Universidad: nueva Ley sin más financiación

Más de 1,7 millones de jóvenes han iniciado otro curso universitario, en el que se estrena la nueva Ley de Universidades (LOSU), la 4ª de la democracia. Su objetivo es reorganizar los Campus, estabilizar las plantillas de docentes (la mitad, interinos), internacionalizar los estudios y mejorar la formación. Casi todo ello cuesta dinero y la Ley promete 3.100 millones más cada año, pero no asegura quien los pagará. Se pretende que los alumnos (que ahora financian un 30%) paguen menos por las matrículas, pero eso obliga a una mayor financiación de las autonomías (que aportan el 81% del gasto público universitario). Los rectores buscan acuerdos con los Gobiernos autonómicos, empeñados la mayoría (PP y VOX) en bajar impuestos (e ingresos), pero temen que les falten recursos para reconvertir la Universidad. Mientras, las Facultades siguen “fabricando” parados y precariedad: el 36% de los universitarios que trabajan lo hacen en empleos para los que les sobra formación (abogados trabajando de teleoperadores). Estamos “tirando” recursos” y perdiendo el futuro.

                                           Enrique Ortega

Este es el primer curso universitario en que empieza a aplicarse la nueva Ley de Universidades, la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), la 4ª Ley universitaria de la democracia, tras la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero). Esta nueva Ley, otra reforma impuesta por Europa para recibir los Fondos europeos, ha tenido una gestación larga y compleja, porque el primer anteproyecto lo presentó el ministro Castell en agosto de 2021, chocó con el rechazo de rectores y universitarios y la rehízo el nuevo ministro Subirats, con un nuevo texto que el Gobierno Sánchez aprobó en junio de 2022. Y no se ha aprobado en el Congreso hasta el 9 de marzo de 2023, con 182 votos a favor, 8 abstenciones y 157 votos en contra, básicamente de Ciudadanos, Vox y PP, que ha prometido derogarla si gobierna. 

Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejor sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas. 

Tres son los temas clave de esta nueva Ley. El primero, que se da mayor libertad y autonomía a las Universidades para decidir cómo se organizan y gobiernan, facilitando la presencia de docentes (cualquier profesor) y alumnos (25%) en Rectorados, Claustros y órganos de decisión. El segundo y fundamental, la reducción de la precariedad del profesorado universitario: sólo la mitad (50,8%) tienen contrato fijo (catedráticos y profesores titulares o contratados doctores) y la otra mitad son interinos (profesores ayudantes, ayudantes doctores, profesores asociados y visitantes), con contratos muy precarios, marginales y mal pagados (hasta con 300 y 600 euros al mes). La LOSE se compromete con Europa a rebajar esta altísima precariedad docente al 8% del profesorado, para lo que obliga a las Universidades a convertir a 26.000 profesores asociados interinos en indefinidos, con una mayor transparencia en los futuros concursos y menos “endogamia” (3 de cada 4 profesores imparten clase en la Universidad donde estudiaron). Además, crea nuevas categorías, como los profesores permanentes laborales (doctores con contrato fijo). 

La tercera cuestión clave es conseguir una mayor internacionalización de la Universidad española, fomentando las alianzas europeas e internacionales y los títulos compartidos, para captar más alumnos extranjeros y permitir la mayor movilidad de los españoles, así como para atraer docentes e investigadores. Actualmente, hay 44 Universidades españoles incluidas en las 50 Alianzas Universitarias europeas, pero sólo hay 2 Universidades españolas en el ranking de las 300 mejores del mundo (las Universidades de Barcelona y de Granada, ambas en el puesto 201-300 del ranking de Shanghái). Otras cuestiones que contempla la nueva LOSU son el fomento del alumnado adulto, el acceso libre y gratuito a las investigaciones de las Universidades públicas, la mayor presencia de la mujer en la docencia universitaria y, sobre todo, la elaboración de Planes de estudio más vinculados a las actuales demandas de empleo, favoreciendo la colaboración entre Universidades y empresas.

Pero la verdadera cuestión clave de esta nueva Ley universitaria es su financiación. Todos estos cambios que introduce la LOSU implican más gasto de las Universidades (sobre todo en personal) y los rectores se quejan de que “la Ley no les asegura más recursos”. Eso sí, hay un compromiso, en la Ley y en el Gobierno Sánchez”, de aumentar la financiación pública a la Universidad “hasta el 1% del PIB en 2030” (hoy se aporta el 0,76%), lo que supone, según los cálculos hechos por IVIE para el Ministerio, gastar 3.100 millones más cada año en las 50 Universidades públicas españolas. Pero la Ley no dice cómo conseguirlos ni quien va a pagarlos y los rectores dicen que “así no pueden planificar el futuro de sus Universidades”. Y piden asegurar ya la financiación para poder aplicar la LOSU.

El problema es ¿quién paga las Universidades? Hoy por hoy, sólo dos tercios de la financiación universitaria es pública (el 66%), una aportación inferior a la media en Europa (76% de financiación pública), según el último informe educativo de la OCDE (con datos de 2020) lo que obliga a que los alumnos españoles (y sus familias) financien un 30% del gasto universitario, más del doble que en Europa (donde aportan sólo el 14%, con muchos paises donde la enseñanza universitaria es gratuita, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia y un mínimo pago en Francia). El resto de la financiación universitaria la aportan en España entidades privadas e internacionales (4% aquí, frente al 12% en la UE-25).

La nueva Ley establece que los alumnos deben pagar menos en el futuro, porque defiende seguir bajando las tasas universitarias, más elevadas que en la mayoría de Europa. Ya en mayo de 2020 se llegó a un Pacto entre el Gobierno Sánchez y las autonomías para rebajar el altísimo precio de las matrículas (tras el “tasazo” del PP en 2012), que se han reducido en los tres últimos cursos. Pero hay dos problemas. Uno, que todavía son muy elevadas en algunas autonomías, sobre todo en Madrid y Cataluña, con un coste muy desigual según dónde se estudie: una carrera de Humanidades cuesta más del doble en Barcelona que en Santiago, por ejemplo. Y el otro, que aunque ha bajado la 1ª matrícula, han subido mucho (el doble y hasta 5 veces) las segundas y terceras matrículas (y los Máster) lo que afecta especialmente  a los que suspenden los primeros años de las duras carreras técnicas.

Si la LOSE no quiere que los alumnos (y sus familias) paguen más en el futuro, la nueva financiación (esos 3.100 millones extras anuales) la tendrá que aportar el sector público. Pero como las Universidades son una competencia autonómica, tendrán que pagar más las autonomías (“ellos invitan y nosotros pagamos”, se quejaba de la LOSE García Page, desde Castilla la Mancha). Y eso porque los Gobiernos autonómicos asumen hoy el 81% de la financiación pública universitaria (frente al 18% la Administración central y el 1% los Ayuntamientos), algo similar a Alemania (77% financian los Länder regionales), pero muy distinto del resto de Europa, donde el 88% de la financiación universitaria la asume el Estado y sólo un 11% las regiones, según la OCDE.

Por todo ello, el Gobierno Sánchez (que aprobó la LOSE) planteó que ahora se abre un periodo para que las Universidades pacten acuerdos de financiación con los distintos Gobiernos autonómicos, para que aseguren más recursos a medio plazo. La Junta de Andalucía ya ha firmado un acuerdo con sus Universidades para aportarlas el 1% de su PIB regional para 2027 (ahora aportan el 0,87%). Y el Gobierno de Madrid promete una nueva Ley de Universidades que clarifique su financiación. Así que ahora, los Rectores tendrán que negociar con sus autonomías y ver cuanto más pueden financiarles. Pero esto choca con 2 problemas: muchas autonomías prometen bajar impuestos (e ingresos). Y ya existe una gran diferencia de partida entre autonomías sobre la financiación universitaria, desigualdad que se puede agravar.

España ya gasta menos (gasto público y privado) en financiar la Universidad (14.361 dólares por alumno) que la media de Europa (17.578 dólares) y que la OCDE (18.105 dólares), según el informe 2023 de la OCDE (datos de 2020). Pero también el gasto público universitario es menor. Y sobre todo, está muy mal repartido: las Universidades mejor financiadas por sus gobiernos autonómicos son La Rioja (8.972 euros por alumno), País Vasco (8.158), Navarra (8.026), Cantabria (7.756), Asturias (7.246) y Galicia (7.070), según un reciente estudio de la Fundación CYD. Y las autonomías con las Universidades peor financiadas son Madrid (4.959 euros públicos por alumno), Cataluña (5.204), Baleares (5.474), Andalucía (5.779) y Murcia (5.802), desigualdad en la financiación pública que explica por qué en estas Universidades los alumnos pagan matrículas más caras.

Ahora queda ver si estas autonomías que menos financian la Universidad pública (muchas apostando por las nuevas Universidades privadas) se vuelcan en apoyar más sus Campus y reducir las tasas de los alumnos. Algo que choca con su propuesta de bajar los impuestos autonómicos, una medida que defienden las 11 autonomías gobernadas por el PP (5 con Vox). El efecto de esta rebaja será bajar los ingresos autonómicos: las rebajas ya aprobadas en 2021 restaron 4.000 millones sólo a Madrid, según un estudio del REAF. Y Madrid, sólo por suprimir  el impuesto sobre el Patrimonio deja de ingresar 905 millones anuales (que tanta falta les hacen a las Universidades madrileñas, asfixiadas financieramente). Así que la rebaja de impuestos va en contra de mejorar el gasto público en las Universidades (y en sanidad, educación, vivienda…). Y además, cualquier excusa financiera para no gastar más se contradice con el hecho de que las autonomías llevan 5 años recibiendo más dinero del Presupuesto, gracias a la mejora de ingresos. Sólo este 2023, las autonomías recibirán del Estado 134.335 millones en transferencias (+26.130, un 24% más que en 2022).

Mejorar la financiación de la Universidad es clave, para acabar con la precariedad de sus docentes, mejorar su organización e internacionalizarlas. Pero sobre todo, urge mejorar la formación universitaria, “manifiestamente mejorable”. Primero, reducir la alta tasa de abandonos (un 22% el primer año, el 13,9% en Euskadi y el 22,8% en Baleares), el alto porcentaje de suspensos y la baja tasa de graduación a los 4 años (52,8% de los alumnos), con enormes desigualdades: hay regiones donde se gradúan más alumnos en 4 años, curiosamente en algunas de las mejor financiadas (61% en Navarra, 60,8% en País Vasco, 60,7% en Cataluña) y otras con peor tasa de graduación en plazo (44,4% Baleares, 45,8% Canarias, 48% Andalucía…), según el último informe de CYD.

Pero lo más preocupante es que la formación universitaria no asegura el futuro empleo de los estudiantes, sino que los lleva al paro y a la precariedad profesional. En España, el empleo entre los universitarios es más bajo que en Europa (81,4% trabajan frente al 86,4% en la UE), siendo mayor el porcentaje que trabajan entre los licenciados en  Salud y Servicios Sociales (88,6%), ingenierías (63,8%), Ciencias (60,5%) y Educación (60%), pero baja la empleabilidad de los que estudian Negocios, Administración y Derecho (39,7%), Ciencias Sociales (42,6%), Artes y Humanidades (47,4%). Y la tasa de paro  de los universitarios españoles (8%) casi duplica la de los licenciados europeos (4,2%). Otro dato muy preocupante, que ilustra la falta de “salidas laborales” de muchos titulados: España lidera la “sobrecualificación” en la UE, con un 36,1% de los universitarios trabajando en un empleo inferior a su formación (frente a sólo el 22,1% de los licenciados europeos), según otro estudio de la Fundación CYD. Un subempleo que lleva a que la mitad de las carreras abocan a sus graduados a ganar menos de 1.500 euros en los 4 años siguientes a licenciarse, según un estudio del BBVA e IVIE.

Un panorama muy preocupante, que exige cambiar radicalmente la formación universitaria, promoviendo más los estudios de carreras técnicas (STEM) y mejorando la coordinación entre la Universidad y las empresas, para conseguir una formación más vinculada al empleo futuro. No sólo urge buscar más dinero (público y de entidades privadas) para la Universidad, sino reconvertirla a fondo, desde las plantillas de profesores a los planes de estudio, para que sea más eficiente y asegure mejor el futuro laboral de los jóvenes. Pero está claro que aumentar la financiación es una exigencia de partida para asegurar las mejoras necesarias. Hay que saber que financiar la Universidad es una inversión, no un gasto, porque devuelve 5 euros por cada euro invertido (según los rectores) y porque, a pesar de su fracaso laboral, ser universitario es un antídoto contra la crisis: tienen menos paro y ganan más que el resto de jóvenes, aunque tarden casi una década en encontrar un trabajo decente.

En resumen, hay que apostar por la Universidad, con más gasto y mejor formación, como hacen los paises punteros del mundo, desde Estados Unidos o Singapur a Finlandia y Noruega. Hay que aprobar este reto en los próximos años, para asegurarnos el futuro. Y eso exige un gran acuerdo entre el Gobierno, autonomías, Universidades, alumnos y empresas, para que la Universidad deje de ser “una fábrica de parados y subempleados”. A ello.

Universidad: polémica Ley y poco empleo

El Gobierno aprobó en  agosto el anteproyecto de Ley de Universidades (la LOSU), la 4ª reforma de la democracia. Pero no puede mandarla al Congreso porque, en la fase de consulta pública, ha sido vetada por los rectores y los alumnos. Y tampoco gusta al gobierno catalán. Así que la Ley Castells está bloqueada, aunque la haya retocado dos veces estos meses. El problema es “cuadrar” los intereses de rectores, profesores, alumnos y autonomías, que gestionan los Campus. La Ley busca reducir la precariedad de los profesores (un tercio, temporales), ordenar la carrera docente, mejorar la gestión y una Universidad más relacionada con las empresas y el mundo. Suena bien, pero no resuelve 2 asignaturas pendientes: más recursos públicos (para bajar coste matrículas) y una enseñanza que tenga más que ver con el mercado laboral, dejar de ser “una fábrica de parados” (15% licenciados en paro frente al 6% en la UE y el 4% en Alemania). Nos jugamos mucho en reconvertir la Universidad.

Enrique Ortega

Las Universidades españolas (50 públicas y 33 privadas) han tenido 3 Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999). Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.

Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.

El gran problema en el funcionamiento diario de las Universidades es la tremenda precariedad laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos), por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre 2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para oscurecer el panorama, se calcula que el 53,5% de los profesores permanentes se jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el 90% de los actuales catedráticos…

La Ley intenta afrontar este grave problema laboral de la Universidad pública española (en la privada hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en 2022, el Presupuesto permite contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan  y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.

Otro problema que afronta la nueva Ley es la gestión de las Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos, la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus, introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de dirección de las Universidades (sólo hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de la Ley es intentar ordenar la carrera docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.

Otro punto clave de la Ley es promover la producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo, pretende mejorar la relación de la Universidad, las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave  establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior (FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los licenciados tengan una formación “más práctica”.

Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización de las Universidades españolas, fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el extranjero puntuará a favor de todo los profesores.

Es sólo un resumen, que “suena bien”. Pero la Ley, al entrar en cuestiones relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy contrapuestos. Por eso, aunque el ministro Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha chocado con muchas críticas. Y por ello, ha hecho algo inaudito: cambiar por dos veces el anteproyecto de Ley  aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado” de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre, Castells presentó un 3º texto de la Ley, dirigido a los sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la participación de los alumnos.

Pero los cambios no han convencido. Y así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo, criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco han emitido su informe preceptivo las asociaciones de estudiantes, que convocaron protestas y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12 autonomías. Y en paralelo, el Gobierno catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras  el periodo de información pública, con lo que se retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.

El fondo de las críticas a la LOSU es que los rectores de las Universidades quieren más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más posibilidades de consensuar una Ley que sea poco eficaz. En esas estamos.

Pero al margen de la LOSU, las Universidades españolas han de afrontar otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo dos: la financiación de las Universidades y su utilidad para el reto de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de afrontar “la competencia” de las Universidades privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de 10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue comprada por el Fondo británico CVC (el que ha comprado parte de LaLiga)  y en 2021 el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.

La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. A lo claro, eso significa que les faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos autonómicos que gastan más que la media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros) y otras que gasta mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).

Esta escasa financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la Universidad pública española  sea la 2ª más cara de Europa, junto a Holanda, según el ministro Castells. Y somos el 11º país europeo (de los 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas, según un estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con una gran diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a 700 euros en Galicia. Claro que la privada es impagable: más de 1.000 euros al mes en Madrid.

El sistema de becas es también “insuficiente” (2.000 euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos 1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4 meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el Presupuesto siguiente, lo que crea serios problemas a sus familias.

La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a la financiación, es la adecuación de sus estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio, porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen un exceso de Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y  sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no cubren el 75%.

El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en el curso 2020-21 (últimos datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el 6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia de España con otros paises europeos es que somos el país con menos universitarios matriculados en titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un 28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un 37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el último informe de la CRUE.

La consecuencia es que las empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%), según Infoempleo y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que buscan las empresas se ve claro en dos datos dramáticos. Uno, que la tasa de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92% en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34 años): en España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.

Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo de nuestros universitarios (sepamos además que un tercio están subempleados, “sobrecualificados”: trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.

Universidad: el Gobierno devalúa los títulos

A nueve meses de las elecciones, el Gobierno Rajoy implanta  más cambios en la Universidad: aprueba las carreras de tres años, en vez de cuatro. Dice que lo hace para homologarnos con Europa. En realidad, lo hace para recortar gastos: tener un año menos estudiando a los universitarios ahorra al Presupuesto unos 600 millones al año. Y el que quiera estudiar más, que se pague un año o dos de master, que cuestan el doble del curso que ahora se quita. Las Universidades van a retrasar el cambio hasta 2017, pero Cataluña y algunas privadas quieren  implantarlo el próximo curso. Además de devaluar los títulos, la medida agrava las diferencias entre Universidades: ya no sabremos qué sabe un universitario, dependerá de dónde haya estudiado. Otro cambio más, junto a la subida de tasas, los recortes y la asfixia financiera de la Universidad, que ya no aguanta más. Y si cambia el Gobierno, habrá más cambios el año que viene.

enrique ortega

La mayoría de los que somos universitarios hemos estudiado carreras de cinco años. Pero en el curso 2010 se completó el sistema de títulos actual, derivado del Plan Bolonia (1999), que pretendía crear un Espacio Europeo de Educación Superior: España optó por un Grado de cuatro cursos (240 créditos) y un Master posterior de un año (60 créditos). El cambio es tan reciente que en el verano de 2014 salieron las primeras promociones con el “Grado Bolonia” y este verano  de 2015 acabarán los que hagan el Master complementario (el 20% de universitarios). Ahora, el Gobierno Rajoy cambia otra vez las titulaciones: ha aprobado un decreto (Consejo del 30 de enero) que permite reducir el Grado a 3 años (180 créditos), que se pueden complementar con uno o dos años de Master (60 y 120 créditos), manteniendo los 300 créditos (5 años) para hacer el Doctorado. Un cambio que afecta al 70% de las carreras, porque Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Salud seguirán como ahora (4,5 y 6 años).

El Gobierno deja libertad a las Universidades para aplicar el cambio o no. De momento, la asamblea de rectores ha optado por ganar tiempo y ha decidido, casi por unanimidad, aplazar la nueva reforma de los títulos dos cursos más, hasta 2017, para analizar mejor la aplicación del Plan Bolonia (aún es muy reciente) y ver cómo pueden implantar los cambios. Pero ya hay Universidades que quieren lanzar carreras de tres años el próximo curso, como algunas Universidades catalanas (con la pública Pompeu Fabra en cabeza) y varias privadas, entre ellas la Camilo José Cela de Madrid o la Universidad Católica de Murcia.

En paralelo, las autonomías, que son claves porque validan las titulaciones y financian el grueso de las Universidades públicas, también están divididas. Las dos gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, han dicho que no van a cambiar las titulaciones, mientras Ciu y la Generalitat catalana apoyan el cambio y las demás autonomías del PP están tratando de apuntarse a la moratoria de los rectores y buscando que todas las Universidades de su región adopten la misma decisión: o todos Grados de 3 años o todos de 4. En cualquier caso, el tema queda en el aire hasta ver los resultados de las elecciones autonómicas de mayo. Pero hay un riesgo claro: que no se adopte la misma decisión en toda España y cada Universidad fije sus títulos a su aire. Con lo que habrá un “galimatías” de universitarios: los que tengan un título de 5 años (todavía la mayoría), de cuatro y de tres años.

El ministro Wert justifica la reforma en la necesidad de “homogeneizar los títulos españoles con los del resto de Europa”, porque la situación actual crea problemas para atraer estudiantes europeos y obtener dobles títulos con otras Universidades. Es cierto que el sistema español de títulos, acordado por el Gobierno Zapatero, es más rígido que el de la mayoría de Europa: de los 48 países incluidos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia), 39 países optaron por un sistema flexible, que permite titulaciones de Grado entre 180 créditos (3 años) y 240 (4 años) con Master de 90 créditos (por eso no reconocen los españoles de 60 créditos)  y 120 créditos. Y en este grupo, hay países como Francia, Finlandia, Italia, Bélgica o Portugal que tienen Grados de 3 años. Entre los 9 países con Grados de 4 años y Máster de 60 a 120 créditos, además de España están Grecia, Turquía, Chipre, Armenia, Georgia, Kazajstán, Rusia y Ucrania. También es cierto que en buena parte de EEUU y en Latinoamérica (con la que hay mucho trasvase de alumnos), los Grados son de 4 años. Lo  que no dicen es que en la mayoría de países europeos con Grados de tres años, el precio de los Master posteriores (que además son más largos, de 90 a 120 créditos)  es similar al de los Grados: en España cuestan el doble. Y muchos países europeos tienen tasas universitarias más bajas que España, mientras en Alemania es gratis estudiar en las universidades públicas.

El ministro Wert argumenta también que aunque los universitarios españoles estudien un año más de Grado que muchos europeos, eso no les sirve para encontrar mejor trabajo: el paro entre los universitarios (14%) es casi el triple que el de los universitarios occidentales (4%), según la OCDE. Eso es verdad, pero tiene que ver no tanto con la duración de los estudios como con el tipo de enseñanza que se da (poco práctica y desligada a lo que demandan las empresas, con pocos estudiantes en carreras técnicas) y al escaso empleo que crea nuestra economía, que tiene también el triple de parados totales (24%) que la media de países OCDE (7,1%).

En realidad, la verdadera razón por la que el Gobierno Rajoy ha aprobado rebajar los títulos a tres años es para recortar el gasto universitario. Dice Wert que estudiando un año menos, las familias se van a ahorrar 150 millones. Lo que no dice es que como el Presupuesto se hace cargo del 75% del coste de una carrera, el ahorro para el Estado de quitar un curso es de 600 millones al año, como mínimo. El problema es que al devaluar los Grados, quitando un año, muchos estudiantes se verán obligados a hacer un Master de uno o dos años (ahora sólo hacen un Master el 20% de los alumnos de Grado), para poder optar a un empleo. Y ese Master les costará el doble que el curso que quitan. Por ejemplo, en la Complutense de Madrid, un curso de Grado cuesta 1.980 euros y un año de Master cuesta 3.900 euros. Y en Barcelona, la Universidad más cara, el curso cuesta 2011 euros y el Master 3.924 euros.

Luego, los nuevos títulos ahorran dinero al Estado pero acabarán costando más a los alumnos, si quieren mantener una formación similar. El Gobierno dice que los Grados de 3 años “habilitan para trabajar”, incluso un año antes (a los 21 años y no a los 22), pero la realidad es que, dado el poco empleo que hay (110 demandas por puesto), las empresas cada vez exigen más, porque tienen mucho donde elegir. Y con el recorte de los títulos, se va a encarecer de hecho la enseñanza universitaria, lo que hará que los hijos de las familias más modestas se tengan que conformar con el Grado de 3 años, porque además se han recortado las becas. Y los hijos de familias con más ingresos puedan hacer los Master que hagan falta, cada vez más en Universidades privadas, que crecen (14 nuevas) a costa de las Universidades públicas.

Los rectores de las Universidades criticaron en 2006 que el Gobierno Zapatero no fuera “más flexible” y permitiera Grados de 3 y 4 años. Ahora sin embargo critican el cambio de Rajoy porque temen que la reforma les quite ingresos, si imparten un año menos de Grado. Y eso sería la puntilla para unas Universidades que están en bancarrota: la mayoría tiene graves problemas de liquidez, con deuda a proveedores, sin poder gastar ni en investigación, ni en material ni siquiera en calefacción, después de haber perdido 2.000 millones de euros tras los recortes y con 17.000 empleados menos (un 12% de la plantilla universitaria).

La Universidad española tiene un grave problema económico, de falta de recursos: España dedica unos 8.500 millones a la Universidad pública, un 0,85% del PIB, por debajo de la media europea (1,26% PIB), de Francia (1,35%) o Alemania (1,30%) y en línea con  Italia y Reino Unido (0,84% del PIB). Haría falta aumentar la financiación hasta el 3% del PIB, según la recomendación hecha en 2013 por el Comité de Expertos sobre la reforma universitaria. Eso supondría dedicarle 22.000 millones más al año, algo impensable a corto plazo.

Pero no sólo hace falta más dinero, aunque sea lo prioritario. La Universidad tiene que cambiar, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 Grados y 2.758 Master) y fusionando centros (hay 236 Campus de 80 Universidades, 48 públicas y 32 privadas, con ofertas similares a pocos kilómetros). Y orientar a los universitarios hacia carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas). Y fomentar el trasvase de jóvenes bachilleres a la FP Superior, que tiene más salidas. Además, hay que optimizar la inversión pública en la Universidad, mejorando la organización de los Campus (con  menos endogamia y más profesores ”de fuera”), ampliando la autonomía universitaria a cambio de auditorías externas de eficiencia y calidad. Y sobre todo, fomentar unas Universidades más ligadas a las empresas y más internacionales.

Todo ello exigiría un pacto político y educativo a veinte o treinta años, para que la Universidad no dependa de los cambios del Gobierno de turno. El de Rajoy-Wert ha entrado en la Universidad “como un elefante en una cacharrería”: subiendo tasas, recortando becas, quitando profesores, recortando Presupuestos y autonomía, fomentando 14 nuevas Universidades privadas… Pero si en noviembre próximo cambia, el siguiente Gobierno hará otros cambios. Y antes, las autonomías, que tienen en sus manos la gestión y los recursos de las Universidades públicas. Y así, no hay forma de que la Universidad funcione y forme a nuestros jóvenes. Hay que darles un marco estable, para muchos años, contando con ellos. Pero hoy por hoy, parece imposible.

Universidad:entre la reforma y la bancarrota

El Gobierno prepara una drástica reforma de las Universidades públicas, con cambios en la elección de rectores y en la contratación de profesores, además de suprimir la Selectividad y reducir titulaciones y master. Frente a ella, rectores, profesores y alumnos multiplican sus protestas, denunciando la asfixia financiera de la Universidad (tras perder 1.600 millones en tres años), el recorte de profesores y medios, la subida de tasas y el recorte de becas. Y reclaman que, antes de cambiar la Universidad, se la dote de más recursos, como otros países. Algo urgente que no puede retrasar  la reforma de la Universidad, para ajustar la oferta (sobran títulos y Campus), adaptarla al empleo (1 de cada 8 universitarios está en paro y el 25% está subempleado), conseguir nuevos ingresos y dotarla de más autonomía, para mejorar su eficiencia y calidad. Reformar la Universidad para que ayude a salir de la crisis.
 

enrique ortega

Cada vez que cambia el sesgo político del Gobierno, el nuevo ministro llega con una reforma educativa bajo el brazo. Esta vez, Wert prepara también una reforma universitaria, a partir del informe de un Comité de Expertos que ha recibido el 12 de febrero. En él proponen un cambio drástico en la organización de las Universidades públicas. Por un lado, que los rectores no se elijan sólo por el claustro de profesores, sino también entre profesionales de prestigio, con la colaboración de las autonomías. Por otro, defienden más profesores contratados no funcionarios. Y más financiación pública para la Universidad, vinculada a resultados. Además, el Gobierno quiere suprimir la Selectividad (con una reválida al final del Bachillerato) y suprimir  títulos y master (los de menos de 50 alumnos).

Los rectores (todos) han dicho que antes de hablar de reformas, el Gobierno debe resolver el grave problema de asfixia financiera que tiene la Universidad y que sufren cada día: problemas de tesorería, despido de profesores y personal contratado, retraso en el pago de nóminas, deudas a proveedores, falta de mantenimiento e inversiones, deterioro de las instalaciones y una deuda creciente (sólo la Complutense de Madrid, la mayor Universidad de España, tiene una deuda de 150 millones de euros). Y encima, la amenaza de Hacienda de que si no cumplen este año los recortes y el Presupuesto, les pueden sancionar.

Si las 50 Universidades públicas están en bancarrota es porque han sufrido tres años de recortes en los ingresos que reciben del Estado (10%) y sobre todo de las autonomías (70% de sus Presupuestos). En total, unos 1.200 millones menos desde 2010, según un estudio de CCOO, a los que añadir otros 400 millones de recorte en las subvenciones para investigación (I+D+i), lo que totaliza un recorte de ingresos del 16%. Un tijeretazo que contrasta con lo que ha hecho la mayoría de Europa: 9 países han aumentado su gasto universitario entre 2008 y 2012 (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Suiza), dos lo han mantenido estable (Bélgica y Finlandia) y el resto lo han recortado menos que España, salvo Grecia, Portugal y Lituania.

Al contar con menos recursos, las Universidades públicas se han visto obligadas a despedir a profesores contratados, también porque el Gobierno les forzó a ello con el decreto de abril de 2012, que aumentaba sus horas lectivas (triplicando en algunos casos su carga docente) y congelaba plantillas (anulándose incluso oposiciones convocadas en 17 Universidades). Con ello, este curso se han perdido unos 3.000 profesores, que se suman a otros 1.200 perdidos entre 2010 y 2012. En total, 4.200, un 4,2% de las plantillas.

Y eso con un nuevo récord de alumnos este curso: 1.469.653 (+25.000). Alumnos que han sufrido una drástica subida de tasas; la media ha subido el +16,7%, pero subieron mucho más Cataluña (+66,7%), Canarias (+42,1%), Castilla y León (41,9%), Madrid (+38,1%), Comunidad Valenciana (+33,3%) y Castilla la Mancha (+20,3%). Y aumentaron más las diferencias entre Universidades, con grados que cuestan desde 713 euros en Galicia a 2.510 (1º Medicina) en Cataluña. En los master, la subida media fue mayor, del 69% (llega al +170% en Canarias, +130% en Cataluña o +121% en Madrid), con precios que van desde 1.590 euros el master en Galicia a 4.290 euros en Canarias. Y eso que, antes de esta subida, España era el noveno país de Europa con las matrículas más caras (incluso hay 8 países europeos con matrículas gratuitas: los nórdicos, Austria, Grecia y Malta).

Esta fuerte subida de tasas, que seguirá los dos próximos cursos, contrasta con el mínimo aumento en las becas para 2013 (1.163 millones, 23 más que en 2012), que reciben un 23% de universitarios. Además de endurecer los criterios para darlas (y retrasar su pago), se han recortado las becas de idiomas (-80% desde 2011 y se suprimen las becas para el extranjero), las Erasmus (-60%) y las becas Séneca (para cambiar de Universidad dentro de España), que se suprimen para el próximo curso. Con menos ayudas y tasas más elevadas, apenas han subido las matriculaciones (+1,5%, la mitad que el curso pasado), reduciéndose las asignaturas matriculadas. Y han caído las matriculaciones de master (-4.000 alumnos), sobre todo en ingenierías (las más caras y que hacen más falta).

España gasta menos en educación universitaria (1,07% del PIB) que la media europea (1,14%), por debajo de Francia (1,24%) y Alemania (1,21%), aunque mejor que Italia o Reino Unido (0,84%). El Comité de Expertos propone subir este gasto hasta el 3%, lo que evitaría la asfixia financiera de las 50 Universidades públicas, que ahora son más eficientes que las 28 Universidades privadas: gastan un 53% menos por alumno, según el análisis de dos economistas universitarios. La diferencia es que en España la aportación pública es mayor que en Europa (81,6% frente al 73%) y  menores los ingresos por matrículas (8,42% frente al 9,1%, antes del tasazo porque se busca que paguen el 25% del coste para el curso 2014-15) y los otros ingresos (10% frente a 18%), porque nuestras Universidades recaudan menos de donaciones, empresas (formación, investigación, consultoría) y servicios (comedores, residencias). Una vía a mejorar, junto a una subida menos drástica de tasas (y más becas: son el 0,08% del PIB frente al 0,25% en la OCDE).

Pero no todo es financiación. Además de contar con más recursos, la Universidad tiene que afrontar cambios. Primero, ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 grados y 2.758 master) y fusionando Universidades (hay 236, en todas las capitales, con la misma oferta de estudios a pocos kilómetros de distancia). Segundo, hay que orientar a los estudiantes hacia carreras técnicas más demandadas, reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias Sociales, con menos “salida”. Y tres, habría que reducir el número de universitarios, dirigiendo más alumnos de Bachillerato a FP, para que la Universidad no sea una fábrica de parados: tenemos más universitarios que el resto de Europa (un 29% frente al 27% la UE) y más del doble de paro universitario (12,5% aquí y un 5,2% ellos) y de universitarios subempleados (25% en España frente al 12% en la OCDE).

Hay que financiar mejor la Universidad, pero optimizando la inversión. Y eso pasa por una mejor organización de los Campus, con menos endogamia y más profesores de fuera, pero con más autonomía universitaria, sin injerencia política del Gobierno y las autonomías (hacen como hicieron con las Cajas), buscando Universidades más ligadas a las empresas y al empleo, más internacionales. Y, sobre todo, con auditorías externas de eficiencia y calidad. Pero todo esto no puede hacerse sin un gran pacto educativo, que hoy parece imposible. Si se impone la reforma, como con los recortes y las tasas, la Universidad española estará tocada de muerte. Y no nos ayudará a salir de la crisis.