Pensiones: suben, pero su gasto preocupa

Los 9 millones de pensionistas han cobrado la nueva pensión de enero, un +8,5% superior (+107 euros mensuales la media). Con ello, las pensiones suben un +25% desde 2018 (+300 euros mensuales), ganando poder adquisitivo (+15,5% creció la inflación). Pero preocupa que la factura de las pensiones se dispara: en 2023 costarán 190.000 millones (+9,4%), el 13,7% del PIB, lo que iban a costar en 2030. Muchos expertos piden frenar el gasto en pensiones, porque si no, en 2050 seremos el país UE con más gasto, tras Grecia e Italia. El Gobierno aprobó una primera reforma, en 2021, para bajar gastos y subir ingresos. Y ahora prepara la 2ª reforma, que no gusta a sindicatos y patronal, para subir cotizaciones a los sueldos altos y ampliar el cómputo a 30 años. Todavía podría ser insuficiente, al dispararse las pensiones de 10 a 15 millones en 2050 y haber menos ocupados para pagarlas. Urge apuntalar el futuro de las pensiones, atemperando gastos y aumentando ingresos. Por nuestros hijos y nietos.

Enrique Ortega

Este año, los 9.067.433 pensionistas no han recibido en enero una “paguilla” para compensarles por la subida extra de la inflación el año anterior, como se hizo de 2018 a 2021. Como ya les pasó en enero de 2022, van a cobrar todo el año una subida de la pensión que tiene en cuenta la subida de la inflación media anual el año anterior (hasta noviembre). En enero de 2022, la subida fue del +2,5%. Y ahora, como la inflación se disparó el año pasado, en enero de 2023, la subida de las pensiones contributivas es del +8,5%, una subida media de 107 euros mensuales, que dejará la pensión media de jubilación en 1.367 euros y la pensión media de viudedad (que sube 66 euros al mes) en 788,6 euros. Y así subirán las pensiones en el futuro: lo que suba la inflación media el año anterior y no lo que decida el Gobierno de turno, al aprobarse en diciembre de 2021 la Ley 21/2021 de revalorización automática de pensiones, con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos.

Con la subida aprobada para este año, las pensiones han subido el +25% entre 2018 y 2023, lo que ha permitido a los pensionistas ganar poder adquisitivo, porque la inflación aumentó un +15,5% estos años. La pensión media de jubilación ha subido un +27% (casi 300 euros al mes, de 1.074,83 a 1.367 euros). Y la pensión media de viudedad ha subido un +21% (´+137 euros mensuales, de 651,20 a 788,3 euros). Sin embargo, estas pensiones medias “esconden” que una gran parte de las pensiones son todavía muy bajas: de las 10.009.149 pensiones pagadas en enero, el 60% cobran menos del salario mínimo, menos de 1.000 euros mensuales. De todas las pensiones de jubilación (6,3 millones), casi la mitad (47,58%) cobran todavía menos de 1.000 euros mensuales. Y de las pensiones de viudedad (4,38 millones), el 81,32% cobran menos de 1.000 euros y casi la cuarta parte de las viudas (el 22%) cobra menos de 500 euros al mes.

A pesar de estas desigualdades, la factura de las pensiones es cada año más abultada, porque crecen mucho los pensionistas y se jubilan cada vez con sueldos más altos, que dan derecho a pensiones más altas. Además, la revalorización automática con la inflación dispara el gasto: la subida para 2023 (+8,5%) supone un gasto adicional en pensiones de 13.600 millones este año (sólo en pensiones contributivas). De hecho, el Presupuesto en 2023 contempla un gasto en pensiones histórico: 190.000 millones, un +9,4% sobre 2022. Y un 31% más de gasto que en 2018 (144.834), el último Presupuesto de Rajoy.

Como se ve, el gasto en pensiones crece mucho más que la economía y que la mayoría de otros gastos, lo que preocupa a muchos expertos. De hecho, el gasto en pensiones para 2023 (190.000 millones), supone el 13,7% del PIB español, que es precisamente el porcentaje que el Gobierno Sánchez preveía gastar para 2030, al aprobar el primer paquete de reformas. Así que llegamos a ese nivel de gasto 7 años antes. En 2019, el último año con datos europeos, España ocupaba el 6º lugar en gasto en pensiones (12,7% del PIB), en línea con la media europea (12,7% PIB) y por detrás de Grecia (16,1%), Italia (15,9%), Francia (14,7%), Austria (14,1%), Portugal (13,7%) y Finlandia (13,3%). Y teníamos más porcentaje de gasto  en pensiones que Bélgica y Dinamarca (12,6 del PIB), Paises Bajos (12%), Alemania (11,9%), Suecia (10,7%) y todos los paises del Este de Europa.

El problema ahora es que, los expertos y la Seguridad Social creen que si no se toman medidas, el gasto en pensiones supondría el 16,6% del PIB en 2050, lo que nos situaría como el tercer país europeo con más gasto, sólo por detrás de Grecia e Italia, según el Banco de España, que analiza los 5 factores que determinan el gasto en pensiones: el envejecimiento de la población, el porcentaje de mayores beneficiarios del sistema, la pensión que se recibe, la tasa de empleo para pagar las pensiones y el peso de los salarios.

El informe del Banco de España detalla que el primer factor, la demografía, va a ser el que más juegue en contra de España, ya que seremos el país europeo donde más crezcan los mayores de 64 años entre 2019 y 2050 (de ser el 29,5% de la población entre 16 y 64 años a ser el 59,5%). Eso supone que nuestro envejecimiento será mayor que el de Francia (en 2037) y el de Alemania (en 2039) y reduciríamos nuestra ventaja demográfica sobre Portugal e Italia. Sólo por este factor, el envejecimiento, España pasará de ser el 7º país con más gasto en pensiones al 3º (tras Grecia e Italia). Otro factor que jugará a la contra, aumentando el gasto en pensiones, es que aumentará la cobertura, porque en España hay hoy menos mayores que cobran pensión que en Francia, Alemania, Italia o Portugal, porque las mujeres tienen un menor porcentaje de pensiones de jubilación. Si el trabajo de la mujer aumenta, lo normal es que en 2050 haya más trabajadoras con derecho a jubilarse, aumentando el gasto.

El tercer factor de gasto, el porcentaje de pensión sobre el salario medio, también va a jugar a la contra, porque en España, la jubilación sobre el último salario es la tercera más alta en la UE (sólo por detrás de Grecia e Italia), un 34% más alta que en Alemania y un 31,6% más alta que Francia, con lo que las futuras pensiones serán también más altas a medida que suban los salarios. Y quedan dos factores que pueden jugar a favor de que no suba tanto el gasto en pensiones: los salarios (más bajos que en la mayoría de Europa y con menos peso en el PIB) y la mejora del empleo: España tiene una tasa de empleo bajísima (67% población 16-64 años trabaja, frente al 73,1% en la UE-27 y el 80% en Alemania). Si la economía se modernizara y trabajara más gente, podrían ayudar a pagar mejor las pensiones futuras.

El Gobierno Sánchez dice no estar preocupado porque el gasto se pueda disparar en 2050, porque cree que el PIB es mayor del que se publica (lo que rebajaría el porcentaje de gasto) y porque el empleo y las cotizaciones está creciendo con fuerza, mientras la Seguridad Social  recibe 20.000 millones extras de los Presupuestos. Y el ministro Escrivá cree que es posible recortar el gasto, del 16,6% sobre el PIB “temido” para 2050 al 13,1%, gracias a las 2 reformas de las pensiones. Con la 1ª reforma, aprobada en octubre de 2020 por el Pacto de Toledo, se transfieren impuestos a la SS para que asuma “gastos impropios”, se acerca la edad real de jubilación (64,8 años hoy)  a la edad legal (66 años y 4 meses, que serán 67 años en 2027), penalizando la jubilación anticipada y facilitando jubilarse más tarde y se crea una “hucha de las pensiones”, con una cotización extra del 0,6% a partir de 2023.

Además, el Gobierno ultima este trimestre una 2ª reforma de las pensiones, que busca más ingresos y recortes de gastos, con 2 medidas. Una, ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión: se subiría de los 25 años actuales (en 1985 se pasó de 2 a 8 años, en 1997 se subió a 15 y en 2011 se subió a 25 años) a 30 años, pero con la salvedad de que el trabajador puede desechar los 2 peores. La otra medida propuesta es que coticen más los sueldos altos: hoy el techo está en 49.672 euros, a partir de ahí los sueldos altos no cotizan (hay 35.000 millones que ganan los trabajadores con más salarios que no cotizan). Aunque esta medida supondría aumentar en paralelo la pensión máxima (3.059 euros), tendría un efecto ahorro .Y otra medida contemplada en paralelo, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, también ayudará a bajar el gasto.

Habrá que ver si esta 2ª reforma de las pensiones sale adelante, dado el rechazo de los sindicatos (a la subida del cómputo) y de la patronal (a que coticen más los salarios altos). El  Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a aprobar esta 2ª reforma antes de finales de 2022 y, aunque ha conseguido unos meses más, debería presentarla antes de finales de marzo, porque es una reforma clave para que Bruselas conceda o no a España, en abril, una nueva entrega de los Fondos Europeos (otros 19.000 millones). El riesgo es que a la Comisión Europea, las medidas le resulten insuficientes, como les parecen a muchos expertos, y fuercen al Gobierno español a tomar medidas más drásticas.

Nadie defiende el recorte por el recorte, máxime cuando el 60% de los pensionistas reciben menos de 1.000 euros al mes. Pero algo habrá que hacer si no queremos problemas en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se empezarán a jubilar los españoles del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975). La cuestión de fondo es que las pensiones tienen un problema estructural, a medio plazo: el gasto va a crecer exponencialmente y resultará difícil financiarlo, dado que tenemos un grave problema demográfico (muchos viejos y pocos niños) que se agrava por la baja creación de empleo futura (por la renovación tecnológica y digital). Basten 2 datos muy explícitos sobre el reto que nos espera: habrá que pagar a 15,6 millones de pensionistas en 2050 (frente a 9 millones hoy), que además vivirán 4 años más de media (cobrando pensión 20,2 años), y tendremos que hacerlo con 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora hay 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. Es una “bomba” de relojería que hay que “desmontar ya, sin retrasos ni parches.

Lo primero es convencer a los españoles que las pensiones futuras están aseguradas. Y lo están porque somos una economía desarrollada, que crear riqueza y empleo y se puede permitir destinar el 16% o el 20% de su riqueza en pagar pensiones. Se puede y se debe. Pero con planificación y control, asegurando que las cuentas “cuadren” a medio plazo y no haya “sustos” que obliguen a adoptar recortes drásticos. Eso obliga a los Gobiernos, a las fuerzas sociales y a todos a planificar una senda realista de gastos (qué pensiones dignas se pueden pagar en el futuro) y estudiar con qué ingresos reales se puede contar y qué otros se podrían buscar. Con transparencia y sin demagogia ni politiqueo.

Lo primero y fundamental es planificar los ingresos que pueden tener las pensiones hasta 2050, según el empleo previsto y unas cotizaciones razonables y justas (que coticen más los que más ganan, mejorando su pensión pero menos). Y ver qué parte de los impuestos se pueden trasvasar a pagar las pensiones, lo que pasa por recaudar más (se puede, si pagan más los que pagan poco: España ingresó en 2022 un 44,1% del PIB, 28.168 millones menos que si recaudara como la media europea, 38.000 menos que Alemania y 107.000 menos que si recaudara como Francia). Aumentar los ingresos, con cotizaciones e impuestos, es más eficaz que los trabajadores se tengan que pagar un plan de pensiones privado.

Y luego habrá que actuar por el lado de los gastos, si hace falta, aunque no nos guste: no se trata de recortar las pensiones futuras, sino que crezcan menos (si hace falta), “atemperar” su crecimiento futuro para garantizarlas con seguridad. Y aquí hay varias vías, que antes o después se pondrán sobre la mesa: ampliar los años de cotización (ahora se habla de 30, pero podría llegarse a toda la vida laboral), aumentar los años cotizados exigibles para cobrar el 100% de la pensión (hoy 36 años y 38,5 años en 2027, mientras en Francia exigen 43 años y en Alemania 45 años). Y evaluar el posible reparto de lo que se cobra entre los años que se cobra (más al principio, menos después), dado el aumento de la esperanza de vida.

Al final, se trata de ver qué pensiones se pueden pagar, en base a los pensionistas que se esperan y el empleo que puede pagarlo. De momento, y a pesar de las muchas pensiones bajas, España es uno de los paises “más generoso” con las pensiones, según las estadísticas. Por un lado, los jubilados cobran de pensión (2021) un 80% del último salario, un porcentaje muy superior a la media de la OCDE (62%), a Alemania (57,9%), Francia (71,3%), Italia (78,4%) y la media europea. Por otro lado, los jubilados españoles reciben de media un 74% más de lo que cotizan, según el Banco de España: cobran 21 años de pensión cuando con lo que han cotizado sólo les daría para cobrar 10 años.

Además de plantear con claridad las perspectivas de las pensiones, hay que tomar otras medidas económicas y demográficas que ayudarían. Por un lado, reconvertir el modelo económico español, con la ayuda de los Fondos europeos, para crear una economía más competitiva, que cree más empleo: si tuviéramos la tasa de ocupación europea (73,1% en vez de 67,7%), habría 1.656.000 españoles más trabajando (y cotizando para pagar las pensiones).Y si tuviéramos la ocupación de Alemania, habría 3.650.000 empleados más. Y por otro, promover la natalidad, para conseguir en unas décadas que haya más niños y futuros jóvenes trabajando. Mientras ambos cambios se consiguen, la inmigración puede ayudarnos, con su empleo y sus cotizaciones: los extranjeros residentes pasarán de 7.471.460 en 2020 a 12.801.714 en 2050 (+5,8 millones), según la última estimación del INE.

Como se ve, el problema de las pensiones es muy complejo y tampoco aquí hay soluciones simplistas, salvo la demagogia y el populismo. Hay que actuar en múltiples frentes y a medio plazo, con una hoja de ruta de ingresos y gastos hasta 2050. Y planteando con realismo y transparencia las posibles medidas, que deberían pactarse y explicarse bien. Si no nos anticipamos, si nos conformamos con parches y retoques, el problema saltará después y obligará a ajustes más duros e injustos. Se puede y se debe salvar el sistema de pensiones públicas, pero eso exige actuar ya, planificar su futuro. El problema no son nuestras pensiones, sino las de nuestros hijos y nietos. Asegurémoslas.

Pensiones: las cuentas no salen

La Seguridad Social ha duplicado su déficit y el “agujero” superará este año los 10.000 millones de euros, por cuarto año consecutivo. Lo grave es que sucede cuando se está creando empleo. Y no pasa porque se haya disparado el gasto en pensiones: creció en agosto un 2,8%, el menor aumento de la historia, porque están surtiendo efecto los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy. El problema está en los ingresos, que se han desplomado por culpa de la reforma laboral: hay más trabajadores cotizando pero ingresan menos porque tienen peores contratos y sueldos. Y encima, se deja de ingresar porque este Gobierno ha rebajado las cotizaciones a muchas empresas (tarifa plana). Por todo ello, Rajoy ha gastado ya la mitad de la hucha de las pensiones, que se acabará en 2018. Urge tomar medidas y aumentar los ingresos de la Seguridad Social, además de pagar algunas pensiones (viudas y huérfanos) con cargo al Presupuesto. Es el gran reto de la próxima Legislatura.
 

enrique ortega

La crisis y la caída del empleo agravaron la crisis de la Seguridad Social, al reducir los ingresos por cotizaciones mientras aumentaba el gasto en pensiones. Entró en déficit en 2011 (-1.000 millones) y el “agujero” se agravó durante esta Legislatura, superando los 10.000 millones de déficit en 2012 (-10.131), 2013 (11.861) y 2014 (11.202). Y este año 2015, en lugar de mejorar las cuentas por la mejora del empleo (más ingresos por cotizaciones), han empeorado: el déficit de la Seguridad Social (ingresos-gastos) se había duplicado hasta julio, alcanzando ya los -4.423 millones de euros (-2.201 entre enero y julio de 2014). Y los expertos vaticinan que la Seguridad Social  cerrará este año con un déficit entre 11.000 y 15.000 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia.

Esta penuria financiera ha obligado al Gobierno Rajoy a tomar dos medidas extraordinarias para poder seguir pagando las pensiones. Una, echar mano de “la hucha de las pensiones”, un Fondo de reserva creado en el año 2.000 para guardar los excedentes y que llegó a acumular (entre aportaciones estatales e intereses que consigue) un máximo de 66.815 millones en 2011. A partir de ahí, empezaron los déficits y el Gobierno Rajoy se vio obligado a “echar mano de la hucha” para pagar las pensiones: empezó cogiendo 7.003 millones para pagar a los pensionistas la extra de Navidad de 2012 y siguió cogiendo de la hucha en 2013 (11.648 millones) y 2014 (15.300 millones), para pagar las extras de Navidad y verano. Y ha seguido este año en julio (está previsto sacar un total de 8.500 millones en 2015) y seguirá en 2016 (la previsión del Presupuesto es sacar de la hucha otros 6.283 millones).

Con ello, el Gobierno Rajoy ya ha sacado más de la mitad de los fondos de la hucha de las pensiones (37.701 millones de 66.815) y al ritmo previsto se espera que la hucha se agote en 2018. Pero la Seguridad Social no sólo tira de esta hucha para pagar las pensiones: también ha recurrido a las Mutuas laborales, cogiendo parte de sus excedentes para financiarse otros 5.350 millones de euros hasta diciembre de 2014.

Son formas de intentar tapar agujeros, pero el déficit está ahí y no es coyuntural (ahora no cae el empleo y las cotizaciones) sino estructural y creciente. Para 2016, el Presupuesto electoral aprobado in extremis por Rajoy prevé rebajar este déficit drásticamente, de los 11.000 millones de este año a sólo 3.000 millones (0,3% del PIB). Pero nadie se lo cree y la mayoría de expertos apuntan que se han inflado los ingresos por cotizaciones (esperan que crezcan un 6,7% cuando en 2015 están creciendo sólo el 0,75%) y que así se ha pretendido “enmascarar el agujero”. Y recordemos que el Gobierno Rajoy ha enviado a Bruselas unas cuentas públicas con déficit en la Seguridad Social hasta 2018.

¿Por qué la Seguridad Social duplica su déficit en 2015 si el empleo va mejor? Veamos las cuentas. Podría ser que los gastos se hubieran disparado, pero no es así. Al contrario: el gasto en pensiones había crecido un 3,4% entre enero y julio de 2015 (el menor aumento en los últimos diez años) y todavía se moderó más en agosto, cuando el gasto en pensiones (8.270,5 millones mensuales) creció sólo un 2,8%, el menor aumento en la serie histórica. Y casi lo mismo este mes de septiembre (+2,97%). Un aumento moderado del gasto en pensiones que no es casualidad: es fruto de las reformas y recortes de Zapatero en 2011 (aumentando la edad de jubilación a 65 años y 3 meses en 2015) y de Rajoy en 2013 (menor subida anual de las pensiones, 0,25% en 2014, 2015 y 2016, y penalización más rebaja de las jubilaciones anticipadas).

Además, hay otros dos factores que están moderando también el gasto en pensiones. Uno, fruto de la crisis y  también de los sucesivos recortes: las nuevas pensiones no suben tanto (la pensión media de jubilación de los nuevos pensionistas, 1.471 euros no se distancia tanto de la media de todos, 1.023 euros) y por ello, la pensión media del sistema (889 euros al mes) sube menos, un 1,8% en 2015. Y el otro, que la demografía ayuda de momento y el número de pensiones (9,3 millones) crece poco, un 1% este año (hasta agosto), el aumento menor del número de pensiones en toda nuestra historia.

Así que si la Seguridad Social ha duplicado su déficit este año, no es por los gastos. Es porque apenas crecen los ingresos, sobre todo las cotizaciones (77% de sus ingresos, el resto son aportaciones del Presupuesto del Estado). El Gobierno Rajoy se engañó a sí mismo y en los Presupuestos de 2015 “soñó” que los ingresos por cotizaciones iban a crecer este año un 6,8%. Pero en realidad, se han estancado y sólo han crecidoun 0,75% hasta julio. ¿Cómo es posible que apenas crezcan las cotizaciones si en la primera mitad de 2015 se han creado ya casi 300.000 empleos? (y otros 433.900 nuevos empleos  en 2014).

La respuesta es doble. Por un lado, hay más españoles trabajando pero cotizan menos porque tienen empleos muy precarios (temporales y a media jornada) y bajos salarios, como resultado de la crisis y la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012. En estos años ha aumentado el empleo a tiempo parcial (15,8% de todos los empleos) y estas personas ganan un 38% de lo que ganan los que trabajan a tiempo completo (10.056 euros anuales frente a 26.345, según el INE). Y son muchos ya los empleos temporales (25,2% de los empleos), donde se gana un 63,4% del sueldo en un trabajo fijo (15.433 euros anuales frente a 24.333, según el INE). Así que con los trabajadores a tiempo parcial, la Seguridad Social pierde dos tercios del salario de un trabajador normal y con los temporales un tercio (las cotizaciones son un 28,3% del sueldo). Y además, los nuevos empleos suelen estar peor pagados, en un país donde hay muchos trabajadores que no llegan a mileuristas: un 34% de los trabajadores (5,7 millones) ganan menos de 645 euros al mes (en 14 pagas), según datos de la Agencia Tributaria (Hacienda).

La otra razón de que la Seguridad Social ingrese poco es que se han disparado con el Gobierno Rajoy las bonificaciones en las cotizaciones sociales de las empresas, como medida de fomento del empleo (discutible y poco efectiva, según la mayoría de expertos). Han proliferado las “tarifas planas” (100 y 50 euros mensuales de cotización), que en 2015 suponen una pérdida de ingresos a la Seguridad Social de 1.614,82 millones, que aún serán más para 2016 (el Presupuesto contempla unas bonificaciones de 2.100 millones). En total, durante los cuatro años de esta Legislatura, estas ayudas a las empresas para la contratación le han costado a la Seguridad Social dejar de ingresar 3.439 millones de euros.

Así que ya sabemos de dónde viene el déficit, fundamentalmente de la falta de ingresos. ¿Qué se puede hacer? El Tribunal de Cuentas dio en julio una receta, que propuso se debatiera “con urgencia” en el Pacto de Toledo (la comisión política y social responsable del futuro de las pensiones): financiar parte de las prestaciones de la Seguridad Social con cargo a los  Presupuestos y no con cotizaciones. En agosto, el Gobierno Rajoy concretaba esta propuesta, señalando que iba a proponer a los demás partidos que fuera el Presupuesto y no la Seguridad Social  quien pagase las pensiones de viudedad ( 20.776,69 millones de gasto para 2015) y de orfandad (1.762,68 millones). Serían 22.539,37 millones menos con cargo a cotizaciones y una forma rápida de suprimir el déficit de la Seguridad Social. Eso sí, habrá que ver cómo puede asumir estas pensiones el Presupuesto, cuando para 2016, Bruselas obliga a España a recortar el déficit otros 14.000 millones.

Por eso y porque habría que diversificar medidas, no se puede desechar otra vía de la que la mayoría no quiere hablar: subir las cotizaciones. Es cierto que subir cotizaciones es malo para un país con la segunda mayor tasa de paro de Europa y por eso la Comisión Europea y la OCDE piden a España que las baje. Pero también es cierto que las cotizaciones a la SS son más bajas en España que en la mayoría de Europa. En España, las cotizaciones por contingencias comunes son el 28,3% del salario de un trabajador, algo menores que la media en Europa (28,7%) pero mucho menores que las cotizaciones en Alemania (33,3%), Francia (37,9%) o Italia (31,5%). Eso sí, las cotizaciones de las empresas (23,6 % en España) están más cerca de las de Francia (27,7%) o Italia (24,3%) que las de los trabajadores españoles (4,7%), que están muy por debajo de las cotizaciones que pagan los trabajadores alemanes (17,1%), franceses(10,2%) o italianos (7,2%).

En definitiva, que si España subiera un 2% las cotizaciones sociales (1% a la empresa y 1% al trabajador), todavía estaríamos cotizando menos (30,7%) que los grandes países europeos  y a cambio la Seguridad Social ingresaría 8.000 millones más en cotizaciones. Claro que sería pedir un esfuerzo extra a las empresas (ahora empiezan a tener beneficios) y a los trabajadores, pero ya se les está pidiendo que se hagan planes de pensiones privados. Y probablemente, la mayoría preferiría cotizar un 1% más de su sueldo para su futura pensión pública que tener que invertir 2.000 euros al año en una pensión privada, que le va a gestionar (con altas comisiones y baja rentabilidad) un banco o una aseguradora.

De hecho, la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas ha disparado los planes de pensiones privados: ya gestionan más de 100.000 millones de euros (un récord histórico) y las aportaciones a todos los Planes de pensiones (individuales y de empresa) se multiplicaron por cinco en 2014, pasando de 233 a 1.161 millones, aumentando además el número de partícipes por primera vez en los últimos cuatro años. Un “boom” de las pensiones privadas que crece sobre la incertidumbre ante el futuro de las pensiones públicas, alimentado incluso por el gobernador del Banco de España: en junio recomendó a los jóvenes que ahorrarán para hacerse una pensión privada porque “la pensión futura serán cada vez peor” (la suya no: tiene un sueldo anual de 174.733 euros).

Las pensiones atraviesan por un grave problema: los ingresos no cubren a los gastos y eso que la mayoría de pensiones son muy bajas. De hecho, dos tercios de los pensionistas cobran menos de 800 euros al mes, el 28,21 % (2,6 millones) cobra menos de 600 euros y un 15% menos de 400 euros al mes. Y casi el 40% de las viudas cobran menos de 600 euros. Y para que la Seguridad Social no estalle, apenas nos subirán las pensiones en los próximos años, con lo que algún estudio señala que la pensión media estará en 1.000 euros dentro de 20 años. Pero incluso eso está en riesgo si no aumentan los ingresos.

Por eso urge una reforma de la financiación de la Seguridad Social, apuntalando sus ingresos con más cotizaciones y quitando gastos (pensiones) que se deben pagar con los Presupuestos. Si no se consiguen más recursos estables (y más empleo), el agujero crecerá y antes o después nos vendrán con que “las pensiones son insostenibles” y nos impondrán más recortes. Hay que sanear de una vez las cuentas de la Seguridad Social, el gran reto de la próxima Legislatura. Piense en ello cuando vote.