COVID 19: rebrotes, muertos, turismo y Europa

Entramos en la semana 12ª de confinamiento, suavizado para el 70% de españoles en fase 2, mientras Madrid, Barcelona, Lérida y la mayoría de Castilla y León siguen en fase 1. Los contagios aumentan poco (pero aumentan), aunque se han cambiado los datos y puede haber 10.000 fallecidos más por coronavirus. Y mientras aparecen rebrotes (Lérida, Murcia, Ceuta, Córdoba, Badajoz, Gijón), hoteleros y autonomías turísticas presionan para que lleguen extranjeros el 15 de junio, 2 semanas antes de lo previsto. Y empiezan los despidos industriales (Nissan y Alcoa), que aumentarán en julio, cuando no esté prohibido despedir. La Comisión Europea ha presentado un Plan de reconstrucción tacaño (750.000 millones frente a 1,5 billones que pedían España e Italia), insuficiente (140.000 millones para España, que ya hemos gastado), tardío (el grueso del dinero llegará entre 2022 y 2024) y con condiciones (reformas y ajustes). Así que debemos reconstruir el país casi solos, con deuda y recaudando más como sea. Y sobre todo, unidos, algo imposible hoy. Nos jugamos el futuro.

enrique ortega

 Ayer se cumplieron 5 meses desde que China comunicara el primer contagio por coronavirus, el 31 de diciembre de 2019. Pero la pandemia sigue imparable y batiendo récords: 134.700 contagios nuevos el sábado 30 de mayo, según la Universidad Jhons Hopkins. Son ya 6.170.556 contagiados en 118 paises, un tercio en Europa (2.106.381), aunque el epicentro de la pandemia sigue en América, especialmente en Estados Unidos (1.790.191 contagiados, +18.123 diarios) y Brasil (514.849 contagiados, +33.274 diarios), seguidos por Rusia (405.843 contagiados, +9.268 diarios), Reino Unido (276.156, +2.445 diarios), España (239.429 contagiados, +96 diarios), Italia (232.997 contagiados, +416 diarios), India (190.622 contagiados, +8,380 diarios), Francia (189.009 contagiados, +1.828 diarios) y Alemania (183.410, +286 diarios). El coronavirus ha causado ya 372.099 muertos en el mundo, casi un tercio en EEUU (103.853 fallecidos), seguido por Reino Unido (38.751), Italia (33.415), Brasil (29.314), Francia (28.805), España (27.127 muertos), México (9.930), Bélgica (9.467) y Alemania (8.546 muertos).


En España, tras 11 semanas de confinamiento, los nuevos contagios se estabilizaron ligeramente al alza la semana pasada (+132, +194, +231, +182, +187 y +271  diarios, bajando ayer domingo a +96), mientras todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media española, que sube muy ligeramente (de 14,36 a 14,77 contagios por 100.000 habitantes los últimos 14 días), según Sanidad: Cataluña (39,74, Castilla y León (24,63) y Madrid (24,36), las tres en fase 1, más Ceuta (Ojo: 33,03), Castilla la Mancha (21,60), Navarra (20,02) y Aragón (17,21), estas cuatro en fase 2. Pero resulta muy difícil el seguimiento de los datos, porque Sanidad volvió a cambiar las estadísticas, el lunes 25 de mayo, rompiendo las series, y las autonomías siguen reportando “a su aire”. Un ejemplo: el miércoles y jueves sólo se contabilizó 1 muerto diario por coronavirus entre todas y el viernes y domingo 2 muertos cada día, un dato que ahora se da por semanas (+39 muertos en la última semana).


Precisamente, la estadística de muertos por coronavirus ofrece muchas dudas. Primero, Sanidad hizo un reajuste el lunes 25 y rebajó los muertos en casi 2.000 (de 28.752 el 24 de mayo a 26.834 el 25), aunque el martes volvió a reajustarlo (a 27.117 muertos). Y segundo, con la vuelta a la normalidad de los Registros Civiles, afloraron 12.000 muertos no registrados y con ellos, entre el 1 de maro y el 12 de mayo se han registrado 43.295 muertos más que el año pasado, según el sistema MOMA del Instituto de Salud Carlos III. Una parte importante, 27.302 eran los muertos “oficiales” por coronavirus (a los que se hizo la prueba), pero hay otros 15.993 muertos “extras” (más que el año pasado), la mayoría en Madrid (+6.695), Cataluña (5.495), Castilla y León (2.681) y Castilla la Mancha (+2.493), los cuatro “epicentros” de la pandemia. Sólo con que dos tercios de estos muertos “extras” hayan sido también por el COVID19, tendremos 10.000 muertos más por coronavirus de los oficiales (que son hoy 27.127).


Al margen de la disparidad estadística, Sanidad ha decidido los nuevos avances en la desescalada desde hoy, que esta vez suponen menos cambios (ver mapa) porque mantiene la exigencia de estar 2 semanas en cada fase. Así, un 30% de España (22 millones de personas) siguen en fase 1, concretamente la mayoría de Castilla la Mancha, Barcelona, Lérida (por un rebrote) y Madrid, que no ha conseguido anticipar la apertura de los Centros Comerciales ni abrir hoy los colegios para algunos alumnos. Siguen en fase 2 las autonomías que ya lo estaban más la Comunidad Valenciana, Granada, Málaga, Ciudad Real, Albacete y Toledo (70% del país, 25 millones de habitantes). Y se mantienen en fase 3 sólo Formentera, Hierro, La Gomera y la Graciosa (45.000 personas), no aceptándose que pasaran todas las islas  Baleares y Canarias.


Mientras, los centros de atención primaria intentan detectar los nuevos contagios y hacer pruebas PCR a los que tienen síntomas, aunque faltan medios para hacer test : se han hecho 314.737 test PCR la última semana, según Sanidad, sumándose ya 2.536.234 test hechos (53,8 por 1000 habitantes), muchos en La Rioja (110,5/1.000) o Asturias (90,5), en Barcelona (80,5) o Madrid (61,4) y bastantes menos en Andalucía (21,7) o Murcia (25,4). Y también falta personal para rastrear los nuevos contagios (sobre todo en Madrid y Barcelona). Una novedad es la “carrera” entre algunos Ayuntamientos de Madrid, gobernados por el PP, para hacer test a todos sus habitantes. La ha comenzado Torrejón de Ardoz, que inició el viernes un test a sus 135.000 habitantes, un negocio para Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el Hospital público de Torrejón (desde Esperanza Aguirre) y que ha desplazado a 100 sanitarios desde la Comunidad Valenciana (donde gestiona varios hospitales), por lo que la han abierto un expediente. Otro Ayuntamiento madrileño que quiere pagar pruebas a sus vecinos es Pozuelo, el municipio más rico de España, también gestionado por el PP, en una “carrera” desaconsejada por la OMS y Sanidad, que recomiendan hacer test “solo a los que tengan síntomas” de coronavirus.


Y seguimos sin saber nada de los protocolos sanitarios aplicados en las residencias de ancianos, epicentro de contagios y muertes por coronavirus, porque Sanidad no publica los datos. Pero el último balance hecho por la Cadena SER revela que 19.200 ancianos han muerto en residencias “por coronavirus o síntomas compatibles” desde el 8 de marzo, el doble de los ancianos muertos oficialmente por COVID 19 (9.600). El mayor número de muertos en residencias corresponde a Madrid (5.972), donde varios ancianos murieron hace días sin prueba PCR, Cataluña (3.928), donde se han detectado síntomas de COVID 19 al 80% de los 64.000 ancianos que viven en residencias, Castilla y León (2.560) y Castilla la Mancha (2.405). Un tema especialmente preocupante y más cuando Sanidad permite ya las visitas a residencias, aunque con condiciones.


En definitiva, que sigue la desescalada, con más de 10 rebrotes locales, pero también sin información sobre los efectos de la mayor movilidad en los contagios y con una capacidad limitada de los centros de salud, donde empiezan a volver los enfermos de siempre (muchos, mayores vulnerables). Y siguen las presiones del comercio y el turismo para ir más rápido. El presidente Sánchez ya se comprometió a permitir el 1 de julio el turismo extranjero, mientras negocia “pasillos turísticos seguros” con Francia, Alemania, Italia y Portugal. Pero los hoteleros (y los tour operadores alemanes) quieren anticiparlo, sobre todo en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía. De hecho, el gobierno balear y la patronal hotelera proponen recibir turistas extranjeros a partir del 15 de junio, un enorme riesgo por mucho que multipliquen las precauciones. Y más en julio, a pesar de que el BOE y los Ayuntamientos prometan controlar el aforo a las playas (algo imposible: ver Playa de la Concha el viernes).


Todo el mundo parece volcado en el verano, mientras el día a día nos revela el alcance de la emergencia económica, “atenuada” porque hay 5,7 millones de personas cobrando algo entre ERTES (3,4 millones), autónomos con cese temporal (1,3 millones) y nuevos parados (1 millón). El problema vendrá cuando se acaben los ERTES (aunque se prorroguen unos meses) y cuando las empresas puedan volver a despedir, a partir del 1 de julio. Es lo que ya han anunciado Nissan (que cierra en diciembre sus tres centros de Barcelona: 3.000 empleos director y 20.000 indirectos) y Alcoa (500 despidos directos más 700 indirectos en Lugo). Y vendrá “un rosario” más de despidos, en el automóvil, aerolíneas, industrias, hoteles y comercios. En muchos casos, porque hay grandes multinacionales que reajustarán su estrategia mundial, cerrando plantas en España. Otra desventaja que tenemos: el poco peso de la industria puramente española, mientras Francia ayuda a sus multinacionales (10.000 millones para salvar Renault o Air France), como Alemania (9.000 millones para salvar Lufthansa, 2.000 millones para Adidas y 1.800 millones para TUI).


Precisamente, esto nos lleva a una cuestión europea “escondida” estos meses: las ayudas de los Estados a sus empresas. A fecha 10 de mayo, se habían aprobado 1.950.000 millones de ayudas públicas a empresas, según la Comisión Europea. Y el 51% de todas esas ayudas de Estado las ha concedido Alemania (994.500 millones), seguida de Francia (el 17%: 331.500 millones), Italia (15,5%), Reino Unido (4%: 78.000 millones), Bélgica (3%: 58.500 millones) y Polonia (2,5%: 48.700 millones), colocando la Comisión a España en 7º lugar, con el 1,4% del total , porque solo contabilizó los primeros 20.000 millones de créditos del paquete aprobado de 100.000 millones. En realidad, España ha gastado ya 138.900 millones en ayudas a empresas, trabajadores y familias, lo que sería un 7% del total comunitario, pero muy lejos de Alemania, Francia o Italia.


Al final, la cuestión es que Alemania sobre todo, y también Francia e Italia, han aprovechado su potencial económico (y en el caso alemán, su superávit público) para volcarse en ayudar a sus empresas, lo que muchos expertos europeos critican, por “competencia desleal”, por utilizar la pandemia para fortalecer sus empresas y su economía más que el resto de paises. Con lo que si hoy ya son más competitivos y más ricos (Alemania tiene el 123% de la renta europea, 9.400 euros anuales más por habitante que España, según Eurostat), lo serán más tras la pandemia. Es una cierta “selección natural”, la supervivencia de los paises más fuertes, que lo serán aún más tras la reconstrucción.


Lo escandaloso es que mientras la Comisión Europea “hace la vista gorda” a que Alemania concentre el 51% de todas las ayudas de Estado europeas, “racanee” a la hora de aprobar un Fondo de Reconstrucción para Europa. Lo han vendido como “un gran avance para Europa”, 750.000 millones para las nuevas generaciones (“Next Generation EU"), pero el Fondo resulta claramente insuficiente: España e Italia pedían 1,5 billones y el Parlamento Europeo pidió 2 billones. Supone sólo el 0,7% del PIB de la UE-27 y además se repartirá en 4 años (2021-2024). Además, sólo 500.000 millones son a fondo perdido (España e Italia querían que fuera todo) y 250.000 son créditos, a devolver en 30 años. Y, sobre todo, cobrarlo se va a retrasar (el grueso se repartirá entre 2022 y 2024) y estará condicionado a un Plan de reformas, que habrá que presentar para abril de 2021 y sobre el que podrán opinar (y vetar) los demás paises, especialmente la Europa del norte partidaria de los "ajustes".


Así que este Plan europeo de reconstrucción no es para echar las campanas al vuelo. Primero, porque es sólo una propuesta de la Comisión, que ahora exige la unanimidad de los paises y que no convence a los 4 paises del norte calificados de “frugales”: Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, apoyados “en la sombra” por Merkel, que presionan para que todo el Fondo sean créditos y que ese dinero sólo se conceda a cambio de planes de reforma (a lo claro: de ajustes y recortes como los que nos exigieron en 2010). Y segundo, porque la aprobación del Fondo va a ser lenta: se debatirá en la Cumbre europea del 19 de  junio y quizás en otra después, pasará luego al Parlamento europeo y tiene que aprobarse, junto al Presupuesto plurianual 2021-2027 (también ridículo: 1,1 billones en 7 años), en los 27 Parlamentos nacionales. Al final, el Fondo estaría disponible a principios de 2021 pero no se abonaría hasta que los paises consiguieran aprobar sus planes de reformas, en abril de 2021. Bruselas espera asignar el  60% del Fondo a finales de 2022 y terminar de repartirlo en 2024.


Para entonces, “todos calvos”. Y más España, que podría recibir de este Fondo europeo de reconstrucción 140.446 millones de euros (77.324 euros a fondo perdido y 63.122 euros en créditos a 30 años), la segunda mayor cantidad, tras Italia (172.745 millones), por delante de Polonia (63.838 millones), Francia (38.772), Grecia (31.997), Rumanía (31.206 millones), Alemania (28.806 millones) y Portugal (26.361 millones). Un dinero que no se puede utilizar para financiar la sanidad o las ayudas a empresas y familias (obligadas por la pandemia) sino a la reconstrucción: han de ser inversiones en turismo (161.000 millones), comercio (115.000), energías renovables (100.000), energía e industrias intensivas (88.000), digitalización (66.000), transporte y automoción (64.000) y construcción (54.000).


España, de momento, tiene que financiar la factura más inmediata, los 138.900 millones ya gastados en créditos y ayudas a empresas, autónomos, parados y familias, más exenciones de cuotas e impuestos, que no se pueden pagar con el futuro Fondo de reconstrucción europeo. Podríamos acudir a los créditos del MEDE (240.000 millones ya aprobados), pero España e Italia no quieren porque “suena a rescate” y temen la reacción de los mercados. Lo que sí pediremos serán los 15.000 millones de créditos que nos tocan del Programa SURE (100.000 millones), para pagar la factura de los ERTEs (dará para pagar el gasto de 2 meses). El resto, tendrá que salir de endeudarse en los mercados, hasta 300.000 millones este año (110.000 más de lo previsto antes del coronavirus). Y falta el grueso de la factura, el coste de la reconstrucción, muy superior a lo gastado hasta ahora y para lo que llegará tarde el dinero europeo.


Por eso, urge poner en marcha en España un Presupuesto de emergencia para la reconstrucción, listo para octubre y vigente en 2020 y 2021. Ahí habría que evaluar los gastos imprescindibles, antiguos y nuevos, y ver cómo los pagamos, con deuda y con recaudación, teniendo en cuenta que Hacienda va a ingresar este año 42.000 millones menos de lo previsto por la recesión. Y que con la economía en la UVI, resulta difícil subir impuestos, aunque habrá que buscar dinero como sea porque el endeudamiento tiene un límite. Esto es lo que deberían estar discutiendo y pactando los partidos, no mentando a los padres de nadie ni acusando de golpismo. Pero no parece que los políticos, sobre todo PP y Vox, estén por la labor de pactar la reconstrucción y cómo pagarla. Si no lo hacemos, nos lo harán desde fuera, desde Europa: o vía mercados (disparando el coste de nuestra deuda) o vía Bruselas y paises del norte, imponiéndonos más austeridad y recortes a cambio de las ayudas.


Es lo que hay, aunque muchos políticos no se enteren. Mientras, todos tenemos que ayudar con nuestro comportamiento para no retroceder contra la pandemia, exigiendo al Gobierno y las autonomías que frenen los rebrotes, aíslen los contagios y refuercen al máximo la sanidad y las residencias de ancianos. La reconstrucción económica es prioritaria, pero mucho más frenar al virus y salvar vidas (lean este clarificador artículo del Nobel Paul Krugman). La vida, no la bolsa. Porque si rebrota el virus no hay reconstrucción posible. Que lo piensen los que tienen tanta prisa en abrir negocios o Centros comerciales y en que lleguen turistas. Nos jugamos algo mucho más importante.

La pandemia revela nuestras debilidades

Entramos en la 11ª semana de confinamiento, ahora muy suavizado en toda España y también en Madrid, Barcelona y Castilla y León, epicentros de la pandemia. Esto aumenta el riesgo de rebrotes, cuando el 95% no se ha contagiado y faltan medios en atención primaria, donde sólo hacen 47 test PCR por 1.000 habitantes. Pero la emergencia económica presiona, con 1 de cada 4 activos sin trabajar y muchas familias pasándolo mal. Y 14 autonomías están entre las pocas regiones europeas con un tercio del empleo en riesgo. La Comisión Europea acaba de “examinarnos” y dice que España sufre más la recesión del coronavirus por problemas estructurales: poco gasto sanitario, doble de paro, más precariedad laboral, demasiadas pymes, excesivo peso turismo, hostelería, transporte y comercio (25% PIB), poca formación, innovación y digitalización, mucha pobreza y un gasto social escaso y mal hecho. Por eso somos más vulnerables, ahora y en 2008. Ya tenemos la hoja de ruta de la reconstrucción: dejar atrás el “Spain is different”. Mientras, seamos prudentes.

enrique ortega

El coronavirus sigue imparable y el viernes 22 de mayo volvió a batir su récord de contagios diarios: 108.400. Son ya 5.410.288 contagiados en 188 paises, 1 millón más en los últimos 10 días, según la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Europa (1.976.120 contagiados), pero donde más crece es en Estados Unidos (+24.300 contagios al día, 1.643.499 contagiados: “es un honor”, dice Trump), Brasil (+16.500 diarios, 363.211 contagiados), Rusia (+8.600 diarios, 344.481 contagiados) y Reino Unido (+3.000 diarios, 260.916 contagiados), los cuatro paises cuyos dirigentes han sido más laxos contra la pandemia. Y les siguen España (235.772 contagiados), Italia (229.858), Francia (182.036) y Alemania (180.072). El coronavirus ha causado 345.104 muertes en el mundo, casi un tercio en EEUU (97.722), seguido de Reino Unido (36.875), Italia (32.785), España (28.752), Francia (28.370), Brasil (22.666), Bélgica (9.280) y Alemania (8.283 muertes), según los datos de Sanidad, que revelan que la letalidad (muertes/contagiados) es menor en España (12,2) que en Francia (19,6), Bélgica (16,3), Reino Unido (14,3), Italia (14,3) y Holanda (12,9), pero mayor que en Alemania (4,6), Portugal (4,3) o Austria (3,9).

Tras 10 semanas de confinamiento, suavizado las tres últimas (desde el 4 de mayo), no se aprecian “rebrotes” en los contagios, que aparecen con unos 12 días de retraso. Pero todavía hay 7 autonomías con más contagios que la media (14,36 contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días): Castilla y León (34,88), Cataluña (30,76), Madrid (29,22), Castilla la Mancha (26,86), Navarra (25,53), Aragón (25,01) y Ceuta (16,51). Y los contagios siguen aumentando cada día, aunque menos (246 ayer), sobre todo en Cataluña (52) y Castilla y León (52), Castilla la Mancha (34), Madrid (26) y  Comunidad Valenciana (22). Se han frenado las hospitalizaciones (más de 100 diarias y 86 ayer) y los ingresos en UCIs (entre 15 y 30 diarios, aunque sólo 3 ayer). Y los muertos diarios (entre 50 y 95 diarios, bajando a 70 ayer), concentrados en Cataluña (31) y Madrid (21) y con 11 autonomías sin muertos ayer, según los datos de Sanidad, que “bailan” cada día, por retrasos y homogeneización. Madrid sigue “alterando” los datos: es la única autonomía que remite los casos confirmados en las últimas 24 horas y luego añade los contagiados en días anteriores tras llegarles los resultados de los test PCR, lo que infravalora sus contagios en las cifras diarias de Sanidad. Y Cataluña  comunicó el viernes 635 muertos de fechas anteriores.

Con estos datos, difíciles de comparar, Sanidad ha decidido los nuevos cambios de fase de las autonomías, bajo la presión de todas (ver mapa). Madrid pasa por fin a la fase 1 (ver aquí lo que se puede hacer), también el área metropolitana de Barcelona y toda Castilla y León, ese 30% de españoles que han sufrido con más dureza la pandemia y que ahora van a poder ir a una terraza o ver a sus familiares (enorme riesgo para los mayores). Y siguen en fase 1  la Comunidad Valenciana (que ha detectado un cierto repunte de contagios), las tres provincias más retrasadas de Castilla y León (Toledo, Cuenca y Ciudad Real) y las dos de Andalucía (Málaga y Granada), en total 25 millones de españoles (el 53% de la población). Pasan a fase 2 (ver aquí lo permitido) el 47% restante (22 millones de españoles), lo que multiplica la movilidad y los riesgos de rebrote. Y pasan a fase 3 (ver aquí  la movilidad autorizada), con mucho menos riesgos, Formentera, Hierro, la Gomera y la Graciosa.

Se suaviza más el confinamiento en toda España y con ello aumento el riesgo de rebrotes (ver mapa del riesgo por provincias), sobre todo porque el 95% de los españoles no se han contagiado con el virus (según el Estudio de seroprevalencia) e incluso no se sabe el alcance y duración de los anticuerpos en los que sí se han contagiado. La clave ahora es detectar los nuevos contagios con rapidez (teóricamente en 24 horas), con los test PCR, y rastrear los contactos de los nuevos contagiados, para aislarlos e impedir que contagien a otros. Dos tareas que no son sencillas y que recaen en los centros de atención primaria, que son ahora la primera línea del frente contra el coronavirus, como antes fueron los hospitales. El problema es que faltan medios, tanto médicos de familia como enfermeras y rastreadores, sin olvidar la escasez de test PCR y laboratorios (ver aquí lo complicado del abastecimiento y análisis) .

Una de las autonomías menos preparadas para esta nueva fase de la emergencia sanitaria es Madrid, donde los profesionales denuncian escasez de personal, a pesar de que el Gobierno regional insiste en que han contratado 600 profesionales en atención primaria y 172 en Salud Pública. Los sanitarios explican que ya antes del COVID faltaban 400 médicos de familia y 150 pediatras en Madrid, donde no acaban de llegar los “nuevos contratados”, mientras se van los médicos residentes de los ambulatorios y siguen cerrados 70 centros o consultorios y las urgencias ambulatorias de noche y fines de semana. Y sólo les llegan unos 20 test PCR diarios por Centro de Salud, porque los laboratorios no dan más de sí.

Precisamente, otro problema de esta nueva fase de la emergencia sanitaria es que se están haciendo pocos test PCR a la población, concentrándose en los sanitarios, residencias de ancianos, fuerzas de orden público y grandes empresas (sin olvidar los futbolistas y Clubes, “prioritarios” para los test). Hasta el 21 de mayo, en España se habían hecho 2.221.497 test PCR (detectan el virus), una media de 47,2 test PCR por 1.000 habitantes, más otros 1.335.070 test serológicos (detectan anticuerpos que indiquen que se ha tenido el virus), frente a 60 test PCR/1.000 habitantes en Alemania o 50 en Italia. Y además, el problema es que los test se hacen de forma muy desigual entre autonomías (ver cuadro), con grandes diferencias entre la Rioja (93,6 test PCR/100.000 habitantes,  País Vasco (81,2) o Asturias (80,7) y Madrid (69,4), Castilla y León (55,7), Cataluña (53,3) o Extremadura (30,3), Murcia (21,9) o Andalucía (18,6), según los datos de Sanidad.  El cuello de botella no es tanto la falta de test como su análisis, porque los laboratorios de hospitales y Universidades están saturados, mientras los laboratorios privados “hacen su agosto” con pruebas (descontroladas por la sanidad pública) a particulares y empresas.

El otro reto, junto a confirmar los nuevos contagios, es rastrear los contactos de los nuevos contagiados, una tarea en la que se lleva dos semanas (lean aquí cómo trabajan) y que es más fácil en autonomías uniprovinciales (como la Rioja Navarra o Cantabria) que en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, donde falta personal y se trata de paliar con Call Centers. Se estima que hay unos 2.000 profesionales dedicados al rastreo de contactos, cuando Alemania (con el doble de población) ha tenido 3.280 equipos de 5 personas (16.400) y Reino Unido ha contratado a 18.000. Necesitaríamos al menos 8.000 rastreadores y sistemas de detección vía móvil, que se retrasan (habrá una prueba piloto en Canarias… en junio).

Mientras cruzamos los dedos para que los contagios y muertos no rebroten, avanza la desescalada empujada por las presiones de sectores y empresas, en especial el turismo, la hostelería, las líneas aéreas y el comercio, precisamente los sectores que más se benefician de los ERTEs (3,4 millones) y el cese temporal de actividad de los autónomos (1,3 millones). Y hay 1 millón de trabajadores que perdieron definitivamente su empleo entre marzo y abril. En total, 5,7 millones de españoles que han sufrido la emergencia económica del coronavirus, perdiendo temporal o definitivamente su empleo, un 30% de los afiliados a la Seguridad Social antes de la pandemia (18,8 millones en febrero 2020).

Los que más han sufrido los efectos económicos de la pandemia son los trabajadores más precarios (jóvenes y mujeres con contrato temporal), los sectores más afectados por el confinamiento (turismo y hostelería, ocio y entretenimiento y comercio) y 6 autonomías que han tenido la  mayor caída del empleo (temporal o definitivamente): Baleares (afectados el 42,5% de los afiliados a la SS), Canarias (41,3), sobre todo, seguidas de Comunidad Valenciana (-29,6% afiliación), Andalucía (-28,1%), Cataluña (27,7%) y Asturias (27,1%), según este estudio del IVIE. Y las autonomías menos afectadas económicamente por la pandemia son Extremadura (21,3% afiliados afectados), Murcia (21,9%) y Madrid (23,8%), por mucho que se queje la presidenta Díaz Ayuso. 

Ahora, el problema es que la emergencia económica alcanza ya a 8,9 millones de españoles, el 38,5% de los activos (españoles en edad de trabajar), si sumamos a los 5,7 millones afectados por la pandemia los 3,2 millones de parados anteriores. Y el gran riesgo es que muchos se queden atrás dentro de unos meses, cuando entremos en la “nueva normalidad” y se autoricen algunos despidos “por causas objetivas “(desde julio). El Banco de España acaba de alertar que está en riesgo un 20% del empleo, unos 3.750.000 empleos, sobre todo del sector turístico, hostelería, transporte y comercio, especialmente en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.  Y el problema es que estos trabajadores en riesgo son “poco reciclables”, según el Banco de España, tienen pocas posibilidades de trabajar en los sectores que ganarán empleo (+1,4 millones): sanidad, logística, información y comunicaciones. Si tras la crisis de 2008, muchos parados de la construcción pudieron “reciclarse” en la hostelería, el turismo y el comercio, ahora el Banco de España lo ve más difícil, por su baja formación. Por eso proponen reformar a fondo las oficinas de empleo y reforzar su formación para rescatar a los más posibles.

El drama de España es que será el país peor parado económicamente por esta pandemia (el PIB caerá este año el -9,4%), junto a Italia (-9,5%) y Grecia (-9,7%), según la Comisión Europea. Y, sobre todo, el que va a perder más empleo: -8,7% (-1.737.000 empleos), tras Francia  (-9,1%) y por encima de Italia (-7,5%) y Grecia (-3,7%). De hecho, 14 de las 17 autonomías españolas (todas salvo Madrid, País Vasco y Navarra) están entre las regiones europeas que tienen en riesgo un tercio del empleo por la pandemia, junto a casi toda Italia y la mitad de Francia, según un estudio del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Y eso, explican, por 2 razones. Una, el mayor peso del los sectores más afectados por el confinamiento (transporte, turismo, hostelería y comercio): suponen el 25% del PIB en España, frente al 20% en la zona euro, el 22,5% en Italia, el 19,5% en Francia o el 17,5% en Alemania, según datos del Banco de España. Y la otra razón, porque en España tienen mucho peso las pymes, más vulnerables ante una crisis como esta: las empresas de menos de 50 trabajadores sostienen el 50% del empleo en España y el 33% en Europa.

Con todo esto, nos acercamos al núcleo de la cuestión: ¿por qué la recesión de esta pandemia se ha cebado más en España? Lo contesta el “examen de primavera” hecho a España la semana pasada por la Comisión Europea. Viene a decir que la pandemia ha desvelado las debilidades de nuestra economía, los problemas de los que ya nos han alertado en sus informes anuales (ver aquí el de febrero 2020). Empezando por los tres problemas estructurales que “han ampliado” los efectos de esta crisis: la alta tasa de contratos temporales (el 25% frente a un 15% en la UE-27), la excesiva proporción de micropymes y pymes sin empleados (98,6% frente al 75% en Alemania), muy vulnerables, y sobre todo un modelo económico con excesivo peso del turismo, la hostelería y el comercio (“Un país de bares y tiendas” señalé en este blog), ahora los más dañados.

Y señalan otra debilidad, que ha sido clave en explicar un mayor contagio de esta pandemia: “un nivel bajo de inversión en la sanidad”, que ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad. Y otra: la escasa digitalización de la economía (incluida la enseñanza, donde sólo la mitad de los centros disponen de plataformas online, señalan) y el bajo gasto en innovación y tecnología (I+D+i), además del retraso en la educación y la Formación Profesional, que ahora pasarán factura. Lo mismo que la pobreza y la desigualdad (ya antes mayor en España que en Europa), que ahora aumentarán (incluso entre autonomías, alertan, agravando “las dos Españas”), mientras somos “el país europeo que menos ayuda a las familias” y centra su gasto social en los mayores (pensiones) y no en los jóvenes y los más vulnerables.

Una radiografía dura, que pueden leer aquí (los medios apenas han hablado de ella) y que reitera unas debilidades estructurales que vienen de lejos, que ya nos pasaron una costosa factura en la crisis de 2008 y ahora otra mayor con el coronavirus. “Spain is different” y por eso lo pasamos peor en las crisis. Este “examen” de la Comisión Europea, nos marca la hoja de ruta de la reconstrucción: combatir con todos los medios la recesión de esta pandemia, reforzar la sanidad, respaldar el empleo, reducir la precariedad laboral, aumentar el tamaño de las empresas, volcarnos en la digitalización y la innovación, apostar por la formación y la educación, reducir la pobreza y la desigualdad, aumentar el gasto social y hacerlo más eficiente (alertan que beneficia a los mayores y a las rentas medias y altas) y, sobre todo, cambiar el modelo económico, para ser un país con más industria, más empresas tecnológicas y exportadoras y menos un país de servicios (“la California de Europa”). Conseguir un país más productivo (estamos a la cola de Europa) y más competitivo, que cree más empleo y afronte mejor las crisis. Una tarea de décadas, que habría que empezar ya, con la reconstrucción. Todos unidos (parece imposible), porque afrontar estas debilidades estructurales exige pactos a medio plazo.

Mientras se afronta esta emergencia económica y, sobre todo, la emergencia social (urgen medidas de choque para ayudar a las familias que pasan hambre), no perdamos de vista la prioridad, la emergencia sanitaria, frenar los contagios y salvar vidas. Vigilar día a día la pandemia y frenar la desescalada si hace falta. La vida, no la bolsa. No tengamos prisa en salir a la calle, comprar, viajar, volver a una vida “normal” que es imposible mientras no haya vacuna. La pandemia nos ha trastocado la vida y el bolsillo y así será durante meses. Lo importante es seguir vivos. Y ayudar a los que malviven.

COVID19: el teletrabajo se dispara desigualmente

Uno de los pocos efectos positivos del confinamiento ha sido que algunos pueden seguir trabajando desde casa (y cobrando). Son pocos, pero el teletrabajo ha dado un salto de gigante con la pandemia: lo utilizan el 34% de los trabajadores hoy, 7 veces más que hace unos meses (el 4,8%). Pero el modelo económico español (demasiado peso del turismo y la construcción) y nuestra baja formación digital hacen que España tenga menos posibilidades de teletrabajo que la mayoría de Europa. Y las posibilidades de teletrabajar son muy desiguales, según sectores, edad y tipo de contrato, variando mucho por autonomías (pueden teletrabajar el 28% de los ocupados en Madrid y el 19% en Murcia, la Rioja o Castilla y León). Para cuando salgamos de esta pandemia, urge regular el teletrabajo y fomentarlo en las empresas y en la Administración, porque ayuda a conciliar, mejora la productividad y el medio ambiente. Hacen falta Planes, formación e inversiones, para no improvisar el teletrabajo como se hace durante el confinamiento. Apoyen el clic.

enrique ortega

Unos meses antes de impactarnos el coronavirus, en 2019, el teletrabajo era marginal en España: sólo un 4,8% de los empleados trabajaban habitualmente desde casa, un porcentaje que había subido desde el 2,7% que teletrabajaban en 2007. Incluso los que teletrabajaban “a veces” eran sólo un 9% de los ocupados, un tercio más que en 2007 (6%), según los datos del INE. Si comparamos con Europa, ese 4,8% nos colocaba a la cola del teletrabajo, en el puesto 15 de la UE-27, sólo por delante de los paises del este, Chipre, Grecia (1,9%), Italia (3,6%) y Reino Unido (4,7%), por debajo de la media europea de teletrabajo (5,4%), de Alemania (5,2%), Francia (7%) y sobre todo de los paises del norte (14,1% teletrabajan en Finlandia y Holanda, 9,9% en Austria y 7,8% en Dinamarca, según Eurostat (datos 2019). Por autonomías, en España teletrabajan más que la media Asturias (6,6%), Baleares (5,8%), Galicia (5,1%) Madrid (5,1%), Extremadura (5%), Comunidad Valenciana y Aragón (4,9%). Y están a la cola la Rioja (3,6%), Navarra (3,9%), Murcia y Canarias (4%), según el INE.


¿Por qué estábamos más retrasados en teletrabajo? No es por razones técnicas, ya que España es el país líder europeo en instalación de fibra óptica (tenemos una red mayor que las de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntas). La “culpa” es de nuestro modelo productivo: tenemos una economía muy asentada en los servicios (sobre todo el turismo y la hostelería) y en la construcción, sectores poco favorables al teletrabajo. Una economía, además, con un escaso peso de las grandes empresas y un excesivo porcentaje de pymes, menos proclives a la digitalización y el teletrabajo. Y para completar el panorama, la formación digital de los españoles es escasa y no ayuda al teletrabajo: 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales. Y del total de la población, 12 millones (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones (21%) sólo acredita habilidades digitales básicas, según un reciente estudio de UGT.


Otro reciente estudio de Randstad señala que sólo un 22,6% de los trabajadores españoles (4,4 millones de ocupados) pueden  teletrabajar, aunque sólo un 4,8% lo hacían en 2019. Y los detalla por sectores, con los datos de la EPA y el INE: los que más pueden teletrabajar son los ocupados en los servicios públicos (el 36% puede trabajar a distancia), seguidos de los trabajadores de las eléctricas, agua y gas (podrían teletrabajar el 30,1%), los trabajadores de las finanzas (45%), los de inmobiliarias y servicios empresariales (41,5%), los trabajadores educativos y sanitarios (35,9%), los de la industria química (29,8%) y los del sector del papel y artes gráficos (28% podrían teletrabajar). El resto de actividades tienen un potencial de teletrabajo inferior a la media (22,3%), siendo muy bajo en la agricultura, ganadería y pesca (4,1%), en la construcción (13,3%), en la industria agroalimentaria (13,8%), en el comercio (13,9%) o en la industria manufacturera (14,3%).


Además, el teletrabajo es muy desigual según los puestos de trabajo en cada sector, siendo mayor entre los directivos y gerentes (casi 100%), técnicos y profesionales (59,9%), contables y trabajadores de oficina (46,3%), pero muy bajo en el resto de empleos, sobre todo entre los poco cualificados, siendo nula la posibilidad de teletrabajo en los grupos CNO 5,6,8,9 y 0: trabajadores de la restauración, servicios personales y protección, vendedores, operadores de maquinaria, montadores y personal de las fuerzas armadas, según el informe de Randstad. Al final, estas diferencias se acaban viendo por autonomías, por su distinta estructura económica y de empleo. Así, el teletrabajo es más posible en las autonomías más ricas: Madrid (28% ocupados podrían teletrabajar, aunque sólo el 5,1% lo hacían en 2019), Cataluña (25,1%), País Vasco (24,5%), Navarra (23%) y Asturias (22,4%), las 5 por encima de la media de teletrabajo potencial en España (22,3%). Y tienen menos posibilidades para teletrabajar las más pobres: Extremadura (17,5% de los ocupados, aunque sólo el 5% teletrabajan)), Castilla la Mancha (18,2%), Andalucía (19%), Canarias (19,2%), Murcia (19,3%), la Rioja (19,8%) y Castilla y León (19,9%), según Randstad.


Otro estudio sobre el teletrabajo de tres profesores universitarios, adelantado en el blog Nada es Gratis, eleva hasta el 33% (índice 0,33) la posibilidad del teletrabajo en España (Randstad lo fija en el 22,3%), por debajo del 38% que fijan para Europa (índice 0,38). Según este estudio, España es el 5º país europeo con menos potencial para el teletrabajo, sólo por delante de Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. Y muy alejado de los líderes, los paises nórdicos (índice superior al 0,50), Francia o Alemania. El estudio revela también que existen grandes desigualdades para poder teletrabajar en España. Primero, por género: los hombres pueden teletrabajan menos (29%) que las mujeres (37%). Segundo, por tipo de contrato: pueden teletrabajan más los que tienen un contrato a tiempo completo (34%) que a tiempo parcial (23%) y los que tienen un contrato fijo (37%) más que los contratados temporalmente (22%). Y poder teletrabajar tiene también mucho que ver con la formación: los que sólo tienen primaria apenas pueden teletrabajar (10%), algo más los que acabaron secundaria (24%) y mucho más los universitarios (53%). Y como ya se veía en el estudio de Randstad, los que tienen sueldos más altos pueden teletrabajar más.


Estas desigualdades en el potencial para el teletrabajo son muy importantes ahora, con el confinamiento, porque indican que unos españoles tienen más posibilidades que otros para teletrabajar y paliar así la emergencia económica de la pandemia, según el sector donde trabajen, la empresa, su tipo de contrato y el nivel de formación. Y, por supuesto, según  dónde trabajen. Este estudio revela también que los mejor preparados para teletrabajar son los ocupados en Madrid (índice 0,43: 43% ocupados podrían trabajar, por encima de la media UE), seguidos de Cataluña (36%), País Vasco y Canarias (ambas 33%). Y los que peor, los ocupados en Castilla y León (24%), Murcia y Aragón (29%), Navarra y Castilla la Mancha (27%), Cantabria, Extremadura y Baleares (25%).


Ese es “el potencial”, lo que podríamos teletrabajar, que un informe del Banco de España publicado este lunes restringe al 30% de los ocupados, 6.600.000 españoles. Pero, ¿cuánto estamos teletrabajando realmente en el confinamiento? No hay datos oficiales, pero el IVIE y la Comunidad Valenciana hicieron esta encuesta para toda España, a finales de marzo y principios de abril, que reveló que un 34% de los españoles teletrabajaban, un porcentaje incluso mayor al potencial de teletrabajo señalado por Randstad (22,3%), el Banco de España (30%) y el estudio universitario (33%). De ser cierto, revela el gran salto que ha dado el teletrabajo en España en dos meses, forzado por la necesidad de empresas y trabajadores. Un avance increíble, que se ha visto acompañado de mucha improvisación, falta de medios  y algunos excesos (demasiadas horas y falta de control), con una mayor carga para las mujeres, que han tenido que afrontar más que los hombres el teletrabajo, los hijos y las tareas del hogar.


En general, las empresas no tenían Planes de teletrabajo (salvo las muy grandes o en sectores como las finanzas, seguros y telecos). Y tampoco la Administración pública, que ha tenido que teletrabajar contra reloj, sobre todo los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, para afrontar el aluvión de peticiones de ERTEs y de ayudas a parados, autónomos y empresas (el SEPE ha trabajado digitalmente las 24 horas, subiendo por las noches la documentación para no bloquear los servidores). El Gobierno se ha visto obligado a aprobar 27 contratos de emergencia desde el 14 de marzo para facilitar el teletrabajo de los funcionarios y las videoconferencias, por un importe de 8,7 millones de euros, para comprar ordenadores, móviles, licencias y escritorios virtuales. Al final, según los datos oficiales, casi 2 de cada 3 funcionarios de los 22 Ministerios han estado teletrabajando, en total 109.000 funcionarios de Hacienda  (el 85% de sus funcionarios, casi 30.000, han trabajado desde casa), Seguridad Social (20.300 teletrabajando), Ciencia e Innovación (14.000 teletrabajando y el Ministerio con más videollamadas: 12.300), Defensa (8.420 teletrabajando y 7.859 presenciales), Trabajo (7.690), Transición Ecológica (5.835), Política Territorial (5.102), Transportes (4.000 teletrabajando) o Interior (2.500 teletrabajando y 23.727 trabajando en las calles, comisarías y prisiones), sin olvidar el esfuerzo adicional de teletrabajo hecho por las autonomías (numerosas inversiones en equipos y licencias).


A finales de abril, el Gobierno amplió dos meses más la recomendación del  teletrabajo, hasta el 21 de junio. Y en el caso de la Administración central, el Gobierno ha pactado con los sindicatos que “la vuelta al trabajo presencial será gradual”, priorizando el teletrabajo. Sólo está previsto que se abran las oficinas al público (Seguridad Social, Agencia Tributaria y SEPE) en la fase 2 de la desescalada, a partir del 25 de mayo (más tarde en Madrid y Barcelona), siempre con cita previa. Y posteriormente, en la “nueva normalidad”, está previsto “flexibilizar los horarios de los funcionarios”, para impedir aglomeraciones a la entrada y salida y facilitar la conciliación. Y manteniendo lo más posible el teletrabajo.


Al final, el coronavirus ha permitido que el teletrabajo avance en dos meses lo que no se preveía que hiciera en años. Pero hay que aprender de los errores con los que se ha implantado, derivados de la improvisación y la falta de Planes en las empresas y en la Administración. Urge aprobar una Ley sobre el teletrabajo, que asegure unas bases mínimas y garantice unos derechos laborales a los teletrabajadores. Y en paralelo, cada empresa y cada convenio deben aprobar Planes de teletrabajo, detallando tareas, procesos y flexibilidad organizativa, los equipos y las herramientas informáticas necesarias, la gestión de los recursos humanos y la ciberseguridad de los procesos. Esto obligará a todas las empresas y organismos a rediseñar los sistemas de trabajo, en colaboración con los trabajadores, que no pueden perder derechos. Y destinar horas y medios a la formación digital del personal, para corregir el retraso actual.


Ya nada será igual en el trabajo tras el coronavirus. Y el teletrabajo debe consolidar el salto dado, porque tiene varias ventajas: puede aumentar la productividad y eficacia de las empresas, ayuda a la conciliación familiar y beneficia al medio ambiente (al reducir los desplazamientos al trabajo). Además, los españoles quieren teletrabajar: a 7 de cada 10 trabajadores (el 68,6%) les gustaría teletrabajar, según el estudio realizado por Randstad. Y los que más lo piden  son los trabajadores con familia (el 78% de los que tienen entre 25 y 45 años), porque permite conciliar. Eso sí, los expertos defienden un teletrabajo que compatibilice el trabajo en casa con acudir presencialmente a la empresa algunos días, para mantener el contacto personal y facilitar el trabajo en equipo.


El teletrabajo es una exigencia sanitaria mientras no exista una vacuna eficaz contra el coronavirus pero es también una herramienta clave para la reconstrucción económica, porque puede aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Pero hace falta un Plan nacional de teletrabajo, que facilite las inversiones necesarias y sobre todo la formación, para que no se queden atrás los que tienen contratos más precarios y están tecnológicamente menos preparados, que son los que ahora sufren más la emergencia económica, porque no pueden teletrabajar o están en sectores con poco margen para el trabajo a distancia (turismo, hostelería, construcción). Hay que aprovechar lo aprendido estas semanas y los errores cometidos para avanzar mañana, cuando la tentación sea seguir igual y no invertir en equipos y formación para consolidar el teletrabajo. Y no sólo en las empresas, también en la Administración, en la educación, en la sanidad. Aprovechemos el gran salto digital que hemos dado y sigamos avanzando. A golpe de clic.