con frecuencia en este blog: España recaudó en 2018 el 38,9% del PIB, mientras los 28 paises UE recaudaron el 45% de su PIB y los paises del euro el 46,3%, según Eurostat. Eso significa que recaudamos 73.703 millones menos que Europa el año pasado. Y 89.410 millones menos que los paises euro y 177.612 millones menos que Francia. Una cifra tan importante que, si recuperamos sólo la mitad del “gap”, 40.000 millones más de recaudación, nos permitiría no tener déficit y gastar también como europeos en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales, tecnología y tantas otras cosas. Porque no les quepa duda: tenemos más déficit y menos gasto público (un 41,3% del PIB en España frente al 45,6% que gasta la UE-28) porque recaudamos peor.

¿Cómo se puede recaudar más? Por un lado, hay que luchar mejor contra el fraude fiscal, en todos los impuestos, para lo que necesitamos más medios (Hacienda solo tiene un inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1.914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania). Y por otro, habría que pactar una nueva reforma fiscal, para aumentar la recaudación impuesto a impuesto, tocando tipos y sobre todo exenciones y deducciones, que en muchos casos son regresivas y benefician más a los que más tienen. Hay que conseguir  que paguen más impuestos los que hoy pagan poco (legalmente): multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos. E incorporar nuevos impuestos, verdes y tecnológicos. 


No se trata de subir o bajar impuestos: hay que reformarlos para que recauden más y sean más justos. Bajarlos sólo, como plantean PP, Ciudadanos y Vox es conseguir que España recaude todavía menos que ahora. Y antes o después, eso se traducirá en más déficit público o más recortes sociales. O en impuestos y tasas que nos "claven” silenciosamente por otro lado. En economía no hay milagros. Esa es la dura realidad de las cuentas, al margen de las ideologías. Piénselo.