Los jóvenes, los grandes perdedores

La subida disparatada de pisos y alquileres está siendo la puntilla para los menores de 30 años, que apenas se benefician de la buena marcha de la economía: sólo un 10% del empleo creado este año ha ido a menores de 25 años, que tienen más del doble de paro que el resto y ganan casi la mitad, por tener contratos más precarios. Eso conduce a que muchos jóvenes no pueden emanciparse y tengan más pobreza que el conjunto de españoles: 2,5 millones de jóvenes viven en situación de “exclusión social”, según el informe Foessa (Cáritas), a pesar de que la mayoría trabajan o estudian. Urge un Plan de apoyo a los jóvenes, con medidas desde la formación a las políticas de empleo y vivienda, para evitar que malvivan y sean utilizados por la ultraderecha. Y no cabe enfrentarlos a los mayores, proponer como solución recortar las pensiones y el gasto a los jubilados. Porque los “boomers” no son unos “privilegiados” como argumentan algunos. Sobre eso escribiré el próximo Blog.

                        Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántos jóvenes viven en España. Son 7.564.300 personas las que tenían entre 16 y 29 años en septiembre, según este informe de Trabajo, más hombres (3.902.100) que mujeres (3.662.300). Suponen ahora el 15,44% de la población total, mucho menos que al principios de siglo (21,6% de la población), cuando había 8.765.195 jóvenes de entre 16 y 19 años (+ 1,2 millones), por la caída drástica de la natalidad en España. Y si contabilizamos los jóvenes de 16 a 24 años, son ahora 4.840.000, unos 600.000 jóvenes menos que el año 2.000.

Sin embargo, los jóvenes han aumentado su peso sobre la población en edad de trabajar, debido al envejecimiento de la población española. Así, esos 7.564.400 jóvenes de 16 a 29 años suponen ahora el 23,6% de las personas en edad de trabajar (16-64 años), 1 millón más de los que había en 2015 (6.583.900, el 21,8%). De este total de jóvenes, el 53% están estudiando, aunque casi la mitad de ellos (el 25,6%) también trabajan, según Trabajo. Y un 14,7% de los jóvenes (16 a 29 años) ni estudian ni trabajan (son “ni-nis”), un porcentaje que ha ido bajando (eran el 20,8% en 2015), aunque es superior al de Europa (11%).

El primer gran problema de los jóvenes españoles es que muchos tardan en encontrar un trabajo (por su baja formación e inexperiencia) y tienen  por ello una baja tasa de empleo: trabajan el 45,9% de los jóvenes de 16 a 29 años (septiembre 2025), más los chicos (48%) que las chicas (43,7%), aún lejos del 68,6% que trabajan en el conjunto de la población (16 a 64 años). Eso se traduce en que trabajan 3.474.000 jóvenes de 16 a 29 años, el 15,51% de todos los ocupados en España (22.387.100 en septiembre de 2025). Son 1 millón más de jóvenes trabajando que hace 10 años (2.463.600 trabajaban en septiembre 2015), pero el conjunto de ocupados ha crecido mucho más (+4,33 millones) en esta década. Y desde 2019, tras la pandemia, el empleo de los jóvenes (16 a 29 años) ha crecido en +701.800, mientras aumentó en +63.900 entre 30 y 49 años y +1,65 millones entre los mayores de 50 años (que se han llevado dos tercios del empleo creado).

Un problema de muchos jóvenes para encontrar trabajo es su bajo nivel educativo (lo tienen el 20% de los ocupados), consecuencia en algunos de que abandonaron sus estudios: el abandono escolar temprano (no terminar la ESO), ha bajado del 20% de los jóvenes de 18 a 24 años (2015) al 13% en 2024, aunque es muy superior a la media UE (9,4%). Y otro millón largo de jóvenes (el 28,7% de los que trabajan) tienen un nivel educativo medio, mientras sólo la mitad de los jóvenes ocupados (1.663.200) tienen un alto nivel de estudios.

Cuando los jóvenes de 16 a 29 años trabajan, generalmente lo hacen en los servicios (2,79 millones hoy, el 81,3% de los jóvenes ocupados), seguidos de la industria (409.400 jóvenes), la construcción (183.600, un 82,7%  más que en 2015) y la agricultura (82.600 jóvenes, un 18,7% menos que hace 10 años). Pero el trabajo de los jóvenes se concentra en unas pocas ramas de actividad: comercio y reparación de vehículos (585.700), hostelería (516.000), industria (375.000), sanidad y servicios sociales (348.500), actividades profesionales y técnicas (237.800) e información y comunicaciones (192.900 jóvenes).

El gran problema del trabajo de los jóvenes es la precariedad de sus contratos. Por un lado, siguen teniendo un alto porcentaje de contratos temporales, aunque su peso se ha reducido desde 2022 gracias a la reforma laboral: 48,7% entre los jóvenes de 16 a 24 años y el 35,8% los jóvenes de 16 a 29 años (el doble que en Europa), frente a sólo el 15,6% de contratos temporales el conjunto de los trabajadores. Y casi la mitad de estos contratos temporales de los jóvenes son “involuntarios”: los tienen porque no encuentran un contrato indefinido. Además, el 24,1% de los jóvenes (16-29 años) tienen contratos a tiempo parcial (por horas o por días), el doble que el conjunto de los trabajadores (12,9%). Y de nuevo, casi la mitad de estos jóvenes con trabajos parciales (el 43,4% en España, frente al 18,1% en Europa) los tienen “de forma involuntaria”, porque no encontraron un empleo a jornada completa.

Estos tres factores, la baja formación, el sector donde trabajan y el tipo de contrato explican que los jóvenes tengan unos bajos salarios, según este informe de Trabajo: ganan 15.364 euros de media (2023)  los ocupados con 20 a 24 años (un 45,3% menos que el conjunto de trabajadores, con 28.049 euros) y 21.039 euros los jóvenes de 25 a 29 años (el 25% menos que la media, aún menos las mujeres: -6,9 adicional), según el INE.

Esto los jóvenes que trabajan, porque hay 812.700 jóvenes en paro, el 10,7% de los jóvenes de 16 a 29 años, según Trabajo. La tasa de paro (parados sobre activos) es muy elevada entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 25,4% (casi el doble de la tasa europea, el 14,8% y cuatro veces la alemana, el 6,3%)  y baja al 17,1% entre los de 16 a 29 años, aunque es mucho mayor que la tasa de paro del conjunto de españoles (10,6% en septiembre). De nuevo, la tasa de paro joven depende mucho de la formación: es del 28,9% entre los jóvenes con baja formación, el 19,2% en niveles medios y sólo del 13,5% entre jóvenes con alta formación.

Volviendo a los jóvenes que trabajan, esos 3.474.000 ocupados (el 46% de los jóvenes entre 16 y 29 años), su siguiente problema es que la precariedad de sus contratos y sus bajos salarios no les permiten en muchos casos emanciparse y vivir fuera de casa o formar una familia: 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años con empleo siguen viviendo con sus padres, según el Observatorio de la Juventud. Y esta dependencia se ha agravado en los últimos años, al dispararse el precio de los alquileres: En octubre, el alquiler medio en España costaba ya 14,5 euros/m2, según el portal  Idealista, otro máximo histórico (en 2006 costaba 10,1 euros, en 2011 bajó a 7,8 euros y en 2019 10,4 euros/m2, casi un 40% menos que hoy). Una subida de alquileres del +10,9% anual, que se suma al +81% que subieron los alquileres entre 2014 y 2024. Con ello, un joven, con un sueldo medio bruto de 1.502 euros (INE), no puede pagar un alquiler medio en Madrid (1.700 euros) o Barcelona (2.000).

Los alquileres disparados han aumentado el porcentaje de jóvenes con problemas para llegar a fin de mes. De hecho, ya en 2024, los datos oficiales señalaron que los jóvenes (y los niños) tienen una tasa de pobreza monetaria mayor que el resto de la sociedad: 1 de cada 5 jóvenes (el 20,7%) de 16 a 29 años es “pobre” (ingresa menos del 60% del ingreso medio del país, menos de 827 euros al mes en 14 pagas (o menos de 1.737 euros mensuales si es una familia con dos niños). Así que 1,5 millones de jóvenes (16 a 29 años) están en situación de pobreza monetaria. Pero si se tienen en cuenta más factores, los jóvenes “excluidos” son más: 2,5 millones de jóvenes menores de 30 años están en exclusión social, según el reciente Informe Foessa (Cáritas) que analiza 37 indicadores de empleo, vivienda, educación, salud, participación e integración social. Y de ellos 723.190 jóvenes (el 11%) vive en exclusión social severa, un número que ha aumentado un 83% desde 2007.

Estos 2,5 millones de jóvenes en exclusión social son, para Cáritas y el informe Foessa, “los grandes perdedores del actual modelo socioeconómico”. Y rechaza que se les considere “pasotas” y “al margen de la sociedad”, porque más de un tercio de estos jóvenes trabaja (aunque eso no les saca de “pobres”) y una cuarta parte estudia. Y reiteran que las familias de las que proceden y su código postal están detrás de su precaria situación, porque apenas funciona “el ascensor social”, siendo clave el nivel educativo de padres e hijos.

Además, los datos demuestran que las tres últimas crisis (la financiera de 2008-2010, la pandemia y la hiperinflación tras la guerra de Ucrania) han dañado especialmente a los jóvenes españoles: hay una llamativa “desigualdad generacional” según la edad del cabeza de familia. Así, los hogares encabezados por un menor de 35 años han bajado su renta mediana de 31.700 euros en 2020 a 29.100 euros en 2022 (-8,2%), según el Banco de España. Y los hogares encabezados por personas de 35 a 44 años han visto caer su renta real un -0,9% (de 37.300 a 35.600 euros). Luego, a partir de esta edad, los hogares sí han mejorado su renta real: los encabezados por personas de 45 a 54 años un +7,3% (de 34.300 a 36.800), los hogares entre 55 y 64 años mejoran un +0,55% (de 35.900 a 36.100 euros), los de 65 a 74 años un +4,46%, de 29.100 a 30.400) y los hogares encabezados por mayores de 74 años aumentaron sus ingresos un +9,1% entre 2020 y 2022 (de 19.800 a 21.600 euros).

Estos datos y otros sobre el menor patrimonio de los jóvenes han llevado a algunos expertos a plantear un cambio en las políticas públicas: destinar menos recursos a los mayores y más a los jóvenes, una especie de “enfrentamiento generacional” que apoyan expertos neoliberales y  políticos de ultraderecha, que se apoyan en que la pensión media de jubilación (por la que los jubilados han cotizado 35 años o más) era en noviembre de 1.511,51 euros, poco menos que el salario mediano de 2024, que era de 2.001 euros brutos (y un 30% de los asalariados ganaban menos de 1.582 euros. Lo que no dicen es que el 48,37% de todas las pensiones (y el 38,88% de las jubilaciones) cobran menos de 1.000 euros…

Pero cada vez que se da el dato mensual del gasto en pensiones (27.119 millones en noviembre, por la extra de Navidad) o la revalorización para 2026 (+2,7% subirán en 2026), muchos expertos y organismos aprovechan para hablar del “disparatado gasto en pensiones” y lo mal que están los jóvenes. Incluso la OCDE ha presentado un informe donde propone medidas para frenar el gasto futuro en pensiones (ampliar la edad y el periodo de cotización y recortar las pensiones futuras como hizo Rajoy) y destinar una parte del ahorro a vivienda, para ayudar a los jóvenes. Otra vez un enfrentamiento generacional tan injusto como injustificado. Porque los problemas de los jóvenes no se solucionan recortando pensiones y dañando a sus padres y abuelos. Es una demagogia sin fundamento.

Afrontar la preocupante situación de los jóvenes exige de tomar medidas en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y en mejorar las prácticas y becas (el Estatuto del Becario acaba de aprobarse por el Gobierno, tras anunciarse con los sindicatos hace casi 17 meses). Y hay que mejorar la conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos. Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a los jóvenes, con ayudas que hoy son escasas e ineficaces.

Pero además, hay que poner a los jóvenes como una de las prioridades de todas las políticas económicas y sociales, algo que no viene pasando, quizás porque los distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país, hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y  tecnológico que nos hagan más productivos y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.

Pero todo esto, sin caer en la tentación de una “guerra entre generaciones”, sin culpar a los mayores (“boomers”) de la situación de los jóvenes, como parece estar de moda. Primero, porque “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. Y segundo, porque los mayores en España no son unos privilegiados, ya que chocan con serios problemas en su empleo (a partir de una edad, ninguna empresa los contrata), en el paro, en las condiciones de su jubilación (muchas pensiones por debajo de 1.000 euros), en su salud  y en su ancianidad, sobre todo si son dependientes (27.217 mayores han muerto este año hasta octubre sin recibir las ayudas a la Dependencia a las que tenían derecho). En definitiva, que los “boomers” no somos unos privilegiados y menos a costa de los jóvenes, de los hijos y nietos. Algo sobre lo que escribiré el próximo Blog.

Más pobreza y menos ayudas

Sabíamos que la pandemia aumentó la pobreza en España en 2020 (+223.000 "pobres", según el INE) pero Cáritas acaba de anticiparnos que también aumentó en 2021: hay ya 11,59 millones de “pobres” (ingresan menos del 60% que la media), casi 1,5 millones más que en 2018. Y además, casi la cuarta parte de los españoles están en situación de “exclusión social” (2,5 millones más que en 2018), con problemas graves de empleo (parados o con trabajos precarios), vivienda, consumo, salud, educación (y brecha digital) o conflictos familiares. Y mientras aumenta la pobreza (y la desigualdad), sólo el 3% de esos pobres reciben el ingreso mínimo vital y un 8% las rentas mínimas autonómicas, con un dato escandaloso: 7 autonomías redujeron los beneficiarios en 2020, Madrid, Aragón y Baleares en cabeza. Y los servicios sociales de los Ayuntamientos están colapsados, con 25 grandes Ayuntamientos que aprovecharon la pandemia para recortar su gasto social en 2020. Damos de lado a los pobres, una injusticia social y un lastre para la recuperación y la democracia.

Enrique Ortega

En julio de 2021 tuvimos el primer dato oficial sobre la pobreza provocada por la pandemia en 2020: +223.000 pobres más que en 2019, según el INE. Eran 9.940.000 personas, un 21% de la población,  consideradas oficialmente “pobres”, porque ingresaron menos del 60% de la renta media española (menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con dos hijos). Se rompía así una racha de 5 años de bajada de la pobreza en España, desde el máximo de 2014 (22,2%) al mínimo de 2019 (20,7% de pobreza). Los datos oficiales del INE sobre 2021 no se publicarán hasta julio, pero Cáritas acaba de publicar un estudio de la Fundación FOESSA que adelanta la cifra de pobres en el 2º año de la pandemia: 11.503.340 personas, el 24,5% de la población. Y señala que son 1.484.540 “pobres” más que en 2018 (10.108.800). Además, el informe revela que lo que más ha crecido con la pandemia es la pobreza “severa”, las personas que ingresan menos del 40% de la media española : eran ya 5.299.840 personas en 2021, un 11,2% de la población y 853.840 pobres severos más que antes de la pandemia, en 2018.

El informe Foessa revela que la pobreza es mayor entre las mujeres (27,8% son oficialmente “pobres”) que entre los hombres (22,6%), entre los parados (el 52% son pobres), entre las personas sin formación (32% de los que no tienen primaria y 27,9% de los que sólo tienen primaria), entre los inmigrantes (43,6% en situación de pobreza, aunque ha crecido más entre los españoles), entre los que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes (36,5% de pobreza, frente al 20% en los pueblos de menos de 5.000 habitantes) y en Cataluña (+10,8%, con un 24% de población “pobre”), Murcia (+9,5% y un 31,4% de “pobres”), Andalucía (+3,4%, con un 28,2% de población “pobre”) , Madrid (+1,9% y un 21,6% de pobreza) y Canarias (+1,2% y un 30,3% de “pobres”), mientras tienen menos pobreza ahora que en 2008 Asturias (13%), Castilla la Mancha (24,3%) y País Vasco (13,6%).

Pero no solo hay que hablar de aumento de la “pobreza monetaria”, de las personas con muy bajos ingresos o ninguno. El informe Foessa analiza las personas que están “en situación de exclusión social”, personas que no están bien integrados en la sociedad porque sufren problemas graves en el empleo, la vivienda, el consumo, la educación, la sanidad, conflictos familiares, desarraigo político o aislamiento social.  El informe de Cáritas divide a los españoles en 4 grupos: personas con integración social plena (el 42,2% de la población, cuando antes de la pandemia, en 2018, eran el 50,6%), con integración “precaria” (el 34,4% hoy frente al 31,1% en 2018), personas con exclusión “moderada” (10,7% ahora frente al 9,7%) y personas en exclusión “severa” (12,7% ahora frente al 8,6% antes). Agrupando los dos últimos escalones, el informe Foessa revela que un 23,4 % de españoles (11.088.200) están en situación de “exclusión social”, frente al 18,3% que lo estaban en 2018 (8.577.400 personas). Son 2.510.800 españoles más “en exclusión social que antes de la pandemia (y 973.700 hogares más, el 20,8% del total de familias).

Así que la pandemia, además de recortar ingresos, ha aumentado las familias y personas que tienen problemas de exclusión en algunas esferas de su vida. El problema que más ha empeorado con la pandemia, según el informe Foessa, es el empleo (afecta al 24,7% de las personas y al 21,8% de los hogares), debido no solo al paro sino sobre todo a la precariedad laboral: 1,9 millones de trabajadores (1 de cada 10) han tenido en 2021 o más de tres meses de paro o más de 3 contratos o han trabajado en más de 3 empresas. El 2º mayor factor de exclusión ahora es la vivienda (afecta al 24% de las personas y al 20,6% de los hogares): se han duplicado las personas que viven en viviendas insalubres o hacinados, los hogares en pobreza severa tras pagar su vivienda (del 11,1 al 14,2% de los hogares) y se han duplicado (de 1,1 a 2 millones) los hogares con retrasos o que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El tercer mayor factor de exclusión son los excluidos del consumo (17,6% de las personas y 17,3% de las familias), con problemas para gastar en lo más básico o equipar su casa, además de “acumular deudas”  (887.195 hogares, 189.664 más que en 2018). Y hay 1.530.000 hogares donde nadie está ocupado ni es pensionista ni recibe prestaciones sociales (casi 400.000 hogares más que en 2018). El 4º mayor factor de exclusión es la salud, con un 17,2% de los hogares afectados por problemas de salud (14,4% en 2018): no pueden pagar gastos sanitarios (13,1% hogares), pasan hambre con frecuencia (2,6% de los hogares) o carecen incluso de cobertura sanitaria (0,8% hogares). Además, más de la mitad de los hogares (50,8%) en situación de exclusión social tienen problemas de salud y dos tercios no pueden comprar medicinas, prótesis o seguir tratamientos, según el informe Foessa.

El 5º mayor factor de exclusión social es la política (afecta al 14,5% de la población y al 12,6% de hogares), con un mayor distanciamiento de la ciudadanía y más desinterés por influir en las decisiones políticas (ha subido del 5,9 al 6,9%). El siguiente factor de exclusión es la educación (afecta al 13,2% de las personas y al 13,9% de hogares), con un aumento de las personas con baja formación en exclusión total (del 6,3 en 2018 al 7% en 2021). Y aquí, el informe Foessa lanza una alerta: la “brecha digital”, el analfabetismo del siglo XXI, afecta a casi la mitad de los hogares en exclusión social, a 1,8 millones de hogares (de 3,9 excluidos). Y eso tiene graves consecuencias: en 2021, 850.000 familias con atraso digital (el 4,5% de todas las familias) perdieron por ello oportunidades de mejorar su situación. Sin olvidar que los niños de estas familias, sin ordenadores o Internet, sufren graves retrasos escolares.

El 7º mayor factor de exclusión social son los conflictos sociales en los hogares, que aumentaron con la pandemia, según el informe Foessa-Cáritas: se han triplicado los hogares que admiten malas relaciones entre sus miembros( del 0,5% al 1,5%), las familias con menores de 18 años que van a ser madre o padre (del 0,6 al 1,6%), los hogares con malos tratos (del 2,4 al 3,5%) o donde hubo detenidos (del 0,6 al 1,1%). Y el último indicador de exclusión, el aislamiento social también ha empeorado (lo sufren el 2,9% de la población y el 6,2% de los hogares): se estanca el porcentaje de personas sin amigos ni familia a los que  recurrir (5,4%) , suben algo los que tienen mala relación con sus vecinos (0,6%) y, lo peor, hay  un 5,2% de personas en exclusión social que no tienen relaciones ni apoyos.

Tras este impactante balance, el informe Foessa refleja el perfil de los españoles en situación de exclusión moderada o severa: son más mujeres que hombres, menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y como corolario, indica los 8 factores de riesgo para que una persona o una familia caiga en exclusión social, por este orden: estar en paro (la probabilidad de caer en exclusión severa es 16 veces mayor), ser menor de 30 años (6 veces más riesgo que el resto), el nivel de estudios (2,5 veces más riesgo de exclusión los no formados), la etnia (los gitanos tienen el triple de riesgo de ser excluidos), la nacionalidad (no ser europeo multiplica el riesgo de exclusión por 4), el número de personas del hogar (tener 5 o más de familia y las mujeres solas con niños triplican el riesgo de exclusión), el residir en barrios degradados (multiplica por 2,8 el riesgo de exclusión) y tener discapacitados en casa (x 2,2).

Este resumen de los factores que llevan a la pobreza y exclusión social es a la vez un catálogo de las medidas que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo, activar la política de vivienda,  atender a menores y jóvenes, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a las familias numerosos, con madres solas y discapacitados. Además, el informe Foessa-Cáritas propone un abanico de medidas contra la pobreza y exclusión social: mantener y no retirar las medidas sociales anti-COVID en materia de salud, vivienda y protección social, mejorar la protección del ingreso mínimo vital (que sólo cobran unas 350.000 personas, frente a los 850.000 beneficiarios prometidos por el Gobierno), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios (subir el salario mínimo a 1000 euros beneficia a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres), garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Como hemos visto, la pobreza y la exclusión social han empeorado tras dos años de pandemia. Y también la desigualdad: el 10% más rico ha aumentado su parte de la renta total (del 40,2% en 2018 al 43,3% en 2021), mientras el 10% más pobre perdía en su trozo de pastel (del 6,4 al 5,6%), lo mismo que el resto con ingresos intermedios, según el informe Foessa. Y los ingresos del 10% más rico han crecido con la pandemia 8,3 veces más que los ingresos del 10% más pobre, según el Banco de España. Además, mientras aumentaron en 61.000 las familias sin ingresos con la pandemia (ahora 1,02 millones), los 23 milmillonarios españoles han aumentado su riqueza un 29% estos dos años, según un informe de Oxfam.

Ante este tremendo panorama, España tiene un problema de fondo: gasta poco (menos que la media europea) y gasta mal en ayudas sociales (no se benefician más los más necesitados), según ya alertó en 2018 un informe de la OCDE. Y aunque el gasto social ha aumentado con la COVID, no parece que sea efectivo, a la vista del aumento de la pobreza y la exclusión social. Y “la medida estrella”, el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado en mayo de 2020, sigue sin funcionar, a pesar de los cambios: lo cobran solamente unas 350.000 personas, un 6,6% de las personas en pobreza severa (5.299.840), según Cáritas. Y lo peor, algunas autonomías han aprovechado la aprobación del IMV para reducir los beneficiarios e importes de sus rentas mínimas, para “hacer caja” y ahorrar costes en 2020, el año peor de la pandemia, como denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2020, las autonomías gastaron 1.970 millones de euros para pagar una “renta mínima de inserción” a 795.861 beneficiarios, sólo un 8% de las personas que estaban en situación de pobreza (9.940.400, según el INE). Pero lo grave es que 7 autonomías aprovecharon en 2020 para recortar los beneficiarios de las rentas mínimas, con el argumento que se había aprobado el ingreso mínimo vital: fueron Madrid (-12.471 beneficiarios), Aragón (-11.339), Baleares (-7172), Galicia (-5.201), Castilla y León (-3.478), Castilla la Mancha (-3.078) y la Rioja (-39 beneficiarios). Y no sólo redujeran los beneficiarios, también han reducido las ayudas por perceptor, todas las autonomías: bajaron del 17,1% de la renta media al 15,3%. Y además, hay una gran diferencia entre las ayudas que pagan las autonomías: a la cola Andalucía, la autonomía con más pobreza (419,52 euros al mes, el 13,2% de su renta media), Madrid (400 euros, el 12,9% de su renta) y Galicia  (403,38 euros, el 12,2%). Y en cabeza, el País Vasco (693,73 euros mensuales, el 15,5% de su renta media), Cataluña (664 euros, el 11,6%), Navarra (639,73, el 16,2%) y Comunidad Valenciana (630 euros, el 23,4% de su renta media, el mayor porcentaje en toda España), según el Ministerio de Derechos Sociales.

Los servicios sociales que atienden a las familias pobres y en exclusión social dependen de los Ayuntamientos, cuyas oficinas de atención a los más vulnerables están colapsadas, porque atienden a más de 5 millones de personas necesitadas al año. Pero al menos en 2020 aumentaron su gasto social, un +10,2%, hasta 109 euros por habitante y año. Pero aquí también hay “farolillos rojos”, según otro estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : entre los 369 Ayuntamientos con más  de 20.000 habitantes, hay 25 Ayuntamientos que aprovecharon lo peor de la pandemia (2020) para reducir su gasto social más del 5% (como los demás lo aumentaron un 10,2%, el recorté real supera el -15,2%). Y entre ellos (ver lista), hay 4 capitales: Badajoz (-15% recorte), Albacete (-9%), Santander y Burgos (-5%). Además, el informe revela que hay 39 grandes Ayuntamientos que son “pobres en servicios sociales”, porque gastan menos del 60% de la media (42,80 euros por habitante). De ellos, 19 Ayuntamientos con una “pobre política social” están en la Comunidad de Madrid y hay dos capitales, Badajoz (38,09 euros gasto por habitante) y Toledo (44,96 €).

En resumen, crece la pobreza y la exclusión social pero el ingreso mínimo vital no despega y algunas autonomías y Ayuntamientos aprovechan para ahorrar recortando ayudas a los más necesitados. Y todo ello, con muchas personas “mirando para otro lado”, como si la pobreza no les incumbiera. Pero es un problema de todos. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. También ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de los españoles atrás.

Recuperación: 1 de cada 5 españoles, excluidos

La economía española lleva 5 años creciendo, pero la recuperación no llega a todos: hay 8,5 millones de españoles “excluidos”, 1,18 millones más que antes de la crisis, según el VIII Informe Foessa (Cáritas). Y de ellos, la mitad son “excluidos severos”, españoles con graves problemas de ingresos, trabajo, vivienda, aislamiento, salud o educación. Y de ellos, 1,8 millones están “expulsados”, con graves problemas para sobrevivir cada día. En conjunto, son 1 de cada 5,5 españoles excluidos económica y socialmente, que “han perdido el tren” y muchos son irrecuperables si no se toman medidas, sobre todo por culpa del paro, la precariedad del trabajo y  la vivienda, los mayores causantes de la exclusión social. Y los más afectados son los jóvenes, las mujeres solas con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, sobre todo en Canarias, Extremadura, Baleares y Valencia. Urge intentar recuperarles cuanto antes, porque la exclusión social no sólo es injusta e inmoral: es un cáncer para la economía y la democracia.

enrique ortega

Ya sabíamos que la crisis ha aumentado la desigualdad, a pesar de la recuperación: si en 2008, el 10% más rico tenía 9,7 veces los ingresos del 10% más pobre, ahora, ese 10% tiene 12,8 veces más ingresos, según este informe de Intermón Oxfam. Y España es el 4º país europeo con más desigualdad, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat. El  1% más rico concentra el 25,1% de la riqueza española, casi lo mismo que el 70% más pobre (32,1% de la riqueza total). Y el 10% más rico acapara más riqueza (53,8%) que el 90% restante de españoles (46,2% de la riqueza total), según el informe de Intermón Oxfam “La recuperación económica en manos de una minoría”. Y también sabíamos que ha crecido la pobreza: había 12.338.187 españoles pobres en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye personas que ingresan menos del 60% de la renta media española o que sufren privaciones o que trabajan pocas horas. Son 1,4 millones de pobres más que en 2008.

Lo que no sabíamos hasta ahora es que la crisis ha aumentado también la “exclusión social”, a pesar de la recuperación: hay 8.592.000 españoles “excluidos” en 2018, el 18,4% de los españoles, 1,18 millones de excluidos más que en 2007, según el VIII Informe Foessa (Fundación de Cáritas). ¿Qué españoles se consideran excluidos? No son sólo pobres (la mayoría sí). Son personas apartadas de la vida económica, social y política debido a carencias económicas, de vivienda o de salud y a su aislamiento social, personas que se han quedado “fuera” y no consiguen salir de su aislamiento. El VIII Informe FOESA estudia 35 variables (ingresos, paro, empleo, vivienda, salud, educación, aislamiento social y político) y ha realizado 29.000 encuestas en 2018 (viene haciendo informes periódicos desde 1964) para estimar el grado de integración o exclusión social de los españoles.

El VIII Informe Foessa (2018-19) revela que algo menos de la mitad de los españoles están plenamente integrados socialmente: 22.601.832 personas, el 48,4% de los españoles, casi los mismos que en 2007 y más que en lo peor de la crisis (el 34,1% en 2013). Un tercio de la población (el 33,2%, 15.503,736 españoles) están integrados de una forma precaria, inestable, casi los mismos que en 2007 (34,6%) y menos que en 2013 (40,7% precarios). Y luego hay 8.592.000 españoles con problemas de exclusión social, un 18,4% de la población, 1,18 millones más que antes de la crisis (eran el 16,4% en 2007) y menos que en 2013 (25,3% con problemas). Dentro de este grupo con problemas de exclusión, hay dos colectivos que están peor, según el Informe Foessa. Uno, los 4.109.000 españoles (un 8,8% de la población) que están en exclusión social severa: se han cebado en ellos el paro y la precariedad laboral, tienen una vivienda insegura e inadecuada que les cuesta pagar, están aislados o tienen problemas de salud y tienen poca formación y no participan social ni políticamente. Y dentro de  este colectivo, hay 1.800.000 excluidos (eran 600.000 en 2007) que Foessa considera “expulsados” de la sociedad: tienen tal cúmulo de dificultades graves que “malviven” cada día y requerirían ayuda urgente para tener una vida digna.

Centrémonos en esos 8,59 millones de españoles (1 de cada 5,5 habitantes) con problemas de exclusión social en 2018, según Foessa. Los excluidos no son un colectivo uniforme, sino que se reparte de forma desigual. Por un lado, por autonomías. Tienen más exclusión social Canarias (29% frente al 18,4% de media española), Extremadura (23,2% de excluidos), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Cataluña (18,6%) y Murcia (18,5%). Y menos, La Rioja (11,3% de población excluida), Cantabria (11,8%) y Asturias (14,4%), País Vasco (15,2%), Castilla y León (15,3%) y Navarra (15,9%). Y por otro lado, la exclusión social se ceba con los jóvenes, las mujeres con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, según el VIII Informe Foessa.

La edad es un factor clave de exclusión social: los menores de 18 años tienen un alto porcentaje de exclusión social (23,3%, de ellos el 12,6% con exclusión severa), lo mismo que los jóvenes de 18 a 24 años (22,6% excluidos, de ellos el 10% con exclusión severa), mientras el resto de la población tiene una exclusión inferior a la media y los mayores de 65 años, la exclusión más baja (11,4% y sólo el 5% sufren exclusión severa), debido a que tienen una pensión (aunque sea baja) y normalmente la casa pagada. Otras que sufren más la exclusión son las mujeres, especialmente las mujeres solas con niños (20% excluidas, 9,4% con exclusión severa), más que los hombres solos con niños (16% excluidos, el 7,5% severos). Y también hay más personas excluidas entre las familias numerosas con 5 o más miembros (36,1% están excluidos, el 18,8% con exclusión severa). La exclusión social se ceba también entre los discapacitados (afecta al 30%) y entre los inmigrantes (43,8% en exclusión social, el 22% en exclusión severa).

¿Qué provoca la exclusión social? Un factor clave es la pobreza, pero no el único, porque el 40% de los excluidos socialmente no son pobres, según el Informe Foessa. Pero el 56% sí y está claro que los  ingresos y la situación laboral son claves para estar excluido socialmente o no. Por un lado, el paro de larga duración y el cobrar o no desempleo (la mitad de los parados EPA no cobran nada). Y por otro, resulta decisivo el tipo de empleo, porque los excluidos suelen  tener empleos precarios: 1 de cada 3 excluidos han pasado por 6 o más contratos o por 3 o más empresas o ha estado 3 meses o más en paro en el último año, según el informe Foessa (y 1 de cada 2 de los que están en exclusión severa). Y lo peor es que el trabajo tampoco es una garantía de integración social: el 12% de los que tienen un trabajo se encuentran en situación de exclusión social. Y muchos no es sólo por su precariedad laboral y bajos salarios, sino porque trabajan pocas horas: el 31% de los excluidos trabaja menos de 20 horas a la semana, están subempleados.

El otro factor clave de la exclusión social es la vivienda, según el informe Foessa, sobre todo en los últimos años en que los alquileres se han disparado, subiendo un 30%. Esto ha llevado a la exclusión a muchas familias, que dedican un tercio o más de sus ingresos a pagar el alquiler : una media del 34% de sus ingresos mensuales en España, que llega al 51% en Madrid y al 49% en Barcelona), según un reciente estudio de Fotocasa e InfoJobs. Además, el VIII Informe Foessa revela que 2.100.000 hogares (el 11% del total) viven en situación de “exclusión residencial”: unos (1,3 millones) porque viven en casas con graves deficiencias  (infravivienda) y sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000 hogares) porque viven sin contrato de alquiler o con riesgo de que les desahucien o con situaciones de violencia intrafamiliar.

Una tercera causa de exclusión social es la salud, un problema de ida y vuelta: una enfermedad grave, una toxicomanía o cuidar a un dependiente pueden llevar a la exclusión social de una familia y a su vez, la exclusión social deteriora la salud de los afectados, agravando sus problemas y su exclusión. Por un lado, hay todavía un 0,8% de personas que no tienen la tarjeta sanitaria (según el VIII Informe Foessa) y existe un conjunto amplio de servicios sanitarios que no están disponibles para los españoles excluidos (dentista, óptica, ayudas técnicas, prótesis, salud mental…). Y por otro, las familias en exclusión social han dejado de comprar medicinas por los copagos (el 52% de los que están en exclusión severa y el 24,4% en exclusión moderada), interrumpiendo tratamientos.

Un cuarto factor importante de exclusión social es el aislamiento: un 5,4% de los hogares españoles (1 millón de hogares) están formados por personas solas o sin apoyo (familia, amigos, conocidos…) en caso de dificultades o enfermedad. Y es lo que les pasa a muchas mujeres solas y a inmigrantes: no tienen a quien pedir ayuda si enferman, se quedan sin trabajo o les echan de casa. Y pasan de estar integrados a “excluidos”.

Y también cuenta mucho, claro, el nivel educativo, la formación de las personas. Hay 3 factores claves que fomentan la exclusión: el analfabetismo o la falta de estudios de los padres y la no escolarización de los hijos. Lo más preocupante, según el VIII Informe Foessa es que los hogares con exclusión social tienen más dificultades para que sus hijos estudien (8 de cada 10 jóvenes que no terminan la secundaria son hijos de padres que no tienen EGB) y hay un mayor riesgo de que los hijos “hereden” la exclusión, porque tendrán grandes dificultades para trabajar y emanciparse si tienen poca formación.

¿Cómo se apañan las familias en exclusión social? La mayoría, según el VIII Estudio Foessa, se centran en recortar gastos (de todo menos de vivienda y comida) y pedir ayuda a familia y amigos, aunque cada vez es más difícil porque la mayoría lleva una década pidiendo y muchas “redes de apoyo” están agotadas, en tanto las instituciones (Ayuntamientos o autonomías) y ONG han sufrido drásticos recortes y tienen menos recursos y más demanda. Los que lo están pasando peor son esos 4,1 millones de españoles en exclusión severa, porque su situación “se ha hecho crónica y ha empeorado”, según el VIII Informe Foessa, especialmente los 1,8 millones que están peor, los “expulsados”, que ya han agotado todas las prestaciones y ayudas y no saben qué hacer.

Frente a esta delicada situación de los excluidos, el resto de españoles hemos cambiado de actitud y somos menos solidarios que hace años, según apunta el VIII Informe Foessa. Esto se debe a una cierta “fatiga en la compasión” y a que muchos españoles de clase media se consideran “los perdedores de la crisis” (aunque lo sean más los pobres) y creen que pagan “demasiados impuestos” (aunque pagan menos que en la mayoría de Europa”) y que muchos ingresos se destinan a ayudar “a otros”, sin control. Un sentimiento de crispación, temor e inseguridad ante el futuro que alimenta ideas contrarias a universalizar las ayudas sociales, a veces favorecidas por la xenofobia contra los inmigrantes. Algo que no se corresponde con la realidad: el 80% de los excluidos socialmente son españoles y sólo un 20% son inmigrantes, según aclara el Informe Foessa.

En cualquier caso, el debate está ahí y el reto es cuánto podemos y debemos ayudar a los excluidos socialmente, que son ya 1 de cada 5,5 españoles, en total 8.592.000 personas. Una cifra que podría aumentar si llega otra crisis, porque el VIII Informe Foessa alerta que en el nivel intermedio, los que tienen una integración precaria (33,2% de españoles) hay 6 millones de personas “en la frontera” y muchas podrían pasar de integradas a excluidas si vuelve a fallar el crecimiento o el empleo o se dispara el problema de los alquileres.

Hay que atacar y reducir la exclusión social no sólo por justicia, sino también por razones económicas y políticas. Por un lado, la exclusión social impide que millones de españoles consuman, coticen y paguen impuestos, lo que supone un cáncer para la economía, el crecimiento y el futuro, como han reiterado la ministra Calviño (“la exclusión es uno de los tres grandes problemas de nuestra economía, junto al paro y la deuda”), el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que lleva años pidiendo a España que reduzca la pobreza y la desigualdad y consiga “un crecimiento inclusivo”, que la recuperación llegue a todos.

Pero además, la exclusión social es un grave problema para la democracia, como señala el VIII Informe Foessa: sólo la mitad de los hogares excluidos votan y el 18% no votan nunca, frente al 74,1% de los hogares integrados que votan siempre. Y hay barrios excluidos en algunas ciudades donde el 75% de los ciudadanos no votan nunca. Una marginación política que es caldo de cultivo para populismos y extremismos y que debilita la democracia y las instituciones. Se da la paradoja de que los ciudadanos que necesitan más al Estado no votan y eso reduce los incentivos para que los políticos recojan y defiendan sus intereses, no sólo los de los ciudadanos integrados que sí les votan. Lo que favorece su marginación política.

¿Qué se puede hacer? El VIII Informe Foessa propone crear un nuevo escenario de ayudas con “responsabilidades compartidas” entre las Administraciones públicas, las ONGs, las empresas sociales, los profesionales y las iniciativas ciudadanas, para perfilar la asistencia a los excluidos, fomentando la solidaridad frente al individualismo. Proponen crear consensos sociales y políticos para evitar que 8,59 millones de españoles se queden atrás, afrontando con urgencia la situación de los 1,8 millones de españoles que están peor. Eso pasa por contar con más recursos para la asistencia social y definir las futuras prestaciones sociales, que hoy son no sólo escasas sino ineficaces.

Lo urgente es conseguir más recursos para los excluidos, porque ahora los Ayuntamientos no tienen medios y las ONGs están saturadas. Y esto obliga al futuro Gobierno a aprobar un Plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, sobre todo de las familias con niños. Un Plan que exige recursos, para lo que urge aumentar la recaudación fiscal, una reforma que consiga ingresar más (dado que España recauda 80.000 millones menos cada año que la media europea). Y a partir de ahí, pactar un sistema de ayudas que combine las rentas básicas y el seguro de paro con formación y ayudas a la vivienda y becas. Y sin olvidar la urgencia de promover viviendas públicas en alquiler (se hacen 3.500 VPO al año, frente a 100.000 antes de la crisis), para que no aumenten las familias excluidas. Y, por supuesto, mejorar la calidad del empleo y los salarios, junto a la formación y la educación de jóvenes y adultos, para atacar las raíces de la exclusión social.

No podemos mirar para otro lado: 1 de cada 5,5 españoles se han quedado atrás mientras el resto vivimos como si no existieran. No les podemos dejar tirados. Es una cuestión moral, pero también económica y política: sin ellos no podemos construir un país sano y con futuro. Hay que ayudarles a recuperarse, a integrarse económica y socialmente. Por el bien de todos.

12.000 millones contra la pobreza

El alcance de la pobreza en España clama al cielo. Y si no, que se lo pregunten a Cáritas o la Cruz Roja, que “no ve la recuperación sino a más gente pidiendo ayuda”. Con datos europeos, hay 12,6 millones de personas en situación de pobreza, uno de cada cuatro españoles. Y casi 3 millones son niños y adolescentes. Un drama diario sobre el que ha llamado la atención la Comisión Europea. En pleno año electoral, el Gobierno ha aprobado un Fondo contra la pobreza de 32 millones de euros, la octava parte de lo que ha recortado en servicios sociales desde 2012. Y mientras Rajoy “racanea”, la semana pasada devolvió a Bruselas otros 1.500 millones del rescate bancario que nadie le ha pedido (y quería devolver 10.000 millones). Las ONGs exigen que la lucha contra la pobreza centre las próximas elecciones, con un 5% del gasto de las autonomías. Urge un Plan de choque contra la pobreza, que exigiría 12.000 millones de euros. Es una emergencia nacional.
 

enrique ortega

Pobreza ha habido siempre, pero esta crisis la ha agravado a unos niveles que no se conocían desde los años cincuenta. Es el fruto del paro, la bajada de salarios, la subida de impuestos, las elevadas deudas y los recortes en las ayudas públicas y el Estado del Bienestar, que se han cebado en las familias vulnerables, más en España que en otros países occidentales, según la OCDE. La renta disponible de las familias cayó un 17,8% entre 2007 y 2012, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Eso significa que la renta de los españoles ha caído por debajo de la de 2003. Que hemos perdido una década.

La pobreza se mide en toda Europa por un indicador, AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), que contempla tres criterios de pobreza y exclusión social: pobreza económica, carencia material severa y baja intensidad de empleo. Contando los tres criterios, en Europa hay 122,6 millones de personas en riesgo de pobreza, un 24,5% de los europeos. Y en España, 12.630.000 personas, un 27,3% de los españoles, 1,5 millones de españoles más que en 2008, según los últimos datos de Eurostat (2013).

Europa tiene además un indicador AROPE para medir la pobreza de los niños y adolescentes, que es muy dramática en España: uno de cada tres menores estaba en situación de pobreza en 2012 (último dato de Eurostat), 2.828.292 niños y jóvenes, un 33,8% de los menores de 18 años, frente al 28,1% en la UE-28 (hay casi 27 millones de niños pobres en Europa). Con ello, España es el séptimo país con más pobreza infantil de Europa, tras Bulgaria (53,3%), Rumanía (52,2%), Hungría (40,9%), Letonia (40%) e Irlanda (34,1%).    

Veamos con más detalle estas tres formas de medir la pobreza. La primera, el indicador de pobreza económica, que refleja las personas que ingresan menos del 60% que la media de ciudadanos. En España, el INE considera pobres a los solteros que ingresan menos de 8.114 euros netos al año o las familias con dos hijos que ingresan menos de 17.040 euros netos. Eran, en 2013, 9.541.353 personas, uno de cada cinco españoles (20,3 %). Un porcentaje que en la UE-28 es del 16,7%, con lo que España se coloca como el 5º país con más pobres de Europa, sólo por detrás de Grecia (23,1%), Rumanía (22,4%), Bulgaria (21%) y Lituania (20,6%). Dentro de este grupo de pobres, destacan las personas que están en una situación de pobreza severa, porque ingresan menos del 30% de la media del país (339 euros al mes en España). Son 2,8 millones de personas, el 6,1% de los españoles.

El segundo criterio europeo de exclusión social  es la carencia material severa, las personas que no pueden afrontar 4 de estos 9 gastos: pago de hipoteca, alquiler o letras, calentar su vivienda, comer carne o pescado cada dos días, no poder afrontar gastos imprevistos, no tener una semana de vacaciones al año, tener teléfono, TV color, lavadora o coche. En la UE-28 sufren estas carencias el 9,6 % de europeos y el 6,2% de los españoles, casi 3 millones de personas. Y el tercer criterio de exclusión lo sufren los que viven en hogares con baja intensidad de empleo, con poca gente trabajando o empleos precarios. Este problema lo padecen ya el 10,7% de europeos y el 15,7% de españoles (5,7 millones de personas de 0 a 59 años), más del doble que en 2009. Y somos el segundo país de Europa con más problemas de debilidad de empleo, sólo por detrás de Grecia (18,2% de la población).

Al final, una persona puede ser pobre y a la vez tener carencias severas o un débil empleo o tener uno o dos de estos problemas y no ser pobre. Las estadísticas AROPE los contabilizan sólo una vez y así salen los 12.630.000 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, un 27,3% de la población, según Eurostat (2013). Un grave problema que además, está mal repartido. Los más castigados son los menores de 16 años (32,3% en riesgo de pobreza), los parados (39%), las personas con poca formación (35% son pobres), las madres solas con hijos (38% pobres) y las familias con hijos (30,8% pobres), los inmigrantes (de fuera de la UE, el 47,8%son pobres) y las autonomías del sur de España (47% de pobreza AROPE en Ceuta, 38% en Andalucía y 36% en Extremadura y Castilla la Mancha).

La otra cara de la pobreza es la desigualdad: no sólo hay más pobres, sino que los ricos son más ricos. El 1% de la población tiene el 27% de la riqueza, más que el 70% de la población (que tiene el 22,2%). Y según las declaraciones de Hacienda de 2013 (ejercicio 2012), hay 7,9 millones de españoles que declaran menos de 12.000 euros al año  y 4.678 que declaran más de 600.000 euros. La diferencia de ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre es de 12,7 veces, mientras en la UE-28 es de 5 veces. Por eso, España ocupa el 2º lugar en la lista de países europeos con más desigualdad, sólo por detrás de Letonia, según un informe de Intermon Oxfam.

En 2010, la Unión Europea se propuso un objetivo para 2020: reducir los pobres de Europa en 20 millones, de ellos 1,45 millones en España. Ahora, con la crisis y los recortes, Europa no sólo no ha recortado la pobreza sino que hay 7 millones de pobres más, de ellos 1,5 millones de pobres nuevos en España. Así que cumplir con la Estrategia Europea 2020 obligaría a reducir ahora 27 millones de pobres en Europa en 6 años, reducir casi 3 millones de pobres en España. No parece que Bruselas ni Rajoy estén preocupados por cumplirlo.

El Gobierno Rajoy, en pleno año electoral, ha aprobado un nuevo Fondo contra la pobreza, de 32 millones de euros, cuyo reparto acaba de pactar con las autonomías. Pero este Fondo no compensa los recortes que ha hecho este Gobierno desde 2012 en el Plan concertado, el dinero que se destina a los Ayuntamientos para que ofrezcan servicios sociales (comedores, alojamiento, albergues, ayuda a domicilio, centros de recogida…) a 8 millones de familias pobres cada año: en 2011, el Plan contaba con 96 millones, que cayeron a 47 millones en 2012, a 30 en 2013 y a 27,5 millones en 2014 y 2015. O sea, que se han recortado unos 240 millones, ocho veces lo que se da ahora. Y mientras Rajoy “racanea” con la ayuda a la pobreza, la semana pasada ha devuelto anticipadamente a Bruselas 1.500 millones del rescate bancario, que nadie le ha pedido (ya devolvió otros 1.300 millones en 2014). Incluso España ha propuesto a Bruselas devolver 10.000 millones, para “sacar pecho” y quedar como “un buen deudor”, mientras cada día, 3 millones de españoles comen de la caridad de los demás.

Pero a Bruselas sí le preocupa la pobreza en España, de la que viene “advirtiendo” al Gobierno Rajoy desde 2012. La última vez,  en febrero de 2015, en la lista de recomendaciones de la Comisión Europea a España, donde llama la atención sobre “el drástico deterioro de los indicadores sociales” y señala que “España ha avanzado poco en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños”. Y se queja de que la última reforma fiscal “no permite hacer frente a los elevados y persistentes niveles de pobreza”.

Es urgente hacer frente a la pobreza, porque ya son más de 8 millones los españoles que acuden a los servicios sociales y a las ONGs para comer, solicitar ropa o medicinas, pedir ayuda para pagar el alquiler o la hipoteca  y pagar el agua o la luz. “No hemos notado los efectos de la recuperación, sino que crecen las personas que nos piden ayuda”, acaba de decir el nuevo presidente de la Cruz Roja, que atiende a 3 millones de españoles. Y Cáritas alerta de “preocupantes niveles de pobreza y privaciones” en España y el sur de Europa.

A medio plazo, reducir la pobreza exige crear más empleo y un empleo más estable (19 de cada 20 nuevos empleos son precarios) y mejor pagado, con salarios dignos (no en vano hay 2.270.000 trabajadores pobres, un 13,4% de los ocupados según el INE, un porcentaje sólo superado por Rumanía y Grecia). Pero a corto plazo, ya, hay que poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza, porque hay unos 5 millones de familias que han agotado todas las reservas (familia, amigos, ayudas, ONGs…) y no aguantan más.

Ese Plan de choque debería actuar en cuatro frentes. Uno, ampliando los subsidios a los parados: hay 3 millones de parados EPA (55%) que no cobran nada. Además, habría que mejorar la formación de los parados y su asesoramiento, para que los peor preparados puedan optar a un empleo. Todo ello costaría unos 2.000 millones anuales. El segundo frente sería ampliar la renta básica, que hoy cobran sólo 258.400 familias. Pagar una renta de subsistencia de 548 euros mensuales (85% salario mínimo)  a las 700.000 familias que hoy están sin ningún ingreso costaría 3.600 millones más de lo que ya pagan las autonomías con la renta básica (1.000 millones). En tercer lugar, habría que destinar una ayuda específica a las familias pobres con niños (casi 3 millones), otros 4.000 millones de euros más. Y quedaría un cuarto frente de actuación: nuevos recursos a los Ayuntamientos y ONGs para paliar las necesidades más urgentes (comida, alquileres, recibos luz y agua), que exigirían otros 2.500 millones de euros extras. En total, unos 12.000 millones contra la pobreza.

Parece mucho, pero se puede y se debe gastar. Primero, porque el gasto en protección social en España es más bajo que en el resto de Europa (25,9% del PIB frente al 29,5% en UE-28), a pesar de que tenemos más del doble de paro y mucha más pobreza. Y segundo, porque España recauda menos impuestos que el resto de Europa: si las multinacionales, grandes empresas y los más ricos pagaran más y se recortara el fraude, podríamos ingresar 50.000 millones más sin subir los impuestos a la mayoría. Además, es una exigencia de pura justicia: no se pueden gastar más de 100.000 millones en rescatar a cajas y bancos o dar ayudas millonarias a las autopistas a las eléctricas o al cierre del almacén de gas Castor y dejar que millones de españoles malvivan en pleno siglo XXI.

Las ONGs y la Red europea de Lucha contra la Pobreza han pedido a todos los partidos que acuerden un Pacto contra la pobreza, para reducirla un 15% en la próxima Legislatura (sacar de la pobreza a 1,9 millones de españoles). Y como anticipo, piden que las nuevas autonomías, que salgan de las elecciones de mayo, dediquen un 5% de sus Presupuestos a luchar contra la pobreza: serían 7.000 millones, un buen comienzo. De momento, nadie se compromete. Fíjense en eso a la hora de votar. Los pobres son nuestro mayor fracaso como país y nuestro primer deber como personas. No los olvidemos.