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jueves, 11 de julio de 2019

La 3ª mayor sequía del siglo


Tras la última ola de calor, las temperaturas serán más altas más altas de lo habitual este verano. Y como ha llovido un 25% menos este año, sufrimos  ya la tercera peor sequía de este siglo. Con ella, agricultores y ganaderos tienen pérdidas millonarias y los consumidores sufriremos subidas de precios en muchos alimentos este verano. Y como los pantanos están medio vacíos, habrá zonas turísticas con problemas de agua y la luz será más cara, al haber caído un 41% la producción hidroeléctrica. Y han aumentado los incendios: ya hay más superficie quemada que en todo 2018, con “mega incendios” cada vez más virulentos. Todos estos problemas vienen de lo mismo: del Cambio Climático, que afecta cada vez más a España y que agravará sus consecuencias en los próximos años. Urge aprobar un Plan contra el Cambio Climático, como toda la UE, junto a medidas de choque para limpiar los montes, asegurar más las cosechas y aprovechar mejor el agua. Hay que salvar nuestro entorno.


La última ola de calor, en Europa y más en España, ha sido un serio aviso de la naturaleza sobre los efectos del Cambio Climático. Las temperaturas, entre el 26 y el 30 de junio, han sido las más elevadas en un mes de junio de los últimos 40 años, según la Agencia española de Meteorología (AEMET). Y en 14 capitales españolas se registraron las temperaturas más altas de su historia. Al final, la temperatura media es 1,30 grados más elevada (16,78ºC) que en los años 80 (15,48ºC). Pero no es sólo un problema de España: el pasado mes de junio fue el más cálido registrado en el Planeta y el 2º más cálido en Europa, tras el anterior récord de junio 1999, según el programa Copernicus de la UE.

Y la previsión para este verano, entre julio y septiembre es que las temperaturas sigan altas, +0,5ºC por encima de lo habitual en las tres últimas décadas, según la AEMET, que advierte que en el noroeste de España, la temperatura podría subir +1ºC sobre lo habitual en otros veranos, sin contar con que no se repita una nueva ola de calor. Porque advierten que estas olas de calor son ahora 10 veces más frecuentes que en el siglo pasado y lo serán más en el futuro. Olas de calor que van a ser más frecuentes y cada vez con temperaturas más altas, según advierte el Informe Word Weather Atribution, que señala que la ola de calor de junio registró 4ºC más de temperatura que las olas de calor de hace un siglo.

Junto a las mayores temperaturas, el otro problema es que no llueve. La primavera ha registrado un 15% menos de lluvia de lo habitual y ha sido la 6ª primavera más seca de este siglo, según la AEMET. Y como el invierno también fue seco, el problema es que en 2019 ha llovido un 25% menos de lo habitual en las tres últimas décadas, con lo que estamos oficialmente en situación de sequía, en el 3º año más seco del siglo XXI, tras las anteriores sequías de 2017 y 2005. Un ejemplo: en Madrid, en mayo, se registraron 0 litros de precipitaciones por m2, algo que sólo había sucedido una vez antes en la historia (en 2015). La sequía afecta especialmente a Coruña, Burgos, Vizcaya, Huesca, sur de Castilla y León, Madrid, Extremadura, oeste de Castilla la Mancha, tercio occidental de Andalucía, norte de Tenerife y la Palma, según la AEMET. Y es grave en el extremo sur de Castilla y León, oeste de la comunidad de Madrid y oeste de la provincia de Toledo.

La AEMET no se atreve a hacer previsiones de lluvias para este verano, pero teme que la sequía se agrave porque no haya lluvias que compensen las elevadas temperaturas esperadas. Y eso, cuando los embalses están al 54,83% de capacidad (8 de julio), bastante por debajo del año pasado en estas fechas (estaban al 69,49% de capacidad). La situación más grave se da en las cuencas del Segura (embalses el 27,89% de capacidad) y Júcar (al 37,46%), pero también están muy bajos los embalses de las cuencas del Guadiana (al 46,36%), Guadalquivir (46,10%) y Tajo (al 47,48%).

Las altas temperaturas y la sequía propician los incendios forestales, que ya han batido récords en el primer semestre: hasta el 30 de junio se quemaron 43.929 hectáreas en 6.627 incendios forestales, más superficie quemada que en todo el año 2018 (25.162 hectáreas quemadas en 7.143 fuegos), según datos del Ministerio de Agricultura. Y lo peor es que ahora, los incendios son más graves y extensos (“mega incendios”), más virulentos y difíciles de atajar y con más daños humanos y materiales. De hecho, en lo que llevamos de siglo XXI se han producido ya 457 grandes incendios, de más de 500 hectáreas, algo casi sin precedentes en el siglo pasado. Y la ONU, a través del panel de expertos para el Cambio Climático (IPCC) ya ha advertido que el calentamiento global va a aumentar un 38% el riesgo de incendios forestales de aquí a 2040, aumentando los “mega incendios” o “teraincendios” como los sufridos por California, Portugal o el norte de España el año pasado.

La AEMET advierte del elevado riesgo de incendios este verano en la mayor parte de la España peninsular, debido a las altas temperaturas y a la desertificación del territorio, que afecta ya al 37% de la superficie española. Además, los expertos en incendios advierten que la rapidez en apagar los grandes incendios sufridos en las últimas semanas en Cataluña, Toledo y Ávila pueden servir de “combustible” para próximos incendios, si no se aplican con urgencia medidas de limpiezas de los montes. Para la AEMET, las zonas con mayor riesgo de incendio este verano son el Pirineo y el Cantábrico, porque tienen bosques muy viejos que han perdido la humedad tras varios años de fuerte sequía.

Las altas temperaturas y la sequía han dañado muchas cosechas y provocado graves pérdidas a agricultores y ganaderos. A principios de julio, la sequía afectaba ya a 1 millón de hectáreas de cereales (el 16,6% de la superficie cultivada), donde se perderá el 40% de la cosecha (la 2ª peor del siglo, tras la de 2017), con pérdidas que rondan los 1.000 millones de euros (la mitad en Castilla y León y el resto entre Castilla la Mancha, Aragón y Andalucía). Y la sequía también está perjudicando otros cultivos, como el olivar, el viñedo y el almendro. Y además, la falta de pastos encarece la alimentación de muchos animales, obligando también a mayores importaciones de cereales y piensos.

Un problema añadido a la sequía es que la mayoría de agricultores no tienen aseguradas sus cosechas: en cereales, sólo están aseguradas 2,2 millones de las 6 millones de hectáreas de cereales cultivadas. Eso hace que las indemnizaciones que va a pagar la empresa pública Agroseguros, desde el 15 de julio (100 millones de euros, para 980.000 hectáreas), sólo llegarán a una parte de los agricultores afectados, mientras otros no serán indemnizados porque no tenían seguro. Y no lo tenían, según los sindicatos agrarios, porque han subido mucho en los últimos años (entre un 20 y un 80% desde 2015) y son muy caros, a pesar de que las ayudas públicas subvencionan un 41% del coste. Además, para los que sí aseguran sus cosechas, si hay un siniestro (sequía), se reducen las coberturas y suben las primas para la próxima campaña, lo que retrae a los agricultores a contratarlos.

La sequía y la pérdida de cosechas, desde cereales a aceite, vino, frutas y hortalizas, se está traduciendo ya en subidas de precios de muchos alimentos. Y habrá más subidas de los alimentos este verano, coincidiendo con la mayor demanda del turismo. Hasta mayo, la sequía ha provocado subidas en el pan (+1,7% anual, frente a +0,8% de subida global del IPC), carne de cordero (+2,1%), cerdo (+3%), pollo (+1,1%), lácteos (+1,2%), legumbres y hortalizas frescas (+4,8%) y patatas (+14,5%), según el último IPC de mayo (INE). Y no sólo es que los agricultores y ganaderos suban sus precios, porque cosechan y producen menos y con más costes, sino que los distribuidores y grandes supermercados “aprovechan la ocasión” para subir los alimentos por el camino, del campo a la ciudad: los productos agrícolas suben 4,88 veces lo que se paga al agricultores y las carnes 3,18 veces lo que se paga al ganadero, según este listado de precios (IPOD) que publica cada mes la organización agraria COAG.

Las altas temperaturas y la sequía no sólo provocan muertes, incendios, pérdidas de cosechas y subidas de los alimentos, sino que también afectan al recibo de la luz, porque la climatología adversa reduce la electricidad de origen eólico (aire) e hidráulico (embalses). De hecho, hasta finales de junio, la producción de electricidad de origen hidráulico había caído un -41,7% y la eólica un -3,8%, según el balance de Red Eléctrica (REE). Eso se traducirá en aumentos de la factura de la luz este verano. De momento, en julio, el kilowatio se ha encarecido en el mercado eléctrico: de 48,32 euros/MWh el 1 de julio a 56,02 euros/MWh el 5 de julio, según la estadística diaria de precios de OMIE.

Y al final, esta sequía récord puede traducirse también en problemas de suministro de agua en algunas zonas de España, sobre todo en Levante y Andalucía, donde a la falta de agua en los embalses se sumará un número récord de turistas españoles y extranjeros (el Gobierno espera 29,6 millones de turistas extranjeros entre julio y septiembre, medio millón más que el verano pasado), que dispararán el consumo de un agua escasa.

En resumen, que el Cambio Climático está aquí y se traduce en altas temperaturas, sequía y altos costes para todos. Y lo más preocupante es que todos estos problemas que ya sufrimos se agravarán en los próximos años, como ya advirtió la ONU en 2011: aumentará la temperatura media y habrá olas de calor más frecuentes y más cálidas, con menos lluvias y más sequía. Y estos problemas serán más graves en el sur de Europa y especialmente en España, según los expertos. Por su situación geográfica y porque tenemos 2 problemas adicionales: un mayor grado de desertificación que el resto de Europa (7 de las 10 cuencas europeas con sequía están en España)  y un mayor problema de falta de agua (somos el 3º país europeo con más “estrés hídrico: consumimos un 34% de los recursos disponibles, frente al 10% de media en la OCDE)). Eso hace que gran parte de España se vea “muy afectada” por el Cambio Climático”: 32 millones de españoles según el Gobierno, básicamente los que viven en el sureste de España, Castilla la Mancha y el valle del Ebro.

¿Qué se puede hacer? A corto plazo, hay que actuar sobre los incendios, el consumo de agua y la sequía en las cosechas. En el terreno de los incendios, el Gobierno en funciones debería pactar un Plan de choque para limpiar los montes, con una dotación extra de recursos a Ayuntamientos, Diputaciones y autonomías, para que pongan en marcha este verano actuaciones urgentes en las zonas más deterioradas. Y, a medio plazo, hay que aprobar un Plan de montes para gestionar la política forestal, favorecer el pastoreo y el aprovechamiento industrial de la madera, gastando en limpieza de los montes y en prevención (ahora sólo se gasta en combatir los incendios). Y hay que aprovechar mejor los Fondos europeos (Fondos FEADER), que se pierden porque las autonomías no cofinancian su parte.

En cuanto al agua, cada vez más escasa, hay que racionalizar su uso, limitando el agua para el riego agrícola, que consume el 70% del agua dulce disponible, según Agricultura (y el 82% según Ecologistas en Acción). Habría que reducir las 4 millones de hectáreas de riego actuales a 3/3,2 millones y mejorar su eficiencia, subiendo las tarifas de riesgo. Y en paralelo, subir las tarifas de agua a los consumidores particulares, porque son las 8ª más baratas de Europa y encarecerlas reduciría el consumo, lo mismo que reducir las fugas y pérdidas (suponen hasta el 19% del consumo). Además, habría que conseguir más agua por tres vías: recuperación de aguas subterráneas (acuíferos), desaladoras y recuperación de aguas residuales. Además, es hora de retomar las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, que han caído un 65% en la última década (de 1.983 millones en 2008 a 703 millones en 2017).

En tercer lugar, hay que ayudar más a los agricultores y ganaderos en su lucha contra la sequía, con inversiones y ayudas para que consigan explotaciones que consuman menos agua y con seguros agrarios más asequibles, porque la sequía seguirá ahí por muchos años y no les puede abocar a la quiebra cada mala cosecha. Y el Gobierno debe vigilar especialmente los canales de comercialización en épocas de sequía, para que no haya especuladores que se aprovechen y nos encarezcan de más el carrito de la compra.

Pero la clave es luchar contra el Cambio Climático, que es el origen de casi todos los problemas que estamos sufriendo. Ya no hay dudas: o actuamos con urgencia o luego será demasiado tarde, como viene avisando la ONU desde hace una década. Y España tiene que hacer más, porque es el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%, sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del sur.

La Comisión Europea pidió a los 28 paises UE un Plan eficaz contra el Cambio Climático, que el Gobierno Sánchez envió a Bruselas a finales de febrero. En esencia, el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040). Ahora, la futura Comisión Europea tendrá que analizar a fondo el programa español y el resto, con la idea de que se apruebe antes de finales de 2019 en el Parlamento (si es que hay Gobierno y no se repiten las elecciones). En cualquier caso, es prioritario aprobar un Plan eficaz, al margen de las peleas políticas, porque hay que reducir ya las emisiones de gases de efecto invernadero si no queremos más olas de calor, más sequías, más problemas de cosechas y alimentos, más escasez de agua.

La lucha contra el Cambio Climático debería ser una de las prioridades de la próxima Legislatura, junto a las medidas apuntadas contra los incendios, la sequía y la falta de agua. La naturaleza es un elemento clave de la vida y de la economía y si nos la cargamos, no habrá recuperación sino una crisis más profunda y letal. Lo sabemos pero no acabamos de tomar medidas. El Gobierno, las empresas y los consumidores. Es una tarea de todos. Y urgente.

lunes, 1 de octubre de 2018

Cómo bajar el precio de la luz


La luz volvió a subir en septiembre, por 6º mes consecutivo, con precios desconocidos desde hace 20 años. El recibo medio sube un 8% este año y pagamos la 3ª luz más cara de Europa. El Gobierno Sánchez aprobará este viernes suspender el impuesto eléctrico del 7%, pero es “el chocolate del loro”: bajará 1,5 euros al mes el recibo. Un “parche” que va a rebajar más los ingresos públicos, un contrasentido: quieren subir los impuestos a la banca y les  bajan 1.000 millones a las eléctricas. Si quisieran abaratar la luz, deberían hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas lo que les cuesta de verdad producir la luz, no pagarles 3 o 6 veces más el kilovatio hidráulico o nuclear, al precio del kilovatio de gas y carbón (“sardinas a precio de caviar”). Y quitar del recibo costes injustificados o que debería pagar el Presupuesto. Así bajaría el recibo de la luz hasta un 40%. Pero eso supone recortar los enormes beneficios de las todopoderosas eléctricas. Y nadie se atreve.


enrique ortega

En septiembre, el mercado eléctrico, donde se fijan los precios mayoristas de la electricidad, ha sido un tobogán, con tres días de precios récords (75,93 euros/kW el 19 de septiembre), que no se veían en España desde hace 20 años. Y al final, el precio mayorista de la luz en septiembre ha alcanzado los 71,3 euros/kW de media, un 11% más que en agosto (64,33 euros) y un 23% superior al de finales de 2017 (57,94 euros). Como este precio mayorista de la luz influye un 35% en la factura de la luz, la subida media del recibo de enero a septiembre será del +8%. De hecho, una familia con un gasto medio (4,4 kW de potencia y 3.500 kw anuales de consumo) pagará en septiembre un recibo de 70,5 euros, 3 euros más que a finales de 2017 (+ 4,4%) y 10 euros más que en marzo (+18%), según indica el simulador de facturas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC).

Los expertos aportan varias razones para explicar la fuerte subida de la luz en el mercado eléctrico 6 meses consecutivos, desde el mínimo de marzo (40,18 euros/kW), y especialmente entre mayo (54,92 euros/kW) y septiembre (71,17 euros/kW). La primera y fundamental, la subida del kilovatio producido en las centrales de carbón y gas, debido a la fuerte subida del petróleo y el carbón en los mercados internacionales. Y esta subida de costes de estos kilovatios se ha trasladado a la luz producida con aire y agua (hidroeléctrica), por la que se paga el precio de la luz más cara (carbón y gas). Eso ha provocado que, aunque ha habido menos agua en los pantanos y menos aire este verano, el agua que había se pagaba más caro porque había subido el carbón y el gas. Además, el calor de este verano y el turismo ha disparado la demanda de electricidad y los precios. Y por último, las eléctricas han pagado más por contaminar este año, porque se han triplicado en el mercado europeo el precio de los derechos de emisión de CO2 (lo que pagan por emitir, al producir electricidad con carbón y gas). Así que contaminan y pagan más. Y de paso, las centrales que producen sin contaminar (hidroeléctricas y nucleares) se benefician del encarecimiento del CO2, porque ahora reciben más dinero por kilovatio (por ser más "sucio") al venderlo al precio del kilovatio de carbón y gas. “Venden sardinas al precio de caviar”, ha dicho gráficamente el director del IDAE.

Una “locura”, pero así funciona desde 1998 el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), donde se fija el precio de la luz cada hora según este sistema, autorizado por Aznar (Ley Eléctrica 1997): cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel y gas). Y al final, el precio resultante es el del kilovatio más caro, al que se paga al resto de las energías. Lo habitual, y más cuando no llueve ni hace viento, es que la energía que falta para asegurar el suministro se cubra con centrales de carbón o gas (que producen a 60 euros kilovatio), el precio que se llevan las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el kilovatio) o las nucleares (22 euros), que además están amortizadas, después de 90 o 40 años de vida. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos toda a precio de chuletón. Así funciona de hecho el mercado eléctrico.

Aparte de fijar precios por encima de los costes reales, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), estrecho (pequeño), muy volátil (tiene muchos altibajos de precios) y el sistema promueve el fraude, como ha detectado la Comisión de la Competencia (CNMC) en varias ocasiones. Ya en diciembre de 2013, la CNMC multó a Iberdrola con 25 millones de euros por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta de “electricidad barata” que obligó a utilizar las centrales de gas (más caras) y disparó el precio de la luz en el mercado eléctrico (y sus beneficios). Hace unos meses, la UCO (Guardia Civil) descubrió en Iberdrola correos y archivos que demuestran el fraude. Y en junio de este año, la CNMC ha multado a otra eléctrica, Viesgo, con 6 millones de euros por otra infracción grave por manipular su oferta de la central de los Barros(Cádiz), excluyéndola del mercado diario para luego vender su electricidad en el mercado marginal a precios más elevados.

Ante las fuertes subidas de la luz en agosto y septiembre, el Gobierno Sánchez ha optado por un atajo, que es un “parche”: no toca el distorsionado mercado eléctrico y se conforma con suprimir “temporalmente” el impuesto del 7% a la producción de electricidad que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas en 2013, para intentar corregir el déficit eléctrico (una “deuda” de 24.000 millones a las eléctricas, por haber subido la luz desde el año 2.000 menos de los costes que ellas decían). Este impuesto eléctrico, unos 8.000 millones recaudados en estos 6 años, no lo han pagado las eléctricas (que lo recurrieron al Supremo y al Constitucional, perdiendo los recursos) sino que lo hemos pagado los consumidores, porque las eléctricas lo han repercutido en el coste de la luz. Ahora, la intención del Gobierno Sánchez es que al quitar ese impuesto, la luz baje. Pero será “el chocolate del loro”: los expertos creen que la luz bajará una media de 1,5 euros por recibo, sólo un 2%.

Y a cambio, Hacienda dejará de ingresar 1.500 millones de euros al año por este impuesto (en 2017 recaudó 1.510 millones y este año se preveían 1.528 millones, de los que se perderán 382 millones, al suprimirse el impuesto ya desde octubre). Y esto es un contrasentido: el Gobierno Sánchez quiere recaudar 1.500 millones más con un impuesto a la banca y a las operaciones financieras y dejará de ingresar 1.500 millones de las eléctricas (que han “aplaudido la medida”, claro). Y así, será difícil aumentar el gasto público y el gasto social, que tanta falta hace en un país que recauda y gasta menos que la mayoría de Europa.

Con todo ello, el Gobierno Sánchez se conforma con aplicar un parche, ideológicamente criticable (“hay que recaudar más, no menos”), en lugar de afrontar el problema de fondo y “coger el toro eléctrico por los cuernos”: hay que reformar el mercado eléctrico y ajustar costes. Veamos como podría conseguirse bajar el precio de la luz de verdad.


Antes, debemos saber que el recibo de la luz tiene tres partes y el Gobierno debería actuar al menos sobre dos de ellas, tomando medidas de fondo. Una parte del recibo (35%) paga la luz que contratamos y consumimos (más el alquiler del contador), otra parte (44%) son costes regulados cada año por el Gobierno y el 21% restante son impuestos (eléctrico e IVA).

Lo primero que habría que hacer es una auditoría de costes en el mercado eléctrico, para saber lo que cuesta de verdad producir cada kilovatio (hidráulico, nuclear, eólico, solar, de centrales de carbón y gas) y pagarlo según ese coste más la remuneración de las inversiones hechas y un margen de beneficio razonable. Eso supondría bajar radicalmente el precio actual que reciben las centrales hidroeléctricas (Iberdrola tiene la mitad) y nucleares, teniendo en cuenta su menor coste de producción y que la mayoría ya están amortizadas. Y con ello, dejaríamos de pagar costes de más en una parte del recibo (35%), como hacemos cada día (“Sardinas a precio de caviar”). El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, entre 2005 y 2015, por el injustificable sistema de precios que les regaló Aznar.

La segunda medida debería ser ayudar a los consumidores a contratar menos potencia, porque una parte importante de la factura (miren la suya) es pago por la potencia contratada, consuman o no luz. Esto es un “regalo” de Rajoy a las eléctricas: en 2013, con la “reforma eléctrica” se subió mucho el componente de potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de garantizar más ingresos fijos a las eléctricas en un momento que la crisis iba a reducir el consumo de electricidad. El resultado es  que un 20% de los consumidores contratan más potencia de la que necesitan (por el viejo miedo español a que “salte el automático”) y pagan más de lo que deberían, una media de 52,82 euros más al año. El Gobierno Sánchez dice que este viernes tomará medidas para facilitar el reajuste de potencia en los contratos, que ahora es muy rígido: va de 1,1 kW a 2,2, 3,3 y así siguiendo. No se puede contratar 2,5 kW de potencia, por ejemplo. Y nadie nos asesora para saber exactamente la potencia que necesitamos y no pagar de más.

La tercera medida para abaratar la luz es actuar en “la parte regulada” del recibo (44%), los llamados “peajes”,  un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido incluyendo una serie de costes que crecían año tras año. Unos son costes “justificados” aunque demasiado elevados, como los costes por el transporte de la electricidad (el 2,96% del recibo) y su posterior distribución (10,04%). Y otros son costes “discutibles”, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a las renovables (17,22% de la factura), por el parón nuclear (0,41%), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2,89%), para compensar a Endesa por producir electricidad en Baleares y Canarias (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias del riesgo de poder cortarles la luz para asegurar el suministro (no ha pasado nunca, pero se llevan un 3% de nuestro recibo), ayudas para que las centrales de gas estén siempre disponibles (el pago,150 millones anuales, se eliminó el 30 de junio), ayudas para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos 2018) y algunas partidas más. Habría que estudiarlas “con lupa”, recortar o suprimir algunas y otras pagarlas a través de los Presupuestos, no de nuestro recibo.

Con estas tres medidas, actuando en dos de las tres partes del recibo, la luz podría bajar hasta un 40% en un año. Algunos piden también actuar en la tercera parte del recibo, los impuestos, donde pagamos un impuesto especial eléctrico  del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto). España es el 5º país de la UE con el IVA de la electricidad más alto, sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), pero muy por encima de Reino Unido (5% IVA luz), Italia (10%), Grecia (13%), Irlanda (13,5%), Francia (16,7%) o Alemania (19%). Por eso, algunos partidos y la asociación de consumidores Facua piden bajar el IVA para abaratar la luz. Pero ojo: bajar el IVA de la luz al 10% significa que Hacienda perdería 4.400 millones al año, 4.400 millones menos para gastar en sanidad, educación, paro o investigación…

De momento, no haría falta tocar los impuestos de la luz para rebajar la factura hasta un 40%, sólo con cambios de fondo en el mercado eléctrico y en los pagos regulados. Con ello, España dejaría de ser el tercer país con la luz más cara de Europa sin impuestos, según Eurostat. En los hogares, pagamos 0,1712 euros/kWh (finales 2017), sólo por detrás de Irlanda (0,1865) y Bélgica (0,1790) y muy por encima de la media UE-28 (0,122 euros/kwh), zona euro (0,123), Alemania (0,1383), Reino Unido (0,1344), Italia (0,1326, Francia (0,1132) o Portugal (0,1080 euros/kWh). Y si nos fijamos en los precios de la luz industrial, las empresas españolas pagan la cuarta electricidad más cara de Europa,0,0982 euros/kwh a finales de 2017 (sin impuestos), sólo por detrás de tres islas, Malta (0,1377 euros/kwh), Chipre (0,1258) e Irlanda (0,1093) y un 28,8% más cara que la luz industrial en la UE-28 (0,0766 euros/kwh), un 20,7% más cara que Italia (0,0813 euros/kwh), un 24,9% más cara que Alemania (0,0786 euros/kwh) y un 47% más cara que Francia (0,0666), países con los que competimos. Salarios más bajos pero luz mucho más cara...



Tenemos la luz más cara que la mayoría de Europa porque pagamos costes de más. Y estos extracostes que pagamos en el recibo explican también un hecho reiterado año tras año: las eléctricas españolas ganan el doble que las eléctricas europeas, en relación a su negocio, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Nada menos que 5.627 millones en 2017 (+3%) sólo entre Iberdrola (2.804), Endesa (1.663) y Gas Natural-Fenosa (1.360). Y este año 2018, han ganado 2.652 millones hasta junio, aumentando sus beneficios un +27% (Iberdrola), un +22,3% (Naturgy) y un +15% Endesa, al amparo de las fuertes subidas de la luz desde abril.

No sólo tenemos la luz más cara que Europa sino que es una luz más sucia, porque producirla supone emitir cada año más CO2. En 2017, España ha sido el 4º país de Europa que más ha aumentado sus emisiones de CO2, un +7,4%, según publicó Eurostat en mayo (sólo más que Malta, Estonia y Bulgaria) o un +4,4%, según ha publicado el Ministerio de Transición Energética en julio. Es el mayor aumento de emisiones desde 2002 y de los 338,8 millones de toneladas emitidos, 74,9 millones (el 22%) son por la generación de electricidad, según Red Eléctrica. El año 2017, que fue extremadamente seco, obligó a consumir mucho carbón (+21%) y mucho gas (+31,8%), los dos combustibles que generan más emisiones de CO2 para producir electricidad (y los más caros).Baste decir que las 15 centrales de carbón existentes generaron, ellas solas, el 12,7% de todas las emisiones de CO2 que genera España.

Ante este panorama, una luz cara y sucia, no valen parches como los que el Gobierno Sánchez aprueba este viernes. Hace falta una reforma a fondo, del mercado eléctrico y del recibo, para que dejemos de pagar costes de más, que llevan décadas engrosando los beneficios y dividendos de las eléctricas. Urge una auditoría de costes y remunerar la luz por lo que de verdad cuesta producirla, transportarla y comercializarla. Luz y taquígrafos para pagar un precio justo por la luz, una asignatura que tenemos pendiente desde la transición. Hasta ahora, ningún Gobierno español se ha atrevido a afrontar esta reforma estructural de un sector con mucho poder económico, político y mediático. Y ahora, el Gobierno Sánchez, muy debilitado, sólo aplica un parche poco efectivo e incoherente con la política fiscal que predica. Así que ya lo saben: ha subido la luz y seguirá subiendo, llueva o no, porque tenemos un mercado de locos y pagamos por todo. Y así será hasta que algún día, otro Gobierno y otros políticos, más audaces, se atrevan a poner orden, en perjuicio de unos pocos y en beneficio de la mayoría. No parece cercano.