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lunes, 29 de junio de 2026

Gasto sanitario muy desigual por autonomías

En los últimos meses, se han multiplicado en media España las manifestaciones y protestas  de sanitarios y pacientes en defensa de la sanidad pública, cada día más deteriorada y con crecientes listas de espera (9,1 días para ver al médico de cabecera). El último Barómetro de Sanidad y el CIS refleja que casi la mitad de los españoles creen que la sanidad funciona mal o necesita cambios. Y  la peor valoración se da en Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. La clave de los problemas sanitarios es la escasa financiación, menor que en Europa, con varias autonomías con un gasto sanitario por habitante por debajo de la media: Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, mientras los que gastan más en salud son País Vasco, Asturias , Extremadura, Cantabria y Castilla y León. Los expertos piden más gasto público en sanidad, sobre todo en atención primaria, y contratar 100.000 enfermeras y 6.000 médicos. Gastar más y mejor repartido, para que la atención sanitaria no dependa de dónde vivamos.

                        Los hospitales se llevan el 62% del gasto sanitario público

La mayoría de españoles ven claro el deterioro de la sanidad pública, agravado tras la pandemia, aunque son una amplia mayoría los que prefieren que les atienda la sanidad pública antes que la privada si tienen un problema grave. El último Barómetro Sanitario 2025, elaborado por Sanidad y el CIS, refleja una nueva pérdida de confianza de los españoles en la sanidad pública: el 20,2% de los encuestados opina que funciona “mal” (en 2009 eran sólo el 4,1%) y el 27,1% creen que necesita cambios (23,3% en 2009), aunque todavía el 51,7% señalan que “funciona bien” (eran el 72,1% en 2009). A la hora de valorar la sanidad pública, la nota media que dan es 6,02 sobre 10, muy por debajo de los 6,74 puntos que daban en 2019. Eso sí, la nota varía mucho por autonomías. Es mucho más baja en Andalucía (5,37), Ceuta (5,39) Melilla (5,56), Canarias (5,77), Castilla la Mancha (5,99) y la Comunidad Valencia (5,99 sobre 10). Y dan la mejor nota a la sanidad pública de Cantabria (6,68 puntos), País Vasco (6,54), Castilla y León(6,40), Murcia (6,38), Rioja y Baleares (6,35 sobre 10).

Uno de los servicios peor valorado de la sanidad pública es la Atención Primaria, muy tensionada por el aumento de población (más envejecida) y la falta de recursos y sanitarios: la nota que dan los encuestados es 6,27 sobre 10 (era 7,13 en 2019). Y la queja más frecuente es la creciente espera para ser atendido por el médico de familia: 9,15 días de media, el doble que antes de la pandemia (4,7 días de espera en 2019). Una espera que es mucho mayor en Andalucía (11,16 días de media para ser atendido), Cataluña (10,59 días), Madrid (9,60 días) y Comunidad Valenciana (9,34 días), bajando a la mitad en País Vasco (4,91 días de espera media) y siendo baja en Asturias (5,45), Cantabria (5,90) y Ceuta (5,95 días).

La atención de los especialistas es el servicio peor valorado (5,74 sobre 10), debido a la enorme espera que supone conseguir una cita con el especialista (128,9 días, más de 4 meses de media). El ingreso y la atención en hospitales es mejor valorado (7,02 sobre 10), especialmente en Cantabria (7,64), Asturias (7,55), País Vasco (7,53) y Castilla y León (7,52), bajando la valoración de los hospitales en Ceuta (5,92), Melilla (6,18), Canarias (6,62) y Comunidad Valenciana (6,72 sobre 10). El servicio mejor valorado es el 061/112, con un 7,26 sobre 10, seguido de las urgencias hospitalarias, con una nota de 7,26 puntos, que sube en País Vasco y Cantabria (6,71 puntos) y baja en Ceuta (5,05%), con un tiempo medio de espera de 2,5 horas y Madrid liderando su uso: acude el 68,5% de la población, frente al 41% de españoles que acuden a las urgencias hospitalarias, una cifra altísima, consecuencia de los largos tiempos de espera en atención primaria y especialistas.

A pesar de estas valoraciones a la baja de todos los servicios, el 74,6% de los españoles indica que prefiere la sanidad pública para ingresos hospitalarios y casos complejos frente a la opción privada. Pero debido a las abultadas listas de espera, hay 12,8 millones de españoles que han contratado un seguro médico privado, aunque el  65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública si enfrenta un problema de salud importante, según el Barómetro Sanitario. Y el 74% de estos pacientes con seguro privado prefiere ir a las urgencias de los hospitales públicos si tiene un problema grave de salud.

La clave de esta valoración a la baja de la sanidad pública está en el creciente deterioro de los servicios, en especial la Atención Primaria y las consultas de los especialistas, lo que colapsa las urgencias y los hospitales. Un deterioro que tiene tres explicaciones básicas: hay más población en España (somos 49, 68 millones de habitantes, 9 millones más que en el año 2000 y 2,75 millones más que en 2019), somos una población más envejecida y con más enfermedades crónicas (el porcentaje de mayores de 65 años ha pasado del 16,5% en el año 2000 al 21,1% en 2026) y el gasto sanitario público es escaso y crece poco.

El gasto sanitario público en España fue de 101.739 millones de euros en 2024 (último dato publicado por Sanidad), un 6,4% del PIB. Y lo primero que llama la atención es que este gasto público sanitario es menor, en porcentaje de nuestra riqueza, del que gastábamos en 2020: 83.634 millones, el 7,4% del PIB. Lo que sí ha aumentado es el gasto sanitario privado, lo que gastan los españoles en seguros médicos, medicinas sin receta y consultas privadas (desde el dentista al oculista o el fisioterapeuta): suponía un 2,5% del PIB en 2024 (39.857 millones de euros). Tanto en el conjunto del gasto sanitario (8,9% del PIB) como en el gasto sanitario público, España está por debajo del gasto sanitario que se hace en la mayoría de Europa. Y además, el porcentaje de gasto público (el 74% del gasto total) es inferior al que hacen Alemania, Suecia o Noruega (el 86% del total).

Una peculiaridad de España respecto a muchos paises es que las autonomías gestionan la sanidad pública y son responsables del 93,6% del gasto sanitario, con enormes diferencias entre lo que gastan entre ellas. Así, en 2024, el gasto sanitario por habitante fue de 2.084 euros, pero había autonomías que gastaban mucho menos, según los datos de Sanidad: Andalucía (1.658 euros/habitante) y Madrid (1.779 euros) sobre todo, también la Comunidad Valenciana (1.867 euros), la Rioja (1.878) , Baleares (1.956) y Castilla la Mancha (1.957 euros/habitante). Y destacan por su mayor gasto el País Vasco (2.332 euros por habitante), Asturias (2.322, Extremadura (2.246) y Cantabria (2.242 euros). Y si miramos los que gastan porcentualmente menos de su riqueza (PIB) en sanidad pública, Madrid lidera la lista (gasta el 4% de su PIB), junto a Baleares (5,4%),Cataluña y Navarra (gastan 5,5% PIB). Y los que hacen más esfuerzo en financiar su sanidad son Extremadura (gasta 8,9% PIB), Murcia (8%), Canarias (7,9%) y Asturias (7,8%).

Estas enormes diferencias en el gasto sanitario público por autonomías responden a tres factores, según un reciente estudio del Foro Económico de Galicia : diferencias en la estructura de población (tamaño, escala de población y más o menos envejecimiento), los recursos que destinan las autonomías (tras recibir las transferencias del Estado) y las preferencias políticas sobre el gasto de los gobiernos autonómicos. Y a su vez, también hay enormes diferencias en el destino del gasto sanitario, que cada año se dirige más a financiar los hospitales, las urgencias y sus medicamentos (62% del gasto) y menos a la atención primaria (se lleva el 28,8% del gasto público, pero la mitad se destina al pago de las recetas financiadas, con lo que se lleva realmente el 14,37%). Los expertos coinciden en que la Atención Primaria está “infra financiada”, que debería llevarse el 25% del presupuesto, la media recomendada. Y Madrid es la que menos gasta en atención primaria, el 10,9%.

El gasto sanitario es pues bajo en España, más en algunas autonomías (donde hay más protestas) que en otras, pero el déficit se va a agravar en los próximos años, porque va a seguir aumentando la población, que estará cada año más envejecida (los mayores de 65 años pasarán del 21,1% actual al 30% en 2050) y con más enfermedades crónicas, mientras aumentará además el gasto sanitario por las nuevas tecnologías y medicamentos. Así que si ahora tenemos un déficit  de financiación, personal y medios, iremos a peor.

Los expertos que denuncian la infra financiación de la sanidad resaltan otro problema: cada vez hay más fondos públicos que se destinan a la sanidad privada, en perjuicio de la pública. Según los datos de Sanidad, en 2024 se destinaron 10.143 millones a conciertos con la sanidad privada (el 9,96% del gasto sanitario total), una cifra que en 2020 eran 8.383 millones. La mayor parte de estos conciertos con dinero público los paga Cataluña (6.838 millones en 2024), seguida de Madrid (1.209 millones), Comunidad Valenciana (982 millones) y Andalucía (413 millones). Según un estudio de la Federación en Defensa Sanidad Pública (FADSP), las autonomías con mayor velocidad de privatización sanitaria son, por este orden, Madrid, Canarias, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, siendo las menos “privatizadoras” Cantabria, Castilla la Mancha, Navarra y Asturias.

Con todo este panorama sanitario, la FADSP, ha publicado un balance de la sanidad pública en 2025 donde destaca 5 puntos: aceleración de la asistencia hospitalaria y desmantelamiento de la Atención Primaria (sobre todo en Madrid y Andalucía), aumento de las listas de espera (con cifras que consideran cada vez más “maquilladas”), deficiente gobernanza (una gestión sin planificación a medio plazo y muy politizada), enfrentamientos dentro del sector sanitario (entre médicos y otros profesionales y el Ministerio), aumento de los problemas y escándalos (“cribados” en Andalucía o las denuncias en el hospital madrileño de Torrejón). Y destacan como señal del descontento, de profesionales sanitarios y pacientes, las numerosas protestas y movilizaciones de la “marea blanca” en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia y Castilla y León, reflejo de una sanidad con múltiples problemas.

Lo preocupante ya no es sólo que la sanidad pública, “la joya del Estado del Bienestar”, ofrezca una atención muy mejorable y con enormes ineficacias sino que el gasto, la atención prestada y los servicios son muy desiguales por autonomías, desde los profesionales disponibles a las camas que se ofrecen o los tratamientos (la Asociación contra el cáncer ha denunciado muchas veces la desigualdad en los tratamientos y cribados por autonomías). La FADSP analiza un listado de 35 variables y da una nota a la sanidad de las 17 autonomías. En 2024, destacaba 4 autonomías con los mejores servicios sanitarios, por este orden: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). Tienen una sanidad “regular” Aragón, Cantabria y la Rioja (91 puntos cada una), Extremadura (90) y Galicia (82). Tienen una sanidad “deficiente” Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (79 puntos cada una). Y “la peor sanidad” se la adjudican a la Comunidad Valenciana (62 puntos), Andalucía (66), Baleares (77) y Murcia (78).

Cara al futuro, la clave para mejorar la sanidad es aumentar el gasto, en toda España y especialmente en las autonomías que menos gastan por habitante (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), según el informe del Foro Económico de Galicia. Lo que proponen los expertos es aumentar el gasto público del 6,4% sobre el PIB (2024) al 8% que gastan de media los paises europeos. Eso supondría gastar 27.000 millones más al año, que podría ser un objetivo de aquí a 2030.Un mayor gasto, mejor repartido, que debería destinarse a potenciar la Atención Primaria y a reforzar las plantillas sanitarias: el Ministerio de Sanidad estima que hacen falta 100.000 enfermeras más (para equipararnos con Europa) y 6.000 médicos adicionales, tres de cada cuatro para reforzar la Atención Primaria.

Pero además, una parte mayor del gasto sanitario debería dirigirse a prevención, porque es la inversión sanitaria más rentable. El estudio gallego señala, con simulaciones de la OCDE,  que si España redujera a los niveles de los mejores paises los principales factores de riesgo sanitario (obesidad, tabaquismo, dietas poco saludables y contaminación atmosférica), tendríamos un ahorro anual de 4.278 millones de dólares (3.733 millones de euros), además de evitarse 2.473 muertes anuales. El gasto en prevención ayudaría a reducir drásticamente el gasto sanitario en una década, pero para ello debe subir del mínimo 3% actual.

Más gasto, más sanitarios, más Atención Primaria y más prevención parecen las medidas urgentes para recomponer la sanidad pública, así como frenar la privatización de servicios. Pero no basta con eso: urge un profundo cambio en la gestión, desde las políticas de horarios e incompatibilidades hasta las incompatibilidades: no es de recibo que los quirófanos y maquinas sofisticadas estén paralizados muchas horas del día ni que se tarde meses en acudir a una consulta del pediatra público porque tiene consulta privada… Hay que sentarse y pactar una organización más eficiente de los medios y el personal de la sanidad pública, para optimizar recursos antes de aumentar medios y personal, que también hace falta. Y además, hay que homogeneizar la atención sanitaria y los tratamientos, con un catálogo mínimo en toda España, lo que exige una coordinación Sanidad-autonomías que no existe.

En resumen, la sanidad pública ha protagonizado los últimos meses múltiples protestas en media España que son sólo un síntoma de un sistema que funciona peor, con pocos medios y demandas crecientes, que disparan las listas de espera y la desatención, en beneficio de los seguros médicos y la sanidad privada. Pero los españoles apuestan por la sanidad pública y piden en las protestas que se refuerce con más medios y más gasto. Algo que sólo es posible con dos medidas: un pacto para articular una nueva financiación autonómica (con más transferencias a las autonomías con más población mayor y dispersa) y un pacto sanitario para aumentar el gasto y distribuirlo mejor entre autonomías. Hoy por hoy, los dos pactos políticos parecen imposibles. Así que nuestra sanidad pública irá a peor.

lunes, 17 de febrero de 2025

Centros de Salud desbordados

Se han cumplido 5 años del primer muerto en España por COVID-19 y la sanidad pública no acaba de recuperarse de la pandemia : las listas de espera siguen en máximos históricos y la Atención Primaria está colapsada: me han dado cita para la médico de familia dentro de 14 días (y la demora media está en España en 9 días). La consecuencia es que 12,5 millones de españoles se pagan un seguro privado (ahora más caro), lo que lleva a demoras en la sanidad privada. Se multiplican las manifestaciones por la mejora de la sanidad, pero no se avanza. El problema más grave está en la Atención Primaria, donde Sanidad ha propuesto un Plan de actuación 2025-2027. Muchas medidas, pero falta lo fundamental: gastar más (+10.000 millones sólo en Atención Primaria), contratar más médicos de familia (+8.000) y enfermeras (+15.000) y reorganizar los centros, con 10.000 administrativos más. Urge un Plan de choque para mejorar la Atención Primaria. Nos jugamos la primera linea de la salud.

                        Centro de Salud en Madrid

El 13 de febrero de 2020 moría en Valencia el primer paciente contagiado por COVID-19. Han pasado 5 años y la sanidad pública no se recupera del mazazo de la pandemia: estamos mejor que entonces, pero el sistema sanitario apenas ha vuelto a los niveles de 2019, donde ya había problemas de saturación y falta de medios. La espera para ser atendido por el médico de familia (o el pediatra) estaba en 8,81 días en 2024 (Barómetro Sanitario), frente a los 5,8 días de espera media en 2019. Y las listas de espera, aunque han mejorado frente a lo peor de la pandemia, siguen en máximos históricos: 94 días de media para la consulta de un especialista en junio de 2024 (el 2º peor dato desde 2022) y la espera para ser operado estaba en 121 días (9 más que en junio de 2023).

La consecuencia es una peor atención de la sanidad pública (a pesar del esfuerzo de sus profesionales) y un desvío de muchos pacientes a la sanidad privada: más de 12,5 millones de españoles pagan un seguro médico privado cada mes (+3,5 millones que hace una década), sobre todo en Madrid  (38,7% población tiene un seguro médico privado), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), aunque su precio se ha disparado (los seguros médicos han subido +39,5% desde 2019, según el INE).  Este desplazamiento hacia médicos, especialistas y hospitales privados, para sortear “los atascos” en la sanidad pública tiene 2 consecuencias. Una, que ya hay especialistas y hospitales privados que dan muchos retrasos para ser atendidos (50 días me han dado para una ecografía… por lo privado), siendo habitual cambios de citas y deterioro en la atención. Además, como las aseguradoras pagan poco a los médicos, hay muchos especialistas que “no trabajan con aseguradoras”.

Pero el gran problema sigue estando en la primera línea de la sanidad pública, en la Atención Primaria de los Centros de Salud y los ambulatorios. La población residente en España acaba de superar los 49 millones (49.077.984 el 1 de enero 2025) y eso supone un aumento de +1,76 millones de personas residentes sólo en los últimos 5 años (47.318.050 habitantes el 1 enero 2020). Un aluvión de nuevos habitantes (y potenciales pacientes) que han de atender casi los mismos médicos y enfermeras, con lo que cuando algún profesional (o administrativo) se pone enfermo o toma vacaciones, el colapso en las consultas es grave y lo sufren los pacientes, dilatando los plazos para ser atendidos. Y muchos no esperan y acuden a las urgencias de los hospitales: el 45% de los ciudadanos acudió a las urgencias hospitalarias en el último año (frente al 38,2% en 2023), según el Barómetro Sanitario 2024.

La Atención Primaria en España tiene un serio problema de retrasos en las citas de los médicos de familia y pediatras. En julio de 2024, el retraso medio era de 8,81 días para ser atendido, frente a los 5,8 días de 2019, según el Barómetro Sanitario que elabora el CIS y Sanidad. Sólo un 0,1% de pacientes consiguen cita en el día, al 11,2% les dan en 2 días, al 13,7% en 3 días, al 8,41% en 4 días, un 20% tardan en ser atendidos 7 días, un 12,8% tardan de 8 a 10 días y al 21,7% (como a mí) les dan cita entre 11 y más días después de solicitarla (por Internet, porque los teléfonos están aún más colapsados … ).

Sanidad y las autonomías apenas informan de estos retrasos en conseguir una cita para el médico de familia o el pediatra. El diario EL PAIS ha publicado una relación de retrasos por autonomías, a través de solicitudes de Trasparencia a las consejerías de Sanidad y alerta que más de la mitad de los Centros de Salud de toda España dan cita pasadas 48 horas, a pesar de que el Gobierno y las autonomías pactaron en 2019 garantizar que la atención no urgente en Atención Primaria se hiciera en menos de 2 días. Según este rastreo, los peores datos de retrasos se encuentran en Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, donde más del 85% de los Centros de Salud registran demoras de más de 2 días. Pero lo más preocupante es que hay demoras de más de 5 días en el 59% de los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana, el 44% de Canarias, el 43% de Baleares, el 28% de Madrid, el 23% de Aragón, el 20% de Andalucía y el 16% en Castilla la Mancha, mientras las otras 10 autonomías no dan retrasos en citas superiores a los 5 días.

Estos retrasos, que agobian a los pacientes (sobre todo a los enfermos crónicos y de más edad), tienen un origen claro: la falta de medios en la Atención Primaria, detallada en este informe elaborado en 2024 por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El primer problema es que España gasta poco en Sanidad : 2.822 euros por habitante, un 20% menos de los 3.533 que gasta la UE y la mitad de los 5.317 euros por habitante que gasta Alemania, según la OCDE. Pero además de gastar menos, dedica un porcentaje menor que otros paises a financiar la Atención Primaria: un 14% de todo el gasto sanitario en España, frente al 25% de media que se gasta en Europa.

Y por si esto no explica la situación actual, la financiación de la Atención Primaria es muy desigual por autonomías, según los datos del gasto por habitante en 2024 que aporta la FDSP: 150,90 euros/habitante en Madrid, 154 en la Comunidad Valenciana, 229 en Cataluña, 247 en Murcia, 264 en Baleares o 274 euros/habitante en Galicia, frente a 402 euros/habitante en Extremadura (más del doble de gasto que en Madrid), 329 euros en Castilla y León, 323 en La Rioja,  309 en Andalucía, 308 en País Vasco o 306 en Asturias.

A partir de este gasto desigual, también es desigual el número de médicos y enfermeras que trabajan en Atención Primaria. Donde hay menos médicos de familia es en Baleares (0,51 por 1.000 habitantes), Madrid (0,57), Canarias (0,58), Andalucía (0,60), Murcia (0,62) y Cataluña ( 0,64), mientras hay muchos más médicos en Castilla y León (0,95/1.000 habitantes), Extremadura (0,77), Aragón (0,75) y Galicia (0,71), según la FADSP .Y en cuanto a enfermeras, donde menos hay (comparativamente) vuelve a ser en Balares y Murcia (0,59 por 1.000 habitantes), Madrid (0,52), Asturias (0,67) y Andalucía (0,69), mientras hay más en La Rioja (0,90 por 1000 habitantes, casi el doble que en Madrid), Extremadura y Castilla y León (0,86), Aragón (0,83) y Navarra (0,82).

Y con este diferente personal, las regiones con más población son las que tienen los Centros de Salud más colapsados. Así, la FADSP informa que si en España hay un 59,3% de médicos de familia que atienden a más de 1.500 tarjetas sanitarias, en Baleares son el 77,52% y en Andalucía el 69,99%, destacando también el 47% de Madrid y el 42,18% en Castilla la Mancha, mientras sólo tienen tantos pacientes el 23% de los médicos de familia vascos y el 27% de los navarros. Y si la media de médicos que atienden a más de 2.000 tarjetas es baja, el 4,14% de los médicos de familia, en Baleares son el 11,91% y en Madrid el 6,75%. Y si analizamos el trabajo de los pediatras, el 5,2% atiende a más de 1.500 tarjetas en España, pero en Madrid lo sufren el 12,1% de los pediatras, el 10,8% en Castilla la Mancha y algo menos del 10% en Baleares y Cataluña.

Y eso se traduce en un mayor o menor desvío a urgencias: Madrid es la que más atiende (815,3 pacientes por 1000 habitantes), seguida de Baleares (795), Murcia (743), Aragón y Andalucía (633), frente a sólo 471 pacientes/1000 en urgencias en Navarra, 533 en Extremadura, 534 en Canarias o 555 en Castilla y León.

El informe de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva más de una década analizando la situación de la sanidad en las autonomías, muy desigual tanto en el gasto como en las listas de espera como en la Atención Primaria (analizan decenas de parámetros). Y en el último ranking, de 2024, han agrupado la sanidad de las autonomías en 4 bloques. Uno, las 4 autonomías con mejor sanidad: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). El 2º grupo, 5 autonomías con servicios sanitarios “regulares” son Aragón, Cantabria y La Rioja (las tres con 91 puntos), Extremadura (90) y Galicia (82). El tercer grupo son 4 autonomías con una sanidad “deficiente” : Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (con 79 puntos cada una). Y en el pelotón de cola, “con peores servicios sanitarios” están Murcia (78), Baleares (77), Andalucía (76) y la Comunidad Valenciana (62). Desde 2010, la región valenciana aparece como “el farolillo rojo” de la sanidad autonómica, junto a Andalucía, Canarias y Murcia muchos años.

Los problemas en la Atención Primaria y de toda la sanidad, más graves en las autonomías más pobladas, han sacado a la calle a médicos y pacientes, con manifestaciones multitudinarias en Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón y el País Vasco. Las autoridades autonómicas prometen mejoras, pero apenas gastan y contratan, mientras crece la población. De hecho, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +22,02% entre 2009 y 2023, un tercio menos que la inflación (+36,6%). Y además, en Cataluña ha caído el gasto sanitario en estos 15 años (-4,80%), mientras ha crecido sólo un +9,97% en Madrid, un +15,20% en Castilla la Mancha y un +17,24% en Aragón. Y eso, a pesar de que las autonomías han recibido del Presupuesto del Estado, entre 2018 y 2024 (los 7 años de Gobierno Sánchez) 300.000 millones más de recursos que en los 6 años de Gobierno Rajoy. Unas se han gastado estas mayores transferencias “en otras cosas” y la mayoría (gobernadas por el PP) han aprovechado para bajar impuestos (a los más ricos), reduciendo ingresos muy necesarios. 

La gestión de la sanidad (y la mayor parte de su financiación) corresponde a las autonomías. El Gobierno trata de “ayudar”, facilitando la habilitación de médicos y aumentando las transferencias, aunque la clave es reformar el sistema de financiación autonómica, porque hay 6 autonomías a las que el actual sistema “penaliza” (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha , Baleares y Cataluña) y otras 5 a las que “premia” (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León), según FEDEA. Cara al futuro, cualquier reforma debe dar más peso en el reparto de los fondos públicos a factores como la población, el envejecimiento y los usuarios de la sanidad pública.

Mientras, el Gobierno central trata de influir en la mejora de la sanidad autonómica, más con normas que con financiación o medios. Así, el 16 de diciembre, la ministra de Sanidad presentó a las autonomías un Plan de Acción para la Atención Primaria 2025-2027, en cuyo texto han participado el Ministerio, las autonomías, asociaciones de médicos y pacientes. El objetivo es adoptar medidas para mejorar los equipos de gestión en Atención Primaria, las políticas de personal y gobernanza, así como la mejora y coordinación de prestaciones y servicios, para reducir las desigualdades actuales. Está bien, el Plan es un punto de partida para mejorar, pero no incluye las dos medidas más importantes: más financiación y más medios.  Por eso, puede acabar siendo “un catálogo de deseos”. Papel mojado.

Los expertos sanitarios insisten en que no mejorará  la Atención Primaria, la 1ª línea de nuestra sanidad, hasta que no cuente con más dinero y más personal, reestructurando su organización. La FADSP propone destinar el 25% de todo el gasto sanitario a Atención Primaria, lo que supone gastar 10.000 millones más al año (de forma escalonada). Y cree que se necesitan 8.000 médicos más, 15.000 nuevas enfermeras y 1.000 pediatras para “desatascar” los centros de Salud, además de 10.000 administrativos más para que una parte de la jornada de médicos y enfermeras no sea atender tareas administrativas. Y en paralelo, contar con más tecnología para realizar más pruebas diagnósticas en estos Centros. Además, proponen restablecer las Áreas sanitarias como marco de gestión y darles más autonomía. Con estas medidas, se busca que el 95% de las consultas se realicen en menos de 48 horas

Esto sí son medidas concretas y una hoja de ruta para salir del colapso actual. Pero no se podrá avanzar si no se alcanza un Pacto (otro) entre el Gobierno central y las autonomías, con la participación de profesionales y pacientes. No parece que sea el camino elegido, mientras el PP avanza en la privatización de la sanidad pública en las autonomías que gobierna (con más “conciertos” para derivar pacientes, pruebas y operaciones a la sanidad privada) y el Gobierno intenta avanzar con normas y Leyes que luego no se pueden aplicar, por falta de financiación, medios y colaboración política. En medio estamos nosotros, los 49 millones de españoles, cada vez más envejecidos, que tenemos que esperar días y meses para saber qué problema de salud tenemos y cuándo tendremos la prueba, operación o tratamiento. Así no podemos seguir.

lunes, 12 de diciembre de 2022

Sanidad, la 3ª preocupación de los españoles

El empeoramiento de la atención sanitaria se ha convertido, en noviembre, en la 3ª preocupación de los españoles, según el CIS, cuando hace un año era la 4ª y en 2019 (antes de la pandemia) era la 5ª preocupación ciudadana. A los españoles les preocupa el retraso en las consultas de atención primaria, las listas de espera para el especialista y operarse y el atasco en las urgencias, lo que lleva a 11,5 millones a pagarse un seguro privado. Madrid, la autonomía que menos gasta en sanidad, es donde han saltado las protestas de los médicos, pero hay convocadas movilizaciones para enero en media España. Piden más gasto en sanidad (sobre todo en atención primaria), más médicos (+ 8.000) y enfermeras (+15.000) y una reorganización del trabajo, con mejores sueldos y horarios, dedicando más tiempo para los pacientes. Las autonomías tendrán en 2023 más transferencias del Estado que nunca, pero subirán su gasto sanitario (el 93% del total) menos que la inflación. Así no mejorará.

Enrique Ortega

La pandemia ha dejado muy “tocada” a la sanidad pública española, tras salvar muchas vidas y la economía. Ahora, tras superarse lo peor del COVID, aparecen los puntos débiles de una sanidad pública que, con todo, es de las mejores del mundo: colapso en muchos centros de atención primaria, falta de médicos y enfermeras, largas listas de espera para ir al especialista y operarse, atascos en urgencias y falta de medios para el seguimiento de pacientes graves, crónicos o depresivos, más escasa detección y prevención. Por todo ello, la sanidad  era ya, en noviembre,  la 3ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS: la citan el 26,6% de los encuestados, sólo por detrás de la crisis económica (la 1ª preocupación para el 34,1% de los españoles) y el paro (la 2ª, para el 31,4%). A lo largo de 2021, la sanidad era la 4ª mayor preocupación (tras el paro, la crisis y el COVID), en 2020 era la 6ª (tras la crisis, el COVID, el paro, la política y los políticos). Y antes de la pandemia, en 2019, la sanidad era la 5ª mayor preocupación (del 17,2% de españoles), por detrás del paro (57,4%), la política y los políticos (49,5%), los problemas económicos (30,5%) y la corrupción (preocupaba al 20,7%), según los distintos Barómetros del CIS.

¿Cómo valoran los españoles la sanidad pública? Le dan un aprobado, pero más bajo que antes de la pandemia: la nota media ha bajado de 6,77 puntos en 2019 a 6,29 en junio pasado y 6,04 puntos en noviembre, según el último Barómetro elaborado por Sanidad y el CIS a partir de 7.800 entrevistas. La atención primaria obtiene 6,1 puntos, menos las urgencias de primaria (6,09) y las de los hospitales (6,01), recibiendo la peor nota los especialistas (5,90) y la mejor los servicios 061 y 112 (7,28 puntos) y la atención en los hospitales (7.08 puntos). Lo preocupante es que sólo la mitad de los encuestados (50,5%) valoran “positivamente” la sanidad pública (11,1% la ven bastante bien y el 39,4% bien), frente al 74,4% que lo hacían en 2019. Un 31,9% la ven “regular” y creen que “necesita cambios fundamentales” (sólo 21,4% en 2019), mientras otro 16,8% de españoles creen que la sanidad “funciona mal y necesita cambios profundos” (frente a sólo el 3,7% en 2019).

Otra Encuesta reciente, encargada en septiembre por el sindicato de enfermería SATSE, revela que el 48% de los españoles consideran que la sanidad pública “ha empeorado desde la pandemia”, dándole un aprobado raspado (5,2 puntos sobre 10). Y el 82% considera que “no tiene financiación suficiente”, culpando un 86% a los políticos de no cumplir las 250 medidas de mejora que aprobaron en el Congreso en 2020 (en pleno confinamiento). Lo que más les preocupa de la sanidad pública son las listas de espera (al 70,5%), la falta de profesionales (59%), la saturación de los Centros de Salud (al 54%), el escaso tiempo de atención (al 36%), el cierre de unidades y servicios (al 32,5%) y la atención no presencial (al 25%, sobre todo valoran negativamente la atención telefónica).

Las listas de espera, la principal preocupación de los españoles, señalan “el talón de Aquiles” de la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada (que pagan ya 11,5 millones de españoles). Lo que más chirría es el retraso “en la atención de primera línea”, en los Centros de Salud, para ver al médico de familia o al pediatra: dos tercios de los pacientes (el 67,5) no se atienden en el día y de ellos, al 44,1% les dan cita entre 2 y 6 días después y  a más de la mitad (54,5%) les citan en su ambulatorio para dentro de 7 días o más, según el Barómetro Sanitario de noviembre 2022.  Al final, el tiempo medio de espera en atención primaria es de 8,88 días, cuando en 2021 eran 5,8 días. Y además, cuando los pacientes consiguen cita, al 27,7% les hacen esperar más de una hora.

Si es complicado conseguir que nos vea el médico o pediatra del ambulatorio, aún es más difícil conseguir cita con un especialista: han aumentado los pacientes en espera por 1.000 habitantes (de 61,84 en 2019 a 77, 23 en diciembre 2021 y 79,30 en junio 2022), con una demora media que ha bajado a 79 días (89 días en 2021 y 88 en 2019), aunque la mitad esperan más de 60 días. La mayor demora se da en Andalucía (107 días media), Canarias (101), Aragón (95), Navarra (87) y Cataluña (82), siendo más baja en Melilla (22), País Vasco (29), Ceuta y Rioja (32) y Madrid (51 días), según los últimos datos de Sanidad. En cuanto a la espera para operarse, eran ya 742.518 españoles en lista de espera quirúrgica en junio de 2022 (81.356 más que un año antes y 71.24 más que antes de la pandemia). Eso sí, la espera media ha bajado a 113 días (desde los 123 días de diciembre de 2021 y los 121 de 2019), aunque el 17,6% de los que esperan para operarse lo hacen más de 6 meses. La mayor demora se da en Aragón y Cataluña (151 días), Canarias (144 días), Extremadura (139), Cantabria (132) y Castilla y León (129 días), siendo menor la espera para operarse en Melilla (39 días), País Vasco (64), Madrid (65), Navarra (72) y Galicia (75 días).

El detonante de las últimas protestas de los sanitarios ha sido la atención primaria, con huelgas en Madrid, Cantabria y Canarias, aunque ya se han anunciado más movilizaciones, para enero y febrero, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra, Extremadura y Galicia. En casi toda España, los médicos y enfermeras han dicho ¡Basta¡ , motivados por la falta de profesionales y la inasumible carga asistencial , que les obliga a atender a más de 50 pacientes diarios, doblar turnos y multiplicar guardias, con unos contratos muy precarios (un tercio de los médicos son temporales y el 60% en Canarias, según CCOO) y bajos salarios (desde 1.200 euros mensuales al principio a unos 51.000 euros anuales de media, frente a 88.000 en Francia, 125.000 en Reino Unido o 165.000 en Alemania).

El primer problema de la atención primaria en España es que es “la pariente pobre de la Sanidad”, se lleva la menor parte del gasto sanitario, a pesar de ser “la 1ª línea de atención”, donde acaban la mayoría de personas varias veces al año: se lleva el 13,9% del Presupuesto total en Sanidad, muy por debajo del 25% del gasto que recomienda la OMS. Y a la cola de este gasto se sitúa Madrid (10,7% del gasto va a atención primaria), donde se ha primado la inversión en grandes hospitales y no en Centros de Salud, junto a Galicia (11,6% gasto en atención primaria), Baleares (12,1%), Castilla la Mancha (12,7%) y Cataluña (13%).

No sólo se gasta menos en Atención primaria que en el resto de la sanidad, también se gasta poco en personal: si la media en España es que el 44,9% del gasto sanitario vaya a personal, en Madrid es el 40,2%, siendo aún inferior el porcentaje en Cataluña (35,4%), Comunidad Valenciana (40,1%) y Galicia (43,9%, llevándose más de la mitad del gasto total en Aragón (53,2%), País Vasco (52,6%), Navarra (51,7%), Castilla y León (51,2%) y Canarias (50,4%). En general, faltan médicos y enfermeras, pero sobre todo en atención primaria. La ministra de Sanidad informó que en toda España ha aumentado la oferta de médicos de familia, un +36% entre 2017 y 2022, pero que en Madrid ha caído un -2%. Además, hay muchos médicos que no quieren trabajar en la atención primaria (en 2022 quedaron vacantes 200 plazas de MIR, por falta de incentivos), sobre todo en Madrid,  y buscan irse a hospitales, a la privada o al extranjero (Sanidad estima que hay 7.738 médicos españoles trabajando fuera).

No se trata tanto de que falten médicos (España es el 4º país con más médicos por 1.000 habitantes de la OCDE) como de que faltan en Atención Primaria, por sus penosas condiciones laborales y su tremenda carga de trabajo, que no son incentivadas. Y además, el 60,2% de los médicos de familia  tienen más de 50 años (en Castilla y León el 73%, en Asturias y Rioja el 69% y en Galicia el 67%), con lo que a finales de esta década tendremos una mayor falta de médicos en atención primaria, porque se jubilarán 9.000 de los actuales. Y respecto a enfermeras, somos el 7º país europeo con menos profesionales: 6,1 enfermeras por 1.000 habitantes, frente a 8,3 por 1.000 en la UE-27, 11,3 en Francia y 12,1 en Alemania.

Al final, la sanidad española sufre las consecuencias de una baja financiación durante años, un gasto sanitario público inferior al europeo: en 2020, último dato publicado, el gasto sanitario público fue de 1.907 euros por habitante, frente a 2.299 euros de media en la UE-27. Y el gasto sanitario de las autonomías, responsables de financiar el 93% de nuestra sanidad, sólo ha crecido un 3,49% entre 2019 y 2021, a pesar de las mayores necesidades por la pandemia, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y lo peor: hay 4 autonomías que gastaron menos en Sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874,7 millones, un -9,96%), Murcia (-231 millones, un -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%). Con estos mimbres, no es de extrañar el colapso…

Y para 2023, las autonomías siguen en esta línea, de “racanear” en el gasto sanitario: los Presupuestos autonómicos aprobados o pendientes de aprobar para el año que vienen contemplan un aumento del gasto sanitario per cápita del +7,7%, inferior al +8,6% que se espera aumenten los precios este año, según la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP). Y esta “racanería sanitaria” es más chocante porque, en 2023, las autonomías van a recibir los mayores ingresos de su historia, 134.335 millones del Estado (+26.130 millones que en 2021), gracias a la mayor recaudación (por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía)  y a que el Gobierno les permite aumentar el déficit (del -0,1 al -0,3% del PIB, otro “colchón” de 2.580 millones). En total, tendrán 28.710 millones más para gastar en 2023, que apenas van a dedicar a la sanidad (+6.150 millones).

 Además, esos Presupuestos previstos para 2023 consolidan la tremenda desigualdad en el gasto sanitario según autonomías. A la cola del gasto sanitario (1.809 euros por habitante, de media) sigue Madrid (1.446 euros por habitante previstos para 2023, un -20% que el conjunto de España), Cataluña (1.456 en 2022, a falta de aprobar el Presupuesto 2023), Murcia (1.535) y Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.655 euros por habitante). Y en cabeza del gasto sanitario siguen Asturias (2.133 euros/habitante para 2023, un +18% que la media española), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020) y Castilla y León (1.999 euros/habitante 2023).

Gastar más es importante para tener mejor sanidad, pero también hay que gestionar bien el personal y los medios, año tras año. Por eso, la FEDSP lleva haciendo desde 2009 un ranking de la sanidad por autonomías, valorando distintos criterios: gasto por habitante, camas y quirófanos disponibles, médicos y enfermeras por 1.000 habitantes (en atención primaria y especialidades), listas de espera, gasto farmacéutico, privatización de la sanidad y valoración ciudadana. Sobre estos criterios y una puntuación de 32 a 130, nos aportan un mapa con 4 Españas sanitarias: 3 autonomías con buena” sanidad (País Vasco 95 puntos, Navarra 93 y Asturias 90), 5 autonomías con una sanidad “regular” (Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura, con 88 puntos, y La Rioja 86), 6 autonomías con una sanidad “deficiente” (Galicia 79 puntos, Aragón 76, Baleares 75, Valencia 72, Madrid 71 y Andalucía 70) y otras 3 autonomías con “peor” sanidad (Canarias 66 y Cataluña y Murcia, a la cola con 63 puntos). Y lo más preocupante es que Canarias y Murcia eran también las peores en 2009. Así que ya sabemos dónde es mejor y peor ponernos enfermos

¿Qué se puede hacer para mejorar la Sanidad? La Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP) ha hecho 20 propuestas para mejorar la atención primaria, que se resumen en tres: gastar más (un 25% de todo el Presupuesto sanitario: +10.000 millones en varios años), contratar más profesionales (+8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos) y reorganizar la atención para que el 95% de las consultas en Centros de Salud se atiendan en 48 horas máximo. Además, proponen convocar más plazas de MIR en atención primaria, recuperar las consultas presenciales, ampliar la capacidad diagnóstica de los Centros de Salud, restablecer las áreas sanitarias, coordinar la atención de residencias y dependientes, fomentar la prevención y contar con unidades de apoyo de fisioterapeutas, protésicos odontólogos, psicólogos y matronas en la atención primaria.

Al final, el gran reto es reforzar la sanidad pública, muy debilitada por la pandemia y apoyar a médicos y enfermeras sobrepasados por la presión asistencial. Y hay que empezar a hacerlo por la primera línea, la atención primaria, para seguir después reforzando las especialidades, hospitales y urgencias, sin olvidar la prevención y la investigación. Esto obliga a un gran Pacto por la Sanidad, entre Gobierno y autonomías, con la colaboración imprescindible de médicos, enfermeras y pacientes. Un Pacto que debería asegurar un mayor gasto sanitario público en esta década (el 10% del PIB, por ejemplo, como Francia o Alemania: serían 24.000 millones más de gasto cada año), gobierne quien gobierne, la contratación de más profesionales con trabajos y sueldos dignos y una organización más eficiente, desde Centros de Salud a hospitales y urgencias. No es mucho pedir, porque la salud debería ser la gran prioridad de todos. Pero hay elecciones a la vista y el acuerdo parece imposible. Así que nos esperan más protestas y colapsos en la atención sanitaria.

lunes, 27 de julio de 2020

Reconstrucción: España depende de sí misma


Los contagios se han duplicado la última semana y Sanidad  habla de “una 2ª oleada” de la pandemia cuando no ha empezado agosto, el mes más peligroso. Y cada autonomía va “a su aire”, evitando confinamientos duros por su coste económico y político, mientras la atención primaria sanitaria no tiene medios ni rastreadores. La temporada turística y la incipiente recuperación peligran por los rebrotes, pero urge avanzar en la reconstrucción, tras la euforia (injustificada) por los Fondos europeos: no llegarán hasta dentro de un año y ahora sólo contamos con 14.000 millones (el 10%), que poco nos ayudarán. España depende de sí misma y de pactar unos Presupuestos 2021 que prioricen gastos y recauden más, subiendo algunos impuestos. Y urgen reformas en la contratación (25% de empleos son temporales) y las pensiones, no porque lo exija Europa sino para sobrevivir. Hay que modernizar la economía, invertir en sectores con futuro y dejar de ser un país de servicios. Ser menos vulnerables en la próxima crisis.

enrique ortega

El coronavirus cumple esta semana los 7 meses de vida oficial (31 de julio) y sigue con más fuerza cada día, marcando nuevos récords de contagios en el mundo: 282.700 nuevos contagiados el jueves 23 de julio, tras 280.600 contagiados el miércoles 22. Son 25 veces los contagios que había el 14 de marzo (11.100 diarios). Hoy se contabilizan ya 16.262.481 contagiados en 188 paises, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins.

El epicentro de la pandemia sigue en América, tanto en Estados Unidos (4.234.020 contagiados) como en Latinoamérica (que ha superado también los 4 millones de contagiados), destacando Brasil (2.419.091 contagiados), México (390.516), Perú (375.961), Chile (345.790), Colombia (248.976), Argentina (162.526), Ecuador (80.694) y Bolivia (69.429). Y crece cada día en Asia y Oriente Medio, sobre todo en India (1.435.616 contagiados), Irán (291.172), Pakistán (274.289), Arabia Saudí (266.941), Turquía (226.100), Bangladesh (223.453), Iraq (110.032), Qatar (109.305) e Indonesia (98.778 contagiados). Y sigue propagándose por África (850.000 contagios), especialmente en Sudáfrica (445.433 contagiados) y Egipto (92.062). En Europa hay nuevos rebrotes y rondan los 3 millones de contagios (2.973.382), especialmente en Rusia (811.073 contagiados), Reino Unido (301.020), España (272.421), Italia (246.118), Francia (217.801) y Alemania (206.667).

Las muertes por coronavirus se han disparado en el mundo, multiplicándose por 120 desde el 14 de marzo (5.407 muertes) a hoy, cuando se contabilizan ya 648.937 muertes, casi la cuarta parte en Estados Unidos (146.935 muertes, ahora 1.078 diarias), seguido de Brasil (87.004 muertes, 1.367 diarias), Reino Unido (45.837), México (43.680). Italia (35.107), India (32.771 muertes, 1.129 diarias). Francia (30.195), España (28.432 muertes, frente a 136 fallecidos hasta el 14 de marzo), Perú (17.843), Irán (15.700), Rusia (13.249), Bélgica (9.821) y Alemania (9.124 fallecidos), según la Universidad Jhons Hopkins.

En España, se han vuelto a disparar los contagios la última semana: se han detectado +12.166 nuevos contagiados, el doble que la semana anterior (+6.346) y 4 veces los contagios de la primera semana de julio (+3.363), según los datos de Sanidad. El salto de contagios se ha dado día a día, de +685 nuevos el lunes a +730 el miércoles, +971 el jueves y +922 el viernes, último dato oficial de Sanidad (que no reporta los datos del fin de semana hasta la tarde del lunes). Hemos vuelto al nivel de contagios de principios de mayo, en pleno estado de alarma, con especial incidencia en Aragón (237 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más que los 171 de Brasil), Cataluña (111 contagiados/100.000), Navarra (110/100.000) y País Vasco (50/100.000), todas por encima de la media española de contagios (38/100.000), la 2ª más alta de Europa, tras Rusia (51), lo que ha llevado a Francia a recomendar “vivamente” no viajar a Cataluña y al Reino Unido a imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen de España .

Los nuevos contagios se han más que duplicado por la aparición de casi 300 rebrotes en 30 provincias, especialmente en Cataluña (+4.846 contagiados  la última semana), Aragón (+2.113 contagiados),  País Vasco (+813 casos), Madrid (+789), Andalucía (+597), Navarra (+518 casos) y Comunidad Valencia (+472 nuevos casos). Y aunque la mayoría afectan a gente joven y de mediana edad (la mayoría asintomáticos y que se curan en casa), también han aumentado los contagiados hospitalizados (de 237 semanales el lunes a 327 el viernes, sobre todo en Aragón, Madrid y Cataluña), aunque se estabilizan los ingresos semanales en UCIs (15 el lunes, 11 el miércoles y 14 el viernes). Y también se estabilizan las muertes: 12 más en la última semana, con un total de 28.432 fallecidos oficiales por COVID 19.

Sanidad ha reconocido que podemos estar ante “una 2ª oleada de la pandemia”, ya que en muchos focos hay “transmisión comunitaria”, no controlada, provocada por reuniones de familiares y amigos, ocio nocturno ligado a los jóvenes y algunos casos de temporeros. El problema es que cada autonomía ha reaccionado “a su aire” ante los rebrotes, con medidas (suavizadas) de recorte de actividades y confinamientos muy “light”, que apenas funcionan porque los ciudadanos no los toman en serio. En muchos casos, las autonomías y Ayuntamientos se sienten “presionados” por la hostelería y el turismo (otra vez el viejo dilema de “la bolsa o la vida”) y por tomar medidas “impopulares”. Y también hay una “carrera de imagen”: Galicia implantará esta semana un “control” a los visitantes de otras autonomías (tendrán que informar en los hoteles de donde proceden) mientras Madrid se resiste (con Canarias) a implantar la mascarilla obligatoria para no asustar a los visitantes.

El problema de fondo es que tenemos un virus único que no distingue de pueblos ni autonomías y 17 políticas distintas para combatirlo (¿se imaginan si hubiéramos hecho esto de marzo a junio?). Y que ahora, la primera línea de esta guerra no está en los hospitales y las UCIs sino en los centros de salud, en la atención primaria, que es el eslabón más débil de nuestro sistema sanitario, falto de medios y personal tras años de recortes, que no se han compensado en estos meses a pesar de lo que se diga. Unos centros de salud que están ya saturados (por los rebrotes y las vacaciones del personal, a los que se ha obligado a tomarlas en previsión de una oleada de contagios en otoño). Y que podrían estar peor en agosto, si los españoles y turistas aumentan en zonas de costa y hay más rebrotes.

Los Centros de salud (colapsados) son claves para las dos tareas que hay que realizar frente a los rebrotes: detectar los contagios, aislarlos y multiplicar las pruebas PCR a sus contactos. En España se han multiplicado los test PCR (4.347.022 hechos a 23 de julio, 1,1 millones más que hace un mes), pero son todavía pocos y estamos a la cola de Europa en test PCR por caso detectado: 38 en España frente a 169 de media en Europa, 218 en Italia, 203 en Alemania, 174 en Holanda o 91 en Francia, según la Universidad de Oxford. Y eso, porque no sólo hay que tener test y reactivos, sino personal para hacer las pruebas y laboratorios para analizarlas. En cuanto a los rastreadores, harían falta el doble o el triple, según los expertos,  sobre todo en 12 autonomías que tienen menos de 1 rastreador por 5.000 habitantes: sólo se salvan Andalucía (5 rastreadores por cada 5.000 habitantes), Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana (1 rastreados por cada 5.000 habitantes). Los mayores déficits de rastreadores se dan en Cataluña (había 220), Madrid (142) y Aragón (105 rastreadores).

La pandemia se ha descontrolado en sólo un mes de “nueva normalidad” y ahora, en agosto, podrían dispararse los rebrotes, al multiplicarse la movilidad de los españoles que cogen vacaciones más la llegada de nuevos turistas extranjeros (la patronal Exceltur espera 4,1 millones en agosto), lo que hace temer nuevos rebrotes en zonas turísticas, hasta ahora poco afectadas por los nuevos contagios y sin medios en los Centros de salud locales. De confirmarse esta  “2ª oleada de la pandemia”, supondría no sólo un peligro sanitario sino que interrumpiría la actividad económica y turística. De hecho, la cuarentena británica y el aviso francés (más los "avisos" de Alemania, Bélgica y Noruega sobre España) son "la puntilla" para un verano desastroso para el turismo. Y además, un rebrote generalizado y nuevas medidas de confinamiento agravarían la recesión y dificultarían más la recuperación. Por eso hay que evitarlo como sea, con medidas públicas más drásticas y más conciencia ciudadana (sobre todo los jóvenes).

Mientras media España se coge las vacaciones más raras de su vida, el Gobierno trabaja para tener listo a finales de septiembre el Presupuesto 2021, que debe ser el motor de la reconstrucción económica y social del país. Y por mucha euforia y “propaganda” con el éxito de la última Cumbre Europea (ojo: se ha aprobado un Fondo de 750.000 millones en 4 años, frente a los 1,5 billones que pedían inicialmente España e Italia y los 2 billones que propuso el Parlamento europeo), España tendrá que salir del agujero básicamente por sus propios medios. Y eso, porque el dinero europeo (ojo, de los 140.000 millones para España, 66.900 son créditos que habrá que devolver a partir de 2027) no llegará a España hasta dentro de un año, según ha confirmado el Comisario europeo Gentiloni. Y sólo podremos disponer ahora del 10%, o sea de 14.000 millones  (7.200 en ayudas a fondo perdido), cuando la factura extra que tiene España por el coronavirus superará los 100.000 millones.

La primera decisión que tiene que tomar el Gobierno español es qué déficit le propone a Bruselas para 2021. Este año 2020, el déficit estimado por la Comisión Europea para España era en mayo del -10,1% del PIB, lo que traducido supone un “agujero” en las cuentas públicas de -112.000 millones (frente a -32.879 en 2019). Pero hoy, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) sube este déficit fiscal, entre el -11,9% (-132.041 millones) y -14,4% si hay rebrotes (-159.780 millones). Pongamos un punto medio, un agujero fiscal de -145.000 millones de euros, que habrá que “tapar” con deuda (+110.000 millones sobre la prevista inicialmente). Ahora, el debate es ¿Qué déficit estimamos para 2021? Podemos ofrecer a Bruselas bajarlo algo, al 10% del PIB (-117.616 millones), muy difícil, porque obligaría a ajustes que pondrían en peligro la recuperación necesaria de la economía en 2021, o intentar mantenerlo en el 12% con que podría acabar el año, lo que sería un déficit de -140.000 millones para 2021. Tremendo, pero bajarlo más con una economía débil podría llevar a asfixiar la ansiada recuperación.

Así que lo primero será que Nadia Calviño negocie con Bruselas ese déficit  “permitido” para 2021, entre el 12 y el 10% del PIB (menos saben los europeos que es imposible). Y una vez negociado, hay que hacer dos cuentas: cuánto es lo mínimo que necesitamos gastar y de dónde lo sacamos, cómo podemos ingresarlo. Y aquí está lo difícil de los Presupuestos. Primero, en priorizar el gasto. Porque en 2019, sin coronavirus, el gasto presupuestario fue de 492,812 millones, el 41,9% del PIB, un gasto muy inferior al del resto de Europa (46,7% del PIB). Ahora, con las ayudas que hacen falta a empresas, parados y familias, más las inversiones necesarias para la reconstrucción, habría que gastar al menos 100.000 millones más, en torno a 600.000 millones. Pero si gastamos eso, habría que recaudar 460.000 millones para que el déficit no sea más de -140.000 millones (“si nos dejan” el 12%).

Y aquí está el 2º gran problema, tras el gasto: cómo ingresamos esos 460.000 millones, que es justo lo ingresado en 2019, un año sin recesión. Una recaudación difícil de repetir, con las empresas, los sueldos y el consumo muy “tocados”. Y con un PIB menor en 2021 (1.176.163 millones) que en 2019 (1.245.331), el esfuerzo para recaudar los mismos 460.000 millones  tendrá que ser mayor. Así que sólo hay dos opciones: o se mejora la recaudación, subiendo algunos impuestos, o se gasta menos, en ayudas o inversiones para la reconstrucción. Y sabiendo que el dinero de Europa llegará, pero tarde (entre 2021 y 2023) y sólo la mitad será de ayudas, pero muy dirigidas a inversiones en medio ambiente, digitalización y formación, no para muchas otras cosas que necesitamos.

Así que, les guste o no al PP y a Ciudadanos, no queda otra opción que subir algunos impuestos para pagar la reconstrucción, como han propuesto la Comisión Europea, el Banco de España y muchos expertos. Bruselas lleva años diciéndonos que recaudamos menos en todo (88.000 millones menos cada año que la media UE-27, según los últimos datos de Eurostat), sobre todo en IRPF, IVA e impuestos verdes. El Banco de España ha propuesto subir el IVA, sociedades y los impuestos medioambientales. FEDEA ha propuesto un recargo temporal en el IRPF (recargo COVID), como el que impuso Rajoy en 2012. Y la AIReF recuerda que se pierden 60.000 millones anuales de recaudación por beneficios fiscales, con lo que se podrían ingresar 35.000 millones más subiendo los tipos reducidos del IVA y suprimiendo exenciones no justificadas en el IRPF y sociedades.

Algo habrá que hacer para cuadrar las cuentas. Lo ideal sería pactar esos Presupuestos 2021, para que los gastos e ingresos sean respaldados por la mayoría, la mejor baza para que los apruebe Bruselas. No será fácil, pero sin un pacto de Presupuestos no hay reconstrucción (ni Gobierno). Y en paralelo, habría que pactar las reformas necesarias para modernizar la economía, al margen de esos 5 Pactos de Estado propuestos por la Comisión de Reconstrucción: pacto por la Sanidad, la Industria, la igualdad de género, la Ciencia y la Cultura. Sobre todo dos, no porque nos lo pida Europa, sino porque son las 2 reformas más urgentes: la reforma de la contratación (es insostenible que un 25% de los contratos sean temporales, lo que nos hace muy vulnerables) y la reforma de las pensiones (porque si no, las cuentas públicas no se pueden ajustar a medio plazo).

Además, habrá que modernizar la economía española, hacerla más eficiente, con empresas más grandes y más peso de la industria, la tecnología y la digitalización, para aumentar la baja productividad del país. Eso pasa por cambiar el modelo productivo, dejar de ser un país de bares, hoteles y tiendas que nos ha hecho tan vulnerables en esta pandemia, como en la crisis de 2008. Conseguir un cambio radical en nuestra economía, para que cree más empleo estable y dejemos de tener el doble de paro que Europa y menos renta. Esto no se hace de un día para otro, harán falta una o dos décadas. Podría ser lo único positivo que saquemos de esta pandemia: una catarsis de la economía para ser menos vulnerables en la próxima crisis. Para conseguirlo, necesitamos dinero, tiempo y remar todos en la misma dirección. A ello. Pero sin olvidar al “bicho”. ¡Cuidado¡