España exporta más, pese a Trump

Las exportaciones españolas han crecido este año (+1,3% hasta mayo), más que las europeas, a pesar de las guerras y los aranceles impuestos por Trump. Eso sí, han caído las ventas a EEUU (-2,5%), aunque más las compras (-8,8%), con lo que hemos reducido el déficit comercial con USA, mientras los aranceles sí han dañado al conjunto de Europa, que ha reducido a la mitad su superávit con EEUU. El problema para Europa sigue siendo China, que ha aumentado su superávit comercial con la UE-27 (160.516 millones de euros, +9,7%) y con España: tenemos un “agujero” comercial de -17.895 millones, el 71% de todo nuestro déficit comercial. Ahora, si continúa el conflicto con Irán y los altos precios de la energía, las exportaciones pueden resentirse y con ellas, el crecimiento y el empleo. Urge un Plan para revitalizar las exportaciones europeas y diversificarlas (con acuerdos como Mercosur). Y promover las ventas españolas en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, donde ahora caen. Nos jugamos crecimiento y empleo.

                 Exportaciones españolas a Europa crecen, pero caen las ventas a Asia y América

Los aranceles de Trump, anunciados el 2 de abril de 2025 e implantados finalmente el 1 de agosto pasado, no han sido tan dañinos como se temía. En 2025, el déficit comercial de bienes de EEUU con el resto del mundo aumentó incluso un +2,1%, hasta los 1,24 billones de dólares, una cifra récord. Y este año 2026, el déficit comercial USA se ha reducido un -31% (-434.600 millones de dólares hasta mayo, frente a -633.000 millones entre enero y mayo de 2025), pero en mayo (último dato publicado), el déficit comercial USA ha subido: -105.800 millones de dólares (frente a -91.500 en mayo 2025), el mayor “agujero comercial” en más de 1 año. Y esa podría ser la tendencia de los próximos meses, según los expertos, porque EEUU está aumentando las importaciones de productos de consumo extranjeros, informática, semiconductores, aeronaves, generadores industriales y vehículos, a pesar de los aranceles y las presiones de Trump para que empresas y particulares consuman productos “made in USA”.

En definitiva, lo que está pasando es que EEUU crece y la inversión de muchas empresas en tecnología e Inteligencia Artificial (IA) está obligadas a aumentar las compras en el extranjero de equipos, componentes para Centros de Datos e infraestructuras tecnológicas, así como coches, bienes de consumo y bienes de equipo industrial, a pasar de los aranceles. Eso sí, EEUU ha reducido su déficit comercial con los otros dos grandes bloques comerciales, Europa y China.

En 2025, el retraso en la entrada de los aranceles y el aumento de las importaciones USA en el primer semestre (para anticiparse a los aranceles) provocó que el déficit comercial de EEUU con Europa (UE-27) aumentara incluso, hasta los 199.600 millones de euros (frente a 198.000 millones en 2024). Este año 2026, las exportaciones europeas sí se han visto reducidas por los aranceles (sobre todo las ventas de automóviles, acero y aluminio) y, por ello, el superávit comercial de la UE-27 con EEUU se ha reducido a la mitad hasta mayo: de +116.999 millones de euros que era el superávit comercial en 2025 a +49.310 en 2026, según Eurostat. Quien se ha visto menos afectada es China. Si en todo el año 2025, EEUU tuvo un déficit comercial de -201.500 millones de dólares, este año lo han reducido a la mitad: era de -58.278 millones de dólares hasta mayo, frente a -102.310 entre enero y mayo de 2025.

Tras los aranceles y los conflictos geopolíticos (que han vuelto a disparar el precio de la energía y otras materias primas), Europa se ha resentido en su superávit comercial con el resto del mundo, no sólo con EEUU. Ha habido tres meses (enero, abril y mayo de 2026) en que la UE-27 tuvo déficit comercial con el resto del mundo, cuando antes siempre tuvo superávit. Y con ello, entre enero y mayo de 2026, Europa tuvo un déficit comercial con el resto del mundo de -15.905 millones de euros, algo inédito, dado que en esos primeros meses de 2025 (y de los años anteriores) Europa tuvo un superávit comercial de +70.100 millones, según Eurostat. La culpa es del mayor coste de las importaciones energéticas, pero también del aumento de las importaciones de muchos paises, en especial de China. El déficit comercial con China ha aumentado mes a mes y en mayo sumaba ya -160.516 millones de euros, +9,7% más que el déficit de enero-mayo 2025 (-146.346 millones).

España no ha salido tan mal parada como la mayoría de Europa por los aranceles de Trump y la nueva crisis energética por la guerra en Irán. De hecho, las exportaciones han crecido hasta mayo, un +1,3%, más que en todo 2025 (+0,7%) y más que la subida media en la UE-27 (+0,7% aumentaron las exportaciones europeas entre enero y mayo), aunque crecen menos que las exportaciones de Alemania (+1,7%), Francia (+3,5%) e Italia (+3,4%) y más que las de Reino Unido (-10,4%), según los últimos datos de Comercio. Lo que ha “pinchado” este año son las exportaciones de alimentos (caen -1,4%), productos químicos y medicamentos (-8,2%), pero crecen todas las demás, incluidos los bienes de equipo y automóviles. Las importaciones crecen el doble (+3,1%, más que en cualquier país europeo), por la mayor factura energética (el coste de las importaciones de petróleo se duplicó en mayo) y el  crecimiento de la economía y el consumo, que “tiran” de los productos importados más que en otros paises.

Al crecer más las importaciones que las exportaciones, el déficit comercial de España ha aumentado este año, hasta los -25.094 millones de euros en mayo (frente a -21.524,8 millones entre enero y mayo de 2025). La mayor parte de este déficit comercial se debe al comercio con Asia (-29.864 millones de déficit), especialmente a nuestro déficit con China, que crece y supone casi las tres cuartas partes del total: era de -17.895 millones de euros hasta mayo, frente a 16.533 millones entre enero y mayo de 2025.También son importantes los déficits comerciales que tenemos con Vietnam (-2.028 millones, algo menos que en 2025), Japón (-1.786,4 millones, el doble que el año pasado), India (-1596,4 millones, casi igual que en 2025) y Corea del Sur (-998,3 millones, algo más que en 2025) . Y fuera de Asia, destacan los déficits comerciales que tenemos con dos paises a los que compramos mucho petróleo y gas: Nigeria (déficit de -1895 millones) y Argelia (-1.617 millones). Y con Brasil (-1.815 millones de déficit comercial hasta mayo).

Pero después de China (-17.895 millones), el mayor déficit comercial lo tiene España con EEUU, aunque se ha reducido este año, a pesar de los aranceles y críticas de Trump: ha sido de -4.906 millones de euros hasta mayo, un 16,7% menos que en los cinco primeros meses de 2025 (-5.890,3 millones de déficit). Y ese menor déficit comercial se debe a que han caído algo las exportaciones a USA, nuestro 6º mayor cliente mundial (-2,5%), sobre todo medicamentos y productos siderúrgicos, pero han caído mucho más nuestras importaciones de EEUU (-8,8%), sobre todo de energía, maquinaria y equipos de transporte. Así que seguimos con déficit comercial con USA, pero menos que antes de los aranceles. Todo apunta a que las exportaciones e importaciones de España a EEUU seguirán cayendo, aunque menos de lo que se temía, sobre todo en medicamentos, bienes de equipo y alimentos.

Junto al aumento del déficit comercial con China y la reducción con USA, España consigue este año casi mantener su alto superávit comercial con Europa (+16.148 millones hasta mayo, -5,8%) e incluso aumentar ligeramente su superávit comercial con la UE-27 (+11.190 millones hasta mayo, +0,38%). A pesar del bajo crecimiento en Europa y los conflictos geopolíticos que enturbian el comercio mundial, España dirige el 75% de sus exportaciones a Europa y mantiene superávit comercial con 13 paises, entre ellos Francia (+7.930 millones), Italia (+1.457 millones) y Portugal (+7.825 millones), más Reino Unido (+5.680 millones) . Y España mantiene déficit comercial con otros 13 paises UE, entre ellos Alemania (-3.491 millones), Paises Bajos (-3.823 millones) y Bélgica (-242 millones).

Cara al futuro, hay nubarrones en el horizonte de nuestras exportaciones (y de las europeas), sobre todo los conflictos geopolíticos que mantienen cara la energía y los nuevos aranceles de Trump (que afectan especialmente a los automóviles europeos, el acero, el aluminio, medicamentos y algunos alimentos). Y además, un grave problema que Europa no sabe cómo lidiar: China, que sigue vendiendo más cada año a Europa (ahora que tiene más dificultades para exportar a EEUU), agravando los déficits comerciales y poniendo en peligro empleos (la multinacional Volkswagen plantea recortar 100.000 empleos, el 16% de su plantilla).

El dato de que Europa tiene este año déficit comercial y no superávit con el resto del mundo debería haber disparado las alertas en Bruselas, porque las exportaciones son uno de los motores económicos de la UE (sobre todo de Alemania, Italia, Paises Bajos, Bélgica o Irlanda, también en España). Si estas exportaciones están en riesgo y se disparan las importaciones (sobre todo de China y el resto de Asia), los efectos sobre el crecimiento y el empleo serán inmediatos, en una coyuntura donde la UE lleva estancada varios años (creció +0,4% en 2023,+1,1% en 2024, +1,4% en 2025 y lo mismo se espera para 2026).

La Comisión Europea, a la vista de estos datos, debería aprobar un Plan de choque para apoyar las exportaciones europeas, que no sólo chocan con los aranceles de Trump y el empuje exportador de China sino que sufren un problema de fondo: una menor competitividad, por la falta de inversiones estratégicas y tecnológicas en Europa. Y a la vez, seguir avanzando en la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica. Precisamente, acaba de entrar en vigor el acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y en mayo ya crecieron las exportaciones europeas a estos paises un +4,2% (mientras las importaciones sólo crecieron un +1,8%).

En el caso de España, aunque estemos saliendo mejor parados de los problemas geopolíticos y comerciales, también es urgente tomar medidas para ayudar a los exportadores, sobre todo porque las exportaciones crecen gracias a que vendemos más al resto de Europa (+2,6% hasta mayo), a África (+5,5%) y Oceanía (+61,6%), pero han “pinchado” nuestras exportaciones a Norteamérica (-0,3%), Latinoamérica (-7,8%), Asia (-7,6%) y Oriente Medio (-23,1%). Esto exige más medidas y recursos para promoción, más financiación a los exportadores y una política exterior volcada en ganar mercados. Algo que nos importa a todos, porque las exportaciones aportan un tercio del crecimiento y mantienen 4,6 millones de empleos. Por eso, urgen medidas para apoyarlas en un año crítico.

UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica

La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo, esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico que mejorará la competitividad de la economía europea, al permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades. Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los científicos. España será uno de los paises más beneficiados por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.

                       Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España

Las plantas transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días una semilla modificada que no se distingue de la natural.

Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó, en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano Norman Borlaug : creó una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y África, lo que salvó millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983, cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto) anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto: vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con litigios por reutilizarlas sin permiso.

El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises, promovida por los ecologistas y en especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y para el medio ambiente. Enfrente, científicos de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar ciertos alimentos, como el arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se quedan ciegos cada año).

La pelea entre ecologistas (en contra) y científicos (a favor) se agravó tras las protestas de 2013 y en julio de 2016, más de un centenar de Premios Nobel (109) firmaron una carta abierta contra Greenpeace, a la que acusaron de “crímenes contra la humanidad”, por oponerse a la entrada de transgénicos en África, que necesitaba urgentemente el arroz dorado y otras semillas transgénicas. Y reiteraban que, en 20 largos años de usarlos, no se había detectado ni un solo caso de que dañaran la salud o el medio ambiente. “Los ecologistas rechazan los transgénicos porque tienen la panza llena”, apostilló el Nobel Borlaug.

La realidad es que los transgénicos se han ido desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia y África. Actualmente China acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una docena de proyectos de edición genética de plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.

El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura la tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en  África y otros paises pobres, por dos razones. Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo 10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.

Europa ha estado al margen de todos estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que han contagiado sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18 que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos Reglamentos en 2003, otra Directiva 2009/41 y otra Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del “taladro”),  que prácticamente solo se cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas 107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía,  lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones en importaciones, según la Fundación Antama. 

Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna evidencia).

La comunidad científica rechazó esta sentencia y pidió a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba impidiendo a los agricultores europeos los beneficios que ya reportaba la edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó 3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los sectores implicados. Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.

La normativa aprobada finalmente permite por 1ª vez el acceso de los agricultores europeos a nuevas plantas modificadas genéticamente, más resistentes al clima y a las plagas, que además requieren menos pesticidas y consiguen mayores rendimientos, como el trigo bajo en gluten, las patatas resistentes a patógenos o el maíz más resistente a la sequía. Pero la Comisión introduce esta normativa con muchas restricciones, no quiere dar el salto de la prohibición al todo. Y por ello, limita la aprobación a dos categorías de plantas modificadas.

Una, las NGT-1, plantas con un número limitado de cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible” de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura ecológica. Dos restricciones que rechazan los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.

La segunda variante que se regula, las plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de riesgos y deben obtener una autorización previa antes de comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del resto del mundo.

Así que Bruselas abre la mano para aprobar algunas modificaciones genéticas pero no otras que llevan años realizándose en el resto del mundo. Y además, establece varias salvaguardias, como que cualquier país pueda prohibir la utilización de semillas o alimentos modificados incluso si están autorizados por la UE. Y además, se retrasa 2 años la entrada en vigor de estas normas, que no podrán aplicarse hasta julio de 2028.

A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos expertos creen que es un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a 2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con más limitaciones que los agricultores de otros paises con los que compite Europa y con retraso, ya que no se podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.

España va a ser uno de los paises más beneficiados de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los expertos reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas, lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura (y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades, lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos) en los alimentos finales.

Además, España es un país con gran potencial en biotecnología, con numerosos laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y ganadería, para aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y Latinoamérica.

En paralelo, Europa y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos” (evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de semillas modificadas. Además, la transparencia debe regular todo el proceso, desde el campo al supermercado, para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”, apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer campañas públicas a favor de los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.

Más pluriempleo (récord)

España tiene más gente que nunca trabajando (22,3 millones), pero también más gente pluriempleada, que trabaja en más de un sitio: son 611.600 personas, que trabajan unas 13 horas semanales en un 2º empleo, sobre todo en los servicios. Y la cifra real podría ser mayor, hasta 889.526 pluriempleados, según los datos de doble afiliación a la Seguridad Social. Es un dato récord, aunque la tasa de pluriempleo (el 2,5%) es de las más bajas de Europa (4,1% de media y hasta el 8,4% en Paises Bajos). Los sindicatos están preocupados por el aumento del pluriempleo, porque se concentra en sectores con contratos precarios y bajos sueldos, con jornadas a tiempo parcial, que buscan complementar sus ingresos para llegar a fin de mes: es el caso de limpiadoras, empleadas de hogar, cuidadoras y trabajadores de la hostelería y el comercio. Y está aumentando el pluriempleo de los asalariados que se hacen autónomos. Hay que diferenciar el pluriempleo voluntario y el forzado, ligado en muchos casos a la economía sumergida. Falta transparencia.

               Limpieza, empleadas hogar, cuidados, hostelería y comercio concentran mucho pluriempleo

En la EPA del primer trimestre de 2026 figura el dato de los trabajadores que reconocen trabajar en más de una empresa: son 611.600 trabajadores, el 2,7% de los ocupados, un récord histórico. El pluriempleo suele crecer cuando lo hace el empleo, por lo que alcanzó los 545.700 pluriempleados en 2007 (2,6%), en plena burbuja económica, para caer a partir de la crisis financiera y marcar un mínimo en 2012 (330.500 pluriempleados, el 2,1%). A partir de ahí, la cifra ha ido subiendo, hasta 442.400 en 2019 (2,5%) y 559.800 en 2025 (2,6%), hasta los 611.600 de marzo 2026 (el 2,7%), un 38% más que antes de la pandemia.

Los pluriempleados realizan una jornada media en su 2º trabajo (o en el 2º y 3º) de 13 horas semanales, siendo más en el sector de contenidos (20,2 horas), telecomunicaciones (17,2 horas) y hostelería (14,5 horas), según la EPA. La mayoría de los pluriempleados son hombres (316.500), aunque crecen más las mujeres (295.000 pluriempleadas). Y están más pluriempleados los jóvenes, sobre todo entre 16 y 24 años, aunque también entre 25 y 34 años. Por sectores, los que más tienen un 2º empleo son los trabajadores de los servicios (555.000 pluriempleados), destacando una serie de trabajos: limpieza, empleadas de hogar, cuidadoras, empleados de comercio, trabajadores de hostelería y turismo y transportes. Les siguen, de lejos, los pluriempleados en el campo (27.100), la industria (17.600) y la construcción (11.400).

Un dato llamativo es el repunte de pluriempleados que son asalariados y se hacen autónomos para realizar su segundo trabajo: la tasa de pluriempleo en actividades como autónomos (208.300, el 3,5%) ha crecido un 36% desde 2019, mientras el pluriempleo de los asalariados que realizan su 2º trabajo como asalariados (399.000, el 2,61%) ha crecido la mitad, un 16%. Todo indica que este aumento se debe a trabajadores con bajos sueldos (o jornadas parciales) que se hacen autónomos para realizar un 2º trabajo, sin dejar el primero.

Aunque el pluriempleo ha crecido en España tras la pandemia, todavía tenemos un porcentaje de pluriempleados mucho más bajo que en Europa, donde hay más tradición de pluriempleo, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio de Adecco, en Europa hay 8,8 millones de trabajadores pluriempleados, un 4,1% de los ocupados, según Eurostat. Los paises con más tasa de pluriempleo son Dinamarca (10,8%), Paises Bajos (8,4%) y Noruega (8,3%), seguidos de Finlandia (6,9%), Suecia (6,4%), Portugal (5,5%), Francia (5,4%, 1.326.000 pluriempleados), Alemania (5,3%, 2.055.000 pluriempleados), con sólo un 0,8% (178.300) en Italia. En general, el pluriempleo en Europa es mayor en los paises con los salarios más altos y el paro más bajo, aumentando más entre personas con más nivel educativo, características muy diferentes al pluriempleo en España (concentrado en los trabajadores más precarios).

Algunos expertos achacan esta menor tasa de pluriempleo en España a que muchos trabajadores no reconocen que tienen otro trabajo cuando les pregunta el INE para elaborar la EPA. Y creen que la cifra real de pluriempleados es mayor, porque algunos están “en la economía sumergida”, tienen otro trabajo no declarado. De hecho, los datos de afiliación a la Seguridad Social aportan una cifra mayor de pluriempleados, de trabajadores que cotizan por las horas que hacen en otra empresa. Así, los “afiliados en pluriactividad” eran 889.526 trabajadores en 2025, el 4,1% del total de afiliados, otro récord histórico, también con una fuerte subida desde 2008 (575.128 afiliados en pluriactividad”, el 2,8%) y desde 2019 (730.269 afiliados con pluriempleo, el 3,8%). En muchos casos, las empresas utilizan a trabajadores empleados en otros sitios para cubrir bajas laborales y otro tipo de ausencias. Precisamente, los sectores con más trabajadores “afiliados en pluriactividad” son la educación (12% del total de pluriempleados), las actividades sanitarias (10,8%), los servicios auxiliares (10,7%), la hostelería y el comercio (9,4% de los trabajadores pluriempleados), las 5 ramas que concentran más de la mitad de los “afiliados en pluriactividad”.

Aunque estos datos de afiliación a la Seguridad Social ya suben la cifra de pluriempleados (a 889.526 trabajadores, el 4,1% de los afiliados), otras encuestas elevan mucho más la cifra de pluriempleados. Un estudio de InfoJobs revela que el 85% de los trabajadores sólo trabaja en una empresa, pero que un 8% ha sido pluriempleado hace menos de un año aunque ahora no lo sea y otro 7% de los trabajadores sí es pluriempleado ahora. Y otros estudios revelan que el 40% de los que tienen 2 trabajos lo hacen porque ingresan entre 1.000 y 1500 euros al mes. Y en muchos casos (sobre todo mujeres) porque tienen trabajos a tiempo parcial (por horas o por días) que les deja tiempo para buscarse un 2º empleo, necesario para llegar a fin de mes.

Los sindicatos muestran su preocupación por el ascenso del desempleo, porque creen que refleja la precariedad de una parte del mercado laboral, sobre todo mujeres y jóvenes que tienen jornadas reducidas y bajos salarios, lo que les obliga a buscar un 2º empleo (o incluso un 3º) para complementar sus ingresos y atender sus gastos. Una necesidad que se agrava ahora, por la fuerte subida de los alquileres y muchos precios.

Por esto, los sindicatos alertan que el pluriempleo en España no es signo de unos trabajadores que quieren  “flexibilizar” su trabajo o compatibilizarlo con estudios o hijos, como en la Europa más rica, sino una salida desesperada para los trabajadores más pobres. Así, en España, el pluriempleo está fuertemente asociado a la precariedad: el 30% de las personas en situación de pobreza laboral tienen más de un empleo, según Intermón Oxfam. Y además, el pluriempleo “forzado” daña la salud (física y mental) de los trabajadores y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar. Además, a los sindicatos les preocupa que una parte de este pluriempleo forzado sea “irregular”, forme parte de la economía sumergida, por lo que solicitan realizar Planes de vigilancia a la inspección de Trabajo.

En resumen, que vuelve a crecer el pluriempleo, no tanto como el que hacían nuestros padres en los años 60 y 70 pero más que en los buenos años de la burbuja inmobiliaria. Lo malo es que trabajar en más de un sitio no es para la mayoría una opción laboral sino una elección forzada porque con su trabajo habitual no llegan a fin de mes y necesitan trabajar en otro sitio para conseguir unos ingresos decentes. Por eso, los sindicatos reiteran que el pluriempleo es la otra cara de la precariedad laboral y los bajos salarios, del abuso de empresas que utilizan a pluriempleados para cubrir huecos y ausencias, muchas veces sin cotizar por ellos. Y piden que el crecimiento y la mejora de la economía (y de los beneficios empresariales) se traduzca en más empleos únicos de calidad. Ojo al pluriempleo.

España "low cost": crece con baja productividad

Se ha puesto de moda hablar de España como una economía de bajo coste (“low cost”), que compite y crece gracias a sus bajos salarios y energía barata más que por su innovación y productividad, de las más bajas de Europa. Este modelo de crecimiento, junto a la inmigración, ha permitido que España crezca los últimos 5 años más que Europa, pero esto esconde una realidad: en el PIB por habitante, lo que marca la competitividad de un país y su renta, ocupamos el puesto 15 en el ranking de la UE-27. A lo claro: hay 14 paises europeos más productivos y más ricos, algo que lleva pasando décadas. La culpable es esa baja productividad española, que impide mejorar salarios y rentas. Para converger con la mayoría de Europa, el Consejo de Productividad propone aumentar el tamaño de las empresas, gastar más en tecnología, aumentar la inversión privada, mejorar la formación y la organización de las empresas. Crecer sí, pero siendo más productivos para vivir mejor.

                             Enrique Ortega

La OCDE ha sido la última organización en pronosticar, este mes de junio, que España crecerá este año un +2,2%, casi el triple que la eurozona (+0,8%) y más incluso que Estados Unidos (+2%). De confirmarse, será el 6ª año consecutivo (de 2021 a 2026) en que España crece más que el resto de Europa, empujados por el turismo, el consumo privado, los inmigrantes y las exportaciones, sin olvidar los Fondos europeos. Pero lo importante para un país no es sólo lo que crezca su PIB (somos el 4º país con el PIB más alto, tras Alemania, Francia e Italia) sino lo que aumente su PIB por habitante, el indicativo de la productividad de un país y, en consecuencia, de su nivel de vida. Producimos mucho más cada año, pero con 3.326.100 trabajadores más que en 2019. Ahí está “el truco”. 

Y aquí, en el PIB por habitante, España ha vuelto a “pinchar” en 2025, según los datos de Eurostat: somos el país nº 15 en el ranking europeo de producción por habitante real (descontando la inflación), con 38.272 euros por habitante, el 92% del PIB por habitante real de la UE-27 (41.600 euros). Y estamos por detrás de la producción por habitante de Luxemburgo (239% del PIB per cápita europeo), Irlanda (238%), Paises Bajos (133%), Dinamarca (127%) o Austria (118% del PIB habitante europeo), paises mucho más pequeños que España pero más productivos y que por eso tienen más renta y mejores salarios. También estamos por detrás del PIB por habitante real de Alemania (115% de la media UE-27), Bélgica (114%), Suecia (111%), Malta (110%) o Finlandia (101%), que cierran la lista de los 10 paises europeos con un PIB por habitante superior a la media UE-27. Les siguen Francia y Chipre (98% del PIB por habitante europeo), Italia (96%) y Chequia (92%). Y a continuación, en el puesto 15º se encuentra España, con el 92% del PIB por habitante europeo. Un nivel y un puesto similar a los de 2023 (91%) y 2024 (92%), que cayó del 90% entre 2020 y 2022 por la pandemia y que está por debajo de la media desde 2010 (96%).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, en marzo de 2026, del 72,7%, frente al 76,3% en la UE-27, el 81,5% en Alemania y el 75,2% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,3% en Paises Bajos, al 79,4% en Irlanda, al 82,2% en Suecia o al 83,4% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 68%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1.026.000 personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB y nuestra renta, también el PIB por habitante). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,5 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitante) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

Recientemente, el nuevo Consejo de Productividad de España ha elaborado su primer informe, donde destaca que la baja productividad de España es un problema endémico, que arrastramos desde finales del siglo XIX. Así, entre 1890 y 1994, el PIB per cápita creció en España un +1,8% anual, frente al +2% que creció en Europa y el +2,2% en EEUU. Y entre 1995 y 2022, el PIB per cápita creció en España el +0,8% anual, también por debajo del +0,9% que aumentó en la UE-27 y el +1,3% que creció anualmente en EEUU. Eso sí, entre 2022 y 2025, la productividad por hora trabajada en España crece el doble (aunque poco: el +1% anual) que entre 2014 y 2019 (+0,5%), aunque los datos de Eurostat señalan que la productividad española crece entre un 10% y un 15% por debajo UE-27.

El informe del Consejo de Productividad señala dos problemas. Uno, la baja productividad española. Y el otro, que las mejoras de productividad están mal repartidas y los trabajadores se llevan (en sus sueldos) la menor parte. Entre 1999 y 2017, la productividad por hora trabajada creció un 95% acumulado, pero la remuneración por hora (sueldo) sólo creció un 3%. Y entre 1999 y 2024, la productividad por hora trabajada ha crecido un 13%, mientras la remuneración por hora trabajada (sueldos) ha crecido un 11%. Resultado: el trozo de pastel de los salarios en el reparto de la productividad es hoy inferior al de 2019. Y lo más preocupante: los salarios reales (descontando la inflación) apenas han crecido en España en los últimos 25 años. Así que crecemos, pero la mayoría de los trabajadores no lo notan.

¿Por qué España sigue teniendo una baja productividad? El Consejo señala los dos factores que lo explican: la baja inversión en tecnología e innovación y una estructura productiva centrada en sectores poco productivos, como los servicios, el turismo, el comercio o la agricultura. Y señala otra debilidad de la economía española: la baja inversión, sobre todo privada, que ha crecido menos que en Europa (que a su vez invierte también menos que EEUU, lo que explica su menor productividad). Y también destacan otros factores que bajan la productividad : la escasez de mano de obra, la falta de competencia, el exceso de burocracia y las 17 normativas autonómicas, los impuestos y la normativa laboral.

Otros expertos señalan tres factores claves que explican nuestra baja productividad. El primero, el menor tamaño de nuestras empresas, el exceso de pymes. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay también un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque tienen más empresas medianas (el 0,93%) y casi idéntico porcentaje de pequeñas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

La 2ª causa que explica nuestra menor productividad es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Pero la mayor “brecha” con Europa se da en la inversión tecnológica de las empresas: en España invierten el 0,7% del PIB mientras en Europa invierten una proporción doble, el 1,48% del PIB. Además, esta imprescindible inversión empresarial en I+D+i se concentra en las grandes empresas, que suponen dos tercios de la inversión tecnológica privada. En definitiva, las pymes invierten poco en tecnología e innovación y eso frena su productividad, lo mismo que su menor internacionalización (pocas pymes exportan) y la mayor dificultad que tienen para financiarse.

El tercer factor clave que reduce nuestra productividad es la menor inversión en España. En los últimos años, la inversión total se ha estancado (14,8% del PIB en 2025, casi igual al 14,7% que invertíamos en 2019) y sigue por debajo de la inversión en Europa (16,1% del PIB) y en  Estados Unidos (17,4% del PIB), según Funcas, aunque debería haber repuntado mucho más por el aluvión de Fondos europeos. Esta baja inversión, en España y en Europa, explica en buena medida la menor competitividad frente a EEUU y China, según el informe Draghi, y “limita la capacidad del país para aumentar su productividad y cerrar la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la eurozona”, según BBVA Research.

Hay un 4º factor que explica también nuestra baja productividad: la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes aumenten de tamaño y superen los 50 trabajadores…

En definitiva, que hay muchos cambios estructurales que hacer para conseguir que no sólo crezcamos mucho sino que produzcamos más por trabajador, que seamos más eficientes y productivos, la verdadera clave para mejorar los salarios y nivel de vida, para acercarnos más a la Europa rica del centro y norte del continente. El Consejo de la Productividad propone maximizar los incentivos a la innovación tecnológica, apoyar la transformación digital y energética, mejorar la formación de los trabajadores y la inversión en educación, aumentar el tamaño de las empresas, aumentar la inversión y reducir barreras a las nuevas empresas. Y recuerdan: la mejora de la productividad es la base de un crecimiento que permite aumentar la renta per cápita y mejorar los salarios reales, estancados desde hace 30 años.

Ya sabemos lo que pasa, por qué España tiene los salarios más bajos de Europa y un nivel de vida inferior a 14 paises europeos, muchos de ellos más pequeños. Y tenemos una hoja de ruta para mejorar esta situación, con el gran objetivo de mejorar la productividad. No podemos seguir con una economía “low cost”, que compita en Europa y el mundo con bajos salarios y costes de la energía, con pequeñas empresas con poco capital y poca inversión. No podemos seguir compitiendo por precio, como la China de Europa: necesitamos dar un salto cualitativo y competir con productos de mayor valor añadido, con más tecnología e innovación, con empresas más grandes, más internacionalizadas y que inviertan más en el futuro. Hay que mirar no sólo que crezcamos más sino que crezcamos siendo más productivos. Sólo así mejorarán nuestros bajos salarios y aumentará nuestro nivel de vida. Ser más productivos debería ser el gran objetivo nacional a medio plazo. Para todos.

EPA marzo 2026: "pincha" el empleo

El empleo ha “pinchado” en el primer trimestre, como es habitual tras las Navidades y por la Semana Santa en abril. Pero la pérdida (-170.300 empleos) ha sido la mayor desde 2013, quizás porque la economía empieza a sufrir la guerra en Oriente Medio, que sube la inflación y frena el consumo y la inversión. Hay 527.000 ocupados más que hace un año y 2,6 millones más que hace 6 años (al inicio pandemia), pero debemos estar atentos a la marcha de la economía esta primavera, para ver si el Gobierno debe tomar nuevas medidas, algo que también debería hacer Bruselas (como tras la pandemia y la guerra en Ucrania). De momento, la pérdida de empleo afecta a los servicios, a las mujeres y a algunos  inmigrantes, mientras crece en la industria, la construcción y el campo. Necesitamos un Plan para relanzar las contrataciones en los sectores y regiones más afectadas y reformar las oficinas de empleo (SEPE), porque funcionan mal. Atentos al empleo, lo más importante. 

                            Enrique Ortega

El primer trimestre del año suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Además, este año la Semana Santa (29 marzo al 5 de abril) ha caído mayoritariamente en abril, lo que ha restado empleo entre enero y marzo. Por todo ello, en el primer trimestre se perdieron -170.300 empleos, casi el doble que en el primer trimestre de 2025 (-92.500) y más que en 2024 (-139.700), según la EPA publicada este martes. Con todo, a finales de marzo había en España 22.293.000 ocupados, un máximo histórico en este mes. Y trabajan en España 2.611.700 personas más que hace 6 años, al inicio de la pandemia (19.681.300 ocupados en marzo 2020).

El empleo ha caído entre los hombres (-80.100 ocupados), pero más entre las mujeres (-90.200 ocupadas). Y lo han perdido más los trabajadores españoles (-137.300 empleos) que los extranjeros (-59.000 ocupados), mientras ganaron empleo los que tienen doble nacionalidad (+26.100 ocupados). La pérdida de empleo se ha dado casi en exclusiva en el sector privado (-191.400  empleo), mientras crecía algo en el sector público (+21.100 empleos, por las oposiciones). Y se ha perdido más empleo entre los trabajadores maduros (-78.000 empleos entre 40 y 54 años) y los más jóvenes (-32.800 empleos perdieron los de 25 a 40 años).

El empleo lo han perdido los servicios (-228.400 ocupados), sobre todo por el comercio (-106.700) y el transporte (-51.700), por el fin de las Navidades y rebajas, así como la hostelería (-47.900 empleos), la información y comunicaciones (-51.900) y el servicio doméstico (-48.400 empleos, por la exigencia de altas y la subida del SMI). Sin embargo, subió el empleo en el primer trimestre en la educación (+45.000) y la sanidad (+34.500 ocupados), así como en la industria (+28.100), la construcción (+17.500) y el campo (+12.500), sectores claves que reflejan el crecimiento de la economía. Y por autonomías, han perdido más empleo Cataluña (-46.300), Baleares (-40.900) y Madrid  (-10.700 ocupados), ganándolo en el primer trimestre sólo Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500).

La caída del empleo al inicio de 2026 ha provocado también un aumento del paro, que subió en +231.500 desempleados, un aumento récord desde 2013, debido a que han aumentado mucho los que buscan empleo, los “activos”: +61.200, el tercer mayor aumento en los últimos años, por el aumento de mujeres que buscan trabajo (+46.700, frente a +14.400 hombres) y, sobre todo, por el aumento de inmigrantes activos (+65.800, mientras bajan en 4.600 los “activos” españoles. Con ello, España alcanza un nuevo récord  histórico de “activos”, personas que trabajan o buscan trabajo: 25.001.600 en marzo. Esto supone que, aunque crezca el empleo en los próximos meses, el paro bajará menos, porque hay más gente buscando trabajo (sobre todo mujeres e inmigrantes).

Con este aumento del paro, son ya 2.708.600 las personas que están en paro, un 10,83% de las personas en edad de trabajar, según la EPA, con lo que se vuelve a superar el listón del 10% de tasa de paro (bajó al 9,93% en diciembre de 2024). Una cifra elevada de paro, aunque tenemos 604.400 parados menos de los que había en España hace 6 años, al inicio de la pandemia (3.313.000 parados en marzo de 2020, el 14,41% de la población activa). El paro subió más en este primer trimestre entre las mujeres (+137.000 paradas) que entre los hombres (+94.500), más entre los extranjeros (+124.800) que entre los españoles y con doble nacionalidad (+106.700 parados) y más entre los trabajadores maduros (+155.000 entre 25 y 54 años) que entre los más jóvenes (+32.600 parados entre 16 y 24 años). Por sectores, crece sobre todo en los servicios (+162.100, la mitad por el turismo y la hostelería), en la industria (+13.000) y la agricultura (.9.500 parados), mientras cayó sólo en la construcción (-11.700 parados). El paro aumentó sobre todo en Cataluña (+84.400), Comunidad Valenciana (+41.200), Baleares (+39.800) y Madrid (+35.400), bajando sólo en Canarias (-14.400 parados), Extremadura (-1.800), Murcia (-1.200), Andalucía (-1.100) y Melilla (-900).

Mientras sube el paro, hay algunos datos de fondo importantes. Por un lado, todavía hay 850.700 hogares donde todos sus miembros están en paro: +78.500 que a finales de 2024,  aunque son 32.200 menos que hace un año. Por otro, sube el porcentaje de parados que cobran el desempleo: cobraban alguna ayuda en febrero 1.842.216 parados, 76,13% de los parados registrados en las oficinas de empleo, frente al 66,77% hace un año, según los datos de Trabajo. Pero la mayoría (923.462) cobran un subsidio asistencial (480 euros al mes), mientras sólo 918.754 parados registrados cobran el subsidio contributivo (1.035,70 euros mensuales). Y ha subido el número de parados que llevan más de 1 año sin trabajo (949.200 parados), aunque baja al 35% (eran el 38,19% hace un año) el porcentaje de “parados de larga duración”, que tienen mucho más difícil recolocarse.

Pero lo más preocupante es que la tasa de paro ha subido en el primer trimestre, del 9,93% en que estaba a finales de 2024 al 10,83% ahora, aunque es mucho más baja de la que teníamos hace 6 años (14,4% en marzo de 2020). Una tasa muy alejada de Europa, donde es casi la mitad (5,9% en la UE-27 y 6,2% en la zona euro), siendo aún menos en Alemania (4%), según Eurostat. Y ha subido este trimestre la  tasa de paro juvenil (menores 25 años), que en España es el 24,5%, frente al 15,3% en Europa y el 7,4% en Alemania. Además, persiste el problema de que hay 2 Españas en el paro. Una, 10 regiones con alta tasa de paro: Ceuta (26,1%), Melilla (21,4%), Andalucía (14,66%), Baleares (13,79%), Extremadura (13,25%), Castilla la Mancha (12,97%), Comunidad Valenciana (11,75%), Canarias (11,40%), Murcia (10,84%) y Cataluña (10,12%). Y otra, las 9 regiones que tienen una tasa de paro casi “europea”: Cantabria (7,86%), Madrid (7,91%), País Vasco (8,23%), Aragón (8,37%), Galicia (8,96%), Asturias (9,02%), Castilla y León (9,04%), Navarra (7,49%), La Rioja (9,62%, según la reciente EPA de marzo.

Con todo, lo más positivo sigue siendo la mejor calidad del empleo que se crea en España, tras la reforma laboral de 2022. Este primer trimestre, el 43,26% de los contratos firmados fueron indefinidos, casi como hace un año (43,07%) y algo menos que hace dos años (44,5% el primer trimestre de 2024), pero un porcentaje muy superior a los de 2023 (38,7%), 2021 (10,9%) y la media de 2014 a 2020 (sólo entre el 6 y el 8% de los contratos eran indefinidos). Con ello, ya hay 16,24 millones de asalariados con contrato indefinido, el 85,23% del total, frente al 74,61% de trabajadores fijos a finales de 2021. Los que apenas bajan son los contratos a tiempo parcial (-40.000 en el último año), que superan los 3 millones de asalariados (3.035.900 en marzo), sobre todo por las mujeres (2.175.600, el 71,6% de estos contratos de jornada reducida), que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa o para cuidar a hijos y mayores.

Ahora, en 2026, el Gobierno y los expertos creen que España seguirá creando empleo, más que el resto de Europa pero menos que en 2023 (+783.000 empleos), 2024 (+468.000) y 2025 (+605.400 empleos) , porque creceremos algo menos (+2,2 % en 2026, frente al +2,8% que crecimos en 2025 y el +3,2% en 2024). La previsión enviada por el Gobierno a Bruselas, en octubre de 2024, apostaba por crear casi 500.000 nuevos empleos este año 2026 (+494.878),  con el objetivo de que España roce los 23 millones de ocupados (22.989.350 en 2026) y baje su tasa de paro del 10% en 2026 (ahora volvió al 10,83%).

Pero todos estos cálculos se hicieron antes de que EEUU e Israel atacaran Irán, el 28 de febrero pasado, desencadenando una guerra que ha disparado los precios de la energía y los carburantes, aumentando la inflación en marzo en toda en Europa (+0,7%, hasta un 2,8% anual) y más en España: +1,2% en marzo, según el INE, la mayor subida en un mes desde junio de 2022, lo que coloca la inflación media en el 3,4%,a pesar de las ayudas del Gobierno (5.000 millones), que han conseguido moderar de momento la subida de los carburantes y la luz.

El vicepresidente económico señaló este martes que el conflicto de Oriente Medio subirá la inflación en España este año, del 2,1% previsto al 3,1% anual, aunque el Gobierno mantiene de momento su previsión de crecimiento para este año en el +2,2% . Pero si el conflicto se alarga, su coste (500 millones diarios para Europa) disparará la inflación y recortará el consumo y la inversión, frenando el crecimiento más de lo previsto (en privado, el Gobierno cree que recortará el PIB un -0,4% este año) y creando menos empleo del esperado. De hecho, el FMI ha recortado en abril el crecimiento previsto para España: lo rebajan al +2,1%, dos décimas menos de lo que estimaban en enero.

El Gobierno debe estar muy atento a los efectos de la guerra de Oriente Medio en las empresas y el empleo, utilizando la doble vía de las ayudas estatales (directas o indirectas)  y los ERTES (posibilidad de enviar temporalmente una parte de la plantilla al paro, como se hizo tras la pandemia y la guerra de Ucrania). Y el presidente Sánchez debe seguir presionando a Bruselas para que la Comisión apruebe un paquete de ayudas frente a las consecuencias de esta guerra, algo que rechazaron en la reciente Cumbre de Chipre, aunque fue muy útil para que los paises europeos afrontaran la crisis de la pandemia y de Ucrania. Europa apenas crece y esta crisis puede estancarla aún más (la zona euro sólo crecerá un 1,1% este año y Alemania el 0,8%, según el FMI), por lo que urge tomar nuevas medidas extraordinarias, para reanimar el crecimiento y el empleo. Y lo mismo debe hacer el Gobierno en España.

Ahora habrá que ver si este “pinchazo” del empleo en el primer trimestre es el habitual en estas fechas (aunque ha duplicado la caída habitual de empleo) o si es el primer signo de que la guerra de Oriente Medio y la incertidumbre internacional se empiezan a notar en nuestra economía, frenando el crecimiento y empleo futuros. Para evitarlo, es clave que los Gobiernos de Europa y España reduzcan la incertidumbre, con ayudas y medidas eficaces, además de seguir presionando para acabar esta guerra ilegal e irracional. Porque la incertidumbre puede afectar a los hogares, reduciendo su consumo (más si sube la inflación), uno de los motores del crecimiento de la economía. Otro es la inversión empresarial, que se está recuperando gracias a los Fondos europeos (ojo: terminan en agosto), pero que podría frenarse si las empresas e inversores no ven claro el futuro. Y el tercer motor del crecimiento, las exportaciones, también podrían “pinchar” este año, por los aranceles y los problemas  en el comercio mundial.

En resumen, los datos de empleo y paro son malos, pero habrá que esperar a ver si mejoran con la primavera y el verano, como es habitual todos los años, o si la guerra puede poner en peligro nuestro mayor crecimiento y empleo. Eso requiere que el Gobierno español siga muy atento la coyuntura, por si hay que tomar medidas específicas para reanimar la economía y el empleo, medidas que debería volver a tomar Europa. En paralelo, habría que estudiar un Plan para relanzar las contrataciones en los sectores y autonomías donde más cae el empleo y no olvidarse de reformar las oficinas de empleo (SEPE), porque siguen funcionando mal. Ojo al empleo, que debe ser la gran prioridad nacional.

Necesitamos empresas más grandes

Las pymes disfrutan en España de una excelente imagen pública, mejor que las grandes empresas. Pero lean este dato: de los 2,5 millones de empleos creados desde 2020, casi el 70% lo han creado las grandes empresas, mientras las micropymes (1 a 9 trabajadores) sólo han creado el 1,5% del nuevo empleo. Y esto es preocupante porque sólo un 0,2% de las empresas españolas son grandes (más de 250 trabajadores) y el 90% son pymes con menos de 50 empleados. Los estudios demuestran que las grandes empresas son más competitivas, exportan más, tienen más innovación y tecnología y crean más empleo estable y mejor pagado. Y que una de las causas de que España tenga menos productividad es que tenemos demasiadas pymes. Por eso, Europa, que también tiene muchas pymes, busca apoyar a las empresas medianas para que ganen tamaño y competitividad. En España se aprobó en 2022 la Ley Crea y Crece, para facilitar la creación de empresas y aumentar su tamaño. Porque el tamaño importa y mucho.

                             Enrique Ortega

España ha crecido en los últimos 5 años (de 2021 a 2025) más que la media europea y más que Alemania, Francia o Italia. Y se ha consolidado como la 4ª potencia económica de la Unión Europea, con una producción (PIB) de 1.685.783 millones de euros en 2025, sólo por detrás de Alemania (4.469.910 millones), Francia (2.979.085 millones) e Italia (2.258.049 millones), aunque somos la 5ª economía europea si contamos a Reino Unido (3.545.339 millones de PIB). Y las tres economías que nos siguen quedan todavía lejos: Paises Bajos (1.179.660 millones € de PIB), Polonia (918.464 millones) y Bélgica (641.893 millones).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad y renta de cada país. Y con este dato, nuestra  posición cambia drásticamente: España produjo 28.310 euros por habitante en 2025 (ajustado con la inflación), el 83% del PIB real per cápita de la UE-27, que fue 34.100 euros, según acaba de publicar Eurostat. 

Y si ajustamos este PIB por habitante con el poder de compra de cada país (PPA), la producción real por habitante, España salta del 4º al 15º puesto de la UE-27, según publica hoy Eurostat, porque hay 14 paises más productivos (PIB real per cápita) que España (92% del PIB real UE-27): Luxemburgo (239% del PIB por habitante europeo), Irlanda (237%), Paises Bajos (134%),  Dinamarca (127%), Austria (117%), Bélgica (115%), Alemania (115%), Malta (110%),  Suecia (110%), Finlandia (101%), Francia (98% del PIB real comunitario), Chipre (98%), Italia (96%) y Chequia (92% del PIB por habitante real UE). España baja un puesto en este ranking (nos adelanta Chequia) y mantiene el porcentaje del 92% del PIB por habitante de 2024, que empezó en el 76% en 1986 (al ingresar en la CEE), subió del 100% entre 2002 y 2009, bajó hasta el 83% en 2020 (pandemia) y se recupera hasta el actual 92% del PIB por habitante europeo.

Este es el dato importante para comparar la productividad entre paises y el que explica la diferencia entre nuestra renta y nuestros salarios y los de otros paises europeos con mayor productividad y mejor nivel de vida. Así que crecemos mucho, más que el resto, pero también ha crecido mucho nuestra población (somos 2,5 millones más que en 2019, básicamente por los inmigrantes), con lo que se mantiene una “brecha”, una distancia con Europa en nuestro PIB real por habitante (era el 83,45% en 2019 y el 83,02% ahora).

¿Por qué somos menos productivos y por tanto menos ricos que 14 paises europeos? Básicamente, hay 2 causas “de fondo” que lo explican: en España trabaja menos gente que en la mayoría de Europa y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente, hay un porcentaje menor de personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 20 a 64 años ocupadas) era, a finales de 2025, del 72,4%, frente al 76,2% en la UE-27, el 81,4% en Alemania y el 75,5% en Francia, según Eurostat. Y sube al 83,4% en Paises Bajos, al 80,2% en Irlanda, al 81,8% en Suecia o al 83,6% en Malta, paises con más PIB por habitante que España (mientras es más baja en Italia, el 67,6%). Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,12 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían 2,7 millones más. Y con ello, aumentaría el numerador del PIB por habitante (PIB producido /habitantes) y seríamos más productivos y más ricos.

Segundo, los españoles que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. De hecho, nuestra baja productividad es un problema que arrastramos hace décadas y que nos sitúa en el puesto 39º del ranking mundial de competitividad 2025 publicado por el Foro Económico Mundial, por detrás de la competitividad de 19 paises europeos: Suiza (1º del ranking mundial), Dinamarca (4º), Irlanda (7º), Suecia (8º), Paises Bajos (10º), Noruega (12º),Finlandia (14º), Islandia (15º), Alemania (19º), Luxemburgo (20º), Lituania (21º), Bélgica (24º), Chequia (25º), Austria (26º), Reino Unido (29º), Francia (32º), Estonia (33º), Portugal (37º) y Letonia (38º).

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (demasiadas pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar.

Estos expertos argumentan otras 3 causas de peso para explicar nuestra menor productividad. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,50% del PIB en 2024, frente al 2,25% en la UE-27. Un tercer factor contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2024, el Estado y las autonomías aprobaron más de 1.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Voy a centrarme en una de estas causas, el pequeño tamaño de nuestras empresas, clave para explicar nuestra baja productividad y el empleo que se crea. En 2025, las estadísticas oficiales registraban casi 3 millones de empresas, de las que sólo 6.019 eran grandes (0,2% con más de 250 trabajadores), 27.673 eran medianas (0,8%) y el resto (99%) eran pequeñas: 175.597 tenían entre 10 y 49 trabajadores y 1.140.107 tenían de 1 a 9 trabajadores (la gran mayoría, el 84,5% de las pequeñas), siendo el resto (1.614.187) empresas registradas por autónomos sin asalariados. La estructura es similar a la del resto de Europa, donde hay un 0,2% de grandes empresas (salvo en Francia, centro Europa y Alemania, donde hay un 0,7% de empresas grandes, 25.000 en Alemania), aunque más empresas medianas (el 0,93%) y casi igual porcentaje de pequeñas y microempresas (98,87%).

El problema de tener demasiadas pymes es que suelen ser menos competitivas que las medianas y grandes empresas, exportan, invierten e innovan menos, tienen más dificultades para financiarse y, sobre todo, crean menos empleo. El dato aportado por Funcas es muy llamativo: de los 2.496.400 nuevos empleos creados tras la pandemia (2020-2025), más de dos tercios (el 68,7%) lo han creado las grandes empresas (con más de 250 trabajadores), mientras las microempresas (1 a 9 trabajadores), que son la mayoría (84,5%) sólo han creado el 1,5% de los nuevos empleos, creado el resto del empleo (29,8%) las empresas medianas (50 a 249 empleados) y pequeñas (de 10 a 49 empleados). Según este estudio, una de las claves es que las grandes exportan mucho más (1.000 grandes empresas suponen el 67% de la exportación total) y eso les permite crecer y crear más empleo. También pasa en Europa, donde las grandes empresas (el 0,2% del total) mantienen el 37% del empleo total, mientras las medianas mantienen el 15% y el resto de pymes acapara el 48% del empleo total.

Lo positivo de los últimos años, según Funcas, es que el número de grandes y medianas empresas ha crecido en España tras la pandemia: hay +23,6% grandes empresas (+250 trabajadores) y +11,5% medianas y pequeñas (10 a 249 empleados), mientras ha caído el número de micropymes (-1,1%). Este mayor aumento de grandes y medianas se observa en la mayoría de sectores, más en servicios profesionales y actividades con alto contenido tecnológico, también en sectores ligados al turismo y al consumo interno. Parece que las empresas españolas han ganado tamaño para acceder mejor a los Fondos europeos, por el aumento del salario mínimo (que fuerza a las empresas a una mayor eficiencia y al cierre de micropymes) y por las ayudas públicas y la reducción de los umbrales regulatorios y tributarios que les ha permitido crecer de tamaño.

Con todo, seguimos con demasiadas pymes y hay poco dinamismo y regeneración empresarial: se crean pocas empresas nuevas y las que se crean duran pocos años, mientras persisten las más longevas (las empresas con más de 22 años de antigüedad), que aportan la mitad de la inversión total. Por eso, los expertos piden ayudar a las nuevas empresas a hacerse un hueco, fomentando la formación y el talento (que no encuentran las empresas más jóvenes), su internacionalización y financiación (que tienen más difícil), reduciendo la normativa (a la estatal se suman las normas “dispares” de 17 autonomías).

Pero otro estudio de AFI señala que la principal causa de que las pymes españolas no crezcan más no es la falta de financiación y ayudas o el exceso de regulación sino “las decisiones de gestión” y el mayor o menor “apetito por el riesgo”. Y lo justifican con un estudio en 9.000 empresas medianas y su evolución entre 2008 y 2023, donde vieron que había un Top de 100 empresas medianas líderes en crecimiento de ventas (x10), plantillas (x8), inversión (el doble que la media), productividad y rentabilidad (+50% que la media). Y además, la mitad de estas 100 empresas “scalers” (crecimiento rápido) o “scaleups” dieron un salto a la categoría de “gran empresa”. Y los autores creen que este éxito de esas empresas se explica por su estrategia y ambición, siendo menos relevantes las exigencias contables, fiscales o laborales que argumentan las pymes como freno para crecer.

Cara al futuro, el estudio de AFI señala que España necesita duplicar el número de empresas medianas (de 27.673 a 50.000) y grandes (de 6.019 a 10.000) y además que estén mejor repartidas por todos los sectores (hoy las grandes se concentran en los servicios y la industria)  y territorios (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran las medianas y grandes empresas), como requisito clave para mejorar la productividad y crear más empleo. Y plantean este dilema: o mejoramos la productividad (produciendo más por habitante, con más valor añadido) o será la baja productividad quien nos gobierne, con sus secuelas de salarios bajos (son un 20% más bajos porque tenemos un 20% menos de productividad que la zona euro) y menor PIB por habitante, un menor nivel de vida que gran parte de Europa.

Como el problema del tamaño empresarial no es sólo español (aunque se agrava en España), la Comisión europea aprobó en mayo de 2025 una Recomendación para promover a las empresas medianas-grandes, las llamadas “small mid-caps” (de 250 a 750 trabajadores y una facturación anual de 50 a 150 millones de euros), para que sean la punta de lanza de un proceso de aumento de tamaño de las empresas europeas, para ayudarles con una regulación y financiación específica a que den un salto de escala y en unos años ganen tamaño, productividad y competitividad, clave para que Europa compita mejor en el mundo.

En España, el Gobierno Sánchez aprobó en julio de 2024 el Consejo Nacional de Productividad, integrado por 15 expertos independientes, que han publicado este 4 de marzo el I Informe sobre la Productividad en España, donde proponen impulsar la inversión privada, mejorar el acceso de las empresas jóvenes a la financiación no bancaria (mercados, emisiones, micromecenazgo), una “mejor” regulación (no “menos”) y el fomento de la formación y el capital humano, alertando de que si las empresas españolas no aceleran la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), podría aumentar nuestra “brecha de productividad”. Además, falta que se desarrolle la Ley “Crea y Crece”, aprobada por el Congreso en septiembre de 2022, para facilitar la creación de empresas (ahora se pueden  constituir con 1 €, frente a 3.000 antes), mejorar su financiación, reducir los obstáculos regulatorios e impulsar su crecimiento, reforzando la unidad de mercado (1 país y 17 autonomías).

En resumen, es fundamental conseguir que haya más empresas y de mayor tamaño, para que compitan mejor, vendan y exporten más, creen más empleo estable y ayuden a mejorar la productividad del país, con lo que mejoraría el nivel de vida de todos. Para eso hace falta modernizar la economía, digitalizarla y resolver los retos medioambientales, una normativa laboral con amplio apoyo y que mejore la calidad del empleo, apostar por  la educación y la formación, gastar más en tecnología y apoyar la reindustrialización. Pero también tener más empresas medianas y grandes. Porque el tamaño sí importa.