Renta 2024: pagamos los de siempre

Queda hasta finales de junio para presentar la Renta (IRPF), por los ingresos en 2023, aunque a 2 de cada 3 contribuyentes les sale a devolver (les retuvieron de más). Todos pagamos IRPF, pero sobre todo los que viven de un sueldo y las clases medias, quienes ingresan entre 30.000 y 60.000 euros al año. Lo preocupante es que el IRPF gana peso cada año y supone el 44,3% de toda la recaudación, creciendo más que el IVA (mucho fraude), mientras Sociedades (lo pagan las empresas) recauda un 22% menos que en 2007. A lo claro: casi la mitad de los impuestos los pagamos quienes vivimos de un trabajo o pensión, con el IRPF, mientras empresas, ahorradores y ricos pagan poco. Eso explica que recaudemos 52.000 millones menos cada año que la media UE. Bruselas ha pedido a España una reforma fiscal, con cambios en el IVA, impuestos verdes y exenciones, para recaudar más. Pero no está el horno político para acordar una necesaria reforma fiscal.

                    Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 23.281.000 declaraciones de la Renta (IRPF), por los ingresos que tuvimos en 2023, un 1,2% más que en 2023. Pero la mayoría de contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque les sale la declaración a devolver: son 14.610.650 contribuyentes (el 63%), que ya están recibiendo 11.650 millones de euros, porque les retuvieron de más en 2022 (más bien, les retuvieron lo que debían pero ahora se deducen por muchos conceptos, desde hijos a gastos y deducciones autonómicas). Al otro tercio de los contribuyentes, a 7.092.000 declarantes, les sale a pagar el IRPF este año, un total de 18.908 millones de euros: pagarán un +12,2% que el año pasado, porque Hacienda espera que declaren más ingresos por dividendos, intereses, ganancias en Bolsa y mayores salarios.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades, salvo que se reduce la aportación deducible a los Planes de pensiones (de 2.000 a 1.500 euros) y que las mujeres con niños menores de 3 años que no trabajan pueden cobrar la ayuda por maternidad de 100 euros mensuales por hijo (hasta ahora, sólo la recibían las mujeres que trabajaban). Eso sí, hay una novedad importante en las autonomías, que tienen competencia sobre la mitad de la tarifa del IRPF y las deducciones autonómicas: 7 autonomías gobernadas por el PP (algunas con VOX) han “deflactado” la tarifa del IRPF, la han bajado para compensar la subida de la inflación en 2023 (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana). Y otras dos autonomías (Aragón y Extremadura) han cambiado las tarifas autonómicas del IRPF, bajando el tipo mínimo y subiendo el tipo máximo. Además, la mayoría de las autonomías han retocado deducciones y exenciones en el IRPF.

Estos cambios fiscales autonómicos provocan que el pago del IRPF sea muy diferente según el domicilio fiscal, como revela cada año un estudio del Consejo de Economistas y Asesores Fiscales. El último revela que las rentas más bajas tributan menos por IRPF en la Comunidad Valenciana (29,47 euros paga un soltero que gane menos de 16.000 euros) y Madrid (29,47 euros) y donde más en el País Vasco (960 euros) y Navarra (851,56 euros). Las rentas medias (entre 30.000 y 70.000 euros) pagan más en Cataluña (5.039-19.200 euros), Comunidad Valenciana (4.803-19.213 euros)  o Aragón  (4.882-18.861 euros) y menos en País Vasco (4.547-17.726 euros) y Madrid (4.600-17.981 euros). Y los más ricos (ingresos superiores a 110.000 euros) pagan más en la Comunidad Valenciana (38.741-298.000 euros), Navarra (32.214-286.604), La Rioja (37.258-285.303) o Cataluña (37.087-277.311) y mucho menos en Madrid (35.181-251.768 euros), País Vasco (35.097-272.792 euros) y Murcia (36.387-262.773 euros).

Parece una buena noticia que muchas autonomías bajen la tarifa del IRPF (la “deflacten” para compensar la inflación) y suban las deducciones por distintos temas (vivienda, guardería, libros, uniformes, paneles solares, seguros médicos…). Pero hay dos “peros”. Uno, que rebajar la tarifa del IRPF para compensar la inflación (algo que el PP lleva exigiendo al Gobierno Sánchez desde 2021) es “socialmente injusto”, porque beneficia más a los contribuyentes con más renta, según demuestran los expertos fiscales. Así, la deflactación reduce 100 euros el IRPF que pagan los que ingresan menos de 20.000 euros, 205 euros al que declara 30.000 euros, 345 euros al que ingresa más de 45.000 y ahorra 545 euros al que declara 70.000 euros o más.

El otro “pero” es que estas menores tarifas y mayores deducciones restan muchos ingresos a las autonomías. Los expertos cifran en 5.700 millones la merma de ingresos autonómicos   sólo en 2022 por las rebajas fiscales que aprobaron, una cifra que subirá en 2023. Y esto choca con las necesidades crecientes que tienen las autonomías en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. No es casualidad que Madrid, la autonomía que lleva años “bajando impuestos”, sea también la comunidad que menos gasta en sanidad (1.248 euros por habitante frente a 1.538 de media) y en educación (896,98 euros frente a 1028,91) y la 6ª por la cola en gasto social  (323,36 euros frente a 372,23 de media), según los Directores de Servicios Sociales.

¿Quién paga el IRPF? Los datos de la Agencia Tributaria, referidos a la Renta presentada en 2021 (22.048548 declaraciones), lo evidencian: el 84,95% de los ingresos declarados son rentas del trabajo. A lo claro: quienes pagamos la Renta somos los trabajadores, los que vivimos de un salario o de una pensión (100% controlables). El 15% restante procede de rendimientos de viviendas, acciones o inversiones, así como de actividades económicas (empresarios y autónomos). A la hora de concretar quién paga, la mayor parte de la recaudación del IRPF (60,22%) la aportan las rentas medias y bajas, según Hacienda: un 23,05% lo pagan los que ingresan menos de 30.000 euros (16,58 millones de contribuyentes, a los que la declaración les sale negativa o a pagar entre 544 y 3.810 euros) y otro 37,17% de la recaudación la aportan los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros (4,4 millones de contribuyentes, que pagan 8.142 euros de media en el IRPF). Y el resto, los que ganan más de 60.000 euros (1.042.402 contribuyentes) aportan el 39,78% de la recaudación del IRPF. De ellos, la minoría que ganan más de 601.000 euros (12.178 contribuyentes) aportan el 6,74% de la recaudación total (y pagan de media 534.730 euros).

Estos datos, que reflejan como los salarios y las pensiones son los que pagan el IRPF, los intuíamos. Pero lo que quizás no sabemos es que al pagar la Renta, los contribuyentes pagamos casi la mitad de todos los impuestos que se recaudan en España. El IRPF ha ganado peso año tras año y se consolida como el primer impuesto, ingresando en 2023 el 44,23% de toda la recaudación: 120.280 millones de los 271.935 millones recaudados en total, según la Agencia Tributaria. Un porcentaje que ha crecido imparable, desde el 36,18% que aportaba a la recaudación en 2007 al 40,83% en 2019 y al 44,23% en 2023 (el mayor salto se da tras la pandemia). Con ello, la recaudación por IRPF es la que más ha crecido, un +65,64% en 16 años, desde los 72.614 millones en 2007 a los 120.280 recaudados en 2023.

En ese tiempo, la recaudación total ha crecido casi la mitad que la del IRPF, sólo un +35,5%, desde los 200.676 millones en 2007 a los 271.935 millones en 2023. Y eso, porque los demás impuestos han crecido menos que el IRPF. Por un lado, el IVA que pagamos por casi todo, cuya recaudación ha crecido un +46,7% (de 57.287 millones en 2007, cuando aportaba el 28,54% de la recaudación, a los 83.909 millones aportados en 2023, el 30,85% del total). Una recaudación que crece y aporta mucho menos que el IRPF porque se ha reducido el tipo de IVA a muchos productos y servicios (tarifa reducida o baja) y por el alto fraude que existe. Pero el gran problema lo tenemos en el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas: recauda ahora -21,78% que hace 16 años (35.060 millones en 2023, el 12,89% del total de impuestos, frente a 44.823 millones en 2007, cuando aportaba el 22,3%).. Y también ha bajado, más desde 2019, la recaudación por impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco, matriculaciones), que aportan 20.757 millones de ingresos (el 7,7% de la recaudación) y los impuestos medioambientales y otros, que sólo aportan 11.929 millones (el 4,3% del total de la recaudación), según la Agencia Tributaria.

Así que los trabajadores y pensionistas pagamos muchos más impuestos que en 2007 (y que en 2019), mientras las empresas pagan menos, aunque sus beneficios son ahora mayores (300.000 millones en 2023 frente a 218.000 millones de beneficios en 2007). Este desajuste, que las empresas paguen ahora un 21,87% menos de impuesto de Sociedades que en 2007 (cuando en el IRPF pagamos un 65,4% más) se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar y Zapatero a Rajoy, han ido reduciendo el tipo efectivo de este impuesto, como también otros paises, para ayudarles a competir. Y lo han hecho por dos vías. Una, con múltiples exenciones y deducciones fiscales, sobre todo para los grandes grupos, los más endeudados y los que operan en el extranjero. Eso ha permitido que las empresas españolas sólo tributen por 3 de cada 5 euros de beneficios (¡me lo pido para el IRPF¡). Y así, el tipo efectivo que pagaron sobre su resultado contable fue del 12,3% en 2023, menor al que pagamos en el IRPF (13,60%), según la Agencia Tributaria. Además, los grandes grupos empresariales (son 143) pagan mucho menos: pagaron un tipo efectivo del 4,98% sobre beneficios (y un 6,67% todos los grupos, no sólo los grandes). Además, usan otra vía: muchas grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos porque todavía se benefician de los “créditos fiscales” que les concedió Hacienda por tener pérdidas en la crisis financiera, créditos de los que todavía “echan mano” para pagar menos.

El 60% de los españoles “piensan que los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos”, según una reciente Encuesta de Intermón Oxfam. Los datos anteriores lo demuestran. Y en cuando a los más ricos, utilizan “empresas pantalla”, SICAV (pagan el 1% de las plusvalías generadas) y paraísos fiscales para “eludir” impuestos (es más fino y legal que evadir). Además, los más ricos que presentan el IRPF también pagan menos porque una parte importante de sus ingresos son dividendos e intereses que pagan un tipo del 19 al 28% (según el importe recibido), un tipo mucho menor al tipo máximo del IRFP (del 45 al 54%).

Al final, la Renta y los otros tres grandes impuestos (IVA, Sociedades e impuestos especiales) aportan el 95% de toda la recaudación fiscal (260.006 millones de euros en 2023), pero casi la mitad lo aporta el IRPF.  Y si contamos todos los impuestos, la presión fiscal en España (recaudación/PIB) fue del 24,1% del PIB en 2022, todavía por debajo de la europea (27,1%), aunque la mayoría cree que pagamos más impuestos. No es así ni sumando el pago por cotizaciones sociales: impuestos más cotizaciones suponen un 38,3% de presión fiscal en España (2022), frente al 41,2% en la UE-27 y el 41,9% en la zona euro.

Eso sí, esta presión fiscal no es igual para todos. ¿Quién paga más impuestos? La respuesta es la misma que para el IRPF: las clases medias y medias altas, según este informe de FUNCAS, que revela algo llamativo: el 1% de españoles más ricos (189.000 familias que ingresan 426.228 euros de media) pagan menos impuestos (el 23,9% de sus ingresos) que el 20% de españoles más pobres (3,78 millones de hogares que ingresan 10.884 euros), que pagan el 28,2% de sus ingresos. El 2º grupo más pobre (23.843 euros de renta) paga el 29,4% en impuestos, el 3º (37.636 euros) paga el 33,1%, el 4º (56.606 euros) paga el 36,2%, el 10% siguiente (81.241 euros) y el 9% restante (129.549 euros de ingreso medio) pagan el 39,9% de su renta en impuestos, son los que tienen la mayor presión fiscal.

Esta desigualdad fiscal, la caída de recaudación en Sociedades y el bajo aumento en  el IVA (frente a lo mucho que crece en el IRPF) explica el problema fiscal de fondo que tiene España, ahora y hace décadas: recaudamos menos que la mayoría de Europa, en relación con lo que producimos (PIB). Entre 2015 y 2019, recaudábamos el 38,7% del PIB y la UE-27 un 46,2% (-7,5% de “brecha fiscal”). En 2023, subió el porcentaje de recaudación en España (al 42,8% del PIB) y se mantuvo en Europa (45,9%), lo que mantiene la “brecha fiscal”, aunque ahora es menor (-3,6% frente a la UE, -3,3% frente a Alemania , -5% frente a Italia y -9,1% frente a Francia, que recauda el 51,9% de su PIB). Eso significa que el año pasado, España recaudó -52.632 millones de euros menos que la media europea. Y -48.246 millones menos que Alemania, -73.100 menos que Italia o -133.042 millones menos que Francia.

España recauda menos y por eso podemos gastar menos y tenemos más déficit. De ahí que todos los organismos internacionales, desde la OCDE y el FMI a la Comisión Europea llevan años pidiendo a España que recaude más, por tres vías: revisando los tipos de IVA (hay demasiados productos y servicios pagando el tipo reducido del 10% y el mínimo del 4%) y reduciendo el fraude, suprimiendo deducciones y exenciones en el IRPF y Sociedades y aprobando nuevos impuestos verdes y aumentando los ambientales y especiales. Y en abril pasado, el vicepresidente de la Comisión Europea (Valdis Dombrovskis) le recordó al Gobierno que “España debe recabar apoyos para reformar la fiscalidad”, no sólo porque es una de las reformas comprometidas (para este año) a cambio de recibir los Fondos Europeos, sino porque España sólo podrá reducir su déficit y su deuda a medio plazo si aumenta su recaudación (o recorta el gasto), lo que exige aprobar una reforma fiscal.

La reforma fiscal que nos exige la Comisión ya la perfiló en marzo de 2022 un Comité de Expertos independiente, que elaboró un informe (por encargo del Gobierno) sobre los cambios que habría que hacer en todos los impuestos para aumentar la recaudación y mejorar su progresividad y eficacia, propuesta que Hacienda metió en un cajón por la invasión de Ucrania. Podría ser un buen punto de partida para elaborar esa necesaria reforma fiscal, pero hay un obstáculo que parece insalvable: la polarización política y los duros enfrentamientos entre la oposición y el Gobierno, que imposibilitan cualquier acuerdo de reforma fiscal. Para desgracia de los que sí pagamos impuestos.

Impuestos: las grandes empresas pagan poco

Este mes se acaba el plazo para presentar la declaración de la Renta, aunque a casi 10 millones de declarantes les sale a devolver, porque les retuvieron de más el año pasado. El IRPF recauda 43 de cada 100 euros y es el impuesto que más creció en los últimos 15 años, junto al IVA. Mientras, el impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda un 27% menos, aunque ganan un 50% más. Este “truco fiscal”, que paguemos más la mayoría y menos las empresas, se debe a multitud de exenciones, bonificaciones y créditos fiscales que disfrutan, sobre todo las grandes empresas con filiales en el extranjero (y en paraísos fiscales). Así, los grandes grupos pagan el 5,9% de sus beneficios, frente al 9,4% todas las empresas y el 14,1% los que declaramos Renta. Una injusticia fiscal que el Gobierno Sánchez ha intentado reducir, con medidas fiscales e impuestos sobre beneficios extraordinarios, y que ahora dependerá del futuro Gobierno. O pagan más o habrá que recortar gastos.

Enrique Ortega

España ha aumentado su recaudación fiscal en los últimos 15 años, para financiar y mejorar los servicios públicos, aprovechando el mayor crecimiento económico  y que hay más empleos y pensionistas, con más ingresos y que pagan más impuestos. Globalmente, se ha pasado de recaudar 200.676 millones en 2007 a 255.463 millones en 2022, un aumento del +27,3%, según la Agencia Tributaria. Pero el esfuerzo fiscal ha sido desigual. El Impuesto sobre la Renta (IRPF), que en su mayoría pagamos trabajadores y pensionistas,  ha pasado de recaudar 72.614 millones en 2007 a 109.485 millones en 2022, un aumento del +50,7%. Y el IVA, el impuesto que pagamos todos los días, también mayoritariamente trabajadores y pensionistas, ha saltado de ingresar 55.851 millones en 2007 a 82.595 millones en 2022, un aumento del +47,9%. Mientras, el Impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda mucho menos: de ingresar 44.823 millones en 2007 ha pasado a recaudar 32.176 millones en 2022 (-26,77%), aunque en 2019, cuando la izquierda llegó al Gobierno, aún recaudaba mucho menos (23.738 millones), la mitad que en 2007.

Como se ve, el esfuerzo fiscal de la mayoría (trabajadores y pensionistas), que no pueden “evadir impuestos” porque sus ingresos son fácilmente controlables, ha sido importante y ahora, que ingresan más, pagan un 50% más en Renta e IVA. Pero las empresas pagan una cuarta parte menos. Podría pensarse que eso se debe a que, con las crisis, ganan menos y por eso tributan menos. Pero no es así, según los datos de la Agencia Tributaria: los beneficios de las empresas españolas en 2022 han sido un 50,1% superiores a los de 2008 (ver gráfico). Incluso se han duplicado sobre 2005 (327.461 millones frente a 164.497). En resumen: las empresas ganan el doble y pagan una cuarta parte menos de impuestos.

¿Cuál es el truco? Que las empresas pagan ahora a Hacienda un menor porcentaje sobre sus beneficios. Y eso se debe a cambios en la política fiscal, a privilegios que han ido acumulando en las últimas décadas, amparados por distintos Gobiernos. En los años 90, los gobiernos de Aznar privatizaron 50 grandes empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera, Argentaria…) y les ayudaron a convertirse en importantes multinacionales, con el  apoyo posterior de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que, en 2007, les hizo una serie de “regalos fiscales”, con la excusa de fomentar la inversión y el empleo: bajada del tipo nominal de sociedades (del 35 al 30%) y la creación de un abanico de exenciones, deducciones y beneficios fiscales que rebajaban su tributación final. En 2012, al llegar Rajoy al Gobierno, se encontró con un “agujero fiscal” y llegó a decir en el Congreso: “Algunas empresas del IBEX no pagan impuestos”. Les recortó algunas deducciones y exenciones, pero también bajó (en 2016) el tipo de Sociedades del 30 al 25% actual. En unos años de subidas históricas de impuestos (y recortes), Rajoy subió la recaudación de sociedades, pero más nos subió el IRPF y el IVA. Y en 2017 y 2018, volvió a restablecer deducciones. A partir de 2020, el Gobierno Sánchez ha tratado de que las empresas paguen más impuestos, consiguiendo una subida de la recaudación en 2022.

Esta evolución de la política fiscal se puede ver en los impuestos que han pagado las empresas. Hasta los años 90, el resultado de las empresas y su base imponible (sobre la que se pagan impuestos) eran bastante equiparables. Así, en 1995, las empresas pagaban un 21,97% sobre su base imponible y un 19,10% sobre su beneficio final. Y en el año 2000, un 24,07% sobre la base imponible y un 21,42% sobre su beneficio. Pero luego, la autorización de nuevas deducciones y exenciones, rebajaron el impuesto final. Así en 2011 (tras la “ayuda de ZP), las empresas pagaron un 19,92% sobre la base imponible, pero tras las deducciones y exenciones, sólo pagaron un 9,04% sobre los beneficios. En 2014 (Rajoy lo necesitaba) pagaban algo más, un 10,02% sobre el beneficio contable, pero en 2019 (con Presupuesto PP  prorrogado)  sólo pagaron el 9,07%, casi lo mismo que en 2021. Y sólo pagaron algo más en 2022, un 20,55% sobre su base imponible (ingresos menos gastos), pero sólo un 9,40% sobre su beneficio contable. En resumen, que las empresas españolas pagaban el 21,42% de lo que  ganaban en el año 2000, el 16,7% en 2007 y ahora el 9,4%. Por eso Hacienda ahora recauda un -26,77% en Sociedades, frente a un +50,7% más con el IRPF.

Ese porcentaje que pagan sobre lo que ganan, el 9,4%, es muy inferior al tipo efectivo de todos los impuestos (15,3% en 2022) y al tipo efectivo que pagamos en Renta los que vivimos de un sueldo a de una pensión (el 14,1%). Pero además, es un tipo medio: hay empresas que pagan mucho menos, según los datos de la Agencia Tributaria. Así, los grandes grupos empresariales españoles tributaron el 5,9% de sus beneficios en 2021 (y un 5,1% en 2020), mientras las empresas no integradas en grupos pagaban un 13,4% de sus beneficios. Y todavía pagan menos las multinacionales españolas, las empresas que tienen filiales en el extranjero (muchas en paraísos fiscales): de las 126 mayores multinacionales españolas, 31 pagan menos del 5% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades (pagan el 1,75% de media). Otras 15 pagan del 5 al 10% (8,64% de tipo efectivo), 6 multinacionales pagan del 10 al 15% (11,46% de media) y 18 multinacionales pagan del 15 al 20% (16,31% de tipo efectivo), según un informe de la Agencia Tributaria. Globalmente, un tercio de las multinacionales españolas (el 37%) pagan de impuestos menos del 10% de sus beneficios.

Las grandes empresas pagan poco “legalmente”, porque se aprovechan de tres mecanismos fiscales que les han ido “regalando” en las últimas décadas. El primero, las bonificaciones, deducciones y reducciones fiscales  (por donaciones, inversiones en I+D+I, o tipos reducidos a SICAV y SOCIMIs y otros múltiples conceptos como la deducción por gastos financieros), que les rebajan la cuota a pagar, sobre todo a las grandes empresas. El segundo, los “créditos fiscales” acumulados por pérdidas anteriores. Y el tercero, por las operaciones en el extranjero. Veámoslos.

Los créditos fiscales son “una gran “hucha” que tienen las empresas (sobre todo las grandes y los bancos) para tirar de ella y ahorrarse el pago de impuestos por pérdidas anteriores: superan los 500.000 millones de euros (575.334 millones, según el Comité de expertos fiscales) y se estima que permitió a las empresas ahorrarse 25.000 millones en impuestos en 2019 (por la crisis financiera de 2008). El sistema es justificar pérdidas o comprar empresas con pérdidas para eludir el pago de impuestos, algo que resta unos 5.000 millones de recaudación anual. Un caso llamativo es la banca, que acumula un colchón, una hucha de 65.000 millones de euros en créditos fiscales, por haber comprado Cajas de Ahorros y bancos en pérdidas (con 65.725 millones de ayudas públicas que no vamos a recuperar) y por las pérdidas de la pandemia. De hecho, en 2022, Santander se ahorró 642 millones en impuestos y BBVA otros 598 millones por los créditos fiscales que acumulan. Y así cada año.

El tercer mecanismo legal para pagar menos impuestos, junto a las bonificaciones y los créditos fiscales, son las operaciones en el extranjero, básicamente dos: la deducción fiscal por pérdidas (o endeudamiento) en filiales y la exención fiscal del 100% a los dividendos y plusvalías generados en el extranjero, que busca evitar la “doble imposición”. Se entiende que estos ingresos han tributado en otros paises y no deben volver a pagar en España, pero el problema es que en muchos paises (de baja imposición o paraísos fiscales) tributan poco o nada, con lo que muchos de estos ingresos realmente no pagan. Se estima que este dinero exento supone un ajuste de hasta 150.000 millones anuales, la mitad del beneficio contable de muchas multinacionales, lo que explica por qué tributan menos del 5%.

Sea por la vía que sea, la realidad es que una buena parte del beneficio de las grandes empresas no paga impuestos. Y más en el caso de las multinacionales españolas: 24 de las 35 compañías del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales (187 el Banco de Santander, 82 ACS y 65 Ferrovial), según este informe de Intermón Oxfam). Los datos son impactantes: si en 2010, las empresas españolas ganaron 164.164 millones y sólo tributaron por 77.658 millones (el 47,3% de su beneficio), en 2021 ganaron casi el doble (304.978 millones) y sólo tributaron por 114.605 millones, por el 37,58 de su beneficio. En definitiva, que 2 de cada 3 euros de beneficio de las empresas españolas no tributa.

Esta situación escandalosa, sobre todo para los que pagamos por todo lo que ganamos, es un tema preocupante, no sólo en España sino en todos los paises occidentales, donde los Gobiernos están muy preocupados, sobre todo por las multinacionales y su “elusión fiscal”: termino “fino” para indicar que no hacen “fraude fiscal” sino “ingeniería fiscal” para pagar menos impuestos “legalmente”, utilizando los agujeros de las leyes y los paraísos fiscales. En conjunto, se estima que las multinacionales dejan de pagar 125.000 millones de dólares al año. Sólo España pierde cada año 4.000 millones de euros (el 18% de los ingresos por Sociedades) por la “elusión fiscal” de las multinacionales, según estimaciones internacionales. Para evitarlo a medio plazo, la OCDE y el G-20 acordaron en la Cumbre de Roma, en octubre de 2021, establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, un acuerdo que generará 150.000 millones de ingresos fiscales adicionales en 140 paises (en España podría suponer 2.300 millones anuales de recaudación extra). En principio, el tipo mínimo iba a entrar en vigor este año 2023, pero la OCDE ha señalado que su implantación “va con retraso” y no se implantará hasta 2024.

Europa se puso en línea y el Consejo aprobó en diciembre de 2022 una Directiva (2022/2523) para que todos los paises europeos apliquen este tipo mínimo del 15% en Sociedades. En España, el 6 de marzo de 2023, el Gobierno ha sometido a consulta pública esta Directiva, que debía trasponer y aprobar el Congreso antes de fin de año, una tarea que queda en suspenso y pendiente del futuro Parlamento. Entre tanto, las empresas y multinacionales españolas tienen ya ese tope mínimo del 15% por su actividad en España, dado que lo aprobó el Gobierno Sánchez, en el Presupuesto 2021, para aplicarlo a partir de 2022.

El Gobierno Sánchez, desde enero de 2020, ha tenido entre sus prioridades que las grandes empresas pagaran más impuestos. Por un lado, ha limitado las bonificaciones y exenciones fiscales, reduciendo del 100 al 95% la exención fiscal por dividendos y plusvalías generados en el extranjero. Y la Agencia Tributaria estrecha el cerco a los grandes grupos empresariales que compran empresas con pérdidas para rebajar la factura fiscal, publicando en mayo una nota aclaratoria que delimita el alcance de este mecanismo, que permitió a las empresas ahorrarse 4.780 millones en impuestos en 2021. Además, el Gobierno aprobó en 2022 un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, energéticas y la banca, para recaudar 7.000  millones entre 2023 y 2024. Los bancos han empezado a pagarlo en febrero (pagarán 1.500 millones anuales, el 7,4% de sus beneficios anuales), pero antes lo tienen recurrido ante los Tribunales. Y si el 23-J gana el PP, lo suprimirá.

Al final, lo que pase con la tributación de las grandes empresas y las multinacionales va a depender del futuro Gobierno. Pero el Comité de Expertos que, en marzo de 2022, presentó  su informe sobre una futura reforma fiscal, ya se mostró a favor de replantearse las bonificaciones, exenciones y deducciones del Impuesto de Sociedades, así como el cambio en la tributación de las multinacionales españolas, para que pagaran un mayor porcentaje sobre sus beneficios reales. Y lo mismo plantea el último informe de Intermón Oxfam, que pide limitar las bonificaciones y créditos fiscales, aumentar el tipo efectivo que pagan las empresas y revisar el listado español de paraísos fiscales (sólo 24 territorios: ver la lista) y también el europeo, que no considera paraísos fiscales a  Irlanda, Paises Bajos, Luxemburgo o Delaware (EEUU), los lugares donde más empresas españolas tienen filiales para “eludir” impuestos.

La mayoría de los españoles, según la última Encuesta del CIS, creen que los impuestos son injustos y no pagan más los que más tienen, sino los trabajadores y las clases medias, con el IRPF y el IVA. Ya hemos visto que los datos oficiales lo corroboran. Ahora, el debate es si el futuro Gobierno continúa aumentando los impuestos a las grandes empresas (y a los más ricos) o se los rebaja, como defiende la derecha. Entonces, en vez de avanzar en justicia fiscal, retrocederíamos. Y si encima hay que reducir más el déficit en 2024, por exigencia de Bruselas, sólo hay  2 caminos: ingresar más, consiguiendo que paguen más los que más ganan (y tienen) o recortar gastos, como hizo Rajoy y el PP de 2012 a 2016. Este es uno de los grandes temas que está en juego en las elecciones del 23 de julio. Piénselo antes de votar.

Los "misterios" de los Presupuestos 2022

Este miércoles se presentan los Presupuestos 2022, aprobados el jueves. El Gobierno  los vende como “el mayor gasto de la historia” (verdad), para consolidar la recuperación y beneficiar a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias desfavorecidas. Pero no aclara los “misterios” del Presupuesto. ¿Cómo pueden aumentar el gasto sin subir los impuestos? ¿Cómo pueden gastar más y reducir el déficit público a la mitad? El Gobierno no hace “milagros”: cuadra las cuentas públicas gracias no al dinero europeo (aporta “sólo” el 14% del gasto total) sino a la mayor recaudación fiscal, porque espera ingresar un 20% más (sobre 2020) gracias al fuerte crecimiento económico (+7% PIB). Y no dice que el 85% de esta recaudación la pagaremos los ciudadanos normales, en la Renta, al comprar (IVA) o echar carburante, pagando sólo un 15% las empresas y los más ricos. Y pueden gastar más y bajar el déficit porque ahorran 26.000 millones en intereses de la deuda, paro y ERTEs. Lea para entender las claves de estos "misteriosos" Presupuestos para 2022.

Enrique Ortega

 

Los Presupuestos de un país, España, se hacen al revés que los de una familia: no se mira lo que uno ingresa o gana para ver lo que uno puede gastar sino que se empiezan las cuentas fijando el techo de gasto que se puede hacer (el gasto no financiero a controlar, que es el gasto total menos el gasto financiero (deuda), el pago del desempleo, los gastos financiados por la UE y las transferencias a autonomías y Ayuntamientos, según la AIReF). Es una imposición de la Unión Europea, que forzó a España (y al resto de paises del sur) a aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2011, endurecida por el PP en 2012, para controlar el gasto y con ello el déficit público. Para 2022, sin estar en vigor el tope del déficit (lo ha levantado Bruselas hasta 2023, por la pandemia), el Gobierno ha presentado unos Presupuestos con un tope de gasto no financiero de 196.142 millones de euros, un gasto “histórico”, aunque sólo 45 millones más de gasto no financiero que en 2021 (196.097 millones), también “histórico”.

Una vez fijado el tope de gasto no financiero, queda resolver el problema principal: cómo conseguir los ingresos para pagarlo. Y sobre todo, cuando se quiere gastar mucho más de lo habitual, porque el techo de gasto para 2022 (recordemos: 196.142 millones) es mucho mayor que el gasto en 2020 (+68.542 millones, un 53% más) y casi el doble que en 2018 (119.834 millones), cuando los últimos Presupuestos de Montoro. Y aquí llega el primer misterio de estos Presupuestos: ¿Cómo se puede gastar un 53% más sin subir los impuestos? Porque el Gobierno dice que no va a tocar los impuestos en 2022, salvo un mínimo retoque a las grandes empresas (sube el tipo mínimo efectivo en Sociedades al 15%), para contentar a Podemos, una concesión “populista” de cara a la galería que es muy poco efectiva: sólo se aplica sobre la base imponible  (que es la cuarta parte de los beneficios, tras los ajustes fiscales) , con  lo que afectará sólo a 1.070 grandes empresas (el 12% de las grandes), que pagarán 400 millones más en 2022 (+373.000 euros de impuestos cada una…).

Así que si no suben impuestos a las grandes empresas (ni a los más ricos), ¿Cómo consiguen gastar 68.542 millones más de lo habitual en 2022? Algunos creen que es por porque va a llegar mucho dinero de Europa. Eso ayuda, pero poco: se esperan recibir 27.633 millones de euros de Fondos europeos, una cantidad vital pero que sólo supone un 14% del tope de gasto no financiero. Así que tiene que haber otra vía para “cuadrar los ingresos”. Y esa vía es la recaudación fiscal, que dará un salto en 2022, gracias al fuerte crecimiento de la economía que el Gobierno espera (+7% subida del PIB el año próximo). Y con ello, la recaudación de impuestos, sin subirlos, va a aumentar 38.301 millones en 2022 (+19,73%) sobre lo recaudado en 2020. Así que ya tenemos solución al “misterio”: se va a hacer un gasto histórico porque se espera una recaudación de impuestos histórica, no sólo por los Fondos UE.

Y ¿Quién paga esta recaudación récord? Se lo pueden imaginar… Pero los Presupuestos 2022 lo reflejan claramente: el 85% de lo que se espera recaudar procede de los ciudadanos normales, los que pagan impuestos con la Renta, al comprar (IVA) o al echar carburante o comprar alcohol y tabaco (impuestos especiales). De los 232.352 millones que espera recaudar Hacienda en 2022, 100.132 millones los ingresará con el IRPF (que en un 85% pagan los asalariados y pensionistas), 75.651 millones por el IVA (consumo, la mayoría de las familias), otros 21.843 millones de impuestos especiales (carburantes, luz, alcohol, tabaco) y el resto (10.224) son otros ingresos. Y las empresas sólo aportarán 24.477 millones en el impuesto de sociedades (la cuarta parte que IRPF), la mitad de lo que pagaban en 2007 (44.823 millones), gracias al múltiple abanico de exenciones y desgravaciones fiscales que permitió a las empresas pagar un 8,3% sobre sus beneficios en 2020, menos que las pymes y los particulares. Y mientras, los ingresos por IRPF , que pagamos el resto, crecieron de 81.879 millones (2007) a 100.132 (2022).

Aclarado cómo y quién paga el gasto histórico del Presupuesto, queda desvelar otro “misterio”: ¿Cómo se puede gastar más en 2022 y a la vez rebajar a la mitad el déficit público? (del -11% del PIB en 2021 al -5% prometido a Bruselas en 2022). Aquí tampoco hay “milagros” para cuadrar las cuentas. Por un lado, se rebaja el déficit porque se recauda más aunque se gaste más. Y por otro, hay “un truco”: se ahorran el año que viene 26.000 millones de gasto que no se va a hacer y que puede ir a otras partidas, sobre todo a pagar las pensiones y mejorar el gasto social. Las 3 partidas de ahorro son los intereses de la deuda pública (-1.490 millones en 2022, porque baja la deuda, del 120% del PIB en 2020 al 115,1 por 100, y además pagamos intereses más bajos, gracias a las compras del BCE), el gasto en desempleo (-2.555 millones, porque se espera bajar el paro del 15,2 al 14,1%) y sobre todo el gasto en ERTEs (-22.000 millones si dejan de necesitarse en abril).

Así que, entre el aumento esperado de recaudación fiscal (+17.357 millones), los Fondos europeos (27.633 millones) y los ahorros en tres partidas (-26.000 millones), son casi 71.000 millones más, para gastar (solo +45 millones, una mínima parte) y sobre todo para rebajar drásticamente el déficit (71.000 millones) y dar una señal a Bruselas de que “somos serios y cumplidores”, que no nos tendrán que aplicar la disciplina fiscal (“recortes”) en el futuro (2023), porque prometemos bajar el déficit, al 5% del PIB ahora (2022), al 4% en 2023 y al 3,4% en 2024. Así se entiende otro “misterio” de estos Presupuestos: suponen un gasto histórico (aunque similar al de 2021), pero podría haberse optado por gastar más. Y no se ha hecho para mandar un mensaje (Calviño) de estabilidad presupuestaria a Bruselas y evitar futuros “recortes” y “problemas con los mercados”.

Visto el marco general de los Presupuestos 2022, veamos las decisiones políticas de gasto, que alcanza el año que viene un total de 458.956 millones de euros, sumando al techo de gasto no financiero (los 196.242 millones "controlados"), los gastos financieros (intereses deuda), el desempleo, el gasto financiado por la UE y las transferencias que se hacen a autonomías y Ayuntamientos. Casi medio billón de gastos públicos para 2022 que pretenden afianzar la recuperación y el crecimiento, por dos vías: aumento de las inversiones públicas y fomento del consumo, con múltiples transferencias a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias, a lo que el Gobierno llama “la clase media y trabajadora”. 

El motor clave de la recuperación van a ser las inversiones públicas, que saltan a 40.238 millones de euros, otro “máximo histórico” gracias a los Fondos europeos: eran 39.340 millones en 2021 (por la pandemia), pero rondaban los 15.000 millones entre 2015 y 2020 y fueron sólo 12.801 millones de inversión pública en 2012 (primer Presupuesto de Rajoy). La mayoría de estas inversiones van a la industria y la movilidad (19,8%), la tecnología (19,6%), las infraestructuras (9%), el comercio, turismo y pymes (7,1%), la educación (5,8%), más todas las inversiones horizontales para digitalizar la economía y luchar contra el Cambio Climático.

Todas estas inversiones públicas buscan ser una locomotora de inversiones privadas, para modernizar la economía y aprovechar el gasto y los Fondos europeos para conseguir una economía para competitiva, entre 2021 y 2023. El otro gran frente del gasto son los gastos sociales, también “históricos”, porque suponen ya 248.391 millones, el 59% del gasto presupuestario. Tienen un doble objetivo: atender necesidades sociales e inyectar dinero a la economía para que las familias gasten y consuman más, para que la economía crezca más.

El principal gasto social de los Presupuestos 2022 son las pensiones, que se llevarán 171.165 millones (+4,8%), casi un 40% de todo el gasto. El año que viene entra en vigor la reforma de las pensiones (aprobada con el voto en contra de PP y Vox), que contempla subirlas cada año lo que suba el IPC del año anterior: para 2022, la inflación media (de noviembre 2020 a noviembre 2021) se espera suba un +2,3%, que será lo que se revalorizarán las pensiones el año que viene (+3% las mínimas). La 2ª mayor partida de gasto irá a pagar los intereses de la deuda pública (30.223 millones, -4.7%) y la 3º el pago del desempleo (22.457 millones,-10,2%), seguido del pago a los 2,8 millones de funcionarios (19.229 millones de gasto en 2022,+3,8%), que tendrán una subida del +2%, aumentando además las plantillas (el 110% de las jubilaciones), tras unas ofertas de empleo público muy importantes en los últimos años (+109.718 empleos públicos entre 2018 y 2021), para paliar los recortes hechos a partir de 2012 por los gobiernos de Rajoy. Y el 5º gasto prioritario será Ciencia (I+D+i) y digitalización: 13.298 millones, más del doble (+88,5%) que en 2020.

A partir de ahí, otras partidas de gasto del Presupuesto 2022 son menores, aunque algunas crecen mucho más que la media (+3,6%) para 2022: Seguridad Ciudadana y Prisiones (10.149 millones, +4,3%), Defensa (9.791 millones,+7,9%), Fomento del empleo (7.648, +10,1%), Servicios sociales (6.154 millones, +20,3%, con un salto del +23% en las ayudas a la Dependencia, un aumento del +43%  en el bono social térmico y 40 millones más contra la pobreza infantil), Sanidad y vacunas (6.606 millones, +10,2%), Educación (5.023 millones, +10,6%), Acceso a la vivienda (3.295 millones, +33,9%), Política Exterior y Cooperación (2.254 millones, +25,6%) y Cultura (1.589 millones, +30,2%), según los documentos presentados.

Otra novedad importante de los Presupuestos 2022 es que se aumentan mucho las transferencias a autonomías y ayuntamientos, responsables de muchos gastos básicos. Así, mientras conocemos el desglose de 2022, se anuncia que las autonomías va a recibir r en los 4 años de Gobierno Sánchez (2019-2022) un total de 490.161 millones de los Presupuestos, 130.000 millones más de los que recibieron en los últimos 4 años de Rajoy (360.950 millones en 2014-2017). Y los Ayuntamientos recibirán 23.350 millones del Estado en 2022 (+17%). Además, el 39% de los Fondos Europeos esperados (27.633 millones) irán a las autonomías (8.712 millones) y Ayuntamientos (2.050 millones), según Hacienda.

Una novedad de los Presupuestos 2020 son los gastos destinados a los jóvenes: 12.550 millones de euros, más del doble que en 2021 (+84,8%), partidas incluidas en 13 Ministerios. Destacan el gasto en digitalización (3.139 millones), becas (2.199 millones para 808.517 beneficiarios), fomento del empleo (2.144), Formación Profesional (2.075), Ciencia e innovación (1.684) y dos nuevos cheques para jóvenes: un cheque cultural (210 millones para gastar en cultura, del que se beneficiarán 475.000 jóvenes) y un cheque vivienda (250 millones para pagar 250 euros al mes a jóvenes con trabajo que ganen menos de 23.725 euros, lo que beneficiará a unos 40.000 jóvenes).

Ya sabemos cómo quieren gastarse en 2022 el dinero público que sale mayoritariamente de nuestros bolsillos. Suena bien, pero para que el Presupuesto 2022 salga hace falta que España crezca mucho, tanto el año que viene (un +7% el PIB) como este año 2021: hace falta que la recuperación se consolide en el tercer y 4º trimestre, ya que el Gobierno apuesta por crecer un +6,5% en 2021 y, de momento, sólo hemos crecido un 0% en el primer trimestre y un +1,1% en el 2º trimestre, según el INE. Si la economía no se recupera con más fuerza este otoño –invierno, será difícil crecer un +7% en 2022. De hecho, la OCDE apuesta porque crezcamos en 2022 un +6,3%, lo mismo que prevé la Comisión Europea . El problema de crecer menos es que Hacienda recaudará menos y sólo tendrá dos caminos: o gastar menos de lo presupuestado o tener más déficit, algo que sería mal visto en Bruselas.

Las cuentas públicas son una estrategia que apuesta a una carta: crecer mucho más este año y el que viene (más que Europa, que espera crecer el 4,5% en 2022), para poder recaudar lo suficiente como para gastar lo previsto y así conseguir crecer y modernizar de paso la economía española. Por eso nos jugamos mucho con estos Presupuestos. Primero, crear más empleo: la previsión es crear 531.000 nuevos empleos en 2022 y superar los 20 millones de españoles trabajando (y consumiendo y pagando impuestos y pensiones). Y segundo, modernizar la economía española, invirtiendo en industria, digitalización, medio ambiente y servicios públicos, aprovechando los Fondos europeos y la mayor recaudación, para ser más eficientes y competitivos en el futuro, con objeto de ser menos vulnerables en la próxima crisis. Todo ello, crecer y modernizarse, exige gastar bien y cumplir con agilidad y eficacia el Plan de recuperación. Un reto que exige colaboración social (empresas, sindicatos y ciudadanos) y política (Estado, autonomías, Ayuntamientos). Hay que cambiar el país en esta década.

Si los Presupuestos 2022 están “en el alero”, pendientes de que España crezca lo esperado por el Gobierno (y que casi nadie comparte), están aún más en el aire porque ahora tienen que ser aprobados en el Congreso, donde el PSOE y Podemos sólo tienen 155 votos y necesitan 21 votos más para ganar la enmienda a la totalidad que seguro presentarán PP, Vox y Ciudadanos (149 votos). Eso les exige pactar los Presupuestos al menos con ERC (13 escaños) y PNV (8), además de intentar el apoyo de otros pequeños grupos, como consiguieron con los Presupuestos 2021 (apoyados por 188 votos de 11 partidos). Ahora, el Gobierno lo tiene más difícil (quizás no cuente con PDeCAT), la negociación será dura y compleja, con todos los partidos buscando contrapartidas. Y todos sabiendo que, si tensan demasiado la cuerda y no se aprueban estos Presupuestos, caería el Gobierno y habría elecciones. Un riesgo que pondría en peligro la recuperación.

Más impuestos: toca pagar la pandemia

En junio toca presentar la declaración de la renta, mientras los impuestos son protagonistas de la política internacional: los paises del G-7 han subido al 15% el impuesto mínimo que paguen empresas y multinacionales, que ahora se escaquean en paraísos fiscales. Tras décadas de carreras para bajar impuestos, los paises se unen ahora para subirlos y pagar la factura de la pandemia. Y en julio, la Comisión Europea aprobará nuevos impuestos verdes, sobre los carburantes y vuelos. Entre tanto, Europa exige a España una profunda reforma fiscal, que se pondrá en marcha en 2023, cuando se afiance la recuperación. Subirán impuestos y no por ideología, sino porque no salen las cuentas: España ingresa 92.000 millones menos cada año que la media europea. Y así no se pueden financiar los servicios públicos y la modernización del país. Recaudamos poco porque muchos pagan menos de lo que deben: grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Ellos tendrán que pagar más, no la mayoría de españoles, que saldremos ganando.

Para situarnos, empecemos por un poco de historia económica. En el siglo XX, el crecimiento y la mejora del Estado del Bienestar tras la 2ª Guerra Mundial fueron posibles gracias a los altos impuestos que pagaban las empresas y los más ricos, en Europa y EEUU (las empresas pagaban un 91% de impuesto de sociedades entre 1951 y 1961, con Eisenhower). En los años 80 triunfaron las posturas económicas neoliberales, que arrastraron a Thatcher y Reagan a un recorte del Estado y los impuestos (28% tipo sociedades en USA), con una carrera entre paises para bajar los tipos y atraer empresas e inversiones. Esta política fiscal multiplicó los déficits públicos y redujo el Estado del Bienestar en todo el mundo, provocando recortes y una tremenda desigualdad tras la crisis de 2008. Una política fiscal conservadora cuyo último aleteo lo dio Donald Trump, con su reforma fiscal de 2017, que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y, sobre todo, a las rentas más altas.

Han sido cuatro décadas donde la idea dominante ha sido bajar impuestos para relanzar la economía y fomentar la iniciativa privada frente al Estado. Pero llegó la pandemia y la crisis, la mayor del último siglo, ha obligado a multiplicar las ayudas públicas a ciudadanos y empresas, potenciando la sanidad y los servicios públicos. Sólo en Estados Unidos se han aprobado estímulos (ayudas a particulares y empresas) por valor de 4,8 billones de dólares en el último año (entre marzo de 2020 y marzo de 2021). Y en Europa, los estímulos concedidos ya (entre ayudas y créditos) superan los 1,5 billones de euros, especialmente en Alemania (750.000), Francia (400.000), Italia (150.000) y España (110.000). Y ahora empezarán a repartir los 750.000 millones de los Fondos Europeos “Next Generation”.

La pandemia ha provocado un cambio histórico: ahora todo el mundo mira a “papá Estado”, pidiendo ayudas y soluciones para salir de la emergencia sanitaria y económica. Y eso ha multiplicado el gasto público, disparando los déficits y la deuda de los paises. Y con ello, se ha empezado a pensar en “cómo pagar la factura de la pandemia”. Y, curiosamente, las mismas instituciones internacionales que defendían la bajada de impuestos y el recorte del Estado son las que hablan ahora de “subir impuestos”. Empezó en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI): propuso “subir (temporalmente) impuestos a las rentas altas y a las multinacionales para pagar la factura de la crisis”. Y en mayo, la OCDE se sumó a esta propuesta, pidiendo además a los paises subir el impuesto a las herencias y donaciones, dos impuestos que PP y Ciudadanos llevan años queriendo rebajar en España.

Pero la gran novedad llega con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, al proponer al resto de países, el 21 de mayo, una tasa mínima mundial del 15% en el impuesto de sociedades, propuesta que enseguida fue apoyada por Europa y los paises del G-7, que han aprobado la medida en la Cumbre del 11 de junio en Cornualles (Reino Unido). No es que Biden sea “un rojo peligroso” sino que trata de hacer de la necesidad virtud: necesita recaudar muchos billones de dólares para financiar sus estímulos y el Plan de reactivación de la economía (2,3 billones) y no puede arriesgarse a que si sube los impuestos, las multinacionales busquen pagar menos en otro país. Así que es mejor pactar con el resto del mundo un tipo mínimo realista del 15% (que se pague de verdad) para que todos ganen, recaudando más.

El tipo mínimo del 15% (que algunos paises, como Francia, quieren subir al 21%) es una revolución fiscal,  tras cuatro décadas de carrera por bajar el impuesto de Sociedades: la media mundial está en el 24% nominal, aunque con las exenciones, desgravaciones, “trucos legales” y paraísos fiscales, las multinacionales pagan un tipo real del 4% y menos. Ahora, cara a la próxima Cumbre del G-20, el 9 de julio en Venecia, los paises y la OCDE tienen que perfilar la propuesta. Y después, negociarla con 135 paises, para que tenga un alcance mundial y las multinacionales no encuentren vías de escape. Hay 2 temas claves. Uno, cómo se va a fijar ese 15%, sobre qué beneficios y cómo se miden. Y el otro, como conseguir que las multinacionales paguen parte de ese impuesto en los paises donde operan pero no tienen la sede. Cómo conseguir que Google o Amazon paguen en España una parte de ese impuesto de sociedades cuando ahora desvían su facturación a otros paises.

No va a ser un acuerdo fácil, tardará aún meses y habrá que ver la letra pequeña, los resquicios que puedan aprovechar los poderosos bufetes fiscales que asesoran a las multinacionales. Pero, por primera vez en 40 años, hay una amplia mayoría de paises que están de acuerdo en forzar a las grandes empresas y multinacionales a pagar más impuestos. Y eso, porque todos necesitan recaudar más y el impuesto de Sociedades es una gran fuente de fraude y “elusión fiscal” (no pagar impuestos “legalmente”). Según la OCDE, la “elusión fiscal” de las multinacionales resta a las arcas públicas de los paises 200.000 millones de euros cada año. Y el European Tax Observatory calcula que Europa recaudaría 48.000  millones de euros más al año con este tipo mínimo del 15%, 1.000 millones más España (y 175.000 millones más, 12.400 España, si el tipo mínimo subiera al 25%).

Mientras avanza esta batalla para las multinacionales paguen el 15% de sus beneficios, Europa prepara otra revolución fiscal, la de “los impuestos verdes”, para pagar el ambicioso Plan contra el cambio climático: recortar las emisiones UE un 55% para 2030. La Comisión Europea prevé aprobar el 14 de julio el paquete “Fit for 55”, una serie de subidas fiscales para financiar la ambiciosa reforma energética europea. Los principales cambios, que nos van a afectar a todos en los próximos años, serán subidas en los impuestos a los carburantes y la calefacción, así como la implantación de usa tasa sobre los vuelos europeos, que hasta ahora no pagan por el CO2 que emiten (como las industrias y las eléctricas). Y además, subirán las tasas al transporte (“euro viñeta”), buscando reducir las emisiones de camiones, furgonetas y turismos. Y podría subir también el impuesto de matriculación.

Mientras Europa aprueba unos mayores “impuestos verdes”, la Comisión Europea ya ha advertido a España que tiene que hacer una reforma fiscal en profundidad, como una de las tres reformas básicas (junto a la laboral y de pensiones) que nos exigen para recibir los 140.000 millones de Fondos europeos (72.000 a fondo perdido). Y además de la exigencia, nos han adelantado sus 5 prioridades fiscales: subir los impuestos verdes, reformar el impuesto de sociedades, poner orden en el IVA (exceso de productos y servicios con tipos reducidos y superreducidos), armonizar el impuesto de patrimonio y sucesiones y corregir el impuesto sobre la renta (quitando reducciones y aumentando su progresividad).

España tiene que hacer una reforma fiscal  y no solo porque nos lo exige Europa, aunque la derecha (PP y Ciudadanos) siga con la bandera de “bajar impuestos”. Hay que poner orden en los impuestos, subiendo algunos, no por ideología sino por realismo, por un hecho incontestable: España recauda mucho menos que el resto de Europa. Y no ahora, sino en las últimas dos décadas (incluso antes). Veamos el dato. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

¿Por qué España recauda menos que el resto de Europa? Porque ingresamos menos en todos los impuestos, como demuestran muchos estudios. En el impuesto de la Renta, somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. En IVA, recaudamos 23.400 millones que la media UE, según la Comisión. En Sociedades, recaudamos el 2,3% del PIB, frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 4.912 millones de beneficios fiscales en 2020 (según Hacienda). En los impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes, ingresamos el 2,5% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. En impuestos verdes, recaudamos 3.500 millones menos que la media europea. Y con las herencias, otros 3.250 millones menos.

España recauda menos porque tiene demasiadas deducciones y exenciones fiscales, demasiados productos y servicios con IVA reducido y superreducido y porque las multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos pagan menos de lo que debían. Así, las 10 grandes tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron sólo 29,52 millones de euros en 2018. Significa que estas multinacionales pagan un 2,23% de impuestos sobre su teórica facturación en España.  Las grandes empresas pagan un 8,3% sobre sus beneficios y en el caso de grandes grupos y bancos, un 4% (frente al 25% de impuestos que pagan las pymes). Los inversores pagan, por intereses y dividendos, de un 19 al 23%, menos que el tipo medio del IRPF. Y las grandes fortunas declaran a través de sociedades y SICAV (tributan el 1% de sus beneficios anuales). Además, España tiene todavía mucho fraude fiscal, por el enorme peso de la economía sumergida (17,2% del PIB, según el FMI) y a la falta de inspectores (hay 4 veces más en Francia o Alemania).

Ahora, el Gobierno Sánchez ha prometido a la Comisión Europea que aprobará una reforma fiscal en 2022, para aplicar los cambios impositivos en 2023, no antes, para no poner en peligro la esperada recuperación. Y los cambios se basarán en el informe que entregue al Gobierno, en febrero de 2022, un Comité de Expertos que ya trabaja en la reforma. El único cambio que podría aprobarse este año, para aplicarse con el Presupuesto 2022, sería el tipo mínimo del 15% en sociedades, si se aprueba en el mundo este año. Un cambio muy importante, porque con el impuesto actual se recaudó 15.858 millones en 2020, menos de la mitad que en 2007 (44.823 millones), aunque las empresas ganan ahora más que antes de la anterior crisis. Si el tipo medio que pagan las multinacionales (2,23%) y grandes empresas (8% y en algunos casos el 4%) sube al 15%, el aumento de recaudación podría ser superior a los 2.000 millones de euros en 2022, una cifra muy importante.

El resto de cambios fiscales quedarían para entrar en vigor en 2023, algo difícil (Sánchez tiene una débil minoría para aprobar estos cambios en el Congreso) al ser un “año electoral”. Se auguran 6 grandes cambios fiscales, además del de Sociedades. En el IVA, reduciendo los productos y servicios con el tipo reducido (10%) y superreducido. En los impuestos especiales (quizás ya para 2022, si Bruselas aprueba nuevos impuestos), subiendo los impuestos del gasóleo, para homologarlo al de la gasolina (ahora paga 59 céntimos por litro frente a 70). En los impuestos verdes, porque España es el 3º que menos recauda sobre el PIB, incluyendo el impuesto sobre matriculación (España es el país UE que menos ingresa por el coche: 1.068 euros por vehículo frente a 1.911 en Francia o 1.963 en Alemania). En el Impuesto sobre la Renta, revisando deducciones y subiendo tipos a los que ganan más de 150.000 euros. En el impuesto de patrimonio, homogeneizando tipos (no se paga nada en Madrid, poco en Rioja o País Vasco y mucho en Extremadura, Aragón Y Cataluña). Y en el Impuesto de Sucesiones (herencias y donaciones), donde hay una pelea entre autonomías a ver quien baja más los tipos (hay “dumping fiscal”, como en Patrimonio).

Al final, España arrastra desde hace décadas un “agujero fiscal”, por recaudar menos que Europa, que hay que tapar cuando antes, para financiar los enormes gastos de la pandemia (que nos dejan un elevado déficit público y una histórica deuda), el reto del cambio climático y la modernización y digitalización de la economía. Para poder gastar más (“nos hace falta de todo”), España tiene que recaudar más. Y eso obliga a aprobar cambios fiscales para que paguen más los que ahora pagan menos de lo que deben: multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos. El resto, la mayoría de españoles que vivimos de una nómina o una pensión, también pagaremos algo más (IVA, carburantes, energía, coche…), pero no mucho. Los paganos de las futuras subidas de impuestos será esa minoría que ahora paga poco. Y serán los que emprendan “la cruzada” contra la subida de impuestos. Que no nos arrastren. La mayoría tenemos más que ganar.