Cotizaciones autónomos: mucha demagogia

Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el 40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos, patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA (patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado: las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y contribuyentes. Una demagogia injusta.

                           Enrique Ortega

Los autónomos en España son una parte importante de los empleados y llevan casi dos décadas superando los 3 millones de personas. En octubre de 2025, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social 3.438.744 ocupados, el 15,74% de todos los cotizantes (21.839.592). Al comienzos de este siglo XXI (1 enero 2000), había en España 2.528.340 autónomos cotizando, el 17,34% de los ocupados, y en 2012 superaron los 3 millones (3.049.047 cotizantes, el 18,47% de todos los ocupados), porque la crisis transformó a muchos parados en autónomos. Y después, la cifra ha ido aumentando poco a poco, hasta los 3.264.711 en 2019 (el 16,93%) y 3.369.335 de media en 2024 (15,93%), aunque perdiendo peso en el total de ocupados porque han crecido más estos años los asalariados que los autónomos. Y la gran mayoría de autónomos (2.958.654 hoy) no tienen asalariados.

Esos 3.438.744 ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso, según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad” (2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades (577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante de “falsos autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización UPTA estima que hay más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la Inspección de Trabajo ha detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.

Veamos el perfil de los autónomos en España, según los datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros) y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55 años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%), las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura (6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%), la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid (439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3) y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.

Un problema tradicional de los autónomos es que la mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado a cotizar más, el 82% de los autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637 cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros 2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y cotizaciones)  por los que cotizan la mayoría de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.

Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012 euros de jubilación media (octubre 2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados (1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad (683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos si se cogen la baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el 4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su base). Y tienen más complicado cobrar el paro (por “cese de actividad”).

Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril 1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS. En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023, 2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de este año.

En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17 euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000 euros (ver cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas” de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.

La consecuencia de toda esta presión ha sido que el Gobierno ha rectificado y ha congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide “nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas condiciones que sólo se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…

Mientras, los sindicatos se quejan de que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.

Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88% de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus pensiones, al ser tan bajas, han de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos (en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.

Con todo ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones en sus cuentas de 2024, con lo que sólo cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79% que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones, pero porcentualmente mucho menor).

En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones, un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros (que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas) cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”). Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.

Otra reflexión que nadie hace, por parecer  “políticamente incorrecta”: si un autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en que su actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.

En resumen, que las cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo demás es populismo y engañar a los autónomos.

La penúltima reforma de las pensiones

El Gobierno ha aprobado la 2ª fase de su reforma de las pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos, rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Mientras las anteriores reformas (Zapatero 2011, Rajoy 2013) estaban centradas en recortar el gasto, esta reforma (con medidas ya implantadas en 2022 y otras aprobadas ahora) se centra en aumentar los ingresos, 15.000 millones anuales hasta 2050, que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo de los sueldos más altos: subirá sólo 37 céntimos el coste por hora trabajada, de los más bajos de Europa. Y deja para 2044 la subida del periodo de cotización de 25 a 27 años (que recortará pensiones). Esta reforma, que también mejora las pensiones mínimas, pretende contener el gasto en pensiones hasta 2050. Importante: fija un mecanismo de seguimiento: si el gasto se dispara, obliga a futuros Gobiernos a tomar medidas. Si no lo hicieran, subirían automáticamente las cotizaciones. Casi seguro que necesitaremos futuras reformas. Lo importante es apostar por garantizar las pensiones futuras.

Enrique Ortega

El futuro de las pensiones preocupa a la mayoría, porque sabemos que el gasto se ha disparado en los últimos años y tememos que un día no haya dinero para pagarlas. Los datos demuestran que el gasto en pensiones ha crecido de forma exponencial: si en el año 2000, España gastó 52.451 millones del Presupuesto en pagar pensiones, en 2008 eran ya casi el doble (98.011 millones) y en 2019 casi el triple (144.834 millones). Y a partir de ahí, el gasto ha crecido hasta 171.165 millones en 2022 y 190.687 millones destinados a pagar pensiones en el Presupuesto 2023, casi el doble que hace 15 años. Hay otra forma muy visual de ver el salto en la factura de las pensiones (ver cuadro): en enero de 2008, pagar las pensiones costó 5.947 millones de euros mensuales (4,13 millones por minuto) y ahora, en enero de 2023, han costado 11.902 millones (8,26 millones de gasto por minuto)…

El problema no es sólo que el gasto en pensiones se ha disparado, sino que todo apunta a que va a crecer más rápido y con más intensidad en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubile la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). Hay varias causas que forzarán ese mayor gasto. Una, la revalorización de las pensiones con el IPC, aprobada por Ley desde 2022, que ya ha supuesto un coste adicional de las pensiones de 13.600 millones en 2023 y que se irá consolidando año tras año. La segunda, que las nuevas pensiones son más altas y lo serán más en el futuro, por la subida de salarios y los años cotizados. Así, la pensión media era de 932 euros el 1 de febrero de 2018 y ha subido a 1.191 el 1 de febrero de 2023 (+27,7% en 5 años). Y en ese periodo, la jubilación media ha pasado de 1.077 a 1.370 euros (+27,2%). Y la tercera causa, la más importante, es que van a aumentar mucho los pensionistas: han pasado de 7.587.389 en febrero de 2008 a 9.067.267 pensionistas en febrero de 2023. Y serán casi 16 millones en 2050, según la AIReF. Además, vivirán más años (86,8 años en 2050 frente a 83 años ahora y 81,3 años en 2008), con lo que habrá que pagarles pensión más años (20 de media).

Todos estos factores van a disparar el gasto en pensiones, en España y en el resto del mundo, con dos “hándicaps” para nosotros: seremos el país más envejecido de Europa y nuestra población está cayendo más, por la baja natalidad (7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes frente a 9,3 de media en la UE, 9,5 en Alemania y 11,2 en Francia), con lo que tendremos menos gente trabajando (28 millones en edad de trabajar en 2050, frente a 30 millones ahora) y cotizando para pagar las pensiones futuras. El dato es escalofriante: en 2050 habrá 1,75 trabajadores cotizantes por cada pensionista, frente a 2,24 en 2022 (y 2,6 en 2007). Así que vislumbramos mucho más gasto con menos cotizantes para pagarlo.

Ante este panorama, los paises y Gobiernos han tratado y tratan (Francia) de hacer reformas de las pensiones, básicamente para recortar gastos. En España, la primera reforma de pensiones la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la implantó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación, el 27 de octubre, de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que supone un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas (ya en marcha) de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez, recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siga recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que esta vez, el Gobierno ha empezado la 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas los cambios ineludibles y luego tratando de conseguir apoyos en España.

Las autoridades europeas insistían en que España recortara gastos y aumentara ingresos para asegurar el futuro de las pensiones. La petición más polémica era aumentar los años de computo para calcular la pensión (los que ZP aumentó de 16 a 25 años), lo que supondría una pensión menor. Pero aquí, el Gobierno chocaba con el rechazo frontal de los sindicatos (y de Podemos). Así que al final se ha optado por una vía intermedia: se subirán los años de cómputo, de los 25 actuales a 27, pero con dos cautelas, para “suavizar” el ajuste. La primera, que los futuros pensionistas podrán elegir (ojo: hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años o los últimos 29 quitando los dos peores. Y la otra, que el nuevo sistema de cómputo será progresivo, desde 2026: los años de cómputo alternativo (y los meses a descartar) irán aumentando progresivamente hasta 2038, primer año en que se podrían elegir los últimos 29 quitando los dos peores. El Gobierno reitera que el nuevo sistema es “neutro”, no ahorra gasto, aunque puede beneficiar a algunos futuros pensionistas. Además, en paralelo, la reforma ayudará a los trabajadores con “vacíos de cotización”, sobre todo a mujeres que dejaron de trabajar por atender a hijos y padres. Pero ojo, a partir de 2044, ya no habrá “paños calientes”: el periodo de cotización será de 27 años, lo que supondrá un ligero recorte de las pensiones a partir de entonces.

Una vez asumido este recorte “diferido”, la 2ª fase de esta reforma de pensiones se centra en aumentar los ingresos, algo nada polémico para los sindicatos pero sí para la patronal. Para conseguirlo, se han aprobado tres medidas. Una, eliminar el tope de cotización a los salarios más altos (la parte del salario superior a 4.495 euros no cotiza ahora) y subir ese tope cada año (el IPC más un 1,2%). A cambio, estos altos sueldos tendrán ahora una pensión máxima de jubilación mayor (hoy es de 3.058 euros), aunque proporcionalmente crecerá menos (por solidaridad). La segunda medida aprobada es crear una cuota de solidaridad, que se aplicara a la parte de los sueldos altos que no coticen (hay 35.000 millones en salarios que no cotizan nada hoy): empezará con una cuota del 1% en 2025 e irá subiendo 0,25% al año hasta alcanzar el 6% en 2045, cuota de la que se excluye a los autónomos. Y la tercera medida consiste en reforzar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional (MSI) aprobado en la 1ª fase de la reforma y aplicado desde enero de 2023: esa cotización extra del 0,6% se aumenta ahora, año tras año, hasta duplicarse (1,2%) en 2029.

El Gobierno estima que con estas tres medidas, los ingresos del sistema de pensiones aumentarán en 15.000 millones anuales para 2050, sobre todo por "destopar" los salarios altos (50% nuevos ingresos) y por duplicar la cotización extra intergeneracional (aporta otro 40%), una medida con la que se espera llenar “la hucha de las pensiones” (que ahora tiene 3.000 millones)  con hasta 130.000 millones de euros para 2040. La reforma contempla que la SS pueda “tirar de esta hucha” desde 2032 (no antes), para pagar la mayor factura de las pensiones que se espera hasta 2044, por la jubilación del “baby boom”.

Ante este aumento de ingresos vía cotizaciones (que pagan empresas, 23,60% del salario, y trabajadores, 4,70%), la patronal CEOE ha mostrado su rechazo, acusando al Gobierno de “voracidad recaudatoria” y de “lastrar el talento” y “la competitividad de las empresas españolas”. Pero el Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas porque las autoridades europeas saben que los costes laborales (sueldos más cotizaciones sociales) en España son de los más bajos de Europa y “hay colchón” para subirlos. Y más cuando su impacto es bajo, según insiste el ministro Escrivá: la subida de cotizaciones repercutirá 37 céntimos en los costes laborales de las empresas españolas en 2050 (10 céntimos en 2023, 13 entre 2024 y 2030, 6 entre 2031 y 2040 y 8 céntimos entre 2041 y 2050). Con ello, tendrán un coste total (sueldos más cotizaciones) de 23,8 euros por hora trabajada en 2050 (frente a 23,40 hoy), todavía un 30% por debajo de los costes laborales de la zona euro (33,8 euros por hora hoy) y muy inferiores a los costes laborales de Francia (39,2 euros por hora trabajada), Alemania (38,3 euros) e Italia (29,9 euros). Y además, las cotizaciones que más suben, las de los salarios altos, las pagan sólo 1,2 millones de trabajadores, el 7% de todos los asalariados.

Además de subir los ingresos y retrasar la subida del periodo de cómputo, la reforma incluye una subida de las pensiones mínimas, hoy demasiado bajas. Las mínimas contributivas subirán más cada año para que en 2027 lleguen al 60% de la renta media (y alcancen 1.178 euros al mes en 14 pagas, un 22% más que hoy). Y lo mismo las mínimas no contributivas (asistenciales), que subirán de los 457 euros actuales (en 14 pagas) a 593 euros en 2027. Algo bastante justo, que aumentará el gasto en 2.500 millones anuales.

Al final, el objetivo de esta reforma es que el gasto en pensiones no se dispare en las próximas décadas y, aunque crezca (por el envejecimiento), no supere el 15% del PIB,  frente al 12% actual. El ministro Escrivá cree que, con las medidas aprobadas (entre 2021, 2022 y ahora), será posible consolidar los ingresos y “embridar” los gastos, para no superar ese tope, que es la exigencia de la Comisión Europea. Lo más importante no es sólo que se aprueba esta reforma, sino que incluye un mecanismo de seguimiento y control, que ha convencido a Bruselas. Por un lado, cada tres años habrá un informe de evaluación de ingresos y gastos, que elaborará la Agencia estatal independiente AIReF, la primera en marzo de 2025. En cada evaluación se hará un seguimiento y si se dispara el gasto, la AIReF propondrá al Gobierno de turno que tome medidas, enviando propuestas al Pacto de Toledo (Congreso). Y la reforma establece que las Cortes deberán aprobar esas medidas antes de finales de año. Pero ojo, si el Parlamento o el Gobierno no lo hacen, entraría en funcionamiento un mecanismo de ajuste automático: subirían las cotizaciones para compensar desde enero el 20% del exceso del gasto y el resto en los años siguientes.

La verdad es que el sistema de pensiones sale más robusto de esta reforma, aunque es muy probable que sea insuficiente en una década, lo que obligará a futuras reformas, que incidirán sobre el gasto (recortes) y los ingresos (cotizaciones y quizás un impuesto específico para las pensiones). Con todo, España debería avanzar en otras dos vías de las que apenas se habla: aumentar la natalidad y la población (la población “española” está cayendo y sólo van a salvar las pensiones los inmigrantes) y aumentar el empleo, avanzar en la modernización y competitividad de la economía para que trabajen (y coticen) más personas: deberían trabajar entre 1,7 y 4 millones de españoles más si nuestra tasa de empleo fuera como la media de la UE-28 y la de Alemania. Esos dos factores, más población y más gente trabajando, son las verdaderas garantías de las futuras pensiones.

Reforma pensiones: otro "parche" insuficiente

El Gobierno ha completado la 1ª fase de reforma de las pensiones, con una subida por 10 años de cotizaciones (+0,6%), que no apoya la patronal. Esta medida evita los recortes de las futuras pensiones que aprobó Rajoy con el Factor de Sostenibilidad (-30% para 2050), pero la recaudación extra (+42.000 millones, con la “hucha” actual) será “insuficiente” para afrontar los gastos extras por la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), unos 50.000 millones. La decisión es esperar a 2033 y entonces, con las previsiones de ingresos y gastos, decidir nuevos ingresos o  recortar gastos. Se trata de “ganar tiempo” con esta primera reforma (subidas con el IPC, más transferencias del Presupuesto, incentivar retraso en la jubilación, aumento cotizaciones) y esperar a que los próximos “agujeros” los resuelvan futuros Gobiernos (o Europa). Habría que afrontar ya el déficit estructural de las pensiones y pactar  un sistema que permita pagarlas con seguridad de aquí a 2050. Sin “parches” ni “politiqueo”. Se pueden salvar.

Enrique Ortega

La subida temporal de cotizaciones sociales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos, es “la cuarta pata” de la primera fase de la reforma de las pensiones, aprobada en el Congreso el pasado 27 de octubre, con los únicos votos en contra de Vox y la abstención de ERC y Bildu. La reforma aprobada dentro del Pacto de Toledo contemplaba la revalorización de las pensiones con el IPC, el cargo al Presupuesto de muchos gastos “impropios” con los que hasta ahora cargaba la Seguridad Social,  acercar la edad real de jubilación a los 67 años legales e incentivar trabajar más años voluntariamente y sustituir el Factor de Sostenibilidad de Rajoy que pretendía recortar las pensiones futuras (a partir de 2023) por un nuevo mecanismo “de equidad intergeneracional”, que asegure las pensiones futuras.

Los tres primeros acuerdos  de esta reforma ya estaban en marcha. 2022 será el primer año en que las pensiones suban no lo que decida el Gobierno de turno (+0,25% Rajoy, +0,9% Sánchez en 2021) sino lo que suba la inflación media prevista (IPC noviembre 2021-noviembre 2022), el próximo año sobre un +2,4%. Una medida que parece justa pero que va a encarecer la factura de las pensiones en los próximos años, sobre todo hasta que no baje sensiblemente la inflación. De hecho, la estimación es que la revalorización de las pensiones cueste en el año 2022 unos 5.000 millones de euros (3.000 millones por la subida anual y otros 2.000 por la “paguilla” que se va a pagar a los pensionistas en enero, para compensar la desviación de precios de 2021, unos 200 euros para una pensión de 1.000 euros).

El segundo punto del acuerdo, que el Presupuesto cargue con parte de los gastos impropios de la Seguridad Social, ya se empezó a aplicar en 2021: se transfirieron a la SS 13,929 millones para cubrir parte de esos gastos impropios (22.567 millones que se pagan con cotizaciones) y ,además, se cargó con más de la mitad del déficit esperado para 2021 (1,7% del PIB sobre el 3% de déficit total), otra transferencia de 18.396 millones, lo que suma unos 32.000 millones de euros aportados a la SS para tapar la mayor parte de su “agujero”. Para 2022, el Presupuesto incluye otra transferencia a la SS de 18.396 millones para cubrir “gastos impropios” (prestaciones por maternidad y paternidad, reducción de cotizaciones, subvenciones a regímenes especiales, coste jubilaciones anticipadas voluntarias, complementos de prestaciones contributivas y pago del presupuesto del Ministerio de Trabajo), más otros fondos públicos para complementar pensiones mínimas (7.000 millones) y para pensiones contributivas (2.700), más otros recursos para tapar parte de su déficit (6.000 millones). Y para 2023 está previsto que el Presupuesto cargue con todos los “gastos impropios” de la Seguridad Social (22.567 millones)  y acabar así con su déficit.

La tercera pata del acuerdo pretendía acercar la edad real de jubilación (64 años y 6 meses de media) a la edad oficial (66 años en 2021). Y eso porque es una medida importante de ahorro de gasto: se podría reducir el gasto en pensiones en 14.000 millones anuales por cada año que suba la edad real de jubilación (hay 2,4 años de margen hasta los 67 años con que habrá que jubilarse en 2027). Para conseguirlo hay 2 vías, que el Gobierno tiene ahora que concretar y proponer al Pacto de Toledo: penalizar más a los que se jubilan antes de tiempo (un 38% de los jubilados en 2020), que ya sufren recortes en la pensión del -1,65 al -2% por cada trimestre que anticipan su jubilación. La otra medida que se estudia es incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde, algo que ya se hace hoy, pero con poco apoyo (un 2% de pensión extra, frente al 5% en Francia y el 6% en Alemania). El Gobierno estudia incentivar mucho más (4,6% anual) el retraso de la jubilación y “visualizar” esta compensación con la entrega de un cheque a los que se jubilen más tarde.

El cuarto punto del acuerdo era el más peliagudo y por eso se ha dejado para ahora, introduciéndolo como enmienda en esta reforma de las pensiones que debate el Parlamento (y que el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar antes de fin de año): la sustitución del Factor de Sostenibilidad que aprobó Rajoy en 2013 por un nuevo sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para afrontar el gasto extra en pensiones que va a suponer la jubilación de los “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. El Factor de Estabilidad contemplaba un recorte de las pensiones futuras, para afrontar este mayor gasto y el hecho de que los futuros pensionistas vivirán más y cobrarán más años. La estimación de un Grupo de Expertos, en un informe entregado en junio de 2013, era que la aplicación del Factor de Estabilidad supondría un recorte de las futuras pensiones que iba del -6,61% para los que se jubilasen en 2024 al -12,03% para los que se jubilaran en 2034 y un recorte del -20% para los que se jubilaran en 2053 (-266 euros sobre los 1.193 de pensión inicial actual). Y ahora, el ministro de SS dice que ese recorte podría ser realmente del -30%.

Los sindicatos y el Gobierno, que no apoyaron la reforma de Rajoy de 2013 (la decretó en solitario) no estaban dispuestos a aplicar el Factor de Sostenibilidad, cuya entrada en vigor retrasó el propio Rajoy a 2023 (para conseguir que el PNV apoyara los Presupuestos 2018). Y ambos consiguieron que el Pacto de Toledo (PP incluido) rechazaran su aplicación y apoyaran otro sistema, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que acaba siendo una subida temporal de cotizaciones (de 2023 a 2032), del +0,6%. Y como la patronal no ha firmado el acuerdo, se le ha penalizado en el reparto: un +0,5% subirán las cotizaciones empresariales y otro +0,1% más pagarán los trabajadores. No es mucho: en un sueldo medio de 2.000 euros, la empresa pagará 10 euros más al mes y el trabajador 2 euros más.

La patronal no ha firmado esta parte del acuerdo de reforma (si las tres restantes) porque alega que subir las cotizaciones sociales desincentiva el empleo, encarece la contratación. Y es cierto. Pero el Gobierno contraataca con dos datos. El primero, que el peso de las cotizaciones sociales es menor en España que en Europa: las cotizaciones sociales en Europa suponen un 16% del PIB, frente al 13,7% en España (sube al 13,9% con el aumento temporal de cotizaciones). Es verdad, pero también lo es que la aportación de las cotizaciones de las  empresas es mayor en España que en Europa (9% del PIB frente al 7,3% las empresas UE), mientras es menor la aportación de los trabajadores. Y que el peso de las cotizaciones empresariales sobre los salarios es mayor en España (29,9% del salario bruto) que en la media de la UE  (22,1% del salario bruto) y que en Alemania (19,8%), aunque es menor que en Francia (cotizaciones empresas son el 36,3% salario) o Italia (31,6%), según la OCDE. Algo que se explica porque los sueldos son más bajos en España.

El otro dato que aporta el Gobierno frente a la crítica patronal es más decisivo: los costes laborales (salarios más cotizaciones) son mucho más bajos en España, con lo que hay margen para subir un poco y por 10 años las cotizaciones sin poner en peligro la competitividad con otros paises. Concretando, España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia), 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a los de Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los costes laborales de Alemania y un 23,7% inferiores a los de Italia (28,7 euros).

Con esta subida temporal de cotizaciones sociales (2023-2032), el Gobierno espera rellenar “la hucha” de las pensiones, que se creó en el año 2000 y llegó a tener un remanente de 66.815 millones en 2011, de los que tuvo que tirar Rajoy (-58.720 millones) y Sánchez (-5.957) para cubrir el pago de pensiones en los últimos años, con lo que sólo quedan en la hucha 2.138 millones. Ahora, la previsión del ministro Escrivá es que el recargo de cotizaciones (y la rentabilidad que se saque a la hucha, un 3,5%) permita ingresar en la hucha unos 38.500 millones de euros, que sumados a los 2.138 que ya hay (y sus  intereses) se consiga tener ahorrados 42.000 millones de euros a finales del año 2.032.

¿Será suficiente? Todos los cálculos, de la AIReF y de la Comisión Europea, indican que no. Sus estimaciones señalan que el aumento de jubilaciones por la generación del “baby boom” (1960 a 1975) provocará un gasto extra de pensiones de 25.000 a 30.000 millones en 2033 (que sí cubriría “la hucha”) pero que superaría los 50.000 millones (de hoy) en 2050, lo que provocaría entonces un agujero mínimo de 8.000 millones, que algunos aumentan incluso hasta los 20.000 millones, por diversos factores. La mayoría de expertos creen que el gasto en pensiones se va a disparar hasta 2050 por tres causas: el coste de la revalorización anual con el IPC (acumulativo), el aumento de pensionistas (de los 9,3 millones actuales a 15,67 millones en 2050, según el INE), que además vivirán y cobrarán durante más años, y unas pensiones iniciales más altas (ya ha pasado: la pensión inicial de jubilación ha subido de 620 euros en el año 2.000 a 1.053 en 2008 y 1.419 euros en 2021).

El nuevo Mecanismo de Equidad Generacional aprobado ahora contempla que en 2033 se hará un examen de la evolución del gasto en pensiones. Si demuestra que el gasto se ha desviado más del 0,2% del PIB sobre lo previsto por el informe de la Comisión Europea (que hará en 2024), se destinará parte o toda la hucha a cubrirlo (si no hace falta, se destinarán esos 42.000 millones a bajar cotizaciones o mejorar pensiones). Y si no fuera suficiente, se propondrá a los firmantes del Pacto de Toledo (partidos y fuerzas sociales) un nuevo aumento de ingresos (más cotizaciones o aportaciones del Presupuesto) o bien reducir el gasto en pensiones (sobre el PIB). Así que de alguna manera, el mecanismo aprobado supone “ganar tiempo” y aprobar un parche que convenza a la Comisión Europea, sabiendo que en el futuro habrá que tomar nuevas medidas. Y casi seguro que antes de 2033.

La cuestión de fondo, que no se afronta ahora, es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio y largo plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico, de baja natalidad, que se suma a una menor creación de empleo, por la revolución tecnológica y digital. Basten dos datos: habrá que pagar  a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (que vivirán además 4 años más de media, cobrando pensión 20,2 años) y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba de relojería” que hay que desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer  a los españoles que las pensiones del futuro están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crea riqueza y se puede permitir destinar el 16 o el 20% de esa riqueza a pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con  previsión y control, para que las cuentas cuadren, que no se dispare el gasto o falten ingresos y haya que adoptar de repente recortes drásticos. Eso obliga a planificar una senda realista de gastos (asegurar unas pensiones “dignas” en el futuro) y estudiar con que ingresos reales se puede contar y buscar otros posibles. Con transparencia y sin politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los futuros ingresos para financiar las pensiones, lo que debe llevar a subir las cotizaciones, especialmente las máximas (a partir de 4.070,10 euros no se cotiza), así como las bajas cotizaciones de los autónomos,  con el objetivo de que el peso de las cotizaciones sociales (sobre el PIB) se equipare a la zona euro (hay todavía un colchón para subirlas  36.000 millones). Y ver si una parte mayor de los impuestos de todos puede ir a pagar parte de las pensiones, recaudando más impuestos, dado que España recauda cada año 85.000 millones menos que la media europea, según Eurostat.

Y luego, habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones sino de “atemperar” su crecimiento futuro, utilizando varias vías de las que se habla en privado pero no en público: ampliar los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión (de los 25 años que se tomarán en 2022 a 35 años o toda la vida laboral) o aumentar los años que se exigen para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 en 2027). Y evaluar el reparto entre los años que se cobra.

Y por supuesto, hay que tomar otras medidas al margen de las pensiones: mejorar la competitividad de nuestras empresas y reconvertir el modelo económico para crear más empleo, que trabaje y cotice más gente (si tuviéramos la tasa de ocupación europea, en España trabajarían 1.828.000 adultos más, según Eurostat). Y eso pasa por facilitar la inmigración legal (más a cotizar), que nos va a hacer falta para cubrir el déficit de mano de obra derivado de la baja natalidad. Y por promover que las familias tengan más hijos, para que haya más españoles trabajando, cotizando y pagando impuestos.

Como se ve, el problema es complejo y exige actuar en múltiples frentes. No hay soluciones simples. Ni se arregla nada con parches a corto plazo. Cuanto antes planifiquemos la hoja de ruta de las pensiones hasta 2050, más tranquilos estaremos todos, sobre todo los jóvenes. Y si nosotros no ajustamos el sistema, Bruselas nos impondrá los recortes. Habría que hablar de todo esto, con realismo y transparencia, planteando a los españoles la realidad del debate y las opciones de futuro, sin pensar sólo en las próximas elecciones. Pero me temo que nadie está por la labor. Y por eso, mucha gente teme por sus pensiones.