La vivienda, la gran "vaca fiscal"

La vivienda es un grave problema para muchas familias y jóvenes, pero es una gran fuente de ingresos para el Estado, autonomías y Ayuntamientos: ordeñando la “vaca fiscal” de la vivienda recaudan más de 60.000 millones cada año, salvando sobre todo las cuentas municipales. En conjunto, se pagan hasta 16 tributos y tasas vinculados a la vivienda, desde los solares y la promoción a la compra, la venta y las herencias. Así, los impuestos representan el 25% del precio final de una vivienda. La injusticia es que autonomías y Ayuntamientos apenas gastan esta enorme recaudación en vivienda, aunque les salva sus cuentas. Lo normal sería que las instituciones públicas destinaran al menos un 25% de lo que recaudan (15.000 millones) a ayudas y promoción de vivienda, cuando ahora gastan menos de la mitad. Y que bajaran los impuestos a la promoción de viviendas protegidas (VPO), sobre todo a las destinadas a alquiler y primera vivienda de familias y jóvenes. No pueden ordeñar la vaca y luego no alimentarla.

                  La vivienda recauda 60.000 millones anuales y sólo se invierten 7.614 millones

La vivienda es una gran “vaca fiscal”, que permite a las distintas Administraciones públicas recaudar una parte importante de sus ingresos. Se estima que el 25% del precio final de una vivienda en España son impuestos, según un estudio de Fedea. Y si consideramos todo el proceso, desde el suelo, las licencias de obra, la promoción, las compraventas y hasta las donaciones o herencias, la vivienda paga hasta 16 tributos al Estado central (Hacienda), las autonomías y los Ayuntamientos, suponiendo el 62% del precio final. S estima que en 2024, la vivienda permitió recaudar 52.200 millones de euros en España, el 6,9% de toda la recaudación. Y con ello, somos el 4º país de la OCDE que más recauda con la vivienda, sólo tras Luxemburgo (9,7% de sus ingresos), Francia (8,1%) y Bélgica (7,7%), muy por encima de Italia (5,7%), Portugal(4,3%), Paises Bajos (3,9%) o Alemania (2,8%).

El Estado central (Hacienda) es, comparativamente, el que menos recauda con la vivienda. La compra de viviendas nuevas paga el IVA (10%, salvo el 6,5% en Canarias y el 4% las viviendas protegidas, VPO), que abona el comprador. Se estima que la recaudación del IVA por la vivienda supone unos 11.000 millones al año y  la mitad (de todo el IVA recaudado) se transfiere a las autonomías. Además, Hacienda ingresa en el IRPF por varios conceptos ligados a la vivienda, desde la plusvalía conseguida por una venta (que tributa de forma progresiva según su importe, salvo que se destine a comprar otra vivienda habitual) a los ingresos por alquileres o una parte del valor catastral de las viviendas no habituales.

Las autonomías recaudan mucho más que Hacienda con la vivienda, unos 20.736 millones anuales, ya que además de la mitad del IVA (5.500 millones ligados a la vivienda), recaudan dos impuestos importantes: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAD), ambos pagados por el comprador de la vivienda a la Hacienda autonómica, dos impuestos que recaudan 12.300 millones anuales. Y también recaudan por el impuesto del patrimonio y sucesiones (ambos muy vinculados a la vivienda).

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) es el que paga el comprador de una vivienda de 2ª mano (las nuevas pagan IVA), un impuesto que aplica un porcentaje al valor de venta que es muy desigual por autonomías: el más bajo se paga en Madrid y Navarra (6%), seguidos de Canarias (6,5%), País Vasco, la Rioja y Andalucía (7%), Galicia y Murcia (8%), Aragón, Asturias y Castilla y león (8 al 10%), Extremadura (8 al 11%), Baleares (8 al 13%), Cantabria y Castilla la Mancha (9%), Comunidad Valenciana (10 al 11%) y Cataluña (10 al 11%). El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IJD), que también paga el comprador, grava la firma de escrituras notariales e hipotecas (los aranceles y gastos notariales son aparte). Los tipos que se aplican también varían por autonomías: los más bajos se pagan en Navarra (0,5%), Canarias y Madrid (0,75%), seguidos de la Rioja (1%), Andalucía y Asturias (1,2%), mientras las 11 autonomías restantes cobran un 1,5%.

Además, las autonomías recaudan otros dos impuestos donde la vivienda tiene un gran peso: el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. En el impuesto sobre el patrimonio, los datos fiscales reflejan que los bienes inmuebles representan el 40% del patrimonio declarado. Así que si las autonomías  recaudan 1.926 millones con este impuesto, 770 millones son por la vivienda. Y la recaudación varía también entre autonomías, porque hay 6 donde no se paga patrimonio porque lo tienen bonificado al 100% (Madrid, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Murcia y la Rioja), mientras en el resto se paga entre el 0,21 y el 3,75% del patrimonio imponible (suele haber mínimos exentos).

El otro gran impuesto autonómico es el impuesto de sucesiones y donaciones, que se paga al donar una vivienda o recibirla en herencia. El tipo que se paga varía también mucho entre autonomías: algunas comunidades (como Madrid, Andalucía, Baleares o Cantabria) aplican bonificaciones de hasta el 99% de la cuota tributaria para cónyuges, ascendientes y descendientes. En el otro extremo, regiones como Asturias, Castilla-La Mancha o Murcia son tradicionalmente más gravosas. Al final, las autonomías recaudan por este impuesto 3.130 millones anuales y se estima que la mayor parte (el 60%) procede de la transmisión de bienes inmuebles (serían 1.878 millones).

Si sumamos, la recaudación de estos dos grandes impuestos (unos 12.588 millones en 2025, +36% que en 2019) más la parte autonómica del IVA ligada a la vivienda (5.500 millones), la parte de la recaudación del patrimonio por inmuebles (770 millones) y la recaudación por sucesiones y donaciones vinculada a la vivienda (1.878 millones), resulta que las autonomías recaudan cada año 20.736 millones gracias a la vivienda, lo que supone un tercio de toda la recaudación pública ligada a la vivienda y el 14% de sus Presupuestos anuales.

Los que más ganan con la recaudación ligada a la vivienda son los Ayuntamientos. Recaudan cada año dos impuestos clave, el IBI y la plusvalía municipal, más otros impuestos por obras y licencias y las tasas de basuras. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) lo pagan cada año los dueños de viviendas y locales (38,9 millones de inmuebles), recaudando 13.412 millones en 2024, un récord histórico. El IBI sube calladamente cada año, tanto por la actualización de los valores catastrales (se revisan cada 10 años) como por los tipos que se aplican sobre ese valor, que también suben (entre el 0,2 y el 0,9% anual) y son muy diferentes entre municipios: oscilan entre el 0,4 y el 1,1 % para inmuebles urbanos (0,414% en Madrid, 0,660% en Barcelona y 0,578% en Valencia) y entre el 0,3 y el 0,9% para inmuebles rústicos. Las subidas del IBI han hecho que el recibo medio pase de 211 euros en 2006 a 324 en 2019 y 344 euros en 2024. Y hay grandes diferencias: donde se paga más IBI es en Madrid (646 euros de media), Barcelona (640), Ibiza (463), Málaga (326), Palma (324), Sevilla (285) y Valencia (284 euros).

El otro impuesto municipal ligado a la vivienda es la plusvalía municipal (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, IIVTNU), que paga el promotor de la vivienda o el vendedor. Recaudó 1.861 millones de euros en 2024. Se calcula aplicando un tipo fijo del 0,15% sobre el valor de la vivienda y ha subido mucho desde 2020: un +275% en Barcelona, un +305% en Málaga y Zaragoza, un +500% en Sevilla y un +650% en Madrid, según los promotores de ASPRIMA, que lo achacan más a un cambio en el método de cálculo del impuesto que a la tremenda revalorización de las viviendas. Los promotores se quejan de que este impuesto no se adapta a los distintos mercados y no permite la deducción de costes de promoción y urbanización. Y aunque lo pagan los promotores, al final se lo repercuten al comprador: en una vivienda nueva de 300.000 euros, el impuesto de plusvalías que se paga ha pasado de 1.296 euros en 2020 a 6.480 euros en 2025.

Hay un tercer impuesto municipal ligado también a la vivienda, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava cualquier obra que exija  licencia urbanística o declaración responsable y que paga el dueño de la obra o el constructor (que se lo cobra al propietario). Se aplica un tipo sobre el coste real de la obra (sin IVA, tasas, honorarios profesionales y beneficio del contratista), tipo que oscila según los Ayuntamientos (el máximo legal, el 4%, se aplica en Barcelona mientras Madrid tiene el 3,75%). En total, los Ayuntamientos recaudan por este ICIO 1.000 millones anuales.

Otro impuesto municipal ligado a la vivienda son las tasas por las licencias urbanísticas, que pagan los promotores y repercuten luego en el precio final de la vivienda: suponen 456 millones al año. Y no podemos olvidar las tasas municipales de basuras, que pagan anualmente los propietarios de viviendas y locales. En 2025 subieron estas tasas, por exigencia de la Comisión Europea, con un recibo medio de 116 euros, que varía mucho según las ciudades y los barrios: se pagan más de 200 euros en Valencia (287), Girona (238), Tarragona (236), Palma (209) y San Sebastián (206), menos en Madrid (144 euros) y Barcelona (102) y son bajas en Toledo (56 euros) o Palencia (57). En conjunto, los Ayuntamientos recaudan 3.500 millones anuales por las basuras.

Si sumamos los ingresos municipales por el IBI (13.412 millones en 2024), el primer impuesto municipal (aporta el 66% de los ingresos totales), las plusvalías municipales (1.861 millones, el 8% de la recaudación total), el ICIO (1.000 millones, el 4,3%) , las tasas por licencias (456 millones, el 2% de los ingresos) y la tasa de basuras (3.500 millones), salen 20.229 millones de recaudación municipal ligada a la vivienda, el 87% de todos sus ingresos. Así que la vivienda es la clave para la subsistencia financiera de los Ayuntamientos españoles.

A cambio, los Ayuntamientos apenas invierten ni gastan en vivienda, como tampoco las autonomías, siendo también baja la inversión estatal (que es la mayoría). En conjunto, la inversión en vivienda fue de 7.614 millones de euros en 2025 (la mayoría con Fondos europeos, no españoles), el 0,45% del PIB, muy por debajo de la inversión pública en vivienda en la mayoría de Europa (oscila entre el 1 y el 3,5% del PIB). A lo claro: que España es el 4º país europeo que más “ordeña” fiscalmente a la vivienda (más de 60.000 millones de ingresos anuales, la mayoría autonomías y Ayuntamientos) pero es también uno de los que menos gasta (y la mayor parte del gasto en ayudas, no en promoción de vivienda).

El Estado central, aunque gasta poco es el que más invierte en vivienda. El Gobierno Sánchez ha multiplicado por 7 su inversión, de los 457 millones que gastó Rajoy en 2017 a 3.500 presupuestados en 2025. Y en el último Plan de vivienda 2022-25, la aportación estatal fue de 1.443 millones de euros (el 72% del total), mientras las autonomías solo aportaron el 28% restante (561 millones, el 2,7% de los que recaudan cada año con la vivienda). Ahora, el Gobierno ha aprobado el Plan de Vivienda 2026-2030, con un gasto total de 7.000 millones, a cambio de que las autonomías aumenten su gasto al 40% (2.800 millones en 5 años, todavía sólo el 13,6% de lo que recaudan con la vivienda cada año.

Las autonomías, aunque recaudan mucho con la vivienda, apenas invierten en vivienda: poco en ayudas y casi nada en promoción. Y el 70% de lo que invierten se lo transfiere el Estado central, por lo que les corresponde del IVA y otros impuestos. Los datos son escandalosos. Las autonomías que más gastaron en vivienda, entre 2021 y 2024, fueron Cataluña (1.971 millones), Andalucía (1.688 millones) y Comunidad Valenciana (1.459 millones), siendo muy baja la inversión de Castilla y León (174 millones), Cantabria (102) y Murcia (78). Y la mayoría de estas ayudas son incentivos fiscales a compradores y ayudas a inquilinos, dado que se ha desplomado la promoción de vivienda (VPO) de las autonomías. Así, en 2025, Cataluña calificó 3.517 viviendas VPO, Andalucía 2.265 y Madrid 2.048 (2 de cada 3 de promoción privada), siendo CERO las VPO promovidas en la Rioja, Murcia, Canarias y Cantabria…

Los Ayuntamientos, aunque son los grandes beneficiarios de los impuestos a la vivienda, invierten aún menos: una media de 85 euros por habitante al año, menos en Madrid (41 euros/habitante: 224,6 millones invertidos en vivienda al año) y más en Barcelona (125 euros/habitante: 240 millones invertidos al año). Así que los Ayuntamientos españoles, que tienen un tercio del suelo urbanizable inmovilizado, apenas invierten en vivienda (algunos menos que en las fiestas locales…), a pesar de cobrar ingentes impuestos por ella. Y además, han acumulado en los últimos años un superávit de 11.500 millones, que tenían inmovilizado y que ahora Hacienda les permite gastar en parte en infraestructuras, energía, industria y vivienda. Una buena medida sería destinar este “superávit” a promover viviendas en alquiler asequible: cuestan entre 100.000 y 225.000 euros cada una, según las zonas, así que daría para construir unas 65.000 viviendas. No son pocas.

Al final, hay muchos impuestos a la vivienda, que la encarecen y no se aprovechan para promover más viviendas asequibles. Así que muchos expertos proponen dos medidas. Una, reducir los impuestos que paga la vivienda, algo que ha propuesto incluso la Comisión Europea. El estudio de Fedea propone rebajar el IVA, del 10% actual al 4% o al 0% para promover viviendas destinadas a alquileres asequibles y las que se destinen a la 1ª vivienda de jóvenes y familias con bajos recursos. Además, proponen también ajustar el ITP (unificando tipos) y suprimir el AJD, corrigiendo las desiguales deducciones por vivienda en el IRPF estatal y en las autonomías. La otra medida sería que autonomías y Ayuntamientos se comprometieran a invertir en vivienda el 25% de lo que recaudan con ella: si lo hicieran, invertirían 10.000 millones entre ambas, 10 veces más que ahora.

En resumen, tenemos un grave problema de vivienda pero el ladrillo es una vaca fiscal, que consigue un alto porcentaje de la recaudación que hacen autonomías y Ayuntamientos, aunque después apenas gastan una mínima parte de estos ingresos en la vivienda, tanto en ayudas como en promoción (apenas promueven viviendas). Si bajaran estos impuestos, las viviendas podrían ser un 10% más baratas. Y si destinaran un 25% de lo que recaudan con la vivienda a ayudas y promoción, tendríamos más viviendas. Así que tomen nota. Y también nosotros, a la hora de votar en las municipales y autonómicas de 2027.

Renta 2025: pagan más los de siempre

Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más, porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44%  del total) y los que pagan la Renta son básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar), sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan. Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere, con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación. Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente imposible.

                            Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908 millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093 millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los trabajadores con ingresos bajos y medios  (sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren. Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar especialmente los movimientos en la Red.

Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra, “deflactaron” la tarifa autonómica del IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000 euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña, Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.

El IRPF se consolida como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%) de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92% sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de 31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).

El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF, es el IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y +26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30 años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096 millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y +64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron 22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4 grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).

Lo que pagamos al declarar el IRPF se ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9% entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa más alta en el IRPF.

Funcas estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros extras, según el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207 euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500 euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha rechazado “deflactar” la tarifa porque dice que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.

La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1% en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales, era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia (41,9% y Suecia (41,5%). En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del  12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según Funcas.

Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas (20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84% del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el 23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el 18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.

Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente sistema fiscal, España recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.

Los datos son inapelables: en 2025, la Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el 42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, , el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF, además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene, algo que ahora no pasa. Eso obliga a una reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.

Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

España y el lastre de la "economía sumergida"

Pandemia, guerra de Ucrania, inflación disparada, nevada Filomena, volcán de la Palma, dana de Valencia, apagón eléctrico… Problemas y catástrofes que nos han revelado la importancia de los servicios públicos y la necesidad de que el Estado funcione. Pero eso exige contar con medios y personal, gastar más con eficacia. Y como cada vez tenemos más necesidades, hay que recaudar más para pagar lo que hace falta, para tener un país más seguro. El problema de España es que recaudamos menos que el resto de Europa, aunque parezca que nos fríen a impuestos. Pero hay mucho fraude. Y una parte es la “economía sumergida”, las actividades que no se declaran ni pagan impuestos. Un reciente informe señala que España es el tercer país europeo con más “economía sumergida, un 24% del PIB. Si aflorara y pagara impuestos, esta economía “oculta” aportaría 57.300 millones más de recaudación, que buena falta nos hace. Urge pactar un Plan para legalizar esta parte de la economía y que pague impuestos.

España tiene un problema fiscal de fondo, reiterado en este blog: recaudamos por impuestos menos que la mayoría de Europa, lo que nos obliga también a gastar menos que otros paises. En 2024, España recaudó el 42,4% de lo que produjo (PIB), frente al 46,1% que ingresó de media la UE-27, el 46,8% de su PIB que ingresó Alemania, el 46,9% de Italia y el 51,3% que recaudó Francia, según los datos de la Comisión Europea. A lo claro: que ingresamos 58.946 millones de euros menos de lo que nos correspondería según la media europea. Y 70.000 millones menos que si recaudáramos como  Alemania, 71.691 millones menos que Italia y 141.789 millones menos que si recaudáramos como Francia. Y por eso, también podemos gastar menos que ellos: el 45,4% del PIB frente al 49,2% de gasto en la UE-27.

¿Por qué recaudamos menos que la mayoría de Europa?  Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y recaudamos menos en todos los impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% la UE-27, el 9% que recaudan Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% en Dinamarca. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. La culpa es del exceso de productos con el IVA reducido (al 10%) o superreducido (4%). En el impuesto de Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa: el 2,3% del PIB, por debajo del 2,5% que recauda la zona euro. Otra vez, la culpa son las enormes exenciones y beneficios fiscales, que restan recaudación. Y en los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también España recauda menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos, debido a que el tabaco, el alcohol y los carburantes pagan menos impuestos en España. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

Un culpable claro de que recaudemos menos es que tenemos mucho fraude fiscal, en todos los impuestos pero sobre todo en el IVA y sociedades (empresas). Y una parte de ese fraude se debe a que una parte importante de la actividad económica en España está “oculta”, no paga impuestos ni cotizaciones. Son empresas y autónomos que no declaran todos sus ingresos, compras y servicios que no pagan el IVA o trabajadores que cobran “en negro” una parte de su sueldo o sus horas extras. Es la llamada “economía sumergida”, que se estimaba en el 16,9% del PIB en 2021 (235.000 millones de euros), según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), quienes estiman que hay 4,3 millones de “empleos sumergidos”, que no cotizan ni pagan impuestos.

Pero hace poco se ha publicado un informe del CEPR que eleva el peso de la economía sumergida en España hasta el 24% del PIB, lo que nos colocaría como el tercer país europeo con más economía sumergida, sólo por detrás de Grecia (36% del PIB) e Italia (31%), empatados con Portugal (24% del PIB) y por delante de Francia (14% del PIB “sumergido”), Alemania (13%), Finlandia (10%), Suecia ()6%), Dinamarca o Austria (9%). Eso significa que casi la cuarta parte de lo que producimos (381.990 millones en 2024) no pasa por la caja de Hacienda ni de la Seguridad Social, está “oculta”. De ser el dato cierto (es una estimación, obtenida al comparar los ingresos por IVA y las encuestas de consumo), son 381.990 millones que no pagan impuestos ni cotizaciones. Sólo con que pagaran de media un 15% de impuestos, España recaudaría 57.300 millones más… Un dinero que nos vendría muy bien para fortalecer el Estado y los servicios públicos.

El Gobierno ha dicho en los últimos años que la pandemia y las ayudas posteriores a trabajadores y empresas (ERTEs) y a las familias más necesitadas (subvenciones e ingreso mínimo vital) han servido para “aflorar” una parte de la economía sumergida, que se ha “regularizado” para poder acceder a esas ayudas. De hecho, sus datos reflejan que entre 2020 y 2022 afloraron 285.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social (250.000 eran asalariados y otros 35.000 autónomos que no se afiliaban). Puede ser que las ayudas postpandemia hayan llevado a empresas y trabajadores a “legalizarse”, pero este reciente estudio europeo del CEPR revela que España es el país donde más creció la economía sumergida entre 1999 y 2020: +7% (del 17 al 24%), frente al 1% que creció en Italia y Alemania, el 2% que creció en Francia y el 4% que creció en Portugal.

¿Dónde se concentra la economía sumergida? Básicamente, en la agricultura, en los “arreglos” de la construcción, el servicio doméstico y empresas de limpieza, la hostelería, inmobiliarias, peluquerías, talleres y transporte según un estudio de la Universidad de Murcia, que revela un mayor porcentaje de economía sumergida en Canarias, Andalucía, Extremadura y Murcia. En líneas generales, esta “economía sumergida” no declara trabajos hechos por empresas y autónomos, ni parte de sueldos y horas extras, ni alquiles ni ventas (en muchos casos declaradas por debajo de su valor). Este fraude recorta los ingresos por IVA, lo que hay que declarar por IRPF y los impuestos a pagar por módulos y sociedades.

Hay “5 prácticas tipo” que son las más utilizadas por la economía sumergida en España: trabajos sin contrato ni alta en SS (el 32% de los jóvenes de 16 a 24 años han recibido dinero “en B” en los últimos años, frente al 11% de todos los trabajadores, según InfoJobs), autónomos que trabajan sin darse de alta ni declarar ingresos, actividades “informales” al margen de la legalidad (venta ambulante, reparaciones, mantenimiento, comercio “informal”…), subcontratas opacas que trabajan para empresas legales y pagos en efectivo no declarados. Y también, una parte de los parados hacen “chapuzas”, trabajos no declarados. Muchos de los que no declaran sus ingresos lo justifican en la alta fiscalidad que hay en España (ojo: menor a la de la mayoría de Europa) y a las elevadas cotizaciones sociales.

La Comisión Europea lleva años llamando la atención a España por su baja recaudación fiscal, el elevado fraude y el gran peso de la economía sumergida. Ya en 2018, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez prometió reformar la fiscalidad (no ha conseguido aprobar una reforma fiscal, sólo “parches” y subida de impuestos a energéticas y bancos), establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de Sociedades (aprobado por el Gobierno en junio de 2024 y aprobada en diciembre por el Congreso) y “combatir la economía sumergida”.

Para cumplir con las exigencias de Bruselas, el Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, incluyó un apartado, el Componente27, con “medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”. Ahí se incluía el compromiso de aprobar una Ley contra el fraude fiscal, aprobada por el Congreso en junio de 2021, que incluyó algunas medidas contra la economía sumergida: se limitó el pago en efectivo a 1.000 euros (desde 2.500), se prohibió el software de doble uso (programas informáticos que permiten manipular la contabilidad y pueden usarse por las empresas para ocultar parte de su actividad), se estableció un mayor control sobre las criptomonedas y contra la elusión en paraísos fiscales.

En paralelo, los Planes anuales de inspección de Hacienda están muy centrados en vigilar a empresas y autónomos inmersos en la economía sumergida, aunque los resultados no parecen muy fructíferos. Así, en 2023, Hacienda descubrió ventas ocultas por importe de 466 millones de euros, tras 2.317 actuaciones dirigidas a aflorar la economía sumergida, con sanciones impuestas a 1.200 contribuyentes, según la Agencia Tributaria . Y en 2024, el Plan de inspección de Hacienda se ha centrado en vigilar a los profesionales que manejan mucho efectivo y los que impiden el pago con tarjeta, además de rastrear a empresas, autónomos y profesionales de los que hay sospechas de falseo de ventas o manipulación de existencias, junto a la detección de facturas falsas. Otra medida importante, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, es la obligación de enviar a Hacienda las facturas digitales que emitan las empresas y autónomos que facturen menos de 6 millones de euros al año.

La lucha contra la economía sumergida no es sencilla y exige Planes y medios. El Comité de Sabios que preparó en 2022 un informe con propuestas para una reforma fiscal (y que está en el cajón de Hacienda, por la imposibilidad política de pactar una reforma) ya propuso la creación de una Unidad Permanente de análisis del cumplimiento tributario, dentro del Instituto de Estudios Fiscales, unidad que no se ha creado. Además, los técnicos de Hacienda(Gestha) insisten en que hace falta reforzar la Agencia tributaria, porque tiene pocos inspectores para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida: son 7.198 funcionarios en funciones de auditoría, investigación y control, frente a 12.834 en Francia o 24.533 en Alemania.

Los expertos apuestan por aprobar un Plan contra la economía sumergida, que cuente con más personal de investigación y más herramientas digitales, entre ellas la Inteligencia Artificial (IA) y el refuerzo de la digitalización de datos, para ser más eficientes en la detección de la economía oculta, con incentivos a los que regularicen su situación fiscal. Necesitamos con urgencia más recaudación fiscal (no menos, como defienden el PP y Vox con su cantinela de “bajar impuestos”), para afrontar las necesidades que tenemos para digitalizar y descarbonizar la economía, mejorar la innovación y la tecnología y reforzar los servicios públicos, la Defensa y la Seguridad, en especial los servicios de protección civil, para afrontar con mejores resultados las futuras “emergencias” (que vendrán).

No podemos permitir que la cuarta parte de la economía (“sumergida”) no pague y arrime el hombro, porque eso nos quita recursos necesarios y obliga a la mayoría a pagar más impuestos de los que debería, mientras muchos se escaquean. El debate no es subir o bajar impuestos sino quien tiene que pagar más porque no paga (poco o nada). Y recordemos: pagar impuestos hoy (todos, no los de siempre) es la garantía de que nos van a atender mañana.

Renta 2024: pagamos los de siempre

Queda hasta finales de junio para presentar la Renta (IRPF), por los ingresos en 2023, aunque a 2 de cada 3 contribuyentes les sale a devolver (les retuvieron de más). Todos pagamos IRPF, pero sobre todo los que viven de un sueldo y las clases medias, quienes ingresan entre 30.000 y 60.000 euros al año. Lo preocupante es que el IRPF gana peso cada año y supone el 44,3% de toda la recaudación, creciendo más que el IVA (mucho fraude), mientras Sociedades (lo pagan las empresas) recauda un 22% menos que en 2007. A lo claro: casi la mitad de los impuestos los pagamos quienes vivimos de un trabajo o pensión, con el IRPF, mientras empresas, ahorradores y ricos pagan poco. Eso explica que recaudemos 52.000 millones menos cada año que la media UE. Bruselas ha pedido a España una reforma fiscal, con cambios en el IVA, impuestos verdes y exenciones, para recaudar más. Pero no está el horno político para acordar una necesaria reforma fiscal.

                    Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 23.281.000 declaraciones de la Renta (IRPF), por los ingresos que tuvimos en 2023, un 1,2% más que en 2023. Pero la mayoría de contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque les sale la declaración a devolver: son 14.610.650 contribuyentes (el 63%), que ya están recibiendo 11.650 millones de euros, porque les retuvieron de más en 2022 (más bien, les retuvieron lo que debían pero ahora se deducen por muchos conceptos, desde hijos a gastos y deducciones autonómicas). Al otro tercio de los contribuyentes, a 7.092.000 declarantes, les sale a pagar el IRPF este año, un total de 18.908 millones de euros: pagarán un +12,2% que el año pasado, porque Hacienda espera que declaren más ingresos por dividendos, intereses, ganancias en Bolsa y mayores salarios.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades, salvo que se reduce la aportación deducible a los Planes de pensiones (de 2.000 a 1.500 euros) y que las mujeres con niños menores de 3 años que no trabajan pueden cobrar la ayuda por maternidad de 100 euros mensuales por hijo (hasta ahora, sólo la recibían las mujeres que trabajaban). Eso sí, hay una novedad importante en las autonomías, que tienen competencia sobre la mitad de la tarifa del IRPF y las deducciones autonómicas: 7 autonomías gobernadas por el PP (algunas con VOX) han “deflactado” la tarifa del IRPF, la han bajado para compensar la subida de la inflación en 2023 (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana). Y otras dos autonomías (Aragón y Extremadura) han cambiado las tarifas autonómicas del IRPF, bajando el tipo mínimo y subiendo el tipo máximo. Además, la mayoría de las autonomías han retocado deducciones y exenciones en el IRPF.

Estos cambios fiscales autonómicos provocan que el pago del IRPF sea muy diferente según el domicilio fiscal, como revela cada año un estudio del Consejo de Economistas y Asesores Fiscales. El último revela que las rentas más bajas tributan menos por IRPF en la Comunidad Valenciana (29,47 euros paga un soltero que gane menos de 16.000 euros) y Madrid (29,47 euros) y donde más en el País Vasco (960 euros) y Navarra (851,56 euros). Las rentas medias (entre 30.000 y 70.000 euros) pagan más en Cataluña (5.039-19.200 euros), Comunidad Valenciana (4.803-19.213 euros)  o Aragón  (4.882-18.861 euros) y menos en País Vasco (4.547-17.726 euros) y Madrid (4.600-17.981 euros). Y los más ricos (ingresos superiores a 110.000 euros) pagan más en la Comunidad Valenciana (38.741-298.000 euros), Navarra (32.214-286.604), La Rioja (37.258-285.303) o Cataluña (37.087-277.311) y mucho menos en Madrid (35.181-251.768 euros), País Vasco (35.097-272.792 euros) y Murcia (36.387-262.773 euros).

Parece una buena noticia que muchas autonomías bajen la tarifa del IRPF (la “deflacten” para compensar la inflación) y suban las deducciones por distintos temas (vivienda, guardería, libros, uniformes, paneles solares, seguros médicos…). Pero hay dos “peros”. Uno, que rebajar la tarifa del IRPF para compensar la inflación (algo que el PP lleva exigiendo al Gobierno Sánchez desde 2021) es “socialmente injusto”, porque beneficia más a los contribuyentes con más renta, según demuestran los expertos fiscales. Así, la deflactación reduce 100 euros el IRPF que pagan los que ingresan menos de 20.000 euros, 205 euros al que declara 30.000 euros, 345 euros al que ingresa más de 45.000 y ahorra 545 euros al que declara 70.000 euros o más.

El otro “pero” es que estas menores tarifas y mayores deducciones restan muchos ingresos a las autonomías. Los expertos cifran en 5.700 millones la merma de ingresos autonómicos   sólo en 2022 por las rebajas fiscales que aprobaron, una cifra que subirá en 2023. Y esto choca con las necesidades crecientes que tienen las autonomías en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. No es casualidad que Madrid, la autonomía que lleva años “bajando impuestos”, sea también la comunidad que menos gasta en sanidad (1.248 euros por habitante frente a 1.538 de media) y en educación (896,98 euros frente a 1028,91) y la 6ª por la cola en gasto social  (323,36 euros frente a 372,23 de media), según los Directores de Servicios Sociales.

¿Quién paga el IRPF? Los datos de la Agencia Tributaria, referidos a la Renta presentada en 2021 (22.048548 declaraciones), lo evidencian: el 84,95% de los ingresos declarados son rentas del trabajo. A lo claro: quienes pagamos la Renta somos los trabajadores, los que vivimos de un salario o de una pensión (100% controlables). El 15% restante procede de rendimientos de viviendas, acciones o inversiones, así como de actividades económicas (empresarios y autónomos). A la hora de concretar quién paga, la mayor parte de la recaudación del IRPF (60,22%) la aportan las rentas medias y bajas, según Hacienda: un 23,05% lo pagan los que ingresan menos de 30.000 euros (16,58 millones de contribuyentes, a los que la declaración les sale negativa o a pagar entre 544 y 3.810 euros) y otro 37,17% de la recaudación la aportan los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros (4,4 millones de contribuyentes, que pagan 8.142 euros de media en el IRPF). Y el resto, los que ganan más de 60.000 euros (1.042.402 contribuyentes) aportan el 39,78% de la recaudación del IRPF. De ellos, la minoría que ganan más de 601.000 euros (12.178 contribuyentes) aportan el 6,74% de la recaudación total (y pagan de media 534.730 euros).

Estos datos, que reflejan como los salarios y las pensiones son los que pagan el IRPF, los intuíamos. Pero lo que quizás no sabemos es que al pagar la Renta, los contribuyentes pagamos casi la mitad de todos los impuestos que se recaudan en España. El IRPF ha ganado peso año tras año y se consolida como el primer impuesto, ingresando en 2023 el 44,23% de toda la recaudación: 120.280 millones de los 271.935 millones recaudados en total, según la Agencia Tributaria. Un porcentaje que ha crecido imparable, desde el 36,18% que aportaba a la recaudación en 2007 al 40,83% en 2019 y al 44,23% en 2023 (el mayor salto se da tras la pandemia). Con ello, la recaudación por IRPF es la que más ha crecido, un +65,64% en 16 años, desde los 72.614 millones en 2007 a los 120.280 recaudados en 2023.

En ese tiempo, la recaudación total ha crecido casi la mitad que la del IRPF, sólo un +35,5%, desde los 200.676 millones en 2007 a los 271.935 millones en 2023. Y eso, porque los demás impuestos han crecido menos que el IRPF. Por un lado, el IVA que pagamos por casi todo, cuya recaudación ha crecido un +46,7% (de 57.287 millones en 2007, cuando aportaba el 28,54% de la recaudación, a los 83.909 millones aportados en 2023, el 30,85% del total). Una recaudación que crece y aporta mucho menos que el IRPF porque se ha reducido el tipo de IVA a muchos productos y servicios (tarifa reducida o baja) y por el alto fraude que existe. Pero el gran problema lo tenemos en el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas: recauda ahora -21,78% que hace 16 años (35.060 millones en 2023, el 12,89% del total de impuestos, frente a 44.823 millones en 2007, cuando aportaba el 22,3%).. Y también ha bajado, más desde 2019, la recaudación por impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco, matriculaciones), que aportan 20.757 millones de ingresos (el 7,7% de la recaudación) y los impuestos medioambientales y otros, que sólo aportan 11.929 millones (el 4,3% del total de la recaudación), según la Agencia Tributaria.

Así que los trabajadores y pensionistas pagamos muchos más impuestos que en 2007 (y que en 2019), mientras las empresas pagan menos, aunque sus beneficios son ahora mayores (300.000 millones en 2023 frente a 218.000 millones de beneficios en 2007). Este desajuste, que las empresas paguen ahora un 21,87% menos de impuesto de Sociedades que en 2007 (cuando en el IRPF pagamos un 65,4% más) se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar y Zapatero a Rajoy, han ido reduciendo el tipo efectivo de este impuesto, como también otros paises, para ayudarles a competir. Y lo han hecho por dos vías. Una, con múltiples exenciones y deducciones fiscales, sobre todo para los grandes grupos, los más endeudados y los que operan en el extranjero. Eso ha permitido que las empresas españolas sólo tributen por 3 de cada 5 euros de beneficios (¡me lo pido para el IRPF¡). Y así, el tipo efectivo que pagaron sobre su resultado contable fue del 12,3% en 2023, menor al que pagamos en el IRPF (13,60%), según la Agencia Tributaria. Además, los grandes grupos empresariales (son 143) pagan mucho menos: pagaron un tipo efectivo del 4,98% sobre beneficios (y un 6,67% todos los grupos, no sólo los grandes). Además, usan otra vía: muchas grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos porque todavía se benefician de los “créditos fiscales” que les concedió Hacienda por tener pérdidas en la crisis financiera, créditos de los que todavía “echan mano” para pagar menos.

El 60% de los españoles “piensan que los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos”, según una reciente Encuesta de Intermón Oxfam. Los datos anteriores lo demuestran. Y en cuando a los más ricos, utilizan “empresas pantalla”, SICAV (pagan el 1% de las plusvalías generadas) y paraísos fiscales para “eludir” impuestos (es más fino y legal que evadir). Además, los más ricos que presentan el IRPF también pagan menos porque una parte importante de sus ingresos son dividendos e intereses que pagan un tipo del 19 al 28% (según el importe recibido), un tipo mucho menor al tipo máximo del IRFP (del 45 al 54%).

Al final, la Renta y los otros tres grandes impuestos (IVA, Sociedades e impuestos especiales) aportan el 95% de toda la recaudación fiscal (260.006 millones de euros en 2023), pero casi la mitad lo aporta el IRPF.  Y si contamos todos los impuestos, la presión fiscal en España (recaudación/PIB) fue del 24,1% del PIB en 2022, todavía por debajo de la europea (27,1%), aunque la mayoría cree que pagamos más impuestos. No es así ni sumando el pago por cotizaciones sociales: impuestos más cotizaciones suponen un 38,3% de presión fiscal en España (2022), frente al 41,2% en la UE-27 y el 41,9% en la zona euro.

Eso sí, esta presión fiscal no es igual para todos. ¿Quién paga más impuestos? La respuesta es la misma que para el IRPF: las clases medias y medias altas, según este informe de FUNCAS, que revela algo llamativo: el 1% de españoles más ricos (189.000 familias que ingresan 426.228 euros de media) pagan menos impuestos (el 23,9% de sus ingresos) que el 20% de españoles más pobres (3,78 millones de hogares que ingresan 10.884 euros), que pagan el 28,2% de sus ingresos. El 2º grupo más pobre (23.843 euros de renta) paga el 29,4% en impuestos, el 3º (37.636 euros) paga el 33,1%, el 4º (56.606 euros) paga el 36,2%, el 10% siguiente (81.241 euros) y el 9% restante (129.549 euros de ingreso medio) pagan el 39,9% de su renta en impuestos, son los que tienen la mayor presión fiscal.

Esta desigualdad fiscal, la caída de recaudación en Sociedades y el bajo aumento en  el IVA (frente a lo mucho que crece en el IRPF) explica el problema fiscal de fondo que tiene España, ahora y hace décadas: recaudamos menos que la mayoría de Europa, en relación con lo que producimos (PIB). Entre 2015 y 2019, recaudábamos el 38,7% del PIB y la UE-27 un 46,2% (-7,5% de “brecha fiscal”). En 2023, subió el porcentaje de recaudación en España (al 42,8% del PIB) y se mantuvo en Europa (45,9%), lo que mantiene la “brecha fiscal”, aunque ahora es menor (-3,6% frente a la UE, -3,3% frente a Alemania , -5% frente a Italia y -9,1% frente a Francia, que recauda el 51,9% de su PIB). Eso significa que el año pasado, España recaudó -52.632 millones de euros menos que la media europea. Y -48.246 millones menos que Alemania, -73.100 menos que Italia o -133.042 millones menos que Francia.

España recauda menos y por eso podemos gastar menos y tenemos más déficit. De ahí que todos los organismos internacionales, desde la OCDE y el FMI a la Comisión Europea llevan años pidiendo a España que recaude más, por tres vías: revisando los tipos de IVA (hay demasiados productos y servicios pagando el tipo reducido del 10% y el mínimo del 4%) y reduciendo el fraude, suprimiendo deducciones y exenciones en el IRPF y Sociedades y aprobando nuevos impuestos verdes y aumentando los ambientales y especiales. Y en abril pasado, el vicepresidente de la Comisión Europea (Valdis Dombrovskis) le recordó al Gobierno que “España debe recabar apoyos para reformar la fiscalidad”, no sólo porque es una de las reformas comprometidas (para este año) a cambio de recibir los Fondos Europeos, sino porque España sólo podrá reducir su déficit y su deuda a medio plazo si aumenta su recaudación (o recorta el gasto), lo que exige aprobar una reforma fiscal.

La reforma fiscal que nos exige la Comisión ya la perfiló en marzo de 2022 un Comité de Expertos independiente, que elaboró un informe (por encargo del Gobierno) sobre los cambios que habría que hacer en todos los impuestos para aumentar la recaudación y mejorar su progresividad y eficacia, propuesta que Hacienda metió en un cajón por la invasión de Ucrania. Podría ser un buen punto de partida para elaborar esa necesaria reforma fiscal, pero hay un obstáculo que parece insalvable: la polarización política y los duros enfrentamientos entre la oposición y el Gobierno, que imposibilitan cualquier acuerdo de reforma fiscal. Para desgracia de los que sí pagamos impuestos.