El Gobierno prolonga el escudo anti OPAS

En el último Consejo de Ministros de 2022, junto al tercer paquete de medidas contra la inflación, el Gobierno aprobó la prórroga por 2 años más del escudo anti OPAS que autorizó en marzo de 2020, para evitar que Fondos y empresas extranjeras se hicieran con el control de empresas españolas estratégicas, aprovechando su caída en Bolsa. La medida seguía una recomendación de la Comisión Europea, que vigila la entrada de inversiones extranjeras (sobre todo chinas) en Europa. Algunos la critican por proteccionista, pero la realidad es que las inversiones extranjeras siguen llegando (Volkswagen, Maersk, Cisco, Amazon…) y sólo intenta  evitar “entradas no deseadas”. Además, los inversores extranjeros ya controlan la mitad de las empresas españolas cotizadas, con Fondos de inversión y soberanos (de Noruega y paises del Golfo) que son los primeros accionistas de bancos, energéticas, inmobiliarias, constructoras y telecos. Y están invirtiendo en terrenos agrícolas, enseñanza, sanidad, residencias y hasta equipos de fútbol. Sepa dónde está el capital extranjero en España.

Enrique Ortega

En 2020, la pandemia y los confinamientos provocaron el desplome de la Bolsa: el IBEX 35 cayó un -39,43% en menos de un mes, entre el máximo del 19 de febrero (índice 10.083,60) y el mínimo del 19 de marzo (6.107,20), tras el estado de alarma. En unas semanas, las 35 grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 (y el resto) valían casi  la mitad. Era el caso de Telefónica (valía 18.342 millones frente a 32.403 el 19 de febrero), Repsol (9.745 millones frente a 20.071 millones un mes antes), Santander (36.128 frente a 61.986), BBVA (17.565 frente a 34.495 millones), Mapfre (3.874 frente a 6.795) o Meliá Hoteles (675 millones frente a 1.560 millones un mes antes). Y lo mismo las empresas españolas que cotizan en el mercado continuo (129) o en el MAB (donde cotizan 41 empresas más).

El temor de los directivos de estas empresas españolas era que, al desplomarse su valor, estuvieran en el punto de mira de Fondos de inversión y bancos internacionales, que aprovechan las crisis para “cazar gangas”.  A principios de marzo, trasladaron su temor a la vicepresidenta Calviño, pidiendo medidas de protección ante posibles OPAS (ofertas de compra de acciones) hostiles. Además, el 13 de marzo, la Comisión Europea ya hizo una 1ª comunicación a los paises UE para que tomaran “medidas de blindaje” ante posibles compras hostiles. Por todo ello, el 17 de marzo, el Gobierno español incluyó en el Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a la COVID una Disposición final 4ª que “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros del 10% o más del capital de empresas de sectores considerados estratégicos” (sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semi conductores, ciberseguridad o nanotecnología.

El escudo anti OPAS se prorrogó hasta finales de 2020 y luego en 2021 y 2022. Y ha sido útil, porque ha impedido “compras hostiles”, aunque se han autorizado importantes inversiones extranjeras en estos años. En 2020 se presentó (y autorizó) una “OPA amistosa”  sobre MasMóvil (la 4ª teleco española) por parte de las gestoras de capital riesgo KKR (USA), Cinven (GB) y Providence, que invirtieron  2.760 millones para hacerse con el 91,2% de Mas Móvil, que se fusionó con Orange en julio de 2022. La 2ª operación, gestada antes de la pandemia y completada en junio de 2020, fue la OPA de la firma suiza SIX (gestiona la Bolsa de Zúrich) para comprar por 2.570 millones BME, la empresa que gestiona las Bolsas españolas. Y la 3ª operación, en septiembre de 2020, fue la compra, por 1.300 millones de El Idealista por el fondo sueco EQT. Ya en 2021, en febrero, se presento la gran OPA de estos años, la oferta del Fondo australiano IMF por hacerse con el 22,69% de Naturgy, operación aprobada en agosto de 2021, sujeta a que cumpla varias condiciones de “españolidad”.

Cumplidos casi tres años del escudo anti OPAS, el Gobierno Sánchez ha decidido prorrogarlo 2 años más, hasta el 31 de diciembre de 2024, ampliando su alcance: ya no sólo se vigila la compra de una participación no europea superior al 10% en la empresa o cuando la inversión propuesta supere los 500 millones de euros sino que se amplía la vigilancia a la compra de activos o partes del negocio que sean claves y evitar así compras por partes o de unidades claves. Se trata de evitar “entradas por la puerta de atrás”.

La justificación para prorrogar este escudo anti OPAS es que el Gobierno español hace lo mismo que otros europeos. Varios paises han desplegado estos años mecanismos de control sobre compras de extranjeros, como España: Austria, Finlandia, Malta. Polonia, Portugal y Eslovenia. Otros han reforzado los controles que ya tenían, caso de Francia, Alemania, Italia, Hungría, Letonia y Lituania. Y el resto de los 27 paises UE están en proceso de aprobarlos, salvo Bulgaria y Chipre. La Comisión Europea está preocupada por la entrada indeseada de inversiones extranjeras, sobre todo de China, presente en sectores estratégicos europeos (como los puertos de Grecia, Italia y España) y de Estados Unidos (con las telecos y gigantes de Internet “acechando”). Y eso, porque Europa es la región del mundo más abierta a las inversiones extranjeras, que superan los 7 billones de euros. Bruselas busca “blindarse” ante entradas hostiles, al menos mientras fomenta una potente industria europea.

En el caso de España, además, el valor de las grandes empresas sigue siendo muy bajo al inicio de 2023, a pesar de la mejoría de la Bolsa, que todavía cotiza (8.369 el 2 de enero) un -17% por debajo del máximo de febrero de 2020 (10.083,60), antes de la pandemia. Y por ello, sigue habiendo grandes empresas en situación de “peligro”, como Telefónica (todavía un -38% más barata que en enero de 2020), IAG (-48% de valor), Inmobiliaria Colonial (vale un -67% menos que al inicio de 2020), Grifols (-67%), Hoteles Meliá (vale -37%), la constructora ACS (-31%), AENA (-25% que hace 3 años), Endesa  (-25%), Banco Santander (-25%), Inditex  (-22%) o PRISA (El País y la SER: vale 220 millones, la 5ª parte que en 2019). Son empresas fácilmente “opables” para Fondos que manejan billones…

Algunos expertos, inversores y la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) han criticado la prórroga del “escudo anti OPAS”, argumentando que es “intervencionista” y que puede retraer la llegada a España de inversiones extranjeras. Los datos parecen contradecir sus críticas, más ideológicas (“neoliberales”) que realistas. Por un lado, las inversiones extranjeras en España cerraron 2021 con 31.050,6 millones de euros, más que antes de la pandemia (22.377 millones en 2019). Y en 2022, hasta septiembre, llegaron 22.457 millones de euros, un aumento del +54,9% sobre el mismo periodo de 2021, según los últimos datos de Comercio. Por otro lado,  2022 ha sido pródigo en anuncios de inversiones en España de grandes multinacionales, atraídas por la disponibilidad de Fondos UE: la naviera danesa Maersk, la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto , el centro de Cisco para diseño de chips en Barcelona, los centros de datos en la nube de Amazon en Aragón o el acuerdo para que España participe, con Francia y Alemania, en la construcción del futuro caza europeo.

Además de estas grandes inversiones extranjeras, los inversores extranjeros toman  posiciones en las empresas españolas día a día, con pequeñas compras al hilo de las oportunidades en Bolsa y con bonos y operaciones a futuro, compras que no han dejado de hacerse, porque escapan de las grandes compras (más del 10%) del escudo anti OPAS. En diciembre se hizo público que Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión USA más grandes del mundo, se ha convertido en el mayor accionista del Banco de Santander (7,46%) y del BBVA (7,4%).Y hay muchas otras grandes empresas cuyo principal accionista es un Fondo de inversión o un banco de inversiones: AENA (2,99% propiedad de la norteamericana Black Rock), Amadeus y Bankinter (6,15%  y 3,70% Black Rock) y CaixaBank (3% del Fondo soberano noruego Norges Bank), Inmobiliaria Colonial (20,2% del Fondo soberano de Qatar), Enagás (3,60% Bank of America), Endesa (1% Fidelity), Ferrovial (5,69% The Children Funds), Grifols (5,07 Fondo USA Capital Group), IAG/Iberia (25,14% el Fondo soberano de Qatar), Iberdrola (8,70% del Fondo soberano de Qatar) o Cepsa (61,4% del Fondo soberano de Abu Dhabi) . Y estos y otros Fondos son el 2º y 3º mayor inversor en otras muchas empresas del IBEX.

En conjunto, los inversores extranjeros son dueños de casi la mitad de las empresas españolas cotizadas en Bolsa: a finales de 2021 poseían el 48,8% del capital de las cotizadas, por delante del capital que controlan las empresas no financieras (20,9%), las familias (propietarias del 17,1% de la Bolsa), sociedades de inversión colectiva, seguros y otras (7%), los bancos y Cajas (3,5%) y las administraciones públicas (2,7%), según el último balance de BME. Y este control de los extranjeros sobre la Bolsa española no ha dejado de crecer, pasando de suponer un tercio  (34,3% en 1999) a la mitad (50,2% en 2019). El informe de BME refleja además que la inversión extranjera prefiere dirigirse a las empresas que cotizan en Bolsa (lo que les exige más transparencia en sus cuentas y gestión) que a las empresas no cotizadas, donde la participación extranjera supone la mitad, solo el 24% del capital.

¿Quiénes son los extranjeros que invierten en empresas españolas? El informe de BME revela que son principalmente Fondos de inversión, Fondos soberanos (de Gobiernos extranjeros), Planes de pensiones (el Fondo de los profesores de Ontario invierte en 50 paises y en España controla la funeraria líder, Mémora), Fondos de capital riesgo, bancos de inversión y compañías de seguros. Y destaca la importancia como inversores en España de  5 grandes protagonistas: el Fondo USA Black Rock, el Fondo soberano noruego Norges Bank, el Fondo soberano de Qatar, la gestora CVC y el Fondo USA Fidelity.

Black Rock (USA), el mayor Fondo de inversión del mundo (administra 9,5 billones de dólares (8 veces el PIB español ha invertido en la mitad de las empresas del IBEX, unos 17.000 millones de euros (el 3,9% de la capitalización bursátil), aunque tiene invertidos más 48.000 millones en toda la economía española. Posee más del 5% del capital de  muchas grandes empresas cotizadas, entre ellas ACS (6,55%), Amadeus (6,15%), Iberdrola (5,55%), BBVA (5,9%), Santander (5,4%), Repsol (5,47%), Enagás (5,1%), Cellnex (5,2%), Telefónica (5,02%).

El 2º mayor inversor institucional en España es el Fondo soberano noruego Norges Bank, el mayor Fondo soberano del mundo (gestiona 1,36 billones de dólares, algo más que el PIB español). Tiene participaciones importantes en muchos sectores: energía (3,41% en Iberdrola, 3,3% en Repsol, 1% en REE , 0,84% en Enagás,  0,83% en Naturgy, 0,43% en Endesa), banca (3,32% Sabadell, 3,02% CaixaBank, 3% Santander, 1,53% Bankinter, 1,85% Liberbank), construcción (1,47% ACS, 1,47% Ferrovial, 0,55% de Acciona, 0,39% FCC), alimentación (0,75% de Ebro y 0,49% de Dia), turismo (2,17% de Amadeus,1,4% de Meliá, 0,9% de Aena), TV privada (2,5% de Mediaset-Tele5 y 1,04% de Atresmedia-Antena 3) y otros (4,35% de Faes Farma, 3,58% de Indra, 2,99% de Cellnex, 2,03% de Telefónica, 1,99% de Inmobiliaria Colonial, 1,37% de Prosegur, 1,66% de Grifols, 1,2% de Gestamp, 1% de Inditex, 0,46% de Mapfre, 0,44% de Catalana de Occidente…).

El tercer mayor inversor institucional en España es el Fondo soberano de Qatar (Qatar Investment Authority, que lleva invertidos 8.450 millones, el 1,9% del IBEX, con importante presencia en tres empresas: IAG, la matriz de Iberia (1.781 millones invertidos, con el 25,14% del capital), Iberdrola (8,7% del capital, primer accionista, tras 6.000 millones invertidos)  e Inmobiliaria Colonial (es también el primer accionista, con un 20,2% del capital y más de 600 millones invertidos), además de sus inversiones en El Corte Inglés (es el tercer mayor accionista, con el 10,3% del capital). Un Fondo que seguirá invirtiendo en España, otros 4.720 millones, según prometió el emir de Qatar durante su visita en mayo a España.

El 4º mayor inversor institucional es la gestora europea CVC Capital Partners, gracias a la OPA por Naturgy, en la que ha invertido 5.530 millones de euros y un 20,41% del capital, por delante del 13,38 % de la australiana IMF y el 20% de la gestora norteamericana GIP. Y el 5º en el ranking de inversores extranjeros es el Fondo norteamericano Fidelity, con 2.543 millones invertidos y concentrados en 6 empresas: Amadeus (896 millones, el 4,04 del capital), Cellnex (702 millones, el 3,21%), Ferrovial (356 millones, 2,03%), Indra (186 millones, 9,8%) y Endesa (191 millones, siendo el primer accionista, con el 1,011%). Les siguen otros Fondos de inversión como las norteamericanas Millennium Group (Acerinox), Invesco (1,04% de Acciona) o Capital Group (primer accionista de Grifols, con el 5,07%). Y hay otros importantes Fondos soberanos con presencia en España, como el de Singapur, GIC Private Limited (primer accionista de Cellnex, con el 7%, y presente en Acciona Energía), el Fondo de Abu Dhabi (61,4% en Cepsa y 3,1% en Enagás) o el Fondo soberano China Three Gorges, que posee 23 parques eólicos y 14 plantas fotovoltaicas en España.

Estos y otros Fondos, Planes de pensiones y bancos no sólo invierten en la Bolsa española. Tienen elevadas participaciones en inmobiliarias y SOCIMIs (sociedades que gestionan activos inmobiliarios y alquileres), hoteles, hospitales, centros de enseñanza (sobre todo centros privados de Formación Profesional), residencias de ancianos y de estudiantes y, más recientemente, tierras de cultivo y equipos de fútbol. Ya en 2021, los inversores extranjeros subieron la compraventa de tierras a 160.398 operaciones, récord desde 2007, y en 2022, hasta octubre, se habían superado. Y en el fútbol, en 2022, el regreso del Girona FC a 1ª división coincidió con la entrada en el Club catalán (47% acciones) del City Football Club, la sociedad con mayoría del Fondo soberano de Abu Dhabi y que es dueña del Manchester City. Antes, en 2021, la Liga firmó un acuerdo con el Fondo británico CVC para inyectar 1.994 millones a cambio de gestionar los derechos audiovisuales durante 50 años. Y han firmado acuerdos con Fondos el Real Madrid (con el norteamericano Providence, que le aportó liquidez en 2021, y con el fondo norteamericano Sixth Street y la empresa Legends, que participan en el 30% del Nuevo Bernabéu), el Atlético de Madrid (la gestora Ares Management tiene el 20% del Club) o el Barça (vendió en 2022 el 10% de sus derechos de TV por 25 años al Fondo norteamericano Sixth Street ). Y esta temporada, Fondos extranjeros han entrado incluso en tres Clubes de 2ª División: Real Sporting (el mexicano Otegui Sports), Real Oviedo (el mexicano Carlos Slim) y CD Leganés (fondo USA Blue Crow Sports).

Como se ve, a pesar del escudo anti OPAS, proliferan las inversiones extranjeras en España. Tienen un aspecto muy positivo: es un ahorro exterior que ayuda a crear riqueza y empleo en España, facilitando la llegada de innovación y tecnología. Pero tiene dos aspectos que pueden ser muy negativos: es una inversión muy especulativa (algunos Fondos sólo buscan hacer dinero rápido: entrar barato y salir cuanto antes con plusvalías, a veces desmantelando empresas) y siempre toman las decisiones desde fuera, al margen de lo que le interese a España. Y si algo no les gusta, nos dejan compuestos y sin inversión. Ya hemos conocido ese riesgo en multinacionales del automóvil y sectores industriales. Por eso, debe fomentarse la inversión extranjera, pero con garantías. Y evitar que controlen empresas españoles vitales para la economía. Hay que “blindarse”, al menos hasta que seamos capaces de promover potentes industrias europeas.

El pescado, más caro y escaso

Desde el pasado domingo, 300 barcos españoles no pueden pescar en algunas zonas del Atlántico, desde el golfo de Cádiz al Gran Sol. Es una “veda” pesquera impuesta por la Comisión Europea para regenerar los ecosistemas marinos, un parón que no ven justificado los pescadores españoles, quienes, junto con el Gobierno, van a recurrir al Tribunal Europeo de Justicia. Pero los expertos insisten: nos estamos cargando los mares, el 31% de las especies están sobreexplotadas y el 58% no permiten pescar más. Un problema muy serio que afecta especialmente a España, porque somos uno de los mayores consumidores de pescado del mundo y, a pesar de tener la mayor flota europea, tenemos que importar pescado (somos el 4º importador mundial). Un pescado escaso y que por eso ha subido un 25% este año y subirá otro 33% para 2030. Urge racionalizar la pesca, fomentar la acuicultura y modernizar la flota para asegurar que habrá peces (a precios asequibles) en el futuro.

Enrique Ortega

El pescado es un alimento clave, sobre todo en los países pobres y en desarrollo, pero su consumo crece más que sus capturas. El problema de fondo se ve bien en estos datos del Informe SOFIA de la FAO (ONU): entre 1990 y 2018, el consumo mundial de pescado ha aumentado un +122%, mientras las capturas aumentaron un +14%. Y aunque la acuicultura (pescado “cultivado” en ríos y mares) aumentó un espectacular +527%, no fue suficiente para atender a una demanda que está esquilmando los mares. Y en 2020, la producción pesquera mundial (capturas y acuicultura) había crecido un +60% sobre la pesca producida en  los años 90. O sea, la pesca crece mucho más que la población mundial.

En 2020, la producción pesquera mundial fue de 214 millones de toneladas, por un valor de 424.000 millones de dólares, un récord histórico, según el último informe de la FAO. Esa producción se reparte entre la pesca de capturas (90,3 millones Tm y 141.000 millones de dólares, la acuicultura (que desde 2014 supera a las capturas: 122,6 millones de Tm y 281.500 millones de dólares) y las algas (36 millones de Tm y 2.500 millones de dólares). El total de la producción pesquera (214 millones Tm) se concentra sobre todo en Asia (75% del total entre pesca, acuicultura y algas), seguida muy de lejos de América (10%), Europa (8%), África (6%) y Oceanía. Y por países, los líderes en la pesca de capturas son China (15%), Indonesia (8%), Perú (7%), Rusia (6%), India y EEUU (5% de las capturas mundiales cada uno), con España en el lugar 20º del ranking (1% capturas mundiales). En acuicultura y algas, el líder vuelve a ser China (64,3% de la producción mundial), seguida de Nigeria (11,63%), India (11,6%), América (5%) y Europa (3,74%), con España en cabeza.

España es una potencia pesquera y un gran consumidor de pescado. En 2021, el consumo de pescado en España era de 42,4 kilos por habitante, casi el doble que la media mundial, estimada por la FAO en 20,5 kilos por habitante, lo que nos coloca entre los cinco mayores países consumidores de pescado, tras Portugal y Japón (superan los 50 kg/habitante) y en línea con Noruega e Islandia. La mitad de este consumo de pescado lo hacen las familias en sus casas (22,5 kg de pescado por habitante) y el resto se come en restaurantes y bares, siendo mayor el consumo en el norte y Galicia y menor en el interior, según el Panel de  Consumo 2021. Las especies más consumidas en España son bacalao, lubina, dorada, merluza, caballa, atún, rape, salmón, sardina y lenguado.

Una parte de este consumo se cubre con las capturas de la flota española, que es la mayor de Europa en tonelaje (329.572 Tm de registro bruto), la 2ª en potencia (tras Francia) y la tercera en número de buques pesqueros (8.732 barcos pesqueros en 2021, sólo por detrás de los 14.551 de Grecia y los 12.179 de Italia). La flota española capturó 790.000 Tm de pescado en 2020, más de la mitad (57%) en aguas internacionales (hay 2.000 barcos españoles pescando en aguas de más de 20 paises), un 7,6% en aguas de la UE y el 34% restante pescado en aguas españolas (donde faena el 95% de la flota). En conjunto, la pesca de captura emplea en España a 31.000 marineros, más otros tantos empleos generados en la industria pesquera (570 empresas).

Otra parte del consumo, un tercio de la producción total pesquera española  proviene de la acuicultura (313.274 toneladas en 2021), que tiene ya 5.100 establecimientos y emplea a 40.000 personas. Y aquí, de nuevo, España es líder en Europa: somos el primer productor de acuicultura en toneladas (el 23% de toda la producción acuícola europea) y el 2º en valor de la pesca cultivada (596,7 millones de euros, el 11% del total UE, sólo por detrás de los 1.075 millones que produce Reino Unido), con una producción creciente de dorada, corvina, lubina, rodaballo (cultivados en mar), trucha y esturión (en agua dulce).

A pesar de ser líderes europeos en capturas y acuicultura, la producción pesquera no alcanza a la demanda española de pescado, por lo que somos un país muy importador, el 4º mayor importador del mundo (7.500 millones de dólares en 2021), tras EEUU (22.000 millones importados de pescado), China (15.000 millones) y Japón (13.000 millones), según la FAO. Este año, la importación de pescado sigue creciendo y ya van 5.057 millones de euros importados de enero a julio (+34,6%), lo que prevé cerrar el año con más de 8.000 millones de euros importados de pescado, un récord histórico y casi el doble del pescado que importamos en 2012 (4.811 millones de euros). Los principales paises a los que compramos pescado son Marruecos (521 millones euros), Argentina (328), Francia (291), Portugal (282), China (248) y Ecuador (243). También España exporta pescado, pero menos (4.612 millones en 2021, 3.035 este año hasta julio), aunque no estamos entre los 20 mayores exportadores mundiales. Vendemos sobre todo a Italia, Portugal, Francia y Japón.

Visto el panorama de la pesca, en el mundo y en España, el gran problema es la mala situación de los recursos pesqueros y su negro futuro. La FAO y los ecologistas han lanzado un SOS: “los mares están en peligro”. Según los últimos datos disponibles, el 31% de las poblaciones pesqueras están “sobre explotadas” y otro 58% de las especies no se pueden explotar más. Y la situación aún es peor en el Mediterráneo: el 90% de las poblaciones de peces que se pescan están sobreexplotadas. Y otra alerta: los sistemas de pesca de arrastre llevan a que un 40% de las capturas mundiales sean “no deseadas”, peces que se descartan (y se pierden). En definitiva, que hemos esquilmado los mares, destrozando ecosistemas y especies: hemos perdido un 78% de las familias de peces para el consumo (incluidos atunes, caballas y bonitos), según el informe Living Blue Planet.

En las últimas dos décadas, la FAO y los países han aprobado normativas para tratar de conseguir una “pesca sostenible”, con acuerdos internacionales y certificaciones (como el sello MSC), que han proliferado más en Europa y EEUU que en Asia o África. En concreto, la Unión Europea lleva décadas apostando por la pesca sostenible y por ello ha reducido drásticamente las capturas en aguas de sus países miembros, hasta un 40%, lo que ha obligado a dolorosas reconversiones de las flotas pesqueras: la europea ha pasado de 104.000 barcos pesqueros (1.995) a 81.071 (2021) y la española de 18.478 a los 8.732 actuales.

Ahora, la Comisión Europea ha dado “otra vuelta de tuerca” en su política pesquera conservacionista, al aprobar el 15 de septiembre de 2022 un Reglamento que prohíbe la pesca en 87 zonas del Atlántico nororiental (desde el Golfo de Cádiz al Gran Sol, pasando por el Golfo de Vizcaya), lo que afecta a unos 10.000 pescadores de 4 países europeos: Francia, Irlanda, Portugal y España (afecta a 500 buques y unos 2.500 pescadores del Cantábrico, Galicia y Andalucía). Se trata de una “veda” pesquera, desde el 9 de octubre, que la Comisión ha justificado en un informe científico del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM), que justifica esta veda “para proteger los ecosistemas marinos de unas zonas muy vulnerables”, pero que suponen 16.419 km2, sólo el 1,16% de todas las aguas del Atlántico nororiental.

Los pescadores españoles se han mostrado en contra de esta “veda” pesquera, porque se basa en un informe antiguo del CIEM (con datos de 2011 y 2009), que además sólo habla del efecto de  algunas “artes de pesca” (el arrastre) y no de otros (palangre o otro enmalle). Y ya han anunciado que van a presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, al igual que el Gobierno español, que tampoco está de acuerdo con los informes técnicos que esgrime la Comisión Europea y ha defendido (sin éxito)  retrasar la veda hasta que se conozcan otros informes más actualizados en noviembre. Bruselas ya ha advertido que, aunque los informes sean favorables a las tesis españolas, el posible cambio en la veda no se produciría hasta la próxima primavera. 

Bruselas no ha cedido y reitera que la veda se inició el domingo 9 de octubre, aunque unos días antes envió una carta a los países afectados donde “suavizaba” la medida (la Comisión dice que no es un cambio sino “una aclaración”): la veda sólo limitará la pesca de 400 a 800 metros (a más de 800 metros está prohibido pescar desde 2016), lo que en realidad afecta a 35 de las 87 zonas iniciales en el Atlántico nororiental. En definitiva, que en otras 41 zonas (con una profundidad de menos de 400 metros), los barcos europeos sí podrán pescar. Eso suaviza la veda, sobre todo para los pescadores de Andalucía y el Cantábrico, con lo que la prohibición ahora perjudica más a Galicia (la mitad de los 300 barcos afectados). Y se notará en la reducción de capturas de merluzas de pincho, palometas, cabras y cigalas, que seguro van a subir ahora más de precio al consumidor.

Esta polémica veda europea marca el camino de lo que veremos en el futuro: regulaciones más estrictas para la pesca, en aguas europeas y sobre todo en aguas internacionales (el 60% de la pesca mundial se realiza en aguas fuera de una jurisdicción nacional). Los países occidentales (Europa y EEUU a la cabeza) llevan años, con la FAO, avanzando en conseguir una “pesca sostenible”, buscando una “gobernanza de los mares” que preserve el futuro de la pesca, cada vez más escasa. Tratan de multiplicar los estudios sobre el estado de las especies en los distintos océanos, para aprobar vedas y pesca controlada. Es la llamada “transformación azul”: un intento de conciliar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental, más urgente en las zonas más sometidas a “sobrepesca” (Asia y Oceanía).

Y en paralelo, la FAO y los países occidentales buscan reducir la “pesca ilegal”, que provoca la extracción descontrolada de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, con un valor de entre 9.350 y 21.500 millones de euros, según la ONU, que se pescan ilegalmente (al margen de las cuotas establecidas) por barcos de bandera de conveniencia, también europeos (la mitad, españoles). Se estima que, sólo en aguas europeas, el 66% de las capturas del Mar del Norte y la mitad de los desembarques de atún y pez espada del Mediterráneo son pescados “ilegalmente”, sin respetar normas y cuotas. Y la situación es peor en Asia, África, Oceanía y parte de América, donde los controles son menos estrictos.

Junto a la pesca sostenible, la prioridad es que siga creciendo la acuicultura: la FAO espera que, para 2030, los “cultivos pesqueros” serán responsables del 89% del aumento de la producción pesquera mundial, gracias sobre todo a un aumento de las piscifactorías en Europa y América, hoy retrasadas respecto a Asia y África. Eso pasa por un cambio en la mentalidad de los consumidores occidentales de pescado, que son reacios a consumir productos de piscifactoría, a pesar de que los expertos insisten en su calidad y en sus ventajas sobre la pesca de capturas (reducen el consumo de combustibles fósiles de los barcos, no hay daño ecológico, se evitan los “descartes” de la pesca de arrastre y pueden consumir piensos vegetales e insectos). También ayudará la mayor producción futura de algas.

En cualquier caso, España debe seguir en su proceso de “reconversión pesquera”, que ya se ha cobrado numerosos barcos y empleos en zonas costeras. Por un lado, habrá que modernizar la flota (los pesqueros tienen una media de 31 años) y rejuvenecer los tripulantes, incorporando a los jóvenes a un sector con mucho personal al borde de la jubilación. Y avanzar en la digitalización, en el “barco conectado”, más eficiente y rentable, a la vez que ecológicamente más sostenible. Y todo ello, cumpliendo las normas europeas y una nueva legislación española, que el Gobierno Sánchez aprobó en mayo de 2022: la Ley de Pesca Sostenible, que busca un equilibrio entre mantener el sector pesquero y sostener el medio ambiente marino, para mejorar el uso de las cuotas pesqueras (a la baja).

Al final, los consumidores notamos todo este problema de la pesca en un hecho: el pescado es cada vez más caro, al ser cada vez más escaso. El dato aportado por la FAO (ONU) es muy explícito: entre diciembre de 2021 y abril de 2022, el precio del pescado ha subido un +25%. Y aunque consigamos evitar la sobrepesca y cuidar los océanos, el pescado va a seguir siendo un alimento escaso y  caro en el futuro: los precios aumentarán otro +33% de aquí a 2030, según anticipa la FAO, como consecuencia del aumento de demanda, los mayores costes y la menor disponibilidad de pesca en los mares. Es lo que hay.

2002, el año de la recuperación (esperemos)

2021 iba a ser el año de la recuperación, tras la tremenda recesión por el COVID-19 en 2020. Crecimos, pero menos de lo esperado, por los repuntes de contagios: la 3ª ola  (Navidad y enero 2021), la 4ª ola (Semana Santa), la 5ª (verano 2021) y la tremenda 6ª ola actual,  con más de 1 millón de contagios diarios en Europa (161.000 en España). Encima, se ha disparado el precio de la energía, subiendo la inflación al  6,7%, con atascos en el comercio mundial que complican la actividad de muchas empresas. Ahora, se espera que la recuperación se afiance en 2022, gracias a las vacunas, los Fondos europeos, el ahorro acumulado y una reforma laboral que creará empleo más estable. España será el país occidental que más crezca en 2022 (también fue el que más cayó con la pandemia), con la incertidumbre de nuevas variantes del COVID y la alta inflación. Esperemos que 2022 sea mejor que 2021 como 2021 fue mejor que 2020. ¡Feliz año!

Enrique Ortega

La clave de 2022 va a seguir estando en la pandemia, con lo que tendremos que estar más atentos a los epidemiólogos que a los economistas. Porque ya hemos comprobado en 2021 que el virus sigue ahí y cuando parece que le hemos derrotado, resurge con fuerza. Un ejemplo reciente. El 25 de octubre, escribía un Blog titulado: “La pandemia, casi bajo control”, reflejando una incidencia de 44 contagios por 100.000 habitantes. Un mes después, a finales de noviembre, se detectó en Sudáfrica la variante ómicron y los contagios por COVID-19 se dispararon en todo el mundo y en España: 217 contagios por 100.000 habitantes el 1 de diciembre, 511 el día 17 y 1.775 el 30 de diciembre (se han multiplicado por 40), con 161.000 contagios diarios frente a sólo 10.000 diarios un mes antes. Y esta es la 6ª ola: antes sufrimos en 2021 otras tres olas más (Navidad-enero, Semana Santa y verano), que frenaron el consumo, el turismo y la recuperación en 2021, un año que se esperaba mejor de lo que ha sido.

Este mismo repunte de contagios por COVID-19 se ha dado en todo el mundo y sobre todo en Europa, que ha sufrido más la variante Delta y la ómicron (con más de 1 millón de contagios diarios, el 87% de los detectados en el mundo). Por eso, el FMI prevé que el crecimiento mundial se ralentice en 2022, con un crecimiento del +4,9%, inferior al 5,9% estimado para 2021 (tras una caída del -3,1% en 2020). Vaticinan que EEUU crecerá algo menos  este nuevo año (+5,2% frente al 6% en 2021), lo mismo que China (+5,6% frente al +8%), Reino Unido (+5% frente al 6,8% en 2021) y la eurozona (+4,3% frente al 5% en 2021), donde estiman que Alemania crezca algo más (+4,6% frente al 3,1% en 2021) pero menos Francia (+3,8% frente al 6% en 2021) e Italia (+4,2% frente a 5,8%). Sobre España, el FMI ha rebajado sus previsiones de crecimiento en diciembre, pero aún así, prevé que sea el país occidental que más crezca en 2022: +5,8%, tras un crecimiento estimado del 4,6% en 2021. De cumplirse, España sería el 2º país del mundo que más crecerá este año, tras la India (+8,5%), aunque también fue el país que más cayó con la pandemia (-10,8% en 2020).

Estas previsiones se basan en que la pandemia remita en 2022, gracias al aumento de la vacunación en los paises desarrollados (61 % de la población inmunizada en EEUU y 70% de media en Europa, con el 88,2% en Portugal, 80% en España, 75% en Italia, 73% en Francia y 71% en Alemania). Pero persiste el riesgo de que aparezcan nuevas variantes, dada la baja tasa de inmunización en el mundo (46,5% de la población), algo más en América (59,6%) y el Pacífico (72%), pero mucho menos en el Mediterráneo oriental (30%), Sudeste asiático (40%) y sobre todo África (6,7% de la población vacunada, el 2,1% en Nigeria o el 1,3% en Etiopía), según los últimos datos de la OMS.

A nivel mundial, otra incertidumbre de la economía en 2022 será el comportamiento de la inflación, que está disparada en la mayoría de los paises (6,8% en EEUU, una tasa que no se veía desde 1982, un 5,2% en la UE-27 y un 6,7% en España), por la fuerte subida de los precios de la energía (petróleo y gas), que ha encarecido los carburantes y la luz, sobre todo en Europa. La previsión de los expertos es que la inflación se desinfle en la primavera de 2022, al reducirse la demanda de energía y corregirse los “atascos” que se han producido en el comercio mundial (falta de contenedores y retrasos en la llegada de suministros y “chips”), suavizándose también la subida de alimentos y materias primas.

Los bancos centrales de todo el mundo estarán pendientes de que la inflación baje y si no, intentarán corregirla reduciendo la liquidez que dispararon en 2020 y 2021 para evitar una crisis financiera global. Pero, de momento, ante el riesgo de que la inflación no baje, la Reserva Federal norteamericana decidió en diciembre reducir a la mitad sus compras de deuda desde marzo de 2022, anunciando además tres subidas (suaves) de los tipos de interés (la 1ª, en el primer trimestre de 2022). El Banco Central Europeo (BCE) va a actuar más suavemente, reduciendo las compras de deuda pero manteniendo las ayudas y descartando subidas de tipos de interés en 2022, lo que es un alivio para paises muy endeudados como España.

Otro riesgo que ronda sobre 2022 es la evolución de los conflictos geopolíticos latentes en el mundo, en especial los enfrentamientos de EEUU y China, que podrían provocar nuevos problemas comerciales (aranceles) o de suministros, deteriorando la recuperación del comercio mundial, clave para el crecimiento. Y se mantiene el riesgo geopolítico con Rusia, tanto de la Unión Europea como de EEUU, con Ucrania y el suministro de gas en el epicentro de los problemas. Y todo ello, sin olvidar los riesgos climáticos: en 2022 podemos sufrir nuevos problemas de sequías, inundaciones, tornados, incendios y otras catástrofes climáticas que afecten a los alimentos, la energía y otras materias primas, afectado mucho a las economías (recordemos las nevadas con Filomena hace un año).

En Europa, las últimas previsiones de otoño de la Comisión Europea (11 noviembre) hablaban de que la economía de la UE “se recupera más rápidamente de lo previsto” y que ya en el tercer trimestre de 2021, “la Unión Europea ha recuperado su nivel de producción previo a la pandemia” (España no se recuperará hasta la primavera de 2023). Eso sí, Europa crecerá este año 2022 (+4,2%) algo menos que en 2021 (+5%) y menos que Estados Unidos (+5,2%) y China (+5,6%), debido al mayor efecto de las dos últimas olas de la pandemia (variantes delta y ómicron) y también a que las ayudas de los paises europeos y la Comisión (Plan Next Generation EU) han sido más tardías y cicateras que las aprobadas en USA y China.

La Comisión Europea cree que la recuperación europea se va a consolidar en 2022, pero advierte que está “supeditada a dos factores”: la evolución de la pandemia y “el ritmo al que la oferta se ajuste al rápido cambio de la demanda”. A lo claro: que las empresas puedan rehacer sus suministros y producción para afrontar el aumento del consumo esperado, dado el ahorro embolsado durante la pandemia. Y les preocupa también los “cuellos de botella” en el comercio mundial (que afectan a muchas empresa, como las del automóvil) y los precios de la energía, sobre todo el petróleo y el gas natural. Las autoridades comunitarias confían en que estos precios y la inflación caigan a partir de la primavera de 2022 y prevén que la inflación anual sea del 2,5% este año (el 2,1% en España).

España será el país europeo que más crezca en 2022 (+5,5% frente a 4,8% la UE-27), salvo Malta (+6,2%) y en 2023 (+4,4% frente a 2,5% la UE-27), salvo Malta (+4,8%) y Rumanía (+5,2%), muy por encima de Francia (+3,8%), Italia (+4,3%) y Alemania (+4,6%) pero también que Reino Unido (+4,3%), Japón (+2,3%) y Estados Unidos (+4,5%), según las previsiones de otoño de la Comisión Europea. Y también creen que será el país europeo que cree más empleo en 2022: un +1,7% (+340.000 empleos) frente al +1% en la UE-27.

La mayor incertidumbre que tenemos para asegurar este fuerte crecimiento es la pandemia, como el resto del mundo, para lo que resulta imprescindible seguir con la vacunación (el 80% de la población está ya inmunizada) y terminar de poner la 3ª dosis a los mayores de 60 años (la tienen ya el 80%) y vacunar a los niños de 5 a 11 años (26,8% tienen ya una primera dosis). La verdad es que estamos mejor preparados ante la pandemia que hace un año (0% vacunados) y eso nos hace menos vulnerables ante próximas olas, que vendrán.

Otras claves de la recuperación económica en 2022 serán el turismo (recuperar turistas extranjeros este verano es clave para crecer más), el consumo de las familias (si se reduce la incertidumbre, aprovecharán el ahorro de la pandemia para gastar más) y, sobre todo, el impacto de los Fondos europeos y el Presupuesto 2022, que incluye un gasto extra de 26.900 millones con cargo a las ayudas europeas ya recibidas (19.000 millones) y a las esperadas en julio (otros 12.000 millones más). En 2021, los programas ya aprobados con Fondos europeos apenas echaron a andar, pero en 2022 ya se van a notar estas inversiones, que aportarán un 2% del crecimiento total del PIB en 2022 (en torno al 6%), según el Gobierno, y mucho empleo (se esperan crear 800.000 puestos de trabajo entre 2021 y 2026). Y además, este año se aplicará la reforma laboral pactada, que puede conseguir hacer fijos la mitad de los actuales contratos temporales. Y que el empleo que se cree sea “más decente”.

Junto a estas palancas para crecer más, hay otras incertidumbres que pueden frenar la recuperación, además de la pandemia. La principal, la inflación, porque la subida de precios estimada en diciembre, 6,7% anual, la mayor en España desde 1992, es muy preocupante, porque “se come” los ahorros e ingresos de las familias: 24 millones de españoles, entre pensionistas y trabajadores, han perdido poder adquisitivo en 2021. Y también frena las ventas de las empresas, encareciendo además sus costes. La clave va a estar en la energía, un factor sobre el que el Gobierno puede actuar poco: los precios del petróleo y del gas los fijan los grandes productores (Rusia, EEUU y la OPEP) y los precios de la luz, donde  los cambios se han de aprobar a nivel europeo y los 27 están divididos sobre esta reforma. Así que el Gobierno español sólo ha podido bajar  los impuestos a la luz otra vez, en 2022, reduciendo la recaudación (4.000 millones menos en 2021 y otros 2.000 millones en 2022).

Esta preocupante inflación, en España y el mundo, va a abrir un debate este 2022: qué hacer con los salarios. Las empresas y muchos expertos defienden que no suban como los precios, porque alimentarían una espiral de inflación. Pero si los salarios no suben, será imposible relanzar el consumo de las familias. Así que habrá que buscar un punto medio: que suban pero moderadamente, menos que los precios, a cambio de mejoras para los trabajadores por otras vías (horarios, condiciones de trabajo, mejoras sociales) y un aumento de la productividad. Y debe volver a subir el salario mínimo (está en 965 euros y los sindicatos quieren subirlo a 1.000 euros en enero), para ayudar a los más vulnerables (el 18% de los asalariados cobran el SMI), a los trabajadores pobres. Todo ello debería pactarse entre sindicatos y patronal, renovando el acuerdo salarial a 3 años firmado en 2018, porque lo que menos necesitamos es un rosario de conflictos laborales.

Para consolidar la recuperación en 2022, sería bueno alcanzar un cierto consenso político, al menos entre el Gobierno central y las autonomías, que son las que tienen que gestionar el 60% de los Fondos europeos. Hoy por hoy, España es “el alumno modelo” del Plan de recuperación europeo (el primer país al que se le aprobó el Plan, en junio, y el primero que recibió el dinero, el 27 de diciembre). Pero debemos seguir así, avanzando en los proyectos y reformas en 2022. Y se avanza más con pactos y consensos, difíciles de alcanzar con un PP radicalizado (para competir con Vox) y en un año con dos elecciones autonómicas. Pero habría que intentarlo, porque el Plan de recuperación y los Fondos europeos son una oportunidad histórica para modernizar el país, algo positivo para todos.

Bueno, estamos comenzando un año, 2022, que debería ser mejor pero que está rodeado de incertidumbres, a nivel internacional, europeo y español, que podrían poner en peligro la ansiada recuperación, salir del túnel de dos años negros. Hay que tener confianza y poner los medios para salir adelante, desde la sanidad a las inversiones, las reformas y los pactos. “El año 2022, seguro, seguro, seguro, que va a ser mejor que el 2021, como 2021 ha sido mejor que 2020”, dijo el presidente Sánchez al despedirse de los periodistas en La Moncloa. Ojalá acierte, por el bien de todos. ¡Feliz año 2022!

La pandemia revela nuestras debilidades

Entramos en la 11ª semana de confinamiento, ahora muy suavizado en toda España y también en Madrid, Barcelona y Castilla y León, epicentros de la pandemia. Esto aumenta el riesgo de rebrotes, cuando el 95% no se ha contagiado y faltan medios en atención primaria, donde sólo hacen 47 test PCR por 1.000 habitantes. Pero la emergencia económica presiona, con 1 de cada 4 activos sin trabajar y muchas familias pasándolo mal. Y 14 autonomías están entre las pocas regiones europeas con un tercio del empleo en riesgo. La Comisión Europea acaba de “examinarnos” y dice que España sufre más la recesión del coronavirus por problemas estructurales: poco gasto sanitario, doble de paro, más precariedad laboral, demasiadas pymes, excesivo peso turismo, hostelería, transporte y comercio (25% PIB), poca formación, innovación y digitalización, mucha pobreza y un gasto social escaso y mal hecho. Por eso somos más vulnerables, ahora y en 2008. Ya tenemos la hoja de ruta de la reconstrucción: dejar atrás el “Spain is different”. Mientras, seamos prudentes.

enrique ortega

El coronavirus sigue imparable y el viernes 22 de mayo volvió a batir su récord de contagios diarios: 108.400. Son ya 5.410.288 contagiados en 188 paises, 1 millón más en los últimos 10 días, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.976.120 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos (+24.300 contagios al día, 1.643.499 contagiados: “es un honor”, dice Trump), Brasil (+16.500 diarios, 363.211 contagiados), Rusia (+8.600 diarios, 344.481 contagiados) y Reino Unido (+3.000 diarios, 260.916 contagiados), los cuatro paises cuyos dirigentes han sido más laxos contra la pandemia. Y les siguen España (235.772 contagiados), Italia (229.858), Francia (182.036) y Alemania (180.072). El coronavirus ha causado 345.104 muertes en el mundo, casi un tercio en EEUU (97.722), seguido de Reino Unido (36.875), Italia (32.785), España (28.752), Francia (28.370), Brasil (22.666), Bélgica (9.280) y Alemania (8.283 muertes), según los datos de Sanidad, que revelan que la letalidad (muertes/contagiados) es menor en España (12,2) que en Francia (19,6), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,3), Italia (14,3) y Holanda (12,9), pero mayor que en Alemania (4,6), Portugal (4,3) o Austria (3,9).

Tras 10 semanas de confinamiento, suavizado las tres últimas (desde el 4 de mayo), no se aprecian “rebrotes” en los contagios, que aparecen con unos 12 días de retraso. Pero todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media (14,36 contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Castilla y León (34,88), Cataluña (30,76), Madrid (29,22), Castilla la Mancha (26,86), Navarra (25,53), Aragón (25,01) y Ceuta (16,51). Y los contagios siguen aumentando cada día, aunque menos (246 ayer), sobre todo en Cataluña (52) y Castilla y León (52), Castilla la Mancha (34), Madrid (26) y  Comunidad Valenciana (22). Se han frenado las hospitalizaciones (más de 100 diarias y 86 ayer) y los ingresos en UCIs (entre 15 y 30 diarios, aunque sólo 3 ayer). Y los muertos diarios (entre 50 y 95 diarios, bajando a 70 ayer), concentrados en Cataluña (31) y Madrid (21) y con 11 autonomías sin muertos ayer, según los datos de Sanidad, que “bailan” cada día, por retrasos y homogeneización. Madrid sigue “alterando” los datos: es la única autonomía que remite los casos confirmados en las últimas 24 horas y luego añade los contagiados en días anteriores tras llegarles los resultados de los test PCR, lo que infravalora sus contagios en las cifras diarias de Sanidad. Y Cataluña  comunicó el viernes 635 muertos de fechas anteriores.

Con estos datos, difíciles de comparar, Sanidad ha decidido los nuevos cambios de fase de las autonomías, bajo la presión de todas (ver mapa). Madrid pasa por fin a la fase 1 (ver aquí lo que se puede hacer), también el área metropolitana de Barcelona y toda Castilla y León, ese 30% de españoles que han sufrido con más dureza la pandemia y que ahora van a poder ir a una terraza o ver a sus familiares (enorme riesgo para los mayores). Y siguen en fase 1  la Comunidad Valenciana (que ha detectado un cierto repunte de contagios), las tres provincias más retrasadas de Castilla y León (Toledo, Cuenca y Ciudad Real) y las dos de Andalucía (Málaga y Granada), en total 25 millones de españoles (el 53% de la población). Pasan a fase 2 (ver aquí lo permitido) el 47% restante (22 millones de españoles), lo que multiplica la movilidad y los riesgos de rebrote. Y pasan a fase 3 (ver aquí  la movilidad autorizada), con mucho menos riesgos, Formentera, Hierro, la Gomera y la Graciosa.

Se suaviza más el confinamiento en toda España y con ello aumento el riesgo de rebrotes (ver mapa del riesgo por provincias), sobre todo porque el 95% de los españoles no se han contagiado con el virus (según el Estudio de seroprevalencia) e incluso no se sabe el alcance y duración de los anticuerpos en los que sí se han contagiado. La clave ahora es detectar los nuevos contagios con rapidez (teóricamente en 24 horas), con los test PCR, y rastrear los contactos de los nuevos contagiados, para aislarlos e impedir que contagien a otros. Dos tareas que no son sencillas y que recaen en los centros de atención primaria, que son ahora la primera línea del frente contra el coronavirus, como antes fueron los hospitales. El problema es que faltan medios, tanto médicos de familia como enfermeras y rastreadores, sin olvidar la escasez de test PCR y laboratorios (ver aquí lo complicado del abastecimiento y análisis) .

Una de las autonomías menos preparadas para esta nueva fase de la emergencia sanitaria es Madrid, donde los profesionales denuncian escasez de personal, a pesar de que el Gobierno regional insiste en que han contratado 600 profesionales en atención primaria y 172 en Salud Pública. Los sanitarios explican que ya antes del COVID faltaban 400 médicos de familia y 150 pediatras en Madrid, donde no acaban de llegar los “nuevos contratados”, mientras se van los médicos residentes de los ambulatorios y siguen cerrados 70 centros o consultorios y las urgencias ambulatorias de noche y fines de semana. Y sólo les llegan unos 20 test PCR diarios por Centro de Salud, porque los laboratorios no dan más de sí.

Precisamente, otro problema de esta nueva fase de la emergencia sanitaria es que se están haciendo pocos test PCR a la población, concentrándose en los sanitarios, residencias de ancianos, fuerzas de orden público y grandes empresas (sin olvidar los futbolistas y Clubes, “prioritarios” para los test). Hasta el 21 de mayo, en España se habían hecho 2.221.497 test PCR (detectan el virus), una media de 47,2 test PCR por 1.000 habitantes, más otros 1.335.070 test serológicos (detectan anticuerpos que indiquen que se ha tenido el virus), frente a 60 test PCR/1.000 habitantes en Alemania o 50 en Italia. Y además, el problema es que los test se hacen de forma muy desigual entre autonomías (ver cuadro), con grandes diferencias entre la Rioja (93,6 test PCR/100.000 habitantes,  País Vasco (81,2) o Asturias (80,7) y Madrid (69,4), Castilla y León (55,7), Cataluña (53,3) o Extremadura (30,3), Murcia (21,9) o Andalucía (18,6), según los datos de Sanidad.  El cuello de botella no es tanto la falta de test como su análisis, porque los laboratorios de hospitales y Universidades están saturados, mientras los laboratorios privados “hacen su agosto” con pruebas (descontroladas por la sanidad pública) a particulares y empresas.

El otro reto, junto a confirmar los nuevos contagios, es rastrear los contactos de los nuevos contagiados, una tarea en la que se lleva dos semanas (lean aquí cómo trabajan) y que es más fácil en autonomías uniprovinciales (como la Rioja Navarra o Cantabria) que en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde falta personal y se trata de paliar con Call Centers. Se estima que hay unos 2.000 profesionales dedicados al rastreo de contactos, cuando Alemania (con el doble de población) ha tenido 3.280 equipos de 5 personas (16.400) y Reino Unido ha contratado a 18.000. Necesitaríamos al menos 8.000 rastreadores y sistemas de detección vía móvil, que se retrasan (habrá una prueba piloto en Canarias… en junio).

Mientras cruzamos los dedos para que los contagios y muertos no rebroten, avanza la desescalada empujada por las presiones de sectores y empresas, en especial el turismo, la hostelería, las líneas aéreas y el comercio, precisamente los sectores que más se benefician de los ERTEs (3,4 millones) y el cese temporal de actividad de los autónomos (1,3 millones). Y hay 1 millón de trabajadores que perdieron definitivamente su empleo entre marzo y abril. En total, 5,7 millones de españoles que han sufrido la emergencia económica del coronavirus, perdiendo temporal o definitivamente su empleo, un 30% de los afiliados a la Seguridad Social antes de la pandemia (18,8 millones en febrero 2020).

Los que más han sufrido los efectos económicos de la pandemia son los trabajadores más precarios (jóvenes y mujeres con contrato temporal), los sectores más afectados por el confinamiento (turismo y hostelería, ocio y entretenimiento y comercio) y 6 autonomías que han tenido la  mayor caída del empleo (temporal o definitivamente): Baleares (afectados el 42,5% de los afiliados a la SS), Canarias (41,3), sobre todo, seguidas de Comunidad Valenciana (-29,6% afiliación), Andalucía (-28,1%), Cataluña (27,7%) y Asturias (27,1%), según este estudio del IVIE. Y las autonomías menos afectadas económicamente por la pandemia son Extremadura (21,3% afiliados afectados), Murcia (21,9%) y Madrid (23,8%), por mucho que se queje la presidenta Díaz Ayuso. 

Ahora, el problema es que la emergencia económica alcanza ya a 8,9 millones de españoles, el 38,5% de los activos (españoles en edad de trabajar), si sumamos a los 5,7 millones afectados por la pandemia los 3,2 millones de parados anteriores. Y el gran riesgo es que muchos se queden atrás dentro de unos meses, cuando entremos en la “nueva normalidad” y se autoricen algunos despidos “por causas objetivas “(desde julio). El Banco de España acaba de alertar que está en riesgo un 20% del empleo, unos 3.750.000 empleos, sobre todo del sector turístico, hostelería, transporte y comercio, especialmente en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.  Y el problema es que estos trabajadores en riesgo son “poco reciclables”, según el Banco de España, tienen pocas posibilidades de trabajar en los sectores que ganarán empleo (+1,4 millones): sanidad, logística, información y comunicaciones. Si tras la crisis de 2008, muchos parados de la construcción pudieron “reciclarse” en la hostelería, el turismo y el comercio, ahora el Banco de España lo ve más difícil, por su baja formación. Por eso proponen reformar a fondo las oficinas de empleo y reforzar su formación para rescatar a los más posibles.

El drama de España es que será el país peor parado económicamente por esta pandemia (el PIB caerá este año el -9,4%), junto a Italia (-9,5%) y Grecia (-9,7%), según la Comisión Europea. Y, sobre todo, el que va a perder más empleo: -8,7% (-1.737.000 empleos), tras Francia  (-9,1%) y por encima de Italia (-7,5%) y Grecia (-3,7%). De hecho, 14 de las 17 autonomías españolas (todas salvo Madrid, País Vasco y Navarra) están entre las regiones europeas que tienen en riesgo un tercio del empleo por la pandemia, junto a casi toda Italia y la mitad de Francia, según un estudio del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y eso, explican, por 2 razones. Una, el mayor peso del los sectores más afectados por el confinamiento (transporte, turismo, hostelería y comercio): suponen el 25% del PIB en España, frente al 20% en la zona euro, el 22,5% en Italia, el 19,5% en Francia o el 17,5% en Alemania, según datos del Banco de España. Y la otra razón, porque en España tienen mucho peso las pymes, más vulnerables ante una crisis como esta: las empresas de menos de 50 trabajadores sostienen el 50% del empleo en España y el 33% en Europa.

Con todo esto, nos acercamos al núcleo de la cuestión: ¿por qué la recesión de esta pandemia se ha cebado más en España? Lo contesta el “examen de primavera” hecho a España la semana pasada por la Comisión Europea. Viene a decir que la pandemia ha desvelado las debilidades de nuestra economía, los problemas de los que ya nos han alertado en sus informes anuales (ver aquí el de febrero 2020). Empezando por los tres problemas estructurales que “han ampliado” los efectos de esta crisis: la alta tasa de contratos temporales (el 25% frente a un 15% en la UE-27), la excesiva proporción de micropymes y pymes sin empleados (98,6% frente al 75% en Alemania), muy vulnerables, y sobre todo un modelo económico con excesivo peso del turismo, la hostelería y el comercio (“Un país de bares y tiendas” señalé en este blog), ahora los más dañados.

Y señalan otra debilidad, que ha sido clave en explicar un mayor contagio de esta pandemia: “un nivel bajo de inversión en la sanidad”, que ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad. Y otra: la escasa digitalización de la economía (incluida la enseñanza, donde sólo la mitad de los centros disponen de plataformas online, señalan) y el bajo gasto en innovación y tecnología (I+D+i), además del retraso en la educación y la Formación Profesional, que ahora pasarán factura. Lo mismo que la pobreza y la desigualdad (ya antes mayor en España que en Europa), que ahora aumentarán (incluso entre autonomías, alertan, agravando “las dos Españas”), mientras somos “el país europeo que menos ayuda a las familias” y centra su gasto social en los mayores (pensiones) y no en los jóvenes y los más vulnerables.

Una radiografía dura, que pueden leer aquí (los medios apenas han hablado de ella) y que reitera unas debilidades estructurales que vienen de lejos, que ya nos pasaron una costosa factura en la crisis de 2008 y ahora otra mayor con el coronavirus. “Spain is different” y por eso lo pasamos peor en las crisis. Este “examen” de la Comisión Europea, nos marca la hoja de ruta de la reconstrucción: combatir con todos los medios la recesión de esta pandemia, reforzar la sanidad, respaldar el empleo, reducir la precariedad laboral, aumentar el tamaño de las empresas, volcarnos en la digitalización y la innovación, apostar por la formación y la educación, reducir la pobreza y la desigualdad, aumentar el gasto social y hacerlo más eficiente (alertan que beneficia a los mayores y a las rentas medias y altas) y, sobre todo, cambiar el modelo económico, para ser un país con más industria, más empresas tecnológicas y exportadoras y menos un país de servicios (“la California de Europa”). Conseguir un país más productivo (estamos a la cola de Europa) y más competitivo, que cree más empleo y afronte mejor las crisis. Una tarea de décadas, que habría que empezar ya, con la reconstrucción. Todos unidos (parece imposible), porque afrontar estas debilidades estructurales exige pactos a medio plazo.

Mientras se afronta esta emergencia económica y, sobre todo, la emergencia social (urgen medidas de choque para ayudar a las familias que pasan hambre), no perdamos de vista la prioridad, la emergencia sanitaria, frenar los contagios y salvar vidas. Vigilar día a día la pandemia y frenar la desescalada si hace falta. La vida, no la bolsa. No tengamos prisa en salir a la calle, comprar, viajar, volver a una vida “normal” que es imposible mientras no haya vacuna. La pandemia nos ha trastocado la vida y el bolsillo y así será durante meses. Lo importante es seguir vivos. Y ayudar a los que malviven.