Siguen cayendo empresas

El Gobierno sigue haciendo propaganda de la recuperación y ahora Montoro dice que “la gente ya la nota...". Pero siguen cayendo empresas: las últimas Fagor, Panrico o Pocoyó, que se suman a nombres emblemáticos como Pescanova, Sniace, Roca, Orizonia, Caramelo o Victorio y Lucchino, en suspensión de pagos, con despidos y cierres de factorías. Este año, los concursos de acreedores han aumentado un 17,8 %. La causa es triple: pocas ventas, mucha morosidad y poco crédito. Pero el problema de fondo es que las empresas españolas son las más endeudadas de Europa y un 41% facturan sólo para pagar deudas. Y cuando los bancos les aprietan, forzados por la reforma financiera, tienen que cerrar. Eso les va a pasar a muchas empresas en los próximos meses, con la banca renegociando créditos. La salida es crecer, porque sin vender no se pueden pagar deudas. Pero con los recortes no crecemos y caen más empresas. Es el círculo vicioso de Rajoy.


                                                                                      Enrique Ortega

Tras el verano, han vuelto las crisis de empresas, algunas con nombres emblemáticos: Zinkia (dibujos infantiles Pocoyó) , Fagor (símbolo industrial de Euskadi y líder nacional en electrodomésticos línea blanca) y  Panrico (fabricante de Donuts), ambas en pre-concurso y con las factorías cerradas, que siguen a otras que cayeron también este año, como Pescanova (el mayor concurso de acreedores de una empresa no inmobiliaria en esta crisis), Sniace (en concurso y con las fábricas cerradas),Clesa (liquidada en septiembre tras entrar en concurso en 2011), Orizonia (grupo turístico cerrado en febrero 2013), las empresas de ropa Caramelo, Blanco O Victorio y Luchino (en suspensión de pagos desde primavera) o Roca, que ha cerrado varias factorías tras un siglo de vida. En todos los casos, son problemas similares: caen las ventas, falta liquidez, no pueden pagar a proveedores, no les renuevan créditos y suspenden pagos.

Son los nombres que saltan a los medios, pero 26 empresas han caído cada día en concurso de acreedores durante 2013: son 7.032 concursos hasta septiembre, un 17,8% más que el año pasado, según los últimos datos del INE. Eso supone que sólo en nueve meses se han superado los concursos de todo 2010 (5.962) y 2011(6.863) y que cerraremos muy por encima de 2012 (9.071 concursos). El problema es que el 94% de estas empresas que solicitan concurso de acreedores, para buscar un respiro, acaban cerrando, según Axesor. Y además, sólo una de cada cuatro empresas van a la suspensión de pagos: las otras tres directamente cierran. Con ello, este año cerrarán otras 40.000 empresas en España, la media de estos años de crisis, donde han desaparecido 238.891 empresas (julio 2007-julio 2013), 106 empresas menos cada día, según datos de Empleo. Y lo peor: 20.300 son empresas industriales (con más empleo) y el 73% pymes con menos de 50 empleados.

¿Por qué caen las empresas? La primera razón es que la crisis está resultando muy larga y tras 6 años, muchas empresas no pueden aguantar la caída de ventas, fruto del desplome del consumo por el paro, la bajada de salarios, subida de impuestos y recortes. A Fagor, por ejemplo, le han caído las ventas un 32%. Segundo, no resulta fácil cobrar lo que se factura: el porcentaje de impagados se mantiene en el 7%, según la Plataforma contra la morosidad, y se cobra con mucho retraso (el sector público paga a 141 días y el privado a 93, aunque las empresas del IBEX pagan a sus proveedores a 178 días). Y tercero, las empresas que se quedan sin liquidez tienen muy difícil conseguir dinero. El crédito es cada vez más escaso (ha caído un 12,17% en el último año, a niveles de 2006) y más caro: conseguir un préstamo de menos de 1 millón de euros le cuesta a una empresa española un 4,97% (y a las pymes un 5,2%), frente al 2,80% que pagan en Alemania o el 2,13% en Francia. Y además, los bancos españoles admiten que han endurecido los criterios para conceder créditos, por las exigencias de saneamiento de la reforma financiera y porque se les han disparado los morosos: 12,2% de los créditos, el nivel más alto de nuestra historia reciente.

Pero hay otra razón más, que está detrás de las últimas crisis de empresas: la refinanciación de créditos. A raíz de la reforma financiera, el FMI alertó en 2012 de que la banca española tenía una “morosidad enmascarada” gracias a las refinanciaciones: empresas con mucha deuda a las que se les da otro crédito para que puedan mantenerse y pagar lo que deben. Se calcula que un 16% de los préstamos a empresas se refinancian, unos 230.000 millones en créditos refinanciados. Y el Banco de España, por imposición de la troika, ha obligado a bancos y Cajas a reclasificarlos y ver los que pueden cobrar o no, antes del 30 de septiembre. Y eso ha llevado a las entidades a apretar las tuercas a las empresas: o les dan garantías de que van a poder pagarles o les cortan el grifo. Y esas garantías son despidos (EREs), cierres, cambio de directivos y ventas de activos. Unos, los que han podido (El Corte Inglés o FCC, la súper endeudada empresa que ha comprado de saldo Bill Gates) han conseguido nueva financiación. Y los que no, como Fagor, Panrico o Service Point han tenido que ir a pre-concurso de acreedores. Y este proceso continuará en los próximos meses, cuando se van a producir muchas renegociaciones, lo que provocará que más empresas, ya sin el oxígeno bancario, tiren la toalla.

Precisamente, la gran losa para las empresas (y para la economía española) es su deuda: todavía deben 1,07 billones (con b) de euros, aunque han reducido en una cuarta parte su endeudamiento estos años (desde los 1,47 billones que debían en 2008). Lo peor no es que sea una cifra que marea, sino que las empresas españolas son las que más han aumentado su endeudamiento en Europa y las pymes españolas triplican el endeudamiento de las pymes francesas o alemanas, según el último informe del FMI. Y lo más escalofriante: un 41% de las empresas españolas dedican el 100% de su beneficio bruto a pagar su deuda. O sea, que abren y trabajan cada día para pagar a los bancos. Y claro, en cuanto les fallan las ventas o les suben los costes, no pueden cumplir. Y tienen que reducir costes, cerrar fábricas, despedir, no pagar a proveedores y cuando no pueden más, suspender pagos.

En definitiva, la losa de la deuda hace que las empresas españolas sean tremendamente vulnerables, más que sus competidoras europeas. Y están muy expuestas a la escasez de crédito o a la subida de tipos. Por eso, el riesgo ahora, advertido por el FMI en octubre, es que la reforma financiera para sanear bancos y Cajas fuerce un proceso rápido de reducción de deuda de las empresas (el palabro que usan es desapalancamiento) que las asfixie, provocando una cadena de suspensiones de pagos, cierres y más paro. La solución es seguir recortando deuda, pero poco a poco,  sin que se coma los incipientes beneficios, que han de ir a recuperar la inversión y el empleo.

La prioridad del Gobierno debería ser ayudar a las empresas a reducir su deuda (forzando quitas y renegociaciones razonables) y garantizarles la liquidez y el crédito suficiente (sobre todo, con la banca nacionalizada) para poder seguir funcionando. No puede ser que la mitad de las empresas trabajen para pagar deudas. Y sobre todo, hay que cambiar de política económica, abandonar los recortes para reanimar el consumo, la inversión y el empleo. El principal reto es crecer, para que las empresas puedan vender y pagar sus abultadas deudas. Porque creciendo menos del 1%, lo que el FMI augura para España hasta 2018, no pueden. Se asfixian y cierran. Así no hay recuperación que valga.

El Gobierno duplica las ayudas a las autopistas

En plena era de recortes (incluso para los pensionistas), doce autopistas de peaje en apuros recibirán el doble de ayudas públicas de los Presupuestos 2013 (unos 400 millones), a sumar a las recibidas en 2010, 2011 y 2012. Y así hasta 2021. En total, 5.200 millones, cifra próxima a los recortes hechos en educación. A pesar del dinero público, no salen adelante: tienen poco tráfico, porque se planificaron mal, por razones políticas y buscando beneficios a corto (construirlas y financiarlas). De momento, 6 autopistas están en concurso, mientras bancos acreedores y accionistas (constructoras, bancos y Cajas) presionan al Gobierno para que las nacionalice. Si suspenden pagos, el Estado tendría que cargar con su deuda (4.000 millones), porque así se hizo la concesión. Un chantaje que pagaremos todos y una historia que se repite: en 1984 se nacionalizaron tres autopistas en apuros y cuando volvieron a ganar dinero, en 2003, Aznar las privatizó. Es lo que llaman economía de mercado.

enrique ortega

Las autopistas en crisis llevan un año renegociando sus créditos con la banca, que en los últimos meses ha dicho basta, forzando a 6 concesiones a solicitar concurso de acreedores: en mayo, la AP 41 Madrid- Toledo (380 millones de deuda); en septiembre la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), con 666 millones de deuda entre ambas, la R-4 (Madrid-Ocaña, 575 millones) y la autopista Cartagena-Vera (pre-concurso, con 561,2 millones deuda); y en octubre la AP-36 (Ocaña-La Roda), con 521 millones. Y hay otras 6 con serios problemas para pagar su deuda: la R-2 Madrid-Guadalajara (421,7 millones), la M-12 (Eje aeropuerto Barajas, con 227,4 millones), Alicante-Cartagena (210,7 millones), la circunvalación de Alicante (242,7 millones), Santiago-Ourense y León Astorga.

En total, unos 4.000 millones de deuda con unos 30 bancos (Santander, BBVA, la Caixa, Banesto, Popular y Sabadell, más algunos extranjeros, como Espirito Santo, ING o RBS)  y Cajas (Bankia, Cajasur, Unicaja, Caja Murcia, Cajamar) que quieren cobrar, por lo que, además de forzar los concursos, han enviado un informe al Gobierno proponiendo la nacionalización para “evitar daños colaterales”: mala imagen de España y más fallidos en bancos y Cajas.

El Gobierno Rajoy trata de evitar la nacionalización, que apoya Fomento y rechaza Hacienda, porque asumir esa deuda aumentaría la deuda pública española. Pero saben que el Gobierno Aznar pactó en las concesiones  la inclusión de la Responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA): si las empresas no pagaban su deuda, debía hacerlo el Estado. Por eso, el Gobierno Zapatero (con el apoyo del PP) ayudó a las autopistas en apuros en 2010 y 2011, con dos medidas: adelantarles un dinero para cubrir la caída de tráfico (unos 80 millones anuales en una cuenta de compensación, pagando intereses del 4% a devolver al final de la concesión, en 65 años) y darles créditos participativos (250 millones año, con aval del Estado) para ayudarles a pagar las expropiaciones. En 2012, el Gobierno Rajoy mantiene las ayudas, ampliándolas hasta 2021 (antes eran hasta 2018). Y para 2013, duplicará incluso la cuenta de compensación (de 80 a 150 millones anuales), incluyendo además en las ayudas a tres autopistas nuevas: Alicante-Cartagena, Santiago-Orense y León-Astorga.

En total, 5.200 millones en ayudas públicas hasta 2021, que se suman a otros 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas), entre 1999 y 2011, en compensación por haber subido menos las tarifas, para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999). Pero hay más. Tanto Zapatero como Rajoy se comprometieron a subir las tarifas más que el IPC para que, con nuestros peajes, las concesionarias devolvieran mejor las ayudas. Así, los peajes subieron un 3,43% en 2011 y un 13,5% en 2012 (tres subidas: un 3,2% en enero, un 7,5 % en agosto y el IVA en septiembre). Y se espera otra subida entre el 4 y el 5% en enero para las autopistas en apuros, tras una subida de peajes del 30% en diez años.

Al final, contribuyentes y usuarios pagamos el problema de un tercio de las autopistas, 12 de 38 (la mayoría ganan dinero), las llamadas autopistas de segunda generación: hechas en pleno boom económico (1.999-2003), con la presión política del PP de Madrid (“queremos autopistas como los catalanes”, con 6 de las autopistas en apuros), y de la especulación inmobiliaria en la costa levantina (otras 3 autopistas en crisis). Autopistas hechas con unas previsiones de tráfico irreales (pasan el 30-40% de los coches previstos), con autovías libres próximas y un coste disparado por las expropiaciones (multiplicadas por siete y hasta por 16, por la Ley del Suelo de Aznar en 1998), que ahora investiga Fomento.

Pero el negocio de las autopistas era construirlas (sus dueños son las grandes constructoras) y financiarlas (cobrar 10-20 millones año en intereses), sin poner apenas capital. Baste un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios sólo pusieron el 12% de la inversión y el 88% fueron créditos (424,5 millones). Si luego no tengo tráfico y no salen las cuentas, no es mi problema sino del Estado, que tendrá que cargar con la deuda (4.000 millones) y las indemnizaciones (otros 1.000). Y en esas estamos ahora.

La nacionalización de autopistas en apuros no sería algo nuevo: en marzo de 1984, el gobierno de Felipe González creo la empresa pública ENA para nacionalizar tres autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Y ahora, de momento, nos costarán (desde 1999) otros 6.200 millones más, el importe de los recortes en educación desde 2010.

Ayudas públicas para un sector controlado por las grandes constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr), un poderoso lobby (asiduo a La Moncloa) con beneficios (incluso con autopistas muy rentables -como Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas- que no quieren fusionar con las “malas” para salvarlas), al que se suma la presión de los grandes bancos y Cajas. Con la amenaza de que en enero acaba el plazo de los concursos de acreedores, el Gobierno ha duplicado las ayudas para 2013 a última hora (enmiendas en el Senado) y estudia medidas para evitar la nacionalización: en particular, ampliar 20 años las concesiones a las autopistas rentables (catalanas, valencianas y AP-6, cada vez con más usuarios que no quieren pagar), para que se hagan cargo del problema, con las ayudas públicas y la subida extra de los peajes. Pero bancos y concesionarias juegan fuerte y presionan para quitarse el problema y que el Gobierno les nacionalicen los muertos. Y Bankia tendrá que reducir al mínimo su presencia en el sector, como accionista y prestamista, por exigencias de Bruselas.


Al final, vuelve la vieja historia de los poderosos utilizando al Estado para resolver los problemas que ellos mismos crearon. Porque si se achaca el problema a la crisis, ¿por qué no se nacionalizan las 8.000 empresas que suspenderán pagos en 2012? O ¿por qué no se nacionaliza el problema de los 500 desahucios diarios? Nacionalizar unas pérdidas y no otras no es justo, ni es economía de mercado. Es pura discriminación, a costa de los contribuyentes.

Ley Concursal: tercer intento de salvar empresas

En el último Pleno de la Legislatura, el Congreso aprobó la nueva Ley Concursal, la tercera norma en los últimos 7 años que intenta impedir que empresas con deudas se liquiden. Hasta ahora, la crisis ha disparado los concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), aunque las empresas recurren a ellos mucho menos que en otros países, porque son poco útiles para sobrevivir. Ahora, la nueva Ley busca favorecer los acuerdos con acreedores (sobre todo bancos y Cajas)  y acortar plazos y costes. Pero se retrasa seis meses aprobar una norma para regular el pago de deudas de particulares, que ha disparado los embargos por impago de hipotecas .

                                                 Ilustración: Enrique Ortega

Con la crisis se dispararon los concursos de acreedores, a partir del otoño de 2008: de una media de 1.000 concursos anuales entre 2005 y 2007 se saltó a 6.197 en 2009 y se espera batir el record este año 2011, con unos 7.000 concursos. El concurso es el último recurso de una empresa agobiada por las deudas, aunque también se ha abusado y hay empresarios que lo han utilizado para escapar de pagar a sus acreedores. El problema es que las dos normas anteriores (Ley Concursal de 1993 y real decreto 3/2009) no han servido y el 90 % de las empresas en concurso acaban liquidándose.

Por eso, la mayoría de empresas con problemas no utilizan el concurso, sobre todo las grandes: el 68,4 % de las concursadas son pymes, empresas con menos de 2 millones de negocio y menos de 10 empleados, aunque los casos más sonados hayan sido grandes inmobiliarias (Martinsa Fadesa, el mayor concurso de la historia, con 7.000 millones de pasivo, Habitat, Nozar, Tremon, Sacresa, Aifos, Llanera, Labaro…), agencias de viajes (Marsans), aerolíneas (Air Comet, Futura,Gadair, Quantum), textiles (Musgo, Coronel Tapioca, Torero, Festa), Nueva Rumasa y hasta 23 equipos de fútbol (12 están en concurso esta temporada). Con todo, España es el país de Europa con menos concursos de acreedores, por su escasa eficacia: frente a los 7.000 esperados este año, en Francia habrá 50.000, en Alemania 30.000 y en Gran Bretaña 18.000, muchos de particulares (aquí sólo hay 1.000 al año).

La nueva Ley Concursal, que entra en vigor en enero de 2012, intenta facilitar la renegociación de las deudas y agilizar el proceso, para evitar la liquidación de la empresa. La mayor novedad es que fomenta acuerdos entre la empresa y una mayoría de sus acreedores (60%), cuando ahora sólo se admitían si aceptaba el 100%. La medida puede evitar que una empresa llegue al concurso, aunque se critica que favorece a bancos y Cajas, que van a imponerse al resto de acreedores. También se facilita a las entidades financieras que aporten dinero fresco a las empresas con problemas, ya que esta financiación tendrá prioridad de cobro. Y se acortan plazos y costes en los concursos sencillos, para que no duren 3 ó 4 años como ahora. Además, los Clubs de fútbol que tengan deudas con jugadores y otros Clubs al 31 de julio de 2012 bajarán automáticamente de categoría.

Otro cambio importante es que en vez de tres administradores concursales habrá uno (economista, abogado, titulado mercantil o auditor), con más poder y más medios, aunque se abre este campo a las sociedades, a los grandes bufetes y auditoras, algo que se ha criticado por tema de incompatibilidades: suelen tener como clientes a bancos y posibles acreedores y acabarían siendo juez y parte. Otro tema polémico es la elección de administrador, que está en manos del juez. En la mayoría de concursos, el administrador cobra poco o nada, pero en los grandes hay una elevada minuta en juego (5 millones de euros en Martinsa o 2,1 millones en Habitat). Y ya se ha denunciado connivencia entre jueces y algunos administradores, que pululan por los juzgados ofreciendo sus servicios (como los visitadores médicos...), con lobbies de economistas y abogados que ofrecen conferencias pagadas a jueces que les nombran como administradores. Por eso, se pedía clarificar el proceso y hacer oposiciones.

Para muchos, esta tercera reforma legal llega tarde, cuando la mayoría de empresas con problemas ya han caído. Y habrá que ver si dura: el PP (que no consiguió incluir muchas enmiendas) ya dijo el mismo día que se aprobada que “probablemente haya que reordenarla”…Con todo, el mayor problema es que no resuelve las deudas de los particulares y familias, a los que sigue tratando como a empresas (el juez tiene que autorizar, por ejemplo, el pago del colegio o el cobro de la pensión del concursado). El Congreso ha aprobado que el futuro Gobierno apruebe una norma en 6 meses, para hacer frente a un problema peliagudo: los impagos de las familias (hay 400.000 hipotecas con morosidad) y los embargos  por impago de hipotecas (que han crecido un 36 % este año).

La Ley es un avance, pero será insuficiente si no se reforma la Justicia, ya que los juzgados mercantiles están colapsados, con pocos medios y pocos jueces, algo que busca arreglar la modernización de la Justicia aprobada también en el último Pleno. Pero sobre todo, para evitar la quiebra de empresas, hace falta que consigan vender, que tengan financiación, que les baje la morosidad para que ellos también puedan pagar y no entren en concurso. Y con la economía estancada, creciendo menos del 1 por 100, sin consumo y con la exportación más difícil por la crisis europea, muchas empresas seguirán siendo carne de concurso también en 2012. Por eso, hace falta que la Ley funcione y las salve del cierre.

Fichajes millonarios en un fútbol en bancarrota

La Liga de las estrellas se ha estrenado esta temporada con una huelga en agosto, la primera en 27 años, para forzar a los Clubs a pagar sus deudas con 200 jugadores. Es una prueba más  de la burbuja del fútbol español, líder mundial en triunfos deportivos  y también en pérdidas y en deudas, con 12 Clubs en concurso de acreedores, seis en Primera División. El fútbol, como la economía, ha gastado sin medida y la mayoría de los 42 equipos, sobre todo los más modestos, están en bancarrota. La UEFA y la LFP quieren sanear el fútbol en tres años y que los equipos con deudas desciendan. Sin embargo, este verano se han gastado un 31 % más en fichajes, incluso equipos en suspensión de pagos.

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El fútbol, el deporte rey, es también un negocio que genera en España más de 10.000 millones de euros al año, el 1% del PIB. Pero es un negocio ruinoso: la UEFA ya ha advertido que la mitad de los equipos europeos está en números rojos, con 1.200 millones de pérdidas. Y España, el país campeón del mundo  tiene las peores cuentas: los Clubs llevan cuatro temporadas con pérdidas (385 millones de euros, 285 en Primera y 94 en Segunda) y lanzados a una loca carrera de fichajes y gastos que han sostenido endeudándose. Y en  junio de 2010, su deuda superaba los 4.000 millones: 3.456 millones los Clubs de Primera (659 Madrid, 548 Barça, 470 Valencia, 452 Atlético de Madrid, 267 Villareal, 173 Espanyol) y 556 los de Segunda. En total, deben más del doble de lo que facturan y 20 veces más de lo que debían en 1.992.

Los Clubs de fútbol, como la economía española, han vivido (y viven) por encima de sus posibilidades, en base a su particular “cuento de la lechera”: gastan millones en fichajes, pensando acabar en la Champions y arrasar en ingresos, pero luego los goles no entran y las cuentas no salen, sólo las deudas. El truco ha sido declararse en concurso de acreedores y no pagar, tampoco a los jugadores, evitando la quiebra y el descenso. Esta temporada, 12 equipos están en concurso, 6 de Primera (Zaragoza, Mallorca, Betis, Rayo, Sporting y Racing) y otros 6 de Segunda (Hércules, Huelva, Xerez, Córdoba, Cádiz y Poli Ejido), pero desde 2004 ya son 23 los Clubs que se han acogido a concurso para sortear pagar.

Las cuentas del fútbol no cuadran porque sus gastos son disparatados: un 85% son fichajes y sueldos, muchos millonarios. De los 1.000 jugadores profesionales de 1ª y 2ª, la mitad ganan 1 millón de euros al año, 50 superan los 4 millones y hay 10 (como Ronaldo o Mesi) que ganan 10 millones o más. Y a eso hay que sumar comisiones (20%), impuestos, gastos varios, directivos, etc. Y los ingresos no crecen igual. De hecho, la Liga española, la mejor del mundo, es sólo la tercera que más ingresa en Europa (1.622 millones en 2010), muy por detrás de la Premier League inglesa (2.479 millones €) y de la Bundesliga alemana (1.664) y cerca de la Serie A francesa (1.532 millones). Eso se debe a  que la Liga española ingresa relativamente menos por  socios y entradas (24,5 millones de espectadores en los campos frente a casi 43 en Alemania), por temas comerciales y, sobre todo, por las retransmisiones por TV.

La Liga de las estrellas ingresa por TV 612 millones, la mitad que la Premier League(1270 millones),menos que la Liga italiana(915 millones) y casi lo mismo que la Liga francesa(607).Y además, los ingresos por TV están mal repartidos en España: el 48% se lo llevan el Barça (157 millones) y el Madrid (140 millones), que ingresa 12 veces lo que el Betis (12 millones), cuando en Inglaterra el Manchester se lleva menos del triple que el último equipo. Este desigual reparto es fruto de que los Clubs negocian individualmente con Mediapro (también en concurso), mientras que en el resto de Europa son las Ligas las que se venden y negocian conjuntamente, consiguiendo más ingresos y un reparto más equitativo. Aquí, se intenta  cambiar el sistema, pero no podrá ser hasta 2014-15, ya que antes están casi todos los partidos vendidos.

El fútbol español adolece de una gestión poco profesional (muchos constructores haciendo negocios paralelos y ahora jeques que buscan lo mismo) y un descontrol oficial, con cuentas que llegan con 4 años de retraso a la LFP. Y con la crisis, muchos Clubs han visto reducir sus ingresos: 9 se han quedado esta temporada sin patrocinio en sus camisetas (Valencia, Sevilla, Atlético o Villareal) y otros de 2ª sin la ayuda de Ayuntamientos, Diputaciones o autonomías.

La Asamblea de la LFP aprobó en julio un Reglamento de Control Económico, impulsado por la UEFA para toda Europa, que pretende auditar a los Clubs, acabar con sus deudas en 3 años y que destinen menos del 70% a fichajes, so pena de sanciones que irán del descenso a la suspensión. Un intento de poner orden que choca con la política loca de fichajes de este verano, alguno de 40 millones: 344 millones gastados, un 31% más que en 2010. Y dos equipos, Zaragoza (en concurso) y Atlético, utilizando la ingeniería financiera para fichar a jugadores a través de un fondo de inversión radicado en un paraíso fiscal… O el Granada, recién salido de la suspensión de pagos, gastando 7,6 millones.

Al final, la burbuja sigue ahí, con los Clubs lanzados a la carrera de gastar para conseguir triunfos. Una Liga en la que hay un duopolio (Madrid-Barça), con presupuestos de 500 millones, a años luz económicamente del resto, con lo que muchos piensan que "hay 18 equipos que no pueden ganar la Liga".  Y que si los Clubs gestionan bien y ajustan sus cuentas, no estarán nunca arriba de la tabla, como le ha pasado al Deportivo de la Coruña, ahora en 2ª después de ganar la Liga hace diez años. Por eso va a ser difícil acabar con los triunfos a base de talonario. Pero no queda más remedio. La burbuja del fútbol, sus sueldos y su deuda, es una provocación en un país con 5 millones de parados. Y más ahora que han metido el déficit cero en la Constitución.

Más dinero público para las autopistas

Hoy he leído una noticia que me ha indignado: los partidos negocian aprobar en el Congreso una enmienda a los Presupuestos de 2011 por la que si las autopistas no alcanzan un 80 % del tráfico previsto, el Estado, o sea nosotros, paguemos la diferencia. Las concesionarias de autopistas, con empresas tan poderosas detrás como ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, OHL, Abertis o Itinere, presididas por destacados líderes empresariales y mediáticos (Florentino Pérez, Jose Manuel Entrecanales, Rafael del Pino, Juan Miguel Villar Mir…) han transmitido a los políticos un mensaje claro: o ayudas o quiebran y el Estado tendría que “nacionalizar” unas concesionarias que tienen casi 5.000 millones de deuda.

La presión es tal que probablemente los diputados aprueben el 16 de noviembre la medida de tapadillo. Igual que aprobaron el año pasado (milagro: con la unanimidad de PSOE, PP u CiU) 200 millones de ayudas en créditos participativos a constructoras concesionarias de autopistas, ayuda que se repite este año, para el Presupuesto 2011, pero elevada a 250 millones.

La noticia me ha removido mi memoria de periodista económico, mis tiempos de becario a mediados de los años setenta, cuando mi primer redactor jefe ya me hablaba de las autopistas y del regalo de dinero público a través del seguro de cambio : la Ley de Autopistas de Peaje de 1972, por la que se permitía a las autopistas que se endeudaran en divisas (con el aval del Estado en un 75%) y el riesgo de cambio (que tuvieran que devolver más, al subir el yen o el dólar), lo pagábamos los españoles a través del Presupuesto.

Un privilegio que no les quitó al principio ni el PSOE, aunque provocó una dura polémica entre el superministro Boyer y Julián Campo, que casi le cuesta el puesto al ministro de Obras Públicas (y a mí, por contarlo en un Telediario). En julio de 1.998, una Ley retira el seguro de cambio para los nuevos préstamos, pero no para los antiguos. Resultado: entre 1.972 y 1.999, esta ayuda a las autopistas nos ha costado a los españoles 1,027 billones de pesetas. Y después, otros 300.000 millones, según un estudio universitario. O sea, 1,32 billones de pesetas, unos 8.000 millones de euros. Sin contar avales y otras ayudas.

Como ven, las ayudas a las autopistas vienen de lejos. Si decía que me ha indignado esta noticia es por contraste con otra que ha salido también hoy: 1.127 empresas y particulares se declararon en concurso de acreedores entre julio y septiembre. Suma y sigue. Son, sobre todo, autónomos y pymes que han tirado la toalla. Ellos no parece que puedan presionar en el Congreso ni conseguir ayudas especiales. Y además, muchos de ellos han caído por los recortes en el gasto público. ¿Recortes para quién?