Cumbre del Clima: "Emergencia", no "Cambio Climático"

Hoy 10 de noviembre se inicia en Brasil otra Cumbre del Clima (la COP 30), con pocas esperanzas de que los 197 paises tomen medidas eficaces contra el Cambio Climático, que es ya una “emergencia” climática. El pesimismo deriva de que Trump sacó a EEUU del Acuerdo de París, China, India y paises en desarrollo apenas recortarán emisiones (siguen consumiendo carbón, petróleo y gas) y Europa suaviza sus ambiciones climáticas, por el auge del negacionismo climático y el “pragmatismo”, forzados por la derecha y extrema derecha europeas (el PP español ha sido el único partido popular europeo, junto al polaco,  que ha votado en contra (junto a la ultraderecha europea) del recorte al 90% aprobado por la Comisión. Mientras, las emisiones siguen aumentando y provocan “emergencias” como los incendios y olas de calor del verano o la DANA de Valencia. Por eso, el gobierno Sánchez propone un Pacto de Estado para acordar medidas y frenar los daños climáticos (20.000 muertos directos en 5 años). Pacto rechazado por el PP y sus autonomías antes de conocerlo. Algo grave, porque afrontar la emergencia climática no es una cuestión de ideología, sino de pura supervivencia.

Guterres (ONU): "El mundo se dirige a la ruina si no se actúa. Es un fracaso moral y una negligencia mortal"

Esta Cumbre del Clima de Belém (10 al 21 de noviembre) es la número 30 de las Cumbres mundiales celebradas desde la primera Cumbre de la ONU sobre el Medio Humano de 1972. Y  coincide con el 10ª aniversario de la Cumbre de París (1975), donde casi 200 paises acordaron reducir las emisiones mundiales de CO2 para evitar que la temperatura de la Tierra subiera más de 2 grados a finales de siglo (y mejor evitar que suba más de 1,5 grados). Hoy, todo indica que los paises no han hecho sus deberes y que “el Cambio Climático va a más”, según señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU en la apertura de esta COP 30. Los últimos datos aportados por la OMM (ONU) son estremecedores: las emisiones de CO2 (el gas responsable del 66% del recalentamiento de la Tierra) han vuelto a aumentar en 2024 y su nivel de concentración en la atmósfera es ya de 423 partes por millón (ppm), frente a 284,7 en 1850, 385 en 1990 y 377,1 en 2009, el nivel más elevado de C02 en 800.000 años, según los científicos. Y también estamos en niveles récord de metano (1.942 ppm), responsable del 16% del calentamiento global) y de óxido nitroso (338 ppm de NO2), culpable de otro 6% del calentamiento global.

La consecuencia inmediata es el aumento de la temperatura de la atmósfera, que ya superó en 2024 los +1,55 grados sobre la temperatura de los niveles preindustriales (1850-1900). Y a este ritmo, ese aumento será habitual en la próxima década de los años 30 y la Tierra sufriría un aumento de la temperatura de 2,3 a 2,5 grados para el año 2100, según la ONU, lo que sería una catástrofe para el clima y la vida en el Planeta. De hecho, el calentamiento actual ya ha provocado una “emergencia climática”, en palabras de la ONU, emergencia que provoca “fenómenos climatológicos extremos” que puede ver cualquiera: olas de calor, sequías, incendios virulentos (este verano en España), lluvias e inundaciones (DANA de Valencia), huracanes y tifones más frecuentes y virulentos… Y una pérdida de los glaciares que ha provocado una subida del nivel del mar (entre 20 y 23 centímetros desde 1980), que podría superar los 30 cm a finales de siglo), poniendo en riesgo muchas zonas del Planeta. Y todo ello provoca además una pérdida de especies y biodiversidad, migraciones climáticas y unas pérdidas humanas (546.000 muertes anuales entre 2012 y 2021, según el 9º Informe Lancet Countdown)  y económicas (inconmensurables).

A pesar de este negro panorama que demuestran los científicos y la ONU, los paises siguen sin afrontar de verdad la “emergencia climática”. Algo especialmente grave porque el 76% de las emisiones globales que están destrozando el clima y el Planeta son culpa del hombre, de sus actividades (energía y transporte, industria, agricultura, ganadería, vivienda y residuos). El secretario general de la ONU ha sido claro en la Cumbre de Brasil: “demasiados líderes mundiales están cautivos de los combustibles fósiles” (petróleo, carbón y gas). Los datos de la ONU lo corroboran: los Gobiernos gastaron 956.000 millones de dólares en ayudas públicas (subvenciones, minoración de impuestos, inversiones) a los combustibles fósiles sólo en 2023, tras la crisis energética por la invasión de Ucrania. Sólo España gastó 6.810 millones en subvenciones y ayudas(al gasóleo, la gasolina y la luz…). Y 17 de los 20 paises más destacados planean aumentar la producción de al menos 1 combustible fósil (algunos gas, otros carbón y otros petróleo) para 2030, según un estudio reciente.

Pero además, las petroleras y multinacionales energéticas  llevan todos estos años invirtiendo en combustibles fósiles (que matan), lo que les ha permitido multiplicar sus beneficios a costa del clima: un reciente estudio demuestra que las grandes petroleras (Shell, BP, Exxon Mobil y Chevron) han “pausado, retrasado o retirado” en 2025 sus compromisos climáticos anteriores. Y que las 100 principales empresas productoras de petróleo y gas tienen estrategias de producción que las llevarán a superar las cuotas de producción asignadas para poder reducir el calentamiento global en 1,5 grados máximo para 2100. En paralelo, la banca mundial, que presume cada vez más de “verde”, aumentó un 29% sus préstamos a las empresas de combustibles fósiles en 2024 (hasta 611.000 millones de dólares), superando en un 15% a los préstamos que conceden al sector verde mundial.

A lo claro: los paises, las empresas energéticas y la banca echan ayudas y dinero al fuego de la emergencia climática. Y miran para otro lado cuando la ONU y sus organismos técnicos les piden tomar medidas y recortar emisiones, como se comprometieron hace 10 años en la Cumbre de París. La actitud de los paises, poco conocida, es escandalosa: tenían que haber entregado a la ONU sus Planes de recortes de emisiones para 2035 en febrero de 2025, según lo acordado en París. Pues bien, sólo 10 paises cumplieron, con lo que la ONU les amplió el plazo hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con una Cumbre paralela a la Cumbre anual de la ONU en Nueva York. Y resulta que para ese 2º plazo, sólo 64 paises de los 197 firmantes del Acuerdo de París presentaron su Planes, incumpliendo EEUU (Trump sacó al país del Acuerdo en enero), China (anunció su intención por videoconferencia) e incluso la Unión Europea (aprobó su Plan el 4 de noviembre)…

Pero lo peor no es que la mayoría de paises hayan retrasado sus Planes de recorte de emisiones para 2035, sino que los paises que lo han presentado (antes y estos días) proponen unos recortes de CO2 ridículos, un 11% de media, según los expertos de la ONU. Y el recorte debería ser mucho mayor: habría que reducir las emisiones un 35% para 2035 (sobre las de 1990) para no superar los 2 grados a finales de siglo. Y eso ya sería mucho y con efectos peligrosos para el clima, por lo que defienden un recorte de las emisiones del -55% hasta 2035 para garantizar que la temperatura no sube más del 1,5% en que ya estamos (2023,2024 y 2025 han sido los años más calientes de la historia).

En definitiva, que vísperas de esta Cumbre del Clima de Brasil, la mayoría de los paises “no habían hecho sus deberes” y los que prometen recortes, sólo proponen reducir sus emisiones la quinta parte de lo que hace falta. Ese desinterés ante la emergencia climática se ha visualizado en las importantes ausencias a esta Cumbre de Brasil, a la que no asisten los líderes de 4 de los 5 países que más contaminan: China (29,2% de las emisiones mundiales de CO2), Estados Unidos (11,1% emisiones), India (8,2% ) y Rusia (4,8%. Sí asisten los líderes de la UE (el 4º mayor emisor de CO2 del mundo, con un 5,95% del total), con la presidenta Von der Leyen, Macron, Metz y Sánchez (más el británico Stamer), pero con una política medioambiental más “suavizada” por la presión de la derecha y la extrema derecha.

China es clave para los recortes de emisiones, que han prometido menores y dilatados en el tiempo (a partir de 2035 y 2040, para no truncar su crecimiento actual, basado todavía en el carbón, el petróleo y el gas, aunque son líderes mundiales en energías renovables. Lo mismo pasa con la India, Brasil y otros paises en desarrollo, que además piden ayudas de los paises ricos (que llevamos medio siglo contaminando al máximo) para reconvertir energéticamente sus economías (falta por aportar al Fondo de 100.000 millones de dólares previsto). Rusia aumentara sus emisiones para 2035, por su apuesta por el gas. Y Estados Unidos, el otro país clave, se ha lanzado con Trump a la producción y consumo de petróleo y gas (“perfora, niño, perfora”, es su lema), apostando incluso de nuevo por el carbón, lo que aumentará sus emisiones, no las reducirá.

Y la Unión Europea, que era (y todavía es) el paladín de la lucha contra el Cambio Climático ha frenado sus impulsos reformadores, forzada por las posiciones “negacionistas” de una buena parte de la derecha (PPE) y de la extrema derecha, que ataca en todos los paises (y en España, en las autonomías) el Pacto Verde Europeo. Eso ha llevado al Consejo y a la Comisión Europea a retrasar su ley del Clima y los nuevos Planes de recortes de emisiones (el NDC), que no aprobaron hasta el martes pasado, tras una reunión maratoniana (1 día y toda la noche siguiente) de los ministros de Medio Ambiente. Al final, han acordado un recorte de emisiones del 90% para 2040 (sobre las de 1999). Pero este objetivo tiene “truco”: Francia, Alemania y los paises del Este han forzado una cláusula para que un 5% de ese recorte se pueda “comprar” en el mercado internacional (hay una “Bolsa” de derechos de emisiones de CO2) con dinero de los Fondos europeos y otro 5% con dinero de los propios paises que lo necesiten para cumplir…A lo claro: pagar a otro país que emite de menos por lo que un país emite de más. Y además, reconocen el papel en la transición energética de los combustibles de bajas emisiones en el transporte y retrasan un año las exigencias de emisiones que se piden al transporte por carretera y a los edificios.

Europa está ahora dividida en la lucha contra la emergencia climática, con paises que quieren ir más despacio, argumentando que las políticas climáticas “no pueden poner en peligro la industria y la competitividad europea” (los más duros, Hungría, Polonia y República Checa, apoyados ahora por Suecia, Francia, Alemania e Italia) y otros paises que defienden que “no hay futuro para Europa si no se descarboniza la economía” y que puede ser “una oportunidad” para crear nuevas industrias y empleos (grupo encabezado por España y en el que están otros 13 paises más, entre ellos Portugal, Finlandia, Paises Bajos, Austria e Irlanda. Y esta división interna (y dentro de cada país, por el auge del “negacionismo” y la extrema derecha) es más preocupante porque Europa es uno de los continentes más vulnerables ante la emergencia climática, especialmente los paises del sur, como se ha visto estos años en Grecia, Italia, Francia, Portugal y España.

Precisamente, la DANA de Valencia y los incendios de este verano hicieron que al comienzo de este curso político, el 1 de septiembre, el presidente Sánchez propusiera a las fuerzas políticas y sociales, administraciones, científicos, entidades y ciudadanos, un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, similar al que se consiguió con las pensiones (Pacto de Toledo) y contra la violencia de género. Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó 10 medidas que proponen incorporar a ese Pacto de Estado, entre ellas crear una Agencia de Protección Civil y Emergencias, una Red Nacional de Refugios Climáticos en ciudades y pueblos (para afrontar las olas de calor), reforestación y mejor gestión forestal, nuevos Planes Hidrológicos, una reordenación del territorio y las infraestructuras para hacer frente a inundaciones y sequías, más ayudas al medio rural (el mejor aliado en las políticas medioambientales), la creación de 2 Fondos públicos (uno para responder a fenómenos extremos y otro para prevenirlos a nivel local y autonómico), dotar de más medios a los bomberos y servicios de emergencias (creando un nuevo Cuerpo técnico), formación en emergencias en centros educativos y Universidades y la exigencia a Europa de que sea más ambiciosa en los objetivos medioambientales y su financiación.

Parecen medidas “razonables” a la vista de los fenómenos climáticos extremos que hemos sufrido, que se esperan sean cada vez más frecuentes y graves. Pero el PP dijo que no lo apoyaría el 31 de agosto, incluso antes de conocer la propuesta: Feijoo se negó a apoyar este Pacto de Estado, reiterando que el Gobierno Sánchez ha sido incapaz de gestionar los incendios de este verano (sic) y que “se pone de perfil ante cualquier desgracia” (sic). Así que aunque Sánchez y el Ministerio de Transición Ecológica ya han celebrado Jornadas públicas (con expertos y ciudadanos (la primera en Ponferrada en octubre)  para explicar el Pacto, no han asistido ni alcaldes ni políticos del PP (ni por supuesto de Vox).

Así que los ciudadanos de a pie, que sufrimos las olas de calor (3.644 muertes entre junio y agosto) las sequías (y las enormes pérdidas para el campo, junto a subidas extras de los alimentos), las inundaciones y la contaminación (que causa en España 10.000 muertes al año, según Sanidad) y las pérdidas económicas por el clima y sus destrozos (12.200 millones de pérdidas solo este verano, el país líder por pérdidas climáticas en Europa, según un estudio de la Universidad de Mannheim) asistimos impotentes a una Cumbre del Clima donde los paises que más contaminan no se comprometen apenas a recortar emisiones y permiten que las empresas energéticas (y los bancos) ganan millones a costa del clima, del Planeta y de nuestras pérdidas y muertes (20.000 directas en España los últimos 5 años, según dijo Sánchez en Brasil). Y en España, cuando el Gobierno propone un Pacto de Estado para afrontar un problema que ha destrozado medio país (incendios y DANAs), el PP rechaza hablar y Vox niega el cambio climático (¿qué puede pasarle a las políticas climáticas si un día Gobiernan juntos?).

De hecho, el PP español ha sido el único partido popular europeo (junto al PP de Polonia) que votó este lunes 10 de noviembre junto a la ultraderecha europea (en una Comisión del Europarlamento) en contra del recorte de emisiones del 90% propuesto por la Comisión (y que salió adelante en la Comisión del Parlamento Europeo por 55 frente a 32 votos). 

Es hora de que los ciudadanos salgan a las calles y presionen a sus Gobiernos en todo el mundo para que se den cuenta de que estamos ante una “emergencia climática”, de la que nos han venido advirtiendo los científicos y que ahora sufrimos todos. “El mundo se dirige a la ruina si no se actúa. Es un fracaso moral y una negligencia mortal”, acaba de decir el secretario general de la ONU en la Cumbre de Brasil. Pero predica en el desierto. El problema para el mundo es que se acaba el tiempo para actuar. Ojo: la lucha contra la emergencia climática no es una cuestión política, sino de pura supervivencia.  

El gasto público nos ha salvado

Todo el mundo ha visto que hay 2 formas de afrontar una crisis. Una, la que se aplicó en 2008: hacer recortes, provocando recesión y pérdida de empleos, sobre todo en el sur de Europa. Y la otra, gastar más, reanimar la economía y crear empleo, como han hecho Europa y España ante la COVID, la crisis energética y la hiperinflación. Los datos lo corroboran: más de la mitad del crecimiento de España entre 2019 y 2024 ha sido por el gasto público, el principal motor de nuestra economía, muy por delante del consumo, las exportaciones y la inversión. Es bueno saberlo ahora que los “populistas neoliberales” atacan al Estado en EEUU (Trump) y en media Europa, planteando recortes en Italia, Francia y Alemania (rompiendo el Gobierno). En España, ya hay expertos que hablan de gasto público “desbocado”. Ojo a estos “anti-Estado”, porque la DANA nos recuerda que, cuando vienen mal dadas, sólo el del gasto público y nuestros impuestos nos salvan. Como en la última crisis.

                            Enrique Ortega 

En los últimos 15 años, España y el mundo hemos asistido a 2 grandes crisis, que los políticos y economistas han afrontado de dos maneras diferentes. Ante la crisis financiera y de deuda (2008-2013), los principales Gobiernos y en especial Europa, se acogieron a la receta de recortar el gasto público en todo y abandonar la inversión del Estado, mientras en paralelo ayudaban a los bancos y entidades causantes de la crisis. Estos recortes “drásticos”, auspiciados en Europa por la alemana Merkel y los paises ricos del centro y norte, recayeron sobre todo en la Europa del sur, provocando una profunda recesión, que se cobró millones de empleos (en España se perdieron -3.572.700 empleos entre 2007 y 2013). Y la recuperación posterior (entre 2014 y 2019) fue lenta y débil.

En 2020 estalló la crisis desatada por el COVID y tanto Merkel como los demás dirigentes europeos optaron por otra vía de salida, en la antípodas de los viejos recortes: aprobar un Plan de recuperación para Europa, autorizando un fuerte gasto e inversión (806.900 millones) en el continente, mantenido después por la guerra de Ucrania, la crisis de la energía (gas y electricidad) y la hiperinflación. Y Europa recuperó en un año el crecimiento y el empleo (en la anterior crisis habíamos sufrido 5 años de recesión), sobre todo España, donde se han creado +1.856.100 nuevos empleos en esta crisis, entre 2019 y 2024 (septiembre).

Dos recetas económicas frente a la crisis, una dolorosa e inútil y otra positiva y eficaz (y “antigua”: ya la puso en marcha el presidente Roosevelt, con el New Deal, entre 1933 y 1938, para sacar a EEUU y al mundo de la gran Recesión de 1929-31). Y para los que duden de sus “bondades”, veamos el efecto que ha tenido esta vieja política “keynesiana”, de reanimar la economía a base de gasto público, en España, entre 2020 y 2024. El motor de nuestro fuerte crecimiento (mayor que en la UE-27) ha sido el consumo público: ha aportado más de la mitad del crecimiento real de la economía española (el 59%) entre diciembre de 2019 y septiembre de 2024, según este estudio del profesor Manuel Hidalgo, a partir de los datos del INE. Las exportaciones han sido el 2º motor del crecimiento (aportaron el 19% del total), el consumo privado el 3º (13% del crecimiento) y el resto lo ha aportado la inversión (7%).

En toda Europa, el consumo público (gasto administraciones públicas)  ha sido el principal motor del crecimiento estos años posteriores a la pandemia. Pero en España, su papel ha sido más decisivo. Este análisis de Funcas revela que, entre 2020 y 2023, la economía española creció algo más que la europea (porque en 2020 cayó más con la COVID), un +3,6% frente al +3,5%. Pero en España, casi el 70 de lo que crecimos esos 4 años fue por el consumo público (69,44%), mientras en la eurozona sólo aportó algo menos de la mitad del crecimiento (48,57%). Eso significa que, aunque España gastó en esta crisis menos en ayudas públicas que Alemania o Francia, este “tirón” del Estado en España  fue comparativamente más importante en el crecimiento final y el empleo. Mientras, en Europa ayudó más al crecimiento el empujón del consumo privado (25,7% del crecimiento en la zona euro y sólo el 8,3% en España) y las exportaciones (25,7% frente al 13,88% en España), siendo casi nula la ayuda de la inversión, que aportó poco (el 2,8%) al crecimiento, en Europa y en España.

¿Qué tipo de gasto público es el que nos ha hecho crecer estos años? Básicamente, el consumo público hecho en sanidad (medidas anti-COVID , vacunas y refuerzo de personal), gasto educativo, ayudas para compensar la subida de la energía y otras transferencias, según el análisis del profesor Hidalgo. Y detalla que casi dos tercios de este gasto público (entre 2019 y 2023) lo han hecho las autonomías, especialmente las más grandes (el gasto público de Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana ha aportado más de un tercio de todo el crecimiento generado en los últimos 4 años), seguidas de los Ayuntamientos (aportaron el 21%) y el que menos el Estado central  (su gasto directo, al transferir la mayoría, ha aportado sólo el 16,5% del PIB total).

En lo que llevamos de 2024, se mantiene la tendencia del alto crecimiento y los motores que “tiran” del PIB. Así, en el tercer trimestre, la economía española creció +0,8%, lo que indica que crecemos a un ritmo del +3,4% anual, según el INE (más que el +2,7% de todo 2023). Y de nuevo, en el tercer trimestre, el gasto público (consumo público) es lo que más crece (+2,2% sobre el trimestre anterior y +4,7% anual), lo que más “tira” de la economía, por encima del consumo privado de las familias (+1,4% trimestral y +3,3% anual) y las exportaciones (+0,9% trimestral y +5,1% anual), mientras cae la inversión (-0,9% trimestral). Y todo apunta a que en el 4º trimestre, con las ayudas públicas por la DANA en Valencia, Castilla la Mancha y Andalucía, el gasto público volverá a crecer y será el principal motor del crecimiento también en 2024, un año en que podemos crecer el +3% (frente al 0,8% la zona euro).

Ante estos datos, algunos expertos y políticos (“ortodoxos” y “neoliberales”) ya han disparado las alarmas y hablan de un gasto público “desbocado”. Lo que no dicen es que gracias a esta política “contracíclica”, a afrontar con más gasto la crisis del COVID, la energía y la hiperinflación, la economía española (y europea) sólo cayó un año y lleva creciendo casi 4 años (mucho España y poco Europa, según Eurostat), creando 1,85 millones de empleos en nuestro país  y ayudando a las familias a sobrellevar esta última crisis.

Ahora, estos mismos economistas y políticos defienden que el Gobierno tiene que “gastar menos”, porque el gasto actual es “inasumible” e “insano” (para su ideología de “cuanto menos gasto público mejor”). Por un lado, hay que decir que el Gobierno Sánchez ha enviado un Plan fiscal a Bruselas en el que contempla un menor gasto público en 2025, porque se ha comprometido con la Comisión Europea a seguir rebajando el déficit público el año que viene (del -3,6% del PIB en 2023 y el -3% con que espera cerrar 2024 a un déficit del -2,5% en 2025). Y como se espera un menor crecimiento el año próximo (+2,4%), también habrá menos recaudación fiscal, lo que obligará a gastar menos, salvo catástrofes.

Este menor gasto público en 2025 hará que las administraciones públicas ya no “empujen” tanto el crecimiento, con lo que deberían “tirar más” de la economía los otros motores. El principal motor del crecimiento es el consumo de las familias, pero se ha retraído en los últimos años, tras el rejonazo de la inflación disparada, porque la gente ha empezado a pensar en “ahorrar más y gastar menos” por si vuelve a haber otra crisis. De hecho, el ahorro de las familias españolas está en una tasa anormalmente elevada (21,2% de su renta, más del triple que entre 2015 y 2019), algo que también pasa en el resto de Europa. El otro motor clave del crecimiento, las exportaciones, han ayudado mucho estos años, pero no lo harán tanto en 2025, porque Europa (nuestro primer cliente) apenas crece y por el riesgo de un mayor proteccionismo comercial en el mundo con Trump. Y el 4º motor del crecimiento, la inversión, apenas crece: aumenta la inversión pública y los Fondos europeos pero sigue “gripada” la inversión privada, todavía un 10% por debajo que antes de la pandemia.

Así que mientras los economistas ortodoxos y “neoliberales” se rasgan las vestiduras por el exceso de gasto público, en España y en Europa, no queda claro que el consumo, las exportaciones y la inversión vayan a “tomar el relevo” y mantener un alto crecimiento, necesario en Europa e imprescindible en España (para recortar el paro y la brecha de riqueza con Europa). Además, estos expertos esconden un dato clave: España tiene un gasto público muy inferior al del resto de Europa, por lo que necesitamos gastar más que ellos (en casi todo) para aproximarnos a su Estado del Bienestar. Así, en 2023, el gasto público en España fue el 46,4% del PIB, frente al 49,4% de media en la UE-27, el 57,3% en Francia o el 48,6% en Alemania, según la Comisión Europea. Y esto lleva pasando décadas, con el franquismo y luego con la democracia: entre 2015 y 2019, España gastó el 42,4% del PIB frente al 47,2% de la UE-27, el 56,8% en Francia o el 47,5% en Alemania. Esto significa, a lo claro, que, en 2023, si España hubiese gastado como la media europea, el gasto público debería haber sido 45.000 millones más. Y si gastáramos como los franceses, +163.000 millones más al año. Serían  +33.000 millones de gasto público si gastáramos como los alemanes. 

Y tenemos menos gasto público que la mayoría de Europa porque también ingresamos menos que la mayoría de paises: en 2023, España recaudó el 42,8% del PIB, frente al 45,9% del PIB la UE-27, el 46,1% de Alemania y el 51,9% de Francia. A lo claro: recaudamos 46.500 millones menos al año que la media de paises europeos, 49.500 millones menos que si fuéramos alemanes y 136.000 millones menos que si fuéramos franceses. Por eso, estamos condenados a gastar menos que la mayoría de europeos mientras no recaudemos más. La Comisión Europea ha exigido a España que apruebe una reforma fiscal este año (dentro de las reformas vinculadas a la entrega de Fondos europeos), porque no tiene sentido que pidamos dinero europeo y recaudemos menos. Los expertos fiscales elaboraron en 2022 un Informe donde proponían cambios en el impuesto de sociedades (grandes empresas y multinacionales), el IVA , el IRPF, los impuestos al capital y los impuestos verdes. Pero el Gobierno es incapaz de pactar una mínima reforma fiscal con sus socios de Gobierno y tanto PP como Vox no se salen de la cantinela de que “hay que bajar impuestos”.

En medio de este panorama, de un crecimiento asentado en el gasto público y que ahora está “en el aire” por la exigencia de rebajar el déficit y la deuda, el mundo ha entrado en una nueva etapa política, donde crecen los “populistas anti-Estado”, que defienden reducir el gasto público y recortar la Administración. Estas teorías políticas y económicas (que surgieron en los años 80 del siglo pasado, con Thatcher y Reagan) parecían desaparecidas tras la última crisis, cuando la COVID, la energía y la hiperinflación llevó a todos los Gobiernos a gastar más. Pero se anuncia un “cambio de signo político”: avanzan los que quieren recortar el Estado y el gasto público, con bajada de impuestos.

Trump ha basado su victoria en las elecciones USA en recortar al máximo el Estado y la Administración Federal, proponiendo al multimillonario Elon Musk (Twitter-X) al frente de un Departamento de Eficiencia Gubernamental que podría recortar funcionarios y gasto público (2 billones de dólares), lo que reduciría el PIB y afectaría a los norteamericanos más vulnerables, mientras baja los impuestos y quita regulación a los más ricos. Y en paralelo, en Europa, el avance de la derecha y la ultraderecha en las últimas elecciones (16 de los 26 comisarios, más la presidenta Von der Leyen) está dando más voz a los que defienden un menor gasto público europeo. Precisamente ahora, cuando el informe Draghi ha señalado que para conseguir una mayor competitividad frente a USA y China, la UE tendría que aprobar un nuevo Plan Marshall y gastar 800.000 millones de euros al año…

La derecha europea no está por la labor de repetir un Plan de recuperación como hizo tras el COVID (140.000 millones en ayudas y créditos hasta 800.000 millones de gasto entre 2021 y 2026). Y la mayor prueba es que los liberales alemanes han roto el Gobierno de coalición con socialdemócratas y verdes (habrá elecciones el 23 de febrero), porque querían hacer recortes (y bajar impuestos) en el Presupuesto para 2025. En Francia, el nuevo gobierno (más conservador, bajo la presidencia de Macron) plantea unos recortes de 40.000 millones de euros para 2025. Y en Italia, el Gobierno Meloni ha recortado un 5% el gasto de todos los Ministerios (salvo Sanidad) para 2025. Así que “pintan bastos” para el gasto público.

En definitiva, que en un momento donde la DANA en Valencia ha dejado claro la enorme importancia del Estado y el gasto público (se han aprobado ayudas por 14.373 millones de euros), surge una ola de recortes por el mundo, desde EEUU a Europa, que pone en cuestión el Estado, el gasto y los servicios públicos, con un avance de los ideólogos del “populismo neoliberal”, que pretenden reducir al máximo el papel del Estado y los servicios públicos, agravando las desigualdades. Se trata, otra vez, como en los años 80 y 90 del siglo pasado, de una “ola económica conservadora”, que pone en cuestión lo público y defiende recortes generalizados. Un “neoliberalismo insano”, que no sólo es “socialmente injusto” sino también “económicamente peligroso”. Porque estos recortes frenarían el crecimiento y el empleo. Ya lo vimos con la crisis financiera. Y ahora sabemos que, en esta última crisis, el gasto público y el Estado nos han salvado. No lo olvidemos.

DANA y Clima: muertos, pérdidas... y más CO2

Los españoles seguimos conmocionados por las inundaciones de Valencia. Levante ha sufrido decenas de riadas los últimos siglos, pero ahora son más frecuentes y extremas, por el Cambio Climático, según confirmaron expertos de la ONU tras la tragedia: el aumento de la temperatura, en el mar y en la atmósfera, acelera las lluvias torrenciales, que han dañado en septiembre y octubre media Europa. “El Mediterráneo es un bidón de gasolina”, alertan los meteorólogos. Así que España sufrirá más inundaciones, lo que obliga a mejorar el sistema de alertas, modificar la ocupación del territorio (2,7 millones viven en “zonas inundables”) y, sobre todo, reducir las emisiones que provocan estos fenómenos extremos. Pero el mundo apenas toma medidas y las emisiones de CO2 aumentaron en 2023 y 2024. El lunes comienza otra Cumbre del Clima, en Bakú, pero no se esperan avances significativos (¡menos con Trump!). Y si los paises no toman medidas más drásticas, la temperatura aumentará 3,1 grados y habrá más desastres. “Estamos jugando con fuego”, advierte la ONU.

                Dana Valencia                                             Foto: AP Photo, Alberto Saiz

“La humanidad ha abierto las puertas del infierno”, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el 20 de septiembre de 2023, en Nueva York. Lo decía tras el verano más cálido del siglo (superado en 2024), que provocó tremendos incendios en Canadá y EEUU, tornados y huracanes en el Caribe y Asia, potentes inundaciones en Grecia y Libia. Un año después, en octubre de 2024, los expertos de World Weather Atribution (WWA) han publicado un informe donde concluyen que “el Cambio Climático ha intensificado los 10 eventos meteorológicos más mortíferos registrados en el mundo  en las dos últimas décadas “, que se han cobrado 576.000 vidas, tras analizar 3 ciclones tropicales, 4 olas de calor (dos en Europa), 1 sequía y 2 inundaciones sufridas entre 2004 y 2023. “El Cambio Climático y el aumento de temperatura están haciendo nuestra vida más peligrosa”, concluyen.

Un día después, el 1 de noviembre, otro informe encargado por la Comisión Europea señalaba que “el Cambio Climático aparece como un factor clave de riesgo” y propone reforzar la preparación civil y militar de Europa ante las amenazas naturales. No en vano, un reciente estudio del Parlamento Europeo señala que las inundaciones han afectado a 5,5 millones de europeos en los últimos 30 años, causando 3.000 muertos y más de 170.000 millones de euros en daños económicos. Aunque no lo recordamos, en 2021, las graves inundaciones en Bélgica y Alemania dejaron más de 200 muertos. En 2023, nuevas inundaciones en Italia, Eslovaquia, Austria, Grecia, Italia y Francia causaron graves daños. Y entre el 12 y 15 de septiembre de 2024, la tormenta Boris provocó 24 muertos y afectó a 2 millones de personas en Centroeuropa. Y entre el 18 y 20 de octubre, el sur de Francia e Italia sufrieron las peores inundaciones en los últimos 40 años. Unos días después, el 29 de octubre, Valencia sufrió las peores inundaciones de la historia, con cientos de muertos y gravísimas pérdidas.

Europa y la cuenca mediterránea es una de las regiones del mundo más afectadas por el Cambio Climático, porque el continente se está calentando al doble de velocidad que el resto del Planeta, según los expertos. Dos días después de la tragedia de Valencia, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió este comunicado, con una idea clave: que el Cambio Climático antropogénico (provocado por la acción del hombre) provoca que los fenómenos climáticos extremos “se hayan vuelto más probables y graves”, porque la atmósfera está más caliente y retiene más la humedad, propiciando lluvias más intensas.

Trombas de agua e inundaciones se han producido en el Levante español (y sur de Europa) desde hace siglos: desde la conquista de Valencia en 1238, se han producido 11 riadas catastróficas en el Turia, según señala el meteorólogo José Ángel Núñez. La más grave fue la de 1957 (81 muertos) y la última importante en septiembre de 1999, con 5 muertos, 3.500 evacuados y graves destrozos en Levante. La diferencia es que antes eran cada 70 años y ahora son más frecuentes. Eso se debe, según los expertos de la OMM,  a “la presencia de aire cálido en superficie, alimentado por el exceso de humedad del mediterráneo, más cálido, y la inestabilidad provocada por el choque con el aire frío de la atmósfera superior conduce a grandes nubes convectivas, con fuertes aguaceros e inundaciones repentinas”. Es lo que llaman DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Así que el Cambio Climático, al aumentar la temperatura de la atmósfera y el mar, provoca, al chocar con el aire frío polar (que ahora llega más fácilmente al sur) que haya más inundaciones y más intensas. “El Mediterráneo actúa como un bidón de gasolina y con una DANA, el resultado es explosivo”, comentaba el meteorólogo Francisco Martín. El análisis de la OMM reitera que España y otros paises europeos deben prepararse para afrontar estos fenómenos meteorológicos extremos tomando medidas en dos frentes: mejorando los sistemas de alerta (para evitar muertes y daños) y actuando sobre la ocupación del territorio, para prevenir daños futuros en viviendas e infraestructuras. Dos temas claves que han fallado en esta DANA de Valencia y en las anteriores inundaciones.

España, como otros paises, cuenta con sistema de alerta ante inundaciones, que ha fallado parcialmente. No falló la AEMET (Agencia de Meteorología), que desde días antes anunció lluvias torrenciales y que a las 7,36 de la mañana del 29 de octubre, el día de la tragedia, activó el aviso rojo por inundaciones. No falló tampoco la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene sondas en ríos y barrancos: a las 12,07 de la mañana del 29 de octubre envió un correo alertando que el barranco del Poyo superaba los tres niveles de alerta, con un caudal de 264 metros cúbicos por segundo (superando los 150 metros cúbicos del nivel 3), con tendencia “ascendente”. Y a las 18,43 de la tarde, la Confederación alerta que el caudal del Poyo está fuera de control: 1.686 metros cúbicos por segundo, rompiendo 12 minutos después los aparatos de medida, con un aluvión de 2.282 metros cúbicos/segundo (el triple del caudal del río Ebro), a las 18,55 de la tarde.

Con estas dos alertas tan evidentes, la Generalitat Valenciana trató de quitar importancia al riesgo de riada, diciendo (a las 11,48 horas) que el temporal “se iba hacia Cuenca” y esperaban “que remitiera a partir de las 18 horas”. Finalmente, a las 20,12 horas de la noche (casi 2 horas después de la alerta de riada máxima), la Generalitat lanzó una alerta a los móviles. Demasiado tarde: muchos habían muerto en casas bajas, coches y garajes o arrastrados por el sunami de los barrancos. Y cientos más estaban refugiados en tejados y pisos altos cuando recibieron la alerta. Está claro que el sistema falló, no sólo por la indecisión de la Generalitat sino por una falta de información a la población, que nunca ha hecho simulacros ante riadas, aunque las sufren periódicamente. Eso sí, sirvió de ejemplo para Andalucía y Cataluña, donde ha habido pocos muertos y menos daños: la población estaba avisada y se actuó mejor.

La otra recomendación de la ONU frente a las inundaciones es reordenar el territorio, porque el agua “tiene memoria” y cuando llueve tanto (en poco más de 3 horas llovió como en todo un año), busca los cauces de ríos y barrancos antes secos y a cuyo alrededor se han construido viviendas y viven cientos de miles de personas. En Levante y otras zonas de España, el turismo y el desarrollismo de los años 60 y 70 llevaron a construir por todos lados, incluidos viejos cauces y zonas aledañas, colonizadas por viviendas. Esto ocurrió profusamente hasta 2015, cuando la última versión de la Ley del Suelo obligó a los Ayuntamientos a elaborar “Informes de inundabilidad”, señalando como “no urbanizables” zonas con riesgo de inundación. Pero todavía hay muchos municipios y pedanías con Planes urbanísticos de hace más de 15 años, donde estas viviendas siguen en pie e incluso se hacen nuevas construcciones.

En España hay 26.773 kilómetros cuadrados (casi el 5% del territorio) catalogados como “zonas inundables (ver mapa del Ministerio de Transición Ecológica), donde viven 2,7 millones de personas, potencialmente en riesgo ante futuras riadas. Incluso la Comunidad Valenciana tiene un Plan de acción territorial de zonas inundables (PATRICOVA), que se puso en marcha en 2003 y se revisó en 2015. Pero esta cartografía regional de zonas inundables, entre las mejores de Europa, sirve de poco: las autonomías no tienen medios para vigilarlas y para hacer cumplir las normas urbanísticas. Y en muchos casos, la única opción es demoler estas viviendas, algo políticamente difícil de aplicar.

Los expertos en obras hidráulicas proponen muchas medidas que se pueden tomar para reducir los riesgos de riadas en estas zonas, como se ha hecho en Europa y en EEUU (en Nueva Orleans, a raíz del Katrina). Hay que empezar con obras en las cuencas, muy arriba de los pueblos en riesgo: reforestar zonas aledañas, canalizar ríos y construir presas de alivio, canales filtrantes y zonas inundables. Luego, en pueblos y ciudades, además de ensanchar los cauces (Turia), se pueden construir estanques de tormentas y parques fluviales, como se ha hecho en Zaragoza (al lado del Ebro), en Rotterdam o Pamplona. Y por supuesto, reordenar el urbanismo, impidiendo nuevas construcciones  en zonas inundables y derribando las viviendas próximas a barrancos, trasladando a los vecinos ”amenazados”.

Con estas dos medidas, alertas eficaces (con formación a los vecinos y “simulacros” ) y reordenación de las zonas inundables, las próximas riadas nos pillarán mucho más preparados y se reducirán las muertes y los daños, aunque para eso hay que invertir ya. Pero la clave es luchar contra el Cambio Climático, tomar medidas eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que agravan las lluvias torrenciales y aceleran las inundaciones. Y aquí, los paises están haciendo poco, con lo que no se frena el aumento de la temperatura, que está detrás de la DANA de Valencia y otras que vendrán.

El dato es grave: las emisiones de CO2 aumentaron en 2023, según los datos publicados el 24 de octubre por el PNUMA, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente: se emitieron 57,04 Gigatoneladas de CO2 equivalente, un +1,3 que en 2022 y un +44% que a principios de siglo (39,51 Gigatoneladas año 2000). La mayor parte de estas emisiones (39,02 Gigatoneladas) son de CO2 (producido por el hombre y su uso de combustibles fósiles), otra parte (9,75 Gigatoneladas) es metano (los humanos somos responsables del 60% y el resto procede de fuentes naturales), otra parte oxido nitroso (2,56 Gigatoneladas, el 43% por culpa del hombre) y el resto son emisiones de gases fluorados (1,68 GTm) y por cambio de usos del suelo  (4,03 GTm). Y con este nivel de emisiones, el mundo bate los récords históricos de CO2 (420 partes por millón), metano y óxido nitroso.

El 68% de estos gases de efecto invernadero, responsables de la mayor parte del Cambio Climático, los genera el transporte y la producción de energía y electricidad, el 10% la industria el 18% el campo y los bosques y el 5% los residuos, según la ONU. Y los paises desarrollados del G-20 produjeron el 77% de todas las emisiones del Planeta en 2023, acumulando 6 paises más de la mitad: China (28%), USA (10,5%), India (7,26%), la UE (5,67%), Rusia (4,67%) y Brasil (2,28%). El problema, según la ONU, es que 7 miembros del G-20 no han alcanzado todavía su “pico de emisiones” y  seguirán emitiendo más para alimentar su “desarrollo”: China, India, Indonesia, México, Corea, Turquía y Arabia Saudí.

Lo peor es que este año 2024, siguen aumentando las emisiones de CO2: el 30 de septiembre, en el mundo se emitieron 95,5 millones de Tm de CO2, un +6,8% que ese mismo día de 2023, según los datos de Carbon Monitor. Y han aumentado las emisiones este año en China (+14,6%), USA (+4,7%), India (+5,6%), Europa (+6,1%), Francia (+8,8%), Alemania (+6,5%), Italia (+8,8%) y España (+13,4%). Y los expertos de la Agencia Internacional de la Energía están preocupados, porque los bajos precios del petróleo y el gas han aumentado su consumo y en general la demanda energética.

El último informe del PNUMA (ONU) , publicado el 24 de octubre, alerta al mundo sobre este aumento de las emisiones y el riesgo de más calentamiento: con las políticas actuales de los paises, la temperatura subirá +3,1 grados a finales de siglo sobre la época preindustrial, cuando en la Cumbre de París (2015) se acordó que no debía subir más de 1,5 grados (este año 2024 acabará con +1,55 grados, según Copernicus). Ahora creen que “será difícil evitar que suba 2 grados”, aunque se tomen medidas, lo que incrementará los fenómenos climáticos extremos (como la DANA de Valencia). Lo advirtió otra vez  Antonio Guterres, 5 días antes de la catástrofe de Valencia: “Existe una relación directa entre el aumento de las emisiones y los desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En todo el mundo, la gente está pagando un precio terrible. Las emisiones récord significan temperaturas récord del mar que sobrealimentan huracanes monstruosos; el calor récord está convirtiendo los bosques en un polvorín y las ciudades en saunas; las lluvias récord provocan inundaciones bíblicas. Estamos jugando con fuego…”.

Avisados estamos. Urge tomar medidas para reducir las emisiones, como volverá a plantearse del 11 al 29 de noviembre, en la Cumbre del Clima (COP 29) de  Bakú (Azerbaiyán). Se acaba el tiempo para actuar y la ONU insiste en que hay que recortar ya las emisiones (un -42% para 2030), no dejarlo para después. Los paises tienen que presentar nuevos Planes de recorte de emisiones en febrero de 2025, pero los expertos son muy pesimistas y creen que los grandes emisores retrasan los recortes, a pesar de los desastres climáticos. China sólo piensa crecer a cualquier precio. EEUU lo mismo y peor con la victoria apabullante del "negacionista" Trump. Y en Europa, paladín de la lucha contra el Cambio Climático, ha crecido el poder de la derecha y la ultraderecha (16 de los 26 Comisarios, más la presidenta), más “negacionistas”, que defienden ahora menores recortes de emisiones que las previstas inicialmente (-90% en 2040 frente a las de 1990).

En resumen, todos nos conmocionamos cuando se desata una tragedia como la DANA de Valencia o nos preocupamos por las olas de calor, huracanes, sequías e incendios, pero no somos conscientes de que las estamos provocando nosotros, los humanos, con nuestro consumo descontrolado de energías fósiles y un estilo de vida no sostenible para el medio ambiente. Pedimos cuentas a los políticos por desatender a los damnificados por la DANA  pero no les exigimos aprobar planes más drásticos para el recorte de emisiones que causan estos desastres. Recuerden: “estamos jugando con fuego”.