Los Juzgados se
están llenando este mes de junio de pleitos de clientes contra los bancos, por las clausulas
suelo y los gastos de las hipotecas. Abogados, demandantes, jueces y personal
judicial temen que este aluvión de
demandas (de 200.000 a 500.000) colapse aún más los juzgados españoles,
aquejados de un exceso de litigios y de falta de medios y jueces. Mientras, un
reciente informe de la Comisión Europea revela que la Justicia española es más lenta que la europea y suspende en
independencia: el 60% de los ciudadanos y empresas españolas desconfían
de su independencia, frente al 40% en Europa. Urge aprobar un Plan de choque para agilizar la Justicia, con más
dinero, más medios, más jueces y más Juzgados. Y cambiar su organización y
varias Leyes, para que sea más eficaz y más independiente de los políticos.
Porque una Justicia ineficaz y poco
independiente es mala no sólo para los
ciudadanos y la democracia, también para la economía y el empleo.
Desde el 1 de junio, están llegando a los Juzgados españoles
miles de demandas de clientes de los bancos y Cajas, para reclamar la devolución de las clausulas suelo, cobradas indebidamente, según la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal de Justicia Europeo. En principio, el Gobierno aprobó un sistema para que
las entidades pactaran un acuerdo con
los clientes afectados, en torno a
1.400.000 personas en toda España, a los que tendrían que devolver más
de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. A finales de mayo venció el plazo de
3 meses dado para conseguir estos acuerdos y eran muchos los clientes que no habían
pactado una compensación. En unos casos, porque los bancos no aceptaban
la demanda y en otros porque los clientes pensaban que iban a ganar más si
reclamaban ante los tribunales, animados por mediáticos bufetes de abogados que pensaban “hacer su agosto” con las
minutas a cobrar por estas demandas contra la banca.
El resultado es que se
espera que entre junio y diciembre se presenten entre 200.000 y 500.000 demandas judiciales contra bancos y
Cajas, no sólo por el cobro indebido de cláusulas suelo sino también por otros temas financieros que ahora se pueden recurrir, en base a
recientes sentencias judiciales: cobro de gastos de formalización de hipotecas
(son recuperables), vencimientos anticipados, intereses de demora o hipotecas
multidivisas. Para hacer frente a esta avalancha de demandas, el
Consejo general del Poder Judicial ha dispuesto que se especialicen 54 Juzgados (uno por provincia más dos en
islas), que serán los que asuman de manera exclusiva estos litigios, al menos
inicialmente, aunque se teme que serán insuficientes y acabarán en el resto de Juzgados.
El temor de abogados, clientes y expertos judiciales
es que esta avalancha de litigios contra la banca colapse aún más los juzgados españoles,
a pesar de que el CGPJ dice que ha reforzado esos 54 Juzgados especializados
con jueces (67 recién salidos de la escuela judicial) y más personal. De hecho,
las cuatro Asociaciones judiciales, los Colegios de abogados y procuradores,
los letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y distintos
sindicatos de funcionarios han suscrito un manifiesto contra el
Plan de refuerzo del CGPJ, señalando que “este Plan está abocado al fracaso”
y que se va a colapsar más la Justicia. Baste un ejemplo. En Madrid, donde podrían recibirse hasta 80.000 demandas, el Juzgado
especial que atenderá estos litigios cuenta con 1 juez en prácticas, 2
secretarios judiciales y 10 funcionarios…
Este aluvión de demandas es especialmente
preocupante porque cae sobre una Justicia ya colapsada, sobre Juzgados
invadidos de expedientes y faltos de medios. Y eso porque en 2015
ingresaron en los 3.964 Juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 asuntos nuevos entrando cada día
laborable, según la última Memoria del CGPJ. Una vorágine de expedientes, aunque han caído drásticamente en 2016, según los
datos presentados en marzo en el Congreso: el año pasado entraron en los Juzgados
5.813.031 nuevos asuntos, casi un tercio menos que en 2015 (-31,4%). Ello se debe a un doble cambio legal, que ha aligerado los Juzgados. Por un lado, el 1 de
julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que destipificaba como delitos algunas conductas y
sustituía los juicios de faltas por delitos leves. Por otro, el 6 de diciembre
de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal, por la que la policía ya no envía a
los Juzgados los atestados de delitos en los que no haya un autor conocido,
atestados que antes llegaban a los Juzgados para que el juez los archivara. Por
las dos vías, menos papeleo y menos
trabajo para los Juzgados españoles en 2016.
Pero aun así, 5.813.031 nuevos asuntos ingresados en 2016 son muchos expedientes para la
justicia española, que tiene una tasa de
litigios (124,9 por 1000 habitantes) que es de las más altas de Europa. Y además, las causas judiciales son cada vez más
complejas y exigen más tiempo a los Juzgados, retrasando las sentencias. De
hecho, el último informe de la Comisión Europea sobre la Justicia europea en 2016 revela que la Justicia española es lenta: es el 8º país europeo donde más tardan los procedimientos judiciales, 238 días de media, sólo por detrás de Chipre (1.085 días), Portugal (710),
Grecia (510), Malta (447), Italia (393), Francia (304) y Eslovaquia (240 días).
Y muy alejada de los 17 días de Dinamarca, los 53 de Austria, los 55 de Polonia
o los 87 de Holanda (no dan datos de Alemania y Reino Unido).
El otro grave problema de la Justicia española, según este informe de la Comisión Europea, es su
falta de independencia. El 60% de
los ciudadanos españoles creen que la
independencia de la Justicia es mala o muy mala y que está
presionada por intereses políticos o económicos, siendo el tercer país europeo con peor percepción de independencia (sólo por
detrás de Eslovaquia y Bulgaria), alejados del 40% de media europea negativa
y del 10 al 25% negativo de los paises nórdicos. Y lo mismo pasa con las
empresas españolas: el 60% suspenden
en independencia a nuestra justicia, el 5º porcentaje negativo más alto en
Europa.
Además de lenta y poco independiente, la
Justicia española tiene serios problemas de funcionamiento. Lo reconoció
en marzo pasado, en el Congreso, el presidente del poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes: “Siguen existiendo en buena parte de nuestros
Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como
deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden
incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”. El
problema no es sólo que se acumulen los litigios, sino que el trabajo judicial está mal repartido:
de los casi 4.000 Juzgados, hay 1.659
(el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de la que debería ser, según un informe de 2014 del CGPJ. Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93%
superados), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la
Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. Y así pasa, que hay Juzgados señalando juicios para dentro de dos, tres y cuatro años.
Si la Justicia es “la
Cenicienta de la Administración española”, se debe a varias razones.
Por un lado, los recortes del Gobierno Rajoy, que agravaron su penuria de medios. Si en
2010, el Presupuesto de Justicia era de 1.804 millones de euros, cayó un 19% hasta los 1.461 millones
de 2014 y aunque ha subido los tres años siguientes, aún no se ha recuperado (1.726 millones para 2017). Y también se han recortado los Presupuestos de las 12 autonomías que tienen la Justicia transferida (todas menos Castilla y león,
Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla). Con
ello, el gasto en Justicia por habitante se redujo de 91 euros en 2012 a 88 en
2014, un gasto que nos sitúa en la media europea, como el 12º país por gasto en
Justicia. Y ligeramente por debajo de los grandes, en porcentaje de gasto en Justicia sobre el PIB: un 0,35%, frente al 0,40% del PIB
que gastan Alemania o Reino Unido.
Al final, los recortes y el menor gasto se traducen en menos
medios, menos personal judicial y menos jueces. En España hay 11,2
jueces por cada 100.000 habitantes,
casi la mitad que en Europa, donde hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Y
somos el 7º país europeo con menos jueces,
muy por debajo de Grecia (21 jueces por 100.000 habitantes), Portugal (19,2) o
Alemania (24,7 jueces), aunque tenemos más jueves que Italia (10,6) y Francia
(10,7). Y en fiscales,
tenemos 5 por 100.000 habitantes, frente a 11 de media en Europa (eso sí,
tenemos el doble de abogados: 241
por 100.000 habitantes frente a 149 en Europa). Lo mismo puede repetirse en
funcionarios judiciales y Juzgados.
Sólo en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad cree que hacen
falta 92 nuevos Juzgados, además de que urge renovar los juzgados
actuales, a los que falta de todo (hasta calefacción y fotocopiadoras).
Un problema muy serio de la Justicia española es el exceso de papel, las estanterías y sótanos llenos de legajos.
Teóricamente, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet,
que obliga a abogados, procuradores,
fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus
documentos a los Juzgados. Pero la aplicación está siendo muy lenta y faltan medios, lo que ha acabado duplicando
el trabajo: lo que llega vía telemática se termina imprimiendo y lo que
llega en papel se digitaliza. Y sigue el problema de fondo: cada autonomía tiene
un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del
Estado tiene uno propio) y así no hay forma
de digitalizar la Justicia.
Pero no todo son problemas de falta de presupuesto y de medios.
También hay un serio problema organizativo, de reparto y organización del trabajo, de días sin
juicios y mejor gestión de expedientes y vistas, de lo que se quejan con
frecuencia los abogados. Y también existe un problema normativo de fondo:
en España hay un exceso de normas,
que además se cambian con demasiada
frecuencia, lo que genera inseguridad jurídica y un aumento de los litigios, según el colectivo Sansón Carrasco. Basten dos ejemplos. Uno, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha
sido modificada 20 veces desde el año 2.000. Otro, el Código Civil, que ha cambiado 30 veces desde 1.995. Y luego está
el Gobierno central, que gobierna a base de decretos-leyes, y los
autonómicos, que multiplican su normativa. Al final, un puzzle legal cambiante que complica aplicar la
Justicia.
Agilizar y hacer más independiente la Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia, no sólo por la mejor
defensa de los derechos de los ciudadanos sino para que funcione menor la economía,
ya que la inversión y la actividad mejoran con una Justicia más ágil y eficaz.
Para conseguirlo, casi todo el mundo judicial pide un Pacto por la Justicia que nunca llega. En su defecto, se debería acordar un
Plan de choque para reducir el colapso de la Justicia y hacerla más
independiente de los políticos. Un Plan que debería actuar en cuatro frentes: dedicar más
Presupuesto a la Justicia (el doble en 4 años), dotarla de más medios (más Juzgados, 2.000 jueces más en cuatro años, más
funcionarios y expertos, así como una completa digitalización), hacer un cambio organizativo de fondo (concentración
de juzgados y órganos colegiados de jueces) y pactar nuevas Leyes, para agilizar y reorganizar la Justicia y conseguir una mayor
independencia de los jueces y fiscales. En paralelo, habría que potenciar la mediación y el arbitraje, como en la mayoría de Europa, para que
sean expertos y no jueces los que diriman
muchos conflictos civiles, mercantiles, empresariales o familiares.
En resumen, seguimos con una Justicia colapsada y poco independiente, a la que ahora van a recargar con cientos de miles de pleitos
contra la banca. Y eso, cuando el 74,8%
de los españoles están poco o nada
satisfechos con la Justicia, según
el Barómetro del CIS (julio 2016). No parece que avance ningún Pacto de Estado para
mejorar la Justicia, aunque Bruselas nos
haya alertado (otro año más) de su lentitud y falta de independencia. Mejorar
la Justicia española es una exigencia democrática y también económica, porque una Justicia lenta frena la inversión y el
empleo. No esperen más.
