El doble chantaje de los Presupuestos 2018

El Gobierno Rajoy tiene prisa en aprobar los Presupuestos 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis en Cataluña. Por eso, Montoro presiona al PSOE para que los apoye, con dos estrategias. Una, decirles a las autonomías que no recibirán los 4.230 millones extras que les corresponden hasta que no haya Presupuestos. Y la otra, para los sindicatos: no subirán el sueldo a los funcionarios ni convocarán nuevos empleos públicos hasta que se aprueben. Dos “chantajes” inútiles, porque el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos 2018 y el Gobierno tendrá que negociarlos con PNV y nacionalistas canarios, a cambio de darles más dinero, como en 2017. Todo para que sean otros Presupuestos de ajuste, cuando la economía necesita reanimarse en 2018, porque tenemos en contra las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Y encima, quieren bajar impuestos, cuando España recauda 72.000 millones menos que Europa y por eso tenemos déficit y recortes. Intenten pactar “otro” Presupuesto.

enrique ortega

Este 2018 es el segundo año que empieza sin Presupuestos, con la prórroga de los de 2017. Ya el año pasado, las elecciones y el retraso en la formación de Gobierno (se formó el 4 de noviembre de 2016) obligaron a prorrogar el Presupuesto de 2016 y negociar después las cuentas públicas 2017 con el PNV y los nacionalistas canarios, para asegurar una mínima mayoría de 176 votos, que alumbró un Presupuesto tardío, aprobado por el Senado el 26 de junio y que estuvo en vigor sólo medio año. Y ahora, se ha prorrogado para 2018.

El Gobierno Rajoy pretende por todos los medios aprobar cuanto antes un Presupuesto para 2018, porque se lo exige Bruselas y además porque cree que puede ser necesario para dar una imagen de estabilidad y rigor en un momento de incertidumbre económica y política por la crisis en Cataluña. Por eso, el ministro Montoro está volcado en una doble estrategia de presión frente a las autonomías y los sindicatos, con el objetivo de que ambos presionen al PSOE a apoyar los Presupuestos 2018 (o al menos, abstenerse).

La primera presión, ante las autonomías, se ha manifestado bajo la forma de una carta a las autonomías, enviada por Montoro a principios de enero, donde les comunica que el dinero extra que iban a recibir en 2018, por aumento previsto de recaudación, no les llegará hasta que esté aprobado el Presupuesto. Así que las autonomías, que han elaborado sus Presupuestos 2018 contando con estos mayores ingresos, no podrán disponer de ellos hasta que se acuerden las nuevas cuentas públicas. Son en total 4.230 millones extras, que Montoro les había prometido en julio y que ahora les retiene. Las más afectadas son las autonomías más grandes, Andalucía (les retienen 805 millones), Cataluña (779 millones), Madrid (571 millones), Comunidad Valenciana (353 millones), Galicia (321 millones), Castilla y León (279 millones) y Castilla la Mancha (208 millones). Sin embargo, las más afectadas, porque el dinero retenido les supone un mayor porcentaje de su presupuesto, son Cantabria (83 millones, el 5% de su presupuesto), La Rioja (44 millones, el 4,8%), Extremadura (137 millones, el 4,7% de su presupuesto), Galicia y Castilla la Mancha (4,7%).

Las autonomías afectadas, sobre todo las gobernadas por los socialistas, ya han puesto el grito en el cielo por esta retención de fondos de Montoro y hablan de “chantaje” injustificado. Y proponen que el dinero se les vaya entregando a cuenta, haya o no Presupuestos, en los primeros meses de 2018, como estaba previsto. Además, se quejan de que Montoro no quiera abrir la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, para aumentar sus ingresos de forma estable, hasta que se aprueben los Presupuestos 2018.

La otra vía de presión de Montoro al PSOE, para que apoye los Presupuestos 2018, es a través de los sindicatos, a los que reitera que no subirá el sueldo de los funcionarios hasta que se aprueben las cuentas públicas. Eso supone que los 2,5 millones de funcionarios públicos tendrán estos meses sus sueldos congelados, sin beneficiarse de la subida prometida en septiembre: un 1,5% en 2018, más un 0,25/0,50% variable según la marcha de la economía. Eso supone que los funcionarios no cobrarán, de media, unos50 euros más de subida cada mes que no haya Presupuestos (aunque los recuperarán cuando se aprueben). Además, mientras no haya Presupuestos no se podrán convocar nuevas plazas de funcionarios, a pesar de que Montoro se comprometió con los sindicatos a reponer del 50 al 75% de los puestos públicos a cubrir por jubilaciones. Y eso es especialmente importante cuando se han perdido 163.135 empleos públicos entre 2010 y 2017.

La falta de Presupuestos también afecta a otros ámbitos económicos, sobre todo a las pensiones y a las inversiones públicas. Es grave para las pensiones, porque este año 2018 se iba a “descargar” de las cuentas de la Seguridad Social y cargar a los Presupuestos el pago de las bonificaciones a las cotizaciones (tarifa plana de autónomos y empresas), que cuestan 3.700 millones anuales. Y sin ese “alivio”, la Seguridad Social tendrá peor sus cuentas y será más difícil reducir su déficit, que rondó los -18.000 millones en 2017. Además, sin Presupuesto, no se podrán aumentar los necesarios gastos sociales (sanidad, Dependencia, educación) ni las inversiones públicas, que han caído a niveles de hace 50 años. De hecho, todos los Ministerios han recibido una circular de Hacienda por lo que sólo podrán gastar este año el 50% de su Presupuesto mientras no se apruebe el Presupuesto 2018.

A pesar de estas presiones de Montoro, el PSOE ya ha dicho que no apoyará los Presupuestos2018, ni siquiera con su abstención. Y en consecuencia, el Gobierno tendrá que repetir la historia de los Presupuestos 2017, para conseguir por los pelos los 176 votos que necesita: pactar con el PNV (5 votos) y los nacionalistas canarios (2 votos, de Coalición Canaria y Nueva Canarias), para sumarlos a los del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Eso supondrá pagar un alto precio por esos pocos votos, como pasó en 2017. El PNV obtuvo a cambio la renovación de la Ley del Cupo por 4 años más (les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), inversiones en infraestructuras (la Y vasca del ferrocarril de alta velocidad), reducción de la tarifa eléctrica a la industria vasca (un “regalo” de 50 millones que pagamos con nuestro recibo de la luz) y el desbloqueo de nuevas plazas de la policía vasca. Y los nacionalistas canarios obtuvieron 1.300 millones en inversiones públicas, ayudas al transporte marítimo y aéreo (subvención billetes entre islas) y un Plan de empleo para Canarias.

Ahora, en cuanto haya Gobierno en Cataluña, Montoro volverá a negociar con vascos (ya ha habido una reunión “secreta”) y canarios para intentar fraguar un pacto en febrero. Pero el camino está despejado por un acuerdo ya alcanzado y que ha pasado desapercibido: el 22 de diciembre, el Parlamento vasco aprobó los Presupuestos autonómicos para 2018, con el apoyo del PNV y el PSE y la inestimable ayuda del PP vasco, que se abstuvo en la votación. Es la antesala del pacto presupuestario en Madrid, que nos costará a todos nuevas contrapartidas.

Y todo para sacar adelante unos Presupuestos 2018 que pueden ser los últimos de esta Legislatura, porque es probable que Rajoy no quiera seguir con un Gobierno en minoría y convoque elecciones anticipadas en junio. Así evitaría que Ciudadanos gane tiempo para seguir creciendo a su costa y que el PSOE encuentre su hueco (algo difícil con Pedro Sánchez), mientras Podemos va para atrás, tras el fracaso en Cataluña.

Mientras Rajoy se piensa si convocar o no elecciones, los Presupuestos 2018 se anuncian como “otros Presupuestos de ajuste”, dado que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con Europa a seguir recortando el déficit, del 3,1% del PIB en que pudo acabar 2017 al 2,3% propuesto a Bruselas para 2018 (innecesariamente, porque el tope del euro es el 3% de déficit). Eso supone recortar el déficit en 0,8% del PIB, otros 9.000 millones de euros este año. Y dado que se prevé crecer menos (y en consecuencia, aumentar menos la recaudación), el recorte tendrá que venir de reducir los gastos otra vez, un poco en casi todo, desde la educación y la sanidad a la Dependencia o la Ciencia.

El problema de 2018 es que el nuevo ajuste que se quiere aprobar es más peligroso este año, porque en lugar de recibir ayuda exterior (como de 2014 a 2017), la economía va a sufrir el “viento en contra” de tres subidas muy importantes, que llevan ya varios meses: el petróleo, el euro y los tipos de interés. Tres problemas que, junto a la crisis en Cataluña, van a frenar el crecimiento, con lo que es mucho más peligroso agravarlo con más recortes. Si hay algún año en que la economía española necesita un“empujón desde dentro” es 2018. Por eso, lo que el Gobierno debería hacer es olvidarse de más ajustes y reanimar la economía, con más gasto y más inversión, para compensar los “vientos en contra” que vienen de fuera. Más gasto y más inversión en lo que hace falta, desde un Plan de empleo hasta recuperar lo perdido en sanidad, educación, Dependencia o Ciencia, junto a un Plan contra la pobreza. Inyectar unos 30.000 millones más a la economía, no restarle otros 9.000 millones.

Y este mayor gasto e inversión es posible, porque España puede y debe recaudar más, dado que tenemos un grave problema de ingresos, como ha reiterado la Comisión Europea: España recaudará en 2018 un 38% de su PIB, mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recauda 72.000 millones de euros menos al año que la media europea, debido a que tenemos más fraude fiscal (en IVA y otros impuestos) y a que pagan menos impuestos (“legalmente”) las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos. Así que el problema de que tengamos el tercer mayor déficit público de Europa (Bruselas estima que será el 2,4% en 2018, sólo por detrás del 3,9% de Rumanía y el 2,9% previsto para Francia) no está en que gastemos más (al contrario, gastamos menos: el 40,4% del PIB frente al 45,5% de media en la UE-27), sino en que ingresamos menos.

En definitiva, que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, España ingresaría 72.000 millones más al año, no tendríamos déficit (son -34.000 millones) y podríamos gastar más en lo que hace falta, en empleo, formación, tecnología y servicios públicos. Pero en lugar de ir por este camino, haciendo que paguen más los que pagan poco, el Gobierno (y Ciudadanos) pretenden bajar la recaudación en 2018, en 2.000 millones, bajando impuestos. Algo que sólo puede hacerse a costa de recortar gastos de otro lado, algo que no deberíamos permitirnos, porque hace falta de casi todo, tras tantos años de recortes. La vía debería ser la contraria: subir impuestos, no a la mayoría que ya los pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y ricos, que apenas pagan. Y por eso tenemos más déficit y nos hacen recortes año tras año. También en 2018, aunque frenen la economía y el empleo.

Este es el escenario económico en el que se plantean los Presupuestos 2018. Y salvo por puro "fundamentalismo" ideológico, nadie debería defender más austeridad: la economía necesita más que nunca reanimarse este año, porque de fuera vienen “vientos en contra” y todavía necesitamos crecer más que los demás, porque tenemos más del doble de paro (16,7% frente al 7,3% en la UE-27). Así que el Gobierno no puede pedir que le apoyen  con unos Presupuestos que van en contra de lo que España necesita. Ni con “regalos” a los nacionalistas ni con “chantajes”. Propongan otros Presupuestos, los que España necesita en 2018. Un “empujón desde dentro”, con más recaudación. No más austeridad.

Ayuntamientos con superavit, castigados (Madrid)

Imaginemos una familia en números rojos, donde el padre impone un duro ajuste. En unos años, el déficit mejora, aunque sigue ahí. Pero el hijo menor ha gestionado mejor y tiene superávit. Y quiere comprar cosas, pero el padre se lo prohíbe, porque el resto de la familia sigue con déficit. Y cuando empieza a gastar, le interviene las cuentas. Es la historia entre Montoro y el Ayuntamiento de Madrid, cuyas cuentas han sido intervenidas porque intentaba gastar más, tras 6 años con superávit y la deuda a la mitad. Y así están muchos Ayuntamientos: tuvieron 7.083 millones de superávit en 2016, pero no pueden gastar más porque Montoro necesita su superávit para tapar el agujero del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos, saneados, dicen que es injusto y piden cambiar la regla de gasto impuesta en 2012. El Gobierno se niega, hasta finales de 2018, cuando España ya no tenga déficit. Mientras, los Ayuntamientos con superávit no pueden invertir en cosas que necesitan sus vecinos.

enrique ortega

En diciembre de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, se encontró con que la mayoría de Ayuntamientos (y muchas autonomías) estaban quebrados, sin liquidez, sin poder pagar a los proveedores y llenos de deudas. El Gobierno puso en marcha Planes de rescate y los Ayuntamientos han recibido 18.298 millones de euros (2012-2017), según los datos de Hacienda. A cambio, el ministro Montoro les exigió duros planes de ajuste, con los que recortaron drásticamente gastos y plantillas: redujeron 48.268 empleos (1 de cada 12), entre 2012 y 2015, según la Administración. Al cabo de estos años, el ajuste municipal ha dado sus frutos: de los 8.115 Ayuntamientos, sólo 240 (Jerez o Parla entre los grandes) siguen en un Fondo de saneamiento especial. Eso sí, todavía hay 688 municipios que tardan más de 60 días en pagar sus facturas (el plazo máximo legal ahora son 30 días) y el ministro Montoro acaba de mandar una carta a los 22 Ayuntamientos morosos más grandes en la que les advierte que o pagan en menos plazo o interviene sus cuentas. Entre ellos están Jaen (paga a 430 días), Parla (430 días), Algeciras (400), Jerez (284), Alcorcón (190),Granada (148), Leganés (125), Lugo (80), Huelva (72), Cádiz (67) y Sevilla (paga a 62 días).

Aunque algunas son capitales importantes, la gran mayoría de los Ayuntamientos españoles están saneados. Y el vuelco en las cuentas municipales ha sido espectacular. De tener un déficit global de -5.050 millones en 2010 (y -4.069 en 2011) pasaron a reducirlo a la mitad en 2012 (-2.148 millones) y tener superávit después: +5.474 millones en 2013, +5662 millones en 2014, +5.094 en 2015 y +7.083 millones en 2016, según los datos de Hacienda. Y así, los Ayuntamientos son la única parte de la Administración pública con superávit, mientras el resto sigue con déficits, aunque menores que en 2012: -28.019 millones el Estado (2016), -18.096 euros de déficit la Seguridad Social y -9.155 millones las autonomías. O sea, que, gracias al superávit de los Ayuntamientos, España tiene un déficit público de “solo” -50.576 millones de euros, el -4,5% del PIB en 2016, que sería del -5,1% del PIB sin la ayuda de los municipios. 

Y esta tendencia a la mejoría de las cuentas municipales sigue este año 2017: en el primer semestre, los Ayuntamientos han tenido un superávit de +1.874 millones, un 60% más que el año pasado, según los datos de Hacienda. Y mientras, el Estado, la Seguridad Social y las autonomías siguen con déficit (aunque bajándolo).Los Ayuntamientos no sólo han pasado de déficit a superávit, algo que no han conseguido ni el Estado, ni la SS ni las autonomías. Además, han reducido también su deuda: de 44.003 millones de euros que debían en 2012 a 30.635 millones a septiembre de 2017, un 30% menos, según el Banco deEspaña. Y mientras, las demás administraciones públicas deben más ahora que en 2012, con lo que la deuda pública total de España ha pasado de 891.502 millones (2012) a 1.135.869 millones (septiembre 2017) y ya debemos más de lo que produce el país (el 102% del PIB).

En mayo de 2015 hubo elecciones municipales y en muchos Ayuntamientos llegaron a las alcaldías gobiernos del PSOE y Podemos, que se plantearon gastar más, una vez que los municipios estaban con superávit y con menos deuda. Pero no podían hacerlo. Porque en abril de 2012, el Gobierno Rajoy había impuesto con su mayoría absoluta la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 2/2012), aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN. Una Ley para amparar el ajuste de gastos en toda la Administración y que a los Ayuntamientos les imponía dos corsés. Uno, que la deuda municipal tenía un tope (el 2,9% del PIB). Y el otro, el que más importa ahora, la famosa “regla de gasto”: los Ayuntamientos tenían un tope de gasto anual (el del crecimiento de la economía) y si tenían superávit, lo tenían que dedicar a devolver deuda (amortizar), no a gastar más de ese tope anual.

Los nuevos Ayuntamientos, sobre todo los gobernados por la izquierda, se dedicaron en 2016 y 2017 a gastar más sin que Montoro les llamara la atención. Sobre todo, las grandes ciudades, con muchas necesidades no cubiertas e importantes superávits en 2016: Madrid (+1.115 millones), Valencia (+126 millones), Barcelona (+113), Zaragoza (+110), Málaga (+69) o Sevilla (+59 millones), según datos de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima en +1.784 millones el superávit de los 16 mayores Ayuntamientos españoles en 2016. Hacienda ha apercibido a algunos, pero la mayoría ha aprobado nuevos gastos en 2017. Y en agosto de este año, la AIReF alertaba al Gobierno: 9 de los 16 mayores Ayuntamientos de España se saltarán este año la “regla de gasto” impuesta por el Gobierno en 2012. Serán los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma, Murcia, Barcelona y Zaragoza. Todos con superávit y menos deuda.

El ministro Montoro se decide a dar un escarmiento y el 8 de noviembre interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, al que lleva “advirtiendo” dos años. Al igual que ha hecho con Cataluña, Hacienda pasa a controlar las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, autorizando cada semana los gastos que puede hacer. Y les paraliza 364 millones de gasto que habían aprobado. La Corporación de Carmena decide frenar 18 expedientes de gasto y paraliza distintas inversiones en la capital, entre ellas 2 escuelas infantiles, 2 centros de mayores y diversas obras en centros deportivos, piscinas, naves industriales, parque de bomberos y escuela de hostelería. En paralelo, presenta un recurso solicitando que se permita realizar 127 millones de gasto porque son inversiones muy avanzadas. 

Montoro dice que todo el mundo tiene que cumplir con la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad y que los Ayuntamientos tienen que seguir colaborando en recortar el déficit. Y el Ayuntamiento de Madrid considera injusto que se tengan que apretar el cinturón cuando tienen superávit desde hace 6 años (desde 2011) y su deuda ha caído de 5.637 millones (al llegar Carmela) a 3.567 millones, por lo que mejor gastar en lo que hace falta que devolver dinero a los bancos (con el alto coste de las amortizaciones anticipadas).

El problema más serio lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque tiene sus cuentas intervenidas, pero en realidad es un problema que comparten la mayoría de los grandes Ayuntamientos de España, que volverán a cerrar 2017 con superávit (+1.075 millones los 16 más grandes, según la AIReF) y no pueden gastar lo que quieren. La propia Federación de Municipios (FEMP) considera injusto que no se permita a los Ayuntamientos hacer inversiones necesarias para sus vecinos para contribuir a enjugar parte del déficit del Estado, la Seguridad Social y las autonomías. Y denuncian que les imponga la regla de gasto un Gobierno y un ministro, Montoro, que no ha sido capaz ni uno solo de estos cinco años de cumplir con los recortes de déficit prometidos a Bruselas, mientras los Ayuntamientos se saneaban.

Los Ayuntamientos, a través de la FEMP, intentaron “suavizar” la regla de gasto este año, en el debate parlamentario del Presupuesto 2017, sin conseguirlo. Ahora, PSOE, Podemos y el resto de los grupos (salvo PP y Ciudadanos) acaban de aprobar (165 votos a favor, 157 en contra y 6 abstenciones) una proposición no de ley que “insta al Gobierno a modificar la regla de gasto para que los Ayuntamientos con cuentas saneadas puedan destinar esos fondos a mejorar los servicios a sus vecinos”. Pero es una moción simbólica, que no irá más allá, porque el Gobierno se escuda en la Ley de estabilidad presupuestaria y en las exigencias de Bruselas. Eso sí, Montoro está dispuesto a revisar la regla de gasto en el futuro, “cuando España salga de la situación de déficit excesivo”, o sea, a finales de 2018. 

Eso quiere decir que los Ayuntamientos saneados no podrán gastar mucho más hasta 2019. Y eso pasa cuando, tras los ajustes del pasado, los municipios españoles necesitan gastar más en casi todo, desde contratar personal (lo tienen limitado) a invertir en obras y servicios. Un ejemplo. De los 384 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, más de la tercera parte tiene unos servicios sociales con presupuestos “pobres” (41 Ayuntamientos, con 2.100.000 habitantes) o “precarios” (106 Ayuntamientos, con 6.700.000 habitantes), según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. O sea. 8.800.000 españoles con servicios sociales municipales que no tienen los recursos necesarios. Y así muchos otros servicios, desde guarderías a centros educativos o polideportivos, sin olvidar obras y servicios que están en primera línea de la atención a los ciudadanos. Y todo ello, no se puede atender, aunque hay dinero, porque Montoro prefiere que lo destinen a devolver deuda a los bancos.

La pelea de Montoro con el Ayuntamiento de Madrid es una pelea que no se justifica desde una perspectiva económica (están saneados y pueden gastar más sin problemas) y tiene mucho “trasfondo político”: la defensa a ultranza del fundamentalismo de la austeridad, el “santo temor al déficit”, tan querido por el PP y sus colegas de Bruselas, que siguen defendido ajustes en España para 2018 cuando afirman que este año acabará con el 3,1% de déficit ( ¿para qué bajarlo más el año que viene, hasta el 2,2 % para 2018, cuando se fijó el suelo en el 3% ?). Una postura intransigente que ya ha costado muchos sacrificios a la mayoría de españoles desde 2010 y que ahora quieren que la sigan pagando los vecinos de los Ayuntamientos.

Pero hay más. El debate no es sólo si los Ayuntamientos pueden gastar más. Habría que ampliar el foco y abrir el debate de la futura financiación de losAyuntamientos, en paralelo al debate más conocido sobre la futura financiación de las autonomías. Porque en España, los Ayuntamientos son “los parientes pobres” de la Administración pública. Comparados con Europa, los municipios españoles ingresan menos (9% del total frente al 13% en la UE-28) y gastan también menos (8% frente al 24% en la UE-28), en beneficio del Estado y sobre todo de las autonomías. Como señala la Comisión Europea en su informe de febrero, España es uno de los países más descentralizados de Europa (el 42% del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos, frente al 32% en la UE-28), pero el problema es que las autonomías tienen más porcentaje de gasto que en Europa y los Ayuntamientos menos.

Así que ahora, si se trata de reformar el sistema de financiación de las autonomías, también habría que reformar la financiación de los Ayuntamientos, para repartir así de una vez los ingresos y los gastos del Estado central (52%), autonomías (34%) y Ayuntamientos (8%), para hacerlo más justo, a costa de recortar quizás la parte del Estado central (al 40%) y subir la de los municipios (al 20%) y autonomías (40%). Un debate complicado porque se trata de una pelea por el reparto del poder y eso son palabras mayores. Pero parece claro que los Ayuntamientos deberían tener más recursos, porque son los que están más cerca del ciudadano. Y si estamos en un país descentralizado, los Ministerios tendrán que perder recursos y poder en beneficio de las autonomías y los municipios. Ese es el gran debate de fondo que los políticos no abordan. Y los ciudadanos sufrimos las consecuencias, cada día.

60 años UE: Europa debate su futuro

Este sábado 25 de marzo, los líderes europeos se reúnen en Roma para celebrar los 60 años del nacimiento de la Unión Europea y reflexionar sobre la Europa del siglo XXI, ya sin Reino Unido. Los grandes paises, con Alemania a la cabeza, apuestan por una “Europa a 2 velocidades”, donde algunos avancen más en Defensa, seguridad o inmigración mientras otros se queden rezagados. Es una mala salida. La receta debería ser “más Europa”, más Presupuesto único, más unión bancaria, eurobonos y deuda compartida, más inversiones europeas y, sobre todo, políticas para crear más empleo y reducir el paro, la pobreza y la desigualdad, las grandes preocupaciones de los europeos y el origen de tantos populismos. Hay que avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, para ser más fuertes y competitivos en un mundo globalizado, donde si los europeos no lo remediamos, el futuro será de Asia y América. Una Europa más fuerte, no varias Europas y volver al nacionalismo en cada país.
 

enrique ortega

Antes de afrontar el futuro de Europa, será útil echar un vistazo al pasado, a esos 60 años donde Europa ha ido creciendo, lentamente y con muchos problemas, desde los 6 miembros (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) que crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957 a los 12 miembros de 1986 (con Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que entraron en 1973, más Grecia, España y Portugal), los 15 de 1995 (con Austria, Suecia y Finlandia), los  25 de 2004 (tras la entrada de 8 paises del Este, más Malta y Chipre) y los 28 de 2013 (tras la entrada de Rumanía y Bulgaria, en 2007, y de Croacia). Por el camino se creó en 1993 el mercado único (libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales) y en 1999 el euro, ahora con 19 países, la segunda moneda más usada del mundo, mientras se avanzaba menos en fiscalidad, unión bancaria, inmigración o Europa social.

Dos han sido los grandes logros de la Unión Europea en estos 60 años. El primero, asegurar la paz entre los europeos, tras dos Guerras mundiales y muchos siglos antes de conflictos armados. El segundo, una cierta riqueza y prosperidad. Europa salió de la II Guerra mundial exhausta (leer el excelente libro “Postguerra”, de Tony Judt), con 55 millones de muertos, la economía destruida y mucho hambre hasta mediados de los 50, pero en dos décadas se recompuso y a pesar de las crisis (años 70, 80, 90 y la actual), la Unión Europea es la segunda zona del mundo con mayor nivel de vida (29.500 euros per cápita), tras EEUU (51.000 euros per cápita).

Ahora, el Brexit, la salida de la UE de Reino Unido (que intentó ingresar tres veces, por el veto francés) y el cambio geopolítico mundial provocado por la llegada de Trump fuerzan a Europa a replantearse su futuro, aprovechando los 60 años del Tratado de Roma. Pero los problemas están ahí de antes: es la Gran Recesión de 2008 la que ha puesto a prueba la Unión Europea y la que ha desvelado claramente sus fallos, básicamente la falta de liderazgo político y económico para avanzar en el proceso de integración, que ha sido muy lento. Europa tiene una moneda común pero ha avanzado muy poco en otras políticas: fiscales, financieras, deuda, laborales, sociales, Defensa y Seguridad, medioambientales, migratorias, educativas, tecnológicas, digitales… Y con la crisis, se ha notado más esta “no unión”.

El mayor problema de la Unión Europea ha sido lo mal que han gestionado esta crisis sus líderes, los de Bruselas y los de los distintos paises, con Merkel a la cabeza. Hay un dato clave: en octubre de 2009, en el peor momento de esta crisis, Europa y EEUU tenían el mismo nivel de paro, el 10% (ver este gráfico). Y hoy, USA tiene el 4,8% de paro y la zona euro justo el doble, el 9,6%, según Eurostat. ¿Qué ha pasado, por qué el balance es tan diferente? Pues porque ambos continentes han aplicado recetas distintas. Estados Unidos básicamente tres: inyectar liquidez al sistema (bajando tipos, del 5,25% en 2007 al 0,25% en 2008, y comprando deuda), aprobar un enorme Plan de inversiones (800.000 millones de dólares en 2009) para reanimar la economía y bajar los impuestos. Mientras, Europa abandonó sus estímulos en 2010, forzó  recortes a los paises más débiles (Grecia, Portugal, Irlanda y España)  y bajó más lentamente los tipos de interés (en 2008, cuando USA los tenía en el 0,25%, aquí estaban en el 2,5%) para incluso subirlos después (en abril y julio de 2011, el BCE subió los tipos, del 1 al 1,50%), llevando a Europa a una segunda recesión, en 2012 (-0,7% PIB) y 2013 (-0,3%), mientras EEUU crecía ya desde 2010 (+2,5%).

Los líderes europeos, Bruselas y sobre todo Merkel y Alemania, se empecinaron en “ir contra corriente”, en frenar en 2010 las políticas de dinero barato y reactivación de la economía que aplicaron con éxito EEUU, Reino Unido, Japón, China, Brasil y muchos paises. Optaron por “el fundamentalismo del déficit”, la austeridad, que ha sido “un suicidio para Europa”, porque ha metido a muchos paises en un bucle siniestro: hacen recortes, recaudan menos, aumenta su déficit y su deuda, crecen menos, recaudan menos, tienen que hacer más recortes y así siguiendo. Es lo que ha pasado en Grecia, en Portugal y en España, países que tienen hoy más deuda que en 2010 y donde la austeridad se ha llevado por delante empleos y riqueza, agravando la pobreza y la desigualdad. Y todo con un objetivo, digámoslo claro: se recetaban recortes para asegurar que los paises tenían dinero para pagar los intereses de la deuda de los bancos alemanes y franceses, los más “pillados” por el exceso de deuda en la Europa del sur. Incluso las presiones de Merkel y Bruselas llevaron a Zapatero a cambiar la Constitución, en 2011, con apoyo de Rajoy, para asegurar que el pago de intereses de la deuda tiene prioridad sobre los demás gastos, pensiones incluidas. Inaudito pero cierto.

Esta política de recortes y austeridad podría haber roto el euro y Europa si no hubiera actuado “de bombero” el Banco Central Europeo, el BCE. En noviembre de 2011, con Europa al borde de la segunda recesión (2012 y 2013), Draghi accedió como presidente del BCE y empezó a bajar los tipos de interés, del 1,50% que los encontró al 0% en que los situó en marzo de 2016 y donde siguen ahora. Además, en julio de 2012 soltó a los mercados su famosa frase (“el BCE hará lo necesario para sostener el euro”), que ciertamente salvó la moneda europea y evitó el rescate de España (fue Draghi, no Rajoy), aunque no el rescate bancario. Y en 2013 volvió a calmar a los mercados, con bajadas de tipos y el anuncio de compras de deuda pública y privada, que empezaron en marzo de 2015 (7 años más tarde que en USA y Reino Unido)  y que han inyectado ya 1,4 billones de euros en la débil economía europea. Una inyección de dinero barato que mantendrá hasta 2018.

El BCE ha impedido que el euro y Europa se rompan, pero la economía europea languidece, a pesar de estar “dopada” por el BCE. “No vemos cimientos sólidos en el crecimiento actual”, acaba de decir de Europa la economista jefe de la OCDE. Y es que la zona euro creció un 1,7% en 2016 (1,9% la UE-28) y para 2017 se espera un menor crecimiento, del 1,5%, que será igual en Alemania y menor en Italia (+0,9%), Francia (+1,4%) y Reino Unido (+1%), con un +2,3% en España. Y con tan bajo crecimiento, el empleo crecerá poco (+1%) y el paro se mantendrá en el 9,6%, con casi 21 millones de europeos sin trabajo. Y mientras la economía no despega, hay ya 119 millones de pobres en Europa (un 23,7% de europeos viven con menos del 60% de los ingresos medios, según Eurostat) y ha aumentado la desigualdad, con un 20% de los jóvenes europeos sin trabajo, cuatro veces los de EEUU. Y así, con un continente estancado, que no crece y pierde peso en el comercio mundial (ha perdido cuota, del 42,7%en 2005 al 38% en 2016, según la OMC), con mucha deuda, mucho paro y demasiada pobreza y desigualdad, crece el populismo y los euroescépticos.

¿Qué se puede hacer? Los dirigentes de la Comisión Europea (la mayoría, como su presidente Juncker, culpables del estancamiento económico y político actual por su pésima gestión de la crisis) se han “sacado de la manga” un pretendido “Libro Blanco” que propone 5 soluciones de futuro resumibles en tres: seguir como estamos, avanzar en la integración o quedarse en un punto medio, ir a una Europa a 2 velocidades donde los paises que quieran avancen en algunos temas y los demás no. Una propuesta, la de una Europa a varias velocidades, que gusta a Alemania (siempre que sea ella quien mande) y que apoyan también Francia (Hollande se va en mayo), Italia (con un líder desconocido y elecciones pronto) y España, donde Rajoy ve la oportunidad de afianzarse en la política europea entre tanto líder caducado. Pero que no gusta a los paises del Este, porque temen quedar relegados frente a un "club de élites" (la centro Europa rica). De momento, lo que Merkel y Rajoy piensan es en avanzar en la Europa de defensa y Seguridad, gastar más en armamento para construir un esbozo de Ejército europeo ante las críticas de Trump. Pero no les preocupa avanzar en crecer más, en recortar el paro y la pobreza, en invertir más, en apostar por la tecnología y la competitividad, los grandes retos del futuro para Europa.

La Europa a 27 tiene hasta la Cumbre de diciembre de 2017, cuando pasen las elecciones en Francia (mayo) y Alemania (septiembre), para decidir entonces por dónde avanza sin Reino Unido y con Trump y la crisis internacional ensombreciendo el panorama. Todo apunta a que si gana Merkel, Alemania seguirá pilotando la futura UE, con el apoyo de Francia, Italia y España, pero sin querer afrontar los problemas de fondo, que exigen más Europa y no varias Europas, con un acuerdo entre distintos paises (no siempre los mismos) para afrontar cada problema.

El gran reto de la futura Unión Europea es unirse más, no dispersarse. Y eso pasa por aprobar un potente Presupuesto europeo, que tenga más fondos para sacar a Europa del letargo. Hoy día, el Presupuesto europeo es sólo el 1% del PIB de la UE, mientras en EEUU el Presupuesto federal es el 20% del PIB. Así que hay que conseguir más recursos para Europa, con mayor aportación de los paises y, sobre todo, con nuevos impuestos europeos, como la Tasa Tobin (sobre operaciones financieras) que han aprobado 11 paises y no se aplica, impuestos medioambientales, recargos sobre el IVA y más control fiscal a  multinacionales, grandes empresas y los más ricos (que apenas pagan impuestos). Y luego, con más recursos, la futura UE podría gastar más en políticas de empleo y formación, en tecnología y en inversiones públicas, en reindustrialización y digitalización, en política social y en los jóvenes y las mujeres.

Además, la UE debería funcionar como una verdadera Unión y crear ya un Tesoro europeo que emitiera  deuda pública conjuntamente (eurobonos), para que los paises más endeudados y más pobres del sur pagaran menos intereses (Alemania pagaría más y por eso Merkel no quiere). También hay que avanzar en la Unión Bancaria, creando un Fondo europeo de Garantía de depósitos (Alemania tampoco quiere). Y en la Unión Fiscal, para que no suceda como ahora, que las empresas pagan en unos paises el 35% (Bélgica) y en otros el 12,5% (Irlanda). Y en la Europa de la energía, cuando Alemania se busca su gas en Rusia. Y en un seguro de paro europeo, así como prestaciones sociales a 27. Sin olvidar una política realista de inmigración, en vez de plantearse “echar a 1 millón de emigrantes ilegales”, al estilo Trump: Europa es un continente envejecido, el único que perderá población para 2050 (habrá 31 millones menos de europeos) y necesitará emigrantes a medio plazo.

El gran problema de Europa es que se ha quedado a medio camino en su unión y los grandes paises quieren retomar poder y competencias, para crear no una Europa sino varias, al menos tres: los paises ricos del norte, con Alemania y sus paises limítrofes, la retrasada Europa del sur y la más pobre Europa del Este, que no despega y teme quedarse relegada, mientras tienen allí cada vez más poder políticos antieuropeos, como los de Polonia o Hungría. Habría que recuperar el espíritu de los fundadores de Europa, avanzar en la Europa económica, política y social, que defiende la democracia real y la prosperidad, frente al autoritarismo y el populismo. Una Europa más competitiva y abierta, que gane en riqueza y empleo, para que 510 millones de personas no teman la “invasión” de emigrantes que se sumen a los 49 millones actuales. No es un reto fácil, porque Asia y América pelean por dominar el futuro. Pero Europa puede mantenerse, avanzando todos juntos, explotando el potencial de 27 paises, no buscando salvarse cada uno como pueda. Es la hora de unirse más, de avanzar, no de buscar atajos dispersando fuerzas. Más juntos y más Europa.