El gran negocio de los conciertos

En mayo empiezan los conciertos musicales por media España, que se generalizan en verano, con más de 1.000 Festivales en pueblos y ciudades. Tras la pandemia, ha crecido la “fiebre” por ir a conciertos, siendo España uno de los paises europeos donde más recalan los grandes cantantes internacionales, aunque arrastran más seguidores los cantantes españoles. En 2025, 1 de cada 3 españoles acudió a un concierto, celebrándose 125.000, con más de 35 millones de espectadores. Un negocio que factura 807 millones anuales, gracias a que los jóvenes están dispuestos a pagar 100 euros y más por ir a un concierto, más gastos de viajes, estancia, comida y bebida. Los conciertos, controlados por multinacionales extranjeras y algunas españolas, mueven 5.812 millones anuales y son claves para muchos pueblos y autonomías, que los financian con ayudas públicas. Todo apunta a que la “fiebre” por los conciertos (y el negocio) seguirá creciendo, en medio de problemas de masificación, ruido, altos precios y falta de lugares adecuados.  Otra “burbuja” que podría explotar.

                      Sonorama Ribera (Aranda de Duero), uno de los 1.000 Festivales de verano en España

España es uno de los paises europeos con más conciertos y festivales de música en vivo. Tras la pandemia, cundió el furor por salir de casa y acudir a eventos múltiples, mayoritariamente al aire libre. Así, un 35% de los españoles adultos (10,5 millones de personas) acudieron a un concierto en 2024-2025, según la última Encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura. Y esto se refleja en los datos de conciertos y espectadores que asistieron a un concierto de música en vivo en 2024: 120.510 conciertos y 33.954.503 espectadores, según el último Anuario de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que refleja el gran salto dado desde la pandemia, ya que en 2019 se celebraron 91.106 conciertos (han crecido un +32%), con 28,2 millones de espectadores (han crecido un +20,2%).

Los conciertos recaudaron por entradas (“la gasolina” de este negocio) 807 millones de euros en 2025, según el sector (APM), una recaudación que casi se ha triplicado desde 2019 (383 millones) y que casi duplica la de 2022 (459 millones). Eso significa que el negocio de la música en vivo, sólo con los ingresos de las entradas (tienen otros muchos, desde las bebidas y comidas al merchandising y las ayudas institucionales) mueve más que otras formas de cultura como la música grabada (ingresó 674 millones en 2025) o el cine (705 millones ingresados por taquilla), acercándose a los libros (1.250 millones vendidos en 2025). Eso sí, el negocio de los conciertos está muy concentrado en Madrid (237 millones recaudados por entradas, casi el 30% del total) y Barcelona (136 millones, casi otro 17%), seguidas de lejos por Sevilla (27,47 millones), Valencia (26,88), Málaga (25,89) y Vizcaya (25,80), según los datos de la APM. Y por comunidades, destaca el salto en conciertos dado por la Comunidad Valenciana (recaudan 46,45 millones) y el País Vasco (44,5 millones).

Los conciertos de música en vivo no solo son un gran negocio para las empresas promotoras  (103 en 2025, frente a 53 en 2015), sino que tienen un gran impacto económico en las ciudades y pueblos donde se celebran, promoviendo el turismo en la zona: viajes, ocupación en hoteles, apartamentos y campings, consumo en bares y restaurantes y más gasto en general en las localidades afectadas. Este impacto económico de los conciertos se estima en 5.812 millones de euros en 2025, según un estudio de SFTL e INCENTIVA. Además, se calcula que la música en vivo genera alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos.

La base de todo este negocio de los conciertos musicales está en las entradas, cuyo precio se ha disparado en los últimos años, por tres factores: la creciente demanda de los jóvenes (dispuestos a pagar cada vez más por ver a su cantante favorito), el aumento del “caché” que cobran las grandes figuras y el aumento creciente de costes que supone montar un concierto, sobre todo un “macroconcierto” (“concierto XXL”), que implica el trabajo de hasta 900 personas durante varios días, más un derroche de tecnología y logística.

Los conciertos de música en vivo son seguidos sobre todo por jóvenes (la mayoría tienen entre 25 y 34 años), aunque se promueven conciertos “para toda la familia” (como los de Sabina, Melendi o Manuel Carrasco), para atraer a varias generaciones de espectadores. Pero el motor de los conciertos siguen siendo los jóvenes de la generación Z, que han accedido a la música con las redes sociales y Spotify y que ahora no quieren perderse un concierto de sus artistas preferidos, aunque las entradas cuesten más de 100 euros. Porque los conciertos no son un evento más, sino que las promotoras los venden como “una experiencia”: no se trata sólo de ir al concierto, sino compartir con amigos y en redes el antes, el durante y el después, valorando no sólo la música (que ya conocen de sobra) sino el espectáculo, el montaje y lo que hay alrededor (otros fans, camisetas, sudaderas, llaveros, carteles…).

Todo esto ha creado una cierta ansiedad en una generación de jóvenes por “no quedarse fuera” del próximo concierto de Rosalía o de Bud Bunny, con una carrera contra reloj por las entradas. Y eso dispara los precios, concierto a concierto. De hecho, el precio de la entrada media fue de 84 euros en 2024, según los propios promotores (APM), aunque la realidad es que las entradas a los macroconciertos están ya por encima de 100 euros. Así, en los últimos conciertos de Rosalía, el precio medio de la entrada (con gastos incluidos) osciló entre 100 y 130 euros, parecidos al de Sabina (57-135 euros) y Ed Sheridan (60-130 euros). Y si se espera, desaparecen las entradas más baratas y hay que acudir a la reventa.

Los promotores denuncian que la reventa ilegal de entradas de conciertos tiene cada vez más peso, porque las empresas implicadas (plataformas como Viagogo, StubHub, Gigsberg o Ticombo) se anuncian en redes y son destacadas por Google al buscar entradas porque pagan por ello (de hecho, sin este papel de Google, los promotores creen que no habría reventas ilegales). Y estas webs no se pueden cerrar, porque tienen el servidor en Suiza y otros paises y cambian de plataforma cada cierto tiempo. El problema de la reventa ilegal es doble: disparan el precio de las entradas que venden (las inmovilizan antes de que salgan a la venta) y en ocasiones son fraudulentas, porque cuando el comprador llega al concierto, se encuentra con que la entrada es falsa y no puede entrar. Los promotores estiman que estas plataformas de reventa facturan ilegalmente 2.500 millones de euros al año en Europa.

Pero los espectadores de los conciertos no sólo se gastan en la entrada. Muchos viajan para asistir al concierto, lo que les supone otro gasto en billetes de avión o tren, coche y estancia. Y ya dentro del concierto, más gasto en bebidas y comida (carísimas), aunque sea obligatorio (desde enero de 2023) que los conciertos ofrezcan agua gratis (fuentes) y permitan la entrada de bocadillos y comida (tras una sentencia, en diciembre de 2025, del Juzgado nº 4 de Valencia, por una demanda de Facua, que prohibió a la promotora Madrid Salvaje impedir el acceso de comida y bebida a sus conciertos. Otra fuente de gasto (y de ingreso para las promotoras) son el merchandising, la venta de camisetas, sudaderas, llaveros, gorras y carteles relacionados con el concierto.

Y queda hablar de otra importante fuente de ingresos para las promotoras de los conciertos: las ayudas públicas de los Ayuntamientos, las Diputaciones y las autonomías donde se celebran los conciertos, dado que promueven el turismo y el gasto local. Un ejemplo es el FIB de Benicàssim (Castellón), un macrofestival que se celebra en julio. En 2023 se supo que el Ayuntamiento de esa localidad había gestionado 2 millones de ayudas europeas (Fondo Next Generation) para mejoras en el reciento municipal de Festivales, además de los 200.000 euros anuales que ha aportado el Ayuntamiento y otras ayudas de la Diputación de Castellón (también para otro Festival en el pueblo, el Rototom). El Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, cuenta con una ayuda de la Junta de Castilla y León de 216.250 euros. Y en Madrid, el Ayuntamiento y la Comunidad financian varios festivales, como Mad Cool (julio). Eso sin hablar de los miles de actuaciones en vivo en las fiestas de verano en toda España, que suelen pagar los Ayuntamientos (contratando orquestas que cobran hasta 25.000 euros), que por desgracia gastan más en orquestas y toros que en promover viviendas…

Estas ayudas públicas, sobre todo de Ayuntamientos, han multiplicado los Festivales musicales con conciertos en directo en verano, pasando de 872 en 2023 a más de 1.000 en 2025 (ver listado). España es el tercer país europeo con más Festivales de verano, tras Alemania y Reino Unido. La región líder en estos Festivales es la Comunidad Valenciana, destacando 5 grandes festivales de conciertos: Arenal Sound (en Burriana, Castellón: 300.000 asistentes), Primavera Sound (en San Adrià de Besos, Barcelona: 297.000 asistentes), Viña Rock (en Villarrobledo, Albacete: 240.000 asistentes), Sonorama Ribera (en Aranda de Duero, Burgos: 200.000 asistentes) y Sónar Barcelona (Barcelona capital: 161.000 asistentes).

Con toda esta financiación, desde las entradas hasta las barras de bebida, los recuerdos y las ayudas públicas, el negocio de la música en vivo crece sin parar, empujado por grandes promotoras internacionales y nacionales, que organizan los grandes conciertos en España. En 2025, 7 de los 10 conciertos con más público fueron de cantantes españoles: Joaquín Sabina (383.633 asistentes en 41 conciertos en 18 ciudades), Manuel Carrasco (367.256 asistentes en 31 conciertos), Antonio Orozco (170.378 asistentes en 32 conciertos), Aitana (153.198 asistentes en 3 conciertos), Dellafuente (117.630 asistentes en 2 conciertos), Arde Bogotá (115.249 asistentes en 7 conciertos) y Lola Índigo (109.256 asistentes en 3 conciertos). Y están también en el Top 10 de público, 3 conciertos en España de cantantes extranjeros: Ed Sheeran (137.884 asistentes en 2 conciertos), Imagine Dragons (112.419 asistentes en 2 conciertos) y AC/DC (103.946 asistentes en 2 conciertos).

La mayoría de estos grandes conciertos los promueven gigantes multinacionales y las grandes promotoras que han aparecido en España, muchas veces cooperando juntos. El gigante de la promoción mundial de conciertos es la empresa californiana Live Nation (con filial en España), el mayor promotor de conciertos del mundo y propietario de Ticketmaster, que factura unos 7.500 millones de dólares anuales. Le siguen, de lejos, la norteamericana AEG Global, que factura 2.400 millones de dólares, y la alemana Eventim, líder europeo en conciertos, con 1.500 millones de dólares de facturación. En España, el ranking lo encabeza Riff Producciones (conciertos de Sabina y Carrasco), con 31,8 millones de dólares de facturación (puesto 51 en el ranking mundial de Pollstar) , seguida por Iglesias Entertainment, con 43,5 millones de dólares (puesto 63), Doctor Music (Bruce Spreenting) , con 42 millones de dólares facturados (puesto 68), GTS Live (Aitana y Lola Índigo), con 20,64 millones (puesto 75) y Proactiv Entertainment (puesto 78).

Cara al futuro, el sector confía en que el negocio de los conciertos en directo vaya a más en España, empujado por la gran demanda de los jóvenes y el interés de las grandes promotoras por organizar conciertos en España (buen clima, turismo y seguridad). Además, cada día hay más ciudades y pueblos que organizan Festivales y conciertos como una forma de atracción turística. Y, sobre todo, porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que siguen apostando por la “fun economy” (“economía de la diversión”): el 78% de los consumidores no están dispuestos a reducir su gasto en ocio musical, según el informe “The Live Effect” de AEG Global. A lo claro: que los jóvenes son mileuristas y no llegan a fin de mes, pero no están dispuestos a perderse un concierto de su cantante favorito, le cueste lo que le cueste.

Ante este crecimiento imparable de la música en vivo, se plantean varios problemas a resolver. Una mayor regulación de las entradas, para evitar abusos y reducir la reventa ilegal, cerrando las plataformas que provocan abusos y timos. Y también un mayor control en los espacios del concierto, desde organizar la llegada (autobuses y aparcamientos) a evitar las enormes colas de acceso, vigilar los abusos en las barras de la bebida y comida, así como asegurar los servicios complementarios (WC) y la seguridad (sobre todo de las mujeres). Un problema sin resolver es encontrar espacios idóneos, lejos de las viviendas, para evitar ruidos y problemas al resto de vecinos, como ha pasado en el Bernabéu y en el Mad Cool 2025.

En paralelo, hay que promover conciertos “normales”, en salas medianas y pequeñas, apoyando la música en vivo al margen de los macroconciertos y los Festivales de verano, para dar entrada a pequeños grupos y artistas, con precios accesibles en las entradas. Precisamente, el Ministerio de Cultura aprobó en enero nuevas ayudas (por 1 millón de euros) para las salas que promuevan la música en directo. Y se necesita también fomentar la llegada de jóvenes a la promoción musical, que no debería quedar cerrada sólo a los grandes promotores internacionales y nacionales. Para mejorarlo, sería importante facilitar la seguridad jurídica a los que se dediquen a este negocio, que dependen de licencias y autorizaciones con reglas muy cambiantes y personalizadas en cargos públicos. Y sobre todo, habría que fiscalizar muy bien las ayudas públicas a los conciertos en directo, sobre todo a los Festivales veraniegos, para no agravar el turismo ya masificado en muchas zonas (hay vecinos y turistas habituales de Benicàssim que se van cuando llega el FIB o el  Rototom…).

En resumen, que los conciertos y Festivales de música se han convertido en una prioridad para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que se gastan cada vez más en acudir y “vivir esa experiencia” , empujados por los amigos y las redes sociales. Pero debería haber un mayor control de este negocio, para evitar abusos, desde el precio de las entradas a las bebidas, y asegurar los accesos y la seguridad en estos eventos. Y, sobre todo, habría que frenar la fiebre de pueblos y ciudades por tener su Festival de música, a costa de ayudas públicas que aceleran la “turismofobia” y podrían destinarse a  otras necesidades. Cuidado con crear “una burbuja de conciertos” que un día nos estalle. A cambio, falta promover la música de pequeños grupos y locales, que sobreviven malamente.

Plan de vivienda: sin las autonomías no sale

El Gobierno aprobó este martes el Plan estatal de vivienda 2026-2030, que triplica el gasto (7.000 millones) en vivienda pública, ayudas al alquiler y rehabilitación. El Plan tiene dos novedades. Una, que el Estado aportará el 60% a las autonomías que financien el otro 40%. Otra, que impone condiciones: las VPO financiadas no se puedan vender, incorpora medidas contra la corrupción en su adjudicación (Alicante) y exige más información y control. Madrid y otras autonomías gobernadas por el PP (son 11) lo rechazan, porque “invade competencias”, pero habrá que ver si están dispuestos a perder los 4.200 millones de aportación estatal (667 millones para Madrid). La votación autonómica del Plan se hará en mayo y si se rechaza, será papel mojado, como la Ley de Vivienda. Además, faltan medidas (suelo y financiación) para promover más viviendas “libres” (sólo 80.792 terminadas en 2025) y para conseguir más viviendas en alquiler. Pero todas exigen colaboración entre Gobierno, autonomías y Ayuntamientos, algo inexistente. Así, la vivienda no tiene enmienda.

                            Enrique Ortega

El problema de la vivienda en España se agrava día a día. Comprar una casa se ha vuelto un objetivo imposible para la mayoría de jóvenes y familias, porque su precio está por las nubes: cerró 2025 con un coste de 2.230 euros/m2, según el Ministerio de Vivienda, un récord histórico, que es mucho mayor en Madrid (5.820 euros/m2) y Barcelona (5.144 euros/m2), según el portal Idealista. Eso supone que comprar un piso de 100 m2 obliga a pagar una hipoteca (80% del precio) de 907 euros mensuales, además de tener ahorrado un 30% del precio para la entrada, gastos e impuestos. Y si hablamos de comprar un piso en Madrid (582.000 euros/100 m2) o Barcelona (514.000 euros/100 m2), tendríamos que pagar entre 2.368 euros mensuales de hipoteca (Madrid) y 2.093 euros, algo imposible salvo para los que ganen en torno a los 7.000 euros (la banca sólo concede hipotecas por el 30% del sueldo).

El resultado es que la mayoría de las familias y jóvenes no puede comprar piso. Y tampoco alquilar, porque no hay apenas casas en alquiler y eso ha disparado los precios: en marzo, el alquiler medio estaba en 15 euros/m2, según Idealista, el máximo de la serie histórica y una subida del +44,2% sobre 2019 (10,4 euros/m2), el doble de la subida de la inflación (+24,6%) y los sueldos (+19,53%). Y esa es la media (1.350 euros de alquiler por un piso de 90 m2), porque los alquileres son mucho más altos en las grandes capitales, sobre todo en Madrid (23,2 euros/m2: 2.088 euros por un piso de 90 m2) y Barcelona (22,6 euros/m2: 2.034 euros vivienda 90 m2). Y además, los que intentan alquilar se encuentran con muchos candidatos por cada vivienda, con lo que el dueño “selecciona” y a veces obliga a pagos y condiciones ilegales, mientras se disparan también los alquileres por habitación (superan los 500 euros).

Cada año, hay 200.000 nuevas familias y jóvenes que se incorporan a buscar un piso para vivir y no pueden comprarlo ni alquilarlo. El problema de fondo es que hay pocas viviendas disponibles y un déficit estimado de 600.000 viviendas, mientras se construyen pocas viviendas. Así, en 2025 se iniciaron 121.827 viviendas “libres” (de promoción privada), +8,5% que en 2024 (112.220), según los datos de Vivienda. Y entre 2020 y 2025 se iniciaron 605.517 viviendas, menos en 6 años que las iniciadas en todo 2004, 2005 y 2006 (+600.000 cada año). Y si miramos las viviendas terminadas, han sido sólo 80.792 viviendas en 2025, menos que en 2024 (86.609). Y en los últimos 6 años (2020-2025) se han terminado en España 489.431 viviendas “libres”, menos de las terminadas en 2004,2005, 2006 y 2007 (+500.000 cada año).

Si miramos las viviendas de protección oficial (VPO), que promueven el Estado, autonomías o Ayuntamientos, el balance es aún más preocupante. En 2025, se calificaron provisionalmente 15.503 VPO de planes estatales y autonómicos, menos que en 2024 (23.967 VPO calificadas), según datos de Vivienda. Y si vamos a las calificaciones definitivas, fueron sólo 11.104 las VPO, también menos que en 2024 (14.371 VPO). Y en los últimos 6 años (2020 a 2025) se han calificado (terminado) 64.542 VPO, una cifra similar a las VPO calificadas en 2005, 2006, 2007 y 2008 (ojo: más de 60.000 VPO calificadas cada año).

¿Qué está pasando? ¿Por qué ha caído tanto el número de viviendas terminadas? Las razones aportadas por promotores y constructores son varias: escasez de suelo urbanizado (muy caro), problemas burocráticos y administrativos que han parado muchos Planes urbanísticos, elevados costes de la construcción, falta de mano de obra cualificada y serias dificultades de financiación, porque la banca sigue “huyendo el ladrillo”. En el caso de las viviendas protegidas (VPO) hay otras razones adicionales: la congelación de los precios máximos de venta (los módulos se empezaron a actualizar en 2024), la falta de suelo finalista, los excesivos trámites burocráticos y la escasa financiación. Incluso se ha dado la paradoja de que los precios de la VPO superaban a los de la vivienda “libre”.

Con 80.000 nuevas viviendas “libres” terminadas al año y otras 11.000 VPO no se soluciona el problema de fondo de la vivienda, que es la falta de oferta. Los expertos estiman que habría que construir unas 150.000 viviendas al año como mínimo (se terminan 91.000), de ellas 70.000 VPO, la mayoría para alquiler. Pero para eso, el Estado y las autonomías deberían gastar más en vivienda, algo que hoy no hacen. Y además, es importante crear un parque público de VPO, para atender la demanda con menos recursos (jóvenes y familias vulnerables). España carece de este parque público de VPO: sólo hay unas 300.000 viviendas, el 3,3% del total, cuando la media en la UE-27 es el 8% (y el 29% en Paises Bajos, el 24% en Austria, el 20% en Dinamarca o el 16% en Suecia). La culpa es de los gobiernos anteriores, que han permitido la venta de gran parte de las VPO a particulares y Fondos de inversión: en los últimos 40 años se han construido en España 2,7 millones de VPO, pero la mayoría se han vendido.

En España se promueven pocas viviendas “libres” y muy pocas VPO porque el gasto público en vivienda es mínimo, mucho menor al de otros paises europeos. Así, el gasto público en promoción de vivienda “libre” (2007-2022) ha sido en España de 46,9 euros/habitante, frente a 58,1 euros en Alemania, 103,9 euros en Francia ,111,7 euros en Dinamarca, 121 euros en Francia, 125, 3 euros en Italia y 157,9 euros en Irlanda, según el Boletín de Vivienda Social 2024. Y si miramos el gasto en protección social en vivienda (VPO y ayudas), España gastó (entre 2007 y 2021) 34 euros/habitante, la cuarta parte del gasto social en vivienda en la UE-27, que fue de 160,5 euros/habitante, siendo también mucho mayor el gasto en Irlanda (334 euros/habitante), Dinamarca (318), Francia (274), Finlandia (246), Alemania (209), Suecia (187) y Paises Bajos (171,6), aunque mucho menor en Italia (8,5 euros/habitante).

El gasto público en vivienda (Estado y autonomías) sufrió también los recortes de Rajoy, pasando de un máximo de 2.761 millones en 2009 a menos de la mitad en 2013 (1.103 millones). El Gobierno Sánchez subió la aportación estatal y también varias autonomías, a partir de 2019 (1.590,5 millones) y sobre todo en 2022 (2.668 millones), 2023 (2.149 millones) y 2024 (2.286 millones), aunque el gasto es todavía menor al de 2009. Y el último Plan estatal de Vivienda 2022-2025 destinó 2.300 millones del Estado central a promoción de VPO y ayudas a compra y alquiler, 583 millones al año. Una cifra ridícula si se compara con lo que España gasta al año en pensiones (190.687 millones), en sanidad (99.347 millones), en educación (63.380 millones) o en Dependencia (11.500 millones), lo que indica que la vivienda es “el patito feo del Estado del Bienestar” en España. 

Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado un Plan estatal de Vivienda 2026-2030 más ambicioso, que pretende gastar el triple, 7.000 millones de euros en 5 años (ojo, son solo 1.400 millones al año en promoción pública de vivienda y ayudas). El Plan tiene 2 novedades importantes sobre el anterior. Una, que el Estado central no es “el cajero del Plan”, no aprueba una inversión y luego son las autonomías quienes gastan y lo ejecutan, sin comprometerse a otro gasto adicional. Ahora, el Estado central (el Presupuesto) aporta el 60% del gasto (4.200 millones), pero sólo si las autonomías aportan el 40% restante (2.800 millones). Y la otra novedad, que la inversión está “condicionada”, debe cumplir 3 condiciones: las VPO promovidas no se pueden vender (para crear un parque público), la adjudicación de los pisos y ayudas ha de ser transparente (para evitar corruptelas como las adjudicaciones en Alicante) y las autonomías han de aportar estadísticas de vivienda y un seguimiento del Plan.

Este nuevo Plan estatal de vivienda 2026-30 tiene 3 objetivos. El primero, aumentar la oferta de viviendas protegidas (VPO), para lo que se destinan el 40% de los recursos (2.800 millones). Para conseguirlo, duplica la ayuda actual para promover estas viviendas VPO (subvenciona hasta 85.000 euros por piso, más otros 8.500 si se utilizan métodos avanzados de construcción), incorporando la figura de promotores sociales de vivienda (con ayudas que pueden llegar a 102.000 euros por vivienda).Y además, contempla la compra de viviendas a particulares para incorporarlas al parque de VPO (cubriendo el 70% de la compra y hasta el 85% si se compran en zonas tensionadas). Todo esto, con dos condiciones: que el alquiler de estas VPO no supere los 900 euros (y tengan un precio de compra tasado) y blindarlas para que no puedan venderse y sigan siendo VPO en el futuro.

El 2º objetivo del Plan es mejorar el parque de vivienda, con un apoyo a la rehabilitación (30% de los recursos: 2.100 millones). Se darán hasta 20.500 euros por vivienda que se rehabilite (con mejoras estructurales, de acceso y eficiencia energética), con una ayuda mayor cuando se rehabilite una vivienda vacía y se ponga después en alquiler (asequible): se puede conseguir una ayuda de 35.000 euros y hasta 35.000 si está en zona rural.

El tercer objetivo del Plan (con 30% de recursos: 2.100 millones) se destinará a ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes hasta 35 años (la ayuda llega a 300 euros, un tercio del alquiler máximo subvencionable, con avales públicos para ayudarles a alquilar) y familias vulnerables, contemplándose también ayudas al alquiler con opción de compra (hasta 30.000 euros) y ayudas a la compra en municipios en riesgo demográfico. En todos los casos, el Plan pretende que el alquiler o la compra no supere en 30% de los ingresos.

El Ministerio de Vivienda dice que ha tenido 28 reuniones con las autonomías, más muchas otras con expertos, instituciones, promotores y fuerzas sociales desde que presentó el primer borrador de este Plan, en septiembre pasado. Y que ha incluido muchas sugerencias. Pero de momento, la Comunidad de Madrid (Ayuso) y el PP (Feijóo) han criticado este Plan, al que acusan de “intervencionista”, por los condicionantes que exige a las autonomías (que tienen transferida la gestión de la vivienda). Este Plan estatal de Vivienda no tiene que pasar por el Parlamento, pero debe votarse en mayo en la Conferencia sectorial de vivienda, que agrupa al Gobierno central y a las autonomías, para ponerlo en marcha en el 2º semestre de 2026. La ministra de Vivienda confía en que las autonomías gobernadas por el PP (11) no voten en contra, porque perderían el 60% que aporta el Estado: Madrid perdería 667 millones y Andalucía 718 millones. Madrid dijo el martes que no apoyaba el Plan y el miércoles que no se quedará fuera…Así que no sabemos sí boicotearán el Plan, como ya hicieron con la Ley de Vivienda, aprobada en 2023 y cuyos controles de alquileres no aplican.

Con todo esto, el Plan estatal de Vivienda, la herramienta para promover viviendas protegidas y las ayudas al alquiler para jóvenes, está en el aire. Pero hay otros temas relacionados con la vivienda que también están en el aire. Por un lado, relanzar la promoción de viviendas libres, dado que las viviendas terminadas en 2025 han caído (a 80.792). Urge un acuerdo (otro) entre el Gobierno, las autonomías, los Ayuntamientos y lo promotores-constructores para resolver los problemas que impiden construir más: falta de suelo urbanizado (y urbanizable), exceso de burocracia en las promociones y resolución de conflictos (la reforma de la Ley del Suelo, para agilizar licencias, está parada en el Congreso), frenar subida costes y aumentar la mano de obra formada, así como conseguir financiación (los bancos “huyen del ladrillo”. Todo para conseguir duplicar la construcción, hasta 150.000 viviendas/año.

Además, hay que actuar ante el grave problema de los alquileres, no sólo aumentando la oferta (para lo que hay que limitar drásticamente los pisos turísticos y los alquileres de temporada) sino creando entidades públicas (como Bizigune en el País Vasco ) que den tranquilidad a los propietarios, asegurándoles que cobran cada mes si alquilan sus viviendas. Y favorecer, con medidas fiscales (IRPF y el IBI) que se pongan en alquiler pisos vacíos. Y habrá que ver cómo evolucionan los topes al alquiler en los 308 municipios que los aplican (271 en Cataluña, 22 en Navarra, 14 en el País Vasco, más A Coruña), porque parece que han permitido bajar algunos alquileres en Cataluña, aunque ha sido a costa de caer más la oferta. Y habría que evaluar qué pasa con el millón de alquileres que hay que renovar en 2026 y 2027, que el Gobierno propone congelar (con una subida del 2% anual), aunque PP, Vox, UPN y Junts votarán en contra (este martes 28 de abril) del Decreto aprobado, complicando la vida a 2,6 millones de personas que han de renovar su alquiler.

Al final, la vivienda es el primer problema de los españoles, pero nuestros políticos son incapaces de ponerse de acuerdo en buscar soluciones, desde conseguir suelo, permisos y financiación para construir a aprobar ayudas públicas eficaces tanto para construir muchas más viviendas protegidas para que accedan a ellas jóvenes y familias con ingresos bajos y medios. Este Plan estatal de vivienda es otra oportunidad de tomar medidas: aunque no se esté de acuerdo con muchas cosas, es una base para avanzar. Pero podría bloquearse por el constante enfrentamiento político. Unos por otros, la vivienda no se enmienda. Y lo sufren millones de españoles ¡ Ya está bien !

Otro récord de bajas laborales

La patronal está obsesionada con el absentismo, con las bajas laborales. Los datos avalan su preocupación: 1,47 millones de trabajadores faltaron cada día a su trabajo en 2025, 1,1 millones por bajas médicas (+83% desde 2017). Y el coste de estas bajas (ILT) se ha triplicado, siendo 33.280 millones en 2025: 16.616 millones pagan las empresas y 17.164 millones la Seguridad Social, el 2º mayor gasto tras las pensiones. Estamos ante un problema grave, pero no se puede “culpar a los trabajadores", insinuando que “se escaquean” con las bajas, como hace la patronal. La causa de las bajas disparadas es el deterioro de la sanidad pública, que tarda meses en atender y curar y carece de medios para mejorar controles y reducir plazos. También ha crecido el estrés en el trabajo y muchos trabajadores se preocupan más de su salud, mientras los jóvenes no aceptan trabajar enfermos (como hacían sus padres). Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido varias veces para reducir las bajas, pero no logran acuerdos .  

                            Enrique Ortega

Las bajas laborales vienen creciendo en España desde 2014, cuando se empieza a superar la crisis financiera de 2008, y sobre todo tras la pandemia. En 2012, la tasa de absentismo (porcentaje de ocupados que se ausentan del trabajo) rondaba el 4%, mientras las bajas por enfermedad (ILT) rondaban el 2% (el resto son ausencias por diversos motivos). A partir de 2014, sube ligeramente el empleo y también el absentismo, por encima del 5% en 2019 (las bajas por enfermedad suponen el 2,7% de las horas de trabajo). La pandemia trastoca las cifras, hasta picos de absentismo del 7% en 2021 y 2022, siendo el 5,8% por bajas por enfermedad. Y a partir de estos máximos, el absentismo ha bajado, pero poco: era del 6,6% en septiembre de 2025, un promedio diario de 1.477.549 personas que se ausentaron del trabajo, según el último estudio de Randstad. Y de ellas, el 5,2% no trabajaban porque estaban de baja médica (ILT), concretamente 1.164.129 trabajadores de baja.

Voy a centrarme en las bajas médicas (ILT), porque son el grueso de las bajas (el 79%), en esos 1,16 millones de trabajadores de baja a finales de 2025. La gran mayoría de estas bajas médicas (el 91%) son por contingencias comunes, por problemas temporales de salud (roturas y problemas de huesos y músculos, enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, infecciones y problemas mentales), siendo una minoría (9%) las bajas derivadas de enfermedades profesionales. Un reciente informe de AIReF ha dado la alarma: las bajas médicas por contingencias comunes se han casi duplicado, pasando de 4,7 millones en 2017 a 8,6 millones en 2024 (+83%), mientras las bajas por enfermedades profesionales están estables (unas 700.000). Y a la vez, esas bajas por contingencias comunes son más largas: de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

Podría pensarse que hay más bajas médicas porque hay más gente trabajando (+3,4 millones de ocupados desde 2017). Pero no es por eso, como lo demuestra el dato de las bajas médicas por 1.000 trabajadores: eran 21,4 en 2017, saltaron a 28 en 2019, a 32,8 en 2022, a 36,5 en 2024 y a 38 bajas por 1.000 trabajadores en 2025, un salto enorme (+77,5%). Un porcentaje de bajas médicas superior al del resto de Europa: si en España suponían el 4,5% de las horas pactadas en 2024, la media europea era el 2,5%, en Italia el 0,7% y en Alemania el 3,2%, frente al 3,9% en Francia, un 4,1% en Bélgica y un 3,6% en Portugal, según este estudio de Ivie. Y la OCDE sitúa a España como uno de los paises occidentales con más bajas laborales, con una media de 4,9 semanas perdidas al año por enfermedad.

El problema de este alto nivel de bajas médicas no es sólo la pérdida de jornadas y de productividad, sino también su alto coste, no sólo para empresas y trabajadores sino también para la Seguridad Social. Actualmente, los tres primeros días en que no se trabaja por un problema médico, el trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, el trabajador cobra el 60% de su sueldo (mejor, de su base imponible) y lo paga su empresa. Entre el día 16º y el 20º de baja, cobra ese mismo 60%, pero ya se lo paga la Seguridad Social (el INSS) y desde el día 21 en adelante, lo sigue pagando el INSS (a través de las Mutuas), pero el trabajador cobra algo más, el 75% de su base imponible. Así que de baja se cobra menos, aunque hay convenios que complementan lo que se recibe (hasta el 80/91% del sueldo).

Así que las empresas pagan una parte del sueldo del trabajador del 4º al 15º día que está de  baja, unos costes que han pasado de 4.806 millones en 2015 a 16.116 millones pagados en 2025, según los datos oficiales. Y el mayor desembolso lo hace la Seguridad Social (el INSS), cuya factura por las bajas médicas ha pasado de 6.149 millones en 2015 a 17.164 millones en 2025, la 2ª mayor factura que paga la SS tras las pensiones. En conjunto, el coste total de las bajas médicas se ha triplicado en la última década, desde los 10.955 millones que costaban en 2015 a los 33.280 millones gastados en 2025.

Veamos el perfil del trabajador que está de baja, según el informe de la AIReF. Hay más mujeres (40 por 1.000 trabajadores, frente al 33,86 de media) que hombres (30), se da más entre jóvenes (41,1 por 1000 entre 25 y 35 años, 34,4 entre 35 y 45 años, 28,7 entre 45 y 55 y 29,7 entre 55 y 65 años), aunque los más mayores están de baja el doble de días. Cogen más bajas médicas y más largas los asalariados (38,3 por 1000 trabajadores, con 112,5 días de media) que los autónomos (10,7 bajas por 1000, de 42,4 días de media) y más los asalariados con contrato fijo que los temporales. Los sectores con más bajas médicas (ILT) son la industria, las actividades sanitarias y servicios sociales, el transporte y almacenamiento, el suministro de agua y residuos, junto a las actividades administrativas, sin olvidar también a la construcción y el turismo. En general, las bajas se concentran en las grandes empresas, más que en las pymes. Y por autonomías, las que tienen más bajas médicas son Navarra (52,2 por 1.000 trabajadores), Cataluña(49,1) y País Vasco (42,6), aunque donde más han crecido desde 2017 han sido en Canarias y Cantabria. Un dato llamativo es que un 25% de los trabajadores son los que concentran el 55% de las bajas y muchos repiten.

¿Por qué se ha disparado el absentismo laboral en España? Para muchos expertos, la pandemia supuso una situación disruptiva que agravó los problemas sanitarios, laborales y sociales que ya habían elevado el absentismo. Y sobre todo, el subsiguiente deterioro de la sanidad pública, que ha aumentado las listas de espera para el médico de familia, las pruebas y las consultas de los especialistas, lo que complica que muchos trabajadores con problemas de salud o roturas puedan volver a trabajar. Y además, la falta de personal en la Seguridad Social ha retrasado la resolución de muchos expedientes, a pesar de la ayuda inestimable de las Mutuas (que han de pasar por un médico de familia para dar las altas).

También hay otros factores que explican el aumento del absentismo, en España y en todo Occidente : el aumento de la población ocupada (hay 4,2 millones de trabajadores más en España que en 2014), la menor tasa de paro (11,76% frente al 26,94% en 2013, con lo que hay “menos miedo a perder el empleo) y, sobre todo, una “distinta actitud ante el trabajo” de los jóvenes: muchos tienen contratos precarios y mal pagados y tienen menos interés por su trabajo, mientras han aumentado los problemas de ansiedad y salud mental. Y no ayuda a bajar el absentismo la falta de conciliación familiar y los disparatados horarios laborales.

Otro factor que cada día cobra más peso es el aumento del “estrés” en el trabajo, que ha disparado la depresión y los problemas mentales de muchos trabajadores, que son ya la 2ª mayor causa por la que se pide ahora una baja laboral, según la SS. Y además, son las bajas cuya duración más ha aumentado, de 19 días hace una década a 45 días ahora. Según este informe de UGT, en 2025 se concedieron 420.783 expedientes de ILT por trastornos mentales y de comportamiento, sobre todo en comercio, hostelería, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades administrativas, Administración pública y educación. Y consideran que estos problemas mentales son culpa en muchos casos de la temporalidad y la  inseguridad laboral, las largas jornadas laborales y la presión y sobrecarga de trabajo o el trato con clientes, a los que se han sumado los problemas derivados de la digitalización y el teletrabajo más las negativas condiciones climáticas (olas de calor, inundaciones, incendios…).

Al final, el elevado absentismo laboral daña la productividad del país y de las empresas, pero también a los trabajadores, que cobran mucho menos mientras están de baja. Por eso, el absentismo preocupa no sólo a los empresarios (que llevan años quejándose del aumento) sino también a los sindicatos, lo que se ha traducido en que ambas partes dedicaran un capítulo (el VII) a abordar el absentismo en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 10 de mayo de 2023. En ese documento, tanto la patronal como los sindicatos exhortaban al estudio de las causas, incidencia y duración de las bajas laborales y estaban de acuerdo en pedir una mayor colaboración de las Mutuas de Trabajo para agilizar los expedientes, en coordinación con el personal sanitario del SNS. Y además, pedían más medios para reducir las listas de espera de la sanidad pública y medidas para proteger la salud de los trabajadores y reducir los procesos de bajas.

En linea con estas propuestas de las fuerzas sociales, el Gobierno anunció en febrero de 2024 que aprobaría una medida para agilizar y reducir las bajas laborales: que las Mutuas laborales (que son parte del sistema público de SS) controlen las bajas laborales (ILT) de origen traumatológico, que concentran 8 de cada 10 bajas por contingencias comunes. Eso supondría que los médicos de familia derivarán estas bajas a las Mutuas, que gestionarán el proceso de recuperación y rehabilitación, proponiendo después el alta a los médicos del SNS, los únicos que podrán darlas. No se trataba de “privatizar” el proceso, que estará siempre supervisado por entidades públicas y sujeto al consentimiento del trabajador, pero sí de aligerar de la mayor parte de esta tarea a los médicos de los centros de salud, que hoy están superados con el seguimiento de las bajas. Pero dos años después, la medida sólo se aplica en 4 autonomías (Baleares, Asturias, Cataluña y Castilla la Mancha, más Ceuta y Melilla) porque la mayoría de las autonomías (PP) están retrasando la firma de los convenios.

En octubre de 2025, la Seguridad Social propuso a las fuerzas sociales una vuelta al trabajo “flexible (poco a poco) para los que han sufrido enfermedades graves y se han recuperado, una medida que no gustó a los sindicatos (“quieren poner a trabajar a personas enfermas”). Y las fuerzas sociales no se volvieron a reunir con el Gobierno para afrontar el problema de las bajas hasta el pasado 9 de febrero, cinco días después del impactante informe de AIReF. No salió nada de esta reunión, salvo la promesa del Gobierno de crear un Observatorio para estudiar las bajas laborales. Y una semana después, el 16 de febrero, Gobierno, sindicatos y patronal volvieron a reunirse sin resultados: los sindicatos se plantaron y dijeron que no negociarán sobre el absentismo mientras el Gobierno no cierre temas pendientes (jubilación anticipada empleados públicos y penalización jubilaciones por ERE) .

Mientras, la patronal denuncia el alto nivel de absentismo y pide que el control de las bajas pase a las Mutuas, en tanto muchas empresas recortan los complementos salariales que están pagando a los trabajadores de baja. Y los sindicatos rechazan que se “victimice” a los trabajadores y defienden que se mejore la sanidad pública, para recortar la espera de los trabajadores para diagnósticos y operaciones, mientras reiteran la necesidad de abordar los problemas de salud laboral y en especial los crecientes problemas de salud mental. Y la AIReF, defiende básicamente tres medidas: mejorar la conexión entre los agentes que gestionan las bajas (sanidad, SS, Mutuas, empresas y trabajadores), reducir las listas de espera en la sanidad pública  y dotar de más medios a la atención primaria y al INSS en el seguimiento y la gestión activa, con las Mutuas, de las bajas médicas.

En resumen, tenemos un problema de demasiadas bajas laborales que tardan en resolverse, en perjuicio de los afectados, sus empresas y la Seguridad Social. No se trata de acusar a los trabajadores de “escaquearse” y pedir una baja injustificada para no trabajar (como hacen algunos líderes patronales) sino de analizar con datos y rigor qué está pasando, por qué se han disparado las bajas y qué se puede hacer para reducirlas y evitar su abultado coste, que perjudica al trabajador, a la empresa y a toda la economía. Hay que huir de soluciones “fáciles”, “populistas o demagógicas” y pactar fórmulas para agilizar los tratamientos y los expedientes. Y, en paralelo, avanzar en prevención y salud laboral, fortaleciendo una sanidad pública que no se recupera. Pero, sobre todo, hay que mejorar el trabajo en las empresas: menos “ordeno y mando” y más integración, mejor ambiente laboral, para que ir a trabajar no sea un tormento. Así habrá menos absentismo.

La Formación Profesional se privatiza

Conocemos bien el auge de la sanidad privada y de la enseñanza privada en colegios y Universidades, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP. Se conoce menos la privatización de la Formación Profesional (FP): un tercio de los alumnos estudian en España en centros privados, ante la falta de plazas y cursos atractivos en los centros públicos (faltan más de 100.000 plazas).La FP en centros privados ha crecido el doble que la pública, sobre todo los cursos a distancia (online) y tiene un mayor peso en el País Vasco (43,8% alumnos presenciales en la privada), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%), Cataluña (35,9%) y Andalucía (33,1%). La gran demanda de FP, porque permite encontrar trabajo mejor, ha atraído al sector a muchas empresas (1.020 sólo en Madrid) y Fondos de inversión, que en ocasiones ofrecen “chiringuitos” educativos sin calidad. Por eso, el Gobierno anuncia un Decreto para reforzar las exigencias a los centros privados de FP y evitar “chiringuitos”, un Decreto similar al aprobado para frenar las Universidades privadas.

                           Enrique Ortega

El salto de la Formación Profesional (FP) en España durante los últimos 15 años ha sido espectacular, con más del doble de alumnos estudiando. Así, en el curso 2010-11 había 582.576 alumnos estudiando FP (el 7,5% de todos los estudiantes no universitarios) y en la década siguiente, en el curso 2021-2022, ya superaban el millón (1.027,367 estudiantes, el 12,4% de todos los alumnos no universitarios). Y han seguido creciendo, hasta alcanzar en este curso 2025-26 la cifra de 1.218.347 alumnos en Formación Profesional (el 14,69% de todos los estudiantes no universitarios), la enseñanza que más crece.

Los estudios de FP se reparten entre 4 niveles. El primero, la FP Básica (86,124 alumnos este curso), formación profesional reglada y gratuita de dos años de duración, diseñada para jóvenes de 15 a 17 años que no han finalizado la ESO y desean aprender un oficio. Permite obtener un título profesional básico y el título de Graduado en ESO. El segundo es la FP de Grado Medio (479.864 alumnos este curso), una enseñanza postobligatoria de dos años (2.000 horas) que capacita técnicamente para un oficio. Dirigida a quienes finalizaron la ESO o FP Básica, combina teoría con prácticas obligatorias en empresas. Al terminar, se obtiene el título de Técnico, facilitando la inserción laboral o el acceso a Grado Superior. El tercer nivel es la FP de Grado Superior (642.584 alumnos este curso), una enseñanza profesional de otros 2 años que ofrece el título de Técnico Superior. Combina teoría y prácticas (FP Dual), enfocada en alta inserción laboral y permite el acceso directo a estudios universitarios. Y hay un 4º nivel, los Cursos de especialización (9.765 matriculados este curso), una especie de “Masters de FP”, que permiten especializarse (estudios de 300 a 900 horas) en áreas profesionales de alta demanda (inteligencia artificial, ciberseguridad, IoT o energías renovables).

La FP se ha disparado en España porque muchos jóvenes han visto que es una enseñanza que ayuda a encontrar empleo (muchos estudios rozan el 90% de colocados) y porque ha servido para “recolocar” a jóvenes que habían abandonado los estudios antes de acabar la ESO o que no quieren estudiar Bachillerato (la FP “gana” al Bachillerato desde el curso 2014-15 y este curso casi le duplica: 1,2 millones de alumnos en FP frente a 707.778 en Bachillerato). Estudiando FP hay más hombres (53,5%) que mujeres (46,5%) y casi un 10% de los alumnos son extranjeros (120.950 este curso). Y dos tercios de todos los estudiantes de FP se concentran en las 4 autonomías más pobladas: Cataluña (228.053 alumnos este curso), Andalucía (207.865 alumnos), Madrid (180.581) y Comunidad Valenciana (134.859).

La mayor parte de estos alumnos de FP estudian en centros públicos (el 66,1% en el curso 2024-25), aunque lo más llamativo es el gran salto que han dado los alumnos de FP que estudian en centros privados (33,9%), ya que la FP privada ha crecido el doble que la pública, como demuestra este estudio de CCOO. Este fuerte aumento de la FP en centros privados se debe a la falta de plazas en la FP pública, que no ha sido capaz de aumentar su oferta al ritmo de la fuerte demanda. Y además, los centros públicos de FP ofrecen ciclos formativos más adaptados a los nuevos empleos, mientras mucha oferta de los centros públicos se ha quedado obsoleta. Y también juega en contra de la FP pública que tiene demasiados alumnos por clase y que en muchos centros hay problemas para hacer prácticas, mientras los centros privados suelen estar más ligados a empresas locales.

Otra razón que explica el auge de la FP privada, según el estudio de CCOO, es que han apostado por ofrecer FP a distancia, online, con menos costes y una gran demanda en zonas rurales y ciudades con poca oferta de FP presencial (en la España “vaciada”), también porque hay menos controles y exigencias. Por todo ello, lo que nació como una FP complementaria se ha convertido en una oferta clave. Y una oferta que lideran las empresas privadas: si en el curso 2018-19 la FP a distancia llegaba sólo a 87.418 alumnos (30.420 en centros privados), en el curso 2024-25, los alumnos a distancia eran ya 223.300 (2,5 veces más) y la mayoría ahora estaban matriculados en centros privados (128.971 alumnos, 4 veces más, frente a 94.323 alumnos online en centros públicos).

El tirón de la FP en centros privados se ha dado sobre todo en las autonomías con más crecimiento económico y más demanda, un proceso también amparado por los gobiernos del PP, que no han reforzado la FP pública. Así, en el curso 2024-25 había 6 autonomías donde el porcentaje de alumnos presenciales en centros privados de FP superaban la media española (28,4% estudian en centros privados presenciales y un 33,9% si contamos toda la FP, presencial y online): País Vasco (43,8% alumnos presenciales estudian en centros privados), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%), Cataluña (35,6%), Andalucía (33,1%) y Cantabria (30,2% de los alumnos), según el estudio de CCOO. Y sólo tienen un bajo porcentaje de alumnos en la FP privada Canarias (8,7%), Castilla la Mancha (12%) y Extremadura (13,9%).

Esta fuerte presencia de la FP privada se concentra en las autonomías con más demanda de los jóvenes y donde hay más déficit de plazas públicas (Cataluña y Madrid), concentrándose además en las dos ramas con más dinamismo, la FP básica y la FP a distancia. Pero hay otra razón: la FP privada crece también porque ofrece una serie de ciclos formativos más atractivos y tienen más potencial de empleo, estudios que la FP pública apenas ofrece (por falta de inversión en profesores y ciclos). El estudio de CCOO cita las 8 titulaciones más atractivas que hacen crecer a la FP privada porque no las ofrece o faltan plazas en la FP pública: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear,  Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica, Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo Aplicaciones Web, Educación Infantil e Integración Social.

La FP privada crece buscando la máxima rentabilidad y para eso se concentra en las autonomías con más demanda (y menos plazas públicas) y en las zonas rurales y ciudades desatendidas por la FP pública (con la FP a distancia). Además, buscan concentrar su oferta en estudios ligados a la industria e innovación (automoción, energía e industria) y a los estudios más demandados. En Grado Medio, los estudios de Sanidad (119.085 alumnos, el 50% en centros privados), Administración y Gestión  (58.371 alumnos) e Informática y Comunicaciones (51.235 alumnos). Y en Grado Superior, Sanidad (108.428 alumnos, el 68% en centros privados), Informática y Comunicaciones (96.215 alumnos, el 35% en centros privados), Servicios socioculturales (77.920 alumnos,34% en centros privados) y Administración y Gestión (76.306 alumnos, 29% en centros privados). Mientras, la FP pública dispersa sus esfuerzos ofreciendo cientos de estudios, muchos obsoletos y con poca demanda.

La consecuencia de este auge de la FP privada es que las familias de los estudiantes se ven obligadas a gastar en la formación de sus hijos, que sería gratis (sólo Madrid y Cataluña cobran 800 euros en los ciclos superiores de FP) si consiguieran una plaza en los centros públicos. En los centros privados, el coste de la FP básica y de Grado medio oscila entre 1.000 y 3.000 euros año (por 2 años) y en Grado Superior y Especialización, el coste oscila entre 3.000 y 6.000 euros año (por 2 años), lo que retrae a muchas familias con bajos ingresos (que son las que más apuestan por la FP) o las obliga a endeudarse.

En definitiva, que la FP crece imparable, porque facilita encontrar empleo, pero los centros públicos tienen pocas plazas (el déficit supera las 100.000, la mitad en Madrid) y por eso crecen cada año los centros privados, que anteponen la rentabilidad a la formación. Y en muchos casos, según denuncia el estudio de CCOO, con menos exigencia y controles educativos, sobre todo en la enseñanza a distancia. Así que la FP ha empezado a ser “otro negocio más”, como la sanidad o la Universidad, por el que están apostando empresas privadas y Fondos de inversión, que llevan años desembarcando en España, con un volumen de inversión en educación de 6.000 millones de euros solo en 2024.

El mayor inversor privado en la FP española es el Fondo norteamericano KKR, que ha forjado un “imperio educativo en los últimos años y facturó 174,5 millones en 2022. Opera a través de Educa Holdco y tiene 17 empresas educativas en cartera, entre ellas Master D, la malagueña Medac (la compró en 2021 por 200 millones), Itep Formación, Implika Educación y Obicex Formación. Otro Fondo, el suizo Crescendo compró el conocido grupo de formación CCC. Otro gigante de la formación (no sólo FP) es E-Magister, en manos de un Fondo que pertenece a Educaedu Group. En 2021, Invertindustrial compró al grupo Planeta las firmas CEAC, Deusto Formación y Deusto Salud. Otra empresa con cursos presenciales y online es Linkia Talentia, cuyo accionista mayoritario es el Fondo Q Impact. Otra empresa con cursos de FP, Ilerna, fue adquirida por el grupo francés Skill&You, propiedad del Fondo IK Partners. Y Metrodora, que controla varios centros de FP tiene detrás al Fondo Magnum Industrial Partners.

El problema de estos Fondos es que invierten en FP como podrían hacerlo en inmuebles, hoteles o empresas tecnológicas, buscando un beneficio rápido: tratan de aumentar los alumnos y la facturación, para vender la empresa en unos años con plusvalías. Por eso, muchos profesionales y expertos piden que se controlen estas inversiones, dado que están ligadas a la formación y el futuro empleo de nuestros jóvenes. CCOO propone reforzar los controles y las auditorias a estos centros privados de FP, siendo mucho más rigurosos en la autorización de nuevos centros y ciclos formativos.

Al hilo de esta explosión de centros privados de FP, sobre todo en Madrid (hay 1.020 empresas que ofrecen ciclos formativos de FP), Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, el propio presidente Sánchez acaba de anunciar , el 4 de febrero, que el Gobierno “impedirá la entrada de centros privados de FP sin calidad”. Y para ello, anuncia que se aprobará en dos meses un Decreto para frenar la creación de “chiringuitos” en la FP, como se ha hecho con las Universidades privadas. Su idea es exigir una serie de requisitos para que se autoricen esos centros en el futuro, una normativa que no necesita ser convalidada por el Parlamento. Eso sí, lo esperable es que el “Decreto anti-chiringuitos” en FP sea recurrido ante los Tribunales, como han hecho los gobiernos de Madrid, Extremadura y Aragón con el Decreto que establece requisitos mínimos para la apertura de Universidades privadas.

Al final, nos enfrentamos a un problema serio: la FP ha duplicado con creces sus alumnos pero crece sobre todo por el fuerte aumento de la oferta privada, porque los centros públicos están faltos de recursos, medios y profesores y no pueden atender la creciente demanda, lo que alimenta los centros privados (y su negocio). Urge apostar por los Centros públicos de FP, aportando recursos y modernizando su oferta, con el apoyo de las empresas (prácticas en la formación dual). Y eso porque tenemos el doble de paro juvenil (23,4%) que Europa (14,7%) y menos peso de la FP, que debe seguir creciendo: en España, sólo el 39% de los alumnos que han pasado la ESO eligen la FP, frente al 51% en Europa y el 44% en la OCDE. Para ello, hay que apostar por la FP pública, dejando la FP privada como complementaria. Es lo mismo que pasa con la sanidad o el resto de la educación: hay que apostar por lo público y no permitir que la salud o la educación se gestionen como un negocio privado más.

Nos invaden los alimentos ultraprocesados

Cuando vamos al supermercado llenamos el carro de alimentos ultraprocesados, comida y bebida con exceso de grasas, azúcares, sal y aditivos que provocan sobrepeso y obesidad, la causa de múltiples enfermedades. Una “comida basura” más atractiva y barata que los alimentos frescos y que las industrias publicitan sin control, atrayendo sobre todo a niños y jóvenes. Un reciente estudio alerta que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta mundial y pide medidas a los Gobiernos frente a esta “pandemia global”. En España, 4 de cada 10 niños y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso, como la mitad de los adultos, provocando enormes costes sanitarios y económicos. El Gobierno obligó al etiquetado de los alimentos y subió el IVA a las bebidas azucaradas, con poco éxito. Ahora, va a controlar la alimentación en hospitales y residencias de ancianos, tras aprobar un Decreto para controlar los menús escolares. Pero la batalla contra la comida basura y el sobrepeso es de todos y empieza en las familias. El sobrepeso mata.

                  Alimentos ultraprocesados: triplican su peso en nuestra dieta y agravan el sobrepeso 

En las últimas dos décadas hemos sufrido la avalancha de alimentos ultraprocesados en las estanterías de los supermercados. No son alimentos naturales sino preparaciones industriales  que utilizan grandes cantidades de aceites y grasas, azúcares y sal más una serie de aditivos artificiales (conservantes, texturizantes, saborizantes y edulcorantes) para mejorar la apariencia de los alimentos (sabor, olor y textura) y prolongar su vida útil. Se trata de “comida basura”, elaborada para estimular artificialmente nuestro apetito: bebidas azucaradas, “snacks” empaquetados (patatas fritas y otros) galletas y bollos, comida rápida, cereales endulzados, embutidos, carnes procesadas (salchichas), “nuggets”, barras de chocolate, helados, rebozados y platos preparados.

Cada día compramos más alimentos ultraprocesados porque tenemos menos tiempo para cocinar y porque la industria alimentaria innova constantemente para ofrecernos productos que son más baratos que los alimentos frescos (frutas, verduras, legumbres, carnes y pescados). Un reciente estudio de 43 expertos mundiales, publicado hace unos días en la revista The Lancet, ha dado la alarma: “la comida basura domina la dieta mundial, impulsada por el afán de lucro de las grandes multinacionales de la alimentación”. Y añaden que estos alimentos ultraprocesados dominan la dieta en todo el mundo, propagados como “una especie invasora”, tanto en los paises desarrollados (donde su consumo ha crecido un 20% en los últimos 15 años) como en paises de ingresos medios (crecen un 40%) y sobre todo en los paises pobres (crecen mucho más, un 60% entre 2007 y 2022).

El consumo de esta “comida basura” oscila entre el 9% de la dieta energética en Irán al 60% en EEUU, según el estudio, con un consumo intermedio del 14% en Italia o el 46% en Reino Unido y Suecia. En España, la ingesta de calorías procedente de ultraprocesados se ha triplicado, pasando del 11 al 32% de la dieta en los últimos 30 años. De hecho, un estudio de la Red Europea de Nutrición, con datos de 2021, reflejaba que los alimentos ultraprocesados aportaban el 25% de la energía de la dieta de los españoles, algo menos que en el conjunto de Europa (27,2%), más que en Italia (13,4%) o Portugal (22,15%) y menos que en Suecia (42%), Paises Bajos (37,1%) o Alemania (38,4%).

El estudio alerta también sobre el modelo de negocio de los ultraprocesados, que se basa en manipular a gran escala materias primas baratas (maíz, trigo, soja o aceite de palma) para convertirlos en productos “llamativos, apetecibles y sabrosos”, que se diseñan para ser muy atractivos (“adictivos”) y se comercializan muy agresivamente (con enormes gastos en publicidad) para fomentar su consumo repetido, especialmente entre niños y jóvenes. Una estrategia dirigida no a alimentar a la población sino a conseguir enormes beneficios. Y para asegurarlos, denuncian, emplean sofisticadas técnicas y presiones, para bloquear regulaciones, involucrarse en litigios legales (para retrasar medidas),  influir en debates científicos, presionar a políticos (y comprarlos) y “manipular” a la opinión pública, según el estudio, que ve paralelismos entre estas industrias y las tabaqueras.

En definitiva, concluye el estudio publicado en The Lancet, las multinacionales de la alimentación gastan millones en desarrollar nuevos alimentos y bebidas que publicitan sin límite para aumentar sus ventas y beneficios, a costa de la salud de millones de personas. Los expertos alertan de los 12 riesgos para la salud que comporta consumir estos alimentos ultraprocesados: sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipemia, enfermedades cardiovasculares, coronarias, cerebro-vasculares, renales crónicas, enfermedad de Crohn, Parkinson y depresión. Y además de daños a la salud, la “comida basura” atenta contra el medio ambiente, por las emisiones que generan la producción, procesamiento y transporte de estos alimentos, más millones de envases de plástico generados.

En paralelo a la publicación de este estudio, la OMS ha enviado una carta donde reitera que “el consumo creciente de alimentos ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, insistiendo en que este tipo de alimentos los consumen más los paises y familias pobres, cuya dieta es baja en frutas, verduras, carnes y pescados frescos. La UNICEF también ha publicado un editorial donde denuncia que la proliferación de alimentos ultraprocesados se ha convertido en “una de las amenazas más urgentes para la salud humana en el siglo XXI” y aboga por “defender a los niños de esta plaga”, que se  prioricen la salud y la alimentación sobre los beneficios.

En España, el consumo de ultraprocesados es muy elevado, según los datos europeos, sobre todo los productos de panadería y bollería industrial, las galletas, salchichas, productos lácteos endulzados y las salsas. Y es especialmente preocupante en los alimentos que consumen niños y adolescentes. De hecho, el 80% de los alimentos infantiles comercializados en España no cumplen los criterios nutricionales establecidos por la OMS, según la 1ª tabla de composición nutricional de alimentos para niños elaborada por investigadores catalanes, que recoge 850 productos de 42 marcas disponibles en los supermercados. También alertan que el 60% de los artículos estudiados contienen exceso de azúcar , que el 30% incorporan  azúcares o edulcorantes añadidos o jugos concentrados y que el 98% presentan mensajes promocionales no autorizados.

Esta avalancha de “comida basura” (y bebidas azucaradas) es un factor clave para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad en el mundo y en España, según todos los expertos. Los datos son muy preocupantes: 4 de cada 10 niños y niñas españoles tienen exceso de peso (de ellos, el 19% de los niños y el 14% de las niñas tienen obesidad, un porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años), según el informe Aladino 2023. Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso. Entre los adultos españoles, el 55,8% tienen exceso de peso (31,7% tienen sobrepeso y el 18,7% tienen obesidad), según los datos de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Unos datos muy preocupantes, por sus consecuencias sobre la salud de los españoles y que suponen altos costes. De hecho, la OCDE realizó en 2019 un estudio económico de la obesidad en 52 paises y estos fueron sus resultados para España: la obesidad supone una reducción de 2,6 años en la esperanza de vida, provoca el 9,7% del gasto sanitario, reduce la productividad laboral (en el equivalente a 479.000 jornadas laborales anuales) y supone en conjunto una reducción del PIB del 2,9% (46.000 millones anuales). Y añaden que para cubrir estos costes de la obesidad, cada español paga 265 euros al año de impuestos. Frente a estos costes, la OCDE proponer tomar medidas, algo que creen muy rentable: por cada euro invertido contra la obesidad en España, recuperaríamos 6 euros…

El Gobierno ha tomado estos años algunas medidas contra los alimentos ultraprocesados y la obesidad. En 2021, el etiquetado de alimentos en España comenzó a incorporar el sistema de calificación nutricional Nutriscore (con letras y colores)  y se reforzaron las normas sobre la información del país de origen, la cantidad de ingredientes clave y la etiquetado de alérgenos y bebidas alcohólicas. Pero este etiquetado sigue siendo voluntario, por lo que lo utilizan sólo las empresas alimentarias que tienen productos con buena puntuación. Otra medida fue la aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas, al subirlas el IVA del 10 al 21% en enero de 2021, medida que inicialmente frenó el consumo para subir después. Pero no se ha actuado sobre la publicidad de alimentos y bebidas no saludables: un estudio de la Gasol Foundation constató que el 80% de los niños y adolescentes españoles reciben publicidad de alimentos y bebidas no saludables. Y piden regularlo con urgencia.

El 10 de junio de 2022, el presidente Sánchez presentó, con la Gasol Foundation y la OMS, el Plan Estratégico Nacional 2022-2030 para la reducción de la obesidad infantil, con 200 medidas sobre nutrición, fomento del ejercicio, la alimentación infantil, el uso de pantallas y la educación nutricional, con el objetivo de reducir el sobrepeso infantil un 25% y bajar un 40% la brecha social asociada (la pobreza infantil “alimenta” el sobrepeso). Al hilo de este Plan, se han aprobado dos medidas este año. Una, el 15 de abril, un real decreto para limitar la presencia de los alimentos ultraprocesados en los centros escolares no universitarios, medida que entrará en vigor en 2026, cuando se renueven los contratos con las empresas de catering. Y la otra, un decreto aprobado en mayo por Consumo y Sanidad, para garantizar la alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores, decreto que ha estado en periodo de audiencia pública y que se espera aprobar definitivamente en breve.

Son pasos adelante, pero falta mucho por hacer. El informe The Lancet propone varias medidas a nivel mundial: impuestos para gravar los productos insanos y ayudas a los productos frescos, mejora del etiquetado y la inclusión de mensajes sobre los riesgos de la comida basura (como en las cajetillas de tabaco), regular su presencia en centros escolares y sanitarios y limitar su millonaria publicidad. Por su parte, la OCDE propuso a España mejorar el etiquetado de alimentos y menús, promover la actividad física y programas de actividad en los centros de trabajo. Y la Federación Mundial de la Obesidad propuso en 2023 siete  medidas para frenar el sobrepeso: un compromiso político de alto nivel e inversiones suficientes, no dejar a nadie atrás en el tratamiento, formar mejor a los profesionales sanitarios, abordar la prevención y los tratamientos sin estigmas y prejuicios, mejorar la vigilancia de datos con Encuestas y estudios periódicos, financiar los tratamientos  (con ingresos derivados de impuestos a las bebidas azucaradas) y tener objetivos auditables.

Los expertos del estudio The Lancet urgen a “desescalar” el avance de la “comida basura” y la obesidad, porque ya domina nuestra dieta e irá a más. Las perspectivas para España son preocupantes, según el Atlas de la Obesidad Mundial 2025: si ahora tenemos un 50% de adultos con sobrepeso y el 15% de ellos tienen obesidad, auguran que en 2030 todavía tendremos un 33% de la población adulta con sobrepeso (13.200.000 personas), de ellas un 13,2% con obesidad (5.350.000 adultos). Unas cifras todavía impresionantes, que exigen tomar medidas eficaces para reducirlas desde ya.

En resumen, tenemos un problema de mala alimentación, con una alto consumo de comidas y bebidas basura, que han calado entre niños y jóvenes y que anticipan una España con más obesos, como ya se ve en muchos paises desarrollados. Urge actuar desde la Administración, forzando y pactando una comida más saludable con la industria alimentaria (la 2ª más poderosa, tras el turismo). Pero al final, la mayor responsabilidad está en las escuelas y las familias, que deben tener más sensibilidad ante los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, acostumbrándose a no comprarlas y a educar a hijos y nietos en una dieta más natural y saludable. Porque la comida basura y el sobrepeso matan.