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lunes, 22 de febrero de 2016

Empleo precario: un cáncer para la economía


España lleva casi dos años creando empleo, pero muy precario: en 2015, el 92% de los nuevos trabajos fueron temporales y el 35% por horas. Somos el segundo país de Europa con más empleo temporal, tras Polonia : 1 de cada 4 trabajadores tienen contrato con fecha de caducidad. Muchos dirán: mejor un trabajo precario que estar en paro. Sí, pero cuidado: tanto empleo precario no sólo perjudica a los que lo tienen, sino a todo el país: tira hacia debajo de los sueldos, hay más riesgo de quedarse en paro, se cotiza poco y las pensiones tienen un peligroso “agujero”, se compran y alquilan menos viviendas, los jóvenes no se emancipan, nacen menos niños, hay más desarraigo social y político y los trabajadores precarios son menos productivos, consumen poco y se crece menos. El trabajo precario es un cáncer para la economía. Urge mejorar la calidad del empleo, no sólo por dignidad, también para conseguir un crecimiento mayor y más estable. Nos importa a todos.
 

enrique ortega


La precariedad en el empleo no es algo exclusivo de esta crisis: España la lleva sufriendo 30 años. Los contratos temporales surgieron con fuerza en la crisis de los años 80, cuando el Gobierno de Felipe González aprobó, en 1984, el contrato temporal no causal, con una indemnización más baja que la de los contratos indefinidos. En 1.987 ya hay un 23% de contratos temporales y siguen creciendo en los años 90, hasta llegar a un récord del 40% de contratos temporales en 1995. Y en 2007, España tenía un 32% de contratos temporales, el segundo porcentaje mayor de Europa, tras Polonia. Al estallar la crisis, las empresas empiezan a despedir primero a los trabajadores temporales y por eso baja su porcentaje, al 24,98% en 2011. Pero después, suben con la reforma laboral de Rajoy (2012), hasta el 25,66% en 2015, porque casi todo el empleo que se ha creado en los dos últimos años es temporal.

En 2015, el 91,87% de todos los contratos firmados fueron temporales y sólo un 8,13% fijos. Y lo peor, además, es que cada vez son contratos por menos tiempo: los contratos por 7 días o menos fueron la cuarta parte del total y un tercio fueron por menos de un mes. En la industria, por ejemplo, antes de la crisis se firmaban contratos temporales por 6 meses de media y ahora se firman por menos de dos meses. O sea que si antes se hacían 2 contratos al año por puesto, ahora se hacen 6. Pura rotación: cada vez hay más personas por cada empleo.

El otro problema de los contratos temporales es que no se convierten en contratos fijos: entre 2013 y 2014, sólo un 11% de los que empezaron con un contrato temporal consiguieron después un contrato indefinido, según los datos de Empleo. En Europa, esa tasa de conversión de temporales en fijos es el doble, el 28% en la UE-28, aunque en Reino Unido se hacen fijos el 61% de los contratos temporales, en Alemania el 28%, en Italia el 21% y en Portugal el 18%. Así que somos el segundo país de Europa que menos transforma contratos temporales en fijos, sólo por detrás de Francia (10%).

La otra cara de la precariedad son los contratos a tiempo parcial, por horas, que también han batido todos los récords en 2014 y 2015. El año pasado, un 35,58% de los contratos firmados fueron por menos tiempo de la jornada normal (y el 89% eran además temporales). Son contratos por horas o por días, aunque en muchos casos es un fraude y el empleado trabaja 8,10 o 12 horas y cotiza por 4 (algo habitual en hostelería y comercio). Las mujeres son las más afectadas: fueron por horas la mitad de los contratos conseguidos en 2015 (47,28%), mientras eran sólo la cuarta parte de los hechos a los hombres (26,5%).

Aumentan los que trabajan menos horas, pero a cambio, para compensarlo, los demás trabajadores hacen muchas más horas extras, sobre todo con la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy (febrero 2012): se hacían 5.937.100 horas extras semanales a finales de 2015, según la EPA, 600.000 más que a finales de 2011. Y la mayoría, el 54% no se pagan (cuando en 2011 sólo el 49% no se pagaban). Del total de asalariados (15 millones), 727.600 trabajadores hacen horas extras y al 51,6% no se las pagan. Otra forma de precariedad.

Y también hay más “precariedad” en los contratos fijos. En 2015, para crearse un puesto de trabajo indefinido hubo que firmar 1,45 contratos fijos, cuando en 2007 eran 1,18 contratos. O sea que la crisis y la reforma laboral han provocado también que haya más rotación en el empleo indefinido: es necesario firmar más contratos fijos para consolidar un empleo permanente. O sea, que también los contratos indefinidos son ahora más inestables.

Al final, el aumento de la precariedad desde 2011 configura  un mercado laboral donde el 25,66% de los trabajadores tienen un contrato temporal, el segundo mayor porcentaje de Europa, tras Polonia (28% de temporales), casi el doble que en Europa (14%) y por delante de Reino Unido (7%), Alemania (13%), Italia (14%), Francia (16%) o Portugal (22%), según datos de Eurostat. Y el 15,71% de los trabajadores españoles tienen un contrato a tiempo parcial, por horas, aún por debajo de la media europea (19,5% en UE-28), pero con dos importantes diferencias: aquí la mayoría de estos contratos por horas son temporales y no se eligen, sino que se cogen porque no hay otro trabajo. El 62% de los españoles con estos contratos querrían un contrato a tiempo completo, según la EPA, mientras sólo lo tenían “obligados” un 32% en Francia, un 17,5% en Reino Unido o un 13,7% en Alemania, según la OCDE .

Como se ve, los datos de la precariedad laboral en España son apabullantes. Un problema que afecta sobre todo a los trabajadores precarios (1 de cada 4), pero también al resto de trabajadores y a todo el país. La primera consecuencia de la precariedad son los bajos salarios, porque es un empleo peor pagado: un trabajador con contrato temporal gana un 37% menos que uno con contrato fijo y un trabajador a tiempo parcial gana la tercera parte que uno a jornada completa, según los datos del INE. Pero además, esos bajos salarios de los precarios “tiran a la baja” del resto de los salarios, provocando que los sueldos de todos los trabajadores bajen (2012-2014) o apenas suban (2015). Y el que no quiera ya sabe: hay 100 esperando por ocupar su puesto ganando la mitad. El resultado es que, con tanta precariedad, el salario más corriente ha bajado a 15.500 euros brutos (unos 1.000 euros netos en 14 pagas), según el INE. Y que el 40% de los asalariados (5,9 millones de trabajadores) ganan menos del salario mínimo (655,20 euros al mes), según UGT.

La segunda consecuencia de la alta precariedad es el riesgo de perder el empleo, dado que el 89% de los contratos temporales no se convierten en fijos. Y ese riesgo aumenta si vuelve la crisis, contagiando también a los empleos fijos: la tentación de cambiar empleos fijos por temporales, jóvenes mejor formados y con la mitad de sueldo es muy grande para las empresas. Y además, si estos trabajadores precarios se quedan sin trabajo, cobran menos paro que los trabajadores fijos, porque han cotizado menos.

Precisamente, la tercera consecuencia de la alta precariedad es el “agujero” que está haciendo a las cuentas de la Seguridad Social: los trabajadores precarios cotizan menos (menos sueldo) y en consecuencia, aunque en 2015 hubo 530.000 cotizantes más, los ingresos subieron un 1,3%. Resultado: volvió a crecer el déficit de las pensiones (-12.000 millones), por quinto año consecutivo y hubo que echar mano de la hucha (sólo queda ya la mitad) para pagarlas. Y en el futuro, esta legión de trabajadores precarios seguirá cotizando poco, en perjuicio de sus pensiones futuras, que serán más bajas que las de los fijos.

Otra grave consecuencia es que los trabajadores precarios (en su mayoría jóvenes y mujeres) no pueden hacer planes de futuro, porque ganan muy poco y además no saben si mañana les renovarán el contrato. Esto les afecta a todos los órdenes de la vida, desde casarse (hay un 22% menos de matrimonios que en 2007) y tener hijos (más tarde, a los 31,8 años, y menos, 1,32 hijos por mujer) a alquilar un piso (hay que tener 620 euros extras para pagar un alquiler medio) o comprarlo, algo imposible para la gran mayoría de trabajadores precarios (sin un trabajo fijo, no hay hipoteca ni ingresos para pagarla). Resultado: el 78,5% de todos los jóvenes españoles (6,6 millones entre 16 y 30 años) viven con sus padres, sin poder emanciparse. Y  muchos, por culpa del paro o de trabajos precarios, no están integrados social ni políticamente, “pasan de todo” y son presa de “populismos” y extremismos.

Pero las consecuencias de la precariedad no acaban aquí. A nivel de empresas, los trabajadores precarios son menos productivos, porque les faltan incentivos (es difícil trabajar con ganas sabiendo que es un empleo por una semana) y porque las empresas no invierten en su formación, lo que reduce su eficacia y su empleabilidad futura. Y mirando la economía, los trabajadores precarios gastan menos, con lo que las empresas y el país crecen menos. Cuanto más mileuristas haya, menos crecerá la economía y el empleo. Es de cajón.

Por todo ello, la enorme precariedad no es sólo una gran injusticia sino también un disparate económico que frena la recuperación. Urge mejorar la calidad del empleo que se crea. Y aquí hay dos recetas. Una, la de los empresarios y los economistas neo-liberales, que culpan de la precariedad a los contratos fijos: como tienen mucha protección y altas indemnizaciones, los empresarios hacen casi en exclusiva contratos temporales. Pero no es verdad: ni la protección frente al despido ni las indemnizaciones son más altas en España que en el resto de Europa, según este estudio de Antonio González. La diferencia está en que las empresas españolas han abusado del contrato temporal y por horas, utilizándolos para trabajos que son fijos, indefinidos y a tiempo completo. Y más tras la reforma laboral de 2012.

La receta de la patronal CEOE para crear más empleo es aumentar la precariedad: pidieron en 2015 ampliar el uso de los contratos temporales, para que puedan encadenarse más de 24 meses y refundir el contrato por obra con el eventual, en un contrato temporal “sin causa”, con una duración máxima de 2 años (un contrato “cajón de sastre”, con el que se pueda contratar temporalmente para casi todo…). Y en paralelo, los empresarios insisten en pedir los “contratos basura” para jóvenes, con un sueldo inferior al salario mínimo y 12 días de indemnización por año trabajado (los mini-jobs). O sea, piden más precariedad.

Entre tanto, los partidos plantean otras opciones. Ciudadanos defiende el contrato único: que todos los contratos sean indefinidos y con una indemnización menor al principio que vaya creciendo. Suena bien, pero muchos expertos critican que eso sólo serviría para “precarizar todos los contratos”: reduciría la indemnización de los actuales contratos fijos y en el futuro todos los contratos serían igual de precarios que ahora los temporales (“contrate fijo y despida cuando quiera porque será más barato que ahora”). Mientras, el PSOE defiende en su programa de investidura que haya sólo tres tipos de contratos (indefinido, temporal y de relevo) y medidas para perseguir la precariedad, con la inspección, penalizando las cotizaciones de los contratos temporales y favoreciendo su conversión en fijos.

La principal medida contra los contratos precarios es aplicarla Ley: que no se hagan contratos temporales o por horas para trabajos que son fijos y a jornada completa. Y para eso, hace falta una legislación más estricta, con multas más elevadas para las empresas, y desincentivar los contratos temporales con cotizaciones más altas. Y vigilar más el fraude, con más inspectores de Trabajo (hay 1.878 funcionarios, la mitad por trabajador que en Europa), que se dediquen más a luchar contra el fraude en los contratos: hoy, los inspectores se dedican a vigilar si el trabajador está dado de alta o comete fraude al desempleo y sólo el 1,13% de su trabajo se dedica a averiguar si los contratos son fraudulentos.

En resumen, la precariedad es un cáncer que se ha adueñado del empleo y daña seriamente a nuestra economía. No podemos seguir compitiendo en base a empresas que hacen trampas y eluden la Ley para rebajar sus costes laborales, empobreciendo a los trabajadores. Y que deterioran la productividad, las pensiones, la familia, la natalidad, el consumo y el crecimiento. Hay que apostar por un nuevo modelo laboral, donde las empresas compitan y ganen dinero con empleos de más calidad, en línea con Europa y no con China o Marruecos. Y eso obliga a una “política de palo y zanahoria”: más inspecciones y más multas a las empresas que “malcontraten” y ayudas e incentivos a las que contraten de forma estable. Es una de las tareas urgentes del futuro Gobierno. La precariedad nos destruye como personas y como país.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Elecciones 20-N : votaremos con el bolsillo

Son las elecciones de la crisis. El paro y los recortes protagonizan el 20-N, con las recetas de los partidos para salir de la crisis. Pero la solución, más que en España está en Europa y en la economía internacional: si ellos no salen, nosotros tampoco. Con todo, hay que intentar resolver los problemas propios de España, sobre todo tener el doble de paro que Europa y buscar una alternativa al ladrillo. Y salvaguardar en lo posible el Estado del bienestar, en especial la educación, la sanidad y los servicios sociales. El problema es que nos hemos comprometido con Bruselas a recortar más el déficit, unos 30.000 millones el año 2012. Y eso no se puede hacer sólo con las tijeras: habrá que subir impuestos, gobierne quien gobierne. Más recortes, mínimo crecimiento y más paro. Votemos lo que votemos. 

enrique ortega
La crisis económica es el centro de estas elecciones. El paro (81%) y la situación económica (51,3%) son las mayores preocupaciones de los españoles, según la última encuesta del CIS. El 90% ve la situación económica como mala o muy mala. Y la mayoría no cree que vaya a mejorar en los próximos meses: el 72% piensa que el paro seguirá así o subirá más. En definitiva, son las elecciones del pesimismo ante el futuro económico.
Los partidos saben que estas elecciones se juegan en el terreno económico y ahí han centrado sus propuestas. El PP, que se ve ganador, buscando no asustar a los votantes de centro, con un programa edulcorado, sin recortes al estilo Esperanza Aguirre. Y el PSOE, intentando convencernos de que harán contra la crisis lo que no han hecho en estos 4 años.

Curiosamente, el tema estrella de la campaña no es el paro, sino los impuestos. El PP promete bajarlos: a las pymes  (del 25 al 20% el tipo del impuesto de sociedades), a los autónomos (rebaja de módulos), a los ahorradores, a los que contraten planes de pensiones privados, a las familias numerosas, a los que inviertan en I+D+i, y a los que compren una vivienda. Por el contrario, el PSOE promete subirlos: un impuesto a las grandes fortunas, a la banca, a las SICAV, al tabaco y al alcohol. En contrapartida, los socialistas prometen dedicar estos mayores ingresos a crear empleo y a consolidar la sanidad, la educación y los servicios sociales. El PP opta por la entrada de capital privado en los servicios públicos (privatizar, como Esperanza Aguirre en Madrid) y revisar los servicios públicos, creando un catálogo estatal (de mínimos). Sin embargo, la patronal CEOE ya le ha pedido que vaya más allá e introduzca el copago en la sanidad y la dependencia.

El tercer tema estrella es la reestructuración del sector público. El PP propone un plan de austeridad en todas las administraciones, sin concretar, salvo la reducción de organismos, la privatización de TV autonómicas y el recorte de eventuales (un 50%). El PP propone delimitar las competencias de las distintas administraciones y como controlan ya autonomías y ayuntamientos, podrían conseguir poner orden y evitar triplicar gastos. Para crear empleo, la medida estrella del PP es subvencionar  con 3.000 euros cada empleo creado por una nueva empresa y bonificar la cotización de los autónomos por su primera contratación. Además, proponen simplificar contratos y que prevalezcan los convenios de empresa. A su lado, la patronal CEOE propone el contrato único con indemnización de 20 días por año, Ley de huelga más restrictiva y bajada de cotizaciones sociales. Enfrente, el PSOE plantea nuevos contratos para jóvenes, a tiempo parcial y bonificar el empleo estable.

Al final, el PSOE defiende un modelo socialdemócrata que apenas ha aplicado con la crisis y el PP un modelo neoliberal, basado en menos impuestos, menos gasto  y privatizaciones de servicios. El problema es que, al margen de los programas, el nuevo Gobierno tendrá una tarea prioritaria cuando tome posesión el 20 de diciembre: hacer el Presupuesto 2012 y recortar aún más el déficit público, como exige Bruselas (y los mercados). En principio, hay que bajar el déficit del 6% del PIB al 4,4 %: eso obliga a recortar 15.613 millones. Pero además, como este año no se va a cumplir la rebaja del déficit (crecemos menos, se recauda menos y las autonomías no han recortado lo prometido), habrá que recortar más: si el déficit quedara en el 6,5%, ese medio punto de más serían otros 5.450 millones. Y como hay que liquidar en 2012 más dinero a las autonomías (7.900 millones) y a los Ayuntamientos (2.300 millones), pues habrá que sacar de algún sitio otros 10.200 millones. En total, un recorte de 31.263 millones para 2012, que el futuro Gobierno tendrá que hacer, gane quien gane.

Y eso no se consigue sólo con la tijera, que habrá que meter en todo: Zapatero, tocando pensiones, funcionarios, ayudas, inversiones y gastos sociales sólo recortó 15.000 millones en 2010. Por eso, el futuro Gobierno se verá obligado a subir impuestos, desde los especiales al IVA, pasando por Sociedades a las grandes empresas (vía deducciones). Y esta mezcla fatídica, recortes y subida de impuestos, van a frenar más el crecimiento y subirá el paro. La economía española ya no ha crecido nada en el tercer trimestre y la Comisión Europea espera que decrezcamos una décima en el último trimestre (como toda la zona euro), con nueva caída del empleo y aumento del paro en 2011 y 2012, para superar con creces los 5 millones de parados.

El mayor problema del futuro Gobierno será que llega en un contexto internacional muy negativo, con una crisis europea que no se arregla y una esperada caída en el crecimiento de la eurozona: -0,1% en el cuarto trimestre 2011 y un + 0,5% en todo 2012 (+0,3% según la OCDE. Con estas perspectivas, nos ayudarán menos las exportaciones y el turismo. Y con los recortes internos, seguirá cayendo el consumo y la inversión, aumentando aún más el paro. Por eso, lo que haría falta es que el nuevo Gobierno peleara por una política de estímulos económicos en Europa, algo que no defienden Merkel y Sarkozy (ni tampoco Rajoy), aunque ayudará la bajada de tipos del BCE. Reanimar la economía europea, esa es la decisión más crucial, que no votaremos el 20-N.