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lunes, 17 de marzo de 2025

Inversiones extranjeras: España, de moda

La llegada de inversiones extranjeras ha sido clave para impulsar el fuerte crecimiento de España los últimos años: los extranjeros han inyectado 71.300 millones en 2023 y 2024, más del doble que en Francia, un 50% más que en Italia y casi lo mismo que en Alemania (economía tres veces mayor). Este dinero extranjero es clave para modernizar el país y mantener 1,88 millones de empleos. Y sigue llegando, de EEUU, Reino Unido y el resto de Europa porque los inversores valoran que España crezca más que otros, los Fondos europeos, su posición geográfica, las buenas infraestructuras digitales y físicas y la mano de obra, formada y más barata. Incluso España ha aprobado un Fondo público (FOCO) para co-invertir con inversores extranjeros en sectores estratégicos. Pero ahora preocupa que el proteccionismo de Trump y la marcha atrás en la globalización reduzca las inversiones extranjeras en España, mientras apenas remonta la inversión española. Por eso es clave seguir vendiendo “la marca España”, como eslabón clave de “la marca Europa”.  


Las inversiones extranjeras han sido claves en el “milagro económico” español de los últimos años, cuando crecemos más que la de la mayoría de paises, porque han aportado recursos para modernizar el país, mejorado nuestra tecnología y competitividad y creado empleo estable. España se ha convertido tras la pandemia en un destino atractivo para los inversores extranjeros, que han apostado por participar en grandes y medianas empresas, instalar nuevos proyectos y financiar muchos sectores, desde los hoteles e inmobiliarias a las renovables, la sanidad o las residencias de ancianos. Sólo en 2023 y hasta septiembre de 2024, según Funcas, las inversiones extranjeras directas en España han sido de 71.300 millones de euros, más del doble de las recibidas por Francia, un 50% más de las que han dio a Italia y casi las mismas que Alemania (una economía tres veces mayor).

Ya en 2023, las inversiones extranjeras directas en España superaron los 30.000 millones de euros (30.362 millones), por 2º año consecutivo (32.207 millones recibidos en 2022), muy por encima de las inversiones recibidas antes de la pandemia (24.197 millones en 2019) e incluso en los años del boom económico anterior a la crisis financiera (29.718 millones recibidos en 2018), según la serie histórica publicada por Comercio. Ese año 2023, el último con datos completos, la mayor inversión extranjera vino de EEUU (7.588 millones de euros), seguida de Reino Unido (3.822 millones), Alemania (3.448), Francia (2.707), Suecia (1.454), Australia (1.228), Canadá (1.199) y México (1.058 millones). La mayor parte de esta inversión extranjera directa se dirigió a Madrid (55,5%), Cataluña (15,64%), Comunidad Valenciana (11%) y País Vasco (5,13%). Y a la industria manufacturera (4.543 millones), el comercio (4.107), la industria extractiva (3.549), energía (2.789), información y comunicaciones (2.717) e inmobiliarias (2.024 millones de inversión extranjera directa).

En 2024, la inversión extranjera directa siguió llegando y los datos disponibles (enero-septiembre) reflejan una entrada de 23.607 millones de euros (+11,8% que en 2023), lo que permite esperar que vuelvan a superarse los 30.000 millones de inversiones extranjeras en 2024 (31.500). El año pasado cambió algo el panorama, porque las inversiones de Reino Unido (5.596 millones hasta septiembre) superaron a las de EEUU (sólo 2.864 millones), mientras Francia (1.601 millones) superaba a Noruega (1.588), Alemania (1.436), Paises Bajos (1.209) e Italia (774 millones). Y en 2024, Madrid se llevó el 71,7% de las inversiones extranjeras, yendo el 14,62% a Cataluña. Además, se centraron más en la energía (3.665 millones) que en la industria (2.769 millones), aumentando en la información y comunicaciones (2.513 millones) y actividades profesionales y técnicas (1.508 millones).

Si vamos a la inversión extranjera directa acumulada, España ha recibido ya 603.100 millones de euros, desde 1993 hasta 2024. Históricamente, el país que más ha invertido en España estas tres décadas ha sido Estados Unidos (106.950 millones de euros, el 18% del total), seguido de Francia (64.331), Reino Unido (57.652), Alemania (55.435) e Italia (52,665 millones), completando la lista México (28.369 millones), Paises Bajos (16.548), Suiza (15.396), Portugal (13.522), Japón (12.511) y China (11.347 millones). Dos tercios de estas inversiones históricas se han dirigido a Madrid (68,8%), seguida de Cataluña (13,7%), Asturias (3,20%) y País Vasco (3.14%), concentrándose en la industria (24,4% del total), energía, electricidad y gas (15,3%), comercio e inmobiliarias (10% cada sector).

Con esta llegada de inversiones extranjeras, España se coloca como el 11º país del mundo y el 3º de Europa (tras Alemania y Francia) en la recepción de inversión extranjera directa desde 1990, según un informe de Funcas con datos de la UNTAD. Pero además, el peso del capital extranjero acumulado en la economía española (56,7% del PIB entre 2014 y 2023) es incluso mayor del que tiene en Francia (32,3% del PIB), Alemania (27,3% del PIB) o Italia (22,6%). Y en los dos últimos años, la llegada de inversiones extranjeras a España (71.300 millones ) ha sido muy superior a las inversiones recibidas por Francia (la mitad) o Italia (la cuarta parte), igualando a las recibidas por Alemania, un país con el triple de PIB que España. Además, estas inversiones extranjeras mantienen en España 1.880.000 empleos (2023), un 9,1% de la población ocupada total y 707.000 empleos más de los que mantenían estas inversiones extranjeras en 2014.

Las inversiones extranjeras llevan tres décadas llegando a España de forma continuada, pero el mayor salto se ha dado tras la pandemia, a partir de 2021, gracias a varios factores. Por un lado, España es un gran mercado (49 millones) y la economía europea que más crece, además de forma estable (con superávit exterior, poco déficit y una deuda pública con una baja prima de riesgo (+0,64% frente a Alemania), inferior a la de Francia (0,70%), Italia  (+1,08%) o Reino Unido (+1,85%). Por otro, es el primer país receptor de los Fondos europeos de recuperación, que están aumentando las inversiones en sectores estratégicos y promoviendo la digitalización y descarbonización de la economía (2º país europeo líder en renovables). Además, España tiene una potente infraestructura de comunicaciones (cables submarinos) y digital (la fibra óptica española supera a la de Francia, Alemania, Italia y reino Unido juntas), con modernas infraestructuras de carreteras, aeropuertos y puertos, junto a una envidiable posición geográfica entre América, Europa, África y Asia. Y encima, tiene una mano de obra formada y con bajos salarios. Y un Gobierno que apuesta por la inversión extranjera.

Algunos inversores se preocuparon cuando el Gobierno Sánchez aprobó, en plena pandemia (17 de marzo 2020) un Real Decreto de medidas urgentes que, en su Disposición final 4ª, “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros (extracomunitarios) del 10% o más del capital de empresas de sectores estratégicos”: sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, Defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad o nanotecnología. El temor era que el desplome de las Bolsas (por la pandemia) abaratara tanto el valor de las empresas españolas que las hiciera muy vulnerables a OPAS hostiles de inversores no europeos. Lo que hizo el Gobierno Sánchez fue simplemente trasponer una Comunicación similar “de protección· hecha por la Comisión Europea el 13 de marzo.

Este “blindaje anti-OPAS” (ampliado 2 años más en enero, hasta finales de 2026) ha evitado “sustos de compras hostiles durante estos años, obligando a autorizaciones de operaciones como la entrada del fondo soberano saudí STC (que ha comprado el 9,97% de Telefónica). Pero no ha evitado la llegada de inversiones extranjeras a España, que han crecido después, en 2021,2022, 2023 y 2024. De hecho, el Gobierno Sánchez ha multiplicado los contactos con inversores y multinacionales extranjeras para que se instalen en España, en sectores claves para el futuro, como las baterías, los chips, las renovables, empresas digitales, Centros de Datos o inteligencia artificial, con Planes concretos de ayudas e inversiones dentro del Plan de recuperación y los Fondos UE.

Además, en abril de 2024, el  Consejo de Ministros aprobó un Fondo público de co-inversión, FOCO, para impulsar la atracción de inversiones extranjeras en empresas españolas. Este Fondo público está dotado de 2.000 millones de euros hasta 2026, financiados por los Fondos UE del Plan de Recuperación y gestionados por COFIDES, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía. La idea es que este Fondo aporte la mitad  del capital en nuevos proyectos de inversores extranjeros en  España (incluyendo posibles socios españoles) siempre que ellos pongan la otra mitad de la financiación y sean proyectos vinculados a la transición energética, transformación digital, movilidad sostenible, biotecnología o agricultura sostenible. Es una forma de atraer a nuevos inversores extranjeros (startups), aportando la mitad de la financiación inicial.

En paralelo a este boom de las inversiones extranjeras directas, en empresas españolas o en multinacionales con sede en España, se ha producido también un aluvión de inversiones de Fondos e inversores extranjeros en múltiples empresas y bancos. De hecho, el 49% de la Bolsa española estaba controlada por inversores internacionales en 2023, según el último balance de BME, con más de 90.000 millones invertidos.

El mayor inversor extranjero en España es el Fondo norteamericano Black Rock, el mayor fondo del mundo, cuyas inversiones en España alcanzan los 33.000 millones de euros, con participaciones de algo más del 5% en BBVA y Santander (donde es el primer accionista), CaixaBank, Iberdrola, Repsol, Enagás, ACS, Redeia o Telefónica, siendo accionista también del Sabadell, Acciona o Aena. Le siguen el Fondo de inversión Vanguard Group (USA), que tiene invertidos otros 23.000 millones de euros en 35 importantes empresas españolas, Capital Group (otro Fondo USA), con 22.000 millones invertidos en las principales empresas y bancos, el fondo soberano noruego Norges, con 12.500 millones y presente en el capital de 55 empresas españolas, y Fidelity (Fondo USA), con 10.000 invertidos en las principales empresas del IBEX.

Además, los Fondos e inversores extranjeros han aumentado su presencia en el sector inmobiliario español, entrando en inmobiliarias y Fondos de inversión inmobiliaria (SOCIMI), desde la compra de edificios y oficinas a hoteles, Centros comerciales o polígonos industriales y locales. De hecho, la inversión inmobiliaria en España batió todos los récords en 2024 (14.000 millones de euros, +20% que en 2023, según CBRE) y el 45% de esas inversiones procedieron de capital extranjero (13% USA,6% británico, 3,5% latinoamericano). Su mayor interés se centra en la compra de viviendas y edificios (30%), hoteles (23%), locales y Centros Comerciales (20,7%) , oficinas (  11,4%) e inmuebles industriales y logísticos (10%). Y parece  que esta “fiebre inmobiliaria” extranjera por España va a seguir, porque los expertos creen que es el 4º país con más potencial de beneficios, tras Reino Unido, Alemania y Polonia.

Los Fondos e inversores extranjeros no sólo tienen mucho interés en invertir en empresas, bancos, inmuebles y hoteles en España, sino que han diversificados sus inversiones (muy especulativas la mayoría) en nuevos sectores: sanidad y hospitales, enseñanza (colegios privados, Universidades y centros privados de Formación Profesional), residencias de ancianos  y residencias de estudiantes y hasta en empresas funerarias españolas

Lo importante es que se mantengan las inversiones extranjeras directas, porque son las más estables (en empresas españolas o en filiales de multinacionales, como las del automóvil, farmacéuticas, químicas, energéticas o tecnológicas) y menos especulativas, las que crean más y mejores empleos. El riesgo ahora es que las políticas disruptivas de Trump retraigan la inversión USA en España (y en Europa) y, como consecuencia del auge del proteccionismo, se dé marcha atrás en la globalización, frenando la internacionalización de las inversiones. De momento, los inversores extranjeros siguen confiando en España y cara a 2025, apuestan por seguir invirtiendo. Así, el 89% de las empresas de capital extranjero esperan aumentar o mantener sus inversiones este año, según el Barómetro del Clima de Negocio en España, elaborado por el ICEX y el IESE, con las opiniones de 700 empresas con capital extranjero instaladas en España. Un 36% esperan aumentar sus inversiones, un 33% prevén aumentar sus exportaciones y un 41% contemplan aumentar plantillas.

En cualquier caso, resulta clave que las inversiones extranjeras sigan llegando con fuerza, sobre todo si las inversiones de españoles siguen débiles, como reflejan los datos: la inversión privada nacional sigue un 5% por debajo de 2019 y no se recuperará de la pandemia hasta 2027, según el Banco de España. Para conseguir mantener el flujo de inversiones extranjeras, hay que implicar a estos inversores foráneos en las cuantiosas inversiones previstas en el Plan de Recuperación, que hay que comprometer antes de agosto de 2026. Y en paralelo, hay que atender algunas quejas de los inversores extranjeros en España, que piden menos burocracia, menos retrasos en los juzgados mercantiles, una menor disparidad en las normativas autonómicas, un menor coste de la energía y una mayor apuesta por la tecnología y la formación del capital humano.

Pero además, Europa se tiene que “poner las pilas”  y poner en marcha un Plan de industrialización y modernización que atraiga la inversión europea (cada año, 300.000 millones del ahorro de los europeos se “escapan” a invertir en EEUU) y la inversión extranjera, que ahora se dirige más a América y Asia. Urge que Europa sea “un continente atractivo” para los inversores foráneos, lo que exige poner en marcha proyectos punteros y competitivos. Y eso nos ayudaría mucho, porque España podría ser uno de los grandes puntos de “desembarco” de las inversiones mundiales en Europa. Las necesitamos.

jueves, 1 de junio de 2023

Impuestos: las grandes empresas pagan poco

Este mes se acaba el plazo para presentar la declaración de la Renta, aunque a casi 10 millones de declarantes les sale a devolver, porque les retuvieron de más el año pasado. El IRPF recauda 43 de cada 100 euros y es el impuesto que más creció en los últimos 15 años, junto al IVA. Mientras, el impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda un 27% menos, aunque ganan un 50% más. Este “truco fiscal”, que paguemos más la mayoría y menos las empresas, se debe a multitud de exenciones, bonificaciones y créditos fiscales que disfrutan, sobre todo las grandes empresas con filiales en el extranjero (y en paraísos fiscales). Así, los grandes grupos pagan el 5,9% de sus beneficios, frente al 9,4% todas las empresas y el 14,1% los que declaramos Renta. Una injusticia fiscal que el Gobierno Sánchez ha intentado reducir, con medidas fiscales e impuestos sobre beneficios extraordinarios, y que ahora dependerá del futuro Gobierno. O pagan más o habrá que recortar gastos.

Enrique Ortega

España ha aumentado su recaudación fiscal en los últimos 15 años, para financiar y mejorar los servicios públicos, aprovechando el mayor crecimiento económico  y que hay más empleos y pensionistas, con más ingresos y que pagan más impuestos. Globalmente, se ha pasado de recaudar 200.676 millones en 2007 a 255.463 millones en 2022, un aumento del +27,3%, según la Agencia Tributaria. Pero el esfuerzo fiscal ha sido desigual. El Impuesto sobre la Renta (IRPF), que en su mayoría pagamos trabajadores y pensionistas,  ha pasado de recaudar 72.614 millones en 2007 a 109.485 millones en 2022, un aumento del +50,7%. Y el IVA, el impuesto que pagamos todos los días, también mayoritariamente trabajadores y pensionistas, ha saltado de ingresar 55.851 millones en 2007 a 82.595 millones en 2022, un aumento del +47,9%. Mientras, el Impuesto de Sociedades, que pagan las empresas, recauda mucho menos: de ingresar 44.823 millones en 2007 ha pasado a recaudar 32.176 millones en 2022 (-26,77%), aunque en 2019, cuando la izquierda llegó al Gobierno, aún recaudaba mucho menos (23.738 millones), la mitad que en 2007.

Como se ve, el esfuerzo fiscal de la mayoría (trabajadores y pensionistas), que no pueden “evadir impuestos” porque sus ingresos son fácilmente controlables, ha sido importante y ahora, que ingresan más, pagan un 50% más en Renta e IVA. Pero las empresas pagan una cuarta parte menos. Podría pensarse que eso se debe a que, con las crisis, ganan menos y por eso tributan menos. Pero no es así, según los datos de la Agencia Tributaria: los beneficios de las empresas españolas en 2022 han sido un 50,1% superiores a los de 2008 (ver gráfico). Incluso se han duplicado sobre 2005 (327.461 millones frente a 164.497). En resumen: las empresas ganan el doble y pagan una cuarta parte menos de impuestos.

¿Cuál es el truco? Que las empresas pagan ahora a Hacienda un menor porcentaje sobre sus beneficios. Y eso se debe a cambios en la política fiscal, a privilegios que han ido acumulando en las últimas décadas, amparados por distintos Gobiernos. En los años 90, los gobiernos de Aznar privatizaron 50 grandes empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa, Tabacalera, Argentaria…) y les ayudaron a convertirse en importantes multinacionales, con el  apoyo posterior de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que, en 2007, les hizo una serie de “regalos fiscales”, con la excusa de fomentar la inversión y el empleo: bajada del tipo nominal de sociedades (del 35 al 30%) y la creación de un abanico de exenciones, deducciones y beneficios fiscales que rebajaban su tributación final. En 2012, al llegar Rajoy al Gobierno, se encontró con un “agujero fiscal” y llegó a decir en el Congreso: “Algunas empresas del IBEX no pagan impuestos”. Les recortó algunas deducciones y exenciones, pero también bajó (en 2016) el tipo de Sociedades del 30 al 25% actual. En unos años de subidas históricas de impuestos (y recortes), Rajoy subió la recaudación de sociedades, pero más nos subió el IRPF y el IVA. Y en 2017 y 2018, volvió a restablecer deducciones. A partir de 2020, el Gobierno Sánchez ha tratado de que las empresas paguen más impuestos, consiguiendo una subida de la recaudación en 2022.

Esta evolución de la política fiscal se puede ver en los impuestos que han pagado las empresas. Hasta los años 90, el resultado de las empresas y su base imponible (sobre la que se pagan impuestos) eran bastante equiparables. Así, en 1995, las empresas pagaban un 21,97% sobre su base imponible y un 19,10% sobre su beneficio final. Y en el año 2000, un 24,07% sobre la base imponible y un 21,42% sobre su beneficio. Pero luego, la autorización de nuevas deducciones y exenciones, rebajaron el impuesto final. Así en 2011 (tras la “ayuda de ZP), las empresas pagaron un 19,92% sobre la base imponible, pero tras las deducciones y exenciones, sólo pagaron un 9,04% sobre los beneficios. En 2014 (Rajoy lo necesitaba) pagaban algo más, un 10,02% sobre el beneficio contable, pero en 2019 (con Presupuesto PP  prorrogado)  sólo pagaron el 9,07%, casi lo mismo que en 2021. Y sólo pagaron algo más en 2022, un 20,55% sobre su base imponible (ingresos menos gastos), pero sólo un 9,40% sobre su beneficio contable. En resumen, que las empresas españolas pagaban el 21,42% de lo que  ganaban en el año 2000, el 16,7% en 2007 y ahora el 9,4%. Por eso Hacienda ahora recauda un -26,77% en Sociedades, frente a un +50,7% más con el IRPF.

Ese porcentaje que pagan sobre lo que ganan, el 9,4%, es muy inferior al tipo efectivo de todos los impuestos (15,3% en 2022) y al tipo efectivo que pagamos en Renta los que vivimos de un sueldo a de una pensión (el 14,1%). Pero además, es un tipo medio: hay empresas que pagan mucho menos, según los datos de la Agencia Tributaria. Así, los grandes grupos empresariales españoles tributaron el 5,9% de sus beneficios en 2021 (y un 5,1% en 2020), mientras las empresas no integradas en grupos pagaban un 13,4% de sus beneficios. Y todavía pagan menos las multinacionales españolas, las empresas que tienen filiales en el extranjero (muchas en paraísos fiscales): de las 126 mayores multinacionales españolas, 31 pagan menos del 5% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades (pagan el 1,75% de media). Otras 15 pagan del 5 al 10% (8,64% de tipo efectivo), 6 multinacionales pagan del 10 al 15% (11,46% de media) y 18 multinacionales pagan del 15 al 20% (16,31% de tipo efectivo), según un informe de la Agencia Tributaria. Globalmente, un tercio de las multinacionales españolas (el 37%) pagan de impuestos menos del 10% de sus beneficios.

Las grandes empresas pagan poco “legalmente, porque se aprovechan de tres mecanismos fiscales que les han ido “regalando” en las últimas décadas. El primero, las bonificaciones, deducciones y reducciones fiscales  (por donaciones, inversiones en I+D+I, o tipos reducidos a SICAV y SOCIMIs y otros múltiples conceptos como la deducción por gastos financieros), que les rebajan la cuota a pagar, sobre todo a las grandes empresas. El segundo, los “créditos fiscales” acumulados por pérdidas anteriores. Y el tercero, por las operaciones en el extranjero. Veámoslos.

Los créditos fiscales son “una gran “hucha” que tienen las empresas (sobre todo las grandes y los bancos) para tirar de ella y ahorrarse el pago de impuestos por pérdidas anteriores: superan los 500.000 millones de euros (575.334 millones, según el Comité de expertos fiscales) y se estima que permitió a las empresas ahorrarse 25.000 millones en impuestos en 2019 (por la crisis financiera de 2008). El sistema es justificar pérdidas o comprar empresas con pérdidas para eludir el pago de impuestos, algo que resta unos 5.000 millones de recaudación anual. Un caso llamativo es la banca, que acumula un colchón, una hucha de 65.000 millones de euros en créditos fiscales, por haber comprado Cajas de Ahorros y bancos en pérdidas (con 65.725 millones de ayudas públicas que no vamos a recuperar) y por las pérdidas de la pandemia. De hecho, en 2022, Santander se ahorró 642 millones en impuestos y BBVA otros 598 millones por los créditos fiscales que acumulan. Y así cada año.

El tercer mecanismo legal para pagar menos impuestos, junto a las bonificaciones y los créditos fiscales, son las operaciones en el extranjero, básicamente dos: la deducción fiscal por pérdidas (o endeudamiento) en filiales y la exención fiscal del 100% a los dividendos y plusvalías generados en el extranjero, que busca evitar la “doble imposición”. Se entiende que estos ingresos han tributado en otros paises y no deben volver a pagar en España, pero el problema es que en muchos paises (de baja imposición o paraísos fiscales) tributan poco o nada, con lo que muchos de estos ingresos realmente no pagan. Se estima que este dinero exento supone un ajuste de hasta 150.000 millones anuales, la mitad del beneficio contable de muchas multinacionales, lo que explica por qué tributan menos del 5%.

Sea por la vía que sea, la realidad es que una buena parte del beneficio de las grandes empresas no paga impuestos. Y más en el caso de las multinacionales españolas: 24 de las 35 compañías del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales (187 el Banco de Santander, 82 ACS y 65 Ferrovial), según este informe de Intermón Oxfam). Los datos son impactantes: si en 2010, las empresas españolas ganaron 164.164 millones y sólo tributaron por 77.658 millones (el 47,3% de su beneficio), en 2021 ganaron casi el doble (304.978 millones) y sólo tributaron por 114.605 millones, por el 37,58 de su beneficio. En definitiva, que 2 de cada 3 euros de beneficio de las empresas españolas no tributa.

Esta situación escandalosa, sobre todo para los que pagamos por todo lo que ganamos, es un tema preocupante, no sólo en España sino en todos los paises occidentales, donde los Gobiernos están muy preocupados, sobre todo por las multinacionales y su “elusión fiscal: termino “fino” para indicar que no hacen “fraude fiscal” sino “ingeniería fiscal” para pagar menos impuestos “legalmente”, utilizando los agujeros de las leyes y los paraísos fiscales. En conjunto, se estima que las multinacionales dejan de pagar 125.000 millones de dólares al año. Sólo España pierde cada año 4.000 millones de euros (el 18% de los ingresos por Sociedades) por la “elusión fiscal” de las multinacionales, según estimaciones internacionales. Para evitarlo a medio plazo, la OCDE y el G-20 acordaron en la Cumbre de Roma, en octubre de 2021, establecer un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios de las multinacionales, un acuerdo que generará 150.000 millones de ingresos fiscales adicionales en 140 paises (en España podría suponer 2.300 millones anuales de recaudación extra). En principio, el tipo mínimo iba a entrar en vigor este año 2023, pero la OCDE ha señalado que su implantación “va con retraso” y no se implantará hasta 2024.

Europa se puso en línea y el Consejo aprobó en diciembre de 2022 una Directiva (2022/2523) para que todos los paises europeos apliquen este tipo mínimo del 15% en Sociedades. En España, el 6 de marzo de 2023, el Gobierno ha sometido a consulta pública esta Directiva, que debía trasponer y aprobar el Congreso antes de fin de año, una tarea que queda en suspenso y pendiente del futuro Parlamento. Entre tanto, las empresas y multinacionales españolas tienen ya ese tope mínimo del 15% por su actividad en España, dado que lo aprobó el Gobierno Sánchez, en el Presupuesto 2021, para aplicarlo a partir de 2022.

El Gobierno Sánchez, desde enero de 2020, ha tenido entre sus prioridades que las grandes empresas pagaran más impuestos. Por un lado, ha limitado las bonificaciones y exenciones fiscales, reduciendo del 100 al 95% la exención fiscal por dividendos y plusvalías generados en el extranjero. Y la Agencia Tributaria estrecha el cerco a los grandes grupos empresariales que compran empresas con pérdidas para rebajar la factura fiscal, publicando en mayo una nota aclaratoria que delimita el alcance de este mecanismo, que permitió a las empresas ahorrarse 4.780 millones en impuestos en 2021. Además, el Gobierno aprobó en 2022 un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, energéticas y la banca, para recaudar 7.000  millones entre 2023 y 2024. Los bancos han empezado a pagarlo en febrero (pagarán 1.500 millones anuales, el 7,4% de sus beneficios anuales), pero antes lo tienen recurrido ante los Tribunales. Y si el 23-J gana el PP, lo suprimirá.

Al final, lo que pase con la tributación de las grandes empresas y las multinacionales va a depender del futuro Gobierno. Pero el Comité de Expertos que, en marzo de 2022, presentó  su informe sobre una futura reforma fiscal, ya se mostró a favor de replantearse las bonificaciones, exenciones y deducciones del Impuesto de Sociedades, así como el cambio en la tributación de las multinacionales españolas, para que pagaran un mayor porcentaje sobre sus beneficios reales. Y lo mismo plantea el último informe de Intermón Oxfam, que pide limitar las bonificaciones y créditos fiscales, aumentar el tipo efectivo que pagan las empresas y revisar el listado español de paraísos fiscales (sólo 24 territorios: ver la lista) y también el europeo, que no considera paraísos fiscales a  Irlanda, Paises Bajos, Luxemburgo o Delaware (EEUU), los lugares donde más empresas españolas tienen filiales para “eludir” impuestos.

La mayoría de los españoles, según la última Encuesta del CIS, creen que los impuestos son injustos y no pagan más los que más tienen, sino los trabajadores y las clases medias, con el IRPF y el IVA. Ya hemos visto que los datos oficiales lo corroboran. Ahora, el debate es si el futuro Gobierno continúa aumentando los impuestos a las grandes empresas (y a los más ricos) o se los rebaja, como defiende la derecha. Entonces, en vez de avanzar en justicia fiscal, retrocederíamos. Y si encima hay que reducir más el déficit en 2024, por exigencia de Bruselas, sólo hay  2 caminos: ingresar más, consiguiendo que paguen más los que más ganan (y tienen) o recortar gastos, como hizo Rajoy y el PP de 2012 a 2016. Este es uno de los grandes temas que está en juego en las elecciones del 23 de julio. Piénselo antes de votar.

jueves, 24 de noviembre de 2022

España se posiciona en el mundo

Este mes de noviembre se han acumulado varias noticias económicas “buenas” (se destacan menos que las “malas”), de grandes multinacionales que han escogido España para instalarse: dos centros de metanol verde de la naviera Maersk, la fábrica de baterías de Volkswagen, el centro de diseño de “chips” de Cisco, tres instalaciones en la nube de Amazon y el acuerdo para la futura fabricación (compartida) del caza europeo de combate. Y llegarán más proyectos, porque España tiene “el gancho” de los 77.200 millones de Fondos europeos de recuperación, ayudas que se incluyen en 11 Planes ya aprobados (PERTEs) que buscan atraer inversiones extranjeras en nuevas energías, baterías y coches eléctricos, microelectrónica y semiconductores, industria aeroespacial y nuevas tecnologías e Internet. El objetivo es que España se posicione esta década en las industrias y sectores del futuro, dentro de un proyecto europeo global que busca un mayor autoabastecimiento industrial y tecnológico frente a EEUU y China. No podemos perder este tren del futuro.

Enrique Ortega

La semana pasada, al acabar el G-20 en Indonesia, el presidente Sánchez dio un gran desvió de 15.000 kilómetros para volver a Madrid: viajó primero de Bali a Seúl, para reunirse con los directivos coreanos de Samsung e intentar que escojan a España para instalar una gran fábrica de microchips en Europa (30.000 millones de inversión), por la que pelean varios paises europeos. Es la penúltima gestión internacional del presidente, que lleva todo este año de viajes y reuniones para vender el atractivo de España para invertir: reuniones con multinacionales en la Cumbre de Davos de mayo, viaje a EEUU en julio y múltiples contactos “paralelos” en las distintas Cumbres mundiales. “Nunca como hoy ha merecido tanto la pena invertir en España”, recordó Sánchez en enero, en el Spain Investor Day.

Pedro Sánchez lleva en la cartera una “baza” negociadora ante los inversores mundiales: los 77.234 millones de euros en subvenciones (a fondo perdido) que España va a recibir de la Unión Europea dentro de los Fondos de Recuperación (140.000 millones en total), un dinero que debe servir para modernizar la economía española, de la mano de proyectos ligados a las energías limpias, el coche eléctrico, la digitalización, las nuevas tecnologías e Internet. Y para concretarlo, el Gobierno Sánchez ya ha aprobado 11 PERTEs (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación energética), que son “el gancho” que España ofrece a las grandes multinacionales para instalarse aquí. En especial, 4 PERTEs concretos: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (24.000 millones, 4.300 de inversión pública), PERTE energías renovables e hidrógenos verde (16.370 millones, 6.920 públicos), PERTE aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos) y PERTE microelectrónica y semiconductores (el mejor dotado: 12.500 millones públicos hasta 2026).

Los PERTEs están ahí, con sus ayudas públicas y proyectos, que deben funcionar como “gancho” para atraer grandes inversiones privadas, sobre todo de las multinacionales que dominan esos sectores industriales de futuro. Pero como todos los paises buscan lo mismo, inversores internacionales que modernicen sus economías y creen empleo y riqueza, hay “una gran subasta”, en la que los Gobiernos van “con la chequera por delante”, con subvenciones y ayudas múltiples, desde rebajas fiscales y suelo industrial  a infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, materias primas y mano de obra preparada. Y los gobernantes se implican al máximo nivel, como el ex ministro Draghi negociando con Intel y cerrando hace meses el acuerdo para que la multinacional USA instale una gran fábrica de “chips” en el Véneto. Antes, Merkel negoció otra que Intel abrirá en Magdeburgo.

España cuenta con la ventaja de ser el país que va a recibir más subvenciones de los Fondos de Recuperación (por delante de Italia, el doble que Francia, el triple que Alemania o Polonia y cuatro veces que Grecia), su excelente situación geográfica (entre Asia, Europa y Latinoamérica), una moderna infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, una espectacular red de telecomunicaciones (España tiene una red de fibra óptica que supera a la de Francia, Alemania, Italia, Portugal  y Reino Unido juntas) y unos salarios bajos respecto a los grandes paises europeos (el salario medio es de 26.832 euros frente a 52.556 en Alemania, 39.971 en Francia o 34.032 en Italia). Pero tenemos hándicaps que hacen vacilar a posibles inversores internacionales, sobre todo la menor formación de la mano de obra: el 36,1% de los adultos no tiene la EGB, frente al 16,4% en la UE-22 y sólo el 23,2% tiene formación secundaria frente al 45,8% en Europa, aunque sí tenemos más universitarios (40,7% adultos frente al 38,3% en Europa). Y tenemos una menor industrialización, demasiadas pymes y una menor digitalización de las empresas y la economía. Y existe una mayor regulación para los negocios, con el inconveniente de 17 autonomías con normativas diferentes.

Con estos pros y contras, ya empiezan a verse los primeros éxitos de la campaña de España para atraer grandes inversores extranjeros. Sólo este mes de noviembre se han concretado 5 operaciones importantes, poco destacadas por los medios (las “buenas noticias” venden menos que las malas, muy abundantes): acuerdo de la naviera danesa Maersk para instalar en España 2 de sus centros para producir metanol verde para su flota (3 noviembre), confirmación acuerdo de Volkswagen para instalar en Sagunto una fábrica de baterías (9 noviembre), acuerdo de la multinacional Cisco (EEUU) para instalar en Barcelona su primer centro de diseño de chips en Europa (10 noviembre), la inauguración por Amazon de 3 centros de datos en la nube en Aragón (16 noviembre) y el principio de acuerdo de España, Francia y Alemania para construir juntos el futuro caza europeo (18 noviembre).

La primera inversión, la de la naviera danesa Maersk, supone un acuerdo con el Gobierno español para invertir 10.000 millones de euros (y crear 85.000 empleos directos e indirectos) en la instalación de 2 grandes centros de producción de metanol verde en Andalucía y Galicia, el 2º y 3º de sus futuros centros de aprovisionamiento mundial de sus 730 buques, tras el acordado en marzo en Egipto y a los que seguirán otros dos o tres en el resto del mundo. Las plantas de metanol verde (un carburante limpio que se elabora con hidrógeno verde y CO2 biogénico de plantas de biomasa) serán de nueva creación y se autoabastecerán con la energía eólica y solar que se instalarán en los alrededores, entrando en funcionamiento en 2025 y 2027, para abastecer en 2030 al 20% de la flota mercante de Maersk, que tendrá que reconvertir todos sus buques a esta energía limpia.

La inversión se pondrá en marcha gracias a los Fondos europeos contemplados en el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (que contempla 16.370 millones de inversión total, 6.920 millones de ayudas públicas) y el Gobierno no descarta que el Estado participe directamente en el proyecto. Un proyecto ligado a la estrategia de convertir a España (y Portugal) en uno de los mayores productores mundiales de hidrógeno verde (gracias al impulso a las energías solar y eólica con que se produce), argumento que está detrás del reciente acuerdo de España y Portugal con Francia (20 de octubre) para construir, en 4 o 5 años, un corredor marítimo de energía verde entre Barcelona y Marsella (el proyecto BarMar, que contará con Fondos UE) para exportar hidrógeno verde (y antes gas natural) desde la Península ibérica hasta los paises del centro y norte de Europa.

La segunda multinacional que ha confirmado una importante inversión en España es Volkswagen: a través de Seat y Power Co, construirá en Sagunto (Valencia) una gran factoría de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, que suministrará a sus plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) y quizás a la planta valenciana de Ford. La inversión prevista es de 4.500 millones de euros entre 2023 y 2026 (3.000 iniciales), que creará 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Y, tras las presiones de última hora, Volkswagen, contará con ayudas públicas del PERTE del vehículo eléctrico (397 millones) y de la Comunidad Valenciana (66 millones).

Mientras, se esperan otros proyectos de instalación de gigafactorías de baterías en España, donde se podrían instalar 4 fábricas, dentro de la estrategia europea de abrir 40 gigafactorías para 2030 (13 en Alemania, 4 en España o Noruega, 3 en Francia o Italia), para cubrir el 32% de las necesidades del mercado europeo (hoy, Europa  sólo se autoabastece del 9%: el 65% viene de China y el 11% de EEUU). La segunda factoría podría instalarse en Navalmoral de la Mata (Cáceres), un proyecto de Acciona liderado por  la china Envisión Energy (89%), que hace poco se reunió con el presidente Sánchez. La tercera, también en Extremadura, sería Phi4Teach, el primer proyecto de raíz española, que se instalaría al lado de la mina de litio del Cañaveral. Y el cuarto proyecto de baterías que aspira a las ayudas europeas y españolas es Basque Volt, pilotado por Iberdrola y Cie Automotive, con apoyo del Gobierno vasco.

En paralelo a las futuras fábricas de baterías, las multinacionales del automóvil presentes en España (hay 14 fábricas y somos el 2º fabricante europeo, tras Alemania) avanzan en la producción de modelos eléctricos, al amparo del PERTE del vehículo eléctrico, tanto Volkswagen  (en Martorell y Landaben) como Opel (en Figueruelas) o Citroën (en Vigo). Y el Gobierno trabaja ahora en un 2º PERTE  del vehículo eléctrico, con más ayudas públicas, para que entren a fabricar coches eléctricos Ford y Stellantis.

La gran obsesión de toda Europa y del Gobierno Sánchez es conseguir fabricar “chips” en el continente, al amparo de la Ley Europea de Chips (febrero 2022), que pretende fabricar en Europa el 20% de los chips para 2030 (hoy 9%), para lo que pretende invertir 43.000 millones de euros (11.000 millones, ayudas públicas). De momento, la multinacional Intel (USA) ha anticipado que quiere invertir 80.000 millones de euros en 4 grandes plantas de chips en Europa. Y ya se han anunciado en Alemania (17.000 millones), Francia (5.700 millones) e Italia (5.000), así que España se moviliza para lograr la 4ª factoría, en pugna con Polonia y otros paises del Este. Y como alternativa, el presidente Sánchez acaba de proponer un acuerdo a la coreana Samsung, con el incentivo de los 11.000 millones de euros del PERTE y el objetivo de instalar entre 1 y 2 fábricas de chips de 5 nanómetros, los más pequeños.

De momento, una buena noticia es la reciente decisión de la multinacional Cisco (EEUU) de instalar en Barcelona el primer Centro de diseño de chips de Europa, que contará con 1.330 euros de ayudas públicas del PERTE. Ya en mayo, la norteamericana Intel anunció que invertirá 200 millones en 10 años para desarrollar un laboratorio de microchips en Barcelona. En ambos casos, la decisión tiene mucho que ver con la existencia del Barcelona Super Computing Center, en la Universidad Politécnica, un “vivero” para el diseño de microchips, que puede facilitar las posibles llegadas de fábricas de chips de Intel o Samsung.

Otro sector clave de futuro es la industria aeronáutica, donde España tiene una fuerte presencia, al ocupar la 5ª posición en Europa, con 76 empresas (8 centros del fabricante europeo Airbus, la antigua CASA y varios proveedores de primer nivel), 155.000 empleos, una facturación de 16.000 millones y un gran aporte a la exportación (el 80%) y a la investigación. Una parte del PERTE aeroespacial  (4.533 millones) está dirigido al sector aeroespacial, para crear un sistema español de satélites (8), en colaboración con Portugal (otros 8). De momento, la firma vasca AVS quiere atraer a la norteamericana Virgin Orbit a participar en el primer puerto espacial europeo, en el aeropuerto de Foronda (Vitoria), una inversión de 42,5 millones que espera contar con Fondos UE y del PERTE aeroespacial español. Y pronto, el Gobierno decidirá la instalación de la Agencia Espacial Española (“la NASA española”), para la que se han presentado 21 sedes, siendo Sevilla la favorita (por la presencia de Airbus y Andalucía Aeroespace).

En la vertiente de la industria aeronáutica, la buena noticia de este mes es el principio de acuerdo entre Francia, Alemania y España para construir conjuntamente el futuro avión de combate europeo (FACS), un proyecto para 2027 en el que España ha comprometido un tercio de la inversión total (2.500 millones de euros: los primeros 525 van en los Presupuestos 2023) y que promueven la española Indra, la alemana Dassault y el consorcio Airbus, con la idea de que sea un gran impulso para toda la industria aeronáutica europea.

Y queda la 5ª buena noticia tecnológica para España, la inauguración de los 3 centros de infraestructuras en la nube instalados por Amazon (AWS) en Aragón (dos en la provincia de Zaragoza y otra en Huesca), una nueva “región cloud” de Amazon en Europa  (la 8ª), que supone  una inversión de 2.500 millones de euros en 10 años, la creación de 1.300 empleos y la aportación de 1.800 millones de euros al PIB español. Esta infraestructura propia de Amazon (a diferencia de los almacenamientos de Google, Oracle, IBM y Microsoft, que operan a través de centros de terceros) permitirá dar un mayor servicio de almacenamiento de datos en la nube a los clientes españoles de Amazon, entre ellos bancos, grandes empresas, energéticas, hoteles y el Ministerio de Migración y Seguridad Social) y apoya proyectos tecnológicos locales, abriendo el camino a que otras multinacionales de la nube se instalen directamente en España.

Son 5 hitos importantes, aunque queda mucho por hacer, tanto para España como para Europa, muy retrasadas en los avances industriales y tecnológicos que están definiendo el futuro. De hecho, entre las 10 mayores empresas del mundo, no hay ninguna europea: 9  son norteamericanas (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Aramco, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia y Berkshire), ocupando el 10º lugar la taiwanesa TSCM (semiconductores). Y sólo hay 7 europeas entre las 25 grandes empresas del mundo: la francesa del lujo LVMH (17ª) y las suizas Nestlé (22ª) y laboratorios Roche (24ª). Y la empresa española que está más arriba en el ranking es Inditex (puesto 160º), 30 veces más pequeña que la líder Apple… La Comisión Europea busca ayudar a las empresas europeas a dar el salto, para que en 2030 haya 10 gigantes europeos de la tecnología que facturen más de 100.000 millones de euros (hoy solo hay tres: la holandesa ASML, la alemana SAP y la holandesa Prosus). Para conseguirlo hace falta agrupar mercados, mejorar la tecnología y más apoyos públicos.

En resumen, España (junto a Europa) busca su hueco en el mundo en las próximas décadas, avanzando en tecnologías, industrias y negocios con futuro, olvidándonos de ser “las playas y la despensa de Europa. Y eso pasa por “sacar la chequera” para atraer a inversores de primera línea, pero también por configurar una economía más moderna y competitiva, con empresas más innovadoras y trabajadores mejor formados, avanzando juntos el sector público y el privado en proyectos ambiciosos y viables. Eso exige invertir bien  los Fondos europeos y crear una nueva cultura industrial y tecnológica, que exige un gran pacto social (patronal y sindicatos) y político, para sumar y no restar. Diseñemos el futuro.

lunes, 14 de junio de 2021

Más impuestos: toca pagar la pandemia

En junio toca presentar la declaración de la renta, mientras los impuestos son protagonistas de la política internacional: los paises del G-7 han subido al 15% el impuesto mínimo que paguen empresas y multinacionales, que ahora se escaquean en paraísos fiscales. Tras décadas de carreras para bajar impuestos, los paises se unen ahora para subirlos y pagar la factura de la pandemia. Y en julio, la Comisión Europea aprobará nuevos impuestos verdes, sobre los carburantes y vuelos. Entre tanto, Europa exige a España una profunda reforma fiscal, que se pondrá en marcha en 2023, cuando se afiance la recuperación. Subirán impuestos y no por ideología, sino porque no salen las cuentas: España ingresa 92.000 millones menos cada año que la media europea. Y así no se pueden financiar los servicios públicos y la modernización del país. Recaudamos poco porque muchos pagan menos de lo que deben: grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Ellos tendrán que pagar más, no la mayoría de españoles, que saldremos ganando.


Para situarnos, empecemos por un poco de historia económica. En el siglo XX, el crecimiento y la mejora del Estado del Bienestar tras la 2ª Guerra Mundial fueron posibles gracias a los altos impuestos que pagaban las empresas y los más ricos, en Europa y EEUU (las empresas pagaban un 91% de impuesto de sociedades entre 1951 y 1961, con Eisenhower). En los años 80 triunfaron las posturas económicas neoliberales, que arrastraron a Thatcher y Reagan a un recorte del Estado y los impuestos (28% tipo sociedades en USA), con una carrera entre paises para bajar los tipos y atraer empresas e inversiones. Esta política fiscal multiplicó los déficits públicos y redujo el Estado del Bienestar en todo el mundo, provocando recortes y una tremenda desigualdad tras la crisis de 2008. Una política fiscal conservadora cuyo último aleteo lo dio Donald Trump, con su reforma fiscal de 2017, que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y, sobre todo, a las rentas más altas.

Han sido cuatro décadas donde la idea dominante ha sido bajar impuestos para relanzar la economía y fomentar la iniciativa privada frente al Estado. Pero llegó la pandemia y la crisis, la mayor del último siglo, ha obligado a multiplicar las ayudas públicas a ciudadanos y empresas, potenciando la sanidad y los servicios públicos. Sólo en Estados Unidos se han aprobado estímulos (ayudas a particulares y empresas) por valor de 4,8 billones de dólares en el último año (entre marzo de 2020 y marzo de 2021). Y en Europa, los estímulos concedidos ya (entre ayudas y créditos) superan los 1,5 billones de euros, especialmente en Alemania (750.000), Francia (400.000), Italia (150.000) y España (110.000). Y ahora empezarán a repartir los 750.000 millones de los Fondos Europeos “Next Generation”.

La pandemia ha provocado un cambio histórico: ahora todo el mundo mira a “papá Estado”, pidiendo ayudas y soluciones para salir de la emergencia sanitaria y económica. Y eso ha multiplicado el gasto público, disparando los déficits y la deuda de los paises. Y con ello, se ha empezado a pensar en “cómo pagar la factura de la pandemia”. Y, curiosamente, las mismas instituciones internacionales que defendían la bajada de impuestos y el recorte del Estado son las que hablan ahora de “subir impuestos”. Empezó en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI): propuso “subir (temporalmente) impuestos a las rentas altas y a las multinacionales para pagar la factura de la crisis”. Y en mayo, la OCDE se sumó a esta propuesta, pidiendo además a los paises subir el impuesto a las herencias y donaciones, dos impuestos que PP y Ciudadanos llevan años queriendo rebajar en España.

Pero la gran novedad llega con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, al proponer al resto de países, el 21 de mayo, una tasa mínima mundial del 15% en el impuesto de sociedades, propuesta que enseguida fue apoyada por Europa y los paises del G-7, que han aprobado la medida en la Cumbre del 11 de junio en Cornualles (Reino Unido). No es que Biden sea “un rojo peligroso” sino que trata de hacer de la necesidad virtud: necesita recaudar muchos billones de dólares para financiar sus estímulos y el Plan de reactivación de la economía (2,3 billones) y no puede arriesgarse a que si sube los impuestos, las multinacionales busquen pagar menos en otro país. Así que es mejor pactar con el resto del mundo un tipo mínimo realista del 15% (que se pague de verdad) para que todos ganen, recaudando más.

El tipo mínimo del 15% (que algunos paises, como Francia, quieren subir al 21%) es una revolución fiscal,  tras cuatro décadas de carrera por bajar el impuesto de Sociedades: la media mundial está en el 24% nominal, aunque con las exenciones, desgravaciones, “trucos legales” y paraísos fiscales, las multinacionales pagan un tipo real del 4% y menos. Ahora, cara a la próxima Cumbre del G-20, el 9 de julio en Venecia, los paises y la OCDE tienen que perfilar la propuesta. Y después, negociarla con 135 paises, para que tenga un alcance mundial y las multinacionales no encuentren vías de escape. Hay 2 temas claves. Uno, cómo se va a fijar ese 15%, sobre qué beneficios y cómo se miden. Y el otro, como conseguir que las multinacionales paguen parte de ese impuesto en los paises donde operan pero no tienen la sede. Cómo conseguir que Google o Amazon paguen en España una parte de ese impuesto de sociedades cuando ahora desvían su facturación a otros paises.

No va a ser un acuerdo fácil, tardará aún meses y habrá que ver la letra pequeña, los resquicios que puedan aprovechar los poderosos bufetes fiscales que asesoran a las multinacionales. Pero, por primera vez en 40 años, hay una amplia mayoría de paises que están de acuerdo en forzar a las grandes empresas y multinacionales a pagar más impuestos. Y eso, porque todos necesitan recaudar más y el impuesto de Sociedades es una gran fuente de fraude y “elusión fiscal” (no pagar impuestos “legalmente”). Según la OCDE, la “elusión fiscal” de las multinacionales resta a las arcas públicas de los paises 200.000 millones de euros cada año. Y el European Tax Observatory calcula que Europa recaudaría 48.000  millones de euros más al año con este tipo mínimo del 15%, 1.000 millones más España (y 175.000 millones más, 12.400 España, si el tipo mínimo subiera al 25%).

Mientras avanza esta batalla para las multinacionales paguen el 15% de sus beneficios, Europa prepara otra revolución fiscal, la de “los impuestos verdes”, para pagar el ambicioso Plan contra el cambio climático: recortar las emisiones UE un 55% para 2030. La Comisión Europea prevé aprobar el 14 de julio el paquete “Fit for 55, una serie de subidas fiscales para financiar la ambiciosa reforma energética europea. Los principales cambios, que nos van a afectar a todos en los próximos años, serán subidas en los impuestos a los carburantes y la calefacción, así como la implantación de usa tasa sobre los vuelos europeos, que hasta ahora no pagan por el CO2 que emiten (como las industrias y las eléctricas). Y además, subirán las tasas al transporte (“euro viñeta”), buscando reducir las emisiones de camiones, furgonetas y turismos. Y podría subir también el impuesto de matriculación.

Mientras Europa aprueba unos mayores “impuestos verdes”, la Comisión Europea ya ha advertido a España que tiene que hacer una reforma fiscal en profundidad, como una de las tres reformas básicas (junto a la laboral y de pensiones) que nos exigen para recibir los 140.000 millones de Fondos europeos (72.000 a fondo perdido). Y además de la exigencia, nos han adelantado sus 5 prioridades fiscales: subir los impuestos verdes, reformar el impuesto de sociedades, poner orden en el IVA (exceso de productos y servicios con tipos reducidos y superreducidos), armonizar el impuesto de patrimonio y sucesiones y corregir el impuesto sobre la renta (quitando reducciones y aumentando su progresividad).

España tiene que hacer una reforma fiscal  y no solo porque nos lo exige Europa, aunque la derecha (PP y Ciudadanos) siga con la bandera de “bajar impuestos”. Hay que poner orden en los impuestos, subiendo algunos, no por ideología sino por realismo, por un hecho incontestable: España recauda mucho menos que el resto de Europa. Y no ahora, sino en las últimas dos décadas (incluso antes). Veamos el dato. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

¿Por qué España recauda menos que el resto de Europa? Porque ingresamos menos en todos los impuestos, como demuestran muchos estudios. En el impuesto de la Renta, somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. En IVA, recaudamos 23.400 millones que la media UE, según la Comisión. En Sociedades, recaudamos el 2,3% del PIB, frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 4.912 millones de beneficios fiscales en 2020 (según Hacienda). En los impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes, ingresamos el 2,5% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. En impuestos verdes, recaudamos 3.500 millones menos que la media europea. Y con las herencias, otros 3.250 millones menos.

España recauda menos porque tiene demasiadas deducciones y exenciones fiscales, demasiados productos y servicios con IVA reducido y superreducido y porque las multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos pagan menos de lo que debían. Así, las 10 grandes tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron sólo 29,52 millones de euros en 2018. Significa que estas multinacionales pagan un 2,23% de impuestos sobre su teórica facturación en España.  Las grandes empresas pagan un 8,3% sobre sus beneficios y en el caso de grandes grupos y bancos, un 4% (frente al 25% de impuestos que pagan las pymes). Los inversores pagan, por intereses y dividendos, de un 19 al 23%, menos que el tipo medio del IRPF. Y las grandes fortunas declaran a través de sociedades y SICAV (tributan el 1% de sus beneficios anuales). Además, España tiene todavía mucho fraude fiscal, por el enorme peso de la economía sumergida (17,2% del PIB, según el FMI) y a la falta de inspectores (hay 4 veces más en Francia o Alemania).

Ahora, el Gobierno Sánchez ha prometido a la Comisión Europea que aprobará una reforma fiscal en 2022, para aplicar los cambios impositivos en 2023, no antes, para no poner en peligro la esperada recuperación. Y los cambios se basarán en el informe que entregue al Gobierno, en febrero de 2022, un Comité de Expertos que ya trabaja en la reforma. El único cambio que podría aprobarse este año, para aplicarse con el Presupuesto 2022, sería el tipo mínimo del 15% en sociedades, si se aprueba en el mundo este año. Un cambio muy importante, porque con el impuesto actual se recaudó 15.858 millones en 2020, menos de la mitad que en 2007 (44.823 millones), aunque las empresas ganan ahora más que antes de la anterior crisis. Si el tipo medio que pagan las multinacionales (2,23%) y grandes empresas (8% y en algunos casos el 4%) sube al 15%, el aumento de recaudación podría ser superior a los 2.000 millones de euros en 2022, una cifra muy importante.

El resto de cambios fiscales quedarían para entrar en vigor en 2023, algo difícil (Sánchez tiene una débil minoría para aprobar estos cambios en el Congreso) al ser un “año electoral”. Se auguran 6 grandes cambios fiscales, además del de Sociedades. En el IVA, reduciendo los productos y servicios con el tipo reducido (10%) y superreducido. En los impuestos especiales (quizás ya para 2022, si Bruselas aprueba nuevos impuestos), subiendo los impuestos del gasóleo, para homologarlo al de la gasolina (ahora paga 59 céntimos por litro frente a 70). En los impuestos verdes, porque España es el 3º que menos recauda sobre el PIB, incluyendo el impuesto sobre matriculación (España es el país UE que menos ingresa por el coche: 1.068 euros por vehículo frente a 1.911 en Francia o 1.963 en Alemania). En el Impuesto sobre la Renta, revisando deducciones y subiendo tipos a los que ganan más de 150.000 euros. En el impuesto de patrimonio, homogeneizando tipos (no se paga nada en Madrid, poco en Rioja o País Vasco y mucho en Extremadura, Aragón Y Cataluña). Y en el Impuesto de Sucesiones (herencias y donaciones), donde hay una pelea entre autonomías a ver quien baja más los tipos (hay “dumping fiscal”, como en Patrimonio).

Al final, España arrastra desde hace décadas un “agujero fiscal”, por recaudar menos que Europa, que hay que tapar cuando antes, para financiar los enormes gastos de la pandemia (que nos dejan un elevado déficit público y una histórica deuda), el reto del cambio climático y la modernización y digitalización de la economía. Para poder gastar más (“nos hace falta de todo”), España tiene que recaudar más. Y eso obliga a aprobar cambios fiscales para que paguen más los que ahora pagan menos de lo que deben: multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos. El resto, la mayoría de españoles que vivimos de una nómina o una pensión, también pagaremos algo más (IVA, carburantes, energía, coche…), pero no mucho. Los paganos de las futuras subidas de impuestos será esa minoría que ahora paga poco. Y serán los que emprendan “la cruzada” contra la subida de impuestos. Que no nos arrastren. La mayoría tenemos más que ganar.