El fraude de los concesionarios subvencionados

El fraude de los vendedores de coches saltó el 28 de julio y por eso pasó bastante desapercibido. Pero afecta a mucha gente: la mayoría de los que compraron un coche nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013. En esos años, los concesionarios se pusieron de acuerdo para limitar los descuentos a compradores de coches y usuarios de talleres oficiales, que perdieron entre un 5 y un 10% de descuentos adicionales, según el expediente abierto por la Comisión de la Competencia (CNMC). Entre 900 y 1.800 euros por coche, que ahora quiere reclamar la OCU. El fraude es más indignante porque lo han hecho unos vendedores de coches que han sobrevivido a la crisis gracias a las ayudas públicas del Plan PIVE, que nos han costado a los contribuyentes 3.363 millones desde 1.999. Un Plan PIVE que además sirve para financiar la compra de coches importados, ayudando a crear empleo fuera de España. Pero el Gobierno Rajoy ha aprobado más fondos para 2016. 
 

enrique ortega

Los concesionarios de coches estaban bajo vigilancia de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) desde principios de 2013, ante la sospecha de acuerdos entre ellos para fijar los descuentos a los compradores de coches. Ante las primeras investigaciones, el grupo líder de ventas (Seat-Volkswagen) se ofreció a colaborar con la CNMV y entregó (abril 2013) documentación clave para demostrar el fraude a cambio de inmunidad. Con este material y una amplia investigación, la CNMV abre un expediente a 23 marcas de coches entre agosto de 2013 y mayo de 2014. Y ahora, el 28 de julio de 2015, ha impuesto una multa histórica, de 171 millones de euros, a 21 marcas de coches (91% de concesionarios) por establecer acuerdos para limitar los descuentos que hacían a sus clientes. De estas multas se ha librado Seat y el grupo Volkswagen (les tocaban 39,4 millones) por haber colaborado con la investigación, aportando pruebas del fraude (por “chivatos”).

En esencia, el fraude consistía en el intercambio de información entre las marcas de coches, a través de dos empresas de consultoría (Urban Science y Snap-on), sobre precios y comisiones a aplicar no sólo en la venta de coches (nuevos y usados) sino también en los servicios oficiales de taller, desde las revisiones y reparaciones a la venta de piezas. Y eso está probado al menos durante 7 años y medio, entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Según demuestra el expediente de la CNMC, las marcas se pusieron de acuerdo en limitar los descuentos a los compradores (no más del 4%) y en no realizar políticas comerciales más agresivas. La estimación de la CNMC es que  los concesionarios podrían haber obtenido con estos acuerdos  una ganancia ilícita del 5 al 10% del precio de los coches y servicios.

La multa de la CNMV ha sido recurrida por las marcas de coches ante la Audiencia Nacional, argumentando que ellos no han pactado precios y que la competencia entre marcas es un hecho, como lo demuestra que los precios de los coches han bajado un 8% en los últimos cuatro años, siendo España el país que aplica los mayores descuentos  en Europa (un 65% más que los cinco principales mercados). Y se quejan de la elevada multa de 171 millones  (aunque sólo sea entre el 0,10 y el 2% del volumen de negocio del sector), argumentado que el sector no se ha recuperado aún de la fuerte caída de ventas (-60% desde 2007). Además, algunas multinacionales del automóvil  presionan al Gobierno Rajoy para que intervenga, amenazando en privado con cancelar inversiones. Y hay riesgo de una ruptura en el sector, con todos frente al grupo Seat-Volkswagen, por haber “delatado” los acuerdos.

Ahora, si la Audiencia Nacional confirma el fraude y la multa, se abre la vía para que los consumidores reclamen ante los tribunales por daños y perjuicios. Se estima que los compradores de coches pueden haber perdido un descuento adicional del 5 al 10% del precio del coche, entre 900 y 1.800 euros para un vehículo que costara 18.000 euros. La asociación OCU va a comenzar a interponer reclamaciones a finales de septiembre. El proceso será complejo, ya que hay que demostrar el fraude  caso por caso, con el informe de peritos, por lo que una alternativa podría ser promover una acción colectiva que llevara a una mediación o a un pacto con las empresas investigadas, algo en cualquier caso difícil y complejo. Pero si ha habido fraude, las empresas tendrán que indemnizar a los afectados. Es la Ley.

Este no es el único fraude que ha salpicado a los concesionarios. Hace años que se denuncia el acuerdo entre concesionarios y empresas de desguaces para aprovechar las ayudas del Plan PIVE: los vendedores ofrecían al comprador buscarle un coche inservible para entregarlo a cambio de las ayudas (2.000 euros, 1.000 del Presupuesto y 1.000 de las marcas) por cambiar un coche viejo por otro nuevo. Por 500 euros, los vendedores ofrecían poner el coche del desguace a su nombre y cumplir con las normas del Plan PIVE, en connivencia con los desguaces. Así fue entre 1999 y junio de 2014, cuando el Plan PIVE 6 empieza ya a pedir que el comprador haya abonado el impuesto de circulación del año anterior. Y hasta el PIVE 7, en febrero de 2015, no se acaba de verdad con este fraude, al exigir que el titular del vehículo que se sustituye por uno nuevo lo sea al menos desde un año antes.

El fraude masivo de los concesionarios, pactando los descuentos a los compradores durante 7 años y medio, es más grave porque este sector ha sobrevivido a la crisis gracias a importantes ayudas públicas (Plan PIVE), que han salido del bolsillo de los contribuyentes. Las ayudas se iniciaron en 1.999, primero con el Plan PREVER, luego con el Plan VIVE y el Plan PIVE, del que en mayo de 2015 se ha aprobado la última entrega, el PIVE 8, con 225 millones de euros del Presupuesto, cuyos fondos se espera agotar en octubre. En total, han sido 3.363 millones de euros de dinero público, entre 1999 y 2015, para reanimar las ventas de coches. Y gracias a este dinero de todos, se han sustituido 1.200.000 coches viejos y se han recuperado las ventas de coches, que se habían desplomado con la crisis: si en 2004-2007 se vendían 1,6 millones de coches, las ventas cayeron a 722.000 en 2012-2013 y luego se han recuperado a 855.000 en 2014, con el objetivo de superar el millón de coches vendidos este 2015. Y todo ello, gracias a las ayudas pública del Plan PIVE, que han mantenido abiertos la mayoría de los concesionarios, mientras ellos, a cambio, pactaban recortar las rebajas a los compradores de coches.

El Gobierno Rajoy ha incluido en el Presupuesto para 2016 nuevas ayudas públicas para reanimar la venta de coches, recursos para un Plan PIVE 9, aunque eso va a depender de quien gane las elecciones de diciembre. En cualquier caso, el mantenimiento de estas ayudas es muy discutible. Primero, porque son muchos los que piensan que las ventas de coches ya se han recuperado y no necesitan más ayudas, que podrían destinarse a otras cosas (como a la investigación o a la reindustrialización). Y segundo, porque las ayudas públicas del Plan PIVE han servido para mantener empleo en la industria del automóvil en España pero también en otros países: de los 10 coches más vendidos en España en 2015, cinco se fabrican fuera (el DS4 de Citroën en Francia, el VW Golf en Alemania, el Dacia Sandero en Rumanía y Marruecos, el Renault Clío en Francia y el Nissan Qashqai en Reino Unido). Así que con nuestros impuestos, el PlanPIVE mantiene empleo en otros países. Y fomenta las importaciones de coches, que se han disparado en 2014 y 2015.

Está claro que el automóvil es una industria clave en España (la tercera, tras el turismo y la agroalimentaria), que aporta un 10% del PIB y mantiene el 12% del empleo, siendo España el 9º fabricante mundial de automóviles (2,4 millones en 2014) y el 2º europeo (tras Alemania). Pero ya recibe extraordinarias ayudas por otras vías, además del Plan PIVE: el sector ha recibido 5.836 millones de créditos blandos y ayudas desde 2009, además de los 3.363 millones del Plan PIVE. Más de 9.000 millones en 15 años, una cantidad superior al resto de la industria, más ayudas laborales (a los EREs temporales). Y todo ello para un sector que es muy dependiente del exterior (el 87% de los vehículos se exportan) y cuyas decisiones se toman fuera de España, por multinacionales (alemanas, francesas, japonesas, americanas o italianas) que cualquier día pueden decidir cambiar una fábrica de España a México, Rumanía, Turquía, Indonesia o Marruecos, a pesar de las millonarias ayudas recibidas.

No se trata de quitar ayudas a la industria del automóvil, sino clarificarlas, para que promuevan  sobre todo el empleo en España y sirvan para afianzar nuestro tejido industrial y nuestra tecnología, no para financiar empleo y ventas fuera de España. Y sobre todo, la industria del automóvil debe cumplir la Ley, como todos, y no justificar acuerdos ilegales contra la libre competencia, en perjuicio de los usuarios. Y menos cuando reciben cuantiosas ayudas públicas. Es un escándalo. Deberían indemnizar a los afectados y competir de verdad en la venta de coches, en beneficio de los compradores. No más fraudes.

El carrito de la compra, más caro

En los últimos meses, muchos alimentos han subido de precio: azúcar, frutas, zumos, arroz, café, cereales, cerveza…El último estudio de la OCU es concluyente: se ha acabado la guerra de precios, incluidas las marcas blancas, que copan el mercado. El problema es doble. Por un lado, están subiendo los alimentos en el mercado internacional, por la mayor demanda, las malas cosechas y la especulación. Por otro, la enorme concentración de los distribuidores (cuatro marcas venden el 58% de los alimentos) está empezando a ser negativa para la competencia. Y mientras, los agricultores y ganaderos se llevan la quinta parte del precio que pagamos. Cara al futuro, todo apunta a que comer será cada vez más caro.

enrique ortega

Comer es el mayor gasto de los españoles (14,4% del presupuesto familiar), tras la vivienda (29,4%) y por encima del transporte (12%). En alimentación nos gastamos 1.460 euros por persona en 2010, un 2,3% menos, en una tendencia a la baja que empezó con la crisis y que se da en toda Europa, aunque España es el país donde más ha bajado el gasto alimenticio, junto a Italia (-7,6%): -5,5% entre 2007 y 2010, frente al -0,4% en Francia, el -2,7% en Gran Bretaña o el -2,8 % en Alemania. Para 2011, la OCU estima que el gasto de alimentación de una familia media será 6.804 euros (567 al mes), unos 400 euros menos que el año pasado, por la crisis y la caída de precios.

Pero los precios están repuntando en los últimos meses y ya hay fabricantes que reconocen estar subiendo los zumos (por la subida de las frutas y el azúcar), el arroz, el café, los cereales y pastas o la cerveza. Y la OCU señala, en su última encuesta, que ha finalizado la guerra de precios de 2009 y 2010 y que la mayoría de cadenas están subiendo precios. De momento, el propio IPC ya lo refleja: los alimentos han subido un 2,3 % en el último año (la inflación, el 3,1), con fuertes subidas en el azúcar (+26,9%), el café (+12,5%), el pollo (+6,9%), los cereales (+6,9%), el pescado (+4,9%) o los lácteos(+4,8%), mientras subían poco la leche(+0,3%) y el aceite(+1,8%),dos “productos escaparate” en los supermercados y con excedentes.

La causa inmediata de estas subidas es el aumento del precio internacional de muchos alimentos, sobre todo cereales, azúcar, arroz, lácteos y café, que han subido más del 40% en el último año, según la FAO. De hecho, desde 2008 asistimos a una gran volatilidad de los precios de los alimentos, por tres causas. La primera, la mayor demanda de alimentos de los países en desarrollo y el aumento de población (80 millones de bocas más cada año), mientras  los cultivos apenas crecen, caen las existencias y cualquier sequía o inundación provoca sobresaltos de precios. La segunda, el aumento de los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles( subvencionados), que fuerza la subida del maíz, trigo, azúcar y aceites. Y la tercera, la especulación pura y dura: los alimentos se han convertido en activos para invertir, que mueven billones de dólares, amplificando la volatilidad de precios.

Pero también hay otras causas de la subida de los alimentos. La concentración de los distribuidores y el auge de las marcas blancas (42% ventas), que fue positiva al principio para bajar precios, puede haber llevado ya a echar del mercado a muchos fabricantes y  a una menor competencia de los que han quedado por producto, uno o dos fabricantes de marca y la marca blanca del distribuidor. Así lo refleja el reciente estudio de la Comisión de la Competencia, donde se indica que cuatro grandes distribuidores (Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan) controlan ya el 58 % del mercado alimenticio, empleando prácticas restrictivas de la competencia: cláusulas con fabricantes, pagos comerciales, información sobre productos…

Las marcas blancas están aquí para quedarse y ya las compran el 87 % de los consumidores (habitualmente en conservas, pastas, legumbres, arroz, leche, lácteos y congelados), sobre todo los menores de 45 años, especialmente en Aragón, Andalucía y Madrid. Y aunque son más baratas (-31,7%), parece que los precios han tocado suelo y ahora que están asentadas, los distribuidores van a tratar de subirlas, poco a poco. Y mientras, tratan de seguir ganando márgenes a costa de agricultores y ganaderos. De hecho, estamos pagando casi cinco veces más caros los alimentos que el precio que recibe el campo, según el observatorio de COAG: casi el doble por el aceite, cinco veces por los tomates o las acelgas, siete veces más por el plátano, el doble por el pollo  o la leche y cuatro veces más por la ternera…

El Gobierno se despide sin haber aprobado la Ley que prometió al campo para regular (como hace Francia) los contratos entre productores y distribuidores de alimentos, que imponen su ley, controlando las ventas (un 63% en supermercados e híper, frente al 27% de la tienda tradicional, en extinción). Un poder que puede imponer ahora subidas de precios, forzado por unos mercados internacionales al alza, donde los alimentos van a duplicar su precio en los próximos 20 años, según Intermón Oxfam. Y eso porque la demografía (2.000 millones de bocas más que alimentar para 2030) y el cambio climático son una bomba de relojería sobre una agricultura mundial que no avanza (las hectáreas cultivables se han reducido a la mitad desde 1960), donde faltan tecnología e inversión y donde los precios los fijan pocos países (EEUU, China y Rusia) y 500 multinacionales (3 en cereales).

La alternativa, intentada por la FAO y el G-20, es promover la inversión en la agricultura, reduciendo el proteccionismo y la especulación. Y en Europa, ayudar a agricultores y ganaderos, para asegurarnos los alimentos. Pero eso cuesta enormes subvenciones, que Bruselas quiere recortar ahora, con lo que España recibiría 5.000 millones en vez de los 7.000 actuales. Eso volverá a echar a más gente del campo. Y comer será aún más caro.

Se retrasa la ampliación de horarios comerciales

El Gobierno quería que este verano pudiéramos comprar los domingos y festivos en los lugares turísticos, como le habían pedido a Zapatero Bruselas y los grandes almacenes, en la última cumbre empresarial en Moncloa. Pero el varapalo electoral del 22-M  y la actitud contraria de CiU y PNV hacen difícil la reforma, que además no puede hacerse por decreto-Ley. Y dado que tampoco  el PP quiere hacer ruido con este polémico tema, todo apunta a que la liberalización de horarios comerciales quedará para el verano de 2012. El pequeño comercio, que emplea a 3 millones de personas, se opone a ampliar horarios y dice que el problema de las tiendas no son las horas que abren sino que no se vende.

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El presidente Zapatero prometió el 11 de enero, al presentar el Informe Económico, que el Gobierno plantearía a las autonomías “acciones concertadas en materia de horarios comerciales”. En la Cumbre europea de marzo vuelve a hablar de ampliar horarios, como le pide en Moncloa el presidente de El Corte Inglés: “no es de recibo que un crucero llegue a Barcelona un domingo y los turistas se encuentren con todas las tiendas cerradas”, le comentó Isidoro Álvarez. En abril, Economía habla de ampliar los horarios a los híper, supermercados y grandes almacenes (el pequeño comercio ya tiene libertad de horarios): se pasaría de 72 a 84 horas a la semana y de 8 domingos y festivos al año a 12. Y en mayo, Comercio centra la ampliación de horarios en zonas turísticas: podrían abrir todos los festivos.

Pero dos hechos han frenado estas intenciones del Gobierno. El primero, una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que los horarios comerciales no se pueden regular por decreto-Ley, como pretendía hacer ahora el Gobierno, sino por Ley. El segundo y más importante, el varapalo electoral del 22-M, que dificulta cualquier acuerdo con las autonomías (que tienen las competencias de comercio interior) y con el PP para hacer una Ley antes de las elecciones de 2012. De hecho, el Gobierno catalán ya ha dicho que se opone a la ampliación de horarios e incluso podría restringir su estricta  normativa actual, dado que el apoyo social de CiU son los comerciantes (botiguers).El PNV ha gobernado décadas en el País Vasco, la única autonomía que no abre ningún domingo, y tampoco está por la ampliación. Y el PP, que ha impulsado la liberalización comercial en Madrid (90 horas y 22 domingos al año), tampoco querrá abrir este frente, que le puede restar votos de los comerciantes cara a 2012.

Así las cosas, los comerciantes insisten en que la ampliación de horarios sólo beneficia a las grandes superficies, que defienden, como muchos expertos y organismos (OCDE, UE, FMI, Banco de España), que la libertad de horarios aumentaría las ventas y el empleo. Algo que no demuestran los datos en España: entre las catorce autonomías donde han caído las ventas y el empleo en el comercio (datos INE 2010) se sitúan cuatro de las cinco autonomías que tienen los horarios más liberalizados (ver mapa horarios) : Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. La única con más horario que mejoró ventas fue Castilla y León.

Otro argumento a favor de la libertad de horarios es que favorece a los consumidores. Hay encuestas que lo defienden, como una de la OCU, pero la última encuesta del CIS (abril 2011,pregunta 26) dice que el 61,3% de los consumidores no se sienten nada perjudicados por los actuales horarios. Y es que lo que preocupa a la mayoría es poder comprar, no cuando. De hecho, las ventas de los comercios minoristas volvieron a caer en abril por décimo mes consecutivo. Es la puntilla para un sector, el comercio, donde han cerrado el 10% de los establecimientos y donde se han perdido 420.000 empleos en los tres últimos años (302.128 asalariados y 118.000 autónomos), un 22% de todas las bajas a la Seguridad Social  provocadas por la crisis.

El comercio es, después de la construcción, el sector que emplea a más personas en España, casi 3 millones de trabajadores (2.219.000 asalariados y 780.500 autónomos). Un 90 % de los comerciantes son autónomos y dos tercios de sus trabajadores son mujeres, por lo que los pequeños comerciantes insisten que si se liberalizan más los horarios, como no pueden contratar a nadie por la caída de ventas, tendrían que trabajar los siete días de la semana (ellos y sus empleados), sin poder estar con sus familias. Y además, se aceleraría el trasvase de ventas a las grandes superficies, provocando más cierres de comercios y desertizando el centro de las ciudades, Enfrente, los grandes comercios defienden libertad de horarios, para que cada uno compre cuando pueda, añadiendo que eso les permitiría crear empleo. De hecho, IKEA y Leroy Merlin se han acogido a un decreto regional para el mueble y van a abrir ya todos los domingos en sus centros de Madrid.

La pelea de los horarios comerciales está en tablas y así seguirá hasta que haya otro Gobierno que pueda pactar un difícil acuerdo con las autonomías y en el Parlamento. La “guerra” de los horarios comerciales, recurrente desde el decreto Boyer de 1985, volverá cuando se recupere el consumo. Porque, ideologías aparte, para vender hay que tener compradores con empleo y confianza para gastar. Entonces podremos hablar de horarios.